El más bonito
09-11-2012 | Dio su versión sobre los hechos que se le
imputan en torno a los secuestros y desapariciones de Ramos e Iturgay, el ex
agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, Fernando Morellato.
En su declaración mostró fisuras, contradicciones y revelaciones
incriminatorias respecto al aparato represivo del Estado en Mendoza.
Testimonios cercanos y militantes en relación a Blanca Santamaría y a Rodolfo
Vera.
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eternamente
María Rosario Carrera -Mariú- testimonió en el anterior juicio en relación a las desapariciones de su compañero y de su hermano, ahora lo hizo en el marco
de la investigación por el secuestro de Blanca Graciela Santamaría. De reconocida militancia en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, Mariú explico que éste “estaba
conformado por células. La célula que yo integraba estaba nucleada a través del
grupo de teatro La Pulga, que realizaba actividades artístico-culturales, por
lo tanto políticas”. La Pulga estaba integrada por Rubén Bravo -primer esposo
de Carrera, desaparecido-, Osvaldo Zuin -desaparecido- y Raquel Herrera
-“asesinada junto a Juan Bernal en La Puntilla, Luján”. “Blanca Graciela era
nuestra responsable política al momento de su secuestro. Es una compañera muy
querida, comprometida, rigurosa para cumplimentar con el estudio, la proyección
y la reflexión. La recordamos con calma y respeto”, dijo Mariú -única
sobreviviente del grupo- al explicar también sus funciones: “nos veíamos con
frecuencia, siempre con trabajos a determinar alrededor de la Asociación de
Actores de Mendoza”.
“Osvaldo Zuin y yo
empezamos a militar desde el teatro en Villa Itatí, Buenos Aires. Con mi
hermano Marcelo volvimos a Mendoza para continuar en el Partido acá, a través
del contacto con Fátima Llorens. Fue Graciela quien reemplazó como responsable
a Fátima cuando ésta fue detenida”. Los vínculos personales más estrechos que
Graciela -estudiante de medicina- tenía en el PRT ya habían sido cortados: “su
hermana Florencia -predecesora de Fátima como responsable-, detenida desde 1975;
Víctor Hugo Vera -compañero de Florencia-, caído en Córdoba; su novio Claudio
Sarrode, cayó antes que ella”, detalló Mariú.
Tras días sin
noticias, en el grupo se enteraron del secuestro de Graciela por Zuin -entonces
único contacto con el resto del Partido- que había logrado escapar del
allanamiento a la casa de la familia Santamaría: “se escondió en un ropero y
alguien lo ayudó a cruzar la medianera del vecino. El operativo fue de noche,
entraron numerosos agentes de las fuerzas conjuntas, todos dormían, Graciela
estaba convaleciente de bronquitis, se la llevaron enferma. Osvaldo se citó con
la mamá de ella días después y oyó la versión de que la habrían visto en el
Comando, con otras personas, descalza y con camisón como se la habían llevado.
Para Osvaldo se profundizó una persecución ya muy dura, andaba sin lugar fijo.
Hacia fines de 1976 fue detenido y trasladado a Córdoba, de donde se cree fue
enviado de nuevo a Mendoza al Centro clandestino Las Lajas”.
“El ERP -Ejército
Revolucionario del Pueblo- era el frente militar del PRT”, explicó la testigo
ante la consulta del fiscal Dante Vega. Añadió: “había varias etapas hasta ser
miembros del Partido, había tareas eminentemente sociales y otras de discusión,
de propaganda, de difusión a través de criterios artísticos y políticos”. Dado
el cerco represivo para mayo de 1976 -el día 15 fue el del secuestro de
Graciela-, “tomábamos todas las precauciones, conocer sólo lo que había que
conocer era parte de la seguridad de todos”.
“Nuestra militancia
era quedarnos, trabajábamos desde el arte con gente muy humilde que jamás
podría haber salido del país. Irnos hubiese sido un despropósito, un
descompromiso con ellos y con nuestras ideas”, explicó Mariú. También consideró
que no había hechos aislados, “hay todo un operativo dirigido, después me
enteré de las caídas de los hermanos Talquenca, Granic, Beliveau, Virginia
Suárez. Eran todos del PRT y no los conocía. El resto seguimos moviéndonos,
trabajando y militando, participando en la Asociación, en obras, en el barrio”.
Mariú también
recordó a Oscar Julio Ramos, como un “profesor de teatro, militaba en el
peronismo junto a Ana Bakovic, su esposa”. De Graciela Santamaría y Osvaldo
Zuin afirmó: “Dos recuerdos entrañables, de una dignidad humana muy grande,
compañeros para aportar siempre a sus memorias vivas”. Y ofreció su lúcida
interpretación: “Para esa época tener ideología de izquierda era delito, como
aún lo es hoy para algunos tener ideología por la justicia. Nosotros hemos
venido como familiares, como víctimas a este edificio; uno a uno hemos subido
los escalones para llegar hasta acá, frente a este Tribunal. Aplicaron un plan
de exterminio pero no pudieron con todo, no contra algo tan simple y
extraordinario como es el amor tan profundo por los compañeros y la vida. No
contaron con eso, no saben que existe el amor”.
Sin novedad: victimización y actos fallidos
En el marco de las
investigaciones por las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay, el
imputado Fernando Morellato Donna
accedió a declarar. El ex-agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de
Mendoza intentó deslindarse él mismo y a su división de las responsabilidades
en el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad durante la
última dictadura cívico-militar.
Todas las menciones
y relaciones que aparecen en el material probatorio de la causa fueron
explicadas por Morellato como un involucramiento de su persona por parte de
jefes policiales y de inteligencia con quienes tenía mala relación y hasta lo
hostigaban. Juzgó que las investigaciones periodísticas sobre su actuación en
el esquema de la desaparición sistemática de personas son falacias sustentadas
en “dos papelitos”.
La estrategia:
mostrar a superiores de otras divisiones como “demonios” y a él mismo como un
eficiente y humano subalterno. “¿Saben quién era Sánchez Camargo?”, preguntó al
Tribunal, “pareciera que ha sido una gran figura este hombre y no, ha sido un
demonio” agregó. Acto seguido se resguardó diciendo que él se alejó de su
entorno y del de Julio César Santuccione -jefe de la Policía de Mendoza-, por no
compartir “la metodología de trabajo que tenían”. “Me quisieron llevar muchas
veces” pero “no pisé nunca el D2 ni sé cómo estaba distribuido”. Sin embargo,
en su declaración comentó que el Jefe de ese órgano lo citó y relató que
mientras subía a su despacho pensó “es el fin de mi camino” y que creyó que
“subía como subieron tantos y no bajaban nunca más”, dando a entender que sabía
de qué se trataba y cómo actuaba ese centro de detenciones, torturas y
desapariciones.
Morellato comentó su
itinerario entre el 4 y el 5 de noviembre de 1976. La madrugada del 5, “a las
4.45 de la mañana fueron aprehendidos los hombres estos” -por Ramos e Iturgay-
cuando intentaban “robarse un auto”; y a las 5.15 ingresaron a la Comisaría 25.
Como no dieron sus nombres reales, cuando comunicaron al Comando la detención
no surgieron rápido los datos de ellos y por eso quedaron demorados en la
Comisaría, alegó Morellato. Sobre la presencia de los jefes del D2 en la 25
dijo que se enteraron de las detenciones porque la comunicación por radio tenía
un canal abierto que escuchaban todas las divisiones. A diferencia de lo que le
expresó al periodista Rodrigo Sepúlveda en el año 2004, Morellato sostuvo que
no detuvo, ni vio, ni habló, ni supo los nombres de las “dos personas
aprehendidas” en la Comisaría 25 -sede
del cuerpo de Motorizada- el 5 de noviembre de 1976 cuando, pasadas las siete
de la mañana, llegó a su turno laboral.
El imputado relató
que el jefe del D2 -Pedro Dante Sánchez Camargo- llegó esa mañana temprano a la
Comisaría junto al jefe de la Unidad Regional 1ra., Comisario General Suárez. Después
de ‘no ver’ a los detenidos -que según Morellato estaban en “donde se cambia la
gente, donde están los cofres” porque no había celdas-, dijo que salió a un
procedimiento y que cuando volvió, pasadas las once de la mañana, se enteró de que
se habían retirado Suárez primero y luego Sánchez Camargo con personal a sus
órdenes. “Yo nunca le dije (a Sepúlveda) si fueron zutano o mengano”, se
retractó de haber mencionado a Osvaldo Fernández Miranda y Eduardo Smaha Borzuk
como quienes se llevaron a los detenidos. “¿Usted cree que me los iba a recibir
-el jefe del D2- si estaban machucados o algo?”, dijo y se involucró en la
entrega al D2 de los detenidos.
“El único que puede
entregar detenidos a otra unidad” -se excusó- es el jefe de la dependencia. Y
en la 25 no sabíamos si militaban en algún lado, ¡no!”. Pese a que recurre a
las jerarquías para autoexculparse, relató que en la Comisaría decían que él
“trabajaba bien” por lo cual el jefe le delegaba responsabilidades y
decisiones. Agregó que allí funcionaba un Registro Civil y que eso echa por
tierra las presunciones de que allí funcionaba un centro clandestino de
detención, “son todas cosas infundadas, allí nunca se torturó a nadie, se lo
digo por la memoria de mi madre”. “Santuccione había firmado una disposición
interna” -explicó convenientemente-, a partir de la cual las “actuaciones” tras
una detención no se realizarían más en la 25. Si habían “sospechas” de que
quien era detenido “podía tener alguna militancia” se trasladaban “de forma
inmediata al D2”.
Morellato dio a entender
que Sánchez Camargo lo tenía perseguido, vigilado y hasta “sentenciado a
muerte”. También dijo que “a los pocos días yo estaba de jefe en el D5”
-Archivo Policial, en funciones en el mismo edificio que el D2. “Fui a
reemplazar al comisario Carloni y me quedé 8 años”. Tanto la sanción como el
“desprestigio” que dice haber sufrido, el imputado los explicó que obedecieron
a su “brindarse tanto”. “Yo soy un tipo violento”, dijo en un acto fallido y
corrigió: “¡no, no violento, sino rebelde!”. Pretendió echar por tierra,
incluso, los fundamentos de Sánchez Camargo para aplicarle una sanción a
mediados de noviembre de 1976 entre los cuales figura que pidió -en el marco de
las detenciones de Ramos e Iturgay- una picana eléctrica a la Policía Federal
para interrogarlos. También negó haberse quedado con un arma calibre 22 que
tenían los detenidos y con 40 mil pesos.
Morellato: hechos, responsabilidades, señalamientos
Morellato: frases célebres
Denuncias cruzadas y pruebas
La declaración de
Morellato fue interrumpida por el Tribunal para dar paso al testimonio de Raúl
Vera, hermano del desaparecido Rodolfo Vera. El imputado se refería a los
episodios que protagonizó con el agente de la Policía Federal, Carmelo Cirella
Paredes -fallecido-, quien “perteneció y comandaba” según Morellato, “una
bandita de asaltantes conformada por cinco Federales y un civil”. Cirella
declaró ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas -CONADEP- en
las causas de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Esa declaración
llevó a la investigación del Legajo 7746 de la CONADEP por parte de Rodrigo Sepúlveda, donde se
documenta la participación de la Policía Federal en el plan sistemático de
exterminio. La exposición del imputado continuará en la próxima audiencia, el
22 de noviembre, a las 9:30 horas.
Dada la importancia
de las referencias que en distintas oportunidades Cirella Paredes hizo respecto
a la responsabilidad del imputado, el fiscal Vega -con aval del doctor Fernando
Peñaloza de la Secretaría de Derechos Humanos-, ofreció como prueba el
testimonio de Paredes en relación a la Causa 073-Y “contra Tamer Yapur y
otros”, así como la validación de veracidad de los pronunciamientos del mismo
en las investigaciones citadas. Además de los antecedentes en este tipo de
incorporación probatoria amplia -como los casos de la declaración de Sánchez
Camargo y de la convalidación de que la prueba es de carácter oficial público, como en la Causa Fonseca- las partes
acusatorias se remitieron a la reciente sentencia definitiva de Casación en relación al segundo Juicio por delitos de lesa
humanidad en Mendoza. Finalmente, el Tribunal se expidió en oposición al
rechazo de la prueba expresado por Ariel Civit, abogado de Morellato y dio
lugar a las incorporaciones probatorias.
Doctores Vega y Peñaloza sobre amplitud probatoria y resolución de Casación
Doctores Vega y Peñaloza sobre amplitud probatoria y resolución de Casación
Algo digitado, bien armado
Raúl Oscar Vera
viajó desde La Pampa para prestar testimonio en el marco de la Causa 085M que
trata las desapariciones de Rodolfo Vera -su hermano- y de otros militantes del
Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Estos secuestros y desapariciones
se dieron a partir del denominado “Operativo Escoba” de orden nacional. De su
testimonio se desprende la interacción permanente y organizada de las fuerzas
militares y policiales para perpetrar el plan sistemático de exterminio: “esto
era todo un sistema lo que estaba funcionando, daba igual cualquier fuerza” que
interviniera en los operativos de detención y secuestro.
Raúl era allegado y colaborador del PCML, sin el nivel de participación de su hermano en la
orgánica. Comentó que Rodolfo, antes de ser secuestrado de su casa el 6 de
diciembre de 1977, sabía que estaba siendo buscado. La casa materna en la que
vivía junto a sus padres, su hermano Carlos y su hermana fue allanada antes del
secuestro. En esa ocasión un grupo de agentes -con uniformes y vestimenta
evidentemente militar- entraron a la casa, revisaron todo, excavaron en el
patio buscando algo particular. Se trató de un gran dispositivo, rodearon la
manzana y hasta entraron por los techos y casas de los vecinos.
Sobre el secuestro
de Rodolfo dio cuenta de que “se lo llevaron” de la mimbrería en la que trabajaba
y estaba pasando la noche, propiedad de Néstor Carzolio. Supo de lo sucedido al
día siguiente por comentarios que los vecinos hicieron a su hermano Carlos.
Luego de eso, Raúl pasó varios días sin ir a su casa ni frecuentó los lugares
de siempre porque estaban “esperando que vinieran a buscarnos también a
nosotros”.
También contó que
uno o dos días antes de que secuestraran a Walter Domínguez y a Gladys Castro,
se juntó con él en un café para contarle lo sucedido con Rodolfo y advertirle
que no debería volver a su casa, cuestión que Walter desestimó porque tenía que
buscar a su esposa embarazada de 6 meses. Sobre lo sucedido con Alberto Jamilis
comentó que en el marco de su detención violenta debió entregar la llave de la
mimbrería, lo cual permitió que los efectivos entraran al local para detener a
Rodolfo sin romper la puerta.
Siendo un
“allegado”, Raúl asumió la responsabilidad de transformarse en contacto
esencial para la supervivencia de militantes del PCML. Por ese motivo viajó a
Buenos Aires y volvió para coordinar las salidas de Julio del Monte, Osiris
Domínguez, Cristina D’Amico, Elena Farrando, Fredy Irusta, su hermano Carlos y
Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Se trasladaron a Capital Federal y
días después partieron a la Costa. En Mar del Plata, junto a militantes de
otras provincias, se dividieron en dos casas. Una de ellas fue atacada por un
operativo de las fuerzas represivas y “cayeron” cuatro de las cinco mujeres: D’Amico,
Farrando y dos chicas de Buenos Aires. Mirta Hernández se salvó.
Raúl y su esposa se fueron
a Córdoba y hacia octubre de 1979 estaban instalados en Bariloche. Allí fueron
detenidos, ambos en sus respectivos trabajos. Raúl fue interceptado en el
camión con el que hacía repartos, por un grupo de cuatro personas de civil y en
autos sin patentes -Falcon viejos y verdes-, en apariencia y por su actitud
serían agentes policiales. A su esposa
la fue a buscar un operativo militar a la Coca Cola. Los llevaron a un cuartel
próximo y quince días después los trasladaron en avión a Mendoza y los dejaron
en el D2. Allí volvieron los interrogatorios, violentos y con torturas en el
caso de Raúl. A ambos les decían que sabían quién era Rodolfo Vera -detenido
casi dos años antes- y qué hacía, como si no lo tuvieran ni lo hubiesen tenido
en su poder.
En el D2, recordó
Raúl, se le acercó un “muchacho” que lo reconoció “de toda la vida”, del
barrio. El agente le dijo “te vine a ver, qué hacés acá” y se mostró amigable. Por
la voz, lo reconoció como uno de los agentes presentes mientras le aplicaban
torturas. Se trata de una persona al que decían “Chiva”, de apellido Gómez.
Raúl recuerda y reconoce como figuras distintivas a cuatro agentes que
frecuentaban a los detenidos, jugando los roles característicos como “el bueno”
-que luego resultaba ser un salvaje en la tortura- y “el malo”; y otro que
distinguían por un fuerte perfume.
Tras casi un mes fueron
trasladados a la Penitenciaría. Seis meses después intentaron hacerles un
juicio sumario militar en el Comando. Luego de tenerlos parados y contra la
pared durante una hora y media, los militares decidieron declararse
incompetentes y los remitieron a la Justicia Federal, donde se dictaminó su
libertad.
Finalmente, Raúl
Vera comentó que para la época del Operativo Escoba, se comentaba entre la militancia
que un dirigente nacional del PCML, “El Tano” González, había caído herido por
las fuerzas represivas, que lo detuvieron y que probablemente fuese él quien
dio datos sobre compañeros que permitió llevar a cabo ese Operativo nacional.
