Audiencias del 28 y 29 de septiembre

ALEGATOS POR LA DESAPARICIÓN DE ROSARIO ANÍBAL TORRES

En jornadas continuadas desplegaron los alegatos en relación a la causa Torres los abogados querellantes, fiscales y defensores. Los imputados por la desaparición forzada del militante peronista de origen puntano son los ex policías Oyarzábal y Smaha. El papel del D2 y de todos sus integrantes.

Precisiones y comprobaciones del MEDH

Con una reseña sobre hechos claves de la actividad política de Rosario Aníbal Torres, comenzó el alegato la Dra. Viviana Beigel en representación del MEDH: Torres fue designado comisario de la Policía del Departamento San Martín de San Luis durante el gobierno de Elías Adre en 1973, que introdujo una reforma policial para depurar elementos asociados al delito y proclives a actuar contra el gobierno popular. Torres, reconocido dirigente peronista, fue designado Jefe departamental; y Jorge Amodey en la Jefatura política de ese Departamento. Juntos militaron en el peronismo de base y en Montoneros y se mantuvieron fieles a su compromiso militante hasta el fin: Amodey murió en una emboscada; Torres, herido y torturado, sobrevivió pocos días en el D2 y a pesar de su estado denostaba a los carceleros: “no soy traidor, soy peronista”. Cuando lo llevaban a torturar lo arrastraban pues no se sostenía en pie.

Para Beigel ha quedado acreditado que Torres fue asesinado en el D2 en junio de 1976. Los testigos fueron precisos respecto a las circunstancias del hecho, describiendo los días previos a su secuestro, su permanencia en el D2, las torturas padecidas y el momento en que se produjo su asesinato.

Torres y Amodey pasaron a la clandestinidad en 1.974 y se trasladaron a Mendoza. Para 1.976 solían alojarse en casa de Olga Herrera y Juan Carlos González en San Juan de Dios 985, Guaymallén. Torres también vivía en Emilio Zola 363, Godoy Cruz, en casa de Emilio Assales y Rene Ahualli.

El asesinato de Torres no fue un hecho aislado y se inscribe en el operativo que tuvo por finalidad la eliminación de la organización Montoneros. En el sumario Nº 4, base de la Causa Fiscal c/Luna, se refleja la realización de dos operaciones importantes en la Subzona 33 (Mendoza, San Luis y San Juan). La primera es la persecución y aprehensión de militantes peronistas. La segunda se produce en junio de 1.976 y es la destrucción total de la conducción en las personas físicas de sus dirigentes y el soporte material de la organización. Fue una operación planificada y ejecutada desde un aparato organizado, poderoso y destructivo y con los medios que posee el Estado. El golpe se produjo en cadena y se dio cuando estuvo perfectamente armado, los movimientos represivos precisos y la información actualizada.

Entre el 12 y el 17 de junio se eliminó a la conducción, y los militantes de base que no fueron detenidos quedaron aislados. Primero se realizó el operativo contra Vargas Álvarez y Galamba. Siguieron en el taller de Savone y el allanamiento en Zola 363. En actas con fechas 16 y 17, se relata un operativo en San Juan de Dios 985 por el cual resultó detenido González y secuestrada la motocicleta de Torres, dejada allí por él el 14 o 15. El 17, en una “cita envenenada” asesinaron a Francisco Urondo, fue secuestrada Alicia Raboy y Ahualli logra huir. Semanas después fueron eliminados los esposos Olivera-Rodríguez Jurado, Juan Carlos Charparin y Domingo Britos.

La reconstrucción de los hechos, en base al Sumario Nº 4 y a los testimonios, conduce a la Querella a la conclusión de que “por los testimonios rendidos y la prueba documental existente en la causa se ha acreditado que Torres fue eliminado en el marco de la operación de destrucción de los dirigentes de Montoneros en Cuyo, en razón de su ideología. Cabe destacar que en todo el sumario no aparece atribución de delito a ninguno de ellos. La máxima responsabilidad por estos delitos le corresponde a la Comunidad Informativa y al COT, como así también a los jefes y a todos los integrantes del D2.

Sobre la responsabilidad penal de los imputados, Beigel destacó que: Está probado que Juan Agustín Oyarzábal tuvo pleno dominio de los hechos producidos dentro del D2, donde Torres fue torturado y asesinado. Según el propio acusado, las funciones que le competían como segundo jefe, eran como Jefe de personal, y como tal responsable del accionar de sus dependientes. En 1.987, Rodríguez Vázquez en su declaración manifestó que quienes “tenían relación con los detenidos eran el Jefe del Departamento que tenía reuniones con personal del Ejército y en ausencia del Jefe era responsable el segundo”.

La responsabilidad de Smaha Borzuk se desprende de la declaración indagatoria de Sánchez Camargo, que se refiere al caso de un comisario de la Policía de San Luis, por el cual se formó una comisión a través del COT para aprehenderlo: “Los hombres del D2 que actuaban en estos procedimientos eran Smaha y Fernández y se hacían sobre la base del cuadro de situación que traía el Ejército”. Smaha era enlace con el Ejército.

Para la querella debe condenarse a Oyarzábal y a Smaha por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima y homicidio calificado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y para asegurar la impunidad, en calidad de autores mediatos en concurso real con el delito de asociación ilícita, calificando todos los delitos como crímenes contra la humanidad.

Además, la querella consideró que debe continuar la investigación en cuanto a la responsabilidad penal de otras personas. Por ello solicitó compulsa penal a Julio Lapaz y Rubén González en el homicidio de Torres, como al resto de los integrantes del D2: Moroy, Bustos, Roldán, Ochoa, Lucero, Bracón, Cangemi y Funes. Como también fue central en la ejecución de los secuestros la actividad de la Comunidad Informativa, del COT, del Batallón 144 y de los Consejos de guerra, solicitó compulsa penal para investigar la participación criminal de quienes los integraron.

“La justicia será plena cuando sean juzgados y condenados todos los responsables del terrorismo de Estado. No vamos a tolerar ni un sólo represor o cómplice civil gozando de impunidad. Por la memoria de todos los compañeros desaparecidos y por todos los compañeros que fueron detenidos por razones políticas a quienes esta querella representa”, concluyó Beigel.

Reconstrucción del Ministerio Público

La cronología de los hechos en relación a Torres y su ámbito y su grupo de militancia, permitió al Dr. Dante Vega reconstruir la persecución y la saña a la que fue sometido por parte de los policías represores del D2 y la eliminación brutal de la conducción de Montoneros.

Las últimas dos testigos que vieron a Torres libre y en Mendoza, coinciden en la fecha. Olga Herrera  recuerda que Torres dejó su motocicleta en su casa dos días antes del secuestro de su esposo Juan Carlos González y de la moto (el 17 de junio de 1.976 por la noche). Rene Ahualli (compañera de célula junto a Assales y Urondo) tuvo una cita control con Torres el 14 o 15, concertada tras el abandono de la casa operativa (en peligro tras el secuestro de Jorge Vargas el 12).

En Emilo Zola 363 el 16 de junio irrumpe la patota del D2 por los techos. Dicha casa operativa había sido abandonada por Assales y Ahualli, pues se había transformado en una “ratonera” para esperar hasta que alguien “cayera”. Allí los perseguidores encontraron un “embute”, especie de escondite empotrado, con documentación y municiones, “imposible descubrirlo si alguien no lo señala”, según Ahualli.

El 17 de junio a la tarde se produce el operativo contra Urondo, Raboy y Ahualli, cuyo testimonio ratifica que vio a Torres entre los captores apostados en el 504 apostado en la esquina de la cita envenenada.

La constatación para Vega de que para el 16 de junio el D2 contaba con tres datos: la existencia de la casa operativa donde encuentran el embute, que en San Juan de Dios había una moto de Torres y que habría una cita control en Dorrego; y que quien conociera toda esa información fuera el mismo Torres, es un dato que el fiscal consideró merituar.

Apoyándose en la concatenación de datos sobre los días finales de Torres y numerosos testimonios, Vega explicó cómo los hechos guardan relación con mecanismos propios del D2: intensa extracción de datos bajo tortura como detallan todos los detenidos esos días en el D2: Eugenio París, Roque Luna, Rosa Gómez, Raúl Acquaviva.

Para Vega el caso de Torres se trata de un delito de homicidio, no de torturas seguido de muerte, para “quienes en un CCD torturan ferozmente a un prisionero obran con dolo de homicidio reconocido expresamente y aplican sobre las víctimas tal intensidad de la tortura”.

Argumentos de la Defensa

La defensora oficial Dra. Andrea Duranti argumentó que está vulnerado el “principio de congruencia “ ya que al iniciarse el proceso los cargos contra Oyarzábal y Smaha se basaron en declaraciones que hiciera su jefe, Pedro Sánchez Camargo, que señaló que Smaha y Fernández  habían  viajado en comisión a San Luis para capturar a los desaparecidos  Britos y Torres, en julio del ’76. Sin embargo, se ha constatado que Torres fue secuestrado entre el 14 y 15 de junio en Mendoza.

Sobre Oyarzábal insistió que el ex policía no tenía dominio de los hechos ni está probado que tuviera el control de lo que sucedía en el D2, en condición de “el hombre de atrás”. Con estos argumentos, la abogada solicitó su absolución y subsidiariamente podría ser considerado partícipe secundario.

A Eduardo Smaha, lo desvinculó totalmente  del secuestro de Torres ya que, en su legajo, figura con licencia anual desde el 31 de mayo al 17 de junio, “no estaba prestando servicio en la fecha del secuestro”, adujo.

Finalmente descartó la calificación de homicidio atribuible a los imputados, porque si bien se supo de la presencia de Torres en el D2 antes del 17, fecha en que Ahualli lo vio en el operativo contra Urondo, nadie lo volvió luego a ver en esa dependencia.

Audiencia del 23 de junio

NUEVOS ELEMENTOS EN LAS CAUSAS TORRES/URONDO/RABOY

En la jornada se escucharon breves declaraciones de Ángela Urondo Raboy y Renée Ahualli quienes regresaban de la reconstrucción del itinerario realizado por el Renault 6 conducido por Paco Urondo antes de ser capturado. También declaró Gilberto Herrera, amigo de Rosario Aníbal Torres con motivo de  los hechos en los que se vio involucrado a partir de este vínculo.

En horas de la mañana el Tribunal verificó in situ el recorrido realizado por el auto en fuga que manejaba Paco Urondo acompañado por Alicia Raboy y la hija de ambos, Ángela, junto a Renée Ahualli. Cabe recordar que  el poeta llegó a una cita convenida con anterioridad, al advertir que se trataba de una trampa protagonizó una huida que terminó con la captura y muerte de Urondo y el secuestro de Alicia Raboy, hechos investigados en esta Causa. Con el asesoramiento de Ahualli, sobreviviente de la caída, se reconstruyó la fuga y apresamiento de las víctimas.

Con posterioridad, a Ahualli le fueron exhibidos los álbumes de fotos y reconoció como compañeros a varios Desaparecidos. Lo más significativo fue que entre los represores identificó a los imputados Celustiano Lucero y Eduardo Smaha como parte del grupo que participó del asesinato del escritor.

A la hora de declarar, Ángela Urondo, después de someterse a la conmoción  de desandar el camino que por última vez recorrió junto a su madre y padre, ratificó ante el Tribunal que recordaba las sensaciones de miedo de aquella fuga, a pesar de su escaso añito. También evocó los sueños relacionados con los sucesos trágicos que la rodearon.

Gilberto Herrera

Era vecino de Rosario Aníbal Torres pero por afinidad y cercanía llegaron a formar un vínculo amistoso importante. Con la  llegada de Plá al gobierno de San Luis, Torres decidió emigrar: “he pasado a la clandestinidad, yo preso no quiero caer” le confió Aníbal cuando corrían los últimos meses de 1975.

Tiempo después, Herrera supo que su amigo se había trasladado a Mendoza, fue así que el contacto entre ambos se mantuvo porque los unía el gusto por las carreras de autos.

Según el testigo, Torres volvió a San Luis en 1976 junto a, presumiblemente, Emilio Assales “el Gordo”; ambos fueron a buscarlo para que los llevara con un armero de apellido Rodríguez, a quien le encargarían la reparación de tres escopetas. Pasado un tiempo Rodríguez, como no retiraban el trabajo, le llevó las armas a Herrera argumentando que por su seguridad no las podía tener en su poder. El declarante también consciente del riesgo que significaba en 1976 tener armas en su casa, decidió enterrar las 3 escopetas en un campo lindante.

El 1 de junio de 1977, relató el testigo, “El Gordo” llegó a su domicilio con otros hombres de civil y le requirieron que les entregara las armas; entonces Herrera los llevó al lugar donde las había ocultado. Tras la entrega vinieron los golpes, la venda en los ojos, un viaje maniatado en un baúl, sesiones de tortura y el contacto con  Rodríguez quien, en situación de mucho deterioro se encontraba en la celda de al lado. Herrera afirma que el armero murió a causa de las torturas. Gilberto Herrera estuvo en prisión por largos años hasta que 1979 salió bajo  libertad condicional. 

Durante su detención, Herrera prestó declaración ante la Justicia Federal, al intentar relatar los pormenores de lo sucedido, Luis Pereyra González, que por entonces oficiaba de secretario, le sugirió que no nombrara al tal “gordo”, “olvídese del gordo, el gordo no existe” fue la frase del magistrado.
Ante esta declaración que involucra a unos de los jefes de la agrupación Montoneros, Emilio Assales “Tincho” o “el Gordo”, la querella requirió se le exhiba el álbum de las víctimas donde está, entre otras, la foto del mencionado. El resultado fue negativo, Gilberto Herrera sólo identificó a su amigo Rosario Aníbal Torres.

Emilio Assales, desapareció en Buenos Aires  en enero de 1977 y fue visto tiempo después en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), de ahí se perdió su rastro.

Audiencia del 21 de junio

RECONSTRUCCIÓN: de TORRES a URONDO

En el inicio del debate que investiga la Desaparición de Rosario Aníbal Torres se escucharon los testimonios de Olga Heredia y Juan Carlos González, amigos de Torres, en cuya casa la víctima dejó su moto días antes de desaparecer. Desde otra óptica, Reneé Ahualli relató la relación que la unía a Torres en tanto militantes de la organización Montoneros.

Por la Desaparición de Rosario Aníbal Torres están imputados Juan Oyarzabal y Eduardo Smaha Borzuk, ambos miembros del D2 a quienes se los acusa por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, homicidio con alevosía y otros crímenes de Lesa Humanidad. A la audiencia fueron citadas las últimas personas que tuvieron contacto con Torres, alrededor del 14 o 15 de junio de 1976.

Olga Noemí Heredia

Esposa de un viejo amigo de Torres, su domicilio fue allanado por hombres encapuchados la noche del 17 de junio de 1976. Con llanto y visible angustia, la señora recordó la violencia ejercida por la patota; encañonada ante sus cuatro hijos, hicieron destrozos y se llevaron una motocicleta Zanella perteneciente a Aníbal Torres, mientras le preguntaban por su marido: Juan Carlos González. Como él aún no había regresado a su casa lo esperaron hasta que consiguieron secuestrarlo cuando abría la puerta de acceso a su vivienda. Después de largo peregrinaje, Olga lo ubicó en el D2.

Dada la relación que existía entre Torres y su esposo pudo conocer algunos amigos del Desaparecido; entre ellos mencionó a la Turca (Reneé Ahualli) y su esposo (Emilio Assales) y un tal “Rafael”. Negó que en los encuentros se hablara de política y se mostro conmovida cuando recordaba el ataque del que fue objeto y las penosas situaciones que vivieron sus hijos.

El Tribunal mencionó un par de actas previas a la requisa en casa de los González que dan cuenta de bultos retirados del domicilio y da por sabido que la moto de Torres estaba en ese lugar. Heredia dijo desconocer la procedencia de la información.

Juan Carlos González

Conoció a Rosario Aníbal Torres en 1968 y trabaron amistad cuando ambos eran chóferes de la misma compañía de ómnibus en San Luis pero dejó trascender que no los reunía relación política alguna. El vínculo se sostuvo hasta la fecha de la desaparición de Aníbal; por este motivo González fue detenido llegando a su casa, el 17 de junio de 1976. Dijo recordar que fue introducido en un Renault 6, trasladado al D2, golpeado y sometido a picana seis o siete veces. El interrogatorio remitía a Torres, sus relaciones y un presunto bolso con dólares. Luego fue trasladado a la seccional 6ta de Las Heras, de allí al penal provincial y a otras cárceles del país hasta que salió con libertad condicional en 1983.

El testigo fue sometido a Tribunal Militar pero curiosamente, aunque siempre fue chofer de ómnibus, aparece como parte del grupo de sindicalistas de los Bancos Previsión y Mendoza condenados por ese Tribunal, entre quienes estaban Roque Luna, David Blanco, Ricardo Sánchez Coronel y otros. En su relato dijo haber tenido por Defensor oficial al Tte. 1ero. de Aeronáutica Carlos Gómez quien con anterioridad al juicio aseguró: “vos estás condenado” y le aconsejó "agradezca no ser muerto o desaparecido". Frente al reconocimiento fotográfico del personal de aeronáutica, el tal Tte. Gómez resultó tener otra identidad.

En cuanto a Rosario Aníbal Torres dijo saber que era peronista, que accedió a una designación política como comisario en San Martín de San Luis y en 1974 estuvo detenido porque se lo acusaba de encubrir un depósito de armas. Ya en libertad se trasladó a Mendoza y nuevamente comenzaron a frecuentarse.

Preguntado por quiénes eran los compañeros de Torres, el testigo aportó que Evangelisto Baigorria era su amigo; recordó a un joven de nombre “Rafael” que en el reconocimiento fotográfico resultó ser Jorge Amodei- desaparecido en fecha próxima a Torres- y también a un matrimonio encargado de la finca con viñas en la que Torres decía trabajar. Ratificó que dos días antes de su detención, Torres dejó una moto en su casa pero no volvió a buscarla, ni nunca más supo de él.  

Finalmente, el fiscal Vega le preguntó porqué creía que había estado preso siete años y seis meses, a lo que, sereno y medido como durante toda la declaración, González contestó: “por una amistad”.

Emma René Ahualli
Testigo por las causas Torres y Urondo-Raboy, para esta audiencia le solicitaron precisiones sobre el primero. Dijo que él era militante de Montoneros, que formó parte de las fuerzas de seguridad de San Luis y se lo vio por última vez en el centro clandestino de detención D2.
Renée Ahualli, conocida como la Turca, llegó a Mendoza en 1973 enviada por la cúpula de la organización con una función de responsabilidad. A Rosario Aníbal Torres, “Martín”, lo conoció a fines de 1975 cuando el joven se trasladó desde San Luis y se alojó en el hogar que compartían con su pareja Emilio Assales, “Tincho”. Los tres integraban una misma célula que con el correr del tiempo, debido a la represión, se fue reduciendo y limitando a un grupo de supervivencia. Compartían una misma casa en el departamento de Godoy Cruz.
La testigo recordó que Torres había estado al mando de una comisaría del departamento de San Martín, en San Luis. Este rol lo pagó de la peor manera, se supone que “Martín” murió por las heridas provocadas en la tortura. Según relatan sobrevivientes del D2 que lo vieron, el “Milico montonero”, como lo denominaban, era el blanco preferido con el cual se ensañaban los agentes del centro de detención.
El 12 de junio de 1976, Ahualli, Assales y Torres recibieron la orden de abandonar la casa porque la detención de Jorge Vargas, otro destacado militante montonero, hacía suponer que serían los próximos. La Turca acordó con Torres una “cita de control” (encuentro para conocer cuál era la situación del compañero) para dos días después. En esa ocasión decidieron asistir a la cita acordada para el 17 de junio con Francisco Urondo,  nuevo jefe regional de Montoneros.
El día indicado, la Turca llegó al lugar con Urondo, su pareja Alicia Raboy y la hija de ambos Ángela, a bordo de una Renault 6. Torres, también lo haría pero a merced de la patota que lo había secuestrado con anterioridad. “Estaba en el Peugeot 504 rojo que había sido de Montoneros, lo habían vestido con un pullover gris y una gorra, él nunca usaba gorra", aclaró. Esa “cita envenenada” tendría como saldo el asesinato de Paco Urondo, la desaparición de Alicia Cora Raboy y el secuestro de Ángela. Reneé pudo escapar milagrosamente de ese descomunal operativo.
Se supone que bajo insufribles sesiones de tortura Rosario Aníbal Torres “largó” el lugar, la hora y los convocados a la cita. “Debo rectificarme públicamente, porque en cierta declaración dije que Torres había actuado así porque había vuelto al primer amor”, refiriéndose a su labor de comisario. La testigo dijo haber comprendido que los sistemas de torturas empleados eran extremadamente brutales, capaces de hacer ir contra su propia voluntad a cualquier ser humano.