La
maquinaria y las órdenes
21-02-13 | El fiscal Dante Vega
alegó por las desapariciones de Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz;
y la sustracción ilegal del hijo de ambos, Martín. Los imputados son los
militares Paulino Enrique Furió y Juan Antonio Garibotte; y los policías Aldo
Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Alsides París Francisca -jefe de Policía y enlace militar.
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| Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa |
Se
trató de un operativo de alcance nacional y, al igual que lo
comprobado en la Causa 077M -desapariciones en mayo de 1978-, se realizó con el accionar “conjunto”
de fuerzas militares y policiales. “Su
ejecución tuvo lugar entre fines de 1977 y principios de 1978”, describió el
fiscal.
“Todo
operativo fue conjunto tanto en su diagramación como en su ejecución”, explicó Vega. Existía “una Comunidad Informativa que combinaba la
inteligencia policial con la militar” y “el modus operandi” que se repitió en
todo el país implicó “zonas liberadas, santos y señas intercambiados con la policía; intervención directa de
ésta en los secuestros ilegales, en conjunto con militares” y “paralela o subordinadamente, casos de
‘aseguramiento del perímetro’”.
D2 en el ojo de la
tormenta
“Se
encuentra probada con certeza la intervención
del D2 en la inteligencia previa,
en el secuestro y la posterior desaparición de Antonia Adriana Campos
y José Antonio Alcaraz y, por ende, en la sustracción ilegal de Martín
Alcaraz”. Así comenzó el fiscal el apartado en su alegato referido a las
responsabilidades.
Jorge Aladino Rivero, policía que por
entonces trabajaba en el D5, testimonió en este juicio: “Venían de las
distintas oficinas de investigaciones
y sacaban estos prontuarios y después los devolvían”. Lo que Bruno
“burocratizó”, en palabras de Vega, Rivero lo ancló: “oficinas de
investigaciones” eran las que pedían los legajos. “En
otro tramo de su declaración Rivero dijo que escuchó gritos que provenían del
D2, ‘muy fuertes’ y agregó que en esa época sabía que esos gritos podían ser
de torturas o tormentos”, recordó el abogado.
“Existen
tres testimonios” repasó el fiscal, “que mencionan al D2 en esta Causa”: José
Alcaráz padre se presentó ante el Juez Federal Gabriel Guzzo -próximamente
enjuiciado por complicidad con la dictadura- el 29 de diciembre de 1977. Allí
dio cuenta del Habeas Corpus presentado por su hijo y su nuera, y agregó que
tuvo “conocimiento” de que “se encontrarían detenidos” en “dependencias del
D2”, lo cual supo por “personas a quienes se les ha permitido la visita a
familiares detenidos en esa dependencia”. El
padre de Adriana, Pedro Campos, “fue
citado al D2, no a la Comisaría Tercera ni a Rentas. Al D2” remarcó Vega. Allí le dijeron que a su hija y su
yerno los tenían “fuerzas de seguridad, pero nadie me dio ningún comprobante de
nada”.
Calificar al represor
Al
igual que en las causas anteriormente alegadas, Dante Vega refirió que la
responsabilidad de los imputados corresponde a las funciones y cargos que
cumplían: “La maquinaria terrorista funcionaba en base a las órdenes que se
daban”. Pero son responsables no sólo por eso.
Paulino Enrique Furió era, a fines de
1977, Jefe de la División II de Inteligencia -G2- del Ejército. Funcionaba en
la sede del VIII Comando de Brigada de Montaña, donde se reunía la Central
Única de Inteligencia” -la Comunidad Informativa.
Vega
remitió a argumentos expuestos anteriormente que explican el “rol fundamental
que cumplió la inteligencia militar en el aparato organizado de poder”.
El accionar conjunto de las fuerzas y el mando primigenio del Ejército
corresponden a una “continuidad de la estructura militar antes y después del
golpe de Estado”, plasmada en un cuerpo normativo “de superficie” -como el Reglamento
sobre Organización y funcionamiento de los Estados Mayores: “el jefe de inteligencia será el principal
miembro del Estado Mayor que tendrá responsabilidad primaria sobre todos los
aspectos relacionados con el enemigo”- y también en manuales y
reglamentos clandestinos.
Furió era entonces el “principal coordinador de los interrogatorios, seleccionador de los prisioneros y responsable de la reunión de información sobre el enemigo”. Furió “miente cuando dice que el General Maradona “tenía mando directo con los Jefes de Unidades sin pasar por el Estado Mayor en la Brigada”, agregó el fiscal.
Juan Antonio Garibotte fue enviado el 26 de noviembre de 1975 a Tucumán para participar en el “Operativo Independencia”, retornó a Mendoza luego de casi 35 días. El 9 de marzo de 1976 fue enviado nuevamente a Tucumán. Esa vez permaneció casi más de dos meses. En su informe de desempeño del 15 de octubre de 1976, fue calificado con promedio 100 y se consignó que es “uno de los pocos sobresalientes para su grado”, repasó Vega. El 15 de diciembre de 1976 asume en el Comando de la VIII Brigada como Auxiliar del G2.
“Garibotte evidentemente miente cuando afirma en su indagatoria prestada en la instrucción que no supo ni participó en ninguna tarea relacionada con la ‘lucha contra la subversión’”, advirtió Vega. El represor dijo en ese testimonio: “mi tarea se limitaba a producir informes del área, es decir, explotación de prensa, cumplimentar informes que eran requeridos a Inteligencia, pero no referidos a la problemática que se me plantea de subversión”.
Vega recordó que el 7 de abril de 1977 este militar participó del operativo en la casa de los padres del desaparecido Rodolfo Vera, ocurrido dos días después de que el padre de Rodolfo presentara un escrito reclamando la camioneta que se robaron las patotas cuando secuestraron a Jorge Becerra. “El propósito del allanamiento era dar con el paradero de Vera” aclaró el fiscal.
Alsides Paris Francisca era Jefe de la Policía de Mendoza a fines de 1977, con “gran capacidad de adaptación, realizando una meritoria labor, animada por una elevada cuota de iniciativa y responsabilidad” según consta en su legajo. Nunca prestó declaración. Sí lo hizo Pedro Dante Sánchez Camargo en 1986 -quien fuera jefe del D2- y aclaró: “El Comando de Operaciones Táctico funcionaba a través del jefe de Policía que recibía órdenes y las trasmitía al D2”. “Francisca, como máxima autoridad policial, no pudo desconocer los operativos que llevaban a cabo sus subordinados, algunos en operaciones conjuntas con fuerzas militares”, señaló.
Ricardo Benjamín Miranda fue jefe del D2 entre agosto y diciembre de 1977. “En su carácter de máximo responsable del centro clandestino no pudo permanecer ajeno a la estructura que formó la inteligencia para proceder al secuestro del matrimonio Campos-Alcaráz ni tampoco a la permanencia en las dependencias de las víctimas en el D2” aseguró el abogado.
Aldo Patrocinio Bruno fue segundo jefe del D2 cuando lo comandaba Miranda, y luego lo sucedió en el cargo. En su descargo en la instrucción dijo que “para esa época no había detenidos en el lugar”, que ignoraba “si allí hubo gente detenida anteriormente” y agregó sobre las víctimas: “no los conozco ni he escuchado hablar de las mismas ni he participado del procedimiento que diera lugar a la presunta detención de las mismas”.
El fiscal señaló a los imputados como coautores mediatos por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. También por sustracción de un menor de diez años -Martín Alcaraz-; robo agravado por haberse cometido con armas -el “hociqueo”, la “rapiña” en la casa del matrimonio-; todos delitos perpetrados en el marco del de asociación ilícita, constituyen delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del genocidio.
Furió era entonces el “principal coordinador de los interrogatorios, seleccionador de los prisioneros y responsable de la reunión de información sobre el enemigo”. Furió “miente cuando dice que el General Maradona “tenía mando directo con los Jefes de Unidades sin pasar por el Estado Mayor en la Brigada”, agregó el fiscal.
Juan Antonio Garibotte fue enviado el 26 de noviembre de 1975 a Tucumán para participar en el “Operativo Independencia”, retornó a Mendoza luego de casi 35 días. El 9 de marzo de 1976 fue enviado nuevamente a Tucumán. Esa vez permaneció casi más de dos meses. En su informe de desempeño del 15 de octubre de 1976, fue calificado con promedio 100 y se consignó que es “uno de los pocos sobresalientes para su grado”, repasó Vega. El 15 de diciembre de 1976 asume en el Comando de la VIII Brigada como Auxiliar del G2.
“Garibotte evidentemente miente cuando afirma en su indagatoria prestada en la instrucción que no supo ni participó en ninguna tarea relacionada con la ‘lucha contra la subversión’”, advirtió Vega. El represor dijo en ese testimonio: “mi tarea se limitaba a producir informes del área, es decir, explotación de prensa, cumplimentar informes que eran requeridos a Inteligencia, pero no referidos a la problemática que se me plantea de subversión”.
Vega recordó que el 7 de abril de 1977 este militar participó del operativo en la casa de los padres del desaparecido Rodolfo Vera, ocurrido dos días después de que el padre de Rodolfo presentara un escrito reclamando la camioneta que se robaron las patotas cuando secuestraron a Jorge Becerra. “El propósito del allanamiento era dar con el paradero de Vera” aclaró el fiscal.
Alsides Paris Francisca era Jefe de la Policía de Mendoza a fines de 1977, con “gran capacidad de adaptación, realizando una meritoria labor, animada por una elevada cuota de iniciativa y responsabilidad” según consta en su legajo. Nunca prestó declaración. Sí lo hizo Pedro Dante Sánchez Camargo en 1986 -quien fuera jefe del D2- y aclaró: “El Comando de Operaciones Táctico funcionaba a través del jefe de Policía que recibía órdenes y las trasmitía al D2”. “Francisca, como máxima autoridad policial, no pudo desconocer los operativos que llevaban a cabo sus subordinados, algunos en operaciones conjuntas con fuerzas militares”, señaló.
Ricardo Benjamín Miranda fue jefe del D2 entre agosto y diciembre de 1977. “En su carácter de máximo responsable del centro clandestino no pudo permanecer ajeno a la estructura que formó la inteligencia para proceder al secuestro del matrimonio Campos-Alcaráz ni tampoco a la permanencia en las dependencias de las víctimas en el D2” aseguró el abogado.
Aldo Patrocinio Bruno fue segundo jefe del D2 cuando lo comandaba Miranda, y luego lo sucedió en el cargo. En su descargo en la instrucción dijo que “para esa época no había detenidos en el lugar”, que ignoraba “si allí hubo gente detenida anteriormente” y agregó sobre las víctimas: “no los conozco ni he escuchado hablar de las mismas ni he participado del procedimiento que diera lugar a la presunta detención de las mismas”.
El fiscal señaló a los imputados como coautores mediatos por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. También por sustracción de un menor de diez años -Martín Alcaraz-; robo agravado por haberse cometido con armas -el “hociqueo”, la “rapiña” en la casa del matrimonio-; todos delitos perpetrados en el marco del de asociación ilícita, constituyen delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del genocidio.
Dante Vega: Responsabilidades y mandos
“Un hecho vidrioso”. Antonia,
José y Martín
Vega
hizo una reconstrucción de los hechos: el secuestro de Campos y Alcaráz; la
“rapiña” y “hociqueo” que la patota hizo en la casa del matrimonio; la sustracción ilegal de
Martín y la entrega del niño que hicieron a escondidas y en una caja. Luego
repasó las responsabilidades de los imputados y especificó las calificaciones
que les cabe.
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| Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa |
Antonia Adriana
Campos estudiaba medicina pero abandonó la facultad por falta de recursos. Con
su hermana Silvia “compartían no sólo sus estudios de Medicina sino también los
ideales de izquierda, en particular la atracción por la figura del Che
Guevara”, recordó Dante Vega. Antonia militaba en el PCML y Silvia en el
Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-.
Dante Vega recordó que Martín Alcaráz declaró que días antes del operativo su madre le habría comentado a su abuela que “estaban investigando las circunstancias del secuestro” de Silvia y que “estaban muy cerca de dar con su paradero”. Antonia Catania, la mamá de Adriana, contó en testimonio anterior que su hija le dijo: “Mirá mamá, pronto vamos a saber algo de Silvia, porque algo me han informado, ya te lo voy a decir”.
Dante Vega recordó que Martín Alcaráz declaró que días antes del operativo su madre le habría comentado a su abuela que “estaban investigando las circunstancias del secuestro” de Silvia y que “estaban muy cerca de dar con su paradero”. Antonia Catania, la mamá de Adriana, contó en testimonio anterior que su hija le dijo: “Mirá mamá, pronto vamos a saber algo de Silvia, porque algo me han informado, ya te lo voy a decir”.
José Antonio Alcaráz fue empleado
farmacéutico, trabajó en una imprenta de la Cuarta Sección de la Ciudad de
Mendoza y fue delegado gremial. Tenía “fuertes ideas de izquierda”, según relató
su hijo ante el Tribunal. Campos y Alcaráz se casaron en 1975, “cuando Antonia tenía 18 años
y José 20”. En 1977, José trabajaba con su padre en un comercio y vivía con su
esposa en Godoy Cruz. “A principios de 1977 nació Martín”, repasó el fiscal ante la atenta mirada de la sala y de los
imputados presentes -Bruno y Miranda.
Varios
testimonios dieron cuenta de la militancia de Antonia y José en el PCML y de su
asistencia a reuniones en la mimbrería de Rodolfo Vera y Néstor Carzolio;
encuentros en un camping en Cipolletti y en Nonquén. Martín comentó que sus padres aportaban folletería al PCML hecha en el negocio
del padre de José. Al respecto, el fiscal relevó un hecho que comprueba la
inteligencia hecha previamente para planificar los secuestros: Ricardo D’Amico relató que junto a Campos, una de sus hermanas y Alcaráz fueron demorados
por la policía en la Terminal de ómnibus cuando volvían del dique Cipolletti.
“Durante un par de horas” los “interrogaron en una celda”; probablemente porque tenían “unos papeles de izquierda”. En ese momento eran menores de edad y
los liberaron. Esto ocurrió entre fines de 1974 y comienzo de 1975. La policía ya sabía quiénes eran.
El
6 de diciembre de 1977, cerca de las dos de la mañana, “el matrimonio Campos-Alcaráz y su hijo Martín, de diez meses, dormían en su casa”, repasó el fiscal.
Un grupo de personas ingresó violentamente a la vivienda, rompieron la puerta. “Como
ya es costumbre verificar, los secuestradores no se privaron de hocicar en los bienes del matrimonio y
de robar lo que pudieron”. Sobre “la
rapiña” desde la década de 1980 los padres de Adriana, denunciaron que “los secuestradores robaron la heladera, el televisor,
los sillones y hasta los cubiertos y utensilios de cocina”. Los vecinos dijeron que “escucharon fuertes
ruidos provenientes de la vivienda y que pudieron ver cómo miembros de la policía estaban cargando las cosas de la vivienda en un
camión”.
El
6 de diciembre al mediodía, los padres de José y Antonia hicieron la denuncia
en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz -consta en Libro de Novedades-. Cuatro horas
más tarde, “se tomaron su tiempo ante una denuncia grave” -acotó el fiscal-,
agentes fueron a la vivienda del matrimonio y allí los denunciantes expusieron lo
sucedidos a sus hijos y su nieto -según consta en el acta del procedimiento-.
Dante
Vega no pudo más que transmitir la aún inagotable capacidad de asombro: en el
Libro de Novedades citado se consignó que “se habría cometido un hecho vidrioso”. “Que es vidrioso el
hecho no me caben dudas”, dijo Vega, “me gustaría saber qué quiso decir con
‘vidrioso’, pero lo calificó perfecto”.
“El detalle
macabro... como todos los detalles en este caso”
Las
familias de Campos y Alcaráz vivían a escasos metros entre sí. A fines de 1977,
Mario
Armando Gómez estaba de novio con una de las hermanas de José y vivía
frente a los Campos. Al día siguiente del secuestro, vio que cerca de las dos de
la madrugada había dos autos Ford Falcon estacionados en las inmediaciones, un
rato después llegó un tercer auto y “de él descendieron dos personas
corpulentas que vestían camisas manga corta color celeste y llevaban consigo
una caja, que dejaron en la puerta de la casa de la familia Campos”. En esa
caja estaba Martín “envuelto en una frazada”.
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