Se desarrolló la tercera jornada del primer juicio a los represores de la última dictadura cívico militar en la Ciudad de Mendoza. Este proceso judicial, tiene la tarea de resolver 19 causas entre las que hay involucradas 32 víctimas directas. Los imputados son 10 entre ellos el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que no estará en el inicio por encontrarse imputado en los juicios que se lleva a cabo en Córdoba.
En la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, presidido por el doctor Juan Antonio González Macías e integrado por los doctores Héctor Cortez y Alejandro Piña; estuvieron los militares retirados Tamer Yapur, Paulino Furió, Eduardo Smaha y los ex policías Celustiano Lucero y Luís Alberto Rodríguez, imputados en las diferentes causas del juicio.
Mientras que al ex general Mario Lépori, al comisario retirado Juan Agustín Oyarzábal y al ex teniente Dardo Migno, también acusados de haber cometido delitos contra la humanidad, se los pudo ver por medio de video conferencia, este último desde Rosario.
El primer punto controversial del día fue la separación del proceso del ex general Juan Pablo Saá y del comisario retirado Armando Fernández Miranda. Saá sufrió en el día de ayer un accidente cerebro vascular, según los informes otorgados por el Hospital Militar, donde está internado y afirman que su estado es grave. Por su parte, las pericias psicofísicas realizadas a Fernández determinaron que éste no se encuentra apto para sobrellevar el proceso.
Esto último provocó que el Fiscal, Dante Vega, realizara una reposición pidiendo que los peritos forenses asistieran a la sala para dar sus testimonios, por su parte, la querella adhirió a la reposición y pidió que se realicen nuevamente los exámenes médicos con la presencia de peritos de las partes, ya que los términos por los cuales se le impide a Fernández asistir al proceso parecen vagos.
Luego de establecer las reposiciones se dio lugar a la defensa para realizar su réplica por la ampliación de cargos, allí Andrea Duranti argumentó que la ampliación de cargos en este momento del debate iría contra el principio de congruencia previsto en el Código Procesal Penal y que esta ampliación debería ir acompañada de la presentación de nuevas pruebas, por lo que se pedía la inadmisibilidad.
Pasado un cuarto intermedio de más de una hora el Tribunal estipuló no dar lugar al pedido de la defensa, esto conllevó a que se agregue al delito de privación abusiva de la libertad, por el cual estaban siendo imputados; los delitos de homicidio agravado por premeditación y alevosía, torturas, desaparición de personas, allanamientos ilegales, asociación ilícita, persecución política, imposición de tormentos, robo, entre otros, en el contexto de delitos de lesa humanidad de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación.
Posterior a la lectura de los nuevos cargos por los que serán imputados los ex militares y policías, se les permitió a los imputados hacer uso de la palabra pero todos optaron por utilizar su derecho de abstención. Esto llevó a la lectura de las declaraciones indagatorias que se realizaron durante la etapa de instrucción.
Sin duda el testimonio de Oyarzábal se llevó toda la atención ya que involucró al fiscal de la cámara Federal de Mendoza Luis Francisco Miret. Oyarzabal declaró durante la indagatoria que él sólo era Jefe de Personal Interno y que no se hacía cargo de los prontuarios ni de las actas de ingreso, según el acusado esas tareas las realizaba en persona el Jefe del D2, Pedro Dante Sanchez, alias “el loco”, y que el señor Sanchez junto con Miret realizaban visitas a los detenidos en dicha institución.
El segundo tramo de la jornada comenzó con la lectura un documento elaborado por el perito del tribunal en donde se certifica que el estado de salud de Armando Fernández Miranda no es apto para presenciar el debate. En ese mismo documento se aclara que dicha circunstancias no altera la situación del acusado que deberá presencia vía videoconferencia esta etapa del proceso.
Posteriormente se continuó con la lectura de las indagatorias tomadas a los imputados en la etapa de instrucción. En referencia de la causa por la desaparición de Alicia Raboy y de Francisco Urondo se hizo lectura de los testimonios del ex policía Luis Alberto Rodríguez Vázquez quien confesó haber participado en el operativo en el que asesinaron al escritor. Por el otro lado, el acusado aseguró que del nombrado operativo participaron también cuerpos de seguridad de rango mayor y que desconocía cuál fue el destino de Urondo.
También se hizo lectura de las declaraciones del ex comisario Celustiano Lucero a cerca de la causa Raboy, Urondo. El ex policía relató los hechos, habló de “enfrentamiento”, dijo que participó ese operativo porque se lo ordenaban. Al igual que Rodríguez Vásquez, Lucero expresó que sólo recibía órdenes de sus superiores y que no conocía hasta ese momento a Francisco Urondo.
Por último, se hizo lectura de la indagatoria a Eduardo Smaha, quien remarcó en sus testimonios que las ordenes en el departamento de investigación de la policía D2 las daba el entonces comisario general Pedro Sánchez. Por otro lado Smaha, declaró no tenía conocimiento de que debajo del palacio policial hubiese un centro de detención. Respecto de operativo que terminó con vida de Francisco Urondo dijo que ese momento se encontraba de licencia.” Jamás pude ordenar la detención de alguien sin tener las órdenes de mis superiores” señaló en la indagatoria el acusado.
Con la lectura de las indagatoria concluyó la tercer jornada del juicio contra los represores, que dejó como saldo la ampliación de las acusaciones lo cual tiene un significado importante pues los imputado podrían dejar la prisión domiciliaria con custodia policial y ser trasladados a la cárcel local en las próximas horas. Mañana en tanto, se espera la declaración de los primeros testigos.
Andrea Pelliceri
Juan Pablo Rojas
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