viernes, 20 de septiembre de 2013

Acto en Tribunales Federales



Carta abierta a la Justicia Federal

19-09-2013| Organismos de derechos humanos de Mendoza realizaron un acto público en la explanada de la sede judicial, y entregaron una carta abierta demandando que causas que implican un centenar de víctimas y alrededor de 40 imputados se incorporen al juicio estipulado para el 11 de noviembre próximo. Hasta esa fecha, se realizarán concentraciones en el mismo lugar todos los jueves a las 12 para sostener el pedido.



A continuación, el texto entregado a agentes judiciales:

¡Unificación de las Causas y Justicia Ya!

 Los organismos de Derechos Humanos continuamos nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Los años de complicidad de algunos importantes sectores de la Justicia Federal con los responsables del Terrorismo de Estado significaron la demora de los juicios, la fuga o muerte de inculpados y la pérdida de pruebas y testimonios.

 En nuestra provincia, el camino que hemos transitado estuvo lleno de obstáculos:

-  Los juicios se iniciaron en 2010, tres años después que comenzaran a desarrollarse por  todo el país.

-  Desde la etapa de instrucción, fue necesario emprender una campaña de denuncia contra los jueces y camaristas que colaboraron con la dictadura, enquistados en la Justicia federal, porque entorpecían la tarea.

- Por distintos motivos, son escasos los resultados para dar con los cuerpos de los  desaparecidos y desaparecidos en nuestra provincia y nos seguimos preguntando: ¿Dónde están?

- Atravesamos varias frustraciones;  por un lado, la muerte o apartamiento de los jefes de la represión que hicieron caer numerosas causas durante el debate; por otro lado, Cuyo tiene el record nacional de prófugos, solo la provincia cuenta con 20 procesados que se evaporaron. Este y otros indicios nos permiten sospechar que existe una red de complicidades a las que la ley no alcanza.

-  Después de la sentencia del Tercer Juicio, escuchada en marzo de este año, y a contrapelo del ritmo acelerado que viene mostrando la Justicia Federal en otras capitales, no se procuró un nuevo Juicio. Solo está propuesto un debate para noviembre con un solo imputado y una causa ya conocida y tratada en el último juicio. La única variante es que, por los mismos hechos, se acusa a un nuevo responsable: Enrique Gómez Saa.

Mientras tanto, nuestros abogados y el Ministerio Fiscal pidieron la acumulación de más de diez causas que comprenden un centenar de víctimas y alrededor de cuarenta imputados, ya listas para ser tratadas. Urge que la Justicia Federal  adopte este criterio. El tratamiento de una causa con un imputado, en juicio oral y público, significaría una nueva dilación no justificada  y un desgaste innecesario de justicia.

Por lo expuesto, solicitamos arbitren los medios para que en el curso de este año 2013, se inicie un Juicio con las causas en condiciones de entrar a debate que involucran a civiles, fuerzas armadas y de seguridad

Esperamos que la Justicia Federal dé una clara señal hacia los sectores cómplices de la Dictadura que alientan el olvido y, a la vez, un mensaje esperanzador hacia quienes venimos luchando a través de los años por Memoria Verdad y Justicia.
  
Madres de Plaza de Mayo - Familiares de detenidos-desaparecidos – Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio –Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Casa por la Memoria y la Cultura Popular – Asociación de Expresas y Presos Políticos



miércoles, 18 de septiembre de 2013

Fecha y novedades del próximo juicio

El 11 de noviembre inicia el 4to. Juicio
17-09-2013 | El Tribunal Oral Federal N° 1 de Ciudad anunció que el próximo 11 de noviembre comenzará un nuevo Juicio por delitos de lesa humanidad. Según la versión oficial, el debate será por una sola causa y un solo imputado, mientras que los Organismos de Derechos Humanos, los abogados querellantes y el Ministerio Fiscal bregan por la inclusión de un número mayor de causas ya listas para ser tratadas.
María Domínguez en la Escuela Martín Zapata, el 13 de septiembre, en el homenaje a Walter, su hijo desaparecido. El próximo jueves 19, tras el acompañamiento a Madres en plaza San Martín, se convoca a Tribunales Federales. El reclamo es por la unificación de los juicios para noviembre y la incansable búsqueda por el destino de las y los compañeros. A las 12 en Pedro Molina y España.

El vocero oficial del Tribunal confirmó que se abordarán las detenciones y torturas de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea (fallecido), acaecidas en la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII. En este caso el único imputado es Enrique Gómez Saa, miembro de la División Inteligencia del Ejército.

Los hechos comprendidos en la causa fueron reiteradamente ventilados, de modo que se repite la trama pero varían los acusados. Lo sucedido en este Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- fue conocido en el primer juicio realizado en la Ciudad de Mendoza, a través del juzgamiento por los tormentos aplicados a don Ángel Bustelo. En esa oportunidad el acusado fue el entonces teniente del Ejército Dardo Migno, quien recibió 12 años de prisión. Luego fueron retomados en la causa 076, en el debate que concluyó en marzo de este año, que tenía como imputado también a Ramón Puebla, condenado a 18 años, e incluyó las mismas víctimas que en la actualidad. 

Los testigos que citará el Tribunal son prácticamente los mismos que fueron escuchados con anterioridad. Esta dilapidación de tiempo y recursos es atribuida a defectos en la etapa de instrucción. A su vez ya están prácticamente listas para ser juzgadas numerosas causas que comprenden a más de cien víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos desde 1975. Esto es el resultante de una propuesta de acumulación planteada al Tribunal por el Ministerio Público Fiscal, integrado por Dante Vega y su equipo, por el cual se espera sean incorporadas en el juicio que empezará en noviembre.

La reciente extradición y encarcelamiento del influyente ex camarista Otilio Roque Romano avivó la urgencia de debatir la actuación de los jueces de la dictadura; Gabriel Guzzo, Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Romano fueron imputados en agosto de 2010 por sus aportes al terrorismo de Estado por el entonces fiscal general, doctor Omar Palermo. Estas imputaciones, junto a otros importantes expedientes, están en condiciones de entrar a debate, por lo que se descuenta su tratamiento en la anunciada instancia.

Hasta el momento el anuncio concreto es que a partir del 11 de noviembre se abordará la causa 076 que contempla los delitos de privación abusiva de la libertad y torturas de Roberto Vélez, Martín Lecea y Oscar Guidone y lesiones gravísimas, en el caso de éste último. Detenido en junio del 76, Guidone fue hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente del bazo debido a las tremendas golpizas que recibió en la dependencia militar.

El Tribunal Oral estará presidido por el doctor Alejandro Piña, acompañado de los doctores Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade. Los magistrados determinarán la responsabilidad de Enrique Gómez Saa en la comisión de aquellos delitos cuando se desempeñaba como miembro de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, perteneciente al III Cuerpo de Ejército que, por esos años, condujera Luciano Benjamín Menéndez. Para llegar al veredicto serán citadas como testigos 32 personas, y la defensa del acusado estará a cargo del doctor Carlos de Casas.

viernes, 26 de julio de 2013

Comunicado de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza

SOBRE LA DESIGNACION DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO CESAR MILANI

25-07-2013 | Los organismos de Derechos Humanos de Mendoza, abajo firmantes, desean manifestar su preocupación por la designación del Gral. César Milani como Comandante en jefe del Ejército, cuyo pliego de ascenso recién será tratado por el Senado Nacional a fin de año.

Más allá de la versiones contrapuestas sobre el rol que le cupo al Gral. Milani en la represión, nos basamos en la Memoria viva y la palabra de ex presos políticos y militantes de los ’70 de la ciudad de La Rioja dispuestos a denunciar y ofrecer testimonio sobre el postulante a jefe del Ejército. Ellos sostienen que, el entonces subteniente, llegó a esa provincia alineado en la política represiva del terrorismo de Estado imperante en 1976. En el mismo sentido, resultan esclarecedores los elementos ofrecidos por el CELS a la Comisión de Acuerdos del Senado que abonan nuestra posición.

Paralelamente, deseamos tomar distancia de las operaciones de prensa de algunos comunicadores y corrientes que utilizan como caballito de batalla los Derechos Humanos, en forma artera e hipócrita con fines políticos y electoralistas. Por nuestra parte reconocemos que este gobierno ha desarrollado una consistente política de Estado propiciando Memoria, Verdad y Justicia sobre el pasado reciente, por lo que se impone objetar la designación en cuestión.

Con los datos disponibles sobre el General Milani y las investigaciones encaminadas corresponde, además, se expida la Justicia. Nos sumamos al pedido de referentes y Organismos de derechos humanos para que la designación como Comandante en Jefe del Ejército del Gral. César Milani sea revisada.


MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
¡¡¡¡30.000  COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DESAPARECIDOS!!!!

M.E.D.H.     -   H.I.J.O.S.   -   LIGA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
GRUPO DE APOYO A MADRES   -   FAMILIARES DE DESAPARECIDOS/AS

CASA POR LA MEMORIA      -       ASOCIACION DE EX PRESAS Y EX PRESOS POLITICOS

lunes, 15 de julio de 2013

Sentencia por delitos de lesa humanidad en San Juan

Análisis y conexiones sobre la sentencia en San Juan
15-07-2013 | El 4 de julio, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Juan sentenció a prisión perpetua a tres represores de los siete imputados en el Juicio celebrado recientemente en la provincia, tres aún están prófugos. El fallo contempla los delitos de lesa humanidad conocidos ampliamente, y además condena por violación a algunos represores y a otros por abuso deshonesto. Otra particularidad de la jornada constituyó la arenga política de los sentenciados, que resulta novedosa en los estrados de Cuyo pero está en sintonía con algunas intervenciones de quienes eran oficiales jóvenes del Ejército en el momento de asumir, voluntariosamente, la represión.

Peces por la boca, penas por violaciones
En el hall de entrada del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan se pudo escuchar el primer fallo en la región que pena los delitos contra la integridad sexual de las personas. El dictamen se abrió aludiendo a los crímenes perpetrados por Jorge Olivera, en los siguientes términos: “…imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidas políticas con violación agravada por el uso de las fuerzas o intimidación y con el concurso de dos o más personas de dos hechos (54 CP y 144 TER, 119 y 122 CP, ley 11.179). Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de perseguidas políticas con abuso deshonesto (144 TER, 127 CD) de cinco hechos...”. De esta manera se empieza a nombrar la desnudez, el manoseo y los mil y un agravios y humillaciones de connotación sexual a las que fueron sometidas las mujeres detenidas en manos del Ejército y la Policía, vejámenes que también sufrieron algunos hombres sobre los que pocos se animan a hablar.

A lo largo del debate regido por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, los imputados debieron responder, también, por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, asociación ilícita, homicidio, contra 60 víctimas entre las que se encuentra el resonado caso de la modelo desaparecida Marianne Erize y el asesinato de Alberto Carvajal en el Penal de Chimbas.

El Tribunal resolvió de manera unánime la pena de prisión perpetua a los acusados Horacio Julio Nieto, ex jefe de la Policía Federal, Jorge Antonio Olivera, oscuro oficial del Ejército, y Osvaldo Benito Martel, también condenado por violación en similares términos que su camarada. Asimismo, recibieron 25 años de prisión Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, por delitos que incluyen el abuso deshonesto; mientras que Alejandro Manuel Lazo, resultó con 10 años de prisión. Están prófugos en esta megacausa el ex teniente Carlos Malatto, exiliado en Italia, y los oficiales Eduardo Vic y el ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel por quien se ofreció recompensa.

Como es de rigor, el Tribunal antes de retirarse a deliberar para emitir sentencia, les ofreció la palabra a los acusados por si tenían algo para agregar. Varios prefirieron hablar, por un lado, para tomar distancia de los hechos que se les imputan y, por otro, para lanzar una arenga política de distinto tono que transitó, según el hablante, desde las expresiones de soberbia hasta la excusa de una pretendida inconsciencia juvenil empapada en  lágrimas. Hizo la punta el cabecilla de patota del Ejército, ex mayor y hoy abogado, Jorge Antonio Olivera; él buscó defenestrar a Jorge Rafael Videla, a quien “lo hubiera fusilado”-dijo- por traidor y pronunció un discurso de corte nacionalista de ultraderecha.

Sus rutas
Por su parte Jorgito, participó del levantamiento carapintada de 1987 y fue apoderado del MODIN de Aldo Rico, tiene experiencia en la arena política. En su condición de abogado ofició de Defensor de Suárez Mason y tiene buenos contactos. Fue detenido en Italia y gozó del patrocinio del abogado de la Logia P2, Sinagra, para quedar libre; además, gracias a los buenos oficios de sus amigos argentinos consiguió fraguar una partida de defunción de la franco-argentina Marianne Erize, para eludir su imputación en el caso por su desaparición. Finalmente recuperó la libertad en Europa, eludiendo el requerimiento de Francia. Volvió a la Argentina; otra orden de captura lo mantuvo prófugo por un año hasta que, portando documentación falsa, fue detenido en 2008. Evidentemente tiene selectos contactos.

A punto de recibir la sentencia en esta megacausa de San Juan, Olivera se esmeró en negar su participación en los hechos ventilados, pero admitió la existencia del aparato represivo aunque, aseguró, él no tuvo nada que ver. Altanero, con palabras altisonantes, reivindicó su condición de miembro del Ejército y de paso elogió la gestión del gobierno provincial, sin mencionar a Gioja. Una ruta de argumentación, tirando líneas de rescate hacia el peronismo, ya escuchadas de boca de miembros de los Grupos de Tareas, entonces jóvenes, que hoy deben rendir cuenta en otros juicios del país, tal el caso de Ernesto Barreiro en  Córdoba y Braga en Jujuy. Reacomodamientos a tener en cuenta.

Ellos hicieron el trabajo sucio cuando eran veinteañeros, pusieron la cara, se ocuparon con esmero de masacrar a miles, mientras los altos mandos disfrutaban de los privilegios del poder; hoy a la hora de la justicia, los Jefes sino están muertos son octogenarios incapaces, mientras ellos reciben la cachetada de la condena social y les espera la cárcel común. Cosas de la vida…

Además, de nada vale la excusa “éramos tan jóvenes” que se puede leer entre líneas en cada exposición; la gente de bien sabe decir NO cuando es invitada al abuso y al crimen. El problema no es la edad temprana, más bien es una cuestión de calidad humana.
9 de Julio de 2013, Plaza San Martín, Ciudad de Mendoza: Cumpleaños 95 de Isabel Figueroa de De Marinis, la Mamá, a un año de su fallecimiento.