ALEGATOS (V): EL TURNO DE LA FISCALÍA
Durante dos jornadas, la Fiscalía desarrolló su Alegato sobre el contexto. Hizo una revisión de los antecedentes de la represión ilegal, caracterizó a los personajes emblemáticos de la época y ofreció una descripción afinada del funcionamiento del terrorismo de Estado. Finalizó adelantando la estructura de imputación y las figuras jurídicas que se esgrimirán.
En base a valiosos hallazgos bibliográficos, expedientes judiciales y a los testimonios ofrecidos por cada uno de los testigos en éste juicio, Vega ofreció un detallado esquema del contexto en el cual se implementó el terrorismo de Estado en el país y particularmente en Mendoza. Remarcó a lo largo de su exposición el “valor histórico”del presente juicio: “no hay nada más poderoso que a una idea a la que le ha llegado la hora, y a la impunidad le ha llegado la hora” sentenció el fiscal evocando la frase de Víctor Hugo.
El repaso histórico de la represión comenzó con la descripción de una primera fase de terrorismo paraestatal, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón a través de la acción del Comando Moralizador Pio XII y del Comando Anticomunista Mendoza (CAM), que persiguió a sindicalistas, estudiantes, artistas y a toda persona que expusiera a algún compromiso social, relató el fiscal en base a numerosos testimonios. A estos dos grupos organizados desde la jefatura de la policía, a cargo del Vicecomodoro J.C.Santuccione, se le sumaron, progresivamente, el Departamento de Informaciones D2, la Policía Federal y el Ejército Argentino. Con la anuencia de la Justicia Federal “se usó la ley como excusa para la represión” afirmó.
A principios del 76, indicó el letrado, ese “terrorismo de calle” dejó 25 muertos y 5 desaparecidos, según datos de la investigadora Laura Rodríguez, y al entrar a la segunda fase tuvo continuidad en el “plan sistemático de eliminación de personas (cuyo) protagonista principal fue el ejército argentino”. El salto cualitativo se advirtió en el incremento de desapariciones forzadas de personas, señaló. Según precisó desde el inicio del golpe las desapariciones se multiplicaron por diez “entre 1976 y 1977 se produjeron el 76,6 % de las desapariciones forzadas de personas.
El Plan Criminal
Vega se detuvo en la consideración de las desapariciones que produjeron un quiebre en la concepción tradicional de la muerte en Argentina propia de la cultura occidental, "el progreso lineal del tiempo quedaba en suspenso con lo cual se desafiaba la diferenciación subjetiva entre pasado y presente y se alimentaban ciclos de angustias y expectativas que se renovaban constantemente”.
La características principales fueron la sistematicidad y la clandestinidad lo cual dificulta la reconstrucción del cuadro. A raíz de esta situación el fiscal expuso hipótesis centrales sobre el concreto funcionamiento: Primero, el ejército monopolizó la conducción del “plan criminal” pero su ejecución fue una obra compartida por todas las fuerzas represivas (policía local, policía federal, fuerza aérea y la penitenciaria). Segundo, respecto del destino de los secuestrados: los que eran trasladados al D2 pertenecían a operativos realizados por ese departamento de la policía local y de algunos procedimientos conjuntos; los demás eran objetivos de las fuerzas armadas e iban a parar a otras dependencia o directamente desaparecidos sin dejar rastros.
Vega se detuvo en la consideración de las desapariciones que produjeron un quiebre en la concepción tradicional de la muerte en Argentina propia de la cultura occidental, "el progreso lineal del tiempo quedaba en suspenso con lo cual se desafiaba la diferenciación subjetiva entre pasado y presente y se alimentaban ciclos de angustias y expectativas que se renovaban constantemente”.
La características principales fueron la sistematicidad y la clandestinidad lo cual dificulta la reconstrucción del cuadro. A raíz de esta situación el fiscal expuso hipótesis centrales sobre el concreto funcionamiento: Primero, el ejército monopolizó la conducción del “plan criminal” pero su ejecución fue una obra compartida por todas las fuerzas represivas (policía local, policía federal, fuerza aérea y la penitenciaria). Segundo, respecto del destino de los secuestrados: los que eran trasladados al D2 pertenecían a operativos realizados por ese departamento de la policía local y de algunos procedimientos conjuntos; los demás eran objetivos de las fuerzas armadas e iban a parar a otras dependencia o directamente desaparecidos sin dejar rastros.
Los Centros Clandestinos de Detención
El D2 –Informaciones de la Policía- y la Comisarías satélites
El Dr. Dante Vega orientó este tramo del Alegato hacia el análisis exhaustivo de la estructura y el funcionamiento represivo del mayor CCD de la provincia, el D2. Remarcó como principales responsables a Santuccione (Jefe de Policía), Sánchez Camargo (Jefe D2), Venturino Rondinini (división Reunión); y a los actuales imputados Oyarzábal (Subjefe), Rodríguez Vásquez (División Análisis) y Smaha, Fernández y Lucero (División Operaciones).
Ponderó los testimonios de los sobrevivientes y agregó, como “muestra del infierno”, las declaraciones de una veintena de víctimas: la falta de agua como tortura; la pirámide humana como degradación máxima de la violencia; las violaciones, la situación de los niños cautivos o separados de sus padres y la consiguiente tortura psicológica; la saña represiva cada noche al regreso de la patota de cacería y las persecuciones policíacas antes y después de las detenciones, incluso a los familiares.
El Dr. Dante Vega orientó este tramo del Alegato hacia el análisis exhaustivo de la estructura y el funcionamiento represivo del mayor CCD de la provincia, el D2. Remarcó como principales responsables a Santuccione (Jefe de Policía), Sánchez Camargo (Jefe D2), Venturino Rondinini (división Reunión); y a los actuales imputados Oyarzábal (Subjefe), Rodríguez Vásquez (División Análisis) y Smaha, Fernández y Lucero (División Operaciones).
Ponderó los testimonios de los sobrevivientes y agregó, como “muestra del infierno”, las declaraciones de una veintena de víctimas: la falta de agua como tortura; la pirámide humana como degradación máxima de la violencia; las violaciones, la situación de los niños cautivos o separados de sus padres y la consiguiente tortura psicológica; la saña represiva cada noche al regreso de la patota de cacería y las persecuciones policíacas antes y después de las detenciones, incluso a los familiares.
La Fiscalía consideró a las comisarías, como piezas claves del aparato represivo estatal, y satélites del D2 así como centros clandestinos de detención esporádicos o cabales (caso 7ª). Para fundamentar esto se apoyó en los testimonios de: Allegrini, que pasó un mes vendada y atada en la 27ª de Villa Hipódromo; Hugo E. Talquenca, quien denunció el secuestro de sus hijos por parte de personal en un vehículo policial en circunscripción de la 29ª; Ramón Córdoba y Pablo Seydell, éste último reconoció la marca de los ganchos donde fue torturado en la 7ª y confirmó que el desaparecido Rubén Bravo estuvo allí.
Otros CCD
Sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la intervención delictiva del Ejército, el fiscal destacó que fue posible debido a la estructura orgánica conjunta del Comando de la VIIIª Brigada de Infantería de Montaña con la IVª Brigada Aérea. Para ejecutar el plan diseñado desde fines de 1.975 no crearon estructuras paralelas, si no que se sirvieron de las instituciones, divisiones y personal ya preexistentes en las Fuerzas Armadas. Así, los partícipes responsables del terrorismo de Estado ya habían sido nombrados entre 1.971 y 1.975: Maradona, Yapur, Lépori, Irusta, Schróo, Dopazo, Landa Morón, Arturo Suárez, Carlos Ledesma, Puebla, Furió, Migno.
Lo que sí cambió a partir del golpe fue el rol oculto de los Grupos de Tareas –G.T-; la normativa de superficie militar no varió pero surgió una serie de órdenes secretas y directivas clandestinas de Inteligencia.
Además había una planificación previa: “La decisión de eliminar o no a los perseguidos, estaba tomada de antemano” por el Comando de Operaciones Tácticas –COT-. Así se explica que la función de Inteligencia en el D2 era prioritaria, porque actuaba “como un canal técnico centralizado que derivaba las decisiones”; así los “enlaces” Carelli, Santamaría y Jofré de la Fuerza Aérea frecuentaban, según testigos, las comisarías “satélites” del D2”, agregó Vega para plasmar la intervención represiva de ese Arma. También mencionó “el incremento decisivo de los CCD en Mendoza, bajo control de la Policía de Mendoza (D2-Palacio Policial, Papagayos, comisarías 5ª, 7ª, 9ª, 16ª, 25ª, 27ª y 33ª).
En tanto que el Ejército dispuso del Liceo Militar “Gral. Espejo”, de la Compañía de Comunicaciones, Campo Los Andes, Casino de suboficiales, “El chalecito Panquehua” para la detenciones clandestinas; por su parte la Fuerza Aérea aportó la 4ª Brigada Aérea y Campo Las Lajas como CCD. Sobre el último indicó que “además de centro de detención, tortura, y enterramiento, funcionaba como punto de traslado de prisioneros hacia y desde todo el país”.
Un capítulo aparte mereció para la Fiscalía “la farsa que significaron los Consejos de Guerra para juzgar a los detenidos ilegalmente”. Citó a varios de sus miembros: auditor, el Dr. Arnaldo José Kletzl quien llegó, en democracia, a juez de instrucción y camarista; Federico Segura (presidente); Pedro Monjo (fiscal) y Amílcar Dib (secretario).
También millares de personas quedaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional –PEN-, lo que implicaba que permanecieran presas sin Causas ni pruebas condenatorias; estratagema utilizada para que los detenidos absueltos por los Consejos continuaran en la cárcel, a pesar de la orden de libertad.
Finalmente, se recordó a la Penitenciaría provincial en su doble función; para muchos detenidos significó quedar “blanqueados”, pasar a la legalidad. Pero también fue un CCD.
Poder Judicial
La fiscalía aseguró que el Poder Judicial fue cómplice de la represión; su intervención permitió todo tipo de “aberraciones jurídicas con viso de legalidad”, dijo Vega. Luego destacó que a través de los expedientes se observó una progresiva “degradación” de los procedimientos desde setiembre de 1974 a 1976. Revisó, ante el público los expedientes judiciales desde la causa Mocchi, por la Ley 20840 de “represión a la subversión” dictada por Isabel Perón hasta la de Fiscal c/Luna de 1976; destacó las irregularidades y leyó el nombre de varios desaparecidos mencionados en esas causas como “prófugos”. En las actuaciones aparece, frecuentemente, Otilio Roque Romano, hoy cuestionado Juez. En el período abordado, dijo el Fiscal, “el D2 pasó del fisgoneo a constituirse en una banda de delincuentes” y el poder judicial acompañó con un “métanle nomás muchachos”, graficó Vega.
La fiscalía aseguró que el Poder Judicial fue cómplice de la represión; su intervención permitió todo tipo de “aberraciones jurídicas con viso de legalidad”, dijo Vega. Luego destacó que a través de los expedientes se observó una progresiva “degradación” de los procedimientos desde setiembre de 1974 a 1976. Revisó, ante el público los expedientes judiciales desde la causa Mocchi, por la Ley 20840 de “represión a la subversión” dictada por Isabel Perón hasta la de Fiscal c/Luna de 1976; destacó las irregularidades y leyó el nombre de varios desaparecidos mencionados en esas causas como “prófugos”. En las actuaciones aparece, frecuentemente, Otilio Roque Romano, hoy cuestionado Juez. En el período abordado, dijo el Fiscal, “el D2 pasó del fisgoneo a constituirse en una banda de delincuentes” y el poder judicial acompañó con un “métanle nomás muchachos”, graficó Vega.
Aspectos Jurídicos
El Dr. Pablo Barreda del Ministerio público, aclaró que la estructura de imputación será extraída de la teoría de autor mediato, en tanto los acusados tienen responsabilidad penal independientemente del contacto o no que hayan tenido con los hechos. “Según se acerca (el imputado) a la cima del poder, la responsabilidad es mayor”, sin embargo los mandos no ejecutaban las acciones por mano propia. Todos aportaban para que el aparato represivo funcione; dijo.
El Dr. Pablo Barreda del Ministerio público, aclaró que la estructura de imputación será extraída de la teoría de autor mediato, en tanto los acusados tienen responsabilidad penal independientemente del contacto o no que hayan tenido con los hechos. “Según se acerca (el imputado) a la cima del poder, la responsabilidad es mayor”, sin embargo los mandos no ejecutaban las acciones por mano propia. Todos aportaban para que el aparato represivo funcione; dijo.
Luego detalló las calificaciones jurídicas que se invocarán para solicitar las penas: a) Asociación ilícita, b) Privación abusiva de la libertad agravada; c) Allanamiento ilegal de morada; d) Imposición de tormentos agravada; e) Homicidio agravado; éste último incluye a las desapariciones forzadas. Aclaró que no invocarán el criminis causa. Sus últimas palabras las dedicó a recordar el testimonio de Isabel de Marinis de 93 años, pidiendo Justicia.
El Ministerio Público, a través del Dr. Vega dejó frases de antología a lo largo del Alegato que llevó dos jornadas consecutivas, entre ellas: “Si bien la indagatoria es un acto de defensa”, aclaró el fiscal, “ante tanto dolor y muerte absurda, ante la desaparición forzada de personas cuyos restos todavía no se encuentran, estos militares eligen seguir con el cinismo, el disparate y siempre la insensibilidad frente a la búsqueda de los familiares. Conocen exactamente el alcance criminal de sus actos y saben que han traicionado y degradado su Arma al punto de transformarla en una banda de criminales, y aún hoy no pueden levantar ese reproche que le hizo don Ángel Bustelo al teniente Migno: "este no puede ser el Ejército de San Martín, este no puede ser el Ejército de mi patria”, dijo, dirigiéndose a los imputados.
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