Audiencia del 10 de enero

Reinicio de las audiencias con la declaración de Rodrigo Sepúlveda y Eugenio París. Nuevos pedidos de compulsa

En esta primera jornada de 2011 brindó sus testimonios, en calidad de testigo general, Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista del medio destacado por su compromiso y su tarea de investigación sobre el funcionamiento del terrorismo de estado en la provincia. La convocatoria fue a pedido de la fiscalía y en virtud del documental “D2: Centro Clandestino de Detención” que realizó junto a Fernanda Santo y que fue presentado en 2001.

Luego de dos semanas de receso el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza puso en marcha el juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la capital de la provincia. El juicio arrancó con un imputado menos porque durante el periodo de interrupción murió sin condena el ex general de Brigada Juan Pablo Saá.

Sepúlveda, aclaró que el audiovisual tiene como soporte una investigación que tuvo como resultado la configuración de un esquema que dilucida cómo estaba compuesto y cómo operaba el aparato represivo que se instaló en la provincia entre el 1975 y 1983. También explicó que todo el trabajo está basado en un entrecruzamiento de documentos oficiales, testimonios de las víctimas y familiares, y confesiones de personas que actuaron dentro de las fuerzas represivas.

La declaración estuvo basada en explicar las conclusiones a las que arribó en la investigación  entre ellas la más relevante: el funcionamiento íntegro de una estructura que no sólo estaba compuesta sólo por policías y militares sino que registraba entre sus filas a médicos, jueces, curas, etc. Haciendo referencia al centro de operaciones D2 afirmó “no hay manera de que en una institución de esas característica alguien quede exceptuado. Es evidente que esto no fue obra de unas pocas personas” sentenció.

En este sentido remarcó la colaboración de los médicos, los cuales según han manifestado todas las personas que pasaron por el D2, participaban en las sesiones de torturas. De acuerdo con la investigación, explicó Sepúlveda, en ese departamento trabajaban al menos 13 profesionales de la salud que hasta el momento no han sido señalados por la justicia, entre ellos Ibrahim Prieto, Miguel Apolinares y Jorge Bajuk Radej que se desempeña actualmente en la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo.

Sepúlveda manifestó tener conocimiento de numerosos casos entre ellos los detalles del secuestro y fusilamiento de Víctor Romano Rivamar, militante montonero desaparecido. Sobre este punto afirmó que fue un ex agente de la Policía la Federal, Cirella Paredes, quién le aseguró que entre los autores del crimen se encontraba Eduardo Smaha Borsuk y a Alberto Rodríguez Vásquez ambos imputados en estos juicios.

Los aportes del licenciado en Comunicación Social Rodrigo Sepúlveda, cobraron ayer relevancia para la justicia, sus investigaciones se encaminan brindar datos y testimonios que todos estos años fueron desoídos y ocultados de forma grosera por la Justicia local. Como cierre el periodista agradeció la oportunidad de haber participado como testigo y se esperanzó de que la puesta en marcha de los juicio por delitos de lesa humanidad aliente y de las garantías para sacar el velo de esa maquinaria asesina que como remarcó reiteradas veces en su declaración trascendió ampliamente las fuerzas de seguridad.

 

Eugenio París pasó casi 8 años en prisión por formar parte de una agrupación política. Al igual que mucho de los detenidos hizo un peregrinaje insufrible por varias cárceles del país, sin embargo en ninguna de ellas fue agraviado como en el D2.

Con lenguaje llano y sin perder tiempo en eufemismo, Eugenio París contó su experiencia durante los años en los que la represión pasó a ser la herramienta fundamental del plan siniestro que comandaron las fuerzas armadas.

El 13 de mayo de 1976 Eugenio París fue secuestrado de su lugar de trabajo por una patota de policías entre los que se encontraba, según precisó, Celustiano Lucero uno de los imputados que presencia el debate en la sala del Tribunal. A fuerza de golpes fue introducido a un Peugeot 504 rojo y conducido al Palacio Policial en donde se encontraba el D2. París en ese momento además de trabajar era estudiante de medicina y formaba parte de la Juventud Guevarista.

Apenas ingresó a el centro clandestino de detención, siempre maniatado y con los ojos vendados, fue sometido a una cruenta sesión de tortura con picana eléctrica aplicada en el pene y en el ano. “ahora te quemamos el culo, ni para puto vas a servir” recordó que le gritaban los torturadores. Sin embargo lo que más le dolió, según explicó en la declaración, fue darse cuenta que entre esos hombre se encontraba un médico, el cual tenía la tarea de aprobar la continuidad de los golpes de electricidad: “cuando me puso el estetoscopio parecía que me habían puesto la picana porque siempre creí que la medicina era para ayudar a los demás”.

En el D2 estuvo hasta julio de 1976, allí pasó los peores momentos de su vida, humillaciones, torturas, golpizas constantes, la traumática situación de ver desde su celda cómo violaban reiteradas veces a una compañera que estaba secuestrada en aquel lugar. Allí también Eugenio presenció un episodio que lo marcaría para toda su vida no poder ayudar a un detenido, al que se lo acusaba de ser un policía traidor, y que estaba al borde de la muerte. “Ese es el fantasma que me persigue todos los días” dijo Eugenio París, en reiteradas ocasiones.

Estando detenido en el D2 fue sometido a un Consejo de Guerra (falso acto jurídico que las fuerzas armadas preparaban para darle “marco legal” a las atrocidades que cometían) que lo condenó a 9  años y tres meses de prisión por “tentativa de incitación a la violencia colectiva”. La pena le significó el traslado a la penitenciaría provincial, allí, según contó Eugenio, fue menos rudo pero nunca dejó de recibir el trato infrahumano que recibían por entonces los presos políticos. Los días en las distintas dependencias eran una mezcla de ratos de absoluto silencio y vendavales de extrema violencia.

En septiembre de 1979 fue trasladado junto a otros detenidos en un avión Hércules a la Unidad Penal 9 de La Plata, luego lo reportarían al penal de máxima seguridad de Rawson y allí permaneció hasta diciembre de 1983. El día que recuperó libertad Eugenio París dijo que vivió uno de los momentos más emotivos de su vida “cuando recobre la libertad lo más emocionante fue encontrarme con el hermano del Che Guevara a quien había conocido en el penal de Rawson y recibir el abrazo enorme de una Madre de Plaza de Mayo”.

Ya en libertad Eugenio tuvo la oportunidad cruzarse a varios de sus torturadores haciendo vida corriente, entre ellos distinguió a Héctor Julio La Paz como operario en la Planta verificadora de vehículos de la policía de Mendoza. Para cumplimentar sus declaraciones las autoridades del tribunal requirieron que el testigo hiciera un reconocimiento de los álbumes de personas que estuvieron detenidas en el D2 y del personal que operaba en ese centro clandestino de detención. El reencuentro con los rostros de los compañeros desaparecidos y los recuerdos de aquel lugar que describió como un “infierno” `hicieron imposible la tarea.

Pedidos de compulsa que incluyen a los integrantes de los Consejos de Guerra

En virtud de los testimonios de la jornada la querella solicitó la compulsa a Lapaz González, quien se encuentra preso desde el 27 de diciembre por orden del juez Bento, a raíz del testimonio de Rosa Gómez, confirmado por la declaración de Eugenio París.

Asimismo, se solicitó compulsa penal respecto de los integrantes de Consejos de Guerra, identificados por acciones concretas como Pedro Héctor Monjo, fiscal del Consejo de Guerra y torturador por Pablo Seydell, Amilcar Virgilio Dib, secretario del mismo órgano, y señalado por los testimonios de Pablo Seydell y Eugenio Paris, el teniente primero Enrique Rubén Centeno que figura como integrante del CONSUFA en la causa de Paris, y a Hugo Alfredo Soliveres que condenó a Paris y luego investigó los hechos en donde el estaba implicado como miembro del CONSUFA y que además tuvo participación en el traslado de Luisa Sánchez Sarmiento a San Juan.

En función de las declaraciones de Luna, Seydell y Paris la querella pidió las imputaciones de Lucheti, Naman García, López , Torres, Marasco, Quenan, Bianchi, Barrios, Linares, Gagliana, Bonafede, Pirantonelli y Ojeda, también a Vega, Garro, Lorenzo y Córdoba de la Comisaría 7ma de Godoy Cruz.

Por otro lado se solicitó la compulsa administrativa contra el empleado judicial Fonseca por los reiterados malos tratos a los testigos durante la etapa de instrucción de la causa.