077-M: Desapariciones de Gustavo y Mario Camín, Juan José Galamba, Daniel y Juan Carlos Romero

La infancia, la complicidad eclesiástica y un final anunciado

06/09/2012 | El desarrollo de las audiencias en relación a las desapariciones forzadas de nueve personas durante la segunda quincena de 1978 continúa deparando relaciones y luces sobre los hechos. Sin muestras de buena fe, el sacerdote Oscar Moreno aportó datos sobre el D2 y el grupo de tareas G78. José Ricardo Romero, hijo del desaparecido Daniel Romero, narró por primera vez ante la justicia, el terror que sufrió tres veces, inclusive durante el secuestro de su padre.

Aprietes en democracia

Una vecina del estudio de los desaparecidos Gustavo y Mario Camín y un compañero del último relataron, cómo la justicia militar los increpó en 1986.

Nora Estela Pérez, escribana, trabajó en el estudio que Julio Correas alquilaba a Gustavo Camín en calle Patricias Mendocinas 735, frente al Colegio Notarial. El estudio se situaba en el primer piso, enfrente del departamento donde temporalmente residían los Camín. Nora dijo que Gustavo vivía en San Juan, donde tenía una cantera, y que Mario era esporádicamente frecuentado por compañeros. Ni Pérez ni Correas notaron las puertas violentadas tras las versiones circulantes en el Colegio de escribanos y en el Notarial, acerca de que padre e hijo “fueron detenidos de noche por el Ejército, Mario en la UTN y Gustavo en el cruce de Colón y los rieles (Belgrano)”. Dos meses después, Armando -hermano de Gustavo- habría confirmado a Pérez esa versión.

El 19 de marzo de 1986, Nora declaró “bajo amenaza” en el VIII Comando de Infantería de montaña, ante el juez de instrucción militar. Se trata de Raúl Juan Rioboo y del suboficial “instructor” Manuel Amaya. El que la intimó fue “un oficial de mayor graduación, con voz de mando, de apellido extranjero, tez blanca, canoso. Dijo que me esperaba el secuestro, lo mismo que a Camín”. A instancias de los querellantes, Pérez reconoció fonéticamente el nombre del coronel Hugo Alfredo Soliveres -integrante de los Consejos de Guerra para la subzona 33 durante la dictadura y a cargo de declaraciones en 1986- como el de quien la amenazó. Al respecto, el fiscal Dante Vega solicitó su compulsa, tal como ocurrió tras el testimonio brindado por Eugenio Paris -el 10 de enero de 2011, en razón del anterior Juicio- donde se denotaron las extralimitaciones del accionar “judicial” de Soliveres.

Juan José Dotta compartió con Mario Camín algún cursado en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Cuyo -UTN-. A los ya sindicados como líderes de agrupaciones de ultraderecha que operaban para las fuerzas armadas sobre los estudiantes, Burlot y Seijóo -al que incluso “como funcionario” vio amenazar a un profesor-, agregó el de Ballardi. Al igual que la testigo Pérez ante la justicia militar en el Comando y en 1986, Dotta fue “increpado con una reacción dura del juez por no haber dicho inmediatamente que recordaba a Camín. Se incorporó y me puso en la cara la lista de asistencia de un curso de la UTN en el que ambos figurábamos”. El juez, uniformado, “no preguntó (a Dotta) quiénes pudieron haberlo secuestrado”, remitió el fiscal Vega.

Eduardo Argentino Morales, ex alumno de la UTN, durante 1975 y 1976 hizo el Servicio militar obligatorio. El 12 de junio de 1976, día que culminaba la "colimba", el ingeniero agrimensor fue arrestado. En ocasión del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, describió el marco político que reinaba en la UTN, agrupaciones que actuaban allí, organizaciones de derecha que armaban "listas negras".

En este testimonio ratificó que conoció a Juan José Galamba, Margarita Dolz, Víctor Hugo Herrera -“Tonio”-, Mario Camín, en la facultad, compartieron reuniones sociales y de amistad. Morales recuperó su libertad el 19 de mayo de 1978. Días después conoció el destino de sus amigos.

Instrucciones contra subversivos

Oscar Moreno -capellán de la Policía de Mendoza entre 1966 y 1988-, dio clases junto a Carlos Rico en el Centro de Instrucción Antisubversiva y estuvo próximo al horror del D2 en 1978. El testimonio del sacerdote estuvo más cercano a un amén. Por la desaparición forzada de Juan José Galamba se presentó una testigo ocular del armado del operativo.

Matilde Capriglione de Rueda, era vecina de Sebastián Molina -compartían medianera por el fondo- cuando secuestraron de su domicilio a Juan José Galamba, el 28 de mayo de 1978. La mañana de ese domingo, Matilde y su familia salían de paseo cuando percibieron un sigiloso operativo rodeando la casa contigua por los techos del vecindario: “Estábamos asustados, muchos militares con graduaciones, armados, con uniformes y camionetas verdes, pidieron los documentos de toda mi familia y nos preguntaron por un muchacho que venía de Tucumán”. Molina, su mujer y su hija pequeña estaban ausentes. En la casa quedaban Carlos Gabriel y Miguel Ángel, también hijos del matrimonio. Por comentarios de otros vecinos, Matilde supo que “al chico que tenía Molina lo cargaron y se lo llevaron”. Un rato antes, la voz de mando del grupo de tareas había ordenado al marido de la testigo: “pueden irse, vayan tranquilos”.

Oscar Moreno es sacerdote jubilado. Fue capellán de la Policía de Mendoza durante 22 años. Cesó sus actividades con el cargo de Sub-comisario. Fue docente en la Escuela de Cadetes, en la de Suboficiales y en la Superior. A pedido de Carlos Rico, otro instructor, también dictó clases, y fue distinguido por ello, en el Centro de Instrucción Antisubversiva. “Moral Combativa” fue el nombre de ese curso: consta en documentación que recibió un salario pagado, en parte, por la Fuerza Aérea.

Acerca de la conformación del grupo de tareas G78, Moreno dijo que recordaba “un grupo que se formó un oficial, Carlos Rico, para el Mundial 78” aunque no le reconoció vinculación con la denominada “lucha contra la subversión”. “En un momento de la subversión”, según dijo el mismo sacerdote, pidió hablar con los detenidos que había en el D2. Juan Agustín Oyarzábal se lo negó porque “los presos que habían eran del Ejército y la policía sólo prestaba los calabozos”. El juez Roberto Burad le preguntó si a quienes quiso ver en los calabozos de D2 eran denominados subversivos: “Y, seguramente, Doctor”, respondió Moreno.

Además de guía espiritual, a Moreno lo llamaban cuando había “problemas” de “disciplina” o “falta de respeto por la autoridad” y él “explicaba cómo era la subordinación en la repartición”. Dio cuenta de que conoció, como agentes de la fuerza, a Carlos Rico, Juan Agustín Oyarzábal, Aldo Bruno Pérez, Alcides París Francisca -“agente de la Aeronáutica”-, Armando Fernández -“que debe haber sido mi cadete, Señor”-, Ricardo Miranda. A Eduardo Smaha lo recordó cuando dio clases en la Escuela de Cadetes. Adolfo José Siniscalchi fue su colega durante la "instrucción antisubversiva".

Sobre si se hacían operativos en la calle, Moreno dijo que sólo conocía los que hacían “contra las prostitutas”. Dijo que no escuchó nunca que hicieran contra la “subversión”. Entonces, ¿cómo sabía que eran “subversivos los detenidos del D2?” preguntó Burad. Palabras enredadas fueron su respuesta.

El ensañamiento

José Ricardo Romero prestó testimonio en relación al secuestro y desaparición de su padre. Contó lo vivido el 24 de mayo de 1978, cuando se llevaron a Daniel Romero, y también hechos anteriores que marcaron el destino de su padre y la infancia de José. También se escuchó a Teresa Bustos, vecina de Juan Carlos Romero, desaparecido, hermano de Daniel.

Teresa Elena Bustos era vecina de la familia de Juan Carlos Romero. El 28 de mayo de 1978 -día que secuestran a Juan Carlos de su domicilio en Las Heras-, entre las 23 y las 24 horas, Bustos llegaba a su casa con sus hijos y vio dos coches vacíos estacionados en la puerta, al lado de la casa de los Romero. Minutos después sintió una voz de “mando” que le ordenó entrar a la casa y quedarse con las luces apagadas. El 31 de mayo de 1978, citada por la policía como testigo de los hechos, tras la denuncia hecha por la esposa de Juan Carlos, dijo que en uno de los autos “podría haber una pareja”. Ante el Tribunal dijo nunca haberlo declarado.

José Ricardo Romero presenció el operativo que derivó en la desaparición de Daniel, el 24 de mayo de 1978. Explicó que esa noche, en su casa ubicada en Ecuador y Gomensoro, había mucha gente porque allí funcionaba un bar que manejaba su madre, Dulce Quintana. Entró violentamente un grupo de personas encapuchados y armados e hicieron tirarse al piso a los presentes. José estaba con su madre y su hermano de 4 años en la habitación. Hasta allí llegó uno de los secuestradores, apuntó a la cabeza de la mujer y la amenazó: "¡Quedate callada porque si no te agarro a estos guachos y te los mato!". Tras la retirada del grupo de tareas, Dulce se levantó, salió a la calle y vio que en la esquina doblaba un auto gris con su marido adentro. Encontró a un vecino que sacó su camioneta y salieron atrás del auto gris y otro de color verde, que tomaron la Costanera. A la altura del viejo Aeropuerto -donde funciona la IV Brigada Aérea-, frente al cual vivía Juan Carlos Romero y su familia, Dulce alertó: "¡Van para la casa del Chacho! (por Juan Carlos). Los secuestradores ingresaron al Aeropuerto. Esa misma noche un grupo de tareas entró en el domicilio de Juan Carlos, cuatro días después corrió la misma suerte que su hermano.

José Ricardo relató episodios anteriores al secuestro. A comienzos de 1978 una patota policial se llevó a Daniel, que volvió luego de varias horas. Algunos uniformados, otros de civil, cometieron destrozos y saqueos en la casa de la familia.

En una segunda oportunidad, José iba con su padre en moto y fueron interceptados por una camioneta blanca. Los llevaron a la Comisaría 9na. Pusieron a Daniel en medio de un patio, en ropa interior. José lo miraba desde un banquito en la puerta de ingreso al patio. Comenzaron a interrogar a su padre. Un hombre de campera negra, pelo canoso, ojos verdes y un anillo "cuadrado grande" con un escudo, palmeó al niño en la cabeza y le dijo: "Vas a ver cómo lo hacemos mierda a este pelotudo". José lo reconoció luego como el que llevaba la voz de mando en el operativo de secuestro.

El mismo hombre amenazó a Daniel y con otro comenzaron a golpearlo. Un tercero propuso cambiar a José Ricardo de lugar. Allí escuchaba pero no veía. Pasaron unas horas, llevaron al niño al cordón de la vereda. Daniel salió muy maltratado y se fue a su casa con el hijo. Al ver la situación, Dulce discutió con él y mencionó que eso tenía que ver con "El Rubio".

José Ricardo Romero: operativo previo al secuestro de Daniel Romero


José Ricardo Romero: sobre el secuestro de Daniel Romero

Prisión preventiva. 077-M: Testimonios de Elba Morales y Carlos Venier (h)

Acusados en libertad

09-08-2012 | La solicitud de detención hecha por las querellas para los procesados libres fue denegada por el Tribunal. Testimonios en relación a la Causa 077-M: Elba Morales (MEDH) y Carlos Venier (h), abogado.

El Tribunal se expidió en la tercera audiencia del juicio acerca de los pedidos de Fiscalía y Querellas sobre la prisión preventiva para los procesados. Resolvió no hacer lugar “por no mediar circunstancias que justifiquen modificar la actual situación de los imputados”.

Andrea Duranti, Alejo Amuchástegui -defensores oficiales- y Ariel Civit -representante de Fernando Morellato-, habían pronunciado ya su oposición, basándose en la incongruencia acerca de la posibilidad de fuga. Agregaron que sus defendidos “se atienen a derecho, asisten a todas las audiencias y exámenes médicos, no entorpecen ni obstaculizan el accionar de la justicia”. Acerca de las amenazas al Juez Roberto Burad consideraron que no hay relación de elementos vinculantes con los defendidos. También se arguyó el precario estado de salud general y la falta de infraestructura del Servicio Penitenciario Federal para alojarlos. “No hay peligro grave concreto, no a lugar a la prisión preventiva”.

La Defensa tampoco aceptó las “reformulaciones” de las calificaciones legales. La Dra. Duranti puso en cuestión el principio de congruencia que es la base para reformular acusaciones. El Tribunal se expedirá al respecto el jueves 23 de agosto, cuando se retome el debate. En esa audiencia también comparecerán todos los imputados, para conocer las resoluciones que se desprenderán y reiterarles el derecho a expresarse en declaración indagatoria o abstenerse.

Repasamos: 10 imputados, 6 grupos de causas, 23 personas desaparecidas, 4 privadas ilegítimamente de su libertad -agravada-, un menor secuestrado. Treinta y seis años después. De los 10 imputados -siempre por delitos de lesa humanidad- 2 cumplen condena por el juicio anterior y otros 2 prisión preventiva, domiciliaria. Los otros 6 están libres, seguirán en libertad. 7 de 10 no “comparecen en Sala”: 6 más el procesado Furió -a veces- lo presencian vía teleconferencia. Siempre por delitos de lesa humanidad, motivos –antecedentes, riesgo de eventuales prófugos, hay.

Carlos Alberto Venier (h): El escrito de 1986

Abogado en ejercicio. De los procesados, reconoció a Juan Oyarzábal y a Armando Fernández Miranda, por haberlos denunciado. Venier presentó en 1986 un escrito representando a familiares de víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza hacia mayo de 1978. El trabajo, efectuado con Elba Morales del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), consistió en la recopilación de testimonios de allegados a ese grupo de personas y su posterior conformación jurídica. Constataron que, salvo casos aislados, desde diciembre de 1977 no se aplicó el rigor represivo, como en los casos integrados en esta causa y otros. Es decir, dan cuenta de un recrudecimiento de la violencia sobre un grupo, en un momento determinado.

Cuando se presentó el escrito, no era posible aludir directamente a la pertenencia partidaria de las víctimas, “no se hablaba de militancia, la conocíamos”. La investigación retoma el itinerario de Juan José Galamba desde fines del 77, en la clandestinidad, entre Mendoza y San Juan, en diversos domicilios, a partir de mediados de 1976, tras escapar de un operativo. La investigación apunta a que “el orden y el plazo en que se dieron los secuestros refuerza la hipótesis del seguimiento que sobre Galamba se hacía”. Venier recalcó que las víctimas de esos días: “todos ellos desaparecidos, lo fueron con las peores consecuencias posibles”.

Elba Morales: “La calma absoluta”

Tras el juicio a las Juntas se generó en Mendoza, impulsada por familiares de las víctimas, el trabajo de investigación para promover juicios por desapariciones forzadas de personas y demás delitos cometidos por la dictadura. El MEDH, y Elba Morales -una de sus referentes-, se convirtieron entonces en herramienta fundamental. Con el objetivo de reconstruir causas para poder denunciar, se trabajó en base al relato de familiares y sobrevivientes. Se advirtió entonces el funcionamiento del plan sistemático de exterminio: mediante operativos organizados por pertenencia política.

La línea cronológica de los operativos considerados por Morales da cuenta de los períodos en que actuaron fuertemente, y de los llenos y vacíos temporales en el listado de secuestros y desapariciones. En mayo de 1978, cuando se produce una última serie de “ataques”, bajo la misma modalidad, de ciudadanos en relación personal o de militancia, los investigadores judiciales buscan el por qué de la fecha y su finalidad.

Según Morales “el objetivo del operativo era la búsqueda y hallazgo de Juan José Galamba, militante de Montoneros próximo a su conducción”. Galamba, en la clandestinidad desde junio de 1976 -cuando se arrasó la conducción-, logró huir de la “encerrona” en un operativo en inmediaciones de la UTN, en la que fue baleado y apresado Jorge Vargas Álvarez, compañero y conviviente de Juan José.

A partir de allí comienza el largo itinerario de Galamba por sucesivas moradas, en circunstancias de perseguido político: trasladarse a pie entre San Juan y Mendoza, recibir la visita de su hijo en la casa en la que estaba resguardado.

Morales dio precisiones acerca de otras víctimas de entonces que no figuran en el expediente, como Aldo Patroni e Isabel Membrive, secuestrada el 25 de mayo 1978, clandestina desde julio del año anterior, cuando salvó su vida y la de sus hijas, en un operativo dirigido contra Juan Carlos Charparín, en el contexto de la destrucción final de Montoneros. Según su legajo personal, no eliminado por la policía, “se ordenó su captura por ser esposa de Charparín, muerto en la fecha en acción de combate”. Esto permitió desde el MEDH que en su partida de defunción -para los represores NN- figurara su verdadera identidad y fecha de deceso. La reconstrucción evocada: “Charparín parapetado tras un vehículo defendiendo a su familia, Isabel durante dos años en casa particular para resguardarse”. Los recuerdos durante el relato provocaron la valoración de Elba sobre “los actos heroicos que emocionan, de quienes defienden su vida y la de sus hijos frente a tanta cobardía de los grupos armados que los desaparecieron”.

La perspectiva del MEDH da como comprobado que en Mendoza a fines de 1977 la estructura represiva es desmontada (centros clandestinos “levantados”, operativos infrecuentes) o reconfigurada: masivos traslados de presos políticos en todo el país, fusilamientos, inteligencia y operativos más ágiles, concretos, reducidos. La recurrente presencia en los relatos de “personal” y vehículos de Agua y Energía, alrededor de los hechos, es un ejemplo. Ello deriva en la formación del “Grupo especial” G 78 (por decreto), integrado por “especialistas en la lucha antisubversiva” como Carlos Rico, Siniscalchi y Medina, a fin de mantener la “calma absoluta, sin reclamos ni movilización”. En su investigación, Morales establece, además, paralelismos llamativos entre los movimientos nocturnos de las patotas y la cooperación entre la Policía de Mendoza e Infantería.

077-M: Desapariciones de Margarita Dolz y de Raúl Gómez

Sede Mendoza

03-08-2012 | Se abrió la etapa testimonial del debate con la Causa que indaga el accionar represivo del Grupo Especial de Tareas G 78, para silenciar lo que quedara de resistencia ante la dictadura frente al desarrollo del Mundial de fútbol a mediados de 1978. En la “sede” Mendoza, los represores secuestraron a nueve personas, desaparecidas, durante la segunda quincena de mayo. Está imputado Aldo Bruno Pérez, por la fecha Jefe del Departamento de Investigaciones 2 de la Policía de Mendoza. Testimonios en relación a los secuestros y desapariciones de Raúl Gómez Mazzola y Margarita Rosa Dolz.

Norma Liliana Millet: Raúl Gómez y los eslabones

Alrededor de las dos de la mañana del 17 de mayo de 1978 presenció el secuestro de Raúl Gómez, su marido. Fue en la casa de la familia de Liliana en Godoy Cruz, compartida con su hermana y su cuñado. Millet repasó lo vivido a través de otras exposiciones y denuncias. Esa noche, tres o cuatro personas con armas cortas y enmascaradas irrumpieron en el domicilio, maniataron y vendaron a sus habitantes; interrogaron y secuestraron a Gómez. Robaron relojes, bolsas de dormir, documentos, dinero y un rollo de fotos.

En el Libro de registro de la Comisaría 7ma consta mención de la denuncia efectuada por Millet: Su hermana divisó borceguíes, un vecino mencionó un Peugeot blanco, su padre la reiterada presencia días previos de “personal” de Obras Sanitarias merodeando el barrio. De la declaración de la testigo ante la CONADEP, el fiscal Vega destacó que ella reconoció una voz al mando. Roberto Jofré -comisario retirado y suegro de la hermana de Millet- hizo averiguaciones en el D2 sobre el paradero de la víctima. “Hasta aquí llega”, dijo Jofré a Millet que obtuvo como respuesta, “si no quería que le pasara lo mismo que a Gómez”.

La pertenencia política de Raúl estuvo ligada a la Organización Comunista Poder Obrero -OCPO- hasta 1974. Por amistad personal con Margarita Dolz, hasta 1973 en el partido Socialista, también conocieron a Víctor Hugo Herrera y Daniel Romero, desaparecidos en mayo del 78. El Fiscal Vega expuso la hipótesis del abogado Carlos Venier hijo, que considera el caso del también desaparecido Juan José Galamba como punto de contacto de la serie de caídas. Liliana, que dos años antes a pedido de Margarita y Carlos Castorino, había resguardado con su esposo por unos días a Galamba, ya en la clandestinidad, descree de la versión: “Galamba nunca supo dónde estaba la casa, nos hubieran llevado a los dos, yo dije que lo recibiéramos, a lo mejor fue por el decreto o norma para el Mundial, por el cual buscaban a los que quedaban residuales en la lista”.

Cotejando lo narrado por Millet con expedientes y archivos se acentuaron sospechas e hipótesis: El Dr. Salinas conectó el Libro de novedades 269 de Infantería donde consta que el sospechado Carlos Rico y Rubén Villarreal como chofer, salieron de “operativo” el 17 de mayo de 1978 a las 00:40hs, una hora antes del secuestro de Gómez. El Juez Burad solicitó entonces la disponibilidad sobre los listados completos del personal de Infantería, del D2 y de la 8va Brigada de Infantería de Montaña.

Liliana integra Familiares desde agosto de 1978. Su testimoniar pregona desde hace décadas la búsqueda de la Verdad. El Juez Burad la invitó al respecto: “¿Qué entiende que le pasó a su esposo?  -Yo entendí que lo habían matado”. El respeto se apoderó de la Sala.

Testimonios de vecinos

También prestaron declaración Lidia Marta López y Carlos Alberto Ferreira, vecinos de la víctima. López señaló que al levantarse la madrugada del 17 de mayo notó la puerta de la casa de sus vecinos abierta y fue su padre el que acudió a saber qué había pasado, impedido por los policías ya cercando el lugar de los hechos. Su hermana había divisado durante la madrugada un furgón azul de la policía. Por su parte, Ferreira aseguró haber visto un falcon estacionado antes y durante el horario estimado del secuestro de Gómez.

Esos deditos

Antes del cuarto intermedio la audiencia fue interrumpida en varias oportunidades debido a los procesados. Estaba estipulada, a solicitud suya, la declaración de Fernando Morellato: la postergó. El ex oficial de Motorizada provocó en la audiencia inicial a familiares, abogados y fotógrafos con gesticulaciones agresivas. Reiteró su cobarde actitud: amenazó con el típico ademán con el que los represores “marcaban” a las víctimas. Y nada menos que a dos compañeras ex presas presentes. Evidenciado por los querellantes, el Presidente Macías reprendió tales conductas. Luego el abogado de Morellato pidió que su defendido presencie sólo la causa por la cual está imputado. El Tribunal accedió, Morellato caminó hacia la salida. Otro proceder desafiante tuvo Paulino Furió, hoy sí presente vía teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura: argumentó el mismo derecho citando el artículo 18 de la Constitución Nacional, en un elocuente reflejo tras los valores democráticos que avasalló. La pantalla se desconectó. Hoy en plena vigencia de los Derechos Humanos y la legalidad, en la que Furió y Morellato están incluidos, sus dedos sirven para ser pintados por la Justicia.

Héctor Alejandro Dolz: Margarita, 1978

Dolz fue el primer testigo citado para establecer certezas sobre la vida, el secuestro y la desaparición de Margarita Rosa Dolz. Primos hermanos según los registros, hermanos por circunstancias de la vida que hicieron que ambos crecieran en el mismo hogar. Compartieron crianza, ideales y anhelos.

Acerca de los hechos ocurridos la noche que se llevaron a Margarita, Alejandro describió lo que Carlos Castorino, esposo de la joven, contó a él y a su familia que en ese momento residían en Buenos Aires. Supo entonces que la noche del 17 de mayo de 1978, a las 23 horas aproximadamente, un grupo de hombres de civil, que se presentó como miembros de la Policía Federal, irrumpió en la casa, sacó a Margarita y encerró en el baño a sus dos hijas y la niñera. Sus padres viajaron inmediatamente e hicieron todo lo que estaba a su alcance. Intentos inútiles, al silencio y miedo de la época se les plegaba la “algarabía” del Mundial en ciernes.

Sobre aquellas fatales jornadas dijo que el hecho los tomó por sorpresa: en 1978 la actividad política en Mendoza “estaba bajo cero”. “La actividad política se fue matando de a poco, meses después de marzo del 76 estaba todo resuelto”, precisó Alejandro. Según su lectura, los secuestros de Margarita, Raúl Gómez y el resto de sus compañeros fue parte de un operativo represivo para asegurar el silencio durante el Mundial.

Margarita fue parte del Partido Socialista e integró como adherente, junto a Gómez y Dolz, la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Dolz señaló que toda esa actividad se concentró entre 1973 y 1975 y que Margarita tenía inclinación por los ideales socialistas desde un razonamiento filosófico. También recordó su sentido de la solidaridad y contó que el matrimonio en reiteradas veces dio refugio a militantes perseguidos. Sin embargo no pudo asegurar, como se supone, que Juan José Galamba haya parado en esa casa.

Por requerimiento del Juez Burad, Dolz expuso cuáles eran los objetivos del ideario socialista con los que comulgaban él y su hermana y remarcó que jamás se pensó dar un golpe al orden democrático. En referencia a los reiterados golpes de Estado acaecidos en nuestra historia dijo que se debía a “una mecánica de subversión de la democracia instaurada, instalada y desarrollada por las Fuerzas Armadas”.

-Entonces ¿quiénes eran los subversivos para usted?

-Las Fuerzas Armadas, señor Juez.

Entre los aplausos de toda la sala, González Macías informó que requerirá el testimonio de la mujer que cuidaba de las hijas de Margarita y Carlos.