Acusados en libertad
09-08-2012 | La solicitud de detención hecha por las querellas para los procesados libres fue denegada por el Tribunal. Testimonios en relación a la Causa 077-M: Elba Morales (MEDH) y Carlos Venier (h), abogado.
El Tribunal se expidió en la tercera audiencia del juicio acerca de los pedidos de Fiscalía y Querellas sobre la prisión preventiva para los procesados. Resolvió no hacer lugar “por no mediar circunstancias que justifiquen modificar la actual situación de los imputados”.
Andrea Duranti, Alejo Amuchástegui -defensores oficiales- y Ariel Civit -representante de Fernando Morellato-, habían pronunciado ya su oposición, basándose en la incongruencia acerca de la posibilidad de fuga. Agregaron que sus defendidos “se atienen a derecho, asisten a todas las audiencias y exámenes médicos, no entorpecen ni obstaculizan el accionar de la justicia”. Acerca de las amenazas al Juez Roberto Burad consideraron que no hay relación de elementos vinculantes con los defendidos. También se arguyó el precario estado de salud general y la falta de infraestructura del Servicio Penitenciario Federal para alojarlos. “No hay peligro grave concreto, no a lugar a la prisión preventiva”.
La Defensa tampoco aceptó las “reformulaciones” de las calificaciones legales. La Dra. Duranti puso en cuestión el principio de congruencia que es la base para reformular acusaciones. El Tribunal se expedirá al respecto el jueves 23 de agosto, cuando se retome el debate. En esa audiencia también comparecerán todos los imputados, para conocer las resoluciones que se desprenderán y reiterarles el derecho a expresarse en declaración indagatoria o abstenerse.
Repasamos: 10 imputados, 6 grupos de causas, 23 personas
desaparecidas, 4 privadas ilegítimamente de su libertad -agravada-, un menor secuestrado.
Treinta y seis años después. De los 10 imputados -siempre por delitos de lesa
humanidad- 2 cumplen condena por el juicio anterior y otros 2 prisión
preventiva, domiciliaria. Los otros 6 están libres, seguirán en libertad. 7 de
10 no “comparecen en Sala”: 6 más el procesado Furió -a veces- lo presencian
vía teleconferencia. Siempre por delitos de lesa humanidad, motivos
–antecedentes, riesgo de eventuales prófugos, hay.
Carlos Alberto Venier (h): El escrito de 1986
Abogado en ejercicio. De los procesados, reconoció a Juan Oyarzábal y a Armando Fernández Miranda, por haberlos denunciado. Venier presentó en 1986 un escrito representando a familiares de víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza hacia mayo de 1978. El trabajo, efectuado con Elba Morales del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), consistió en la recopilación de testimonios de allegados a ese grupo de personas y su posterior conformación jurídica. Constataron que, salvo casos aislados, desde diciembre de 1977 no se aplicó el rigor represivo, como en los casos integrados en esta causa y otros. Es decir, dan cuenta de un recrudecimiento de la violencia sobre un grupo, en un momento determinado.
Cuando se presentó el escrito, no era posible aludir directamente a la pertenencia partidaria de las víctimas, “no se hablaba de militancia, la conocíamos”. La investigación retoma el itinerario de Juan José Galamba desde fines del 77, en la clandestinidad, entre Mendoza y San Juan, en diversos domicilios, a partir de mediados de 1976, tras escapar de un operativo. La investigación apunta a que “el orden y el plazo en que se dieron los secuestros refuerza la hipótesis del seguimiento que sobre Galamba se hacía”. Venier recalcó que las víctimas de esos días: “todos ellos desaparecidos, lo fueron con las peores consecuencias posibles”.
Elba Morales: “La calma absoluta”
Tras el juicio a las Juntas se generó en Mendoza, impulsada por familiares de las víctimas, el trabajo de investigación para promover juicios por desapariciones forzadas de personas y demás delitos cometidos por la dictadura. El MEDH, y Elba Morales -una de sus referentes-, se convirtieron entonces en herramienta fundamental. Con el objetivo de reconstruir causas para poder denunciar, se trabajó en base al relato de familiares y sobrevivientes. Se advirtió entonces el funcionamiento del plan sistemático de exterminio: mediante operativos organizados por pertenencia política.
La línea cronológica de los operativos considerados por Morales da cuenta de los períodos en que actuaron fuertemente, y de los llenos y vacíos temporales en el listado de secuestros y desapariciones. En mayo de 1978, cuando se produce una última serie de “ataques”, bajo la misma modalidad, de ciudadanos en relación personal o de militancia, los investigadores judiciales buscan el por qué de la fecha y su finalidad.
Según Morales “el objetivo del operativo era la búsqueda y hallazgo de Juan José Galamba, militante de Montoneros próximo a su conducción”. Galamba, en la clandestinidad desde junio de 1976 -cuando se arrasó la conducción-, logró huir de la “encerrona” en un operativo en inmediaciones de la UTN, en la que fue baleado y apresado Jorge Vargas Álvarez, compañero y conviviente de Juan José.
A partir de allí comienza el largo itinerario de Galamba por sucesivas moradas, en circunstancias de perseguido político: trasladarse a pie entre San Juan y Mendoza, recibir la visita de su hijo en la casa en la que estaba resguardado.
Morales dio precisiones acerca de otras víctimas de entonces que no figuran en el expediente, como Aldo Patroni e Isabel Membrive, secuestrada el 25 de mayo 1978, clandestina desde julio del año anterior, cuando salvó su vida y la de sus hijas, en un operativo dirigido contra Juan Carlos Charparín, en el contexto de la destrucción final de Montoneros. Según su legajo personal, no eliminado por la policía, “se ordenó su captura por ser esposa de Charparín, muerto en la fecha en acción de combate”. Esto permitió desde el MEDH que en su partida de defunción -para los represores NN- figurara su verdadera identidad y fecha de deceso. La reconstrucción evocada: “Charparín parapetado tras un vehículo defendiendo a su familia, Isabel durante dos años en casa particular para resguardarse”. Los recuerdos durante el relato provocaron la valoración de Elba sobre “los actos heroicos que emocionan, de quienes defienden su vida y la de sus hijos frente a tanta cobardía de los grupos armados que los desaparecieron”.
La perspectiva del MEDH da como comprobado que en Mendoza a fines de 1977 la estructura represiva es desmontada (centros clandestinos “levantados”, operativos infrecuentes) o reconfigurada: masivos traslados de presos políticos en todo el país, fusilamientos, inteligencia y operativos más ágiles, concretos, reducidos. La recurrente presencia en los relatos de “personal” y vehículos de Agua y Energía, alrededor de los hechos, es un ejemplo. Ello deriva en la formación del “Grupo especial” G 78 (por decreto), integrado por “especialistas en la lucha antisubversiva” como Carlos Rico, Siniscalchi y Medina, a fin de mantener la “calma absoluta, sin reclamos ni movilización”. En su investigación, Morales establece, además, paralelismos llamativos entre los movimientos nocturnos de las patotas y la cooperación entre la Policía de Mendoza e Infantería.
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