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viernes, 15 de febrero de 2013

077-M. Desapariciones de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Alegato IV: MEDH y Alegato V: La Defensa

 “Se llevaron a los mejores”
14-02-2013 | El Doctor Pablo Salinas amplió el alegato del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que la semana pasada ofreció su colega Diego Lavado en relación a nueve personas desaparecidas en mayo de 1978. Acompañado de fotografías y textos en referencia a Juan José Galamba -militante montonero y perseguido político desde 1976, con quien más se ensañaron los grupos de tareas y que finalmente fue secuestrado y desaparecido el 28 de mayo de 1978- Salinas repasó en general la estructura organizativa del terrorismo de Estado y señaló los responsables de la impunidad en Mendoza. También destacó la lucha del MEDH y los Organismos de Derechos Humanos.

El representante del MEDH plasmó, además, investigaciones que dan cuenta de la responsabilidad de quienes actuaban en la Policía y el Ejército en aquellos meses (a partir de las pruebas contra el imputado Aldo Patrocinio Bruno, a la fecha jefe del D2) y movilizó al Tribunal y al público con sus apreciaciones respecto a “nuestros compañeros” y el delito que los genocidas continúan perpetrando al no revelar el destino de sus restos.

En cuanto a la existencia y consecuencias del plan sistemático de represión, Salinas afirmó: “Existió un orden clandestino tanto en sus aspectos genéricos como específicos. Este esquema normativo es la prueba de la represión ilegal. El terrorismo de Estado implantó la desaparición de personas, la tortura y la persecución política con conocimiento de su ilicitud, porque dentro de las funciones que se atribuyeron los mismos miembros, “el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas en la guerra librada constituyeron actos de servicio” (documento final de la junta militar), “no están contempladas” -según el Código de justicia militar- ni “la tortura, ni la desaparición forzada de personas, ni el saqueo”.

“Secuestraban a la gente, la encapuchaban -salvo a quienes iban a matar ese día-, se disfrazaban, vendaban a los detenidos, esto es la prueba de que sabían que lo que hacían era ilegal”, expuso el abogado. Y citó el testimonio de Alfredo Edgar Gómez, que en el juicio anterior reunió la comunión de fuerzas y la relación entre grupos de tareas: “Las demás fuerzas trabajaban con nosotros. Nos usaban a nosotros. Iba personal de Gendarmería, Ejército, Fuerza Aérea, la SIDE a buscar antecedentes al D2. Ellos trabajaban con nosotros. La Federal también iba, Willy Cardello iba. La mayoría que iba ahí, iba con nombre supuesto. Iba un señor de la SIDE que pedía los prontuarios y sacaba los antecedentes.”

Entre los mayores responsables: Ejército y G2 -Inteligencia militar- (Furió, Dopazo, Gómez Sáa, Migno, Puebla); Fuerza Aérea: Santamaría, Jofré, Carelli, Francisca (jefe policial), Santuccione (jefe policial); “Patota Federal” (Cardelllo, León, Mirota); D2 (Smaha, Fernández, Sánchez Camargo, Miranda, Patrocinio Bruno, Oyarzábal); GE 78 (Carlos Rico, Medina, Siniscalchi); “Justicia cómplice” (Guzzo, Miret, Romano, Carrizo, Petra); solo por mencionar algunos, aclaró el abogado al señalar estas participaciones.

Desde mediados de 1977 “ya no había operativos con ostentación de fuerza y afán de infundir terror”, recordó Salinas; sin embargo fue creado el Grupo Especial 78 (GE 78), que cumplía las mismas funciones de aniquilamiento con mayor sigilo. Y en esa agudización de  los sentidos represores es razonable concluir que les “cae” un dato: en junio de 1976 hubo un prófugo del megaoperativo contra militantes montoneros: Galamba. Desde ese día, ninguna acción les había dado resultado para encontrarlo, les fue escamoteado. Comenzaron, entonces, el operativo de mayo de 1978 por la punta del ovillo de junio de 1976. También parece obvio que las víctimas no sabían dónde estaba para entonces Juan José y se torna evidente que los desaparecidos fueron quienes lo ampararon en 1976 y contaban con algún grado de compromiso político”.

Específicamente en relación al grupo de Causas de mayo de 1978 -investigación propiciada por familiares y el MEDH aún desde la dictadura- Salinas explicó: “Son varias las categorías de actos que constituyen crímenes contra la humanidad y que fueron perpetrados por grupos de tareas de Mendoza: asesinato, exterminio, encarcelamiento, torturas, violaciones, persecuciones por motivos políticos, desaparición forzada. La particularidad de esta Causa es la solidaridad, las personas que se comprometieron. No todo fue colaborar con el terrorismo de Estado, existió otra sociedad solidaria. Por eso, esta no es una simple acusación legal, estamos también construyendo memoria colectiva y esto habla de lo mejor de los mendocinos. Se llevaron a los mejores, persiguieron a Juan José Galamba y en su camino atacaron la solidaridad, atacaron los lazos comunitarios, fueron el eje de la represión. El D2 conducido por Bruno Pérez fue pieza central del terrorismo de Estado. Para Aldo Patrocinio Bruno y el D2 el éxito del operativo fue completo, se ganaron los galones: encontraron un prófugo subversivo, se vengaron de quienes lo habían protegido y arrasaron con un grupo que tenía antecedentes políticos de izquierda. De paso, en el camino encontraron a una prófuga montonera oculta desde julio de 1976 -Isabel Membrive-”.

La reconstrucción de los hechos -los nueve secuestros y desapariciones forzadas en vísperas del mundial de fútbol- por la querella fue similar a la aportada por la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Salinas señaló el grado de persecución extremo al que fue sometido Juan José Galamba durante dos años y la “conexidad” con el resto de los secuestros perpetrados a su entorno: “Galamba se convirtió en un prófugo en el contexto del megaoperativo en contra de Montoneros en junio y julio de 1976, cuando se sucedieron los allanamientos, las detenciones, los secuestros seguidos de desaparición, en la vía pública fueron asesinados Francisco Urondo, Juan Carlos Charparín; se llenó el D2 y en ese centro clandestino los secuestrados asistieron a la tortura y posterior ausencia de muchos compañeros de cautiverio”.

Respecto al grupo detalló: “Resultan dignos de reconstrucción y de admiración los movimientos de este militante clandestino que logró jugar ajedrez frente a la dictadura durante casi dos años. Nunca fue a los lugares posibles donde los servicios de inteligencia lo buscarían. Recurrió a sus amigos, algunos de ellos, de los inicios en el Socialismo que no aparecían abiertamente comprometidos y que lo ayudarían sin dudas, como de hecho ocurrió: participaban de la misma comunidad de ideas, no se encontraban en riesgo aparente, habían trabado amistad en la UTN y en el ámbito político. Eran personas que estaban en sus domicilios habituales, en sus trabajos, en sus estudios: Margarita Dolz y su esposo Carlos Castorino; Raúl Gómez y su esposa Liliana Millet; Víctor Hugo Herrera, que trabajaba en la ferretería del dirigente socialista José ´Pepe´ Suárez; Mario y Gustavo Camín. Daniel Romero fue nexo entre ambos grupos, procedía del socialismo, estrechamente relacionado con el peronismo, había sido obrero y delegado.

El segundo grupo aparece con otras características. Pertenecen al peronismo, algunos decididamente a Montoneros. También está probado que aportaron en su medida a la supervivencia de Juan José: Gisela Tenenbaum y Ana María Moral, los esposos Tenenbaum, Juan Carlos Romero, Sebastián Molina, Ramón Sosa. Daniel Romero es el referente más constante de dicha supervivencia. Cuando Juan José regresa de la cantera de Camín en San Juan es alojado por Daniel en su casa. Es él quien lo ubica en el horno de ladrillos de su hermano Juan Carlos, militante peronista, un hombre muy humilde para quien la función pública fue un servicio a la comunidad”.

“No se ha probado en el juicio la participación de Aldo Enrique Patroni, quien trabajaba en Cimalco, estaba relacionado con Daniel Romero y pudo ser quien retiró a Juan José de manos de Raúl Gómez, en lugar de Ignacio Mamaní como siempre se creyó, ya que él manifiesta no haberlo hecho. El caso de Patroni deberá investigarse”, lanzó para profundizar Salinas.
Pablo Salinas: Juan José Galamba y la solidaridad


Carta para Juan José
Al final de su alegato, el doctor Pablo Salinas leyó una carta que Natalia Galamba, hija de Juan José, le escribió a ese padre que conoció a través de la reconstrucción de la memoria y del cariño de sus compañeros y compañeras:

“Resististe viejo… Casi dos años resististe persecución, miedo, desesperación… Y aún así no te diste por vencido. Estoy segura de que creías que las cosas se podían mejorar, que otra realidad era posible. Y tuviste amigos y compañeros, que creían lo mismo que vos, y que -como vos- no pensaban en ellos mismos, pensaban en forma colectiva. No era salvarse el propio pellejo, era resistir para salvar el pellejo de todos.

Y el plan sistemático que implementaron estas bestias resultó en cierta forma. ¿Y sabés por qué digo que resultó? Porque hoy a muchos les suena alocado, incomprensible, que alguien pueda jugarse entero por los demás. Esa solidaridad, que para ustedes era natural, espontánea, no necesitaba explicaciones. Y hoy… estamos tratando de explicarla.

No les bastó con encerrarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos. Tenían que asegurarse que el terror perdure; y apuntaron también al miedo a los valores. Pero con lo que no contaron fue con los que quedamos: los familiares, los compañeros que sobrevivieron y que nunca dejaron de pelearla, los que estuvieron acá en este Tribunal reviviendo los peores momentos de sus vidas, para que se haga justicia. Eso… eso también es solidaridad. Y en cada abrazo de ellos que recibo, te abrazo a vos, y siento que no pudieron con nosotros, que hoy estamos ante la posibilidad no sólo de que se haga justicia sino de reivindicar la militancia, el compromiso. Y sobre todo… el amor a la vida, que era lo que los movilizaba.

Muchos fueron quedando en el camino de esta lucha… y,  como ustedes, siguen viviendo en cada uno de los que los conocimos. Hoy no podría estar más orgullosa de vos viejo, y te digo viejo… aunque no te dejaron serlo”.
Pablo Salinas: Natalia Galamba a su padre Juan José


La defensa técnica o las técnicas de la defensa
La defensa oficial del exjefe del D2, Aldo Patrocinio Bruno, rechazó la calificación ampliada que la querella propuso y que sostuvo en los alegatos; reiteró que debe respetarse “la calificación legal primigenia”. Como lo hizo en procesos anteriores, la abogada explicó que “el rol de la defensa oficial es realizar una defensa técnica en estos juicios trascendentales para nuestra sociedad, y asegurar la posibilidad de realización de los mismos”.

Del alegato surge que hay una aceptación de los hechos, del plan sistemático; no se puso en duda el terrorismo de Estado ni la represión ilegal. Sin embargo, solicitó la absolución del único imputado en esta Causa porque no se considera probada -más allá de las pruebas indiciales- su participación directa ni la de sus subordinados en los operativos de secuestro, detención, interrogación, torturas, vigilancia; tampoco que alguna de las nueves víctimas de la Causa hubiesen pasado por el D2. 

Respecto de la Causa 077, la abogada expresó que “siguiendo las hipótesis sostenidas por la fiscalía, basadas en las investigaciones de la señora Elba Morales y el doctor Carlos Venier (h), presentada en 1986, “estas personas fueron detenidas por haber albergado o por haber prestado algún tipo de colaboración a Juan José Galamba” y también para “preservar el orden durante la realización del Mundial de Fútbol Argentina 1978, para lo cual se formó el denominado Grupo Especial 78 (GE 78)”. “Respecto de los hechos”, dijo Duranti, “las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron descriptos por los acusadores fueron corroborados por los testigos y los damos por hecho”.

“La importancia de un juicio como el presente radica en que se activa una situación compleja, porque además de determinar la responsabilidad de determinados actores en un contexto político especial se pretende actualizar la verdad y la justicia como valores pilares de una sociedad democrática”, reafirmó Duranti. Sin embargo, “todo contexto es una variable de análisis más (...) e incluso, una vez comprobada una trama no resulta atribución automática sobre el nivel de participación del sujeto”.

La defensora, en el camino de su argumento, diferenció “verdad histórica”, que es “por definición inverificable, el juez no puede examinar de manera directa el hecho que debe juzgar”; la “verdad procesal”, que es un tipo particular de la “verdad fáctica”, referente a hechos pasados y a la cual se accede mediante pruebas. Entonces, dijo, “se puede afirmar que la verdad procesal fáctica es resultado de una ilación de los hechos probados del pasado con los hechos probatorios del presente”. Y de estos conceptos surge el fundamento principal del pedido de absolución para Bruno: si a partir de esa ilación de tramas “el dilema no es resoluble, prevalece la hipótesis más favorable para el acusado”. La Defensa apeló, así, a la figura de “in dubio pro reo”.

Las pruebas le resultan insuficientes a la defensa, Duranti expresó  que los testigos dieron detalles de los hechos, pero no certezas de las fuerzas intervinientes en los operativos ni de los lugares de detención de las nueves víctimas. Recordemos que la ilegalidad de la represión radica, entre otras cosas, en su clandestinidad.

Excepciones de esos relatos a los que se refirió Duranti son: Ana María del Olio, novia de Mario Camín en 1978 y quien declaró que vio cuando lo ingresaban al D2 la noche del secuestro. A esto, la defensora contestó que ningún otro relato pudo corroborar ese dato. María Isabel Salatino, madre de Víctor Hugo Herrera, hizo un reconocimiento fotográfico en el cual señaló a Smaha, Pinto Vega, Bustos Vasconcelos y Stipech. Duranti rechazó que esos sujetos estuvieran bajo el mando de Bruno en el D2 al momento de los hechos. A esto, la abogada agregó que muchas de las referencias de vestuario de quienes realizaron los operativos de secuestro tienen que ver con fuerzas militares más que policiales, desestimando así la actuación conjunta de las Fuerzas así como la situación de clandestinidad del accionar y la capacidad de disfrazarse que tenían los agentes, justamente, para que no fuesen identificados por los familiares que estaban con el detenido ilegalmente.

Respecto de las declaraciones de ex-agentes policiales que implicaron a Bruno, simplemente la defensa alegó que se trata de testimonios sobre “causas propias” en la cuales asistió el derecho a la no autoincriminación y por eso se deben desestimar.

Sobre la prueba documental -libros de novedades, de intercambio de legajos, etc.- Duranti pretende que sólo da cuenta del cargo que ocupaba Bruno pero no de su participación directa ni de sus subordinados en los operativos. Sobre el pedido de la Fiscalía de incorporar el expediente “Fiscal contra Rusconi”, que consigna detalles del accionar del D2, la defensa se opuso porque alega que se presentó fuera de tiempo; sin embargo probablemente quede incorporado.

viernes, 7 de septiembre de 2012

077-M: Desapariciones de Gustavo y Mario Camín, Juan José Galamba, Daniel y Juan Carlos Romero

La infancia, la complicidad eclesiástica y un final anunciado
06/09/2012 | El desarrollo de las audiencias en relación a las desapariciones forzadas de nueve personas durante la segunda quincena de 1978 continúa deparando relaciones y luces sobre los hechos. Sin muestras de buena fe, el sacerdote Oscar Moreno aportó datos sobre el D2 y el grupo de tareas G78. José Ricardo Romero, hijo del desaparecido Daniel Romero, narró por primera vez ante la justicia, el terror que sufrió tres veces, inclusive durante el secuestro de su padre.

Aprietes en democracia
Una vecina del estudio de los desaparecidos Gustavo y Mario Camín y un compañero del último relataron, cómo la justicia militar los increpó en 1986.
Nora Estela Pérez, escribana, trabajó en el estudio que Julio Correas alquilaba a Gustavo Camín en calle Patricias Mendocinas 735, frente al Colegio Notarial. El estudio se situaba en el primer piso, enfrente del departamento donde temporalmente residían los Camín. Nora dijo que Gustavo vivía en San Juan, donde tenía una cantera, y que Mario era esporádicamente frecuentado por compañeros. Ni Pérez ni Correas notaron las puertas violentadas tras las versiones circulantes en el Colegio de escribanos y en el Notarial, acerca de que padre e hijo “fueron detenidos de noche por el Ejército, Mario en la UTN y Gustavo en el cruce de Colón y los rieles (Belgrano)”. Dos meses después, Armando -hermano de Gustavo- habría confirmado a Pérez esa versión.

El 19 de marzo de 1986, Nora declaró “bajo amenaza” en el VIII Comando de Infantería de montaña, ante el juez de instrucción militar. Se trata de Raúl Juan Rioboo y del suboficial “instructor” Manuel Amaya. El que la intimó fue “un oficial de mayor graduación, con voz de mando, de apellido extranjero, tez blanca, canoso. Dijo que me esperaba el secuestro, lo mismo que a Camín”. A instancias de los querellantes, Pérez reconoció fonéticamente el nombre del coronel Hugo Alfredo Soliveres -integrante de los Consejos de Guerra para la subzona 33 durante la dictadura y a cargo de declaraciones en 1986- como el de quien la amenazó. Al respecto, el fiscal Dante Vega solicitó su compulsa, tal como ocurrió tras el testimonio brindado por Eugenio Paris -el 10 de enero de 2011, en razón del anterior Juicio- donde se denotaron las extralimitaciones del accionar “judicial” de Soliveres.

Juan José Dotta compartió con Mario Camín algún cursado en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Cuyo -UTN-. A los ya sindicados como líderes de agrupaciones de ultraderecha que operaban para las fuerzas armadas sobre los estudiantes, Burlot y Seijóo -al que incluso “como funcionario” vio amenazar a un profesor-, agregó el de Ballardi. Al igual que la testigo Pérez ante la justicia militar en el Comando y en 1986, Dotta fue “increpado con una reacción dura del juez por no haber dicho inmediatamente que recordaba a Camín. Se incorporó y me puso en la cara la lista de asistencia de un curso de la UTN en el que ambos figurábamos”. El juez, uniformado, “no preguntó (a Dotta) quiénes pudieron haberlo secuestrado”, remitió el fiscal Vega.

Eduardo Argentino Morales, ex alumno de la UTN, durante 1975 y 1976 hizo el Servicio militar obligatorio. El 12 de junio de 1976, día que culminaba la "colimba", el ingeniero agrimensor fue arrestado. En ocasión del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, describió el marco político que reinaba en la UTN, agrupaciones que actuaban allí, organizaciones de derecha que armaban "listas negras".
En este testimonio ratificó que conoció a Juan José Galamba, Margarita Dolz, Víctor Hugo Herrera -“Tonio”-, Mario Camín, en la facultad, compartieron reuniones sociales y de amistad. Morales recuperó su libertad el 19 de mayo de 1978. Días después conoció el destino de sus amigos.


Instrucciones contra subversivos
Oscar Moreno -capellán de la Policía de Mendoza entre 1966 y 1988-, dio clases junto a Carlos Rico en el Centro de Instrucción Antisubversiva y estuvo próximo al horror del D2 en 1978. El testimonio del sacerdote estuvo más cercano a un amén. Por la desaparición forzada de Juan José Galamba se presentó una testigo ocular del armado del operativo.

Matilde Capriglione de Rueda, era vecina de Sebastián Molina -compartían medianera por el fondo- cuando secuestraron de su domicilio a Juan José Galamba, el 28 de mayo de 1978. La mañana de ese domingo, Matilde y su familia salían de paseo cuando percibieron un sigiloso operativo rodeando la casa contigua por los techos del vecindario: “Estábamos asustados, muchos militares con graduaciones, armados, con uniformes y camionetas verdes, pidieron los documentos de toda mi familia y nos preguntaron por un muchacho que venía de Tucumán”. Molina, su mujer y su hija pequeña estaban ausentes. En la casa quedaban Carlos Gabriel y Miguel Ángel, también hijos del matrimonio. Por comentarios de otros vecinos, Matilde supo que “al chico que tenía Molina lo cargaron y se lo llevaron”. Un rato antes, la voz de mando del grupo de tareas había ordenado al marido de la testigo: “pueden irse, vayan tranquilos”.

Oscar Moreno es sacerdote jubilado. Fue capellán de la Policía de Mendoza durante 22 años. Cesó sus actividades con el cargo de Sub-comisario. Fue docente en la Escuela de Cadetes, en la de Suboficiales y en la Superior. A pedido de Carlos Rico, otro instructor, también dictó clases, y fue distinguido por ello, en el Centro de Instrucción Antisubversiva. “Moral Combativa” fue el nombre de ese curso: consta en documentación que recibió un salario pagado, en parte, por la Fuerza Aérea.

Acerca de la conformación del grupo de tareas G78, Moreno dijo que recordaba “un grupo que se formó un oficial, Carlos Rico, para el Mundial 78” aunque no le reconoció vinculación con la denominada “lucha contra la subversión”. “En un momento de la subversión”, según dijo el mismo sacerdote, pidió hablar con los detenidos que había en el D2. Juan Agustín Oyarzábal se lo negó porque “los presos que habían eran del Ejército y la policía sólo prestaba los calabozos”. El juez Roberto Burad le preguntó si a quienes quiso ver en los calabozos de D2 eran denominados subversivos: “Y, seguramente, Doctor”, respondió Moreno.

Además de guía espiritual, a Moreno lo llamaban cuando había “problemas” de “disciplina” o “falta de respeto por la autoridad” y él “explicaba cómo era la subordinación en la repartición”. Dio cuenta de que conoció, como agentes de la fuerza, a Carlos Rico, Juan Agustín Oyarzábal, Aldo Bruno Pérez, Alcides París Francisca -“agente de la Aeronáutica”-, Armando Fernández -“que debe haber sido mi cadete, Señor”-, Ricardo Miranda. A Eduardo Smaha lo recordó cuando dio clases en la Escuela de Cadetes. Adolfo José Siniscalchi fue su colega durante la "instrucción antisubversiva".

Sobre si se hacían operativos en la calle, Moreno dijo que sólo conocía los que hacían “contra las prostitutas”. Dijo que no escuchó nunca que hicieran contra la “subversión”. Entonces, ¿cómo sabía que eran “subversivos los detenidos del D2?” preguntó Burad. Palabras enredadas fueron su respuesta.


El ensañamiento
José Ricardo Romero prestó testimonio en relación al secuestro y desaparición de su padre. Contó lo vivido el 24 de mayo de 1978, cuando se llevaron a Daniel Romero, y también hechos anteriores que marcaron el destino de su padre y la infancia de José. También se escuchó a Teresa Bustos, vecina de Juan Carlos Romero, desaparecido, hermano de Daniel.
Teresa Elena Bustos era vecina de la familia de Juan Carlos Romero. El 28 de mayo de 1978 -día que secuestran a Juan Carlos de su domicilio en Las Heras-, entre las 23 y las 24 horas, Bustos llegaba a su casa con sus hijos y vio dos coches vacíos estacionados en la puerta, al lado de la casa de los Romero. Minutos después sintió una voz de “mando” que le ordenó entrar a la casa y quedarse con las luces apagadas. El 31 de mayo de 1978, citada por la policía como testigo de los hechos, tras la denuncia hecha por la esposa de Juan Carlos, dijo que en uno de los autos “podría haber una pareja”. Ante el Tribunal dijo nunca haberlo declarado.

José Ricardo Romero presenció el operativo que derivó en la desaparición de Daniel, el 24 de mayo de 1978. Explicó que esa noche, en su casa ubicada en Ecuador y Gomensoro, había mucha gente porque allí funcionaba un bar que manejaba su madre, Dulce Quintana. Entró violentamente un grupo de personas encapuchados y armados e hicieron tirarse al piso a los presentes. José estaba con su madre y su hermano de 4 años en la habitación. Hasta allí llegó uno de los secuestradores, apuntó a la cabeza de la mujer y la amenazó: "¡Quedate callada porque si no te agarro a estos guachos y te los mato!". Tras la retirada del grupo de tareas, Dulce se levantó, salió a la calle y vio que en la esquina doblaba un auto gris con su marido adentro. Encontró a un vecino que sacó su camioneta y salieron atrás del auto gris y otro de color verde, que tomaron la Costanera. A la altura del viejo Aeropuerto -donde funciona la IV Brigada Aérea-, frente al cual vivía Juan Carlos Romero y su familia, Dulce alertó: "¡Van para la casa del Chacho! (por Juan Carlos). Los secuestradores ingresaron al Aeropuerto. Esa misma noche un grupo de tareas entró en el domicilio de Juan Carlos, cuatro días después corrió la misma suerte que su hermano.

José Ricardo relató episodios anteriores al secuestro. A comienzos de 1978 una patota policial se llevó a Daniel, que volvió luego de varias horas. Algunos uniformados, otros de civil, cometieron destrozos y saqueos en la casa de la familia.

En una segunda oportunidad, José iba con su padre en moto y fueron interceptados por una camioneta blanca. Los llevaron a la Comisaría 9na. Pusieron a Daniel en medio de un patio, en ropa interior. José lo miraba desde un banquito en la puerta de ingreso al patio. Comenzaron a interrogar a su padre. Un hombre de campera negra, pelo canoso, ojos verdes y un anillo "cuadrado grande" con un escudo, palmeó al niño en la cabeza y le dijo: "Vas a ver cómo lo hacemos mierda a este pelotudo". José lo reconoció luego como el que llevaba la voz de mando en el operativo de secuestro.

El mismo hombre amenazó a Daniel y con otro comenzaron a golpearlo. Un tercero propuso cambiar a José Ricardo de lugar. Allí escuchaba pero no veía. Pasaron unas horas, llevaron al niño al cordón de la vereda. Daniel salió muy maltratado y se fue a su casa con el hijo. Al ver la situación, Dulce discutió con él y mencionó que eso tenía que ver con "El Rubio".

José Ricardo Romero: operativo previo al secuestro de Daniel Romero


José Ricardo Romero: sobre el secuestro de Daniel Romero

sábado, 4 de agosto de 2012

077-M: Desapariciones de Margarita Dolz y de Raúl Gómez

Sede Mendoza
03-08-2012 | Se abrió la etapa testimonial del debate con la Causa que indaga el accionar represivo del Grupo Especial de Tareas G 78, para silenciar lo que quedara de resistencia ante la dictadura frente al desarrollo del Mundial de fútbol a mediados de 1978. En la “sede” Mendoza, los represores secuestraron a nueve personas, desaparecidas, durante la segunda quincena de mayo. Está imputado Aldo Bruno Pérez, por la fecha Jefe del Departamento de Investigaciones 2 de la Policía de Mendoza. Testimonios en relación a los secuestros y desapariciones de Raúl Gómez Mazzola y Margarita Rosa Dolz.

Norma Liliana Millet: Raúl Gómez y los eslabones
Alrededor de las dos de la mañana del 17 de mayo de 1978 presenció el secuestro de Raúl Gómez, su marido. Fue en la casa de la familia de Liliana en Godoy Cruz, compartida con su hermana y su cuñado. Millet repasó lo vivido a través de otras exposiciones y denuncias. Esa noche, tres o cuatro personas con armas cortas y enmascaradas irrumpieron en el domicilio, maniataron y vendaron a sus habitantes; interrogaron y secuestraron a Gómez. Robaron relojes, bolsas de dormir, documentos, dinero y un rollo de fotos.

En el Libro de registro de la Comisaría 7ma consta mención de la denuncia efectuada por Millet: Su hermana divisó borceguíes, un vecino mencionó un Peugeot blanco, su padre la reiterada presencia días previos de “personal” de Obras Sanitarias merodeando el barrio. De la declaración de la testigo ante la CONADEP, el fiscal Vega destacó que ella reconoció una voz al mando. Roberto Jofré -comisario retirado y suegro de la hermana de Millet- hizo averiguaciones en el D2 sobre el paradero de la víctima. “Hasta aquí llega”, dijo Jofré a Millet que obtuvo como respuesta, “si no quería que le pasara lo mismo que a Gómez”.

La pertenencia política de Raúl estuvo ligada a la Organización Comunista Poder Obrero -OCPO- hasta 1974. Por amistad personal con Margarita Dolz, hasta 1973 en el partido Socialista, también conocieron a Víctor Hugo Herrera y Daniel Romero, desaparecidos en mayo del 78. El Fiscal Vega expuso la hipótesis del abogado Carlos Venier hijo, que considera el caso del también desaparecido Juan José Galamba como punto de contacto de la serie de caídas. Liliana, que dos años antes a pedido de Margarita y Carlos Castorino, había resguardado con su esposo por unos días a Galamba, ya en la clandestinidad, descree de la versión: “Galamba nunca supo dónde estaba la casa, nos hubieran llevado a los dos, yo dije que lo recibiéramos, a lo mejor fue por el decreto o norma para el Mundial, por el cual buscaban a los que quedaban residuales en la lista”.

Cotejando lo narrado por Millet con expedientes y archivos se acentuaron sospechas e hipótesis: El Dr. Salinas conectó el Libro de novedades 269 de Infantería donde consta que el sospechado Carlos Rico y Rubén Villarreal como chofer, salieron de “operativo” el 17 de mayo de 1978 a las 00:40hs, una hora antes del secuestro de Gómez. El Juez Burad solicitó entonces la disponibilidad sobre los listados completos del personal de Infantería, del D2 y de la 8va Brigada de Infantería de Montaña.

Liliana integra Familiares desde agosto de 1978. Su testimoniar pregona desde hace décadas la búsqueda de la Verdad. El Juez Burad la invitó al respecto: “¿Qué entiende que le pasó a su esposo?  -Yo entendí que lo habían matado”. El respeto se apoderó de la Sala.

Testimonios de vecinos
También prestaron declaración Lidia Marta López y Carlos Alberto Ferreira, vecinos de la víctima. López señaló que al levantarse la madrugada del 17 de mayo notó la puerta de la casa de sus vecinos abierta y fue su padre el que acudió a saber qué había pasado, impedido por los policías ya cercando el lugar de los hechos. Su hermana había divisado durante la madrugada un furgón azul de la policía. Por su parte, Ferreira aseguró haber visto un falcon estacionado antes y durante el horario estimado del secuestro de Gómez.

Esos deditos
Antes del cuarto intermedio la audiencia fue interrumpida en varias oportunidades debido a los procesados. Estaba estipulada, a solicitud suya, la declaración de Fernando Morellato: la postergó. El ex oficial de Motorizada provocó en la audiencia inicial a familiares, abogados y fotógrafos con gesticulaciones agresivas. Reiteró su cobarde actitud: amenazó con el típico ademán con el que los represores “marcaban” a las víctimas. Y nada menos que a dos compañeras ex presas presentes. Evidenciado por los querellantes, el Presidente Macías reprendió tales conductas. Luego el abogado de Morellato pidió que su defendido presencie sólo la causa por la cual está imputado. El Tribunal accedió, Morellato caminó hacia la salida. Otro proceder desafiante tuvo Paulino Furió, hoy sí presente vía teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura: argumentó el mismo derecho citando el artículo 18 de la Constitución Nacional, en un elocuente reflejo tras los valores democráticos que avasalló. La pantalla se desconectó. Hoy en plena vigencia de los Derechos Humanos y la legalidad, en la que Furió y Morellato están incluidos, sus dedos sirven para ser pintados por la Justicia.

Héctor Alejandro Dolz: Margarita, 1978
Dolz fue el primer testigo citado para establecer certezas sobre la vida, el secuestro y la desaparición de Margarita Rosa Dolz. Primos hermanos según los registros, hermanos por circunstancias de la vida que hicieron que ambos crecieran en el mismo hogar. Compartieron crianza, ideales y anhelos.

Acerca de los hechos ocurridos la noche que se llevaron a Margarita, Alejandro describió lo que Carlos Castorino, esposo de la joven, contó a él y a su familia que en ese momento residían en Buenos Aires. Supo entonces que la noche del 17 de mayo de 1978, a las 23 horas aproximadamente, un grupo de hombres de civil, que se presentó como miembros de la Policía Federal, irrumpió en la casa, sacó a Margarita y encerró en el baño a sus dos hijas y la niñera. Sus padres viajaron inmediatamente e hicieron todo lo que estaba a su alcance. Intentos inútiles, al silencio y miedo de la época se les plegaba la “algarabía” del Mundial en ciernes.


Sobre aquellas fatales jornadas dijo que el hecho los tomó por sorpresa: en 1978 la actividad política en Mendoza “estaba bajo cero”. “La actividad política se fue matando de a poco, meses después de marzo del 76 estaba todo resuelto”, precisó Alejandro. Según su lectura, los secuestros de Margarita, Raúl Gómez y el resto de sus compañeros fue parte de un operativo represivo para asegurar el silencio durante el Mundial.

Margarita fue parte del Partido Socialista e integró como adherente, junto a Gómez y Dolz, la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Dolz señaló que toda esa actividad se concentró entre 1973 y 1975 y que Margarita tenía inclinación por los ideales socialistas desde un razonamiento filosófico. También recordó su sentido de la solidaridad y contó que el matrimonio en reiteradas veces dio refugio a militantes perseguidos. Sin embargo no pudo asegurar, como se supone, que Juan José Galamba haya parado en esa casa.

Por requerimiento del Juez Burad, Dolz expuso cuáles eran los objetivos del ideario socialista con los que comulgaban él y su hermana y remarcó que jamás se pensó dar un golpe al orden democrático. En referencia a los reiterados golpes de Estado acaecidos en nuestra historia dijo que se debía a “una mecánica de subversión de la democracia instaurada, instalada y desarrollada por las Fuerzas Armadas”.
-Entonces ¿quiénes eran los subversivos para usted?
-Las Fuerzas Armadas, señor Juez.
Entre los aplausos de toda la sala, González Macías informó que requerirá el testimonio de la mujer que cuidaba de las hijas de Margarita y Carlos.