17-09-2013 | El Tribunal Oral Federal N° 1 de Ciudad anunció que el próximo 11 de noviembre comenzará un nuevo Juicio por delitos de lesa humanidad. Según la versión oficial, el debate será por una sola causa y un solo imputado, mientras que los Organismos de Derechos Humanos, los abogados querellantes y el Ministerio Fiscal bregan por la inclusión de un número mayor de causas ya listas para ser tratadas.
María Domínguez en la Escuela Martín Zapata, el 13 de septiembre, en el homenaje a Walter, su hijo desaparecido. El próximo jueves 19, tras el acompañamiento a Madres en plaza San Martín, se convoca a Tribunales Federales. El reclamo es por la unificación de los juicios para noviembre y la incansable búsqueda por el destino de las y los compañeros. A las 12 en Pedro Molina y España.
El vocero oficial del Tribunal confirmó que se abordarán las detenciones y torturas de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea (fallecido), acaecidas en la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII. En este caso el único imputado es Enrique Gómez Saa, miembro de la División Inteligencia del Ejército.
Los hechos comprendidos en la causa fueron reiteradamente ventilados, de modo que se repite la trama pero varían los acusados. Lo sucedido en este Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- fue conocido en el primer juicio realizado en la Ciudad de Mendoza, a través del juzgamiento por los tormentos aplicados a don Ángel Bustelo. En esa oportunidad el acusado fue el entonces teniente del Ejército Dardo Migno, quien recibió 12 años de prisión. Luego fueron retomados en la causa 076, en el debate que concluyó en marzo de este año, que tenía como imputado también a Ramón Puebla, condenado a 18 años, e incluyó las mismas víctimas que en la actualidad.
Los testigos que citará el Tribunal son prácticamente los mismos que fueron escuchados con anterioridad. Esta dilapidación de tiempo y recursos es atribuida a defectos en la etapa de instrucción. A su vez ya están prácticamente listas para ser juzgadas numerosas causas que comprenden a más de cien víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos desde 1975. Esto es el resultante de una propuesta de acumulación planteada al Tribunal por el Ministerio Público Fiscal, integrado por Dante Vega y su equipo, por el cual se espera sean incorporadas en el juicio que empezará en noviembre.
La reciente extradición y encarcelamiento del influyente ex camarista Otilio Roque Romano avivó la urgencia de debatir la actuación de los jueces de la dictadura; Gabriel Guzzo, Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Romano fueron imputados en agosto de 2010 por sus aportes al terrorismo de Estado por el entonces fiscal general, doctor Omar Palermo. Estas imputaciones, junto a otros importantes expedientes, están en condiciones de entrar a debate, por lo que se descuenta su tratamiento en la anunciada instancia.
Hasta el momento el anuncio concreto es que a partir del 11 de noviembre se abordará la causa 076 que contempla los delitos de privación abusiva de la libertad y torturas de Roberto Vélez, Martín Lecea y Oscar Guidone y lesiones gravísimas, en el caso de éste último. Detenido en junio del 76, Guidone fue hospitalizado para ser intervenido quirúrgicamente del bazo debido a las tremendas golpizas que recibió en la dependencia militar.
El Tribunal Oral estará presidido por el doctor Alejandro Piña, acompañado de los doctores Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade. Los magistrados determinarán la responsabilidad de Enrique Gómez Saa en la comisión de aquellos delitos cuando se desempeñaba como miembro de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, perteneciente al III Cuerpo de Ejército que, por esos años, condujera Luciano Benjamín Menéndez. Para llegar al veredicto serán citadas como testigos 32 personas, y la defensa del acusado estará a cargo del doctor Carlos de Casas.
14-03-13 | El Tribunal accedió al pedido que la semana anterior hizo Ariel Civit, defensor particular del imputado por las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay, Fernando Morellato. La contrarréplica en cuestión fue motivada por el mismo defensor a fin de dilatar el inminente fallo que recaerá sobre su defendido. La defensa oficial libró de culpa y cargo a Furió, Oyarzábal y Fernández.
Por momentos, el alegato de Ariel Civit traspasó límites del “ataque procesal”, provocando la respuesta del Fiscal Dante Vega y el nuevo artilugio del defensor. No varió un ápice la conducta del abogado, pareció alegar de nuevo (lo cual no está permitido en esta instancia), generó otra vez revuelo en la sala y obligó a la intervención del Tribunal.
Poco fue lo que contraargumentó, ya que incurrió en las apreciaciones previas:
“Se exagera que haya comparado el enfoque del Ministerio Público con el terrorismo de Estado. Se trata de una crítica” dijo Civit despreocupado por tamaña acusación.
“Hay un discurso monolítico respecto a la aparente detención de Ramos e Iturgay, no se tiene en cuenta la referencia de la señora Di Mateo -sobre la versión de Ramos en el Penal. Tampoco dije yo -como afirma el representante del Ministerio Público- que Iturgay haya muerto en Chile. Dije que en base a las declaraciones de Gladys Iturgay, por comentarios de parientes suyos provenientes de Chile, hay indicios de otras pistas”. A continuación palabras de Civit en el alegato del pasado 8 de marzo en donde sí afirma que Iturgay cayó en Chile:
"Haber estado en un espacio con una persona -o dos- no puede fundar autoría sobre los hechos” dijo el defensor del agente de Motorizada que participó de varios operativos en el marco de la denominada “lucha antisubversiva”. “Morellato dijo que estuvo dos horas, no más con los detenidos”, también había dicho que cometió el error de ni siquiera ir a verlos...
Civit también intentó retrucar al doctor Pablo Salinas, querellante en representación del MEDH. Para eso desnudó del todo su versión del Derecho y de los derechos: “Mi ataque procesal era una crítica, nada más. Yo no pretendo silenciar a nadie, a ninguna de las partes. Tampoco impugné, ataco el modo”. Civit cuestiona la cantidad de abogados que actúan en las representaciones acusadoras: “Llamo la atención, de lo contrario estaríamos atacando el derecho de paridad de armas, de igualdad de armas”.
El autodenominado "bravo", el abogado particular de Morellato, corrió el velo de respeto que se vivió entre las partes durante todo el juicio:
Señores de los hechos
La Defensoría, mediante el doctor Alejo Amuchástegui, ejerció con su alegato la representación de los imputados Paulino Enrique Furió -responsable de la Inteligencia del Ejército-, Juan Agustín Oyarzábal -Jefe Segundo del D2- y Armando Osvaldo Fernández -enlace de Inteligencia de ese centro clandestino-. Oyarzábal está imputado por las seis desapariciones ocurridas entre el 1 de abril de 1976 y el 20 de abril de 1977. Fernández sólo por la primera en orden cronológico: Roberto Blanco. Furió sólo por la última: Ángeles Gutiérrez de Moyano.
Amuchástegui hizo una reconstrucción sintética de los hechos, su acento se trasladó al análisis de la responsabilidad de los imputados de acuerdo a interpretaciones distintas que de la jurisprudencia y literatura del campo hicieron la Fiscalía y las querellas. Los parámetros para rebatir las acusaciones fueron medidos aunque cayeron en el tradicional deslinde de responsabilidades: siempre para arriba o para abajo o a los costados, desentendiéndose del accionar conjunto de las fuerzas en cada una de las etapas del aniquilamiento, así como de las funciones imprescindibles en todos los eslabones de las cadenas de mando y ejecuciones para llevarlo a cabo. Así, si el imputado es policía el hecho lo comete el Ejército -y viceversa-; si es de “rango menor” no tiene incidencia y si es “jefe” no tiene dominio sobre sus subordinados. En cualquier caso, producto de la atomización de las causas que con insistencia reconvinieron fiscales y querellantes.
Puntuó Amuchastegui
Sobre Fernández en el caso Blanco: “Está imputado porque su apellido fue mencionado por el testigo Héctor Salcedo -que no lo reconoció ni fotográficamente en el álbum del D2 ni presencialmente- y porque cumplía funciones en el D2. ‘El policía gordito de unos 35 años, con cara redonda’ que escoltó a Blanco desde la UNCuyo no es Fernández. Como tampoco es prueba de cargo el apellido del defendido. La teoría del llamado telefónico, considerada prueba esencial de las acusatorias tampoco puede acreditarse, ni siquiera la atendió Nora Cadelago, sino su padre”. Cadelago no menciona a “Fernández” ni en instrucción ni en el debate como alguien a quien conociera, sólo la referencia de su padre sobre que alguien presentado así citó a Blanco al D2.
Agregó el abogado: “Blanco acudió de manera voluntaria al D2 tras la entrevista en la UNCuyo el 30 de marzo de 1976. La responsabilidad del acusado sólo es latente”.
Sobre Oyarzábal en el caso Santamaría: Por dichos de testigos, el operativo contra Blanca Graciela Santamaría tiene fuerte impronta del Ejército. Tampoco hay testigos ni elementos de prueba de que la víctima haya estado en el D2. El Libro de Devoluciones del D5 registra la devolución del prontuario de Blanca el 18 de mayo de 1978, casi dos años después del secuestro, “no representa siquiera indicio que pruebe la participación del D2, siendo que no consta fecha en que se lo solicitó”. La vecindad de la madre de Oyarzábal con la familia Santamaría “no sugiere datos relevantes”.
Sobre Oyarzábal en el caso Poinsteau: “por testimonios de vecinos, el operativo lo realizó el Ejército”. La madre de Miguel Alfredo Poinsteau da cuenta de que en una entrevista el Inspector García le habría exhibido documentación en la que se indicaba que su hijo había estado detenido en el VIII Comando de Infantería de Montaña. “De máxime partícipe secundario”, deslizó Amuchástegui sobre la responsabilidad de su defendido en relación a las seis causas.
Sobre Oyarzábal en el caso Ramos-Iturgay: “Consta que fueron detenidos por personal del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza el 5 de noviembre de 1976, robando un vehículo y con las identidades de Olivera e Inchaurraga. Tras sus traslados a Motorizada los retiró el Jefe del D2, Sánchez Camargo. La situación de ambos era la clandestinidad, Oscar Ramos por su militancia en Montoneros y Daniel Iturgay por desertor del Ejército, donde fue maltratado. Es todo lo que se sabe, sin testimonios de sobrevivientes que demuestren su paso por el D2. Como a Santamaría y a Gutiérrez, nadie los vio ni en calabozos u otras dependencias”.
Sobre Oyarzábal en el caso Gutiérrez: “si bien el operativo presenta más indicios de haber sido efectuado por personal policial que del Ejército, no hay rastros del paso de la víctima por el D2”. En la suma de los hechos, ni Fiscalía ni querellas pudieron fundar la responsabilidad de Oyarzábal, más allá del cargo que el imputado ejercía, del que se desprende por sus funciones, lugar desde el cual “no tenía poder efectivo, ni dominio de los hechos ni de sus subordinados. Ocupaba tareas administrativas, más allá de su accionar como Secretario o Instructor en algunos legajos. Tampoco fue reconocido por nadie durante el transcurso del debate. Era el Jefe, Sánchez Camargo, que “por loco y desconfiado asumía personalmente todo el mando, las decisiones y el control”. Sobre Furió en el caso Gutiérrez: “Nada acredita la participación ni en el secuestro ni desaparición de la víctima. Respecto a la persecución previa y las tareas de inteligencia, no hay elementos que indiquen que el imputado participó de ellas”.
Amuchástegui desempolvó la “Orden Reservada 239”: un documento militar que daba orden formal y efectiva a la estructura de poder de las fuerzas conjuntas: “Maradona -Ejército-, Santuccione -Policía Provincial- y Sánchez Camargo -D2-, eran quienes definían todo respecto a la represión. “El autor de atrás, de escritorio, mediato, lo hace -al responsable- señor del hecho, aquél que en algún momento tuvo la posibilidad de decidir seguir o detenerse en la comisión del delito. Se podría imputar o señalar a Maradona o al mismo Menéndez, pero no a Oyarzábal”.
En consecuencia, encuadró “su participación subsidiaria como partícipe secundario”. Y la hizo extensiva a Fernández y Furió, tanto como el pedido primero de absolución de los tres. ¿No era eso la obediencia debida?
08-03-2013 | La audiencia estipulaba el turno de las
defensas -tanto de la oficial como de la particular del acusado Fernando Morellato-
en representación de los imputados por la causa 075-M. El largo planteo de la
contraargumentación y el tono agresivo con que lo expuso Ariel Civit -abogado
del ex oficial del Cuerpo de Motorizada- abrieron el debate a la réplica de la Fiscalía
y las querellas. Tras lo cual quedó más expuesta la estrategia de la defensa
sobre las responsabilidades de Morellato.
Fernando Morellato Donna es el único de los imputados representado por un
abogado particular, el doctor Ariel
Civit. Expuso con vehemencia y agresividad hacia las partes querellantes y
sobre todo hacia el Ministerio Público y su representante, el doctor Dante Vega;
ejerció una defensa activa, en línea con lo actuado en la etapa testimonial
cuando convocó testigos forzados que incurrieron incluso en falso testimonio y
susceptibles de ser investigados por su participación durante la última
dictadura cívico militar. Civit calificó de conjeturales las acusaciones, apeló
a “la experiencia” y “el sentido común” como sustento para considerar “lo
razonable” respecto a los hechos y su contexto histórico, se ensañó contraargumentando
a sus “rivales procesales”, afrentó al Tribunal y hasta apeló a muy bajos
recursos que traspasaron el show montado, no sólo culpabilizando a Oscar Ramos
y Daniel Iturgay, también llegando incluso a plantear que las víctimas no están
desaparecidas, que no hay víctimas. En ese sentido, apenas iniciado su alegato,
Civit pidió la “absolución lisa y llana” de su defendido.
Los recursos de la
defensa fueron desarrollados durante el proceso: victimización del imputado “por
presiones, por ser una figura pública” y “por cuentas pendientes” que le hizo
pagar el entonces jefe del D2, el “irascible, loco, peligroso”, Pedro Dante
Sánchez Camargo; tergiversación de los hechos que derivaron en las detenciones
de Ramos e Iturgay por personal del Cuerpo de Motorizada en un operativo bajo
autoría presunta del Oficial Morellato, y sus posteriores desapariciones en el
D2 tras ser torturados; y las calificaciones a Fiscalía y las
querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos de llevar adelante una acusación “tan
infundada y con tanto esfuerzo para acomodar los hechos, con asombrosa
arbitrariedad respecto a los elementos probatorios, con ligereza y arrebato”.
Para abordar los
hechos, Civit introdujo la duda respecto a lo que “los acusadores dan por
acreditado: Que la madrugada del 5 de Noviembre de 1976 dos sujetos, fueron
detenidos por personal del Cuerpo de Motorizada y que esos sujetos serían Oscar
Ramos y Daniel Iturgay”. Acudió entonces el abogado al juego de las preguntas
retóricas, algunas de ellas cínicas y con sentido ofensivo:
-“¿Está probado que
los dos aprehendidos eran Ramos e Iturgay?” planteó como sospecha Civit: “El
primer obstáculo para los acusadores es la identidad indeterminada de los
detenidos con documentos falsificados. Fiscalía omite valorar ciertos
testimonios porque le entorpecen el cuentito. Son los de Pedro Peralta -que
refirió sin precisiones el pedido de un libro que una mujer le hizo para Ramos
en la Penitenciaría- y el de Nilda De Mateo -que por rumores ´se enteró´ además
que ´estaba bien´ en la cárcel-. ¿Y si realmente Ramos estaba en la
Penitenciaría? El doctor Salinas reclama que se sepa el destino de los
desaparecidos, dónde están. Yo también quiero saberlo ¿por qué no agotaron esas
posibilidades de averiguar?”.
-“¿Qué hacemos con
esto?”, cuestionó otra vez Civit tras desviar las pistas sobre los hechos: “Ramos
tenía un hijo, quería verlo. Estaba con Ángel Miranda, última persona que lo
ve, en septiembre de 1976. Estoy convencido que Ramos fue secuestrado cuando fue
a devolverle el niño a Miranda. La capacidad de inteligencia de las fuerzas
armadas está comprobada, estaban a la espera, tenían que tener control sobre
quién tenía a su hijo. Los acusadores se quedan con lo que larga Sánchez
Camargo, dejan de lado hipótesis investigativas, la verdad real es que a Ramos
lo detuvieron en septiembre. Tratan de vender a la sociedad una falsa
respuesta, no se busca, no se profundiza esa búsqueda”.
-“¿Es razonable que
durante dos meses -de septiembre a noviembre- Ramos no hiciera ningún tipo de
contacto con su esposa, con Miranda, con sus allegados, para decirles ´che,
estoy bien, el niño está con Miranda?´ ¿Es algo imposible de llevar a cabo? tan
necesitado del calor con sus allegados, son comportamientos esperables”, añadió
el abogado para desvirtuar no sólo la fecha de los secuestros, también las
condiciones en que debían sobrevivir los perseguidos, para a continuación
aseverar: “Nadie vio a Ramos en dependencias del D2, no terminó en el D2. No se
puede saber porque no se conoce su identidad o si fueron liberados. Es una duda
que nos va a quedar, lamentablemente, estas conductas gracias a dios están terminadas
en el país, de lo contrario las estaríamos reproduciendo como hace la acusación
fiscal, que quiere solventar sentencia con estos elementos y esta confusión,
superando todas las barreras de la arbitrariedad con un indicio negativo. Nadie
lo vio en el D2, ninguna noticia de él. Me interesa saber la verdad pero no se
la disfracemos a la sociedad con soluciones aparentes, esto es hacer lo mismo
que el terrorismo de Estado, que escondía y tapaba.Acá ni la Fiscalía ni este Tribunal tienen que tapar nada. Sin
embargo, por facilismo, Fiscalía no profundiza la investigación, lo que está
haciendo es forzar una solución aparente”.
-“¿Es razonable que
un chico de 19 años estuviera cuatro meses sin establecer
contacto con su familia?” planteó Civit para sugerir que Iturgay fue
secuestrado antes de noviembre. Y remató: “Hay otro dato muy relevante. Gladys Iturgay
menciona la visita de compañeros de Daniel provenientes de Chile, que le
aseguran que no lo buscara más. ¿Se hicieron averiguaciones en Chile? No. ¿No
se sabían en Argentina y sí en Chile las pistas de su paradero? Cómo, por qué
se deja de lado esa pista si aquí no se lo ve en el D2? Iturgay murió en Chile”.
- “¿Por qué no se
indagó a Inchaurraga y Olivera -las dos personas cuyos documentos habrían
fraguado las víctimas?: Los dos aprehendidos no eran ni Ramos ni
Iturgay. Sí se detuvo a dos personas, pero no se sabe quiénes son ni de su
destino en el D2. ¿Y si estos testigos fueron liberados, tal como ocurrió con
otros casos por confusión, como acredita el mismo juicio?”
-“¿Qué iban a hacer
los oficiales con los aprehendidos robando un auto? ¿Les iban a dar un
galardón? Si estas personas son llevadas a resguardo al Cuerpo de Motorizada
por un delito común, algo rutinario en el Cuerpo, ¿por qué insiste Fiscalía en considerarlo
un hecho aislado?”, insistió el defensor para presentar “la no autoría” de
Morellato: “Existe la constancia que la noche del 4 de noviembre un móvil deja
a Morellato en su casa, que esté de guardia no obsta, es un absurdo plantear
que estaba en comisión porque estaba durmiendo, es evidente que aún un oficial
de alto rango, como toda persona necesita descanso”, abundó Civit mientras
parafraseaba a su defendido. Y continuó: “Queda descartada su participación
personal en los hechos, ya que se reincorpora a la división recién a las siete
de la mañana, con la presencia del Comisario Alfaro al frente del Cuerpo, y
vuelve salir a las diez, antes de que Sánchez Camargo retirara a los detenidos.
No hay ninguna tachadura, borrón o manipulación en el libro de novedades que
indique lo contrario, ni que éste haya sido fraguado por mi cliente para
cambiar algo que lo ponga fuera del escenario pensado por Sánchez Camargo”.
-“¿En qué momento,
cómo, dónde pudo mi cliente torturar a los detenidos? ¿Cuándo fue a buscar la
picana? Heinze -que denunció el intento de robo del auto- no vio a las
víctimas. Funcionaba también en las dependencias un Registro Civil, con tanto
movimiento a las siete de la mañana, imposible que se pudieran aplicar
tormentos sin que fueran percibidos por el público. La suposición respecto a
los dos calabozos minúsculos en la Comisaría 25 -aledaña a Motorizada- favorece
a Morellato, ni siquiera los tenía a los detenidos a mano. ¿Iba a meterse a
torturar en una dependencia ajena?”
-“¿Parece poca cosa
la rabia y la inquina de Sánchez Camargo con mi defendido para incriminarlo?”
se escudó ahora en la victimización y hasta en las virtudes de servicio de
Morellato: “El Ministerio Público relativiza la enemistad entre ambos para
desviar la atención”. La misma estrategia utilizó Civit para descalificar el
testimonio en el que el ex agente de la Policía Federal, Cirella Paredes,
comprometió más el accionar de Morellato con los grupos de tareas. El
arrepentido contó que el oficial de Motorizada actuaba en contacto con la banda
de la Federal, que acosaban y detenían personas y luego arrasaban sus bienes. “Cirella
Paredes permaneció 25 años detenido gracias a Morellato, se trata de la
declaración de un delincuente, guiada por un resentimiento manifiesto”.
-“¿Cómo se van a
animar a mentir los testigos propuestos por la defensa, con la terrible presión
mediática y política que hay sobre estos juicios? Se ataca a los testigos de
que mienten, ¿con qué motivación si son ex compañeros de Morellato, que casi no
recuerdan tantos operativos de rutina? Se los acusa porque les entorpecen el
cuentito”, agravió una vez más Civit. Y tras tres horas de alegar, se
identificó con su cliente y sus procederes:
“Estoy defendiendo a
un tipo inocente, por eso soy tan bravo, un pobre tipo al que nadie señaló,
nadie dijo ´ese me torturó´. Por eso doy tantos palos. No quiero que se me vaya
la mano. He defendido a personas inocentes y a delincuentes, algunos hasta han
recuperado la libertad. En este caso se me sube la temperatura por la inocencia
de mi cliente. No me subo en esa moto de perseguir a personas inocentes. El señor
Fernando Morellato ha dado la cara todo su vida, va un periodista y le contesta
pudiendo sacarlo a los bolsazos; declara tres veces, se somete a interrogatorios
de varias partes. Lo contrario a lo que hacen los represores. Si se tuviera que
esconder no aparece por acá…”
Consideró finalmente:
“Morellato no fue requerido por torturas y por eso el Fiscal no lo acusa, sin
embargo tampoco lo fue por homicidio y sí se lo acusa, sin justificar siquiera
si existió dolo”. Respecto al alegato del MEDH, dijo: “No hay que ni
analizarlo, es inadmisible la participación del doctor Lavado, su petición no
debe ser escuchada ni tenida en cuenta por el Tribunal, debido a que las
querellas particulares están restringidas a dos personas en representación”. Antes
del cierre de la extensa audiencia, el doctor Pablo Salinas refirió la mala
interpretación de Civit mediante una réplica técnica: “Existe una modificación
del Código Procesal por la cual los organismos que se constituyan en
querellantes no tienen ese tipo de límites. En el juicio de San Rafael, el MEDH
contó con cinco abogados en funciones”.
El Tribunal y su
Presidente, el Juez Juan Antonio González Macías, se mostró firme y atento a las
falacias y agravios cometidos por el abogado defensor en su exposición. Trató de
limitar los excesos de Civit y ajustarlo a la defensa del imputado. Por ello
determinó ofrecer a las querellas y a Fiscalía la posibilidad de replicar,
derecho que ejerció Dante Vega. A continuación Civit hizo una imprecisa
petición de contrarréplica, que quedó a decisión del Tribunal. Como la condena
en ciernes, cuando se realice el pedido de penas tras los alegatos finales por
los secuestros de Ángel Bustelo, Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone.
Una defensa con el tiempo jugado
“Tú crees que
me matas, yo pienso que te suicidas”, había concluido parafraseando a un autor
italiano el alegato de Civit. “Tenemos
un escritor al que le fascinaban los juegos con el tiempo. No sé si le hubiese
gustado escuchar esto, pero sí hubiera reparado en lo que ha intentado hacer el
defensor”, contestó Dante Vega al
iniciar su réplica. Continuó: “El defensor no sólo ha diferido la verdad,
también ha incurrido en contradicciones y falsedades. Puedo tolerar cierto celo
excesivo en la defensa pero cuando se acusa al Ministerio Público de engañar a
la familia de Ramos, de vender a la sociedad respuestas falsas y efectistas;
cuando me equipara con el terrorismo de Estado… yo pertenezco al Estado, no voy
a tolerar que se me acuse de terrorista. Otra seria acusación ha hecho: me reprocha
un desdén que yo tengo por la verdad”. Además
de esta réplica, el Fiscal agregó una petición
al Colegio de Abogados para que corrija la conducta de Civit si así lo
considera; la extracción de copias certificadas del testimonio de Oscar Heinze
donde asegura que lo llamó el acusado para refrescarle la memoria y pedirle que
se presente a testimoniar; las de los ex policías “que vinieron a testimoniar
acá”; y la del propio defensor cuando expresamente dijo sobre ellos: “los
contacté y les recordé los procedimientos”. “¿Qué quiere decir esa frase? Se ha
calificado como bravo, a veces los bravos se entusiasman y dicen cosas” apuntó
el Fiscal.
“El defensor eligió un camino que lo condujo a
lo resultados pobres que hemos advertido”, resumió Vega: “Primero atacó el
procedimiento en el que detuvieron a Ramos e Iturgay. Trató de ir más atrás en
su ataque y situó la desaparición de los militantes en momentos anteriores a la
fecha constatada en la causa -5 de noviembre de 1976. Citó a Pedro Peralta en
un párrafo que, como no concuerda en la cronología de los hechos, ni siquiera
hemos valorado. Sobre la enfermera que habría visto a Ramos en la
Penitenciaría, Civit se preguntó por qué no la citamos a declarar: porque era
inútil, no cito a testigos porque sí. En todo caso, la defensa también podía
llamarla a testimoniar. Lo mismo respecto a Olivera e Inchaurraga”. El audio a
continuación precisa la participación de Morellato en “actividades
antisubversivas” y la integración del Cuerpo de Motorizada en el aparato organizado
de poder del D2:
Dante Vega: La excusa y la conexión
“Creo que hay cosas
que el defensor olvidó. Si pensara mal creería que las omitió adrede. No
mencionó que Víctor Cuello declaró que se encontró con Ramos en la estación de
trenes en octubre de 1976. Esto implica desconocer y banalizar la situación de
clandestinidad. No hay que ser abogado, ni novelista, ni sociólogo para saber
lo que implicaba vivir en la clandestinidad. La clandestinidad tiene estas
cosas, la persecución por parte del aparato terrorista tiene estas cosas. Jugar
con esto para hacer dudar del momento del secuestro de Ramos es antojadizo y no
merece análisis. También cuestionó que un chico como Iturgay, de 21 años, no se
haya comunicado con la familia durante los meses que estuvo clandestino.
Nuevamente banaliza esa situación. Afirmó que Iturgay murió en Chile. Pero lo
que dijo la madre de Oscar Daniel es que después de su desaparición la visitaron familiares de Chile. De aquí a afirmar que Iturgay murió en Chile
hay una distancia tan enorme como la que separa Mendoza de Chile. El defensor
se ha extraviado en el laberinto del tiempo o ha descubierto un capítulo
desconocido del Plan Cóndor”.
Dante Vega: Sobre la fragua y la autoría
Civit se sorprendió
de que Vega haya dicho que Morellato reconoció la autoría del hecho. Vega
recordó que en su testimonio ante el Tribunal, el imputado dijo “los detenidos
habrán estado dos horas conmigo, no más, y después se presentó -Sanchez
Camargo- en el cuerpo Motorizada y se los llevó”. Civit asumió que muchas veces
se trasladaban detenidos a la sede de Motorizada. Entonces debe haber habido en
esa sede un lugar para tenerlos. Dijo Vega: “Los policías que vinieron a mentir
al Tribunal y el propio Morellato miraron para otro lado y dijeron que no era
habitual llevar detenidos a la sede. También dijeron que no había un lugar para
tal fin. El abogado defensor habló de la ‘no actuación’ de Morellato en
operativos que tuvieran que ver con la lucha contra la subversión. Pero olvidó
que hay casos ya citados en los que también está probada su participación:
Pardini, Rabanal y el caso de Amaya, Moretti y Seydell”. El defensor también acusó
a las querellas de relativizar la enemistad que tenía Sánchez Camargo con Morellato,
de soslayar la inquina. Esto contestó el Fiscal:
Dante Vega: Enemistarse con el muerto y el loco
Respecto a las
detenciones puntualizó: “No es ilegítimo detener a alguien que está robando. A
partir de un punto la privación de la libertad, regular -detener a quien está
robando-, se transforma en ilegal cuando los trasladan a un lugar que no
corresponde, les empiezan a pegar, los torturan”. Morellato, su abogado y los policías
insistieron con que en Motorizada no podía haber detenidos ni torturas porque
allí también funcionaba el Registro Civil, como sí había en el D2, según
mencionó el propio defensor. Vega replicó: “mencionó al D2 que es el ejemplo
claro de una repartición situada en el corazón de un edificio policial al cual iban
personas a sacarse la cédula de identidad, el certificado de buena conducta y
estaba poblado de gente. Sin embargo en
sus entrañas funcionaba el peor centro clandestino de detención”. En el mismo
sentido y en base al mismo libro de novedades y de los testimonios aportados
por la defensa, Dante Vega reiteró que los ex policías serán investigados por
otros hechos.
15-02-13 | El fiscal Dante Vega
inició la ronda de los alegatos por las Causas 085M, que contempla seis
desapariciones forzadas. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1977 en el
contexto nacional del “Operativo Escoba”. El detalle de ese plan lo dio la
doctora Romina Ronda, quien alegó en representación del Gobierno de Mendoza.
Nélida
Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter
Domínguez desaparecieron entre el 5 y el 9 de diciembre de 1978. Fueron parte
de la razzia que el terrorismo de Estado hizo a través del Operativo Escoba,
cuyo objetivo -ampliamente cumplido por autores intelectuales y materiales de
la matanza- fue la aniquilación de militantes del Partido Comunista Marxista
Leninista (PCML) de todo el país, de los cuales varios habían encontrado en
Mendoza pasajeramente refugio contra la persecución diseñada por la
Inteligencia de la Marina.
Con su
habitual caudal de datos relacionados, en contacto con el resto de la realidad
nacional y siempre con especial atención a las historias de vida de las
víctimas, el fiscal Dante Vega reconstruyó parte de la historia de la militancia de
izquierda en los ‘70. Ese repaso sirvió para la posterior exposición de Romina Ronda, especialista en la represión
sobre el PCML y querellante por la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de
Mendoza a partir de los casos de Walter Domínguez y Gladys Castro.
“Las
fuerzas conjuntas llevaron a cabo un operativo previamente diseñado, con
blancos seleccionados por su militancia en el PCML”; se trataba de personas con
“vidas intensas y comprometidas con una sociedad más igualitaria, una vida más
digna y un pueblo más libre”, señaló Ronda.
“Si al
grupo de seis personas desaparecidas contempladas en la causa, se suman el
secuestro y desaparición de Jorge del Carmen Fonseca y el matrimonio conformado
por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz, más la sustracción del hijo
de ambos, Martín, son nueve las personas desaparecidas y diez las víctimas en
apenas cinco días”. Las desapariciones de Fonseca, Alcaráz y Campos, explicó
Ronda, “debieron integrar este caso”, sin embargo el primero fue tratado en el
juicio anterior; mientras que las otras dos personas corresponden a otro caso
en este juicio pero en distinta causa: la 053M.
Según Vega “la causa 085M presenta notables similitudes con la de mayo de 1978.
En diciembre de 1977 hubo un ‘megaoperativo’ cuyos principales blancos fueron
miembros del PCML, muchos de ellos oriundos de La Plata”, bautizado Operativo
Escoba. “No es una nomenclatura novedosa. A través del juicio histórico en el
que participé por la masacre de Trelew, se logró comprobar que además de los
presos políticos asesinados en el penal de la base militar Almirante Zar, el
Ejército efectuó otra razzia en todo el valle patagónico a fin de intimidar a
representantes y allegados de los entonces detenidos. Resultado: 16 víctimas
más. El Operativo fue bautizado como ´Vigilante´”.
Dante
Vega dijo: “vamos a comprobar la persistencia del Estado terrorista, cómo no
cejaron nunca en la persecución a los militantes; pero también cómo funcionó la
solidaridad, el compañerismo y hasta el heroísmo entre las personas acosadas”.
En el mismo sentido, Romina Ronda aclaró: “el aparato terrorista tenía un plan:
interrumpir los proyectos de las organizaciones revolucionarias. Y las
consecuencias de ese plan, la desigualdad social, la vulneración de derechos,
los bajos salarios, la falta de trabajo, la represión de las manifestaciones
populares continuaron sometiendo durante años al pueblo argentino”.
Fiscal y
representante del gobierno de Mendoza se refirieron al informe secreto y confidencial sobre el PCML elaborado en mayo de
1978 por el Grupo de Tareas 3 de la
Marina. Vega además citó “Maoísmo y
lucha armada: el PCML”, investigación de Adrián Celentano; y el libro “Hacerse cargo”, recopilación
testimonial de las historias de vida de los desaparecidos en Mendoza.
Ambos
alegatos sirvieron, entonces, para probar los hechos en cada caso, la
existencia del Operativo Escoba a nivel nacional dirigido contra militantes del
PCML y que fue diseñado previamente a partir de la reunión de información
procurada por los servicios de inteligencia; y que, finalmente fue ejecutado
entre los días 5 y 9 de diciembre de 1977, principalmente en Mendoza, La Plata,
Córdoba, Capital Federal y Mar del Plata. Además, que toda la acción represiva
se llevó adelante de manera conjunta por parte de fuerzas de seguridad y
militares, pero con la dirección máxima del Ejército, donde pertenecía el único
imputado: Paulino Enrique Furió.
Furió, el Ejército, el Operativo
La
represión de las organizaciones revolucionarias la comandó en Mendoza el D2,
hasta el 24 de marzo de 1976. Desde ese momento siguió actuando pero el mando
primigenio de toda la actividad represiva durante el gobierno de facto lo tuvo
el Ejército, lo cual no resta responsabilidad al resto de las fuerzas de
seguridad y armadas que, entonces, tuvieron activa participación como apoyo. No
caben dudas que se trató de operativos conjuntos, de un accionar conjunto
“antisubversivo”. Se creó la Comunidad Informativa “para no desperdiciar los
aportes de ninguna de las fuerzas”, dirigida por el Ejército y de la cual
participaban la Fuerza Aérea, la Policía Federal, el D2 y toda fuerza que
interviniera en la lucha contra la subversión”.
Después
del Golpe, el Ejército tomó el mando completo de la inteligencia. El único
imputado en las causas, Paulino Enrique Furió, en diciembre de 1977 prestaba
servicio para Inteligencia del Ejército (GT3), era Jefe de Inteligencia de la
VIII Brigada de Montaña (G2); que dependía de la Marina, misma fuerza que
controló el mayor centro clandestino de detención y torturas del país: la ESMA.
“No se le
atribuyen estos hechos a Furió por el simple hecho del cargo que ocupaba”,
explicó de manera contundente el fiscal. “Siempre hemos demostrado que una
persona en un cargo responde por determinados hechos, por ejemplo un secuestro,
a través de documentación; y cuando no hay mucha se puede deducir que responde
porque forma parte de un aparato organizado de poder, como lo fueron el D2 o el GT3,
durante la represión”.
En el legajo de Furió consta una queja que interpuso cuando pasó un tiempo sin
ascensos: “volqué todo mi esfuerzo personal y profesional a coadyuvar como una pieza
del engranaje montado para infligir al enemigo una derrota sin precedentes
(...) podemos estar todos nosotros ampliamente satisfechos por la misión que
cumplimos acabadamente”. Romina Ronda: El plan y sus consecuencias. El Ejército y Furió
Calificar al represor
La
Fiscalía pidió que se condene a Paulino Enrique Furió como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y
amenazas; también se lo acusa por homicidio
doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o máspersonas; todo esto por seis hechos
-Carzolio, Tissone, Vera, Jamilis, Domínguez y Castro-. También se lo acusa por
robo simple por un hecho -el
desvalijamiento de la casa de Vera-; por robo
agravado por el uso de armas por dos hechos -por las camionetas de Vera y
de Carzolio-. Todos los delitos fueron cometidos en concurso con el de asociación ilícita -ya tiene condena
por eso pero el fallo de Casación al respecto no está firmado, por eso se pide en
este juicio nuevamente-, constituyen delitos
de lesa humanidad y fueron perpetrados en el contexto del genocidio.
La
abogada del Gobierno de Mendoza pidió similar calificación, con la diferencia
que señaló a Furió como “co-autor” e
hizo una fundamentación respecto de esa diferencia.
El
Operativo Escoba no se pudo hacer si el concurso activo de la inteligencia
activa militar de Mendoza”, dijo Vega; a la vez, explicó Ronda, "el Ejército
comandaba y en conjunto con las otras fuerzas recopilaban información y
ejecutaban los planes". El Operativo Escoba tuvo etapas en su planificación: reunión
de datos, inteligencia, detección de blancos, secuestros y muerte. En la
estructura militar hay jerarquías que hacen que los “coautores” de los hechos
tengan mayor o menor cercanía directa con los hechos, pero forman parte -con
conocimiento y por voluntad- de una maquinaria que no funcionaría sin una de
sus partes. Es decir, la función particular no exime de la responsabilidad en
la globalidad.
La Escoba
Ronda
ahondó -incluso con imágenes del escrito original que llegó a Mendoza - en el
documento “Informe estrictamente secreto y confidencial del Partido Comunista
Marxista Leninista Argentino”, elaborado por el Grupo de Tareas 3 de
Inteligencia del Ejército (GT3) en mayo de 1978. “Debido a los distintos
operativos realizados en todo el país, en especial con la realización del
Operativo Escoba, han quedado completamente desarticuladas las regionales
Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata” dice en el informe y
agrega en un anexo diagramas de la orgánica del PCML antes y después del Operativo.
En
diciembre de 1977 hubo 191 casos de desapariciones forzadas, 89 de ellas entre
el 5 y el 9 de diciembre; 56 el día 6 de diciembre. La mayoría tenía
“militancia comprobada en el PCML”. “En un mes desaparecieron todos (...) Hubo
un plan científicamente organizado, levantaron a todo el mundo” dijo Osiris
Domínguez ante el Tribunal.
Este
informe y los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas dan
cuenta de las persecuciones sufridas por esa facción política en Mendoza y de
la enorme tarea de inteligencia previa. De ese informe llegaron instrucciones a
Mendoza a través del ejemplar que el GT3 envió para el área de inteligencia del
III Cuerpo del Ejército -zona a la que correspondía Mendoza- y del que llegó al Destacamento de inteligencia144 que
funcionaba en la VIII Brigada de Montaña, lugar de trabajo del único imputado:
Paulino Enrique Furió, Jefe de inteligencia de ese destacamento.
El
informe tiene detalles sobre la estructura y funcionamiento del PCML, sobre la
caída de sus “primeros elementos” y de detenciones en La Plata y en los
párrafos finales sobre el “desmembramiento del PCML a raíz del operativo de Mar
del Plata y del posterior ‘Escoba’”. El informe reconoce asiento del Partido en
siete regionales y menciona que solo en tres pudieron armar una estructura; y
que en las otras cuatro -entre ellas Mendoza- en total sumaban 60 “elementos”.
También reconoce como lugar de origen y con mayor generación de militantes a La
Plata. De allí y zonas cercanas son oriundas varias de las
víctimas de la Causa que llegaron a Mendoza.
EL PCML en Mendoza
Vega
recordó que “el PCML surgió en 1969 como desprendimiento del Partido Comunista.
Nunca fue de masas y en 1975 contaba con unos 400 militantes y adherentes”. Hizo
“prevalecer la acción política por sobre la lucha armada” y sus “frentes de
inserción” fueron “la acción fabril y estudiantil”.
En 1976,
Mendoza pasó a ser lugar de refugio para los perseguidos, “muchos de ellos ya
en la clandestinidad, pues tras el accionar primero de la Triple A y luego de
los grupos de tareas, el Partido estaba ya aniquilado. En el documento del GT3,
el ´PCML Regional Mendoza´ figura como el primer objetivo para la eliminación
final que se extendió entre los últimos meses de 1977 y los primeros de 1978 en
todo el territorio argentino”.
Tanto
Vega como Ronda, destacaron la perversidad del Plan de exterminio, porque el
PCML, en diciembre de 1977 ya “estaba desmembrado, en la ilegalidad, los
sobrevivientes se juntaban para verse, hablar y apoyarse mutuamente”. Además,
los encuentros eran públicos, sólo de reconocimiento, “la organización celular
ya no existía”.
Efectivamente,
ya en 1976 llegaron militantes provenientes de La Plata -Jamilis, Fonseca, Tissone
y Carzolio- y se contactaron con los locales Vera, Domínguez, Castro, Alcaráz y
Campos. María Cristina D´Amico, María Elena Farrando y Elsa Becerra -que
estaban clandestinas en otros puntos del país- también fueron secuestradas, lo
que indica un total de doce personas del PCML desaparecidas en Mendoza o
relacionadas al grupo cuyano. Jorge Becerra también fue víctima, fue el primer
golpe a la organización, ocurrido el 22 de diciembre de 1976. Fue detenido y salvajemente
torturado en diversas prisiones durante años; otras compañeras y compañeros
fueron empujados al exilio interno o externo. Mirta Hernández declaró que desde
ese momento “todos los militantes del PCML de Mendoza estuvieron clandestinos”.
Dante Vega: El PCML, ilegal, perseguido, desarmado
Los hechos, los compañeros, las compañeras
Jorge del Carmen Fonseca nació en Neuquén, vivía en La
Plata y llegó a Mendoza para huir de la represión. Conocido como ´Pelé´,
militante del PCML pero proveniente del peronismo, tuvo aquí la delicada y
heroica misión de sacar a los amenazados militantes de la provincia a otros
puntos del sur argentino. Compartió con Tissone y Carzolio, y en la casa de
ellos solía dormir.
Néstor ´Cuqui´ Carzolio nació en Berisso. Allí vivió con
Nélida Tissone y tuvieron dos hijos:
María Laura en 1971 y Martín en 1974. Néstor fue delegado del Sindicato de la
carne -trabajaba en Swiff- hasta 1971, muy posiblemente ya como militante del
PCML. Nélida era profesora de Ciencias Naturales en La Plata. Huyeron a Mendoza en el invierno de 1975. En julio de 1977, la pareja alquilaba un
departamento en Godoy Cruz, allí paraba Fonseca,
Martín Carzolio lo recordó presente el día del secuestro de sus padres. En ese
operativo la patota se llevó a los tres, y se robó la camioneta de Carzolio y
la moto de Fonseca. “No se olvidaron de nada”, señaló el fiscal.
Carzolio
y Rodolfo Vera eran locatarios de la
mimbrería que el grupo tenía en Dorrego como fuente de trabajo, lugar de
refugio y de reunión política. El lunes 5
de diciembre de 1977 un grupo de civiles armados había entrado a la casa de
Nélida cuando ella llegó -a las 20- con sus hijos, una hora después lo hicieron
Néstor y Jorge. Los adultos fueron secuestrados (“Doña Lucía, ayúdenos” gritó
Néstor a su vecina Lucía Batalleme, que registró cómo sacaron a los tres
militantes); a los niños los dejaron maniatados y con las bocas encintadas. “No
los escuché más, creí que estaban muertos” dijo Lucía, quien junto a Hilda Fany
Abraham y Aldo Nardecchia -otro vecino, militar, que reconoció la cinta en sus
bocas como utilería del Ejército- liberaron a los niños. Abraham cuidó de los
niños hasta que ubicaron a los padres de Nélida y ellos los buscaron.
A Alberto Jamilis lo apodaban “El Gordo
Manifestación”, recordaron ambos abogados. En los ‘50 se fue a vivir a La Plata
y se recibió de sociólogo. Dio clases en la UNLP y trabajó en el Ministerio de
Economía de la provincia de Buenos Aires, pero en ambos lugares lo dejaron
cesante. Se casó con María Inés Barbetti. “Era una biblioteca andante” recordó
Susana De Miguel.
En La
Plata se incorporó al PCML y se relacionó con Jorge y Raúl Bonafini -hijos de
la titular de Madres de Plaza de Mayo- y Cristina Tortti, militantes del PCML.
Sus causas fueron recientemente tratadas en el juicio por el “Circuito Camps”.
Antes de
radicarse en Mendoza, Jamilis y Babetti sufrieron persecuciones y atentados,
fuerzas de seguridad fueron a buscar a Jamilis a la casa de su madre y a la
casa de la pareja también. En noviembre de 1976 Jamilis llegó a Mendoza y se
puso en contacto con Carzolio, Carlos y Rodolfo Vera, Domínguez y Castro.
Trabajó unos meses en la mimbrería. En abril de 1977 llegó Barbetti, vivieron
ambos en ese local, y tuvieron a su hijo Nicolás, quien por protección fue
inscripto con el apellido de la madre.
El 6 de diciembre de 1977, la pareja ya
vivía en Godoy Cruz, cerca de las 2 de la madrugada, civiles con armas y medias
en la cabeza -menos el jefe de la patota- entraron a la casa. Gritaban “¡Gordo
salí!”, lo cual denota el trabajo de inteligencia previo, también le
requirieron la “llave” -de la mimbrería-. Ataron a la pareja, revolvieron
durante dos horas la casa, y cuando se los llevaban, él pidió que dejen a su
esposa con el bebé de dos meses: “ella no tiene nada que ver”. “Bueno piba,
hacé de tu hijo un buen ciudadano” le dijo el jefe de la patota a Barbetti y se
llevaron a Alberto. María Inés se instaló después en Bragado, “exilio interno y
huir” de nuevo señaló Vega.
La misma
noche del 6 de diciembre, Rodolfo Vera estaba en la mimbrería
-donde en la tarde anterior estuvo con Jamilis y Carzolio- y de allí lo
secuestró una patota. Fue el cuarto -y último- operativo dirigido a Rodolfo.
La puerta
“estaba abierta sin violencia” -usaron ‘la llave’- y se produjo “la rapiña
consiguiente”, dijo Vega. “Estaba pelada la mimbrería” contó Carlos Vera. Él y
Domínguez trasladaron a la compañera de Rodolfo y su hija, Mirta Hernández y
Cecilia, para su refugio.
Rodolfo Vera era el mayor de cuatro hermanos,
siempre ligado a cuestiones sociales y la militancia política, “iba a los
barrios” y “ayudaba a la gente” recordó su madre, Agustina Corvalán. Conoció a Mirta Hernández y estuvieron años en
pareja. Militaba en el PCML y comenzó a estudiar arquitectura en la privada
Universidad de Mendoza con Walter
Domínguez, donde juntos formaron el Centro de Estudiantes. Allí comenzaron
a ser perseguidos, y hasta mermaron sus estudios. Para 1977, Rodolfo alquiló
con Carzolio la mimbrería y allí trabajaba.
Un año
antes, el 22 de diciembre de 1976, el también militante del PCML Jorge Ciro
Becerra fue secuestrado y en ese operativo se robaron la camioneta de Vera. “La
impunidad con que se manejaban los efectivos del D2. Roban la camioneta y la
empiezan a usar alegremente y a cielo abierto. La estacionan en la playa del
D2, Carlos Vera la vio en un taller mecánico, también circulando”, reflexionó
Dante Vega, recién “diez años después la policía se la devolvió a la familia en
un estado de deterioro completo”, añadió. Luego de ese episodio, en el
prontuario de Vera se observa el pedido de captura en el orden del día de él,
de Susana De Miguel y de Mirta Hernández.
El mismo
22 de diciembre de 1976, un grupo de la policía fue a la casa de la casa de los
padres de Rodolfo, detuvieron a Dionisio Vera y se lo llevaron al D2: “lo
insultaron y le dijeron de todo”, relató Agustina. Dos días después, la policía
fue a la casa de Vera y Hernández. No los encontraron pero aprovecharon “para
la rapiña”, dijo Dante Vega. “Se robaron todo”, dijo Carlos Vera, “hasta media
bolsa de azúcar”.
El 7 de
abril de 1977, el Ejército -como consta en el parte de novedades del libro de
guerra de la Unidad Regional IV- realizó un operativo a cargo del Mayor Garibotte.
Agustina contó que muchas personas uniformadas rodearon toda su casa y hasta querían
matar al perro. Dos días antes, el padre de Rodolfo había presentado un
documento reclamando la camioneta. Vera y Hernández se refugiaron en Rivadavia,
en la casa de un familiar. Mirta estaba embarazada, Cecilia nació en julio de
1977. Entre setiembre y diciembre de ese año, Mirta y su hija se refugiaron en
la casa de Walter y Gladys.
Walter Domínguez y Gladys Castro, de 22 y 23 años, vivían en Godoy Cruz y esperaban un
hijo o hija, Gladys tenía seis meses de gestación. Walter estudiaba
arquitectura -con Vera- y era chofer de micro. Gladys debió abandonar sus
estudios de bellas artes y trabajaba en una panadería.
“Cuando entró a la facultad comenzó a hablar
de lo social” dijo María Assof de Domínguez, su madre, ante el Tribunal. Vega
relevó ese dato, lo valoró como signo de la generación que desaparecieron,
“¡qué diferencia con los actuales alumnos de arquitectura, de esa facultad y de
cualquiera, no creo que se esté hablando mucho de lo social!”. “Era peligroso
para el sistema, pero lo que estaba haciendo no era nada malo”, dijo en su
testimonio la referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza.
Ambos
eran militantes del PCML, refugiaban y ayudaban permanentemente a otros
militantes -entre ellos la compañera de Jorge Becerra, Susana De Miguel-, desde
el 6 de diciembre estaban enterados del secuestro y destino de sus compañeros y
compañeras y decidieron quedarse.
El 9 de diciembre, una patota asaltó su
casa y se los llevó. “Señora Clara, ayúdenos por favor” alcanzó a pedirle
Walter a una vecina, la misma que declaró que cuando salió al patio a ver qué
pasaba una voz de mando le dijo “Por favor señora, métase adentro de la casa”.
“¿Por qué nos hacen esto, qué hemos hecho?” repitió Gladys mientras la
arrastraban al auto del secuestro. “Aún no sabemos qué pasó con el nieto de
María Assof”, dijo Dante Vega, “pero lo sabremos, confíen que lo sabremos”,
aseguró conmovido y movilizó a toda la sala.
Poco más
tarde, alrededor de las 03.30, un grupo de personas vestidas de civil y armadas
fueron a la casa de los padres de Domínguez. Iban a buscar al hermano de
Walter, Osiris. No lo encontraron porque estaba trabajando. Días antes, de
manera inusual, le llevaron a Osiris padre un cuchillo para arreglar: tenía
marcas de la Fuerza Aérea. La patota se lo llevó. Osiris salió a las 6 de la
empresa Pescarmona, alertado al igual que su hermano de lo que venía sucediendo
con los compañeros, pasó por la casa de Walter y Gladys, vio la puerta
violentada y supo lo que pasó. Allí comenzó su periplo para salvar su vida.
El Fiscal
Dante Vega resaltó un detalle excepcional: tras el secuestro de Walter, los
padres -Osiris y María- fueron a la casa, hallaron todo revuelto y se
percataron del robo de cosas de valor. Con la angustia de no saber dónde
estaban sus hijos, su nuera y el estado del nieto o nieta en camino, Osiris
padre se ocupó de arreglar la puerta del departamento de Walter y Gladys, que
los captores de su familia habían destrozado, ya que era alquilado y deberían
devolverlo en condiciones...
Osiris
Domínguez, Carlos y Oscar Vera, Mirta Hernández, Mabel D’Amico, María Elena
Farrando, Cristina D’Amico, Alfredo Irusta, Julio del Moral, entro otros,
comenzaron a huir: el exilio. Primero a Buenos Aires, luego a la Costa -allí
cayeron algunos en un operativo-, y destinos finales de otros en el sur del
país y en otros países.
Dante Vega: Lo social, la solidaridad, Walter Domínguez
“No sólo hacemos justicia, sino también verdad y
memoria”
07-02-13 |La frase corresponde al Fiscal Dante Vega. Es de uno de los párrafos finales
de su exposición en la primera ronda de alegatos del tercer juicio por
delitos de lesa humanidad en Mendoza. Se harán rondas de alegatos de las
querellas y la defensa por cada una de las seis causas del actual proceso oral
y público.
El
Fiscal Vega, en acuerdo con la querella, inauguró la segunda y última etapa
del juicio, tras el receso. Se comenzó con la causa 077M, “la más voluminosa,
con mayor cantidad de víctimas” y de importancia clave porque “da cuenta de la
vigencia del terror estatal y la resistencia al mismo”. Irán causa por causa
alegando cada una de las partes: Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, Subsecretaría de Justicia de Mendoza; la Fiscalía; la Defensa. Según
el orden propuesto, seguirán las causas 085M, 053M, 075M, 076M y 055M. Los
alegatos serán expuestos en dos partes: hechos y argumentos; calificación y
solicitud de penas.
Calificación: “Un
crimen capital”
Dante Vega confirmó que, según entiende la fiscalía, Aldo Patrocinio
Bruno, el único imputado, es “responsable
como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada
por mediar violencia y amenazas, con homicidio doblemente agravado por alevosía
y por mediar el concurso de dos o más personas; todos en concurso con el delito
de asociación ilícita” por los nueve hechos de la causa.
Foto: represoresmendoza.blogspot.com
Bruno
fue segundo jefe del D2 cuando Ricardo Miranda Genaro estuvo al mando, entre agosto y
diciembre de 1977. Luego asumió él la jefatura hasta el 4 de julio de 1978.
Vega
repasó una breve declaración de Bruno en la etapa de instrucción: para esa
época “me desempeñaba en tareas netamente administrativas, no existían
detenidos, y el desempeño en sí era realizar informes que solicitaban otras
dependencias”.
“No
se responsabiliza a nadie sólo por el grado o por el uniforme” aclaró Vega, “no
se basa sólo en la responsabilidad jerárquica. Hay elementos de prueba sobrados
que señalan la responsabilidad de Aldo Patrocinio Bruno. Me hubiese gustado que
estuviera presente”. Por los derechos que le otorga la justicia de la
democracia, tuvo permiso para retirarse antes de la sala. Durante
el desarrollo de los testimonios, el D2 fue el más señalado como lugar de
detención, también se apuntó en las pruebas documentales. El Fiscal puntualizó
las responsabilidades de Bruno y de la estructura misma en los secuestros:
El
D2 hacía inteligencia política, aún después del Golpe cuando el Ejército asumió
ese monopolio. El D2 se integró para “aportar a la Comunidad Informativa” donde
las distintas armas “confraternizan datos para seleccionar los futuros blancos”. “Sabían las existencias, las
militancias previas al Golpe y la solidaridad desplegada por los militantes. Ser
socialista era crimen de pensamiento, ser solidario delito de comportamiento y
ser solidario con un militante perseguido un crimen capital para la dictadura”. Y así, explicó “seleccionaban los
blancos. En mayo de 1978 estaba la tarea hecha, sabían todo”. Esto consta en registros
que el D2 recolectó para la Comunidad Informativa asentadas en las devoluciones
al Archivo policial -D5- de los prontuarios de las víctimas en junio,
durante el desarrollo del Mundial. Incluso los prontuarios de Raúl Gómez y de
Aldo Patroni son devueltos el mismo día de sus secuestros, el 17 de mayo.
A
los constantes ingresos de Juan Agustín Oyarzábal y de Eduardo Smaha con
personas detenidas, se añade una “salida” consignada para hacer vigilancia a
una cuadra del hogar de Ramón Sosa. Su cuñada, Olinda Narváez, comentó la
presencia de linyeras camuflados en las inmediaciones durante más de una semana
que luego del secuestro no se vieron más. Fue
Aldo Patrocinio Bruno quien, el 26 de mayo -dos días antes del secuestro de
Sosa-, ordenó levantar el puesto de vigilancia. La participación de comisarías
en articulación con el D2 también está acreditada: La 7° tras Gómez; la 27°
tras Herrera, la dependencia de El Algarrobal y la Fuerza Aérea tras los
hermanos Romero. Fiscal Vega: Rol del D2
Hechos y argumentos:
Las personas, los compañeros
Entre
el 17 y el 28 mayo de 1978 se produjo la desaparición de once personas
emparentadas por antiguas militancias y estrechísimos lazos de solidaridad que
los vincularon en el compromiso social antes del golpe de Estado de 1976 y
luego en el cuidado mutuo, en el intento por sobrevivir: Margarita Dolz, Raúl
Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Víctor Hugo Herrera, Daniel Romero, Juan
Carlos Romero, Juan José Galamba, Ramón Alberto Sosa, Aldo Enrique Patroni e
Isabel Membrive. Por cuestiones procesales las causas de Membrive y Patroni no
están incorporadas.
Uno
de ellos, Juan José Galamba, fue receptor de profundos actos emanados de esa
solidaridad. Logró sobrevivir a diversos operativos entre 1976 y 1978. Lo
acogieron en sus hogares y otros lugares quienes también figuran en la causa. En mayo de 1978, uno a uno fueron secuestrados y desaparecidos.
Hilos
conductores: sucedieron en las semanas previas a la realización del Mundial de fútbol de 1978 y bajo un diseño preventivo de seguridad de las fuerzas
represivas para acabar con “resabios” de la “subversión”. Desde
allí, Vega historizó, resignificó y valoró las investigaciones: “Esta causa
comenzó en la década del ´80 por el impulso dado por Elba Morales y Carlos
Venier (h) -del MEDH- e Isabel Guinchul de Pérez. La presentación ante la justicia de un escrito en diciembre de 1986 consiste en un esfuerzo para
esclarecer la suerte de las víctimas”. “Ante
el desafío del país de mostrar orden para el Mundial, la orientación política
de la dictadura fue boicotear el boicot, intensificar el terror”, continuó el
Fiscal. En mayo de 1978, en todo el país se multiplicó el número de
desapariciones -de 60 a 113 en un mes- y en Mendoza también -11 en mayo, 3 hasta abril-. “Un
mensaje directo a la población: el aparato criminal seguía activo y no iban a
permitir ningún riesgo. Esto llevó a la búsqueda de nuevos blancos no
alcanzados, ya fichados por los distintos servicios de Inteligencia, para
asestarles el golpe final”. Fiscal Vega: El Mundial 78 y los nuevos blancos
En
1978 Raúl Oscar Gómez estaba casado
con Norma Liliana Millet y tenían un hijo de 2 años -Facundo-. Según
lo que declaró Liliana Millet, Gómez militó hasta 1976 en la Organización
Comunista Poder Obrero, muchos de sus antiguas compañeros apelaron al exilio
interno para resguardarse tras el golpe. La familia Gómez se quedó en Mendoza.
Compartían una amistad con el matrimonio Margarita Dolz-Carlos Castorino.
El
17 de mayo, entre la una y las dos de la mañana, ingresaron al domicilio de
Gómez individuos vestidos de civil, con armas cortas y los rostros cubiertos.
Le vendaron los ojos a Liliana y se llevaron a Raúl, mientras le preguntaban
por su anterior trabajo y si formaba parte de una agrupación política. Registraron
la casa, robaron elementos de valor y encontraron y maniataron en otra
habitación a Silvia Millet y su novio, Roberto Jofré (h). Dijeron que se
llevaban a Raúl para hacerle algunas preguntas. Nunca más se supo
de él.
Liliana
Millet hizo varias denuncias y presentaciones. Por su parte, Roberto Jofré (p)
fue al D2 para averiguar pero le dijeron que no investigara más, sino “le
sucedería lo mismo”. En 1979, la “burla” de quienes se sabían represores pero
se creían impunes se hizo presente: citaron a Liliana desde un destacamento
policial y cuando se presentó resueltamente le informaron que habían hecho un
relevamiento en la zona y todos los vecinos coincidieron en que era “una buena
persona”. Un “acto abyecto más”, agregó el Fiscal.
Margarita Dolz estaba casada con
Carlos Castorino. Tenían dos hijas, presentes al momento del secuestro, en su
domicilio en Godoy Cruz. Era profesora de arte decorativo. Su hermana Carmen y
su primo hermano Alejandro resaltaron que Margarita era “sensible, capaz de
desarrollar importantes vínculos afectivos, una artista comprometida con su
medio pero totalmente alejada de la violencia armada”. La familia Dolz estaba
muy ligada a la política.
“Fue
militante socialista”, antes de 1976 compartió varias jornadas sociales con
compañeros que forman parte de la lista de víctimas de esta causa en el “caserón
de Godoy Cruz”, que era del matrimonio. Ese lugar “solidario, también fue
refugio, aún luego de 1976, cuando se retiró de la militancia: allí albergaron
a Juan José Galamba, “el golpe de Estado no logró terminar con esa solidaridad”
relevó Vega. Margarita y Carlos rechazaron el exilio interno: “no hicimos nada
malo, no nos va a pasar nada malo”, decían.
El
17 de mayo de 1978, alrededor de las 22 horas, un operativo entró a la casa de
Margarita. Estaba con sus dos hijas y una amiga -Miriam Esteve-. Encerraron a
las tres en el baño y se la llevaron a “la Policía Federal”, según dijeron.
Nunca volvió. Cuando Carlos Castorino regresó del trabajo se encontró con todo
revuelto y sin su esposa. La familia hizo innumerables presentaciones ante
organismos locales, nacionales e internacionales, todas sin resultados.
Gustavo Neloy Camín era ingeniero
químico, tenía un hijo -Mario- con Dora Gordon -de quien estaba separado-. Era
dueño de una cantera de sal en San Juan llamada “El Refugio”. Allí recibió por
un tiempo a Juan José Galamba. Eran
una familia muy politizada. Militó muchos años en el Partido Comunista. Mario Camín estudiaba en la Universidad
Tecnológica Nacional, Regional Mendoza. Militaba en la juventud peronista y
trabajaba en la Compañía Argentina de Teléfonos. Quienes atestiguaron por
ellos dijeron tener una altísima imagen de ambos, “inteligentes, sensibles,
abiertos a militantes de otras fuerzas políticas... Brillante, humilde”
adjetivos que resonaron en la sala.
La
noche del 22 de mayo de 1978 Mario fue a la universidad a cursar. Allí lo
vieron salir pasadas las 22 y en el estacionamiento -adonde llegó
en el auto de su madre-, aparecieron dos sujetos que lo subieron con ellos a ese
coche mientras otros los siguieron en otro. El coche de Dora nunca
apareció, tampoco Mario. Poco después, un operativo secuestró a Gustavo de su departamento
en el centro de Mendoza. Tampoco se supo más de él. La
novia de Mario -Ana María del Olio-, alarmada le pidió a su padre que la lleve
al D2, ella ya tenía conocimiento de que eso era “un chupadero”. Cuando llegaron
vio ingresar “claramente” al D2 a Mario.
Daniel Romero vivía en Las Heras y
allí tenía un almacén con su esposa Dulce María Quintana. Tenían dos hijos.
Trabajaba en la empresa Cimalco. Tuvo militancia gremial y perteneció a la Juventud Socialista. Intervino, “de forma determinante” según recordó Vega, para
ayudar a Isabel Membrive y a Juan José Galamba, a quien remitió al horno de
ladrillos que tenía Juan Carlos Romero, su hermano.
A
comienzos de 1977, un grupo de tareas entró a su casa y lo indagó violentamente
acerca de “El Rubio” -Galamba- a quien tenía refugiado en su casa. Detuvieron
unas horas a Daniel y cuando regresó decidieron con Dulce que Juan José ya no
podía seguir allí. José
Ricardo Romero, hijo de Daniel, contó que casi un año después iba con su padre
en la moto y los detuvieron. Los subieron a una camioneta y los llevaron a una
comisaría. Allí torturaron a Daniel frente a su hijo y horas después los
dejaron ir.
El
24 mayo de 1978, aproximadamente a las 22.45, un grupo de hombres irrumpió en el
almacén y se llevaron violentamente a Daniel. Nunca regresó. Esa noche,
Dulce con José Ricardo le pidieron a un vecino seguir a los autos que se llevaron
a su esposo. Fueron por el Acceso Norte y en un momento creyeron que se
desviarían hacia la casa de Juan Carlos, que vivía en el costado Oeste de ese
Acceso, pero finalmente los captores se desviaron hacia el aeropuerto -asiento
de la 4° Base Aérea-.
El
25 de mayo a las 3 de la mañana, un grupo de tares entró en la casa de Juan Carlos Romero, hermano de Daniel.
Violentaron el hogar y le preguntaron por el “obrero del horno de ladrillos” a
quien conocían como “Pepe” o “El Rubio” -Galamba-, revolvieron y robaron cosas
de la casa -“la consabida rapiña”- y se fueron.
Juan
Carlos, estaba casado con Sofía Irene Ceballos y
tenían 5 hijos. Fue militante peronista, concejal por el PJ y Secretario de
Obras Públicas en Las Heras. En
la noche del 28 de mayo, entraron a su casa hombres de civil y armados,
revisaron y volvieron a robar. Se llevaron a Juan Carlos. Cuando su esposa
llegó a la casa, encontró la puerta abierta y su hijo de 11 años le dijo: “se
llevaron al papi”. Juan Carlos nunca volvió.
Víctor Hugo Herrera, conocido como
“Tonio”, vivía con sus padres. Frecuentaba “el caserón de Godoy Cruz” de los
Castorino-Dolz. “Era un hombre humilde y con escaso acceso a la cultura”,
recordó Vega, y los encuentros en el caserón le permitieron crecer”. El
25 de mayo, alrededor de las 5.30, un grupo entró con violencia a la
casa de la familia, golpearon a Víctor Hugo y se lo llevaron desnudo. “¿Dónde está
el arma?” gritaban para despistar. En los días previos, los vecinos habían
percibido vigilancia en la zona.
Su
madre, María Isabel Salatino, hizo varias gestiones por él. En una ocasión se
acercó al VIII Comando de Brigada de Montaña y preguntó si acaso su hijo estaba
allí. Le dijeron que sí, pero que no podría verlo sin autorización del juez. Cuando intentó conseguirla, el general de brigada Juan Pablo Saa negó
rotundamente que Tonio estuviese allí. Otra burla más...
“¡Abyecciones!”,
exclamó Dante Vega, “se divertían desorientando a los familiares”. En otra
ocasión, el padre de Víctor Hugo se presentó en el D2 para averiguar algo de su
hijo, pero lo único que logró fue que le sacaran -robaran- su documento de
identidad. Un soldado le dijo que “no diga nada porque la iba a sacar peor”. Al
hermano de Tonio, Jorge, la policía lo reconoció y -por eso mismo- lo detuvo al
menos 9 veces en los meses siguientes. El
28 de mayo, además de Juan Carlos Romero, fue secuestrado Ramón Sosa y Juan
José Galamba.
A Ramón Sosa le decían “Felipe”. Estaba
casado con Elvira Cayetana Narváez, tenían una hija y vivían en Dorrego. Trabajaba
en enristrar ajo. Era
objeto de vigilancia. Tenía contacto y participaba con el grupo que se reunió
en el horno de ladrillos el 1° de mayo de 1978. Se encontraba regularmente con
Galamba en las inmediaciones de los Molina, que lo estaban cobijando. El
28 de mayo salió por la mañana de su casa y dijo que volvería al mediodía. En la
parada del trolebus de San Juan de Dios y Adolfo Calle fue “levantado” cerca de
las 10 horas. “Desde entonces se perdió todo contacto con él”.
El
escritopresentado en 1986 por Elba
Morales, Carlos Venier (h) e Isabel Guinchul de Pérez, a la justicia dio “una
base” del armado represivo y la conexión entre las causas de mayo de 1978. Allí
se señaló “la vinculación de las personas secuestradas con Juan José Galamba”, desde 1976 buscado por las fuerzas de
seguridad hasta que el cerco represivo se cernió sobre él. “No existía un
refugio, un lugar preestablecido para los militantes perseguidos”.
“Hago
mía la interpretación y la resignifico”, dijo Dante Vega: “la conexión existió
pero no es la única explicación. Se trata de invertir los términos en cuanto a
la responsabilidad de la suerte última de las víctimas: el aparato represivo
estatal, no Juan José Galamba. No
se les ´perdonó´ haber pertenecido a partidos políticos de izquierda ni la
protección que le brindaron a Galamba. Alrededor suyo se puso en marcha el
dispositivo de la solidaridad".
El
ideario socialista había sido compartido por casi todos y después algunos
migraron a Montoneros, como Alfredo Escamez y Gisela Tenenbaum, también
desaparecidos. “En el 76 el grupo ya no existía como tal”, explicó en su
alegato, “las organizaciones armadas habían sido devastadas, las comisiones
gremiales y estudiantiles desarticuladas. Los nuevos blancos eran personas
molestas al régimen”.
El
12 de junio de 1976 allanaron la casa de Galamba y secuestraron a su compañera,
Alicia Morales, los dos hijos de la pareja y María Luisa Sánchez Sarmiento.
Existen fuertes indicios de que José Vargas Álvarez, compañero de María Luisa, fue
detenido en ese operativo mientras que Galamba logró escapar. “El aparato
represivo no dejó de perseguirlo. Los militantes se escondían donde podían, en
un país convertido en una trampa mortal. Galamba se encontró con su familia
presa en el D2 y sus amigos muertos o detenidos”. Pero “a su alrededor se activó
una verdadera red solidaria”.
Permaneció
en la casa de Margarita Dolz; y en
la de Raúl Gómez y Liliana Millet.
Luego se fue a San Juan, en Jáchal estuvo en la cantera propiedad de Gustavo Camín, a través de su hijo Mario.
A principios de 1977 regresó a Mendoza, posiblemente a pie, donde se resguardó
primero en casa de la madre y el padre de una compañera, Gisela Tenenbaum. Luego en la de Daniel Romero. Junto con Gisela y Ana María Moral alquilaron un
departamento en calle Italia de Godoy Cruz. En marzo de 1977 se encontró cerca
de allí con Sonnia De Monte y le entregó un cuaderno que Juan José escribió para
sus hijos.
El
8 de abril de ese año sobrevivió a otra cita envenenada en la Iglesia de
Fátima. Asesinaron a Ana María y días después secuestraron a Gisela. En la casa
de los Tenenbaum encontró de nuevo refugio. El itinerario es impreciso hasta su
estadía en el horno de ladrillos de Juan
Carlos Romero, donde también pudo trabajar. Allí, en una reunión por el día
del Trabajador -el 1° de mayo de 1978- y ante un nuevo avistaje policial, se
decidió que Galamba fuera escondido en otro lugar. Ramón Alberto Sosa lo resguardó en la
casa de Sebastián Molina -con quien además trabajaba en la construcción-.
Finalmente, allí fue secuestrado el 28 de mayo de 1978. Continúa desaparecido. Fiscal Vega: Valoraciones
