085-M: Desapariciones de Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro. Alegato III: MEDH y Alegato IV: Defensa

Identidad: Un delito que sigue sucediendo

21-02-13 | La querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, Dra. Viviana Beigel, hizo un repaso de las circunstancias en que se produjeron los secuestros de Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez; entre el 5 y el 9 de diciembre de 1977. A partir del caso del matrimonio Domínguez-Castro (embarazada de seis meses) destinó un capítulo especial para señalar las apropiaciones de niñas y niños mendocinos durante la dictadura y reclamó la falta de esclarecimiento sobre el destino de quienes son hoy jóvenes con identidad fraguada.

La abogada Viviana Beigel enfatizó el informe secreto del Servicio de Inteligencia Naval cuya copia llegó a Mendoza dirigida al Destacamento de Inteligencia 144. El informe señala a los secuestrados como blancos de la operación “Escoba” que a escala nacional significó el aniquilamiento de los militantes del Partido Comunista Marxista Leninista -PCML-. De los hechos se infiere el trabajo articulado entre el Ejército y el D2 en la persecución de esta corriente política. La “cacería” se extendió hasta febrero de 1978 en Mar del Plata.

Saber qué pasó, dónde están, quiénes son

“Voy a detenerme en el embarazo de Gladys y la apropiación del niño, porque creo que este delito es uno de los más aberrantes que existen, por los efectos que tuvo en sus vidas y en sus familias, que hasta el día de hoy aún los buscan. Estos niños, nacidos en cautiverio, anotados por los asesinos de sus padres como hijos propios, hoy ya hombres y mujeres, viven sin saber cuál es su origen y en los casos en que se ha logrado establecer su paradero han debido atravesar un difícil proceso para recuperar su identidad y comprender la magnitud del delito del que fueron víctimas”.

“No se puede evitar la consideración de la complicidad del Poder Judicial y de instituciones como la ex Casa Cuna que recibía a menores como NN cuando sabían perfectamente que se trataba de hijos de desaparecidos”, explicó la abogada. “Tenían una familia que los estaba buscando” y estas instituciones “no realizaban diligencia alguna para poner en contacto al menor con su familia”. Además, “en los casos en que el niño no había sido inscripto como propio por los asesinos, los jueces los otorgaban en adopción”.
“La acción de la represión no fue desorganizada y casual, sus principales destinatarios fueron los jóvenes. Se manipularon los medios de comunicación y la educación y se institucionalizó el silencio. El estímulo fue a la pasividad, al sometimiento, al no compromiso. Se trató de un esquema deliberado y organizado principalmente por Emilio Massera, jefe de la Armada, para evitar la contaminación ideológica de los padres subversivos. Los dictadores pretendieron mesiánicamente que los niños se educaran en una familia modelo."

Beigel reiteró: “la apropiación de niños fue parte del plan criminal. Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense dijo: ´Personalmente yo no eliminé a ningún chico, lo que hice fue dar algunos a organizaciones benéficas para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión. Esto debía detenerse´”. “En 1978, la doctora Delia Pons, del Tribunal de Menores nº 1 de Lomas de Zamora, dijo a Abuelas: ‘Estoy convencida que sus hijos eran terroristas y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos, no tienen derecho a criarlos. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes. Sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”.

Entre los antecedentes y las apropiaciones cometidas por los genocidas en Mendoza, Beigel puntualizó los casos de: Ángela Urondo -junio del 76- derivada a la Casa Cuna y encontrada por su familia, lo que impidió que sea apropiada días después del asesinato de su padre Francisco Urondo, de la desaparición de su madre Alicia Raboy y de su propio secuestro y detención; María Inés Correa Llano secuestrada en septiembre de 1976, estaba embarazada; Ernesto Sebastián Ramos -septiembre/octubre del 76-, hijo del desaparecido Oscar Ramos y de la ex detenida Ana Bakovic, dado en adopción fraudulenta con intervención del Juzgado de menores, recuperado por su madre en 1984; Adriana Bonoldi secuestrada en diciembre de 1976, estaba embarazada. Destacó también los casos de Rebeca Celina Manrique Terrera, “quien recuperó su identidad en 2007 gracias al trabajo del MEDH pero nunca se determinó quienes fueron los responsables de su entrega”; y de Jorge Martínez Aranda, hijo de los desaparecidos Francisco Goya y Lourdes Martínez Aranda, “cuyo juicio por apropiación se realizó en 2012 en San Juan y determinó que Luis Tejada, suboficial del Ejército, fue quien se llevó al niño de la sede militar de Mendoza”. El coronel Julio César Bellene “era quien disponía del destino de los menores apropiados en el área Cuyo para la época de la contraofensiva montonera, marco en el cual se produjo ese hecho”.

“¿Qué pasó con el hijo de Gladys y Walter?”, inquirió la querellante. Y sostuvo: “Los imputados saben qué pasó pero mantienen el pacto de silencio, ninguno ha tenido la valentía de decir qué hicieron, dónde están los cuerpos de los compañeros, dónde están los hijos apropiados, ninguno. Estos cobardes pretendieron garantizar su propia impunidad, pero hoy gracias a la lucha de los Organismos de Derechos Humanos y a las políticas de Estado en Derechos Humanos tenemos juicios y condenas. Consideramos central que las investigaciones por los hijos apropiados se realicen. Por ello solicitamos se extraiga compulsa de lo actuado en relación al hijo de Gladys y Walter. Es necesario iniciar una causa única sobre la apropiación de niños en Mendoza”.

“María Domínguez es un ejemplo de lucha y valentía”, afirmó Beigel. "Durante tantos años ha pedido saber quiénes fueron, dónde están su hijo y su nuera, qué pasó con su nieto. Del testimonio de María del Carmen Pérez -vecina de los Domínguez, esposa de militar como ella misma se definió- surgió como indicio que a las subversivas embarazadas las llevaban al asilo Monseñor Orzali, ex Casa Cuna a cargo de la institución Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor”. Hay entonces dos líneas de investigación: una en relación a las fuerzas que intervinieron en los secuestros bajo control operacional del Ejército con participación del Destacamento de Inteligencia 144; y la otra que recae sobre el lugar donde llevaban a las embarazadas.”
Viviana Beigel: Apropiaciones como parte del plan criminal


Calificar al represor

La Policía de Mendoza quedó subordinada en lo referente a la “lucha antisubversiva” al mando militar, específicamente al Comando de Operaciones Tácticas -COT- en el que intervenían coroneles y tenientes coroneles. En sus acciones operativas intervenían oficiales que participaban de los Consejos de Guerra y oficiales de Inteligencia. La autoridad a cargo del G2 -División Inteligencia del VIII Comando de Infantería de Montaña- hasta el 14 de diciembre de 1977 -“derivado” a menos de una semana después de “concretados” los operativos- era el teniente coronel Paulino Enrique Furió, quien en su propia declaración indagatoria dijo que “como jefe del G2 asesoraba sobre el enemigo subversivo”. Según indagatorias de 1986 al ex comandante de la VIII Brigada, Jorge Maradona; él “podía delegar la autoridad en los niveles subalternos del Estado Mayor y en las jefaturas de División”. Además, el mismo comandante se nutría de información y asesoramiento del COT y la Comunidad Informativa, integrada por el jefe de Policía de Mendoza y los jefes de División del Estado Mayor, tal el caso de Furió.

Redimensionó entonces Viviana Beigel el grado de implicancia del imputado: “Furió, en su calidad de jefe del G2 e integrante del COT, dependiente del comandante del III Cuerpo del Ejército, tenía a su cargo la recopilación y procesamiento de la información obtenida por todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad dependientes de la VIII Brigada. Asimismo asesoraba a Maradona respecto a la conveniencia de detener o no a determinadas personas. En ese contexto se dispuso el procedimiento que culminó con la privación ilegítima de la libertad y posterior desaparición forzada que sufrieran las víctimas”.

En consecuencia, la calificación solicitada por la querella del MEDH coincidió con la del Ministerio Público: autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, ambos delitos por seis hechos; robo simple por un hecho y robo agravado por dos hechos. Todos delitos cometidos en concurso con el de asociación ilícita -en carácter de jefe u organizador-, que constituyen delitos de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el contexto del genocidio.

La continuidad

El Operativo Escoba fue realizado con la intervención de toda la estructura del aparato organizado de poder. De la inteligencia sobre el PCML se ocupó el GT3 en vínculos con la Comunidad Informativa y el COT. En los operativos actuaron Ejército, D2, Policía Federal y el personal de las comisarías que liberaba las zonas. Sin embargo sólo Paulino Enrique Furió fue imputado en la causa. Según Beigel, “el MEDH considera necesario continuar investigando estos hechos. Es impensado que un solo imputado sea el responsable de tantos asesinatos. Furió no actuó solo”. Por eso solicitó se forme compulsa para que se profundice sobre la participación que pudieran haber tenido en los hechos las siguientes personas”:

Eduardo Ceballos Ríos y Juan Antonio Morales, comisario y subcomisario, respectivamente, de la seccional 25°, con jurisdicción en la zona del secuestro de Vera; Enrique Gauna, comisario de la 27°, por los secuestros de Carzolio y Tissone; Eberto Edgardo Villegas, comisario de la 7°, por los secuestros de Jamilis, Castro y Domínguez; Ricardo Benjamín Miranda y Aldo Patrocinio Bruno, jefe y subjefe, respectivamente, del D2, entre el 26 de agosto y el 28 de diciembre de 1977.

También sobre personal actuante del D2 hacia fines de ese año: Armando Fernández Miranda, Alfredo  Castro Videla, Marcelo Moroy Suárez, Timoteo Rosales Amaya, Miguel Ángel Tello Amaya y Francisco López Rodríguez; integrantes de la Policía Federal -tres de las víctimas son de La Plata lo cual denota la coordinación en distintos puntos del país-; miembros del Estado Mayor del Ejército como Enrique Gómez Sáa -G3, Operaciones- y Juan Antonio Garibotte -G2, Inteligencia-; Juan Carlos Santamaría de la Fuerza Aérea; Alcides Paris Francisca de la Fuerza Aérea y jefe de la Policía Provincial. Respecto al Destacamento de inteligencia 144, que actuaba en apoyo al VIII Comando de Infantería de Montaña y a su vez dependía a nivel nacional del Batallón 601 que era el que concentraba la totalidad de la información, la querellante también solicitó compulsas respecto a sus miembros, en especial en relación a la apropiación del hijo o hija de Castro y Domínguez.

Cerró Beigel: “El Estado Argentino tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables. Esta parte querellante siempre luchó para que se haga justicia, junto a las Madres, los H.I.J.O.S., los Familiares. Queremos que se termine la impunidad. Pedimos justicia. Pedimos que se investigue y se condene a todos los responsables”.

Defensa clásica

El turno expositivo de la defensa oficial del imputado Furió estuvo a cargo de la Dra. Andrea Duranti. Calificó como insuficientes los argumentos expuestos por la Fiscalía y las querellas respecto a la certeza de la responsabilidad que le cabe al ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza cuando tres personas foráneas y otras tres oriundas de la Provincia, todas militantes del PCML, fueron secuestradas y desaparecidas en diciembre de 1977. “Indeterminación de los hechos en cuanto a la autoría y responsabilidad de Furió, sospechas basadas en inferencias y apreciaciones, imprecisiones sobre su función en el G2”, enumeró Duranti, que se apoyó en declaraciones de su defendido: “mis funciones de inteligencia estaban limitadas al conflicto con Chile”. Otro “clásico” escudo utilizado por los responsables para deslindarse de cargos que en otra época los hoy acusados supieron ostentar fue apelar al jefe superior inmediato, personas, casualmente, siempre fallecidas. En el caso de Furió, el jefe del VIII Comando de Infantería de Montaña -núcleo militar de la Provincia- Jorge Maradona.

El bastión de la defensa se centró en la interpretación de información volcada en el legajo de Furió, que serviría como coartada respecto a su preparación y participación en la serie de secuestros: por resolución del 27 de octubre de 1977, se le remitió a Furió un traslado a San Luis -más lejos todavía del “conflicto con Chile”- como jefe del GADA -Grupo de Artillería de las Fuerzas Armadas. La asunción de dicho destino no se efectuó hasta mes y medio después, el 14 de diciembre, transcurridos cinco días de concluido el Operativo Escoba en Mendoza. Según su legajo, los días previos a los secuestros, Furió estuvo en Buenos Aires, “en comisión de servicio” -entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, por un curso de formación como jefe de unidad- y el 5 de diciembre se instaló en San Luis a fin de efectuar la mudanza que le demoraría casi diez días. Tanto el curso como la mudanza contaron con el “permiso” de su jefe superior inmediato -hoy fallecido- Jorge Maradona.

Por tanto, para Duranti su defendido (que para la época “tanto en lo personal como en lo profesional había disminuido su injerencia notablemente”) “no tenía dominio sobre los hechos que realizaron sus subordinados” (otro clásico), ni se trataba de un “autor de escritorio”, ni fue parte “de las tareas previas de inteligencia”, “ni hay pruebas que lo vinculen a los hechos” y “su presunto aporte (a la represión) no era indispensable para el desarrollo de los hechos”. Duranti pidió absolución de todo lo que se le imputa.

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez. 053-M: Desapariciones de Antonia Campos y Antonio Alcaráz, secuestro de Martín Alcaráz

Búsquedas

11-10-2012 | Dos testimonios, Martín Alcaráz -hijo de Antonia Campos y José Antonio Alcaráz, desaparecidos- y Angelina Caterino -madre de Gladys Castro, embarazada, desaparecida- transmitieron la profundidad de las relaciones y las búsquedas. El relato de Alcaráz abrió la causa 053-M. Otros dos testimonios -de ex policías del D2- dejaron inferir rasgos del funcionamiento acerca de “Informaciones” en ese Centro clandestino.

Siempre la esperanza

Angelina Caterino de Castro y José Fermín Castro tenían seis hijos en 1977, los tres menores vivían en la casa familiar de calle 25 de mayo en Dorrego. Su hija Gladys se había casado dos años antes con Walter Domínguez y ambos vivían en calle Luzuriaga de Godoy Cruz, de donde fueron secuestrados el 9 de diciembre de aquel año. Gladys tenía un embarazo de seis meses. Angelina supo de los secuestros por sus consuegros que hallaron rota la puerta de acceso al jardín del domicilio -luego reparada por Osiris Domínguez (p)- tras hallar todo revuelto. Por una vecina y la hija aledañas al matrimonio -que fueron testigos de los hechos y con las que tuvo contacto durante unos meses- se enteró que más de cuatro hombres encapuchados y armados descendieron desde dos vehículos comunes a las tres de la mañana e ingresaron a la casa. Las vecinas oyeron los gritos de Gladys pidiendo auxilio, preguntando por qué los llevaban si no habían hecho nada. Alcanzaron a ver que se la llevaban en bata.

José Fermín radicó la denuncia infructuosa en la comisaría 25, presentó el rechazado habeas corpus y se ocupó de denunciar y buscar (“cada quince días se arrimaba por el Comando” -VIII de Brigada de montaña, en cuyo escritorio de ingreso al edificio, un uniformado le dijo: “se lo habrá llevado algún compañero suyo”). Angelina siguió averiguando con sus consuegros (se enteró del operativo paralelo al de su hija y su yerno en casa de los Domínguez) y cuidó de sus hijos más chicos enfermos.

“Ella era muy inteligente, fue cuadro de honor en la secundaria en el Martín Zapata. Con Walter se conocían del barrio, hubo noviazgo, llevaban casi dos años casados. Ella trabajó en una farmacia, en un negocio de ropa y en una panadería, estudiaba Bellas Artes. El estudiaba arquitectura y trabajaba en Pescarmona, nunca me comentó si estuvo en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)”, reseñó Angelina acerca de su hija y de su compañero.

Sobre el cerco represivo cada vez más patente, Angelina recordó: “en la facultad secuestraron a un amigo de Walter, había rumores de desapariciones y persecuciones, para diciembre de 1977 ella tenía mucho miedo y más, embarazada de seis meses. Diez días antes había estado en Chile y me dijo, ´me gustaría irme con el papi´. Andaban con miedo por otros chicos que se habían llevado”.

“Tenía esperanzas que los largaran, hoy están desaparecidos”, dijo Angelina sobre Gladys y Walter. Respecto al alumbramiento de su hija -su nieta o nieto- explicó: “Lo esperaba todas las noches, siempre la esperanza, me lo van a traer, lo van a dejar en la puerta. Nunca pasó, no sé si lo habrán dado a otra persona, si habrá nacido bien”. 

Relevancias

“Siempre trato de seguir construyendo la historia, no sé si será relevante”, expresó Martín Antonio Alcaráz en mitad de su testimonio, mientras relataba las historias de Antonia Adriana Campos -su mamá, desaparecida-, José Antonio Alcaráz -su papá, desaparecido-, María Silvia Campos -su tía, desaparecida- y la suya -secuestrado a los diez meses de edad en el operativo que atentó contra sus padres-. “Claro que es relevante”, lo alentó el fiscal Dante Vega. Al comienzo Vega le había dado lugar: “Usted testimonió el año pasado en relación a la desaparición de su tía, ofreció todo un perfil de su vida, ahora le pedimos lo mismo respecto a sus padres y su familia":

“Nací el 7 de febrero de 1977. Ellos se conocieron en San José, eran vecinos, se casaron dos años antes de ser secuestrados, vivían en calle Juan Godoy de Godoy Cruz, él tenía 20 años, ella 22. Mi papá era muy buen compañero de mi mamá. La acompañaba mucho. Ella -estudiante de medicina- era más de ayudar, él -como conocía de imprentas- colaboraba con el material gráfico. Silvia y Antonia eran muy compinches, con convicciones de izquierda, compartían lecturas. En el 75 empezó el miedo. Antonia se ocupó demasiado tras la desaparición de Silvia”, relató Martín. Adriana -hermana menor de Antonio, cercana a sus actividades- le contó que “siempre andaban con folletería” y recordó un campamento en Bermejo donde el grupo habló de política. A su vez, Cecilia Vera -hija de Rodolfo Vera, desaparecido durante ese diciembre-, a través de su madre Mirta Hernández -que conoció al matrimonio- le comentó la probable relación entre las desapariciones de la pareja con las del grupo de militantes del PCML (causa 085-M), donde según  Hernández “militaban y se organizaban celularmente”.

Martín dejó en claro que los secuestros se produjeron el 6 de diciembre de 1977; que al otro día hacia la medianoche fue dejado en una caja en la casa de sus abuelos maternos; que los hechos fueron “procedimientos del gobierno militar”; y que -según su abuelo paterno- sus padres habrían sido desaparecidos en el D2. “Esa madrugada nos secuestraron. Mi papá trabajaba con mi abuelo materno en San José. Se preocupó por su atraso ese día -Silvia había sido secuestrada un año y medio atrás: la misma novela anterior-. Fue hasta la casa, la encontró saqueada, con la puerta rota. Según vecinos, la policía se llevó las cosas”.

Otro vecino, Mario Gómez -además amigo de Antonio-, presenció cuando dejaban a Martín en casa de sus abuelos maternos: “un par de Falcon sobre calle Pedernera bajaron un bulto y lo dejaron en la vereda. El vecino esperó a que se fueran, fue él quien golpeó la puerta de la casa”. Por secuencias de recuerdos, de comentarios, Martín contó que su abuela materna se quedó sin habla, que lo llevaron a la vuelta a casa de sus abuelos paternos, donde entre todos lo revisaron porque parecía dopado, sin reacción, no lloraba. “Vaya a saber el circuito turístico que he hecho en esas 24 horas”, se permitió sonreir.

“Todo esto desarmó la familia. Las tres desapariciones, la persecución, atravesaron a toda la familia.” Los Alcaráz en completo vieron alteradas sus vidas. Para 1979 se fueron dejando afectos las hermanas sobrevivientes. El temor, la vigilancia contrariaron el porvenir de los abuelos. “Hoy tengo mi familia, mis hijos, pero no mi mamá, ni mi papá, ni mi tía”, enseñó Martín a sus 35 años.

Otras máquinas del segundo piso

Las divisiones o departamentos D5 -“Archivos judiciales” de la Policía de Mendoza- y D2 -“Informaciones” de la Policía de Mendoza- compartieron espacio físico en el Palacio Policial y también la distribución de tareas en lo concerniente a la remisión y reasignación de información contenida en los prontuarios civiles destinados al servicio de la represión ilegal. En el subsuelo estaba el D5, con los legajos conformados y antecedentes de los habitantes de la Provincia. En el segundo piso, además de la “sala de reunión de detenidos” y del área de calabozos clandestinos del D2, funcionaban oficinas “administrativas” con archivo propio, secreto (contenido en varios armarios), en las cuales se procesaban los prontuarios indicados por los “jefes”. Una “mesa de entrada y los escritorios al fondo” constituían el ámbito de trabajo.

El reciente testimonio del ex policía Jorge Rivero -a cargo del archivo D5 durante la dictadura- según el cual eran cuatro las personas encargadas del movimiento de legajos entre secciones; y el Libro de constancias de las devoluciones que el D2 hacía al D5, motivaron la citación a declarar de otros dos ex policías que se desempeñaron allí, Carlos Faustino Álvarez y Miguel Angel Salinas.

El habitual silencio cómplice de los otrora uniformados, el decir sin decir, la desmemoria, el refugio en el argumento de “sólo realizar funciones administrativas”, la descarga de responsabilidades en jefes que no se nombran, o se nombran porque están fallecidos, dominó el hilo de ambas declaraciones. Sin embargo, la indagación del abogado Pablo Salinas, representante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH- , sobre todo respecto al testigo Salinas, menos reticente, permitió dar cuenta de que:

-En un papelito, o ficha mínima, expedido en “Informaciones” por los oficiales Félix Andrada y Ricardo Couto (y en algunas oportunidades por “jefes”) se solicitaban los prontuarios a investigar. Álvarez y Salinas (“estábamos para los mandados”) bajaban, recibían los legajos, firmaban en el Libro de salidas del D5, volvían al segundo piso, remitían los legajos a sus superiores que tenían plazos no mayores a 48 horas para devolver los expedientes (aunque había casos de prontuarios en poder del D2 durante semanas), estos eran reasignados por el plantel de escribientes en cuanto a información (se agregaba alguna clave que date destino de la persona, direcciones nuevas, relaciones), para finalmente ser entregados al subsuelo, tras la firma de Rivero en el Libro del D2.

-“Todos pedían información al D2, Ejército, Fuerza Aérea”. También “había prontuarios propios del D2". Era el jefe encargado -Andrada, Couto- el que ordenaba los legajos a referenciar. Se agregaban recortes de prensa, información “pública”; se actualizaban las fichas. Tanto el D2 y el D5 funcionaban de modo permanente, con turnos nocturnos ante las urgencias. El personal policial designado para las funciones de correo y manipulación de datos era “el más rápido en el manejo de ficheros y de las máquinas de escribir en el segundo piso”.

-De los imputados en el juicio y cercanos o partes del funcionamiento del centro clandestino, los testigos reconocieron a los jefes Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Miranda Genaro, Alsides París Francisca, Agustín Oyarzábal (“Titín, muy distinto de los demás"), Armando Fernández Miranda y Venturino. Otros indicados fueron Rondinini, Pablo “Negro” Gutiérrez, Ricardo Vásquez, Carmen Juri, Alfredo Edgar Gómez, el “Pájaro” Rodríguez Vásquez, el “Ruso” Smaha, Josefina Rita Gorro y el “Viejo” Manuel Bustos.

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez

Búsqueda y relato

27-09-2012 | Los testimonios de María Assof de Domínguez -referente incansable de la lucha de las Madres- y de su hijo Osiris, dieron cuenta de las desapariciones forzadas de Walter Domínguez y de Gladys Castro -embarazada al momento del secuestro- en diciembre de 1977. Aportes sobre el operativo a escala nacional contra los partidarios del PCML, con Mendoza, Mar del Plata y el Sur del país como focos de la represión. Beatriz Ortiz, testigo clave para entender cómo investigaban y actuaban los grupos de tareas.

Elisa Moyano, hermana del desaparecido Salvador Moyano, en el acto del 27 de septiembre a 36 años de su secuestro. Colocación de una cerámica en su memoria en su domicilio de Guaymallén.

Las novelas del terror

“Cada expediente era una novela de terror y yo leía cinco expedientes por día. Es muy difícil trabajar en esto si no hay respuesta”: tal la carta de presentación de María Beatriz Ortiz de Guillén, testigo de contexto aportada por la querella del MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Oriunda de San Juan, Beatriz recaló en Mendoza en agosto de 1986 para desempeñarse hasta abril del año siguiente como subsecretaria administrativa de la Justicia Federal en la Sala B de la Cámara de Apelaciones presidida entonces por el hoy ex juez destituido Luis Francisco Miret. Como vocales fungían otros actores vinculados a la impunidad como Eduardo Mestre Brizuela (San Juan) y Antonio Endeiza (San Luis). “Íbamos al D2 -Departamento de Investigaciones de la Policía Provincial- con Mestre Brizuela y Endeiza para que nos abrieran los archivos”, contó Ortiz designada como relatora para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis y en Mendoza. El objetivo era “determinar dónde había terminado la cosa, hacer análisis sobre los destinos de los desaparecidos, hice un diagrama grande e iba pidiendo los libros de las comisarías y del D2. En el primer piso encontramos que había un archivo paralelo en otro armario, que provenía de los legajos apuntados con las iniciales O/P -orden político-, que indicaba dónde había estado la persona, cómo había sido el camino, con quiénes se relacionaba. Los expedientes instruidos por la justicia militar eran chiquitos, no se había investigado nada, llegaban sin los habeas corpus presentados. En los libros de novedades de las seccionales policiales advertí que los operativos (horarios de salida y regreso de personal y móviles sin consignar destinos) coincidían con las fechas de los secuestros, sobre todo entre 1976 y 1978”. La relatora hacía sus anotaciones en base al libro de sumarios del D2 o a los libros de las comisarías, “luz verde o luz roja, según intervinieran el Ejército o la Policía”.

Con prestancia y metodología, Beatriz recordó entre los archivos políticos del D2 a algunos de los desaparecidos por los que se busca justicia en el actual proceso: Ángeles Gutiérrez de Moyano, “la señora que tenía una florería en calle España, hacía obras de beneficencia, aparecía como que lo que había hecho mal fue estar en una reunión con una persona luego desaparecida y haber trabajado en la Casa Cuna”; Miguel Poinsteau, su nombre subrayado en el libro; Roberto Blanco Fernández, al que reconoció tras acceder al archivo fotográfico: “Blanco fue por un trámite al Palacio Policial, no salió más, alguien que lo había acompañado se quedó afuera esperando”.

Otros nombres de desaparecidos anotados por Ortiz en su planilla son los de Koncurat, Bonoso Pérez, Rafael Olivera, Sedrán de Carullo, Aníbal Torres y Jorge Vargas Álvarez. Sobre Vargas dijo: “era sanjuanino, llevaban a su hija mayor a ver las torturas que le infligían al padre. Su pareja era hija del defensor público de San Juan. A los dos años -del secuestro- leí que esa niña tomó el revólver de su abuelo y se disparó frente a un espejo”. Sobre las detenidas embarazadas recordó su mención en los archivos pero no se investigó respecto a los nacimientos en cautiverio. Entre las fotografías que vio hace más de veinte años se le grabó la de “una mujer -en situación de prostitución, detenida- en la escalera del D2 que conducía a las celdas”.

Ortiz agregó conocer otros expedientes impactantes entre el archivo. Uno de ellos referido a la ´justicia militar´: “Las causas 20840, eran una cosa increíble, traían a varios detenidos con los ojos vendados y ponían libros atrás, rodeados de gente apuntándoles, les sacaban la venda y les preguntaban ¿esto es suyo? y decían sí, entonces esto está probado y condenaban a todos”. Otro caratulaba el hallazgo de más de treinta cadáveres -nunca identificados- en el dique El Carrizal tras un drenaje hacia 1986 -presumiblemente arrojados desde aviones- con tachos de cemento en los pies”.

Antes que la investigación de la Cámara fuera suspendida en 1987 “por las presiones carapintadas”, se alcanzó a indagar a algunos responsables del D2, del Comando de Infantería y del Liceo militar, todos centros clandestinos de detención “dónde dirigían a las personas a las cuales no desaparecían inmediatamente”. En particular, Beatriz recordó la declaración del ex jefe policial Sánchez Camargo, “era terrible, como si estuviera muy enojado por estar ahí”; y la decisión de detener al capitán Plá. Aquellos escasos meses de investigación permitieron que la testigo pueda hoy afirmar la activa participación del D2 en la desaparición de personas y la coordinación represiva entre las fuerzas de seguridad y la complicidad de la Justicia federal.

“Nunca supe qué fue de la documentación que logré colegir antes de mi renuncia. Puedo decir que todas esas cosas quedaron en un armario en el primer piso de Tribunales Federales, en una oficina grande. Dos años después leí en Los Andes que se habían quemado muchos archivos, me quedó la sensación de que había sido parte de esa documentación. Pasaron algunos años cuando me di cuenta del valor de esas investigaciones, las busqué y no encontré nada”; dijo Beatriz, que añadió “mi psiquis, mi carga personal, no admitían más cosas”. La claridad y validez de su exposición ante un Tribunal de la democracia demuestran que nada de lo que puso en juego fue en vano.

Los pañuelos son la vida

A las tres de la mañana del 9 de diciembre de 1977, cuatro hombres encapuchados y armados -uno de ellos al frente del grupo, con barba y bigotes postizos- irrumpieron agazapados en el hogar del matrimonio conformado por María Assof y Osiris Domínguez. Encañonado en la sien interrogaron a Domínguez acerca de Osiris y Walter -hijos de la pareja. “Mi marido quedó petrificado hasta la madrugada, tras la inspección total que hicieron de la casa, incluso quitando la pastilla del teléfono para incomunicarnos”, dijo María en su testimonio. Al levantarse y salir tras sus paraderos, fue anoticiada por el dueño de la casa que Walter alquilaba en Luzuriaga 84 de Godoy Cruz con su compañera Gladys Castro -embarazada de seis meses- que el domicilio había sido violado, revuelto y saqueado. María  entendió que “habían secuestrado a mis dos hijos varones, no tengo nada más, dónde iba a buscarlos, qué iba a hacer, pensé que era la única a la que le había pasado algo así”. Por los vecinos supo de la participación de la policía en los secuestros de la pareja. La lectura de la constancia de denuncia radicada por su marido ante la comisaria 31 y los comentarios de vecinos de Walter dan la pauta de que el modus operandi y los grupos de tareas actuantes en ambos operativos hayan sido los mismos e incluso que su hijo secuestrado haya sido conducido esa noche hasta el domicilio de sus padres.

Osiris Rodolfo Domínguez -el hijo mayor de María-, trabajaba para esa época en la empresa Pescarmona -dirigida por agentes de la Marina- y era "simpatizante" del Partido Comunista Marxista Leninista, por lo cual no tenía tanto involucramiento como su hermano, según relató. Entre las personas que conoció esos años mencionó a Rodolfo Vera, Néstor Carzolio, María Elena Ferrando, los hermanos Elsa y Jorge Becerra; y a Jorge Fonseca. Casi todos permanecen desaparecidos. "En un mes, mes y medio, levantaron a todos los del partido", recordó, "los de acá, los de Buenos Aires, los de La Plata, fue una cosa bien diagramadita". Osiris ratificó y completó datos aportados por su madre. Así, comentó que Walter y Gladys albergaron en un domicilio anterior al del secuestro -en Dorrego- a Susana de Miguel, compañera de Jorge Becerra -que ya había sido secuestrado-; y a Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Ambas estaban con sus hijos pequeños.

El 8 de diciembre a la tarde, Osiris visitó a Walter. Él le comentó de varios compañeros que eran detenidos o que desaparecían y que no sabían más de ellos. Esto prendió una luz de alarma entre los hermanos y Osiris le sugirió mudarse. A las seis de la mañana, Osiris salió de su turno nocturno de trabajo y pasó a ver a Walter. Cuando llegaba al domicilio, por la vereda de enfrente, vio la puerta de la casa rota y abierta e imaginó lo que había sucedido. Siguió caminando hasta el centro. Allí se encontró con un compañero: Fredy Irusta, -que se presentó este año en el Juzgado y prestó testimonio sumado a la causa-. Irusta lo contactó con Oscar Vera -hermano del desaparecido Rodolfo- y comenzó el peregrinar para sobrevivir. Estuvo cerca de dos meses en una finca en Barrancas, luego se trasladó a Buenos Aires. Primero se radicó en San Clemente del Tuyú, junto a militantes que también huían de Mendoza -entre ellos Cristina y Mabel D'Amico, Mirta Hernández y su hijo; Carlos Vera y Julio Del Monte. Semanas después, esa casa se tornó peligrosa y se trasladaron a Mar del Plata. A fines de febrero "cayó" uno de los departamentos en manos del terrorismo de Estado. Se dispersó el grupo y Osiris tomó camino hacia Neuquén, con Del Monte. La fuerte presencia militar en esa provincia los llevó a cambiar de destino y regresaron a Mendoza. No volvieron a verse más. De vuelta en la provincia, Osiris pudo juntarse a hablar con sus padres. Luego partió hacia Córdoba y se radicó, finalmente, en Oncativo.

Osiris recordó lo sucedido con su primo Rolando Omar Domínguez, quien trabajaba para la IV Brigada Aérea y -según presume con certeza- para el departamento de Inteligencia que funcionaba en Alberdi y carril Godoy Cruz de Guaymallén. Para la navidad de 1977, el sobrino militar le dijo a María Assof que "prepare comida" porque iban a soltar a la pareja, cosa que no sucedió. Tiempo antes había referido solaz a María el operativo en el que “paseaban” a un chico detenido. Rolando no volvió a referirse a eso y se desligó de la situación. Por la pertenencia militar de Rolando, Osiris sospecha que el grupo de tareas que se llevó a su hermano y su cuñada debía pertenecer a la Fuerza Aérea.

“Desgraciadamente cada vez éramos más madres buscando a nuestros hijos”, recordó María e hizo presente la lucha incesante de Madres de Plaza de Mayo por la aparición con vida que impregna sus pañuelos blancos y sus voluntades. Antes había vivido la incertidumbre, la presentación de habeas corpus -sistemáticamente rechazados por el juez Gabriel Guzzo- junto a los padres de Castro por Gladys, Walter y Osiris; los anónimos con pistas falsas; las burlas de los funcionarios del Ministerio del Interior, de Videla para la navidad del 78 (“los van a poder ver”) y de monseñor Graselli, capellán de la Marina (“hay un fichero con todas las cartitas de las chicas embarazadas, están muy bien”). Sobre su nieta o nieto señaló, “tiene que haber nacido acá, en Mendoza”.

“No tuvo tiempo”, dijo María al evocar la vida que arrebataron a su hijo: “de chico le gustaba el bailecito, la ropa limpia, después cambió cuando entró a la facultad de arquitectura, se preocupó por lo social, se interesaba por el otro, lo que hacía no era nada peligroso pero sí para el sistema”. 22 años tenía Walter, 24 Gladys, su compañera.

María Assof

Osiris Domínguez: Operativo "Escoba"


Osiris Domínguez: Probable complicidad de su primo militar

Audiencia del 7 de julio

CAUSAS TORRES Y FONSECA: Al final, la justicia

Con las declaraciones de Acquaviva, por la Causa Torres, y Domínguez, por la Causa Fonseca, concluyó la etapa testimonial de los juicios. El Tribunal retomará la actividad el próximo 26 de julio con la incorporación instrumental de las Causas Olivera-Rodríguez Jurado, Urondo-Raboy y Torres; el inicio de los alegatos y las sentencias.

Raúl Acquaviva

Completó su testimonio en torno a la desaparición de Rosario Aníbal Torres.

Acerca de la “audiencia” en el Consejo de Guerra, en el que se decidió sobre su vida, Acquaviva relató: “Era un teatro armado para justificar la información que me extrajeron bajo tortura, como para darle una estructura legal a la forma en que se me maltrató, el trámite necesario para pasarme a la cárcel y entrar en la legalidad”. En una sala del D2 frente a los mismos calabozos, tuvo que elegir un abogado de una lista, el Teniente Coronel Melitón Toledo que le aseguro´ que “no entendía nada de lo que fuera una defensa en un juicio, qué era lo que podía argumentar si yo sólo comulgaba con las ideas de la izquierda revolucionaria”. En el Tribunal, situado en el palacio policial, había unos 10 miembros del Ejército que le aplicaron el mismo interrogatorio obtenido bajo tortura en el D2. La condena fue de 20 años de prisión por tenencia de explosivos (posesión de una bomba de estruendo de cartón de venta legal). La declaración se la hizo firmar el capitán Dib el 21 de junio de 1.976. Resumió la injusticia el testigo: “Con mis compañeros Leda, Tognetti, Paris, estábamos todos en un pozo y los defensores nos tiraban paladas de tierra”.

Acquaviva permaneció en el penal provincial desde el 4 de julio hasta el 27 de septiembre, cuando fue trasladado en el vuelo del Hércules. Allí, esposado con Bustelo, “me tocó un lugar tremendo, entre banquetas, encadenado al fuselaje del avión, un guardia (“Poxipol”) caminaba sobre las espaldas, no me llegaba sangre a las piernas”. En la U9 de La Plata, celda 636, pabellón 13, fue testigo del asesinato de Marcos Ibañez, detenido y trasladado desde Mendoza, por cuya Causa Raúl testimonió en La Plata. “He pasado por la virtud circunstancial de presenciar la muerte de varios compañeros” (dicho también en relación a Torres).

Siete años, siete meses y veinte días estuvo preso Acquaviva, desde el día que inocente se entregó: “Creí en la justicia, por eso hoy agradezco, saber que al final hay justicia me da tranquilidad para afrontar el último tramo de mi vida”.

Osiris Rodolfo Domínguez

Diseñador, hermano de Walter Domínguez, cuñado de Gladys Castro (ambos desaparecidos) y tío del bebé apropiado a la pareja, testimonió en relación a la Causa Fonseca, a quien conocía por su grupo de pertenencia política y vio en tres oportunidades. Osiris explicó que a fines de 1.077 sobre ese grupo hubo procedimientos en “cadena” de militantes que serían desaparecidos: Gladys Castro, Walter Domínguez, Elsa Becerra, María Cristina Damico, Jorge Fonseca y Carzolio (primero en huir de La Plata, “con Fonseca estaban marcados por los servicios, puede ser que hayan vivido juntos”).

La noche del 7 de diciembre de 1.977 fueron secuestrados de su casa de Villa Marini (“levantados de la cama”) Walter Hernán, hermano de Osiris, y su compañera embarazada de seis meses, Gladys Cristina, que habría dado a luz en cautiverio. Como Osiris tenía un trabajo nocturno en la empresa Pescarmona, no pudieron dar con él, pues la misma patota captora de la pareja pasó por la casa de los padres de los Domínguez preguntando por él y “les quedó la impresión de que Walter y María iban en el baúl del auto”. Osiris se refugió en una finca de Barrancas y desde allí salió hacia Buenos Aires, donde Carlos Vera (hermano de otro desaparecido, Rodolfo) lo ayudó frente a la persecución.

Por un primo de la familia, que actuaba como servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea, “estábamos convencidos de que a Walter lo iban a soltar y que todos (incluso Fonseca, “que se dedicaba a mover compañeros y se desvaneció”) habían sido secuestrados por un grupo de tareas de la Cuarta Brigada Aérea”. Luego sus padres recibieron indicios de que a la pareja la habrían tenido en Las Lajas.

Osiris concluyó que no fue desaparecido por una cuestión azarosa y señaló contradicciones de los represores: “vean qué peligroso era yo que ni siquiera sabían que trabajaba en Pescarmona”.