053-M: Desapariciones de Adriana Campos y Antonio Alcaráz; y privación de la libertad de Martín Alcaraz. Alegato I: Fiscalía

La maquinaria y las órdenes

21-02-13 | El fiscal Dante Vega alegó por las desapariciones de Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción ilegal del hijo de ambos, Martín. Los imputados son los militares Paulino Enrique Furió y Juan Antonio Garibotte; y los policías Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Alsides París Francisca -jefe de Policía y enlace militar.

Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa

Estos casos tuvieron una elevación a juicio parcial y se trataron en el segundo proceso oral por delitos de lesa humanidad en Mendoza. En ese juicio de 2011 se trató junto a la desaparición de la hermana de Antonia, Silvia Campos -secuestrada en mayo de 1976-. Por cuestiones técnico-burocráticas, la Causa fue juzgada por partes y, a la vez, quedó marginada del grupo de casos de diciembre de 1977 -Causa 085- ocurridos en el marco del denominado Operativo Escoba que tuvo por objetivo el “desmembramiento” del Partido Comunista Marxista Leninista -PCML-.

Se trató de un operativo de alcance nacional y, al igual que lo comprobado en la Causa 077M -desapariciones en mayo de 1978-, se realizó con el accionar “conjunto” de fuerzas militares y policiales. “Su ejecución tuvo lugar entre fines de 1977 y principios de 1978”, describió el fiscal.

“Todo operativo fue conjunto tanto en su diagramación como en su ejecución”, explicó Vega. Existía “una Comunidad Informativa que combinaba la inteligencia policial con la militar” y “el modus operandi” que se repitió en todo el país implicó “zonas liberadas, santos y señas intercambiados con la policía; intervención directa de ésta en los secuestros ilegales, en conjunto con militares” y  “paralela o subordinadamente, casos de ‘aseguramiento del perímetro’”.

D2 en el ojo de la tormenta

“Se encuentra probada con certeza la intervención del D2 en la inteligencia previa, en el secuestro y la posterior desaparición de Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaraz y, por ende, en la sustracción ilegal de Martín Alcaraz”. Así comenzó el fiscal el apartado en su alegato referido a las responsabilidades.

En el Libro de Registro de Prontuarios Civiles devueltos al Archivo General D5, “habilitado el 20 de diciembre de 1977 con la firma de Aldo Patrocinio Bruno”, consta el pedido y la devolución de prontuarios del D2 al D5. Entre ellos, consta que el D2 pidió y devolvió juntos los legajos de Campos y Alcaráz. Aldo Patrocinio Bruno dijo en su única declaración indagatoria que él -como segundo jefe del D2 primero, y jefe después- solo hacía “trabajo administrativo”, que redactaban “informes” a pedido de “diversas dependencias”.

Jorge Aladino Rivero, policía que por entonces trabajaba en el D5, testimonió en este juicio: “Venían de las distintas oficinas de investigaciones y sacaban estos prontuarios y después los devolvían”. Lo que Bruno “burocratizó”, en palabras de Vega, Rivero lo ancló: “oficinas de investigaciones” eran las que pedían los legajos. “En otro tramo de su declaración Rivero dijo que escuchó gritos que provenían del D2, ‘muy fuertes’ y agregó que en esa época sabía que esos gritos podían ser de torturas o tormentos”, recordó el abogado.

“Existen tres testimonios” repasó el fiscal, “que mencionan al D2 en esta Causa”: José Alcaráz padre se presentó ante el Juez Federal Gabriel Guzzo -próximamente enjuiciado por complicidad con la dictadura- el 29 de diciembre de 1977. Allí dio cuenta del Habeas Corpus presentado por su hijo y su nuera, y agregó que tuvo “conocimiento” de que “se encontrarían detenidos” en “dependencias del D2”, lo cual supo por “personas a quienes se les ha permitido la visita a familiares detenidos en esa dependencia”. El padre de Adriana, Pedro Campos, “fue citado al D2, no a la Comisaría Tercera ni a Rentas. Al D2” remarcó Vega. Allí le dijeron que a su hija y su yerno los tenían “fuerzas de seguridad, pero nadie me dio ningún comprobante de nada”.

Calificar al represor

Al igual que en las causas anteriormente alegadas, Dante Vega refirió que la responsabilidad de los imputados corresponde a las funciones y cargos que cumplían: “La maquinaria terrorista funcionaba en base a las órdenes que se daban”. Pero son responsables no sólo por eso.

Paulino Enrique Furió era, a fines de 1977, Jefe de la División II de Inteligencia -G2- del Ejército. Funcionaba en la sede del VIII Comando de Brigada de Montaña, donde se reunía la Central Única de Inteligencia” -la Comunidad Informativa.

Vega remitió a argumentos expuestos anteriormente que explican el “rol fundamental que cumplió la inteligencia militar en el aparato organizado de poder”. El accionar conjunto de las fuerzas y el mando primigenio del Ejército corresponden a una “continuidad de la estructura militar antes y después del golpe de Estado”, plasmada en un cuerpo normativo “de superficie” -como el Reglamento sobre Organización y funcionamiento de los Estados Mayores: “el jefe de inteligencia será el principal miembro del Estado Mayor que tendrá responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con el enemigo”- y también en manuales y reglamentos clandestinos.

Furió era entonces el “principal coordinador de los interrogatorios, seleccionador de los prisioneros y responsable de la reunión de información sobre el enemigo”. Furió “miente cuando dice que el General Maradona “tenía mando directo con los Jefes de Unidades sin pasar por el Estado Mayor en la Brigada”, agregó el fiscal.

Juan Antonio Garibotte fue enviado el 26 de noviembre de 1975 a Tucumán para participar en el “Operativo Independencia”, retornó a Mendoza luego de casi 35 días. El 9 de marzo de 1976 fue enviado nuevamente a Tucumán. Esa vez permaneció casi más de dos meses. En su informe de desempeño del 15 de octubre de 1976, fue calificado con promedio 100 y se consignó que es “uno de los pocos sobresalientes para su grado”, repasó Vega. El 15 de diciembre de 1976 asume en el Comando de la VIII Brigada como Auxiliar del G2.

“Garibotte evidentemente miente cuando afirma en su indagatoria prestada en la instrucción que no supo ni  participó en ninguna tarea relacionada con la ‘lucha contra la subversión’”, advirtió Vega. El represor dijo en ese testimonio: “mi tarea se limitaba a producir informes del área, es decir, explotación de prensa, cumplimentar informes que eran requeridos a Inteligencia, pero no referidos a la problemática que se me plantea de subversión”.

Vega recordó que el 7 de abril de 1977 este militar participó del operativo en la casa de los padres del desaparecido Rodolfo Vera, ocurrido dos días después de que el padre de Rodolfo presentara un escrito reclamando la camioneta que se robaron las patotas cuando secuestraron a Jorge Becerra. “El propósito del allanamiento era dar con el paradero de Vera” aclaró el fiscal.

Alsides Paris Francisca era Jefe de la Policía de Mendoza a fines de 1977, con “gran capacidad de adaptación, realizando una meritoria labor, animada por una elevada cuota de iniciativa y responsabilidad” según consta en su legajo. Nunca prestó declaración. Sí lo hizo Pedro Dante Sánchez Camargo en 1986 -quien fuera jefe del D2- y aclaró: “El Comando de Operaciones Táctico funcionaba a través del jefe de Policía que recibía órdenes y las trasmitía al D2”. “Francisca, como máxima autoridad policial, no pudo desconocer los operativos que llevaban a cabo sus subordinados, algunos en operaciones conjuntas con fuerzas militares”, señaló.

Ricardo Benjamín Miranda fue jefe del D2 entre agosto y diciembre de 1977. “En su carácter de máximo responsable del centro clandestino no pudo permanecer ajeno a la estructura que formó la inteligencia para proceder al secuestro del matrimonio Campos-Alcaráz ni tampoco a la permanencia en las dependencias de las víctimas en el D2” aseguró el abogado.

Aldo Patrocinio Bruno fue segundo jefe del D2 cuando lo comandaba Miranda, y luego lo sucedió en el cargo. En su descargo en la instrucción dijo que “para esa época no había detenidos en el lugar”, que ignoraba “si allí hubo gente detenida anteriormente” y agregó sobre las víctimas: “no los conozco ni he escuchado hablar de las mismas ni he participado del procedimiento que diera lugar a la presunta detención de las mismas”.

El fiscal señaló a los imputados como coautores mediatos por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. También por sustracción de un menor de diez años  -Martín Alcaraz-; robo agravado por haberse cometido con armas -el “hociqueo”, la “rapiña” en la casa del matrimonio-; todos delitos perpetrados en el marco del de asociación ilícita, constituyen delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del genocidio.

Dante Vega: Responsabilidades y mandos

“Un hecho vidrioso”. Antonia, José y Martín

Vega hizo una reconstrucción de los hechos: el secuestro de Campos y Alcaráz; la “rapiña” y “hociqueo” que la patota hizo en la casa del matrimonio; la sustracción ilegal de Martín y la entrega del niño que hicieron a escondidas y en una caja. Luego repasó las responsabilidades de los imputados y especificó las calificaciones que les cabe.

Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa

Antonia Adriana Campos estudiaba medicina pero abandonó la facultad por falta de recursos. Con su hermana Silvia “compartían no sólo sus estudios de Medicina sino también los ideales de izquierda, en particular la atracción por la figura del Che Guevara”, recordó Dante Vega. Antonia militaba en el PCML y Silvia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-.

Dante Vega recordó que Martín Alcaráz declaró que días antes del operativo su madre le habría comentado a su abuela que “estaban investigando las circunstancias del secuestro” de Silvia y que “estaban muy cerca de dar con su paradero”. Antonia Catania, la mamá de Adriana, contó en testimonio anterior que su hija le dijo: “Mirá mamá, pronto vamos a saber algo de Silvia, porque algo me han informado, ya te lo voy a decir”.

José Antonio Alcaráz fue empleado farmacéutico, trabajó en una imprenta de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y fue delegado gremial. Tenía “fuertes ideas de izquierda”, según relató su hijo ante el Tribunal. Campos y Alcaráz se casaron en 1975, “cuando Antonia tenía 18 años y José 20”. En 1977, José trabajaba con su padre en un comercio y vivía con su esposa en Godoy Cruz. “A principios de 1977 nació  Martín”, repasó el fiscal ante la atenta mirada de la sala y de los imputados presentes -Bruno y Miranda.

Varios testimonios dieron cuenta de la militancia de Antonia y José en el PCML y de su asistencia a reuniones en la mimbrería de Rodolfo Vera y Néstor Carzolio; encuentros en un camping en Cipolletti y en Nonquén. Martín comentó que sus padres aportaban folletería al PCML hecha en el negocio del padre de José. Al respecto, el fiscal relevó un hecho que comprueba la inteligencia hecha previamente para planificar los secuestros: Ricardo D’Amico relató que junto a Campos, una de sus hermanas y Alcaráz fueron demorados por la policía en la Terminal de ómnibus cuando volvían del dique Cipolletti. “Durante un par de horas” los “interrogaron en una celda”; probablemente porque tenían “unos papeles de izquierda”. En ese momento eran menores de edad y los liberaron. Esto ocurrió entre fines de 1974 y comienzo de 1975. La policía ya sabía quiénes eran.

El 6 de diciembre de 1977, cerca de las dos de la mañana, “el matrimonio Campos-Alcaráz y su hijo Martín, de diez meses, dormían en su casa”, repasó el fiscal. Un grupo de personas ingresó violentamente a la vivienda, rompieron la puerta. “Como ya es costumbre verificar, los secuestradores no se privaron de hocicar en los bienes del matrimonio y de robar lo que pudieron”. Sobre “la rapiña” desde la década de 1980 los padres de Adriana, denunciaron que “los secuestradores robaron la heladera, el televisor, los sillones y hasta los cubiertos y utensilios de cocina”. Los vecinos dijeron que “escucharon fuertes ruidos provenientes de la vivienda y que pudieron ver cómo miembros de la policía estaban cargando las cosas de la vivienda en un camión”.

El 6 de diciembre al mediodía, los padres de José y Antonia hicieron la denuncia en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz -consta en Libro de Novedades-. Cuatro horas más tarde, “se tomaron su tiempo ante una denuncia grave” -acotó el fiscal-, agentes fueron a la vivienda del matrimonio y allí los denunciantes expusieron lo sucedidos a sus hijos y su nieto -según consta en el acta del procedimiento-.

Dante Vega no pudo más que transmitir la aún inagotable capacidad de asombro: en el Libro de Novedades citado se consignó que “se habría cometido un hecho vidrioso”. “Que es vidrioso el hecho no me caben dudas”, dijo Vega, “me gustaría saber qué quiso decir con ‘vidrioso’, pero lo calificó perfecto”.

“El detalle macabro... como todos los detalles en este caso”

Martín Alcaráz fue secuestrado junto a sus padres. “Pasó veinticuatro horas en poder de sus captores” relató Vega la historia que calificó de “macabra”.

Las familias de Campos y Alcaráz vivían a escasos metros entre sí. A fines de 1977,  Mario Armando Gómez estaba de novio con una de las hermanas de José y vivía frente a los Campos. Al día siguiente del secuestro, vio que cerca de las dos de la madrugada había dos autos Ford Falcon estacionados en las inmediaciones, un rato después llegó un tercer auto y “de él descendieron dos personas corpulentas que vestían camisas manga corta color celeste y llevaban consigo una caja, que dejaron en la puerta de la casa de la familia Campos”. En esa caja estaba Martín “envuelto en una frazada”.

085-M: Desapariciones de Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez. Alegatos I: Fiscalía y Alegatos II: Gobierno de Mendoza

“Lo sabremos, confíen que ya lo sabremos”

15-02-13 | El fiscal Dante Vega inició la ronda de los alegatos por las Causas 085M, que contempla seis desapariciones forzadas. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1977 en el contexto nacional del “Operativo Escoba”. El detalle de ese plan lo dio la doctora Romina Ronda, quien alegó en representación del Gobierno de Mendoza.

 

Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez desaparecieron entre el 5 y el 9 de diciembre de 1978. Fueron parte de la razzia que el terrorismo de Estado hizo a través del Operativo Escoba, cuyo objetivo -ampliamente cumplido por autores intelectuales y materiales de la matanza- fue la aniquilación de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) de todo el país, de los cuales varios habían encontrado en Mendoza pasajeramente refugio contra la persecución diseñada por la Inteligencia de la Marina.

Con su habitual caudal de datos relacionados, en contacto con el resto de la realidad nacional y siempre con especial atención a las historias de vida de las víctimas, el fiscal Dante Vega reconstruyó parte de la historia de la militancia de izquierda en los ‘70. Ese repaso sirvió para la posterior exposición de Romina Ronda, especialista en la represión sobre el PCML y querellante por la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de Mendoza a partir de los casos de Walter Domínguez y Gladys Castro.

“Las fuerzas conjuntas llevaron a cabo un operativo previamente diseñado, con blancos seleccionados por su militancia en el PCML”; se trataba de personas con “vidas intensas y comprometidas con una sociedad más igualitaria, una vida más digna y un pueblo más libre”, señaló Ronda.

“Si al grupo de seis personas desaparecidas contempladas en la causa, se suman el secuestro y desaparición de Jorge del Carmen Fonseca y el matrimonio conformado por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz, más la sustracción del hijo de ambos, Martín, son nueve las personas desaparecidas y diez las víctimas en apenas cinco días”. Las desapariciones de Fonseca, Alcaráz y Campos, explicó Ronda, “debieron integrar este caso”, sin embargo el primero fue tratado en el juicio anterior; mientras que las otras dos personas corresponden a otro caso en este juicio pero en distinta causa: la 053M.

Según Vega “la causa 085M presenta notables similitudes con la de mayo de 1978. En diciembre de 1977 hubo un ‘megaoperativo’ cuyos principales blancos fueron miembros del PCML, muchos de ellos oriundos de La Plata”, bautizado Operativo Escoba. “No es una nomenclatura novedosa. A través del juicio histórico en el que participé por la masacre de Trelew, se logró comprobar que además de los presos políticos asesinados en el penal de la base militar Almirante Zar, el Ejército efectuó otra razzia en todo el valle patagónico a fin de intimidar a representantes y allegados de los entonces detenidos. Resultado: 16 víctimas más. El Operativo fue bautizado como ´Vigilante´”.

Dante Vega dijo: “vamos a comprobar la persistencia del Estado terrorista, cómo no cejaron nunca en la persecución a los militantes; pero también cómo funcionó la solidaridad, el compañerismo y hasta el heroísmo entre las personas acosadas”. En el mismo sentido, Romina Ronda aclaró: “el aparato terrorista tenía un plan: interrumpir los proyectos de las organizaciones revolucionarias. Y las consecuencias de ese plan, la desigualdad social, la vulneración de derechos, los bajos salarios, la falta de trabajo, la represión de las manifestaciones populares continuaron sometiendo durante años al pueblo argentino”.

Fiscal y representante del gobierno de Mendoza se refirieron al informe secreto y confidencial sobre el PCML elaborado en mayo de 1978 por el Grupo de Tareas 3 de la Marina. Vega además citó “Maoísmo y lucha armada: el PCML”, investigación de Adrián Celentano; y el libro “Hacerse cargo”, recopilación testimonial de las historias de vida de los desaparecidos en Mendoza.

Ambos alegatos sirvieron, entonces, para probar los hechos en cada caso, la existencia del Operativo Escoba a nivel nacional dirigido contra militantes del PCML y que fue diseñado previamente a partir de la reunión de información procurada por los servicios de inteligencia; y que, finalmente fue ejecutado entre los días 5 y 9 de diciembre de 1977, principalmente en Mendoza, La Plata, Córdoba, Capital Federal y Mar del Plata. Además, que toda la acción represiva se llevó adelante de manera conjunta por parte de fuerzas de seguridad y militares, pero con la dirección máxima del Ejército, donde pertenecía el único imputado: Paulino Enrique Furió.

Furió, el Ejército, el Operativo

La represión de las organizaciones revolucionarias la comandó en Mendoza el D2, hasta el 24 de marzo de 1976. Desde ese momento siguió actuando pero el mando primigenio de toda la actividad represiva durante el gobierno de facto lo tuvo el Ejército, lo cual no resta responsabilidad al resto de las fuerzas de seguridad y armadas que, entonces, tuvieron activa participación como apoyo. No caben dudas que se trató de operativos conjuntos, de un accionar conjunto “antisubversivo”. Se creó la Comunidad Informativa “para no desperdiciar los aportes de ninguna de las fuerzas”, dirigida por el Ejército y de la cual participaban la Fuerza Aérea, la Policía Federal, el D2 y toda fuerza que interviniera en la lucha contra la subversión”.

Después del Golpe, el Ejército tomó el mando completo de la inteligencia. El único imputado en las causas, Paulino Enrique Furió, en diciembre de 1977 prestaba servicio para Inteligencia del Ejército (GT3), era Jefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Montaña (G2); que dependía de la Marina, misma fuerza que controló el mayor centro clandestino de detención y torturas del país: la ESMA.

“No se le atribuyen estos hechos a Furió por el simple hecho del cargo que ocupaba”, explicó de manera contundente el fiscal. “Siempre hemos demostrado que una persona en un cargo responde por determinados hechos, por ejemplo un secuestro, a través de documentación; y cuando no hay mucha se puede deducir que responde porque forma parte de un aparato organizado de poder, como lo fueron el D2 o el GT3, durante la represión”.

En el legajo de Furió consta una queja que interpuso cuando pasó un tiempo sin ascensos: “volqué todo mi esfuerzo personal y profesional a coadyuvar como una pieza del engranaje montado para infligir al enemigo una derrota sin precedentes (...) podemos estar todos nosotros ampliamente satisfechos por la misión que cumplimos acabadamente”.
Romina Ronda: El plan y sus consecuencias. El Ejército y Furió


Calificar al represor

La Fiscalía pidió que se condene a Paulino Enrique Furió como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; también se lo acusa por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas; todo esto por seis hechos -Carzolio, Tissone, Vera, Jamilis, Domínguez y Castro-. También se lo acusa por robo simple por un hecho -el desvalijamiento de la casa de Vera-; por robo agravado por el uso de armas por dos hechos -por las camionetas de Vera y de Carzolio-. Todos los delitos fueron cometidos en concurso con el de asociación ilícita -ya tiene condena por eso pero el fallo de Casación al respecto no está firmado, por eso se pide en este juicio nuevamente-, constituyen delitos de lesa humanidad y fueron perpetrados en el contexto del genocidio.

La abogada del Gobierno de Mendoza pidió similar calificación, con la diferencia que señaló a Furió como “co-autor” e hizo una fundamentación respecto de esa diferencia.

El Operativo Escoba no se pudo hacer si el concurso activo de la inteligencia activa militar de Mendoza”, dijo Vega; a la vez, explicó Ronda, "el Ejército comandaba y en conjunto con las otras fuerzas recopilaban información y ejecutaban los planes". El Operativo Escoba tuvo etapas en su planificación: reunión de datos, inteligencia, detección de blancos, secuestros y muerte. En la estructura militar hay jerarquías que hacen que los “coautores” de los hechos tengan mayor o menor cercanía directa con los hechos, pero forman parte -con conocimiento y por voluntad- de una maquinaria que no funcionaría sin una de sus partes. Es decir, la función particular no exime de la responsabilidad en la globalidad.

La Escoba

Ronda ahondó -incluso con imágenes del escrito original que llegó a Mendoza - en el documento “Informe estrictamente secreto y confidencial del Partido Comunista Marxista Leninista Argentino”, elaborado por el Grupo de Tareas 3 de Inteligencia del Ejército (GT3) en mayo de 1978. “Debido a los distintos operativos realizados en todo el país, en especial con la realización del Operativo Escoba, han quedado completamente desarticuladas las regionales Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata” dice en el informe y agrega en un anexo diagramas de la orgánica del PCML antes y después del Operativo.

En diciembre de 1977 hubo 191 casos de desapariciones forzadas, 89 de ellas entre el 5 y el 9 de diciembre; 56 el día 6 de diciembre. La mayoría tenía “militancia comprobada en el PCML”. “En un mes desaparecieron todos (...) Hubo un plan científicamente organizado, levantaron a todo el mundo” dijo Osiris Domínguez ante el Tribunal.

Este informe y los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas dan cuenta de las persecuciones sufridas por esa facción política en Mendoza y de la enorme tarea de inteligencia previa. De ese informe llegaron instrucciones a Mendoza a través del ejemplar que el GT3 envió para el área de inteligencia del III Cuerpo del Ejército -zona a la que correspondía Mendoza- y del que llegó al Destacamento de inteligencia  144 que funcionaba en la VIII Brigada de Montaña, lugar de trabajo del único imputado: Paulino Enrique Furió, Jefe de inteligencia de ese destacamento.

El informe tiene detalles sobre la estructura y funcionamiento del PCML, sobre la caída de sus “primeros elementos” y de detenciones en La Plata y en los párrafos finales sobre el “desmembramiento del PCML a raíz del operativo de Mar del Plata y del posterior ‘Escoba’”. El informe reconoce asiento del Partido en siete regionales y menciona que solo en tres pudieron armar una estructura; y que en las otras cuatro -entre ellas Mendoza- en total sumaban 60 “elementos”. También reconoce como lugar de origen y con mayor generación de militantes a La Plata. De allí y zonas cercanas son oriundas varias de las víctimas de la Causa que llegaron a Mendoza.

EL PCML en Mendoza 

Vega recordó que “el PCML surgió en 1969 como desprendimiento del Partido Comunista. Nunca fue de masas y en 1975 contaba con unos 400 militantes y adherentes”. Hizo “prevalecer la acción política por sobre la lucha armada” y sus “frentes de inserción” fueron “la acción fabril y estudiantil”.

En 1976, Mendoza pasó a ser lugar de refugio para los perseguidos, “muchos de ellos ya en la clandestinidad, pues tras el accionar primero de la Triple A y luego de los grupos de tareas, el Partido estaba ya aniquilado. En el documento del GT3, el ´PCML Regional Mendoza´ figura como el primer objetivo para la eliminación final que se extendió entre los últimos meses de 1977 y los primeros de 1978 en todo el territorio argentino”.

Tanto Vega como Ronda, destacaron la perversidad del Plan de exterminio, porque el PCML, en diciembre de 1977 ya “estaba desmembrado, en la ilegalidad, los sobrevivientes se juntaban para verse, hablar y apoyarse mutuamente”. Además, los encuentros eran públicos, sólo de reconocimiento, “la organización celular ya no existía”.

Efectivamente, ya en 1976 llegaron militantes provenientes de La Plata -Jamilis, Fonseca, Tissone y Carzolio- y se contactaron con los locales Vera, Domínguez, Castro, Alcaráz y Campos. María Cristina D´Amico, María Elena Farrando y Elsa Becerra -que estaban clandestinas en otros puntos del país- también fueron secuestradas, lo que indica un total de doce personas del PCML desaparecidas en Mendoza o relacionadas al grupo cuyano. Jorge Becerra también fue víctima, fue el primer golpe a la organización, ocurrido el 22 de diciembre de 1976. Fue detenido y salvajemente torturado en diversas prisiones durante años; otras compañeras y compañeros fueron empujados al exilio interno o externo. Mirta Hernández declaró que desde ese momento “todos los militantes del PCML de Mendoza estuvieron clandestinos”.

Dante Vega: El PCML, ilegal, perseguido, desarmado

 

Los hechos, los compañeros, las compañeras

Jorge del Carmen Fonseca nació en Neuquén, vivía en La Plata y llegó a Mendoza para huir de la represión. Conocido como ´Pelé´, militante del PCML pero proveniente del peronismo, tuvo aquí la delicada y heroica misión de sacar a los amenazados militantes de la provincia a otros puntos del sur argentino. Compartió con Tissone y Carzolio, y en la casa de ellos solía dormir.

Néstor ´Cuqui´ Carzolio nació en Berisso. Allí vivió con Nélida Tissone y tuvieron dos hijos: María Laura en 1971 y Martín en 1974. Néstor fue delegado del Sindicato de la carne -trabajaba en Swiff- hasta 1971, muy posiblemente ya como militante del PCML. Nélida era profesora de Ciencias Naturales en La Plata. Huyeron a Mendoza en el invierno de 1975. En julio de 1977, la pareja alquilaba un departamento en Godoy Cruz, allí paraba Fonseca, Martín Carzolio lo recordó presente el día del secuestro de sus padres. En ese operativo la patota se llevó a los tres, y se robó la camioneta de Carzolio y la moto de Fonseca. “No se olvidaron de nada”, señaló el fiscal.

Carzolio y Rodolfo Vera eran locatarios de la mimbrería que el grupo tenía en Dorrego como fuente de trabajo, lugar de refugio y de reunión política. El lunes 5 de diciembre de 1977 un grupo de civiles armados había entrado a la casa de Nélida cuando ella llegó -a las 20- con sus hijos, una hora después lo hicieron Néstor y Jorge. Los adultos fueron secuestrados (“Doña Lucía, ayúdenos” gritó Néstor a su vecina Lucía Batalleme, que registró cómo sacaron a los tres militantes); a los niños los dejaron maniatados y con las bocas encintadas. “No los escuché más, creí que estaban muertos” dijo Lucía, quien junto a Hilda Fany Abraham y Aldo Nardecchia -otro vecino, militar, que reconoció la cinta en sus bocas como utilería del Ejército- liberaron a los niños. Abraham cuidó de los niños hasta que ubicaron a los padres de Nélida y ellos los buscaron.

A Alberto Jamilis lo apodaban “El Gordo Manifestación”, recordaron ambos abogados. En los ‘50 se fue a vivir a La Plata y se recibió de sociólogo. Dio clases en la UNLP y trabajó en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, pero en ambos lugares lo dejaron cesante. Se casó con María Inés Barbetti. “Era una biblioteca andante” recordó Susana De Miguel.

En La Plata se incorporó al PCML y se relacionó con Jorge y Raúl Bonafini -hijos de la titular de Madres de Plaza de Mayo- y Cristina Tortti, militantes del PCML. Sus causas fueron recientemente tratadas en el juicio por el “Circuito Camps”.

Antes de radicarse en Mendoza, Jamilis y Babetti sufrieron persecuciones y atentados, fuerzas de seguridad fueron a buscar a Jamilis a la casa de su madre y a la casa de la pareja también. En noviembre de 1976 Jamilis llegó a Mendoza y se puso en contacto con Carzolio, Carlos y Rodolfo Vera, Domínguez y Castro. Trabajó unos meses en la mimbrería. En abril de 1977 llegó Barbetti, vivieron ambos en ese local, y tuvieron a su hijo Nicolás, quien por protección fue inscripto con el apellido de la madre.

El 6 de diciembre de 1977, la pareja ya vivía en Godoy Cruz, cerca de las 2 de la madrugada, civiles con armas y medias en la cabeza -menos el jefe de la patota- entraron a la casa. Gritaban “¡Gordo salí!”, lo cual denota el trabajo de inteligencia previo, también le requirieron la “llave” -de la mimbrería-. Ataron a la pareja, revolvieron durante dos horas la casa, y cuando se los llevaban, él pidió que dejen a su esposa con el bebé de dos meses: “ella no tiene nada que ver”. “Bueno piba, hacé de tu hijo un buen ciudadano” le dijo el jefe de la patota a Barbetti y se llevaron a Alberto. María Inés se instaló después en Bragado, “exilio interno y huir” de nuevo señaló Vega.

La misma noche del 6 de diciembre, Rodolfo Vera estaba en la mimbrería -donde en la tarde anterior estuvo con Jamilis y Carzolio- y de allí lo secuestró una patota. Fue el cuarto -y último- operativo dirigido a Rodolfo.

La puerta “estaba abierta sin violencia” -usaron ‘la llave’- y se produjo “la rapiña consiguiente”, dijo Vega. “Estaba pelada la mimbrería” contó Carlos Vera. Él y Domínguez trasladaron a la compañera de Rodolfo y su hija, Mirta Hernández y Cecilia, para su refugio.

Rodolfo Vera era el mayor de cuatro hermanos, siempre ligado a cuestiones sociales y la militancia política, “iba a los barrios” y “ayudaba a la gente” recordó su madre, Agustina Corvalán. Conoció a Mirta Hernández y estuvieron años en pareja. Militaba en el PCML y comenzó a estudiar arquitectura en la privada Universidad de Mendoza con Walter Domínguez, donde juntos formaron el Centro de Estudiantes. Allí comenzaron a ser perseguidos, y hasta mermaron sus estudios. Para 1977, Rodolfo alquiló con Carzolio la mimbrería y allí trabajaba.

Un año antes, el 22 de diciembre de 1976, el también militante del PCML Jorge Ciro Becerra fue secuestrado y en ese operativo se robaron la camioneta de Vera. “La impunidad con que se manejaban los efectivos del D2. Roban la camioneta y la empiezan a usar alegremente y a cielo abierto. La estacionan en la playa del D2, Carlos Vera la vio en un taller mecánico, también circulando”, reflexionó Dante Vega, recién “diez años después la policía se la devolvió a la familia en un estado de deterioro completo”, añadió. Luego de ese episodio, en el prontuario de Vera se observa el pedido de captura en el orden del día de él, de Susana De Miguel y de Mirta Hernández.

El mismo 22 de diciembre de 1976, un grupo de la policía fue a la casa de la casa de los padres de Rodolfo, detuvieron a Dionisio Vera y se lo llevaron al D2: “lo insultaron y le dijeron de todo”, relató Agustina. Dos días después, la policía fue a la casa de Vera y Hernández. No los encontraron pero aprovecharon “para la rapiña”, dijo Dante Vega. “Se robaron todo”, dijo Carlos Vera, “hasta media bolsa de azúcar”.

El 7 de abril de 1977, el Ejército -como consta en el parte de novedades del libro de guerra de la Unidad Regional IV- realizó un operativo a cargo del Mayor Garibotte. Agustina contó que muchas personas uniformadas rodearon toda su casa y hasta querían matar al perro. Dos días antes, el padre de Rodolfo había presentado un documento reclamando la camioneta. Vera y Hernández se refugiaron en Rivadavia, en la casa de un familiar. Mirta estaba embarazada, Cecilia nació en julio de 1977. Entre setiembre y diciembre de ese año, Mirta y su hija se refugiaron en la casa de Walter y Gladys.

Walter Domínguez y Gladys Castro, de 22 y 23 años, vivían en Godoy Cruz y esperaban un hijo o hija, Gladys tenía seis meses de gestación. Walter estudiaba arquitectura -con Vera- y era chofer de micro. Gladys debió abandonar sus estudios de bellas artes y trabajaba en una panadería.

“Cuando entró a la facultad comenzó a hablar de lo social” dijo María Assof de Domínguez, su madre, ante el Tribunal. Vega relevó ese dato, lo valoró como signo de la generación que desaparecieron, “¡qué diferencia con los actuales alumnos de arquitectura, de esa facultad y de cualquiera, no creo que se esté hablando mucho de lo social!”. “Era peligroso para el sistema, pero lo que estaba haciendo no era nada malo”, dijo en su testimonio la referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza.

Ambos eran militantes del PCML, refugiaban y ayudaban permanentemente a otros militantes -entre ellos la compañera de Jorge Becerra, Susana De Miguel-, desde el 6 de diciembre estaban enterados del secuestro y destino de sus compañeros y compañeras y decidieron quedarse.

El 9 de diciembre, una patota asaltó su casa y se los llevó. “Señora Clara, ayúdenos por favor” alcanzó a pedirle Walter a una vecina, la misma que declaró que cuando salió al patio a ver qué pasaba una voz de mando le dijo “Por favor señora, métase adentro de la casa”. “¿Por qué nos hacen esto, qué hemos hecho?” repitió Gladys mientras la arrastraban al auto del secuestro. “Aún no sabemos qué pasó con el nieto de María Assof”, dijo Dante Vega, “pero lo sabremos, confíen que lo sabremos”, aseguró conmovido y movilizó a toda la sala.

Poco más tarde, alrededor de las 03.30, un grupo de personas vestidas de civil y armadas fueron a la casa de los padres de Domínguez. Iban a buscar al hermano de Walter, Osiris. No lo encontraron porque estaba trabajando. Días antes, de manera inusual, le llevaron a Osiris padre un cuchillo para arreglar: tenía marcas de la Fuerza Aérea. La patota se lo llevó. Osiris salió a las 6 de la empresa Pescarmona, alertado al igual que su hermano de lo que venía sucediendo con los compañeros, pasó por la casa de Walter y Gladys, vio la puerta violentada y supo lo que pasó. Allí comenzó su periplo para salvar su vida.

El Fiscal Dante Vega resaltó un detalle excepcional: tras el secuestro de Walter, los padres -Osiris y María- fueron a la casa, hallaron todo revuelto y se percataron del robo de cosas de valor. Con la angustia de no saber dónde estaban sus hijos, su nuera y el estado del nieto o nieta en camino, Osiris padre se ocupó de arreglar la puerta del departamento de Walter y Gladys, que los captores de su familia habían destrozado, ya que era alquilado y deberían devolverlo en condiciones...

Osiris Domínguez, Carlos y Oscar Vera, Mirta Hernández, Mabel D’Amico, María Elena Farrando, Cristina D’Amico, Alfredo Irusta, Julio del Moral, entro otros, comenzaron a huir: el exilio. Primero a Buenos Aires, luego a la Costa -allí cayeron algunos en un operativo-, y destinos finales de otros en el sur del país y en otros países.

Dante Vega: Lo social, la solidaridad, Walter Domínguez

Audiencia del 17 de febrero

MONSEÑOR REY NO CREIBLE

Con tono convincente y enfático Mons. Rafael Rey dijo desconocer las detenciones ilegales y  torturas practicadas por las FFAA, precisamente, en la Compañía de Comunicaciones donde él oficiaba de capellán del Ejército. A pesar de contar con una función privilegiada dentro del Arzobispado de Mendoza negó tener trato  con los jefes del ejército imputados en  estas causas. Lamentó que la Conferencia Episcopal no se hubiera manifestado con mayor dureza con respecto al accionar de la Dictadura

  Rafael Eleuterio Rey (77 años), obispo emérito de Zárate-Campana, fue convocado para que testimonie en la Causa 001 que tiene como imputado a Luciano Benjamín Menéndez y en la 005 M que investiga la desaparición de los hermanos Talquenca.  En los años de la Dictadura, Rey se desempeñaba como Secretario en la Vicaría General del Arzobispado de Mendoza y era Capellán auxiliar de la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada de Montaña. Con un discurso ambiguo no aportó información alguna para estas causas  pero, a la vez, aseguró que la Iglesia debió ser más dura con el accionar de los militares

  Inteligente, sagaz y escurridizo comenzó relatando las gestiones realizadas  ante las máximas autoridades nacionales por la desaparición de 100 personas denunciadas por sus familiares ante el obispado.  Negó rotundamente que la Iglesia conociera las torturas y asesinatos que sucedían diariamente en su entorno y elogio la preocupación del cuestionado Obispo  Olimpo Maresma por los Desaparecidos.  Agregó que su función como Capellán era dar misa, catequesis y asistir  a los soldados. La situación se complicó para Mons. Rey cuando los abogados querellantes, Peñaloza,  Salinas y la Dra. Beigel, realizaron numerosas y agudas preguntas que dejaron al descubierto contradicciones y una cuadro de situación revelador. Así se supo que las capellanías forman parte del organigrama del Ejército y su función es asistir espiritualmente a sus miembros. Rey tenía el grado de capitán (dijo haberlo olvidado), se reportaba ante un  Mayor del Ejército, Jefe de la Compañía de Comunicaciones Nº 8 y recibía haberes por su función ejercida en plena “lucha antisubversiva” por lo que es imposible creer que desconocía la metodología de “eliminación del enemigo” enarbolada por las FFAA, más aún  cuando su función era de sostén espiritual de los soldados. Curiosamente,  no recordó el nombre de ninguno de sus Jefes en Comunicaciones y,  negó cercanía alguna con otros integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; en siete años de Dictadura, según sus palabras, solo compartió con ellas actos públicos: una misa, una oración por la Patria y eventos de esas características

 En relación al tipo de vínculo que tenía con los imputados en estas causas, dijo conocer de vista a Tamer Yapur, entonces 2do. Jefe del Ejército, por haber compartido algún “acto patrio o una misa”. Tampoco admitió conocer al Tte. Dardo Migno quien revistaba en su Compañía de Comunicaciones como figura reconocida en el equipo de torturadores. Cerró su declaración agradeciendo a Dios haber olvidado muchas cosas.

  Rafael Rey perteneció al grupo de los 27 que, en los ’60, se reveló contra el obispo Buteler pidiendo se apliquen las reformas del Concilio Vaticano II, de este núcleo surgió la corriente de sacerdotes de 3er. Mundo que conmovió a Mendoza.  Con estos antecedentes, en época de la Dictadura, los Familiares recurrían a Rey quien los escuchaba y atendía cordialmente.  Hoy es posible suponer que fue la cara buena y resultó absolutamente funcional al plan de exterminio. Lo cierto es que tanta desmemoria dispara  sospechas sobre Monseñor Rey

Audiencia del 15 de febrero

LA HORA DE LOS HERMANOS TALQUENCA

Se inició el debate de la causa por la Desaparición Forzada de los hermanos Julio y Hugo Talquenca.  Se escucharon los testimonios del padre, la hermana, un amigo de Julio y una vecina que presenció el secuestro.

  Con la lectura del Auto de Elevación a Juicio de la Causa 005 – M, en la fecha se inició el debate por las desapariciones de Julio Félix (23 años) y Hugo Alfredo Talquenca (21 años), secuestrados en su domicilio de Maipú el 14 de mayo de 1976.  El único imputado en esta causa es Tamer Yapur, en tanto autor mediato, por  privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado y  asociación ilícita, entre otros delitos.

  El primer testigo fue don Hugo Talquenca, de 82 años, padre de los jóvenes. Su declaración fue tomada en el viejo domicilio familiar y ofrecida por el Tribunal mediante el audio de una grabación que permitió desandar 35 años para recrear las escenas de aquel “fatal día”.

Talquenca hizo la revisión de las  gestiones realizadas para recuperar a sus hijos: tres o cuatro  Habeas Corpus; reiteradas entrevistas en el Comando de la 8va. Brigada; fue recibido por Monseñor Rey y hasta pagó para obtener información que nunca llegó; también fue partícipe activo en los organismos de DDHH.  En primer lugar se acercó a Familiares de Detenidos y Desparecidos por Razones Políticas y también caminó junto a Madres de Plaza de Mayo durante largos años.  En este marco, en 1978,  fue detenido y maltratado por personal del Ejército cuando la fuerza allanó un  pequeño local en el que se reunían los Familiares con la intención de intimidar a quienes buscaban a sus desaparecidos.

  En su declaración, el padre afirmó que su hijo Hugo Alfredo “era político” pero que Julio no participaba de esas actividades. Además confirmó que Hugo(h) era amigo de Luis Bustamante, Héctor Granic y Virginia Suarez, secuestrados simultáneamente, todos desaparecidos. En este marco, la querella apuntó se considere  que en mayo de 1976, se instrumentó un plan específico para  desbaratar a la Juventud Guevarista local mediante la seguidilla de  detenciones y/o asesinatos de miembros de esa agrupación registrados en fechas próximas

Los allegados ampliaron la información

  Por la tarde testimoniaron Luis Eduardo Figueroa, Nélida Pínfari y Patricia Talquenca. Todos ellos hicieron una reconstrucción de lo que vivieron la madrugada del 14 de mayo de 1976 con motivo del violento mega operativo vivido en Gutiérrez. Los tres coincidieron en que fue personal del ejército, por la ropa y los vehículos en que se manejaban. Por otro lado, señalaron que las declaraciones realizadas por ellos, en 1986, ante el juez Troncoso, en la sede del Comando de la 8va. Brigada se hicieron en un clima intimidador.

Luis Figueroa, era por aquel entonces vecino y amigo personal de Julio, el mayor de los hermanos. Según sus relatos mantenía una amistad muy cercana con este muchacho que al igual que su padre tenía cómo oficio la albañilería y, según sostuvo, no mantenía ningún tipo de actividad política. A Hugo(h), expresó, lo conocía menos. No obstante podía asegurar que  era “trabajador y humilde”. El secuestro lo dejó perplejo y con mucho temor como a todos los que los conocían.

Nélida Pínfari, vivía enfrente de la casa de los Talquenca, aquella madrugada del secuestro observó todo desde una ventana de su casa. No se atrevió a salir por temor a que le sucediera algo a ella o a su familia. Comprobó el despliegue de vehículos, reflectores y tropa en un operativo de ribetes espectaculares. “Tenía miedo por mis hijas, tenía miedo que estos hombre se vengaran por haber sido testigo” dijo.

Patricia Talquenca tenía 13 años cuando se llevaron a sus hermanos. Recordó que la despertaron los gritos desesperados de su madre pidiendo por sus hijos.  De sus hermanos, contó que trabajaban junto a su padre como albañiles, su hermano Julio estaba a punto de casarse y que Hugo estaba en el último año de secundaria. De este último también confirmó que “tenía ideas socialistas”, “pretendía la igualdad entre todos” y que mantenía actividades políticas. “En mi casa la vida nunca fue igual hasta el día de hoy” dijo sin consuelo la mujer.

Audiencia 2 de febrero

Detalles reveladores en la palabra de MORAN

Rafael Morán era Jefe de la Sección Policiales del Diario Los Andes a la hora de su detención el 24 de marzo de 1976. Su labor le permitió  informarse de qué modo y quiénes actuaron en plena etapa represiva. Lo rico de su testimonio fue el relato de varias anécdotas que pintan de cuerpo entero la arbitrariedad y corrupción puesta en marcha en aquella etapa. El abogado Herrero fue expulsado por el Tribunal.

El periodista apresado el día del golpe salió el 5 de agosto del mismo año. En esos cuatro meses pasó por el Liceo y los barracones de la Compañía de Comunicaciones; compartió cautiverio con las personalidades alojados en esos centros. Obra de la arbitrariedad estuvo simultáneamente en libertad y detenido a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional, desde agosto hasta el 22 de diciembre del ’76, fecha del cese del decreto del PEN. “Estuve detenido sin estar” –dijo. En una pose, con arresto  justiciero, Tamer Yapur tomó la decisión de liberarlo mientras que en la letra del Decreto  estaba preso. Debido a esta irregularidad Los Andes se excusó de reincorporarlo.

En las dependencias mencionadas, Morán fue sometido a tres interrogatorios en los que le preguntaban, casi exclusivamente por Antonio Di Benedetto, subdirector  del Diario Los Andes. “Eran preguntas tontas, de gente con gran desconocimiento” dijo. Presumían que por sus escritos Di Benedetto era ideólogo del ERP cuando en realidad era un cultor del preciosismo en el lenguaje y sus obras carecían de intencionalidad política o compromiso social, aseguró. Sin embargo estaban ensañados con Di Benedetto. Por otro lado recordó que al tomar el Ejército el mando operacional de todas las fuerzas, el personal del diario fue advertido que clausurarían el periódico y detendrían a los periodistas si publicaban temas referidos a la represión; pero de a poco fueron negándose a la censura e incluyendo pequeñas denuncias con la anuencia de Di Benedetto.
Contó varias anécdotas pintorescas, así evocó la reacción de un militar que ante el reclamo de los golpes que sufrían algunos detenidos respondió altivo: “El ejército mata o detiene pero no tortura”, lo curioso fue que años después lo encontró organizando el recital de Sting por los Derechos Humanos en condición de funcionario del gobierno de Bordón, se trata del Capitán Rubén González Viescas. Hizo referencia, también, a personajes reciclados que circulan por las calles de Mendoza: Enrique Gómez Saá, perteneciente al cuerpo de represores en el área de Inteligencia, vive en pleno centro y hoy es miembro de una empresa de seguridad privada. Asimismo resaltó los episodios de latrocinio y corrupción que pudo constatar.

En su entender, había “condenas secretas” decididas por la Comunidad Informativa, un cuerpo integrado por miembros de todas las dependencias militares y policiales con asiento en Mendoza que decidían en forma conjunta  las operaciones a realizar, personas a detener y/o desaparecer. Él cayó en desgracia, dijo, por “ser funcional a la subversión” según los criterios de la Comunidad.


Al inicio de esta Audiencia, el Tribunal expulsó a Alejandro Herrero, abogado del ex Comisario Luis Rodríguez, por inconducta ya que en la audiencia pasada se retiró dejando sin defensa a su cliente imputado en estas Causas.

Audiencia del 1ero. de febrero

GARCETTI  y  VÁZQUEZ con trazos del sindicalismo de los ‘70

Marcos Garcetti fue parte del engranaje nacional que colocó a los maestros y profesores en pie de lucha al reconocerse como trabajadores de la educación.  Luis Vázquez  estaba  comprometido en la tarea de  reemplazar a la burocracia de su sector laboral por nuevas formas de democracia. Ambos pertenecían a corrientes transformadores en el campo sindical;  fueron presos, conocieron los rigores de la represión y el circuito penitenciario de la Dictadura

  En el marco de la causa Morgante, por privación ilegítima de la libertad, brindó testimonio el ex Secretario General de SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) de Mendoza, Arturo Marcos Garcetti quien fuera detenido el día del golpe: el 24 de marzo y liberado el 4 de julio de 1977.  Durante ese lapso hizo un periplo con varias estaciones desde la Policía Federal hasta su regreso a la penitenciaría de Mendoza.   Fue pasajero del tortuoso vuelo en el Hércules que llevó a los mendocinos al penal de La Plata –Pvcia de Buenos Aires- y supo de las golpizas en ese penal. 

  Hizo varios reconocimientos.  De su paso por el Liceo Militar identificó al militar González Viescas como el encargado del barracón donde se asilaban junto a Garcetti otros 70 detenidos. En su permanencia en la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada fue testigo de los interrogatorios a los presos realizados mediante golpes y torturas. Reconoció  al suboficial Peralta, al civil de los servicios Pagela y a uno de los  imputados en este Juicio: el ex - Teniente Dardo Migno, quien luego de desmantelar la cuadra y hacerlos pasar una noche invernal con golpes y desnudos, tras una requisa por la falta de un cuchillo, le oyó decir: “acá no va a pasar como en Trelew, acá no va a quedar ninguno”.

En el Liceo Militar fue sometido al único interrogatorio de todo su cautiverio, recordó que  quien preguntaba conocía profundamente el ámbito educativo. Lo cierto es que Marcos Garcetti, desde Mendoza y a nivel nacional, por aquellos años tuvo un papel importante dentro del sindicalismo docente combativo y autónomo, baluarte en la defensa de los derechos de los y las docentes y promotor de la educación popular.

Luis Vázquez co-fundador del SOEP

   En la misma jornada, en el marco de la misma Causa,  testimonió  Luis María Vázquez Ahualli, empleado en la DGE, detenido el 1ero de diciembre de 1975, cuando “era presidenta María Estela Martínez de Perón; interventor federal de la provincia el general Lucero y secretario general de la CGT, Carlos Mendoza" recordó. También dio a entender que  haberse enfrentado a los sectores sindicales de derecha que prevalecían en la conducción de la CGT fue determinante para su captura y encarcelamiento.  En el intento de generar un sindicalismo que respetase  la voz  de las bases Luis Vázquez integró el grupo fundador del Sindicato de Obreros y Empleados Provinciales (SOEP), una organización sindical de corta vida y fuerte presencia, que desconoció la conducción burocrática de ese sector laboral y promovió una legítima democracia sindical.

  Detalló su paso por los tormentos,  penurias y traslados a los que fueron sometidos la mayoría de las presas y presos políticos y  remarcó que estos procedimientos, aplicados masivamente, apuntaban a la destrucción moral e ideológica de las personas socialmente comprometidas.

  Vázquez estuvo cinco años circulando por varios centros de detención del país sin asistencia de ninguna instancia del poder judicial;  fue liberado en 1980.