Audiencia del 12 de Mayo

LA CORTA E INTENSA VIDA  DE SALVADOR MOYANO

En la apertura de la causa por la Desaparición de Salvador Moyano, militante de la Juventud Peronista secuestrado a pocos metros de su casa el 29 de septiembre de 1976, quedó en evidencia que la policía participó activamente en el operativo realizado en Guaymallén. Su esposa, su hermana y un sobrino ofrecieron detalles sobre este caso en el que están imputados Eduardo Smaha y Armando Fernández, ambos pertenecientes al Departamento 2 de Informaciones de la fuerza provincial. Después de la lectura de elevación a juicio de la causa 11 M prestaron declaración los tres familiares del joven.

Aurora Elena Alvarado

Conoció a Salvador (Pancho) Moyano, su esposo, en una unidad básica peronista. Se casaron muy jóvenes, en el ’76 ya tenían dos hijos y una tercera en gestación. Debido a la responsabilidad familiar, el hombre había optado por entrar en la policía, así fue destinado a la Seccional 4ta. pero poco tiempo después le dieron de baja.

Alvarado recordó que minutos antes del operativo fue a advertirle a su esposo, quien se encontraba trabajando a la vuelta de su casa, que alguien fisgoneaba el interior de la vivienda. Entonces Moyano decidió verificar de quién se trataba, desanduvo el camino a su casa junto con la mujer y reconoció al hombre que estaba merodeando como perteneciente a la Policía. No obstante decidió volver a la calle e instantes después Elena escuchó los gritos de Pancho invocándola y, tras dos disparos, al salir pudo observar que le pegaron un tiro en una pierna y lo introdujeron en un  Fiat 125 color crema, con otro individuo al volante. Inmediatamente después la mujer junto a su suegro fueron a radicar la denuncia en la comisaría 9na. de Guaymallén, donde una hora y media después le tomaron la denuncia y verificaron que en el lugar del secuestro se encontraban los casquillos de las balas con que hirieron a Moyano.

De allí en más Teodoro y Nicasia, padre y madre de Moyano repitieron el circuito de búsqueda que para ellos comenzó por los hospitales, de allí al Comando y demás dependencias de las fuerzas de seguridad, sin resultados.

Aunque Alvarado olvidó varios detalles antes declarados, el relato confirmó que el Desaparecido reconoció a uno de sus secuestradores como un “compañero de la policía”. La responsabilidad de esa fuerza coincide con una declaración de Sánchez Camargo -Jefe del D2-, que al ser interrogado antes de morir, confirmó que Salvador Moyano fue detenido por personal de su dependencia por haber intentado arrebatarle el arma a un efectivo.

Elena Alvarado caracterizó a Pancho como un padre y esposo excelente.

Testimonio de Raúl Domingo Fiore

Sobrino nieto de Salvador Moyano con quien mantenía una estrecha relación, fue citado porque a dos o tres meses del secuestro de Salvador lo pudo ver, de atrás, en el interior de un Ford Falcón color azul del cual tomó la patente. Moyano iba en el medio de dos personas, en el asiento trasero; el vehículo circulaba en la misma dirección que el declarante, pero a unos  10 metros de Fiore, su tío se dio vuelta y pudo reconocerlo.

Fiore, que entonces tenía 14 años, destacó el placer que le producía llegar a la casa de los Moyano porque percibía muy buen clima familiar.

Testimonio de Evangelista Moyano

Hermana de Pancho, proporcionó detalles sobre el desaparecido. Lo caracterizó como un gran lector que se incorporó tempranamente en la política ya que pertenecía a la UES en la secundaria, luego se integró a Montoneros. De su paso por la Policía, en 1975, la hermana recordó que estaba preocupado por el asesinato y persecución de las meretrices por parte de la fuerza; “El no se sentía cómodo en ese el rol”, dijo.

Confirmó que el cura Moreno les hizo saber que Moyano se encontraba detenido, sugirió a su padre que entrevistara a Nicolás Calderón para informarse pero el Jefe Policial negó rotundamente conocer el caso; asimismo confirmó que su padre repetía que a Pancho lo había detenido el D2.

Evangelista Moyano, única hermana del Desaparecido acercó al Tribunal una hoja ya amarillenta, con las anotaciones realizadas por Don Teodoro durante la búsqueda de su hijo. Tuvo palabras muy emotivas sobre la tarea de su padre y madre ya fallecidos y el recuerdo del joven secuestrado y desaparecido a los 22 años de edad.

Audiencia del 6 de mayo

 TRABAJOSA RECONSTRUCCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE FONSECA

En el inicio del debate por la Desaparición de Jorge del Carmen Fonseca declararon tres hermanos suyos: Luis, Juana y Rolando quienes aportaron algunas pistas sobre los contactos del joven neuquino. Por este caso están imputados como autores mediatos de homicidio calificado y otros delitos, el ex Gral. Mario Lépori y el oficial Paulino Furió.

Con la lectura del Acta de Elevación a Juicios, comenzó el tratamiento de la Causa Nº 10-M que investiga la desaparición forzada de Jorge del Carmen Fonseca. Según la escasa información con que se cuenta, nacido y criado en el seno de una familia campesina de Centenario, provincia  Neuquén, el joven de 24 años cursaba 4to. Año de Derecho en la Universidad de La Plata cuando debió refugiarse en Mendoza. Fue visto por última vez en septiembre de 1977 cuando visitó la casa paterna e informó que se radicaría en esta ciudad; un par de meses después, la familia conoció una nota enviada por una compañera de Jorge en la que se informaba que había sido secuestrado en Mendoza entre los últimos días de noviembre y primeros de diciembre de 1977.

El Tribunal citó a tres de los ocho hermanos que componen  la familia Fonseca para que ofrezcan su versión de los hechos.

Luis Ricardo Fonseca agregó a lo antedicho, que su hermano pertenecía a la Juventud Peronista y que debió dejar la ciudad de La Plata porque había alojado en su domicilio a un compañero perseguido, su vivienda fue allanada y el compañero secuestrado; ante el peligro Jorge optó por trasladarse a Mendoza con una compañera. Luego ofreció indicios de que su hermano estaba en la clandestinidad porque a veces iba a Centenario pero no llegaba a la casa de los padres y un amigo común le reveló que “se manejaba con un seudónimo”.

Luis, meses antes de la desaparición de su hermano, se había “autoexiliado en México” porque “el clima era de gran inseguridad”, dijo.

Juana Rosa Fonseca ofreció información más completa. Agregó que Jorge, en Centenario contaba con una pareja de compañeros de militancia integrada por Mirta Arlisone y su esposo de apellido Castillo. En una de sus visitas al pueblo, el joven pidió a la pareja que cuidaran de “Negri” (Elsi) y de otra compañera; ambas jóvenes eran mendocinas y permanecieron varios meses del 77 en Centenario. Mirta también le comentó que el papel que avisaba del secuestro de Jorge habría sido enviado por “Negri”.

Anoticiados del secuestro, la familia desistió de presentar el habeas corpus porque gente cercana le sugirió que no lo hiciera y que quemaran todo lo que tuviera que ver con él. Por temor se deshicieron de cartas, fotos, libros y descartaron la búsqueda del joven desaparecido. Por otro lado, Jovita Soto, prima de los Fonseca que residía en Godoy Cruz, intentó conseguir algún dato, se dirigió a la dependencia de la Bodega El Globo donde Jorge había trabajado como corredor de vinos pero también fue advertida que “por su bien, no averiguara nada”.

Juana comentó que últimamente aparecieron datos sueltos aportados por compañeros de militancia, así supo que “a Jorge lo chuparon con su compañera y su hijo en Mendoza”.

Casualmente, el último encuentro que tuvo la familia en septiembre del 77, el joven llegó acompañado de una amiga “Alejandra” y su hijito; estuvo menos de un día y luego tomaron un tren que suponían tenía como destino Mendoza, recordó la hermana.

Rolando Antonio Fonseca, hermano mayor del joven Desaparecido, aportó que también lo vio por última vez en septiembre de 1977 y que al mes siguiente Castillo (esposo de Arlisone) le entregó en mano el papel que informaba que Jorge había sido detenido.

En busca de ayuda, la nota llegaría hasta las manos del obispo de Neuquén porque Rolando participaba en la iglesia, pero nunca obtuvo contestación. Aquel papel manuscrito jamás lo volvieron a ver, ni tuvieron noticias de Jorge.

Audiencia del 5 de mayo

CAUSA BUSTELO (IV): “Al comunista con todo”

En la última audiencia por la privación ilegítima de la libertad de Ángel Bustelo, prestó testimonio Nerio Neirotti, sociólogo y actual Vicerrector de la Universidad de Lanús, quien viera al político, abogado y escritor en el penal de La Plata. También se pudo ver un testimonio documental del propio Bustelo

Neirotti relató que fue detenido en plena calle San Martín el 29 de marzo de 1976, alojado y sometido a golpizas y torturas en el D2. Allí los interrogadores “no parecían mendocinos, si no porteños”. Para el 9 de abril se indica su orden de detención de parte de la 8va Brigada de Infantería y es puesto a Disposición del PEN, tras ser trasladado a la Penitenciaría provincial. Por tanto permaneció preso sin causa durante más de diez días.

En la cárcel permaneció aislado, alejado de los presos políticos, en la zona de administración y se le permitió recibir algunos enseres y hacer conocer su situación a sus padres a través de gestiones del capellán Gimeno. En septiembre del ‘76 fue parte del contingente de detenidos mendocinos que fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. Recordó que tras el traslado en el Hércules, cuando Bustelo iba ingresando al penal, los guardias exclamaban “ahí viene el abuelo de los comunistas, a éste hay que darle con todo” y lo golpeaban con tal saña que quedó con la cara “íntegramente morada”.

Neirotti contó que estando en el calabozo de castigo escuchó que los guardias llamaban a Marcos Ibañez, recluso en la celda contigua. Oyó forcejeos y clamores de imploración de la víctima “pidiendo a los represores que no hicieran algo y luego silencio y el campaneo de tubos de oxígeno y voces de actuar rápido”. Al regresar con sus compañeros le comentaron que Ibañez se había suicidado. Acción imposible si se considera que no había modo alguno de colgarse en esos cubiles.

Luego pasaría por el penal de Caseros, donde ante un nuevo traslado le “devuelven su propia ropa ensangrentada en el D2”, por la Unidad 7 de Resistencia y por el penal de Rawson. De los regímenes penitenciarios en general remarcó que la solidaridad estaba prohibida. Todo lo debían hacer clandestinamente: compartir, leer, hablar de política, hacer gimnasia. La sistemática presión física y psicológica era tarea cotidiana de la represión, a fines de derribar la moral de los presos.

Neirotti, egresado del Liceo Militar Gral. Espejo, dijo de sí mismo que a la hora de su detención  era un “militante reconocido de la JUP” (Juventud Universitaria Peronista). En relación a Montoneros lo consideró un “movimiento aglutinante muy amplio con un gran compromiso político y con un claro horizonte de cambio social pero impreciso en el camino”.

Fue procesado por la Ley 20.840 y absuelto en mayo de 1.979 por el Juez Guzzo, con Romano como fiscal (que al apelar dilató unos meses su liberación) y Petra Recabarren como su Defensor Oficial (que recomendaría a la madre del sociólogo que su hijo se reconociera culpable por mero proceder legal).

En octubre de 1979, ejerciendo el derecho de Opción consiguió salir del país con destino a Estados Unidos. Antes de embarcar fue llevado a la Casa Rosada y se entrevistó con el entonces Ministro del Interior, General Albano Harguindeguy, al cual conocía por vínculos familiares y por ser ambos oriundos de Villa Valeria, Córdoba. Ante reclamos previos de la familia de Neirotti por su libertad, Harguindeguy “les garantizó su vida” (algo de lo que “nunca tuvieron la plena seguridad”) pero les señaló que el General “Menéndez tenía la decisión de no liberarlo de no mejorar su predisposición para colaborar”. En la conversación con el Ministro de la Dictadura (que le negó las desapariciones) fundamentó su pensamiento político, “porque somos presos políticos, esa es la causa por la que estamos así y nuestra razón para sobrevivir”; y denunció las matanzas y las condiciones de los presos en las cárceles. “Yo lo he vivido”, sostuvo.

Audiencia del 29 de abril

CAUSA BUSTELO (III): Bula, "En defensa de quienes no tenían defensa"

Carlos Alberto Bula, abogado, socio y camarada de Bustelo ofreció detalles sobre el allanamiento que sufrió el estudio que compartían y  las represalias que sufrían los profesionales que defendían presos  políticos. Hizo una semblanza  emotiva de don Ángel Bustelo y ofreció una interpretación ajustada de las causas profundas del golpe militar de 1976.

El 11 de agosto de 1976 el bufet del Dr. Bustelo fue allanado y durante una semana el Ejército se instaló en el local,  con esvásticas y destrozos dejó la marca de su paso por el lugar y finalmente colocó una faja clausurándolo. Carlos Bula relató la reacción de Bustelo frente al atropello: hizo reclamos ante la 8va. Brigada hasta que decidió enviar un telegrama al Gral. Maradona intimándolo a que le devuelvan sus bienes a fin de habilitar nuevamente su estudio. La respuesta fue un operativo del Ejército que a la voz de “Correo...” el 3 de setiembre allanó su domicilio y lo llevó detenido. 

El testigo resaltó que los métodos del terrorismo de Estado, a partir de la masacre de Ezeiza, aumentaban la situación de miedo e indefensión de las personas. “Un ser humano en estas condiciones necesita atención, ese era nuestro rol como abogados. Para que sean juzgados correctamente ejercíamos la defensa sin miramientos ideológicos.” El estudio había asumido la defensa de Teresita Fátima Llorens y Amadeo Sánchez Andía, ambos presuntamente vinculados al ERP. Bula recordó los graves riesgos del ejercicio responsable de la profesión por aquellos años e  hizo un recuento de las bombas que estallaron en los estudios de los abogados Guevara, de la Vega, Venier y otros defensores de presas y presos políticos. Adicionalmente evaluó que desde la cúpula y hacia el interior del Partido Comunista había expectativas sobre la existencia de sectores más democráticos en las Fuerzas Armadas, por tanto había que incidir en ellas, generar debates. “Se trataba de una falacia, pues no teníamos en cuenta el grado de formación fascista de los militares argentinos. El PC equivocó el rumbo antes, durante y después del golpe”, dijo.

El abogado destacó el sustento que la justicia federal y sus jueces dieron al plan de exterminio. Habló de una “logística básica del poder judicial” para acusar a todo aquél que pensara diferente y la comparó con los procesos inquisitoriales. Finalmente hizo un repaso de las motivaciones económicas y el propósito de implantar el neoliberalismo que dominó la política represiva: “Si los 30.000 desaparecidos no hubiesen sido asesinados, el menemismo, por ejemplo, no hubiera sido posible”, afirmó.

Al cierre, por Secretaría, se leyeron sendas denuncias presentadas en 1984 por Ángel Bustelo por su detención y demás atropellos.

Semblanza de Don Ángel

A lo largo de su declaración, Carlos Bula evocó a su camarada con un sonrisa en los labios; cierto es que el “viejo comunista” sorprendía con su creatividad inagotable. Destacó la impactante personalidad del  Dr. Bustelo: hombre éticamente intachable, intelectualmente sólido y un hidalgo con gran sentido del humor, dijo.  

En Mendoza, don Ángel Bustelo fue una de las figuras centrales de la cultura y la política en los últimos setenta años del siglo XX. Varias veces preso político, abogado, escritor e intelectual,  polemista por excelencia, mereció un amplio reconocimiento social y gozó de la amistad de Armando Tejada Gómez, Alfredo Bufano, Benito Marianetti y Antonio Di Benedetto.  Más allá de Mendoza tuvo fuertes vínculos con escritores de la estatura de Neruda, Guillén, Benedetti y Asturias. Por sus características y actitud frente a la adversidad, sin duda, honró la vida.

Murió en 1998, a los 89 años de edad “con la esperanza intacta”, como él mismo solía decir; aguardando se trate su denuncia por privación ilegítima de la libertad agravada, hoy objeto del debate.

Audiencia del 20 de abril

CAUSA BUSTELO (II): Denuncias y conexiones hasta el presente

Investigaciones y denuncias sistemáticas realizadas por el sociólogo Roberto Velez y testimonios del mismo Ángel Bustelo aportaron información muy relevante para la causa del escritor y para el conocimiento de la dictadura en Mendoza y sus continuidades en democracia. Compañeros de militancia, cautiverio y vida, Velez y Bustelo narran la historia.


Roberto Velez

Hacia 1.976 el joven Roberto Velez, tenía ya una vasta experiencia de persecución política por su activa militancia en el partido comunista. Con prontuario desde los 9 años, originado a su vez por la persecución que sufriera su padre, en los 70 conoció cesanteos, la expulsión de la universidad, arrestos y la colocación de bombas en 1.975 y 1.976 en su casa. Ese 8 de agosto fue detenido en una esquina con su compañero Lecea. Los policías los llevaron a la comisaría 34ª de calle Almirante Brown (“que establecía zonas liberadas”), a cargo del oficial Domingo Roque Rivero (jefe interno del D2 entre febrero y junio del 75) ante quien se negó a declarar. La respuesta fue: “esa información te la van a sacar de otra manera”. Fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones, a un calabozo donde permaneció parado y sin comer durante tres días. Maniatado y vendado lo llevaron a una cuadra donde había más de 120 prisioneros. De la cuadra los entregaba a la tortura el suboficial Peralta, “subordinado” del imputado Migno, y luego de vueltas circulares en vehículos del ejército, terminaban en el “salón”. Entre la radio fuerte y los gritos, alcanzó a ver a los presos atados a camastros, y en diagonal el cerro de la Gloria. Velez estaba atrás de la cárcel, espacio cedido por su director Naman García. Soportó golpes que le dejaron secuelas en el tabique y las rodillas por los culatazos de las 45. En una oportunidad: “El torturador me da la cara, me baja la venda, el tipo me habla, me da agua y de fumar, ustedes son todos iguales le digo, se diferencian entre buenos y malos pero no es más que otra estrategia para torturar. Eso me sirvió para sostenerme”. Sigue Velez: “Se trataba de Pagela. Le pregunté por Luis Moriña, un estudiante desaparecido, y dijo que se les escapó”.

Velez estableció precisiones: Dardo Migno era el jefe de la 3ª sección del Comando en la Compañía de Comunicaciones (bajo autoridad de Ramón Puebla y del oficial Largacha) a cargo de los detenidos del campo de concentración y tortura denominado “Lugar de reunión de detenidos” (LRD). Sus colaboradores eran el suboficial principal Juan Alberto Peralta (“encargado”), García de la 4ª Brigada Aérea (torturador), el teniente Roberto Cutro y Cardello, policía federal. Remarcó que no hay diferencias entre “mandar” a torturar, “entregar” a los prisioneros, “conducirlos” y “aplicar” la violencia, y que “los oficiales jóvenes eran terribles”. También dijo que Dopazo y Gómez Saa eran elementos claves de Inteligencia.

La noche que llevan a Bustelo a Comunicaciones, les cuenta a sus compañeros el allanamiento de su estudio y señala culpas hacia la conducción del partido, que primero le indicó no gestionar sobre la clausura del estudio, confiando en la buena voluntad de “los militares democráticos” y luego que sí, lo que quizás derivara en su detención. Velez presenció cuando Bustelo denunció a Migno sobre los maltratos a los detenidos. Por saludar a un compañero torturado fue castigado y trasladado con Bustelo al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría provincial. Allí ubica a Naman García como jefe del penal y a Claudio Barrios, Oscar Bianchi, Balmes y Bonafede como torturadores.

“Es formal, preparáte para que te liberen”, dijo Benito Marianetti a Bustelo acerca de su libertad inminente según el Juzgado Federal de calle Las Heras. “Ángel regaló sus cosas, se había lustrado los zapatos para salir”. Un decreto del PEN por orden de Mario Lépori y la negativa del juez Romano (el mismo que lo había acusado por la tenencia de un libro “subversivo”) al sobreseimiento dictado por el juez Guzzo, dejaron a Bustelo cautivo. “Fue un golpe. Le armaron una causa para justificar su detención”.

El 27 de septiembre, Bustelo, Velez y más de cien detenidos fueron hostigados desde las dos de la mañana hasta la tarde cuando arribaron a La Plata en un avión Hércules. Actuaron todos los agentes de la represión: Ejército, policías Federal y Provincial, el Servicio Penitenciario. En el vuelo fueron encadenados, adormecidos con gas y golpeados con palos. Con deliberada saña contra “los viejos ideólogos de la subversión” se fijaron en Bustelo. En la U9 fueron aislados y golpeados por patotas que ingresaban celda por celda. Velez encontró a Ángel, de 67 años, en los baños muy deteriorado y afectado en su salud. Lo trasladaron al sector de “la izquierda no vinculada con la guerrilla”, y a Velez al de “irrecuperables”, calificación compartida por “los servicios de inteligencia y por la cúpula del PC, que lo consideraba preso por su contacto con la guerrilla”. Roberto Velez fue liberado a finales de 1.977.

La persecución sufrida toda la vida y el conocimiento de Velez, debido a su compromiso e investigaciones, lo llevan a encarar pasado y presente en forma de denuncia: “La realidad pone en evidencia que la conexión con las fuerzas represivas continúa hasta el presente. Los servicios de inteligencia siguen actuando y los ámbitos de complicidad no han sido desmantelados.” Así explica el contubernio que además de las fuerzas de seguridad sostuvieron las derechas de los partidos políticos; las jerarquías eclesiástica; judicial (“con la anuencia del Colegio de Abogados encabezado por Pedro Lella, como si los jueces se hubieran ido pero luego terminaron dando ética en la universidad”) y sindical (“la UOM tenía un manual de instrucción práctica antisubversiva afín a la política represiva y Santuccione fue designado jefe de la policía por el interventor Cafiero, a solicitud del dirigente de la CGT, Carlos Mendoza”). Además Fuerza Aérea, Marina y Ejército presentaron listados de civiles cómplices que se infiltraban en las organizaciones políticas; no así la Policía, y muchos siguen activos. Velez ilustra con el caso del Servicio penitenciario federal, “que genera descendencia en la democracia, de allí la tortura en cárceles y el gatillo fácil”. También mencionó la persecución a abogados de causas políticas, como Marianetti y De la Vega; y a la juventud sindical peronista de Antonio Cassia (“un caso de disposición genética”) y a la Concentración Nacional Universitaria como instrumentos para generar terror.

En este contexto, resaltó de su compañero: “Ángel soportó persecución y represión de todas las dictaduras, en cada golpe estuvo preso, con los gobiernos semi-legales también”. “Llegó  a la conclusión que para los momentos difíciles la profesión no servía, donó su biblioteca a la justicia y renunció a su matrícula. Pero nunca cesó en su actividad ni cayó su espíritu.” Y sin cerrar la historia Velez agregó: “Se están muriendo los responsables que gozan de libertades que los desaparecidos y sobrevivientes no tuvieron.”

Velez solicitó sean tenidos en cuenta su prontuario y el de su padre para las investigaciones y la querella solicitó compulsa penal para Gómez Saa y Peralta. Declararon también Susana Ortega y Carlos Luque, vecinos de Bustelo.

Audiencia del 19 de abril

CAUSA BUSTELO: El rol de los jueces

Comenzaron las audiencias por la Causa 055-M por el delito de privación ilegítima de la libertad de Ángel Bartolo Bustelo, fallecido en 1.998. Están imputados Luciano Benjamín Menéndez, Dardo Migno y Mario Lépori. Los testimonios de Petrona, su compañera, y de Fidel, su hijo mayor, mostraron la persecución a la que fue sometido el abogado y la grave complicidad de jueces con el plan de exterminio.

Petrona Alam de Bustelo

La pareja conformada por Petrona y Ángel Bustelo tenía al momento del secuestro del militante del Partido Comunista, un hijo de 13 y una hija de 6 años de edad. La noche del 3 de septiembre de 1.976 cenaban en la casa familiar de Tiburcio Benegas, cortada entre Avellaneda y Álvarez por el operativo en ciernes. Al grito de ¡Ejército Argentino! los militares entraron y tras golpearlo secuestraron a Bustelo en una camioneta. Hasta la madrugada Petrona fue encapuchada y atada a una silla, su hija y su empleada encerradas en un cuarto y su hijo en el baño. “Prendan poca luz”, escuchaba Petrona de los militares, mientras allanaban por completo la casa.

Por ulteriores relatos de su marido, supo que pasó por el Comando de Montaña y luego a la Compañía de Comunicaciones (“conté los escalones del comando, encapuchado, me pusieron frente a una luz muy fuerte, ahora vamos a hablar -dijeron-”). Antes de ser trasladado a la cárcel soporta un simulacro de fusilamiento. Bustelo reconoció al entonces teniente Dardo Migno como su torturador y quién lo fichara en Comunicaciones. A Migno le señaló: “en esto terminó el Ejército de San Martín”, después de conocer los graves testimonios de sus compañeros detenidos. La denuncia le valió reclusión y aislamiento.

El 27 de septiembre es trasladado en el Hércules, donde recibe un especial maltrato, a La Plata. Petrona, tras sus pasos se encuentra con la negativa de Maradona a recibirla y que en el Comando, Pagela y Furió le dijeran que “sin orden de Menéndez no podemos dar nada”. Ya en la U9, un “recepcionista” le dijo que “de 130 (tripulantes) han llegado 114, a los otros los deben haber tirado al río”. En la visita a su marido, constató su cuerpo morado por los golpes, manos y pies cortados por alambres, sangre en el orín por los riñones dañados.

Luego de un último paso por el penal provincial es liberado el 11 de agosto de 1.977, tras permanecer detenido a disposición del PEN durante casi un año.

Por su compromiso político y sobre todo por su rol de abogado defensor de políticos y obreros (“era del pueblo”), a lo largo de su trayectoria Bustelo sufrió intimidaciones y allanamientos. Según Petrona “siempre vivieron con el chumbo detrás, siempre con los militares encima”. Pero cercana al golpe del 76 la represión fue mayor: en agosto su estudio fue clausurado por el Ejército y su casa puesta bajo custodia.

Fidel Fabián Bustelo

Presente durante la detención de su padre, Fidel agregó que frente al operativo comando (“entraron por el frente y el patio, descolgándose del techo como delincuentes”), Bustelo se puso a disposición de los captores. Pero ante la imagen de su hijo apuntado con un revólver en la nuca, reaccionó, lo golpearon y se lo llevaron. A la madrugada un oficial lleva a Fidel hasta el estudio personal de su padre y vio cómo se llevaban más de 200 libros con “material subversivo” (mayormente literarios).

Según reza el expediente, ocultado por años, Bustelo fue detenido por  la posesión de un libro del Comachi (violación del art. 7 de la ley 20325, tenencia de material impreso de una organización suspendida por decreto) razón por la cual el juez a cargo, Otilio Roque Romano, dictamina la prisión preventiva.

En su declaración Fidel Bustelo apuntó a las vergonzosas e innumerables transgresiones que los miembros de la justicia, encargados de proteger a los individuos aún con estado de sitio, incurrieron ex profeso. La preocupación por “la muerte del derecho” (palabras de Ángel Bustelo) decretada a partir 1976 y sostenida hasta hoy por algunos jueces primó sobre las denuncia de los tormentos sufridos en los años de cárcel por el dirigente mendocino.

La liberación de Bustelo se logró gracias al denominado “golpe del prócer”. Por intermedio de Eduardo Angeloz, la familia Bustelo supo que, por decisión del general Menéndez, el detenido recuperaría la libertad sólo si algún “prócer” se responsabilizaba de lo que el dirigente pudiera hacer. Entonces el ex presidente Arturo Illia medió como “prócer garante”. Bustelo estaba calificado como “peligroso ideólogo de la subversión”, por el mismo Romano.

Al año de recuperada la libertad el Dr. Bustelo dio de baja a su matrícula. Aquello que había empezado a evidenciar estando detenido lo confirmó de forma grosera afuera: “Se terminó la justicia, no puedo seguir litigando ni aplicar mis conocimiento para defender a nadie porque ni siquiera puedo defenderme yo”, le dijo a su hijo aludiendo a la gravedad institucional que padecía la Justicia.

Esa misma gravedad, determinada por la corporación judicial que fue garante de la dictadura es la que excluyó a Fidel Bustelo y a su familia como querellantes de la causa. El último registro de esta infundada supresión data de 2007 y está firmada por Carlos Pereyra González, Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cutiño. La “portación de apellido” para Fidel Bustelo fue determinante en su vida como persona y como profesional. Explicó con numerosas pruebas, que la Justicia Federal, a la que considera absorbida por un “nepotismo ilustrado”, le decretó la “muerte civil como abogado”.

Fidel también mencionó al Colegio de Abogados local como cómplice por omisión, tanto durante la dictadura como en el presente, donde se le niega ingreso formal a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Respecto de Dardo Migno relató que Bustelo lo señaló siempre como uno de los torturadores de la Penitenciaría: “era un hombre fuerte, de los jodidos, era el encargado de darnos”.

Preguntado por razones concretas que “justificaran” la detención de su padre, el testigo expresó que además de los ideales que defendía, asumir la defensa en el caso de Teresita Fátima Llorens (sobrina del sacerdote) pudo haber motivado la privación ilegítima de la libertad. Las pruebas presentadas por la Fiscalía contribuyen a esta hipótesis: los abogados que intervinieron inicialmente en el caso de la joven, también fueron secuestrados y detenidos.

Ante el caso paradigmático de la detención ilegal de Bustelo existiendo proceso legal previo, Fidel remarcó que el Estado represor necesitaba indefectiblemente de la justicia. Y recordó la lucha y las palabras de su padre: “Tenés que estar tranquilo, la historia nos sorprende, da giros. Por mi olfato sé que la justicia va a llegar.”

Novedades: A raíz de los testimonios, la fiscalía solicitó se cite como testigo al doctor Carlos Bula, que en el momento de la detención trabajaba con Bustelo y también fue encarcelado. Además solicitó se cite en calidad de “testigo general” a Andrea Ginerte, directora del equipo argentino de antropología, que retomará el próximo lunes los trabajos en el “cuadro 33”.

Por último la querella solicitó compulsa penal contra Otilio Roque Romano por su actuación en el expediente de Ángel Bustelo en el que se certifica la “privación ilegal de libertad” del detenido.

Audiencia del 11 de abril

CAUSA SÁNCHEZ CORONEL (IV): Los firmantes

Luis Micheleto y Julio Viglino, empleados del Banco Mendoza, firmaron sendos documentos relacionados a Ricardo Sánchez Coronel pero dijeron no recordar al desaparecido ni al operativo de su secuestro realizado en la sede del mismo Banco.

Luis Benito Micheleto

Como secretario del Directorio firmó la Resolución por la que se dejaba cesante a Sánchez a causa de su detención consumada el 1ero de junio de 1976. El documento de cesantía que obra en el expediente le fue exhibido al testigo, sin embargo el funcionario insistió en que no recordaba al secuestrado ni se enteró de detención alguna y dijo no saber que había habido cesanteados.

En la Resolución del Directorio, en sala de sesiones del Banco de Mendoza el 16 de agosto de 1.976, se dispuso la cesantía definitiva del desaparecido, en calidad de detenido prófugo según el informe de Tamer Yapur sobre el que se basa el documento. En la Resolución se añadió: “aún en el supuesto que fuera dejado en libertad”.

Interrogado sobre el Directorio del Banco Mendoza, el secretario contestó que en fecha próxima al golpe, el Ejecutivo a cargo de Tamer Yapur pidió los legajos con los antecedentes de los directores privados y oficiales, hubo una recomposición y fue designado un vice comodoro de apellido Amigo. También evocó algunos directivos sin poder precisar el periodo de sus respectivas gestiones y recomendó se revisaran libros de Actas y las memorias anuales para determinar con claridad las autoridades que regían la institución por esos días. Destacó como miembro del Directorio y amigo a Julio Demetrio Petra.  Micheleto tampoco aportó datos sobre la inteligencia que se hacía dentro de las instituciones del Estado ni pudo recordar la intensa  actividad sindical que caracterizó aquellos años.  

Julio Viglino

Funcionario de la oficina de Personal del Banco, con su firma extendió un certificado en el que consta que, a partir del 2 de junio de 1976, cesó el pago de haberes a nombre de Ricardo Sánchez. A pesar de esto, aseguró no haber conocido al desaparecido; tampoco recordaba la circunstancia de su detención ni siquiera por comentarios. “No se hablaba porque no se sabía quién era quién”, explicó. Por otro lado admitió haber visto personal militar dentro del Banco y dio por supuesto que alguien hacía inteligencia desde dentro de la Institución para marcar a los activistas. En relación a las detenciones de personal del Banco sólo recordó el apresamiento de Vicente Antolín y desconoció otras. Agregó: “Mientras uno sabía, peor era”. Viglino se desempeñó como Jefe de Seguridad del Banco Mendoza en la década del 90. También fue socio de la empresa de seguridad privada “Aconcagua” junto a una persona de apellido Medina (no quedó claro si se trata de agente del D2, apodado “Mechón blanco”) quien le recomendó al imputado Eduardo Smaha para que trabajara como empleado de la misma en 2.001. El testigo aclaró que permaneció tres meses en la empresa y se fue.

Audiencia del 5 de abril

CAUSA SÁNCHEZ CORONEL (III): Relato de un hijo

Con tres testimonios prosiguió el debate sobre la causa por la desaparición de Ricardo Sánchez Coronel. A través de su hijo Ariel se corroboraron las contradicciones y se ataron cabos sueltos de la burocracia al servicio de la represión. También hubo precisiones sobre la fecha de su desaparición.

Ariel Sánchez Triviño

“No llegó esa noche a casa”, recuerda Ariel Ricardo Sánchez Triviño. A los 10 años, el hijo mayor de Sánchez Coronel, con hermanos de 9 y 4 años en ese entonces, registró para siempre la fecha del frío martes 1 de junio de 1.976 como la del día que se llevaron a su padre. Igual que Rosa Gómez, que la grabaría porque era el cumpleaños de su cuñada.

Ariel Sánchez acompañó a su madre Silvia Triviño (“quien nunca dejó de buscarlo”) en su infructuoso reclamo por la comisaría 7ª, el 8º Comando de Montaña y otras dependencias militares. A pesar de que Tamer Yapur librara un pedido de captura, policías y militares les aconsejaron olvidarse. Refugiados en casa de los abuelos paternos, días después va con su mamá a la casa familiar donde encuentran el portón del frente roto, todo revuelto, luces prendidas y al menos a tres militares en la casa cargando un bolso blanco con libros y pertenencias. “Dentro mío yo tenía la sensación de que él estaba ahí”, narró Ariel acerca de una camioneta militar estacionada en las inmediaciones.

Sánchez tuvo acceso al legajo del Banco de Mendoza de su padre. Allí figuran: el informe de un compañero, Francisco Nuñez, según el cual a Sánchez Coronel se lo llevan el 3 de junio del domicilio legal del Banco (Gutiérrez 51) por la puerta chica para personal. Dicho informe sirvió al directorio del Banco (digitado por Tamer Yapur a través de Ibañez) para dejarlo cesante días más tarde.

El telegrama de despido remitido a su madre, firmado por el secretario del directorio Micheleto, encuentra “justificativo” en el informe de Tamer Yapur (nómina de detenidos con el nombre de Sánchez Coronel especialmente subrayado, con orden de detención y pedido de captura el 10 de junio). Para su hijo se trata de un “dictamen de auditoría” que culpabiliza a la víctima.

En la contestación del 5 de agosto al hábeas corpus presentado el 4 de junio por Silvia Triviño, el comandante del 8º Comando de Montaña, Jorge Maradona contradice al mismo Yapur, al afirmar que el causante no fue detenido por el Comando. Así, el juez Guzzo rechazó el hábeas corpus e incluso impuso las costas a Silvia.

En la memoria del hijo quedó el recuerdo de una buena persona. Esto lo corroboró en 1.986, a través de su propio ingreso al Banco de Mendoza por el reconocimiento y el orgullo de ex compañeros por la lucha de Sánchez Coronel. Y recordó con afecto a otro compañero de militancia de su padre, también desaparecido, “Pantera Rosa” Rosales.

Sobre lo que significó esto para su familia, dijo: “nunca pudimos saber nada, todo era igual siempre, sufrimos el vacío y el señalamiento de la gente, por eso siempre fuimos muy nosotros”.

En esta jornada también declaró Raúl Armando Morán, compañero maestranza y concuñado de Sánchez Coronel. Reticente, aportó poca información, por boca de Nuñez supo que ese 1º de junio, mientras ambos cumplían el turno de 13:30 a 20:30, se lo habían llevado tres o cuatro civiles alrededor de las 20 horas tras un llamado. “Fue todo muy rápido, no se alcanzó a cambiar, bajó con la ropa caqui de fajina”. La audiencia concluyó con un testimonio reservado, sin público ni prensa.

Audiencia del 31 de marzo

CAUSA SÁNCHEZ CORONEL (II): Miret, la justicia al banco

Los testimonios de Vicente Antolín y Rosa Gómez aportaron grandes novedades al debate. El de Rosa motivó un pedido de compulsa penal y el de Vicente más elementos sobre la complicidad judicial y empresarial respecto a la represión sobre los trabajadores.

Vicente Antolín

En 1.972, con 20 años, Antolín integraba el cuerpo de delegados del ex Banco Mendoza, donde trabajó hasta el 29 de septiembre de 1.975, fecha de su arresto y reclusión en la antesala de la dictadura. Recién en 1.990 sería reincorporado a su trabajo, hasta el vaciamiento final de la entidad financiera. De aquellos años conoce a Ricardo Sánchez Coronel, también delegado gremial del Banco y desaparecido los primeros días de junio de 1.976. El año anterior había sido de fuerte conflicto gremial por reivindicaciones salariales y se desató la persecución.

Antolín fue detenido en casa de sus padres por un grupo de 8 civiles con orden de allanamiento de la Policía provincial. Días después la casa fue nuevamente allanada en búsqueda de material bibliográfico, reencontrado en 1.985 en un reconocimiento sobre el D2. En ese centro clandestino fue prisionero y duramente golpeado y picaneado hasta el desmayo diez días consecutivos hasta su traslado a la Penitenciaría. Desde septiembre de 1.976 permaneció 3 años en el penal de La Plata y uno en Caseros, hasta 1.980.

Al ser de los primeros apresados por el plan de exterminio, Antolín tuvo conocimiento desde la Penitenciaria que Santiago Illia es desaparecido allí, que Miguel Ángel Gil llega muerto desde el D2 y que Sánchez Coronel fue visto en ese centro, con una pierna en muy mal estado.

El testimonio de Vicente despuntó nuevas aristas de la complicidad de la Justicia Federal con la represión y sus autores. También develó que en 1.975 el D2 ya se encargaba de esa represión, como lo prueban expedientes propios de Inteligencia: la orden de allanamiento sin fundar firmada por el ex juez Miret y ejecutada por el Jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo.

En el informe de Tamer Yapur, con una nómina de detenidos a octubre del 76, además de Antolín, figuran Blanco, García y Sánchez Coronel (como “fugado”).

La comprobación del “trabajo coordinado”: Miret lo allanó, lo indagó y fue su “defensor” ante el Juzgado Federal. Allí Antolín es condenado por el juez Guzzo a 8 años de prisión, con el aporte de Sánchez Camargo que declara “anormalidad en la forma de vida del detenido”. Además, quien pidió su procesamiento a la Justicia (y su traslado al director de la cárcel, Naman García),  fue la autoridad militar, Tamer Yapur. Desde entonces queda “a disposición del PEN”.

Antolín se definió como montonero con militancia gremial y política, en relación con los otros frentes, territorial y estudiantil. Los trabajadores bancarios adherían al frente sindical del Peronismo Auténtico. Por eso cree posible que estuvieran vigilados y “cercados” desde el mismo Banco, cuyo directorio, partícipe de una asamblea grande, estaba presidido por Octavio Persio. De allí la persecución, la tortura o el asesinato hacia otros delegados y gremialistas: Sabino Rosales (desaparecido), Blanco, Neglia, Ubertone, Velardinelli, Córdoba, Luna, Savone, Edesio Villegas, Rossi; y la reacción genocida contra la lucha de los trabajadores porque “el objetivo de toda esta generación de los 70 era la transformación social en serio, con la organización de los trabajadores y sus reivindicaciones, a diferencia de la burocracia sindical”.

Las últimas imágenes de Ricardo

Rosa Gómez, convocada inicialmente como “testigo general”, dio más precisiones sobre el secuestro de Ricardo Sánchez Coronel, padre de su hijo y pareja en aquel entonces. Víctima del plan que consistía en eliminar al objetivo y a todo lo que lo rodeaba, Rosa fue secuestrada el mismo día que su compañero, 1 de julio de 1976, y llevada al D2. Fue sometida también al mismo régimen de tortura, pero además por su condición de mujer sufrió sistemáticamente el ensañamiento impiadoso y revulsivo que practicaban con las detenidas.

La última vez que Rosa vio a Ricardo Sánchez fue en los pasillos del D2 cuando era conducido a una sesión de tortura, estaba con los ojos vendados y en condiciones extremas de deterioro. Su ausencia comenzó a sentirla a partir  del momento en que el agente Pablo Gutiérrez Araya, identificado como “pullover bordó”, le ordenó al detenido: “Sánchez, prepará tus monos que te vas”.

Entre las personas que la secuestraron reconoció a Manuel Bustos Medina, “Mechón blanco” agente del D2 señalado e identificado fotográficamente por numerosos testigos. Además de participar en las detenciones, Gómez señaló que este policía también participaba en las violaciones sexuales.

A raíz del relato de la testigo, la querella solicitó la “detención inmediata” del policía Pablo Gutiérrez Araya advirtiendo que existen pruebas suficientes que demuestran su participación en los actos de tortura. “Pullover bordó” será el tercer agente del D2 detenido en este juicio, en enero fueron apresados por su probada participación Julio Lapaz y Rubén González.

Audiencia del 30 de marzo

CAUSA SÁNCHEZ CORONEL: Importante reconocimiento fotográfico

Con el testimonio de Ramón Alberto Córdoba se inició el debate por la causa de la desaparición forzada de Ricardo Luis Sánchez Coronel, en la cual el único imputado que queda es el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal. Afronta cargos por privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por abuso de violencia y violación e imposición de tormentos agravada por persecución política, redundando en delitos de Lesa Humanidad con asociación ilícita.

El 4 de junio de 1.976 irrumpieron en la casa matriz del ex Banco de Mendoza miembros armados del Ejército vestidos de civil y secuestraron a Ricardo Sánchez Coronel, maestranza, delegado gremial y militante montonero. El 23 de junio la 8ª Brigada de Infantería, con firma de Tamer Yapur, informa al directorio que Sánchez Coronel figura como detenido y fugado el 10 de junio. El 10 de septiembre el Banco cesantea al desaparecido por injurias graves y pérdida de confianza por parte de la empresa.

Ramón Alberto Córdoba

Córdoba, empleado de la sucursal Villanueva y militante de la juventud peronista, compartió con Sánchez Coronel la comisión gremial interna del ex Banco de Mendoza. Al tanto pero sin conocimiento de las circunstancias de la detención de su compañero, Córdoba y otros bancarios sufrieron en carne propia la represión y el cautiverio.

El 30 de julio de 1.976 Córdoba fue interceptado en la terminal por un grupo de hombres armados en un Citroen perteneciente a José Galamba, secuestrado tiempo antes. Golpeado, esposado y vendado fue llevado a un recinto oscuro y luego recibió su primera sesión de picana. Entre auscultaciones médicas conoció los interrogatorios del “Porteño”. En el D2 se encontró con sus compañeros Ubertone y David Blanco. Sánchez Coronel ya no estaba, había sido visto por Rosa Gómez, muy mal e imposibilitado para moverse. También de Alicia Cora Raboy tuvo comentarios sobre su cautiverio en el D2, al igual que de Daniel Moyano, Alfredo Escames y Gisela Tenembaum, reconocidos fotográficamente.

El penar de Córdoba por los CCD y prisiones abarcó el D2 (hasta octubre del 76),  comisaria 7ª (hasta enero del 77), Penitenciaría Provincial (hasta septiembre del 77) y las cárceles de Sierra Chica (hasta septiembre del 78) y Caseros (hasta septiembre del 81, cuando le dan libertad vigilada). En casi todos los traslados estuvo junto a Blanco, Velardinelli y Roque Luna.

Remarcó de la comisaria 7ª la violencia ensañada contra el grupo de Amaya, el simulacro ejercido por los policías para que los prisioneros creyeran estar en un cuartel, la tortura a la que sometían a chicos de la calle, la solidaridad de mujeres en situación de prostitución y la certeza de que desde la iglesia aledaña era imposible desconocer lo que sucedía en las mazmorras.

Como además del Mendoza había trabajado en el Banco Italia, Córdoba pudo reconocer a custodios policiales actuantes en la represión. Del álbum de la Comisaría Séptima señaló a Eusebio Lima, Moyano, José Lorenzo y Ramón Álvarez Rojas (torturador de niños). Del álbum del D2 a Bracón Lezcano, Rafael Montes, Ricardo Vásquez, Alfredo Castro (muy violento), Mario Esteban Torres, Manuel Bustos Medina (“Mechón blanco”, presente en su tortura) y Marcelo Rolando Moroy Suárez (“Facundo” a cargo de los traslados y reconocido también en el álbum negro, al igual que Ulrico Salvatierra).

Por su memoriosa y detallada descripción del régimen de encierro y las características edilicias del D2, aseguró como imposible que Sánchez Coronel pudiera escapar, como se sostiene en los libros de asiento y en su prontuario. Sobre las razones de la propia detención dijo que no hubo otra intención que desbaratar la organización sindical de los empleados bancarios.

Un inimputable más

La audiencia matutina comenzó con malos augurios para el lado de la justicia pero con el ejercicio pleno de los derechos humanos y la democracia: Tamer Yapur fue declarado inimputable debido a severos deterioros en su salud física y mental. El máximo responsable de la represión en Mendoza, entre los imputados presentes actualmente, recibe la posibilidad de que el proceso en su contra sea suspendido debido a un cuadro que lo mantiene en estado vegetativo. De esta manera, de las 18 causas sólo seguirán en debate las próximas semanas, además de Sánchez Coronel, las concernientes a Paco Urondo y Alicia Raboy, Rafael Olivera y Nora Rodríguez, Aníbal Torres, Ángel Bustelo, Salvador Moyano y Jorge Fonseca.

No obstante el Tribunal aclaró que las causas “no se caen”, sino que quedan en suspenso: Una vez que Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y responsable máximo del plan sistemático de exterminio perpetrado en el Centro-Oeste de Argentina, concluya su “raid” de juzgamientos por todo el país (hacia fines de octubre), deberá comparecer en nuestra provincia y las causas serán reactivadas. Además se propicia la inculpación de otros probables represores señalados en los presentes juicios. En tal dirección la querella solicitó compulsa penal contra el ex comisario Horacio Salinas por falso testimonio en su declaración del 29 de marzo, por inconsistencias y deliberadas mentiras acerca del papel de la responsabilidad policial subordinada al Ejército en la “guerra contra la “subversión”.

Por otro lado, por condiciones de salud, Luis Alberto Rodríguez Vázquez se reintegra al régimen de detención preventiva domiciliaria, condición que no pudo obtener otro ex policía, Celustiano Lucero, que seguirá detenido en el Complejo San Felipe.

Audiencia del 29 de marzo

CAUSA DE MARINIS (III): La familia policial

Además de Sebastián Cutugno, cuñado de Lidia, declararon policías retirados de la provincia. Como en el resto de los juicios, los testimonios de la jornada reflejaron la desmemoria policíaca, su nula voluntad para cooperar con la justicia y el alto grado de complicidad con el accionar represivo a cargo de las Fuerzas Armadas.

Sebastián Cutugno

Periodista, casado con Isabel De Marinis con la cual vivía en Buenos Aires los meses previos al secuestro de Lidia. La pareja se veía con “Lila” con frecuencia.

A fines de 1.976 mientras Cutugno atendía su carnicería del barrio Decavial, un hombre que rondaba la zona le informó que Lidia estaba viva en la cárcel provincial y necesitaba ropa, víveres y dinero. Por tanto comunicó al resto de la familia que, con alguna esperanza, recogió lo solicitado. El oportunista, con apariencia y modos de policía, no volvió a ser visto.

Acerca del destino de su cuñada, Cutugno estima que le sucedió “lo mismo que a los 30.000 desaparecidos por las fuerzas de seguridad”.

Ricardo Daniel Révora

Policía provincial durante 4 años y medio, se inició en la comisaría 25ª de Guaymallén y lo jubilaron en 1.971 por un accidente laboral. Hoy funge como abogado defensor de policías.

A fines de 1.976, durante un recreo en el Nacional nocturno de Guaymallén, conoció de parte de Gustavo De Marinis el relato del secuestro de Lidia. Como el resto del curso sacaba hipótesis “según un artículo de Los Andes, que mostraba que los operativos contra la guerrilla se efectuaban con personal encapuchado y en falcon verdes”, Révora “consoló” a Gustavo preguntándole si ella no se había ido con el novio y (lo que hoy niega) que estaba en el D2.

Nervioso e impaciente, Révora se desdijo varias veces en su propio relato y ante las requisitorias de fiscales y querellantes (“los de los derechos humanos”) acerca de la imposibilidad de que el diario Los Andes haya mencionado siquiera a los grupos de tareas o que sus compañeros del secundario pudieran conocer esa información por alguna fuente de la época.

Remarcando su experiencia en el ejercicio profesional de la defensa de policías, Révora alternó mentiras con verdades, con notoria contradicción: “El sustrato real de la Policía es la obsecuencia, que se llame información es otra cosa”. Interrogado sobre el conocimiento que pudiera tener sobre la represión dictatorial, arguyó que cuando iba a cobrar la pensión recibía la orden de que “los oficiales retirados no tienen que hablar ni decir nada”, pero requerido sobre quiénes daban ese mando, remató “no me pregunte quién era porque no me acuerdo”. Con el latiguillo “tipo canchero, sargento primero” hizo alusión a que los subalternos podían engañar a los oficiales de servicio en determinados operativos, sin embargo destacó que “el viejo reglamento es mucho más sabio que las nuevas medidas políticas para la Policía”.

Sobre la subordinación a las Fuerzas Armadas, concluyó: “Éramos teóricamente militares en el 76. El Ejército siempre fue poderoso, pero cuando se sintieron deshauciados echaron mano de la Policía. Éramos su sirvienta”.

“No saben”, no contestan

Luego del testimonio de Ricardo Révora, declararon como testigos Horacio Antonio Salinas y José Antonio Lorenzo, ambos prestaban servicios en la Comisaría 3º cuando fue secuestrada Lidia De Marinis. El primero, con el rango de Subcomisario, estaba a cargo de la dependencia, el segundo un novato oficial de servicio. A su medida y conservando la distancia que establece el escalafón los dos policías, ahora jubilados, abundaron en contradicciones, incoherencias, lagunas y olvido.

Preguntado por las razones por cuales la noche del secuestro el personal policial llegó al domicilio de la familia De Marinis cuatro horas después, a pesar de que estaba a tres cuadras, Horacio Salinas dijo que seguramente los oficiales estarían abocados al movimiento del Hospital Central y al “control de la prostitución”. En consecuencia, objetó las declaraciones de otros policías de la misma seccional que han manifestado que se trató de un procedimiento en el que la policía, por orden del Ejército, no debía intervenir. No solo negó esto, sino que también dijo desconocer la existencia de un trabajo coordinado entre  Policía y Ejército como lo certificó, ante la Cámara Federal en 1985, el Comisario General Pedro Dante Sánchez Camargo, y lo ratificó, en este juicio, el oficial Jorge Bergerat que estaba bajo las órdenes de Salinas.

Con asombrosa obstinación y contrariando afirmaciones de toda índole, Salinas negó que hubiesen habido cambios a partir de que la Policía pasó a estar bajo control operativo de las Fuerzas Armadas, negó presencia de militares en su comisaría, operaciones conjuntas, órdenes libradas desde el ejército, manejo de “santo y seña”, etc. Las negaciones de Salinas fueron interrumpidas solamente por sus largos silencios y por las numerosas intervenciones del Tribunal para recordarle que el artículo 275 del Código Penal sanciona el falso testimonio.

Por su parte José Lorenzo, amparado en el bajo rango que ocupaba entonces, también dijo desconocer los vínculos concretos entre la Policía y  el Ejército, y aseguró no recordar el secuestro de Lidia. No obstante, precisó que por las características del hecho se trató de una “zona liberada” donde “la policía deja actuar y después procede”, todo esto a pesar de haber manifestado qué era una zona liberada cuando dejó de cumplir servicios en 1992. Vacíos, inconsistencias y una frase recurrente “honestamente no lo recuerdo doctor”, fue todo lo que aportó José Antonio Lorenzo en la búsqueda de los responsables del secuestro y desaparición de Lidia De Marinis.