Acto en Tribunales Federales

Carta abierta a la Justicia Federal

19-09-2013| Organismos de derechos humanos de Mendoza realizaron un acto público en la explanada de la sede judicial, y entregaron una carta abierta demandando que causas que implican un centenar de víctimas y alrededor de 40 imputados se incorporen al juicio estipulado para el 11 de noviembre próximo. Hasta esa fecha, se realizarán concentraciones en el mismo lugar todos los jueves a las 12 para sostener el pedido.

A continuación, el texto entregado a agentes judiciales:

¡Unificación de las Causas y Justicia Ya!

 Los organismos de Derechos Humanos continuamos nuestra lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Los años de complicidad de algunos importantes sectores de la Justicia Federal con los responsables del Terrorismo de Estado significaron la demora de los juicios, la fuga o muerte de inculpados y la pérdida de pruebas y testimonios.

 En nuestra provincia, el camino que hemos transitado estuvo lleno de obstáculos:

-  Los juicios se iniciaron en 2010, tres años después que comenzaran a desarrollarse por  todo el país.

-  Desde la etapa de instrucción, fue necesario emprender una campaña de denuncia contra los jueces y camaristas que colaboraron con la dictadura, enquistados en la Justicia federal, porque entorpecían la tarea.

- Por distintos motivos, son escasos los resultados para dar con los cuerpos de los  desaparecidos y desaparecidos en nuestra provincia y nos seguimos preguntando: ¿Dónde están?

- Atravesamos varias frustraciones;  por un lado, la muerte o apartamiento de los jefes de la represión que hicieron caer numerosas causas durante el debate; por otro lado, Cuyo tiene el record nacional de prófugos, solo la provincia cuenta con 20 procesados que se evaporaron. Este y otros indicios nos permiten sospechar que existe una red de complicidades a las que la ley no alcanza.

-  Después de la sentencia del Tercer Juicio, escuchada en marzo de este año, y a contrapelo del ritmo acelerado que viene mostrando la Justicia Federal en otras capitales, no se procuró un nuevo Juicio. Solo está propuesto un debate para noviembre con un solo imputado y una causa ya conocida y tratada en el último juicio. La única variante es que, por los mismos hechos, se acusa a un nuevo responsable: Enrique Gómez Saa.

Mientras tanto, nuestros abogados y el Ministerio Fiscal pidieron la acumulación de más de diez causas que comprenden un centenar de víctimas y alrededor de cuarenta imputados, ya listas para ser tratadas. Urge que la Justicia Federal  adopte este criterio. El tratamiento de una causa con un imputado, en juicio oral y público, significaría una nueva dilación no justificada  y un desgaste innecesario de justicia.

Por lo expuesto, solicitamos arbitren los medios para que en el curso de este año 2013, se inicie un Juicio con las causas en condiciones de entrar a debate que involucran a civiles, fuerzas armadas y de seguridad

Esperamos que la Justicia Federal dé una clara señal hacia los sectores cómplices de la Dictadura que alientan el olvido y, a la vez, un mensaje esperanzador hacia quienes venimos luchando a través de los años por Memoria Verdad y Justicia.

  

Madres de Plaza de Mayo - Familiares de detenidos-desaparecidos – Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio –Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Casa por la Memoria y la Cultura Popular – Asociación de Expresas y Presos Políticos

Audiencia final: Publicación de Fundamentos del fallo

El genocidio no prescribe

08-05-2013 | Se hicieron públicos los fundamentos del fallo que dio cuenta de las responsabilidades que tuvieron diez personas acusadas durante el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Contradicciones respecto a la calificación y pena aplicada a Fernando Morellato. El juez Alejandro Noceti Achaval, que votó en disidencia la mayoría de las resoluciones, adujo “prescriptibilidad” de los delitos juzgados.

A pesar de la conformidad general que hubo respecto a las sentencias, la lectura de los fundamentos era esperada con expectativas por parte de víctimas, familiares, Organismos de Derechos Humanos y los abogados y abogadas representantes del Ministerio Público y de las distintas querellas. La bajísima pena que se le aplicó a Fernando Morellato Donna, ex oficial del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, cinco años de prisión cuando las partes acusadoras habían solicitado prisión perpetua, y el conocimiento de que uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 habría votado en disidencia la mayoría de las consideraciones falladas, motivaron la espera.

El Tribunal conformado por el Presidente Juan Antonio González Macías y los jueces Roberto Burad, Alejandro Noceti Achaval y Jorge Picarenco (suplente) convocó a las partes ayer a las 13.30 en Tribunales Federales. Fue una audiencia completamente informal. Se anunció que el proceso estaba concluido, que las resoluciones completas del Tribunal eran, a partir de ese momento, de estado público y se obvió la lectura del fallo.

Señalan los magistrados en su cuestión final: “Los Doctores González Macías, Burad y Noceti Achaval acuerdan los fundamentos de las penas y sus modalidades. Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda, Armando Osvaldo Fernández, Fernando Eugenio Morellato y Juan Antonio Garibotte permanecen alojados en el Complejo Penitenciario Provincial II, “San Felipe”, hasta tanto se resuelva sobre el definitivo lugar de alojamiento. Respecto de Paulino Enrique Furió, Ramón Ángel Puebla, Juan Agustín Oyarzábal, Dardo Migno y Alcides París Francisca,  por su estado de salud, permanecen detenidos en sus domicilios, hasta tanto se cumpla lo dispuesto en el segundo párrafo del dispositivo 9 del fallo”.

La publicación de los fundamentos hizo explícita la “disidencia parcial” sostenida por el juez de Buenos Aires, Alejandro Noceti Achaval. El análisis y la interpretación de los hechos y del proceso judicial volcados por Noceti en el fallo repercutieron rápidamente entre los abogados actuantes en el juicio. Además de coincidir con sus compañeros respecto a la responsabilidad y baja pena de Morellato, Noceti disintió respecto a la asociación ilícita, la autoría mediata y la triple calificación agravada que comprobadamente se les atribuye a todos los acusados en la comisión de los gravísimos hechos juzgados. En ese sentido también votó contrario a las sentencias aplicadas respecto a casi todas las causas tratadas, sobre todo las conocidas como grupales, como las caídas de diciembre de 1977 y de mayo de 1978.

Fernando Peñaloza, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en el juicio, señaló: “Lo más preocupante es el voto en disidencia del juez Noceti. Plantea la prescripción, entiende que todos los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983 están prescriptos, desatendiendo toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que a esta altura es aberrante. Entre sus penosas frases dice: ´Así, permitir hoy la violación al principio de legalidad y aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio del imputado es dejar abierta la puerta para que mañana se violen otros principios constitucionales con la excusa de que se lo hace en beneficio de los intereses que gobiernan el momento´.

Según Peñaloza, Noceti “evidencia su disconformidad con lo que es una política de Estado y su voto entonces adquiere lógica. Preocupan estas formas de razonar de algunos jueces y entonces el actual proceso de democratización adquiere mayor sentido”, reclamó el abogado, quien respecto al fallo relacionado con Morellato hizo una crítica a todo el Tribunal y adelantó: “No condenan a Morellato a perpetua y entienden que no participa en la entrega a Sánchez Camargo (entonces jefe de la Policía Provincial), por lo que no tiene injerencia. Es criticable ya que si reconocen que es él y su gente quien los tortura (a Ramos e Iturgay) y de esa forma obtienen sus verdaderos nombres, entonces sí tuvo una participación, aunque más no fuera secundaria, lo que desde la SDHN plantearemos en Casación”.

La instancia mencionada, el recurrir el fallo vía Cámara Federal de Casación Penal, es la alternativa que ya habían adelantado los otros querellantes. Parece ser la medida justa, tras la ejemplar histórica tercera condena, para rectificar lo controversial de la baja pena a Morellato y enmarcar en una lectura mayor, más atenta, el análisis anacrónico y peligroso del juez bonaerense. La profundización de los juicios y los avances sostenidos en Mendoza respecto al genocidio, y su memoria, así lo ameritan.

Fundamentos, archivo completo. Descargar pdf

Audiencia del 3 de agosto

ALEGATOS DE LA QUERELLA (II): Viviana Beigel por el MEDH

Con una precisa exposición de la Dra. Beigel concluyó este miércoles el alegato de la Querella en representación del MEDH. Apoyándose en los mismos testimonios expuestos en el juicio, por víctimas y testigos del terrorismo de Estado, Beigel trazó la realidad de los centros clandestinos de detención y de desaparición de personas, la violación sistemática y la complicidad de la Justicia federal, fundamental para sostener el plan genocida en Mendoza.

Buena parte del alegato de la Querella hizo foco en el horror y las torturas aplicadas a los prisioneros en el Departamento 2 de Inteligencia -D2-, retomando el relato de los sobrevivientes de ese CCD. “Los delitos cometidos en el D2 son prueba clave del terrorismo de Estado, como por ejemplo los ataques sexuales a mujeres y hombres”, dijo la abogada, y en tal sentido destacó las denuncias y testimonios de Silvia Ontivero y David Blanco.

Entre los avances para la investigación realizados por el MEDH, acerca de dónde fueron enterradas decenas de desaparecidos, la abogada se remitió al testimonio de Elba Morales cuya “descripción y localización del centro Las Lajas evidencia su finalidad como enterramiento clandestino de personas”.

También arguyó que por el evidente plan de exterminio y por la brutalidad de los crímenes cometidos, tales “son crímenes contra la humanidad y deben por tanto recibir el mayor castigo posible”.

Otro eje presentado fue el falso viso legal que el plan de exterminio debió darse para justificar lo injustificable.

Sobre los “Consejos de guerra” a los que se sometía a los prisioneros, Beigel sostuvo: “Eran una estructura montada para legitimar los secuestros y condenar sin pruebas a detenidos ilegalmente y torturados, con defensores que les aconsejaban declararse culpables”.

Luego se basó en declaraciones de muchos ex detenidos que testimoniaron en el juicio, para dar cuenta del papel cómplice y necesario de los miembros de la Justicia federal local, para garantizar impunidad a los crímenes de la dictadura. “Permitieron las privaciones ilegítimas de la libertad, la tortura, el asesinato, el rechazo sistemático a los hábeas corpus presentados por los familiares y el deber de costearlos”, enumeró Beigel.

La Querella considera que no se trataba de “inacción judicial”, sino más bien “acción y participación”. En esa dirección remarcó los nombres de Romano, Guzzo, Petra Recabarren, Carrizo y Miret. Así, destacó la valiente denuncia de Fernando Rule contra fiscales y jueces, que el mismo Otilio Romano archivó y desestimó. Y los testimonios de Lucía Allegrini que oyó del juez Guzzo: “usted no estaba en ningún lado”; y el de Luz Faingold, a quién nunca le informaron que podía abstenerse de declarar cuando era “entrevistada” por Luis Miret a los gritos.

“Nunca más vamos a permitir que el reclamo de una víctima quede colgado de un gancho de carnicería, se ha desmantelado la complicidad de la Justicia federal”, dijo Beigel. En consecuencia cerró el alegato reconociendo la fuerza de Isabel Figueroa de De Marinis, madre de Lidia -desaparecida-, que con sus 93 años asiste audiencia tras audiencia al Tribunal, en búsqueda de justicia “para encontrar los restos de mi hija”. “Por el reclamo de Isabel, la voz de las víctimas, pedimos justicia”, concluyó la Querella.

Este jueves 4 será el turno del alegato que presenta la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Causa 01 y acumulados, a través de los Dres. Peñaloza y Garciarena.

Audiencia del 2 de agosto

ALEGATOS DE LA QUERELLA (I): Pablo Salinas por el MEDH

Dio comienzo a la etapa de los alegatos en los juicios que se iniciaron el 17 de noviembre pasado por 18 causas que quedaron reducidas a sólo ocho debido al fallecimiento o enfermedades de los imputados. El primero en argumentar fue el Dr. Pablo Salinas quien patrocina, junto a Viviana Beigel, los casos presentados por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos,-MEDH-.
Tal como lo anunciara el Tribunal, la primera parte de los alegatos estará destinada al debate sobre la caracterización del contexto en el que se desarrolló el terrorismo de estado; los primeros en argüir serán los abogados querellantes por el MEDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, luego la Fiscalía y finalmente los abogados Defensores de los acusados.
Con la apoyatura de filminas, Pablo Salinas, quien conoció en carne propia la represión a raíz del secuestro de su propia madre cuando era niño, hizo un recorrido por los antecedentes de la represión en la Argentina partiendo desde 1955; dio cuenta de la transferencia de las experiencias de la escuela francesa y la escuela de las Américas en la diagramación del esquema utilizado en nuestro país y expuso las características del denominado: “Plan de Represión Sistemática”.
Recalcó que la CIDH en 1979, en base a 5.000 denuncias, dio por probadas la persecución política, las detenciones arbitrarias, las torturas y las desapariciones, los cuatro ejes en lo que se basó la represión y recorrió la normativa internacional  avasallada por la Dictadura.
Definió la ilicitud del régimen que ejerció el terrorismo de Estado a través de la implementación de normas como las actas y el estatuto del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” así como decretos, leyes penales, reglamentos militares, todos violatorios de la constitución y las Convenciones vigentes.
El abogado hizo hincapié en la complicidad del Poder Judicial y el condicionamiento de la Prensa. En este punto repasó las causas en que están implicados los jueces mendocinos, en particular mencionó las que remiten a la complicidad de Otilio Roque Romano, quien paradojalmente, dijo: “Esta presidiendo la Cámara Federal en Mendoza, un piso más arriba,  mientras yo alego en este juicio”.
Luego caracterizó a los delitos de lesa humanidad como “el ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz” Siguiendo lo establecido, Salinas mencionó el:
•         a) Asesinato;
•         b) Exterminio;
•         c) Esclavitud;
•         d) Deportación;
•         e) Encarcelamiento;
•         f) Tortura;
•         g) Violaciones;
•         h) Persecuciones por motivos políticos
•         i) Desapariciones forzadas
•         j) Otros actos inhumanos

Aclaró que estas categorías emanan del Estatuto de Núremberg, de la ex Yugoslavia, del  tribunal penal internacional de Ruanda y el Estatuto de Roma.

“Los acusados Furió, Migno, Smaha, Rodríguez, Oyarzabal y Lucero formaron parte voluntariamente de la estructura organizativa que llevó a cabo la comisión de estos crímenes, como consta en la prueba documental, testimonial, y en sus propias indagatorias, lo que deja en claro su conocimiento y su clara voluntad de cometer este tipo de crímenes”, dejó claramente asentado el Dr. Salinas .

Luego repasó la comisión cada uno de estos delitos, a través de las declaraciones de las víctimas escuchadas en este debate y retomó la declaración del agente de D2, Alfredo Gómez Centeno, propuesto por la Defensa que no hizo más que confirmar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados.

A fin de desmentir la posibilidad de que se invoque la obediencia debida argumentó, permanentemente, que los acusados eran conscientes de la ilicitud de sus actos ya que evitaban se los reconociera: vendaban los ojos de las víctimas, se caracterizaban para actuar, utilizaban autos truchos y otros recursos que garantizaran su impunidad; además insistió que cometieron los crímenes por elección y con convicción.

Salinas tuvo palabras de elogio para los testigos que se dispusieron a revivir el horror de esos años. Con compromiso y pasión por lo que cree, conmovió, llamó a la sonrisa y trajo el pasado al presente en búsqueda de la justicia reparadora.

Cerró su alegato recordando al Tribunal: “ Rafael Olivera, Nora Rodríguez Jurado, Francisco Urondo, Alicia Cora Raboy, Angela Urondo, Sánchez Coronel, Torres, Britos, Bustelo, Moyano, reclaman justicia junto a todos nosotros". Sus sentidas palabras fueron acompañadas por el reconocimiento de los presentes en la colmada sala.