Causa 055-M: privación ilegítima de la libertad de Ángel Bartolo Bustelo. Alegatos: I Fiscalía y II SDHN

Las cosas que pasaron en mi Patria

14-03-13 | La Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expusieron sus alegatos en relación a la detención ilegal y torturas al reconocido dirigente comunista y abogado Ángel Bartolo Bustelo. La eliminación de quienes defendían a los presos políticos, escollo tremendo para el plan sistemático de desaparición forzada de personas.

El Fiscal Daniel Rodríguez Infante recordó que por este caso Dardo Migno ya tiene una condena, y en este nuevo proceso se juzgó solo a Ramón Ángel Puebla, entonces jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII (CCM VIII). Ese destacamento militar fue la primera parada en el periplo de detenciones y torturas que sufrió el Doctor Ángel Bartolo Bustelo, alto dirigente del Partido Comunista y defensor -desde antes del golpe de Estado de 1976- de presos políticos, motivos ambos para soportar innumerables persecuciones y detenciones.

Dr. Ángel Bartolo Bustelo

Tenía un estudio jurídico con Carlos Bula, quien aseguró que ellos junto a otros abogados del Partido Comunista, como Benito Marianetti y Jacinto de la Vega, eran buscados por familiares de detenidos -“para evitar que los torturaran”- porque eran los únicos dispuestos a atender esos casos. “No hacíamos diferencia según cual fuera la actividad que tenían (los detenidos), queríamos que se los juzgara como se debía, éramos como un servicio de urgencia. Lo primero era salvarles la vida, la salud y la integridad física”, agregó. Así fue ganando su condición de “enemigo peligroso para el aparato criminal estatal”.

El Fiscal y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -SDHN-, Fernando Peñaloza-, recordaron las defensas que ejerció Bustelo en favor de Fátima Llorens -sobrina del cura tercermundista José María Llorens- y de Amadeo Sánchez Andía -estudiante de periodismo asesinado por la Policía de Mendoza en 1975-.

Peñaloza comenzó su alegato en esta causa recordando que según el informe de 1984 de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas -CONADEP- fueron secuestrados y desaparecidos no menos de 109 abogados, el 90 por ciento de ellos entre marzo y diciembre de 1976. Representaban el bastión de legalidad que había que someter. Los abogados, que resistieron desde el primer momento del golpe de Estado, debían ser eliminados lo más rápido posible porque serían la cabecera de playa de una resistencia silenciosa”. Esto, consideró Peñaloza, avala la hipótesis del Ministerio Público y de la SDHN respecto de uno de los motivos fundamentales para perseguir y herir de tal manera a Bustelo. El representante nombró, junto a Bustelo, a Héctor Rosendo Chávez y a Alfredo Guevara (padre) como abogados militantes y perseguidos.

Fernando Peñaloza - SDHN

El estudio jurídico fue allanado ilegalmente el 11 de agosto de 1976. En esa irrupción, disfrazada de operativo zonal, la patota represiva buscaba un motivo para detener al abogado. De allí se llevaron, según el acta de procedimiento labrada por el Ejército Argentino, cuadernillos “COMACHI Denuncia” -de la Coordinadora del Movimiento de Ayuda a Chile, país sometido por el pinochetismo, declarada ilegal en junio de 1976- una nómina de periodistas chilenos víctimas de la Junta Militar fascista, cuadernillos de la Liga  Argentina por los Derechos del Hombre; entre otros materiales. Encontraron sus motivos...

Clausuraron el estudio, y lo “ocuparon”, militares se quedaron allí y hasta atendían el teléfono diciendo que eran secretarios. Por este motivo, el 2 de setiembre de 1976, Bustelo envió un telegrama al general Jorge Alberto Maradona, segundo comandante del III Cuerpo de Ejército -cuyo superior era Luciano Benjamín Menéndez-, máxima autoridad militar en Mendoza. En ese escrito, el abogado pidió que se levante la clausura del estudio que “provoca grandes daños al suscripto y a terceros”. Los terceros, por supuesto, eran las víctimas de la represión que los letrados supieron defender.

Pasó sólo un día y la ira del poder de facto recayó sobre Bustelo. El 3 de setiembre fue secuestrado de su domicilio. La patota golpeó la puerta al grito de “¡Telegrama!”. Rodríguez rescató palabras del dirigente: “lo que entró fue una horda de delincuentes militares, porque iban vestidos con el uniforme del Ejército de mi Patria”. En la casa estaba con su esposa -Petrona-, su hijo -Fidel- de 13 años, su hija -Elba- de 6 años y una mujer que los ayudaba. Entre tres o cuatro agentes “me arrojaron como una bolsa de papas en el camión del Ejército”, relató Bustelo en una de sus tantas declaraciones. Los vecinos luego contaron que la “cuadra estaba copada por soldados”, recordó el Fiscal. La patota permaneció en el domicilio hasta el día siguiente con la familia secuestrada.

Lo trasladaron bajo insultos, amenazas y salvajes golpes hasta el Comando de Infantería de Montaña donde lo interrogaron bajo tormentos; luego lo llevaron a la CCM VIII, donde estuvo hasta el 6 de setiembre. Luego lo pasaron a la Penitenciaría Provincial junto a Roberto Vélez. Los dejaron en el Pabellón 13, donde tenía lo que las fuerzas denominaban “jefes de la guerrilla”. Su siguiente lugar de detención fue la Unidad 9 de La Plata. Lo llevaron en el traslado masivo del 27 de ese setiembre, donde fue particularmente maltratado, al igual que Guidone. Bustelo terminó con su espalda negra de los golpes. Cuando testimonió en el Juicio a la Juntas sólo pudo agregar: “Increíble... increíble que estas cosas hayan pasado en mi Patria”.

Sobre esto Peñaloza agregó: “El caso de Bustelo se ventiló en otras jurisdicciones. Al momento de dictarse sentencia en el Juicio a las Juntas se lo mencionó”, fue el caso 166 de la Causa 13. Se trata de un fallo judicial en el cual se define a la estructura que actuó en Mendoza y que es responsable de la detención de Bustelo.
Fernando Peñaloza: Cacería a los abogados de la resistencia

De los expedientes surge que la privación de la libertad de Bustelo no puede considerarse fragmentada en tres -por cada lugar por los que pasó- sino que es una sola. Una apreciación contraria beneficia la atomización y, por ende, la impunidad, explicó el abogado de la SDHN. Además, hay pruebas documentales sobre “lo grotesco de la privación de libertad” dijo Peñaloza. Por ejemplo, “el 24 de noviembre el juez Gabriel Guzzo dictó -en una posición intermedia- una orden de sobreseimiento temporario y hacer lugar al recurso de habeas corpus a favor de Ángel Bustelo. No obstante no lo liberaron y la orden de libertad fue elevada por la U9 al superior militar, el Comando del Cuerpo I de Ejército, a fin de que éste disponga si se debe o no dar cumplimiento”, como ya lo habían hecho en ocasiones anteriores, buscaban que algo o alguien impidiera la libertad; y/o que legitimara la detención. Recién en enero se da a conocer un decreto de disponibilidad al Poder Ejecutivo Nacional, fechado en diciembre de 1976 y que disponía la detención de Bustelo, efectuada tres meses antes... Pasado esto, lograron que el juez diera marcha atrás con el sobreseimiento, recordó Peñaloza.

Por serios problemas de salud, de La Plata lo enviaron nuevamente a la Penitenciaría de Mendoza, el 18 de julio de 1977, donde estuvo hasta el 11 de agosto, cuando fue liberado. Peñaloza recordó que fue el 29 de julio de 1977 cuando se dispuso la liberación inmediata por decreto, pero se tomaron unos días más. Lo fue a buscar su familia, no obstante antes, lo obligaron a firmar un “papelucho” en el que constaba que “lo habían tratado muy bien”. Cuando puso su firma lo hizo, dijo Bustelo, “porque confiaba en que la historia le iba a permitir demostrar que eso no había sido así”. “Tarde, pero lo pudo demostrar”, agregó Daniel Rodríguez.

Bustelo debió abandonar su profesión porque, luego de la clausura y ocupación de su estudio -en donde las fuerzas pusieron un cartel que decía “Ejército Argentino”- nadie iba, por miedo a relacionarse con él. Se dedicó a la literatura.

Durante su detención, le iniciaron una causa judicial para intentar legitimar los actos represivos. Pero apenas 20 días después de ser secuestrado lo llevaron ante el juez. En la causa actuaron los jueces Gabriel Guzzo, Luis Francisco Miret -imputados en el próximo juicio a funcionarios de la justicia cómplices de la dictadura- y el entonces fiscal Otilio Roque Romano -hoy prófugo de la justicia-.
Daniel Rodríguez: El ejercicio de la profesión y el cuero duro de Bustelo

Bustelo en la Compañía

En la CCM VIII lo recibieron con simulacro de fusilamiento, luego lo llevaron a los barracones con los otros detenidos, quienes le contaron de los tormentos. Con gran valentía, Bustelo le dijo a Dardo Migno -responsable del “Lugar de Reunión de Detenidos" (LRD), centro clandestino de detención (CCD)-  mientras le hacía la ficha: “¿Cómo puede ser que estén torturando?" Eso le valió que Migno lo mandara a un calabozo de aislamiento. Las condiciones allí, como ya lo especificó el Ministerio Público en el juicio, eran en sí mismas tortuosas, y así lo consideró entonces el Tribunal. Se reconocieron como tormentos agravados por la condición de perseguido político, explicó Rodríguez.

Durante ese encierro, Bustelo pidió papel y lápiz. Le estaba escribiendo un telegrama al dictador Jorge Rafael Videla sobre la situación. El soldado que se lo recibió le dijo: “Pero doctor, piénselo un poco”. Cuando las autoridades vieron el nuevo telegrama dijeron: “Lo enviaremos a la cárcel y ahí va a saber lo que es bueno”. Los militares sabían a qué exponían al detenido cuando lo trasladaron.

Hay tres elementos que comprueban la clandestinidad del accionar represivo: la no sujeción a autoridad judicial, la información a familiares sobre el lugar de detención y, aún dando a conocerlo, el aislamiento al que sometían a las víctimas. “Los tres se comprueban en este caso” afirmó el fiscal.

El imputado por esta causa, Ramón Ángel Puebla, era el jefe de la Compañía, superior de Migno, condenado por este caso en el juicio anterior. Por ese CCD pasaron entre cien y doscientas personas.

Daniel Rodríguez: El jefe Puebla, sin dudas

Calificar al represor: Color verdeoliva

El Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó a Ramón Ángel Puebla como autor mediato en cadena de mando intermedia en aparato organizado de poder, del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, por el concurso premeditado de dos o más personas y por la duración de más de un mes; también por la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima; todo esto en concurso real entre sí y con el delito de asociación ilícita. Todos delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional del genocidio.

075-M: Desapariciones de Miguel Poinsteau, Blanca Santamaría, Oscar Ramos y Oscar Iturgay

Obstinada verdad

02-11-2012 | Desde posiciones muy diversas respecto al terrorismo de Estado los hermanos Santamaría relataron el día después de la desaparición de Blanca Graciela: mientras María Florencia permanecía siete años detenida, Luis Beltrán hacía carrera como abogado sin pulsar resortes en la Justicia Federal por la vida de su hermana. Rosa Gómez y Víctor Cuello dieron cuenta de los días finales de Miguel Alfredo Poinsteau, secuestrado, torturado y desaparecido en el D2.

Por las celdas del D2

“Estuve nueve meses en el D2, escuché muchas cosas, vi a muchos compañeros pasar. Conocí el manejo de los espacios, las celdas. Conocí a los policías por sus olores, por el manejo de las llaves, cuando venían con una sola sabía que venían por mí”. Tal la experiencia que vivió Rosa del Carmen Gómez, testigo presencial del paso de Miguel Alfredo Poinsteau Newman, detenido y quizás asesinado en el centro clandestino situado en el Palacio policial.

Rosa Gómez estuvo secuestrada desde el primero de junio de 1976 hasta principios de febrero de 1977. En el vehículo que la trasladaron iban Manuel Bustos -“Mechón Blanco”- y Julio Lapaz, dos de sus torturadores en el D2. “No entendía qué pasaba, me hacían interrogatorios de los que ni remota idea tenía, estaba en un sótano que era todo un lamento, gente tirada en el piso. Tras la primera tortura vino la primera violación. Junio y julio fueron los meses más terribles, a (Rosario Aníbal) Torres y a mi compañero Ricardo Sánchez Coronel los mataban por defenderme después de lo que me hacían. La resistencia no tenía sentido, lo mismo me ataban de pies y manos. Me violaron en las celdas, en los baños, en la sala de torturas, mi alma ya no estaba en mí, era un cuerpo, era imposible”.

“Para noviembre del 76 no había presos en el D2, la única que estaba era yo”, explicó Rosa. Primero pasó “una chica rubia que era profesora o maestra y a la cual se la llevó un hombre rubio”. El posterior reconocimiento fotográfico permitió dilucidar que se trataba de Elsa Guadalupe Sedrán de Carullo. Luego cayó el grupo de Víctor Cuello, Miguel Poinsteau, Laura Marchevsky y Rubén Rizzi.

Miguel Poinsteau fue secuestrado el 4 de noviembre de 1976, ingresaron en su casa y después de varios destrozos se lo llevaron al Departamento de Investigaciones. El fiscal Dante Vega hizo constar por registros previos que Poinsteau y Cuello ya habían sido detenidos en otra oportunidad en el D2, el 10 de junio de 1975. Gómez -que reconoció a Poinsteau en su anterior testimonio- asegura que para los primeros días de noviembre del 76 estuvo en contacto con él y Cuello, en el área de celdas del D2. Más de treinta años después, conoció el nombre -a través de un encuentro con Facundo, hijo de Cuello, en motivo del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael en 2010- de quien desesperado, según ella, se ahorcó en el interior de su celda.

La testigo narró que llegaron a la madrugada y en el transcurso de medio día, Poinsteau fue torturado tres veces: “Estaba con mucho terror de que viniera una cuarta sesión de tortura, tenía mucho miedo, no había forma de sacárselo. Para tranquilizarlo le dije que si comía y tomaba agua todo iba a estar bien. Cuchicheaban con Cuello. En un momento escuché dos o tres golpes secos en la parte media de una de las puertas de las celdas y agua que caía al suelo”. Rosa entendió que Miguel se había ahorcado, entonces empezó a patalear y a gritar “¡el seis, el seis! Llegaron los guardias y “Caballo Loco” abrió la celda número seis. Luego escuchó al mismo guardia decir “¿qué hiciste hijo de puta?”. Corridas, órdenes, cierres relámpago de mirillas. Nunca pudo saber con certeza qué sucedió. Rosa asegura que Miguel se suicidó ese día: “Los milicos se movieron rápido, algo grave había ocurrido”.

Víctor Vicente Cuello supone que a Miguel Poinsteau se lo llevaron del D2 con vida. Estaban alojados en celdas contiguas cuando escuchó que lo sacaban los guardias. La secuencia comenzó cuando Víctor se percató de que su amigo no estaba bien y pidió “ayuda”, “de pronto no lo escuché más, entendí que estaba con un ataque de asma” describió. Días después le certificaron “del lugar en donde está es difícil que vuelva”.

Víctor fue detenido en su domicilio el 4 de noviembre de 1976 por tres policías entre los que distinguió al “Ruso”, Eduardo Smaha. En el D2, lo interrogaron, lo torturaron, le hicieron señalar bajo amenaza de muerte fotografías de compañeros. En todas esas sesiones estuvo presente “El porteño”, que según sus percepciones era el propio Pedro Sánchez Camargo, jefe del D2.

Su estadía en ese centro clandestino de detención se extendió por un mes, además de Miguel Poinsteau, estaban alojados por esos días, Rosa Gómez, Laura Marchevsky, Rubén Rizzi, y aunque no la vio, supo que por esos días también estuvo Elsa Guadalupe Sedrán de Carullo. Excepto Gómez, todos los demás estaban dentro de la órbita de Montoneros.

Detalló diferentes pasajes vividos en esos años para retratar el despliegue del aparato represivo y el trabajo de inteligencia que se extendía por fuera de las fuerzas de seguridad. “Tenían datos muy precisos de todos, conocían cada célula y a cada uno de sus integrantes” afirmó.

Víctor recorrió el tortuoso circuito que sufrió gran parte de los presos políticos de Mendoza: D2, Penitenciaría, La Plata, Mendoza -Consejo de guerra-, La Plata. Salió a fines del 77. Una suerte con la que no corrió Miguel, que a pocas horas de encontrarse en el D2 le dijo: “de esta no salgo”.

El poder absoluto

Al igual que su madre -Blanca Lidia Calderón- y el vecino Héctor Toledo, María Florencia Santamaría afirmó conocer entre los imputados a Juan Agustín Oyarzábal porque el policía vivía frente a la casa de sus padres, de donde fue secuestrada su hermana Blanca Graciela el 15 de mayo de 1976, sin que se conozcan precisiones sobre dónde se la llevaron ni qué hicieron con ella. Florencia se enteró mucho después de la desaparición de Blanca, ella misma estaba detenida e incomunicada en la Penitenciaría Provincial desde abril del año anterior. Recién lo supo una vez trasladada a Devoto, ante la primera visita de Blanca Lidia, “mi mamá me cuenta que la habían desaparecido, que la habían sacado de casa”.

Ya en libertad, “mi familia no sabía mucho más, mi padre hizo averiguaciones, nunca más hubo noticias, sólo el rumor de una vecina cuyo marido militar había visto en alguna noche a Blanca en el Comando, en camisón y descalza”. Respecto a Osvaldo Zuin, que logró escapar de la casa de los Santamaría la noche del secuestro, Florencia señaló: “figura como uno de los que después pasó por Campo Las Lajas”.

Florencia es un año mayor que su hermana. Es médica. Ambas estudiaban, militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, participaban en la actividad universitaria. Fue detenida en un operativo en Las Heras por el cual no logró ver ni a sus captores ni el despliegue, sólo algunos uniformes verdes. Fue llevada a la comisaría 16. Estuvo presa en distintos penales hasta julio de 1982, cuando quedó definitivamente en libertad.

De los compañeros y compañeras de militancia, afirmó recordar al matrimonio de Víctor Sabattini y Lucía Allegrini, Silvia Campos, Graciela Leda, Eugenio París, Daniel Moyano, los hermanos Bustamante. “¿Reuniones políticas en casa? difícil, mi papá era de derecha, él era del Partido Demócrata, nosotros vivíamos su militancia política, uno aprende también de esas cosas”, agregó.

Florencia Santamaría fue consultada para que dé su hipótesis respecto a la relación de los diferentes destinos con su hermana, dijo: “Tiene que ver con el momento del desarrollo represivo en Argentina. Yo fui detenida en abril de 1975, había algunas normas de legalidad, mínimas, pero había. Hacia diciembre de ese año se hace cargo el Ejército y ya no había marco de legalidad. Tenían poder absoluto, eran una banda de delincuentes que mataban, secuestraban, torturaban sin rendir cuentas a nadie, con la anuencia de los Tribunales Federales, como en el caso de mi hermana, por la que presentamos un habeas corpus con firma de mi hermano, y el (entonces) juez Luis Miret lo rechazó. Alguien tenía que tener a mi hermana”.

Para conocer en detalle cuáles fueron las averiguaciones que pudieron hacer los familiares directos de Blanca Graciela, fue citado a declarar Luis Beltrán Santamaría, su hermano mayor.

En el momento del secuestro ya se desempeñaba como abogado. Fue él quien redactó el habeas corpus que rechazó Luis Miret como miembro de la Cámara Federal, alegando que las fuerzas de seguridad no estaban vinculadas al hecho. Este no fue el único intento frustrado de la familia por averiguar el paradero; sin embargo el testigo reveló un llamativo desapego a la búsqueda.

Si bien perteneció a círculos en donde, se supone, circulaba información sobre los desaparecidos, Luis Santamaría se apartó del tema. Hizo su secundaria en el Liceo General Espejo. Desde 1972 pertenece al Partido Demócrata -brazo político administrativo de la dictadura militar, aún en democracia-, mantuvo contacto cercano con letrados identificados como cómplices de la dictadura, no obstante su desconocimiento se mantiene intacto hace 35 años. “No tuve esa preocupación” respondió reiteradas veces.

Consultado por su vínculo con los camaristas Miret y Romano -ambos destituidos por complicidad en delitos de lesa humanidad- dijo que con ellos tuvo relaciones profesionales pero con el ex juez prófugo de la justicia lo une una relación más personal.

Como cierre de su testimonio eligió remarcar que como conjuez le hizo lugar a la medida cautelar que presentó Miret luego de que fuera expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo, por cómplice de la represión, por razones que le competen como funcionario judicial.

Una más y van…

Ni el imputado Fernando Morellato -que pidió permiso para ausentarse- ni sus defensores presenciaron puntualmente el debate vinculado a los hechos que al ex policía se le atribuyen. El fiscal Vega pidió se asegure tanto la presencia de los abogados defensores del acusado como la del mismo imputado. A su vez, las querellas reforzaron el pedido respecto a que los imputados estén presentes en la sala, maximizar los controles médicos y sumar al cuerpo de médicos un profesional que represente a los organismos de Derechos Humanos.

075M: Desapariciones de Roberto Blanco y Blanca Santamaría

El rol civil, la policía cerca

1-11-2012 | La reconstrucción en base a los testimonios sobre los hechos que concluyeron con los secuestros y desaparición de Roberto Blanco dieron luz a su causa. Sospechas más firmes sobre el rol del civil Oscar Simone en torno al espionaje en la Dirección de Transportes de la Provincia. Con las dos personas testigos del secuestro de Blanca Graciela Santamaría, su madre y un vecino, se dio inicio al tratamiento por su desaparición.

Memorial por las más de doscientas personas desaparecidas en Mendoza, frente al Tribunal Oral Federal 1

Transportes y fusilamiento

“Usted definió primero desaparición y posterior homicidio de Roberto Blanco. A Roberto Blanco lo mataron, dijo usted”, recapituló el juez Antonio Burad ante Nora Amira Cadelago, empleada del área de Transportes de la provincia desde 1971 y, hacia 1976, novia del desaparecido. “Por supuesto”, dijo la testigo. Lo mismo respondió respecto a que Ramón Arrieta Cortéz -subjefe policial, segundo de Julio César Santuccione-, Alberto Ruiz Soppe -jefe de la Regional San Rafael-, Dalmiro Podestá -médico forense del centro clandestino de detención D2- y Calixto Cuesta -interventor militar en la Dirección de Transportes después del secuestro de Blanco, el 1ro. de abril de 1976 y jefe de Nora-, sabían lo que le había pasado a Roberto Blanco, “no es posible que no lo supieran”.

Nora contó “una relación maravillosa con Roberto, en esos tiempos tener una relación afectiva con una persona separada era difícil. Héctor Salcedo, Roberto Jaliff y él eran inseparables. Lo más íntimo era la relación política. Empezamos a ver los desastres en las facultades, ¿cuándo se terminará esto? decíamos, una persecución terrible, la policía por todos lados. Roberto estaba a cargo de la Dirección de Vías y Medios de Transporte y ETOM -la Terminal-, y era parte de la Juventud Sindical Peronista”.

A mediados de enero de 1976, Roberto “no apareció en el trabajo, dejó de venir, de aparecer, de estar, anduvimos en averiguaciones, eran verdaderas amansadoras del terror, mentían, que había estado en tal lugar, que no, callaban. Con Aldo, mi padre -jefe nacional de la Policía Ferroviaria- anduvimos por todos los recovecos. Él habló con el subcomisario Arrieta Cortéz para que lo liberaran. El comisario Ruiz Soppe me citó a la central de calle Mitre y dijo ´no lo busque más acá, no se meta más, va a terminar mal´; yo no tenía miedo, tal era mi afán de encontrarlo”, contó Nora. Tiempo después, tras la desaparición de Blanco, el mismo Ruiz Soppe, sería uno de los interventores en Transporte: “Le tenía terror, pasaban marchando por las oficinas de la Terminal, él al frente de los policías, intimidando al personal”.

“Una tarde Roberto apareció acompañado de mi padre. Parecía un monstruo, herido del cuello a la ingle. No quería hablar, entre lágrimas contó que -era de gran contextura- lo tiraban al piso para torturarlo, lo ataban con pretales sobre camastros de hierro para la picana, lo pateaban hasta hacerlo vomitar sangre. Cuando entraba luz en las celdas del D2, veía las paredes llenas de sangre y pelos. Allí se encontró con su adversario Juan Basilio Sgroi, tras la tortura se masajeaban y entre sí comentaban ´te das cuenta hermano, los problemas en los que nos metemos´. Permaneció enfermo en mi casa hasta el segundo secuestro. En el interregno veíamos cómo desaparecían a los chicos”.

A fines de marzo, la Policía llamó a casa de la testigo para citar a Blanco respecto a papeles requeridos. Atendió Nora y comunicó a su novio. Aldo Cadelago aconsejó que se presentara, lo acompañó su amigo Héctor Salcedo. El 1ro. de abril Salcedo llama desesperado a Nora preguntando si Roberto no estaba en casa, hacía dos horas que había entrado al Palacio policial y los policías se lo negaban. No volvieron a verlo. Por la esposa de Podestá -médico del D2-, amiga y compañera suya y de su hermana en Transporte, la testigo fue alertada de que no lo buscara más: Podestá habría visto su cadáver en el D2, “a todos los que mataron debe haber visto él”.

En Transporte, la línea jerárquica de los interventores quedó un tiempo encabezada “por Calixto Cuesta -en lugar de Sgroi-, el subcomisario Murúa -en lugar de Blanco-y el sargento Coria como ayudante técnico. Cuesta me citó ante ellos para decirme que había sido testigo del asesinato de Roberto: en el mismo D2, arrodillado y encapuchado, fue fusilado con dos balazos en la nuca”, relató.

Cadelago destacó el aire de espionaje y persecución que había en la repartición pública y sobre todo en ese área: “andaban civiles vigilando siempre, era terrible, íbamos a comprar con el documento”. Relacionó al sospechado Oscar Simone -actuante al servicio de la represión, integrante del Batallón 601- como posible entregador de Blanco -“que lo conocía y no lo quería”. “Cuando lo ví hace unos años en televisión -seguía siendo compañero de trabajo- como sospechoso de marcar personas, até cabos, recordé que a las chicas de la Juventud Universitaria Peronista -JUP- les daba clase de gimnasia en su casa, a los chicos de Montoneros los tenía engañados. De la Dirección lo mandaron al Archivo judicial, en la ex bodega Giol, justo donde está toda la documentación de esos años”.

El doctor Pablo Salinas, representante del MEDH solicitó que Fiscalía acepte una ampliación de la información de la testigo, específicamente en relación al rol de Simone. El fiscal Dante Vega accedió y además pidió la citación testimonial de Calixto Cuesta y la nómina de empleados de Transporte de la época.

Salomón Leonardo Fioretti -de 18 años de edad a principios de 1976 cuando fue secuestrado junto a sus padres y sus dos hermanos mayores- completó el cuadro de la persecución sufrida por su familia y relató observaciones directas sobre la situación de un detenido junto a él en el D2 hacia el 14 de enero de ese año. Por las descripciones de Fioretti es muy probable que se trate de Roberto Blanco, entonces secuestrado por primera vez.

Salomón manifestó el gran despliegue operativo que se produjo en la casa familiar de Guaymallén donde redujeron a todo el grupo: “más de treinta personas, con civiles caracterizados al frente, secundados por uniformados color caki”. En el traslado pudo advertir que ingresaban por calle Peltier, es decir por la parte trasera del Palacio policial. Fue llevado a la “planta alta del D2, a una área de ocho celdas en dos alas y una celda mayor al fondo, ahí tenían a ´Yani´ Sgroi. Por él le preguntaron a Fioretti dos días después mientras era golpeado por tres personas. Su hermano Alejandro fue bajado a la sala de torturas a un fuerte interrogatorio, lo que provocó la bronca del resto de los detenidos.

Por debajo de la puerta de una de las celdas, Salomón pudo ver a la persona que la noche del 14 de enero -a horas de su detención- no paraba de gritar: “fue lo primero feo feo que vi, un hombre de contextura robusta, con custodia, esposado al piso, se le subían arriba para golpearlo, vi sus borceguíes. Lo levantaron, se lo llevaron al fondo y lo volvieron a traer. No volví a verlo”. El testigo reconoció el perfil de Blanco entre las fotografías de los desaparecidos. Lo alcanzó a ver “caído, con sólo un pantalón largo como vestimenta, los brazos hacia atrás y moretones grandes en el dorso y en el cuello”.

Fioretti fue trasladado a la Penitenciaría Provincial -“un paraíso al lado del D2”- y puesto a disposición del Poder Ejecutivo el 24 de diciembre de aquel año. Antes había sido “entrevistado” por Santuccione y Otilio Romano en los juzgados federales, en la habitual farsa indagatoria. “A mí me golpearon en los riñones para amedrentarme, una caricia al lado del horror que vi”, dijo respecto a casi su año de detención ilegal y a la suerte de Blanco.

 “¡No ve que es preciosa!”

Se abrió la ronda de testimonios referentes a la desaparición de Blanca Graciela Santamaría, quien fue secuestrada de su hogar, en el Barrio UNIMEV de Guaymallén, cuando tenía 24 años y cursaba quinto año de la carrera de Artes en la Universidad Nacional de Cuyo. Su detención se dio en el marco de un gran operativo que duró varios días y en el cual numerosos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) corrieron la misma suerte.

Al momento del secuestro, en la casa familiar vivía Blanca Lidia con su esposo, Luis Antulio Santamaría, sus hijos -Luis Beltrán y Blanca Graciela- y su nieta -Ana Graciela-. Otra de sus hijas, María Florencia (madre de Ana), estaba en ese momento presa. Había sido detenida del 30 de abril al 1ro. de mayo de 1975 en Las Heras.

Expedientes y prontuarios en los pasillos del D2 y del D5, Informaciones y Archivos de la Policía Provincial

Blanca Lidia del Valle Calderón de Santamaría, madre de Graciela, se presentó con sus 88 años y las huellas del tiempo y la lucha frente al Tribunal. Sin que sus dificultades para escuchar -atendidas por su nieta Ana Vera que la acompañó durante todo el testimonio- fuesen obstáculo para revivir y contar una vez más su historia, Blanca Lidia relató cómo alrededor de la 1.45 de la madrugada del 15 de mayo de 1976 “sonó el timbre de mi casa, y mi hija (Blanca Graciela) que estaba durmiendo conmigo me dijo ‘Mamá, la policía´...”. Cuando Calderón abrió la puerta, ya había agentes en el fondo de la casa que habían accedido por la del vecino. Se trató de un gran operativo que contó con cerca de veinte personas encapuchadas, la mayoría con uniformes verdes, con armas de diversos tipos y que se movilizaban en, al menos, cinco autos, Ford Falcon verdes sin matrícula.

Cuando los secuestradores ingresaron violentamente a la casa, le preguntaron a Blanca Lidia quién era la joven en el dormitorio. Les contestó que era su hija Blanca. Los captores dijeron “Venimos por ella”, “¿por qué?” preguntó la señora. “Porque ha traicionado el movimiento”, respondieron. Luego obligaron a Calderón a encerrarse en el baño con su nieta, menor de dos años, donde estuvieron apuntadas permanentemente. Su marido fue obligado a punta de arma a mantenerse acostado. Se llevaron a Blanca, de quien escuchó por última vez “un grito desgarrador de ‘¡Mamá!”.

Al rato de la partida del operativo, volvieron a la casa de la familia en busca de un joven que había sido albergado por la familia y que, aunque Calderón no recordó de quién se trataba, según consta en la querella se trata de Osvaldo Zuin Michelan. El joven ya había logrado escapar primero a la casa del vecino Héctor Toledo, donde pudo esconderse en la primera parte del operativo y desde donde el hombre lo ayudó a huir por una pared hacia otra calle, con lo cual se salvó de ser detenido. Zuin cayó en las garras del terrorismo de Estado en enero de 1977 en Córdoba, tras lo cual estuvo en el Centro Clandestino de Detención “La Perla” y luego habría sido trasladado a Mendoza a “Las Lajas”. Integra la lista de detenidos-desaparecidos.

Tras la lectura del nombre de los imputados, Calderón expresó que conocía a Juan Agustín Oyarzábal -Jefe de operaciones policiales-, porque la madre y hermana del mismo vivían frente a su casa. Comentó que luego de la desaparición de su hija se lo cruzó y le consultó si él no podía hacer o averiguar algo. La respuesta del represor fue: “Deje de pensar esas cosas y críe a esa niñita”, en referencia a la nieta.

Héctor Toledo, jubilado y dirigente gremial y vecinal desde aquellos años, también prestó testimonio en esta audiencia. Ratificó las características y dimensiones del operativo, así como la pertenencia militar y/o policial de los captores. Comentó cómo ingresaron a su hogar y desde allí pasaron a la casa de su vecina. Luego se encontró con el joven Zuin, quien pudo esconderse en la habitación de Toledo cuando pasaron por allí los efectivos. Cuando vio que los vehículos se marchaban, Toledo fue a la casa de al lado donde encontró muy maltratado al matrimonio. En ese momento volvieron los efectivos, lo metieron al baño, indagaron violentamente a Blanca Lidia y a Luis, y se fueron. Supo que pasaron nuevamente por su casa, amenazaron con armas a su esposa e hijos y familiares.

Al igual que Blanca Lidia Calderón, reconoció de la lista de imputados a Oyarzábal, por el mismo motivo que la testigo que lo precedió. Pero agregó que desde unos tres meses previos al secuestro de Santamaría, el represor dormía entre semana en la casa de la madre en donde llegaba y se iba siempre con el mismo auto. Esto en el marco de que Toledo aclaró que hacía tiempo ya que venía captando algunas actividades de vigilancia en el barrio. De la lista dijo conocer también a Fernando Morellato Donna y a Aldo Patrocinio Bruno. En ambos casos, por sus participaciones en clubes deportivos donde se han cruzado.

Blanca Lidia comentó que tras el secuestro de su hija, hubo presentación de habeas corpus y otros trámites de averiguación que realizaron su esposo y su hijo -el abogado Luis Beltrán Santamaría, recordado por apañar al camarista Luis Francisco Miret destituido por denuncias de complicidad con el terrorismo de Estado en 2010-. Sin embargo, ella no pudo detallar al respecto porque no fue informada de los pasos que se siguieron. Sí recordó que tras algunas “cosas” que hizo Luis Beltrán, “alguien lo paró” y le dijo “no te metás con el asunto de tu hermana, no averigües tanto, acordate que vos tenés atrás una familia”. También pudo recordar que durante algunos días, desde su casa se comunicaban con una persona “que estaba en el ambiente” pero que no identifica, y quien les decía no saber nada. Finalmente esa persona dijo que la “habían ubicado”. Al otro día de eso, recordó de manera significativa que un cura del supuesto lugar en el que estaría Blanca “amaneció muerto” por lo cual ella “calcula” que ese informante podría tratarse de él.

El fiscal Dante Vega consultó a Blanca Lidia cómo era su hija menor. La madre describió: “un poco más alta que yo, era muy bonita, muy blanca, y tenía el pelo oscuro y los ojos oscuros”. Tras esto, Vega alzó una foto de Blanca Graciela y su madre exclamó: “¡No ve que es preciosa!”.

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez

Búsqueda y relato

27-09-2012 | Los testimonios de María Assof de Domínguez -referente incansable de la lucha de las Madres- y de su hijo Osiris, dieron cuenta de las desapariciones forzadas de Walter Domínguez y de Gladys Castro -embarazada al momento del secuestro- en diciembre de 1977. Aportes sobre el operativo a escala nacional contra los partidarios del PCML, con Mendoza, Mar del Plata y el Sur del país como focos de la represión. Beatriz Ortiz, testigo clave para entender cómo investigaban y actuaban los grupos de tareas.

Elisa Moyano, hermana del desaparecido Salvador Moyano, en el acto del 27 de septiembre a 36 años de su secuestro. Colocación de una cerámica en su memoria en su domicilio de Guaymallén.

Las novelas del terror

“Cada expediente era una novela de terror y yo leía cinco expedientes por día. Es muy difícil trabajar en esto si no hay respuesta”: tal la carta de presentación de María Beatriz Ortiz de Guillén, testigo de contexto aportada por la querella del MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Oriunda de San Juan, Beatriz recaló en Mendoza en agosto de 1986 para desempeñarse hasta abril del año siguiente como subsecretaria administrativa de la Justicia Federal en la Sala B de la Cámara de Apelaciones presidida entonces por el hoy ex juez destituido Luis Francisco Miret. Como vocales fungían otros actores vinculados a la impunidad como Eduardo Mestre Brizuela (San Juan) y Antonio Endeiza (San Luis). “Íbamos al D2 -Departamento de Investigaciones de la Policía Provincial- con Mestre Brizuela y Endeiza para que nos abrieran los archivos”, contó Ortiz designada como relatora para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis y en Mendoza. El objetivo era “determinar dónde había terminado la cosa, hacer análisis sobre los destinos de los desaparecidos, hice un diagrama grande e iba pidiendo los libros de las comisarías y del D2. En el primer piso encontramos que había un archivo paralelo en otro armario, que provenía de los legajos apuntados con las iniciales O/P -orden político-, que indicaba dónde había estado la persona, cómo había sido el camino, con quiénes se relacionaba. Los expedientes instruidos por la justicia militar eran chiquitos, no se había investigado nada, llegaban sin los habeas corpus presentados. En los libros de novedades de las seccionales policiales advertí que los operativos (horarios de salida y regreso de personal y móviles sin consignar destinos) coincidían con las fechas de los secuestros, sobre todo entre 1976 y 1978”. La relatora hacía sus anotaciones en base al libro de sumarios del D2 o a los libros de las comisarías, “luz verde o luz roja, según intervinieran el Ejército o la Policía”.

Con prestancia y metodología, Beatriz recordó entre los archivos políticos del D2 a algunos de los desaparecidos por los que se busca justicia en el actual proceso: Ángeles Gutiérrez de Moyano, “la señora que tenía una florería en calle España, hacía obras de beneficencia, aparecía como que lo que había hecho mal fue estar en una reunión con una persona luego desaparecida y haber trabajado en la Casa Cuna”; Miguel Poinsteau, su nombre subrayado en el libro; Roberto Blanco Fernández, al que reconoció tras acceder al archivo fotográfico: “Blanco fue por un trámite al Palacio Policial, no salió más, alguien que lo había acompañado se quedó afuera esperando”.

Otros nombres de desaparecidos anotados por Ortiz en su planilla son los de Koncurat, Bonoso Pérez, Rafael Olivera, Sedrán de Carullo, Aníbal Torres y Jorge Vargas Álvarez. Sobre Vargas dijo: “era sanjuanino, llevaban a su hija mayor a ver las torturas que le infligían al padre. Su pareja era hija del defensor público de San Juan. A los dos años -del secuestro- leí que esa niña tomó el revólver de su abuelo y se disparó frente a un espejo”. Sobre las detenidas embarazadas recordó su mención en los archivos pero no se investigó respecto a los nacimientos en cautiverio. Entre las fotografías que vio hace más de veinte años se le grabó la de “una mujer -en situación de prostitución, detenida- en la escalera del D2 que conducía a las celdas”.

Ortiz agregó conocer otros expedientes impactantes entre el archivo. Uno de ellos referido a la ´justicia militar´: “Las causas 20840, eran una cosa increíble, traían a varios detenidos con los ojos vendados y ponían libros atrás, rodeados de gente apuntándoles, les sacaban la venda y les preguntaban ¿esto es suyo? y decían sí, entonces esto está probado y condenaban a todos”. Otro caratulaba el hallazgo de más de treinta cadáveres -nunca identificados- en el dique El Carrizal tras un drenaje hacia 1986 -presumiblemente arrojados desde aviones- con tachos de cemento en los pies”.

Antes que la investigación de la Cámara fuera suspendida en 1987 “por las presiones carapintadas”, se alcanzó a indagar a algunos responsables del D2, del Comando de Infantería y del Liceo militar, todos centros clandestinos de detención “dónde dirigían a las personas a las cuales no desaparecían inmediatamente”. En particular, Beatriz recordó la declaración del ex jefe policial Sánchez Camargo, “era terrible, como si estuviera muy enojado por estar ahí”; y la decisión de detener al capitán Plá. Aquellos escasos meses de investigación permitieron que la testigo pueda hoy afirmar la activa participación del D2 en la desaparición de personas y la coordinación represiva entre las fuerzas de seguridad y la complicidad de la Justicia federal.

“Nunca supe qué fue de la documentación que logré colegir antes de mi renuncia. Puedo decir que todas esas cosas quedaron en un armario en el primer piso de Tribunales Federales, en una oficina grande. Dos años después leí en Los Andes que se habían quemado muchos archivos, me quedó la sensación de que había sido parte de esa documentación. Pasaron algunos años cuando me di cuenta del valor de esas investigaciones, las busqué y no encontré nada”; dijo Beatriz, que añadió “mi psiquis, mi carga personal, no admitían más cosas”. La claridad y validez de su exposición ante un Tribunal de la democracia demuestran que nada de lo que puso en juego fue en vano.

Los pañuelos son la vida

A las tres de la mañana del 9 de diciembre de 1977, cuatro hombres encapuchados y armados -uno de ellos al frente del grupo, con barba y bigotes postizos- irrumpieron agazapados en el hogar del matrimonio conformado por María Assof y Osiris Domínguez. Encañonado en la sien interrogaron a Domínguez acerca de Osiris y Walter -hijos de la pareja. “Mi marido quedó petrificado hasta la madrugada, tras la inspección total que hicieron de la casa, incluso quitando la pastilla del teléfono para incomunicarnos”, dijo María en su testimonio. Al levantarse y salir tras sus paraderos, fue anoticiada por el dueño de la casa que Walter alquilaba en Luzuriaga 84 de Godoy Cruz con su compañera Gladys Castro -embarazada de seis meses- que el domicilio había sido violado, revuelto y saqueado. María  entendió que “habían secuestrado a mis dos hijos varones, no tengo nada más, dónde iba a buscarlos, qué iba a hacer, pensé que era la única a la que le había pasado algo así”. Por los vecinos supo de la participación de la policía en los secuestros de la pareja. La lectura de la constancia de denuncia radicada por su marido ante la comisaria 31 y los comentarios de vecinos de Walter dan la pauta de que el modus operandi y los grupos de tareas actuantes en ambos operativos hayan sido los mismos e incluso que su hijo secuestrado haya sido conducido esa noche hasta el domicilio de sus padres.

Osiris Rodolfo Domínguez -el hijo mayor de María-, trabajaba para esa época en la empresa Pescarmona -dirigida por agentes de la Marina- y era "simpatizante" del Partido Comunista Marxista Leninista, por lo cual no tenía tanto involucramiento como su hermano, según relató. Entre las personas que conoció esos años mencionó a Rodolfo Vera, Néstor Carzolio, María Elena Ferrando, los hermanos Elsa y Jorge Becerra; y a Jorge Fonseca. Casi todos permanecen desaparecidos. "En un mes, mes y medio, levantaron a todos los del partido", recordó, "los de acá, los de Buenos Aires, los de La Plata, fue una cosa bien diagramadita". Osiris ratificó y completó datos aportados por su madre. Así, comentó que Walter y Gladys albergaron en un domicilio anterior al del secuestro -en Dorrego- a Susana de Miguel, compañera de Jorge Becerra -que ya había sido secuestrado-; y a Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Ambas estaban con sus hijos pequeños.

El 8 de diciembre a la tarde, Osiris visitó a Walter. Él le comentó de varios compañeros que eran detenidos o que desaparecían y que no sabían más de ellos. Esto prendió una luz de alarma entre los hermanos y Osiris le sugirió mudarse. A las seis de la mañana, Osiris salió de su turno nocturno de trabajo y pasó a ver a Walter. Cuando llegaba al domicilio, por la vereda de enfrente, vio la puerta de la casa rota y abierta e imaginó lo que había sucedido. Siguió caminando hasta el centro. Allí se encontró con un compañero: Fredy Irusta, -que se presentó este año en el Juzgado y prestó testimonio sumado a la causa-. Irusta lo contactó con Oscar Vera -hermano del desaparecido Rodolfo- y comenzó el peregrinar para sobrevivir. Estuvo cerca de dos meses en una finca en Barrancas, luego se trasladó a Buenos Aires. Primero se radicó en San Clemente del Tuyú, junto a militantes que también huían de Mendoza -entre ellos Cristina y Mabel D'Amico, Mirta Hernández y su hijo; Carlos Vera y Julio Del Monte. Semanas después, esa casa se tornó peligrosa y se trasladaron a Mar del Plata. A fines de febrero "cayó" uno de los departamentos en manos del terrorismo de Estado. Se dispersó el grupo y Osiris tomó camino hacia Neuquén, con Del Monte. La fuerte presencia militar en esa provincia los llevó a cambiar de destino y regresaron a Mendoza. No volvieron a verse más. De vuelta en la provincia, Osiris pudo juntarse a hablar con sus padres. Luego partió hacia Córdoba y se radicó, finalmente, en Oncativo.

Osiris recordó lo sucedido con su primo Rolando Omar Domínguez, quien trabajaba para la IV Brigada Aérea y -según presume con certeza- para el departamento de Inteligencia que funcionaba en Alberdi y carril Godoy Cruz de Guaymallén. Para la navidad de 1977, el sobrino militar le dijo a María Assof que "prepare comida" porque iban a soltar a la pareja, cosa que no sucedió. Tiempo antes había referido solaz a María el operativo en el que “paseaban” a un chico detenido. Rolando no volvió a referirse a eso y se desligó de la situación. Por la pertenencia militar de Rolando, Osiris sospecha que el grupo de tareas que se llevó a su hermano y su cuñada debía pertenecer a la Fuerza Aérea.

“Desgraciadamente cada vez éramos más madres buscando a nuestros hijos”, recordó María e hizo presente la lucha incesante de Madres de Plaza de Mayo por la aparición con vida que impregna sus pañuelos blancos y sus voluntades. Antes había vivido la incertidumbre, la presentación de habeas corpus -sistemáticamente rechazados por el juez Gabriel Guzzo- junto a los padres de Castro por Gladys, Walter y Osiris; los anónimos con pistas falsas; las burlas de los funcionarios del Ministerio del Interior, de Videla para la navidad del 78 (“los van a poder ver”) y de monseñor Graselli, capellán de la Marina (“hay un fichero con todas las cartitas de las chicas embarazadas, están muy bien”). Sobre su nieta o nieto señaló, “tiene que haber nacido acá, en Mendoza”.

“No tuvo tiempo”, dijo María al evocar la vida que arrebataron a su hijo: “de chico le gustaba el bailecito, la ropa limpia, después cambió cuando entró a la facultad de arquitectura, se preocupó por lo social, se interesaba por el otro, lo que hacía no era nada peligroso pero sí para el sistema”. 22 años tenía Walter, 24 Gladys, su compañera.

María Assof

Osiris Domínguez: Operativo "Escoba"


Osiris Domínguez: Probable complicidad de su primo militar

Audiencia del 13 de enero

Faingold  fue precisa y Susana Muñoz dio datos organizativos de la represión

Luz Faingold rememoró los atropellos vividos en el D2 cuando era aún una adolescente y sumó elementos contra  Romano y Miret. Por la tarde, Susana Muñoz de la Casa por la Memoria ofreció un panorama completo de la estructura represiva en Mendoza y sus conexiones con  San Juan y San Luis. El Tribunal confirmó la identificación de los restos de Juan Antonio Molina, exhumado del cuadro 33 del cementerio de Mendoza por el EAAF.

Cuando corría agosto de 1975, Luz Faingold fue secuestrada y trasladada al D2 junto con otros compañeros.   Se había iniciado como militante en el secundario con sólo 16 años y pertenecía a una organización de izquierda que no adhería a la lucha armada. Durante su permanencia en esa dependencia policial, a pesar de su corta edad, sufrió el mismo calvario de otras presas con los consabidos abusos sexuales.

Los Faingold fue una familia reconocida en Mendoza con un status medio-alto y buenos vínculos con el poder lo que no impidió que al pasar el caso de Luz a la justica cayera en las manos hostiles de Roque Romano y Luis Miret; el entonces fiscal libró un dictamen aconsejando no restituirla a la familia y  Miret  la envió a un  Hogar de Menores donde permaneció por algunas semanas.  Antes del golpe fue nuevamente detenida, su domicilio allanado y saqueado pero recuperó su libertad. En el tercer intento, ya durante la Dictadura, Luz no se encontraba en su hogar, fue alertada y partió al exilio salvador.

Un mapa de la represión 

María Susana Muñoz es Presidenta de la Casa por la Memoria y la Cultura Popular, la que fue incorporada a la Red de sitios de la Memoria por contener varios archivos especializados. Susana fue citada por el Tribunal para que informe lo investigado sobre la represión en Mendoza, en virtud de la publicación para el libro “Hacerse Cargo” que compila testimonios orales sobre las desapariciones locales.  Muñoz fundamentó  la estrecha relación de la estructura operativa de  San Juan, San Luis y Mendoza; contabilizó 306 asesinatos y desapariciones de personas en la región u originarios de esas provincias.

También describió algunos hallazgos de sus investigaciones y la secuencia con que se registraron las razias, por organización, y en diferentes etapas según los designios de la Comunidad Informativa que integraba  las fuerzas. Dejó en claro que en la provincia las órdenes las dio el Ejército y la brutalidad la aportó la policía que, según sus expresiones, se constituyó en mano de obra barata  porque el único pago adicional por sus tareas fue lo rapiñado en los domicilios de los secuestrados.

Puso en evidencia conocer algunos registros importantes como el Libro de Reunión,  donde se consignaban con seudónimos,  los movimientos del personal represivo: cómo y dónde infiltrarse, o los Libros de Guardia de la Morgue, desde 1975 hasta el 83 en los que quedaron registrados los ingresos de presuntos desaparecidos.

Al cierre se conoció que el Equipo Argentino de Antropología Forense –EAAF– confirmó que los restos recuperados en un enterramiento colectivo en el cuadro 33 del cementerio de Mendoza pertenecen a Juan Antonio Molina.  Precisamente su caso está incluido dentro de las 19 causas que analiza este Juicio.

Audiencia del 16 de diciembre

DAVID BLANCO ECHÓ LUZ  Y FUE CONTUNDENTE

David Blanco, ex – preso político del ’76 al ‘83, fue primero absuelto por la Justicia Federal  y luego condenado por un  Tribunal Militar. Dejó en claro la connivencia de la Iglesia con la represión, habló de las vejaciones sexuales a los varones y remató aportando elementos que confirman  la complicidad de Romano y Miret con la Dictadura.

Militante de la JUP- Juventud Universitaria Peronista-, delegado sindical del Banco Mendoza y estudiante de teatro, la combinación perfecta para que a los 23 años, el actual Secretario General de la Asociación Argentina de Actores, David Blanco, fuera detenido el 2 de junio de 1976 e hiciera el circuito carcelario por las prisiones de máxima seguridad del país.
Mencionó la persecución a los artistas y dio cátedra sobre las cualidades transformadoras del arte que explica el empeño con que Dictadura los persiguió.
Su primer destino fue el D2. Allí sufrió durísimos tormentos tal como lo describieron anteriores testigos y reconoció a algunos de sus verdugos con los que se cruzó en la calle una vez restituida la democracia.
En su paso por ese centro compartió cautiverio con Ricardo Sánchez Coronel, su compañero de trabajo; y dijo haber escuchado a J. Vargas, ambos actualmente desaparecidos. Sobre un plano del D2 señaló las celdas en las que se encontraban ambos detenidos y ubicó la propia. Blanco fue primero procesado y absuelto por Juez Federal Guzzo, pero quedó preso para ser sometido a un Tribunal Militar. Con sus dichos, quedaron otra vez sobre el tapete, los desatinos sustentados por los Consejos de Guerra. Blanco relató que al comparecer ante el Tribunal le exhibieron explosivos, armas, municiones, etc., entonces reclamó que esos elementos no estaban en su poder y que el Tribunal no tenía pruebas en su contra; a lo que el fiscal, oficial Mojo, le respondió que como integrante de una supuesta célula subversiva David disponía de armas aunque no las tuviera consigo y agregó: “Nosotros no necesitamos pruebas nos alcanza el convencimiento de que Ud. es culpable” y lo condenaron a siete años y medio de prisión.
También la iglesia tuvo su capítulo cuando relató que el capellán del ejército, en un gesto poco habitual, le informó a su padre que estaba en el D2 y le sugirió un ardid para tener la confirmación que permanecía alojado en el D2.
Dos intervenciones importantes aportados por Blanco fueron, por un lado confirmar que los funcionarios de la Justicia consideraban a la tortura como algo habitual, y agregó con claridad: “aún sucede” haciendo referencia que los detenidos de hoy son víctimas de tormentos. Por otro lado, se escucho por primera vez la referencia a las vejaciones sexuales sufridas por los hombres, el ensañamiento con los genitales y el ano, hasta el punto de “desear la propia muerte” –dijo.
Finalmente, a pedido de la querella el ex -preso dejó en claro que fue absuelto por el Juez Guzzo, quien dejó constancia en acta de las torturas verificadas en su cuerpo y dio por no valida la declaración firmada en el D2. Por su parte, el entonces fiscal Roque Romano no investigó la tortura, revocó el sobreseimiento dictado por Guzzo y con el aporte de Miret, el testigo quedó preso hasta 1983.