Prácticas habituales
06-12-2012 | La jornada estuvo cargada de revelaciones y corroboraciones
respecto a todas las causas indagadas. Roberto Vélez -detenido en la VIII
Compañía de Comunicaciones de montaña en 1976, una de las víctimas- abrió la
etapa testimonial por la causa 076-M. Elba Morales aportó documentación al
Tribunal, piedra basal de las investigaciones del MEDH; Rodrigo Sepúlveda dio
un detalle técnico de la entrevista de 2004 al hoy imputado Morellato; y un
testigo de identidad reservada relacionó hechos de espionaje. Olinda Narváez dio
entidad a Ramón Alberto Sosa.
El papel de las anotaciones
Elba Lilia Morales, representante
del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, se presentó a
testimoniar por segunda vez en este juicio. Tras ponerse en contacto con el
Tribunal por la cesión de material documental relativo a las primeras
investigaciones realizadas respecto a la represión ilegal en Mendoza, fue
invitada a explicar a las partes cómo lo obtuvo y en qué consiste. El recorrido
de los documentos y sus diferentes valoraciones transita paralelo a las épocas
de impunidad o de avances en las investigaciones de la justicia:
“Son borradores -ni
documentos firmados o sellados por autoridad legal-, fichas, anotaciones,
planillas, bosquejos manuscritos que realizó la instrucción de la Cámara Federal
en 1986 y 1987. Después de concluidas las Causas por las leyes de punto final y
obediencia debida, nosotros continuamos las investigaciones. Desde la Cámara se
nos llamó para retirar documentación que era nuestra, copias, algún libro. Con
ello nos fueron ofrecidos los borradores: ´si ustedes lo consideran útiles se
los pueden llevar´ -nos dijeron-, y nos los llevamos”.
La investigadora no
recuerda quién le entregó el material pero sí que la funcionaria judicial
Beatriz Ortiz de Guillén -entonces relatora de la Cámara- está en conocimiento
de que puede tratarse de los archivos apuntados por ella. Denunció Elba: “Ya no
estaban las Causas, ya se las habían llevado a Córdoba, ya no había nada que
hacer. No sólo por el tiempo transcurrido sino por la situación traumática: el
golpe más grande fueron las leyes de punto final y obediencia debida. Cuando se
cerraron las Causas en el 87 muchos archivos se perdieron”.
“Al tiempo comenzamos
a analizar y clasificar en carpetas. Con las leyes de la reparación a las
víctimas de la dictadura, la información se tornó más útil para las personas.
Con la reapertura de las Causas se volvió un material fundamental por los
bosquejos en que se relacionaban víctimas. Por ejemplo, en la causa conocida
por nosotros como la de la cestería -contra un grupo de militantes del Partido
Comunista Marxista Leninista-, la Cámara trabajó un bosquejo, la unidad de esos
hechos. Nosotros seguimos esa línea de trabajo, de pensamiento: ´Esto es una sola
cosa´, advertimos con Carlos Venier al repasar lo unido en diagramas y flechas
con los nombres de personas del PCML desaparecidas -Vera, Carzolio-. Por otro
lado están las fichas, que son anotaciones escritas respecto a víctimas reseñadas
en libros del D2. Las fichas adjuntadas son constancias sumamente útiles, de
puño y letra de esas indagaciones, números de legajos, fecha de los secuestros,
nombres, registros de los detenidos. Tal el caso de Bonoso Pérez por ejemplo,
de quien se sabe poco y figura en los registros del D2 entre octubre del 76 y
enero del 77”.
Elba explicó la metodología
del MEDH: “En todos los casos de las querellas trabajadas hemos revisado esta papelería
que a nosotros nos la dieron como papelería de descarte y consideramos de
trascendencia, útil a las investigaciones. Siempre hemos compulsado las fichas
con las planillas y adjuntado las copias de constancias de trámites, fichas,
legajos. Este material es de la Cámara, no es del MEDH. Lo hemos custodiado
todos estos años. Por eso lo remitimos al Tribunal. Preguntamos, nos dijeron tráiganlo
inmediatamente y ahí está”, dijo señalando a los cuatro biblioratos de los
cuales solicitó fotocopias legalizadas para continuar con las investigaciones.
Los sospechosos y la entrevista
En relación al
secuestro y desaparición de Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, se presentó
un testigo que solicitó sea reservada su identidad. El testigo conocía a la víctima por referencias de amistades.
Sabía de la labor docente de Angelita y que era propietaria de la florería
céntrica. Su aporte consistió en haber visto en los días próximos al 20 de
abril de 1977 a dos personas sospechosas en plaza España. El testigo había sido
víctima días antes de un intento fallido de secuestro en el que pudo ver a algunos
de los apresores. Dos de ellos son los que habrían acechado a Gutiérrez. Uno -“el
colorado”-, por corroboraciones posteriores con Francisco González -ex detenido
en el D2- habría intervenido en los secuestros.
“La entrevista la
hice yo, la revista Veintitrés me pidió la nota, la envié y la publicaron. Fernando
Morellato había hecho declaraciones a canal 9, donde hablaba de las diferencias
entre la policía de antes y la de ahora. Eso motivó la entrevista y la
investigación en base a su legajo, que da cuenta de que había detenido a dos
personas. En la transcripción del reportaje, el mismo Morellato hace referencia
a sus títulos y reconocimientos. La persona que tomó las fotos es Eva Rodríguez.
En ellas se observan el grabador sobre el escritorio de la oficina de Morellato
y sus ´títulos´, el 8 de mayo de 2004, en la organización Mikael”. El
periodista Rodrigo Fernando Sepúlveda
volvió a concurrir al Tribunal para ampliar detalles sobre la entrevista que le
hizo al hoy imputado y ex policía del cuerpo de Motorizada de la Provincia por
los secuestros de Oscar Ramos y Daniel Iturgay. El audio grabado “lamentablemente
se perdió, conservo la transcripción en word y las fotos”. Explicó: “la desgrabación es una práctica
habitual que permite reunir los elementos datados”. Cuestionado por Ariel Civit
- abogado defensor de Morellato- el periodista agregó: “Si yo hago una
entrevista on the record, a la persona se le avisa. Si yo saco un grabador y
queda visible, es porque el entrevistado ha dado su consentimiento”.
El mar de lágrimas
De las personas
secuestradas por el Grupo Especial G78, hacia mayo de 1978, sobre el desaparecido
Ramón Alberto Sosa es de quien menos fuentes testimoniales se disponen. Olinda
Mercedes Narváez -su cuñada y hermana de Elvira Cayetana, su esposa-, dio un
panorama sobre los hechos.
Elvira y Alberto se
casaron en 1964. Adoptan una nena, Noemí Beatriz. Sosa era encargado de
enristradas de ajo en la zona de Luján. Vivían en Dorrego, en un departamentito
de calle Laprida, parte de la casa del padre de las Narváez donde también vivía
Olinda, que los días previos al secuestro de su cuñado notó en varias
oportunidades la presencia de “linyeras” en las inmediaciones del domicilio. A las
10.15 del domingo 28 de mayo de 1978, “Alberto salió por una enristrada. ´Vuelvo
a las doce para hacer el asado, preparen el fuego´ nos dijo. Pasó el tiempo y
no llegaba. A la noche acompañé a mi hermana a hacer la denuncia en la
Comisaría 25, ´vaya a buscarlo al hospital´ le dijeron. Meses después fuimos al
VIII Comando, donde un soldado le hizo muchas preguntas, si sabía que el marido
andaba en política, si sabía que era montonero, que en mi casa se hacían
reuniones, que andaba llevando cosas, que le decían ´Felipe´ y que lo habían
matado y encontrado en los hornos de ladrillos de Las Heras. Mi hermana salió
descompuesta, llegamos a la casa en un mar de lágrimas”.
Todo lo que las hermanas
Narváez lograron reconstruir sobre el destino de Alberto Sosa fue en base al
único aporte de un testigo presencial de los hechos, vecino de calle Adolfo
Calle: “en la parada del trole -usado con frecuencia por Sosa para ir a
trabajar- a la vuelta de Laprida, entre San Juan de Dios y Espejo, fue levantado
por un automóvil particular. Entendimos que lo habían matado”.
Comunicaciones de Puebla y Migno
Solamente tres de
las veintiocho personas por las cuales se busca justicia en el presente proceso
están vivas. Uno de ellos es el militante y dirigente político Roberto Edmundo Vélez, detenido en
1976, y quien abrió la ronda testimonial en relación a la Causa 076-M. Por ella
están imputados Ramón Ángel Puebla -jefe de la VIII Compañía de Comunicaciones de montaña durante la represión- y Dardo Migno Pipaon -encargado del “Lugar de reunión
de detenidos”, es decir, efectivamente el Centro clandestino de detención y
torturas de esa dependencia militar-, ya condenado por otras causas. Los procesamientos de Puebla y Migno -que presenciaron
la audiencia vía teleconferencia desde Comodoro Py y Rosario respectivamente- están
relacionados a las privaciones ilegítimas de la libertad de Martín
Ignacio Lecea -fallecido-, de Oscar Martín Guidone, y del mismo Vélez, como
surge de la lectura de los hechos:
El 2 de junio de 1976, Oscar Guidone, estudiante de
cuarto año de Medicina fue privado de su libertad por un grupo de diez
militares armados, a bordo de tres camiones del Ejército, de la casa familiar
en la que vivía con sus padres en Luján. Interrogado por un mimeógrafo, Guidone
fue maniatado, vendado y trasladado en uno de los camiones a la VIII Compañía
de Comunicaciones de montaña, donde recibió una sesión de ablande con puñetazos
de boxeo en el “Lugar de Reunión de detenidos”. A los tres días fue colgado con
los brazos abiertos contra una pared y golpeado durante horas en el abdomen. Al
ser regresado a la cuadra se desmayó y por insistencia de sus compañeros lo
remitieron al Hospital Militar donde el doctor Linio Pradella le produce la
extirpación del bazo y permanece veinte días internado. En rehabilitación fue
encerrado en una celda donde se le hizo un simulacro de fusilamiento bajo amenazas
de eliminar a su familia y fue atado a una mesa y picaneado durante dos horas
bajo tal intensidad eléctrica que su cuerpo se contrajo y cortó las cadenas que
lo mantenían ligado. En dependencias de la Compañía se le autorizó a casarse
con su compañera Carmen Edith Prado, en presencia de Dardo Migno y en su
oficina. También estuvieron presentes el capellán Monseñor Rafael Rey -que
ofició una misa- y personal del Registro Civil. Antes de la “ceremonia” Guidone
había sido vez golpeado una vez más. En septiembre de 1976 fue trasladado a la
U9 de La Plata y el 20 de agosto de 1978 puesto en libertad. Su padre había
fallecido en abril del año anterior.
Martín Lecea y Roberto Vélez -ambos militantes del
Partido Comunista- fueron detenidos ilegalmente el 9 de agosto de 1976 en la
esquina de calles Patricias Mendocinas y Echeverría de Godoy Cruz por un grupo
de policías que los llevaron a la comisaría 34 de Almirante Brown -bajo órbita
de la 7ma- donde fueron interrogados en relación a su militancia política. Una
vez en la comisaría 7ma permanecieron tres días, en tanto se realizó un
allanamiento ilegal al domicilio de Lecea. Fueron trasladados a Comunicaciones
donde los golpearon y torturaron con saña. Lecea fue liberado el 7 de marzo de
1977 y Vélez el 24 de diciembre del 76, ambos previo paso por el pabellón para
presos políticos del Penal Provincial y el pabellón 11 -de máxima seguridad- de
la U9 de La Plata.
Denunciar
el plan
“Conocí personalmente a Migno, fui prisionero en el campo
de concentración que él dirigía”, señaló en la apertura de su testimonio Roberto Edmundo Vélez, sociólogo,
víctima querellante, también testigo en el juicio anterior. A partir de allí
hizo un exhaustivo y preciso recuento de los antecedentes de persecución
política que precedieron a su secuestro; las responsabilidades de los
represores de la estructura del Ejército respecto a los graves daños infligidos
a él y sus compañeros; y las denuncias sobre violencia sistemática en Comunicaciones
y en el Penal Provincial. “Estos hechos los denuncié hace treinta años. Lo del
9 de agosto de 1976 no es algo aislado, forma parte de una estructura que venía
funcionando, una persecución política que no era nueva, un contexto de
antecedentes en que se produce mi detención:
“En la etapa de terrorismo con apoyo estatal, al frente
de Santuccione -jefe de Aeronáutica con control de la Policía Provincial-, el 24
de octubre de 1975 hubo un atentado con explosivos en mi casa, a las dos de la
mañana. Yo trabajaba en la bodega Quirós, en Maipú. Los servicios de
Inteligencia del Ejército que tenían el manejo de la zona detectaron mi
presencia, lo que les era inconveniente. Me despidieron, confirmado por los
dueños que eran hermanos: ´el Ejército nos exige tu salida´. El Sindicato
Vitivinícola de la bodega Giol -SOEVA- resistía la privatización de la bodega.
A fines del 76 asesinaron a los dirigentes Antonio García y Héctor Brizuela”.
“A mediados de 1976 -como a centenares de compañeros
docentes y no docentes- me expulsan de la Universidad Nacional de Cuyo. El 30
de junio de ese año, en otro atentado terrorista con explosivos en mi casa,
desmantelaron y saquearon todo, desde las cucharitas de café -que terminaron en
el destacamento Almirante Brown de donde eran los policías actuantes en el
procedimiento digitado desde la seccional 7ma.- hasta los pañales de mi hijo de
un año. No me dejaron entrar y era mi casa. Naturalmente entré. Cuando salí me
detuvieron junto con mi suegro. Ni ellos mismos tenían argumentos para mantenerme
recluido, me liberaron”.
“El 9 de agosto nos detienen con mi compañero Martín
Lecea, en la esquina de calles Echeverría y Patricias Mendocinas. Un jeep policial
nos lleva a la Seccional 7ma. En forma separada nos negamos a los
interrogatorios: ´Lo que nosotros preguntamos se los van a sacar de otra manera´,
nos advirtieron. A media mañana nos trasladan a la Compañía de Comunicaciones.
En ese lapso noté que conversaban con Martín, querían allanar su casa en
búsqueda de un mimeógrafo. Él accede si le permiten ir con ellos. Efectivamente
fue así y eso posibilitó que la familia supiese que estábamos detenidos. Hecho
que luego en la tortura, algunos de los interrogadores, descalificaban como la
impericia policial la noche del operativo porque la familia estaba en
conocimiento. El chofer del jeep conocía a Lecea, nos trajo unas mantas y la
familia se enteró inmediatamente de las detenciones. Si no, el desenlace
hubiese sido otro”.
“Desde que pude hablar hasta el presente, la verdad
puede cotejarse en todas mis declaraciones: Nos encerraron en los calabozos de la
guardia. Dos, tres días, sin abrigo ni alimento ni agua. Aprendí a dormir
parado por el frío, lo que me molestaba eran las piedritas de la pared que me
dañaban la frente. Un día por un agujero vi a Martín sentado en una silla en la
celda de al lado, suboficiales lo ataban, vendaban y se lo llevaban. Supuse que
era la perspectiva que me esperaba. A la media hora me tocó vivir lo mismo que
él. Me subieron a un camión Unimov, divisé los borceguíes y la ropa de combate,
dieron varias vueltas para desorientar. Me colgaron en una pared con los pies
colgando. Sin preguntarme nada -¿para qué? si sabían todo- cayeron golpes de todos
lados, de muchas personas. Me tiraron dentro de un edificio, me sentía solo y
muy mal. Oí una radio que aumentaba de volumen y los gritos de mi compañero. No
había alternativas, me aflojé las vendas, descubrí la habitación con sangre en
las paredes, intenté escapar. Logré treparme, la diagonal me daba el cerro de
la Gloria. Me caí, volví a saltar, volví a caer, se dieron cuenta, otra
pateadura”.
“Los tratamientos de tortura se repetían día tras día: La
tercera vez, vendado y desorientado, me metí en el auto particular de uno de
los torturadores. Hizo que se enojaba para justificar lo que hacían, dentro del
auto me pegaban con las culatas de los revólveres, inventaban cosas y pegaban. Me
llevaron al mismo lugar que a Martín. Tenemos un mecanismo en el cerebro que
nos resguarda del terror, pero es necesario recordar los procedimientos más allá
de lo sistemático de la aplicación de picana eléctrica: por ejemplo, dos tipos me
tomaban por los brazos, ordenaban correr, lo hacían conmigo hasta que me
estrellaba contra una pared o el canto de una puerta. El objetivo era trastornar
la personalidad. Transformarnos en algo menos que un animal para anular la capacidad
de resistencia, estos eran los procedimientos de esta gente”.
“Hubo otras sesiones de tortura, venían los malos.
Pagella, que hacía el bueno, estaría mirando. Un día me trasladaron a pie hasta
el barranco de Comunicaciones. Éramos 120 prisioneros en un campo de concentración
perimetrado con alambre de púas y custodias armadas. Pensé que la tortura se terminaba.
´No´ -me advirtieron mis compañeros- ´acá no se acaba, nos sacan y llevan a
torturar afuera´. Era la impunidad absoluta, parte del tratamiento consistía en
que los otros compañeros supieran que nos llevaban. Yo seguía en el PC y
funcionábamos como tal dentro del presidio. Una noche trajeron a Bustelo, lo
tiraron como una bolsa de papas. Al otro día el Ángel se entrevista con Migno
por la ficha de ingreso que medio nos blanqueaba. Ahí denuncia todo lo que le
habíamos contado, Migno se enoja y lo castiga. Entonces yo abracé a Raúl Raconto
-compañero de mi padre que estaba ingresando- e insulté al suboficial que me impedía
hacerlo. Nos pasaron a la Penitenciaría con Bustelo, al pabellón 11, como jefes
de la guerrilla. Vino un tratamiento diferente. Y un sufrimiento diferente
también”, dijo Roberto Vélez anticipando las condiciones infrahumanas a las que
fue sometido en las diversas prisiones.
Respecto a la estructura y responsables del Lugar de Reunión
de Detenidos -LRD- en Comunicaciones, Vélez detalló: “Era un campo de
concentración donde se torturaba gente. Para la tortura había lugares
específicos y los militares tenían roles diferenciados. Migno era el jefe de
todo, el que estaba a cargo nuestro, sabe que estuve en el calabozo de la
guardia, sabe todo. Era un oficial joven, envalentonado, que quería atropellar
el mundo. Ese oficial soberbio, prepotente, maleducado, sin consideración por
la gente, nos confundió. El jefe político y militar de Comunicaciones era Ramón
Puebla y su segundo era Largacha, con más mando de tropa. A Largacha lo conozco
porque continuó la persecución y discriminación hasta hoy. A través de
relaciones de su esposa Laura Ciancio, sigo imposibilitado de dictar clases en
Ciencias Políticas”.
“Uno de los torturadores era el sargento ayudante Pagella.
Pagella está en todos lados, figura en los expedientes haciendo relaciones con
los familiares, manejando inteligencia en los diarios, torturando. Integra la
estructura que dirigía Orlando Dopazo, otro militar que dio los nombres de su
segundo, Gómez Sáa; del suboficial Viñes; y del soldado Minopio, como
integrantes de su grupo de inteligencia. Pagella, que me torturó, tenía como
superiores a Dopazo y Gómez Sáa; a Puebla, Largacha y Migno. El bueno del
sistema era el suboficial Juan Alberto Peralta, un perverso como todos los que estaban ahí.
Jugaba el rol que no podían jugar los otros porque no pegaba, nos entregaba a los
torturadores que no veíamos”.
El sobreviviente estableció
también planteos y denuncias puntuales en cuanto a la propia historia y a la
amplitud del plan represivo:
-Pedido expreso para que la justicia federal encuentre
y reintegre los prontuarios policiales suyo y de su padre. Allí constan las
décadas de persecución ejercidas por parte de las fuerzas de seguridad contra
la víctima.
-La policía de Mendoza no ha suministrado los listados
de los colaboradores civiles. Vélez reitera el reclamo.
-A consecuencias de los servicios de Inteligencia del Ejército,
en 1971 81 conscriptos del Servicio Militar en Mendoza fueron confinados en
condiciones infrahumanas en La Rioja. Vélez estuvo un año desterrado en Nonogasta.
-La presencia policial represiva antes del golpe, con
Santuccione como cabeza de la Policía de Mendoza, con el aval del Partido Justicialista,
a través de la designación avalada por el interventor Antonio Cafiero y su ratificación
consecutiva, de parte de los gobernadores interventores posteriores.
-El rol desestabilizador de Carlos Mendoza -vicegobernador
de Alberto Martínez Baca-, que destacaba la necesidad de mantener a Santuccione
en el cargo: “Estas presencias no sólo continuaron en dictadura, también cuando
se retorna a la democracia. Santuccione fue jefe del Servicio de Inteligencia
de Aeronáutica durante el primer gobierno constitucional”.
- La conversación con el torturador: “Un día me sacan las
ligaduras y la venda. Se presentó Pagella y me dijo que la Aeronáutica y la Federal
tenían mis antecedentes. Aeronáutica tenía mi información porque yo era militante,
presidente del centro de estudiantes de la Facultad, donde estaba el hostigamiento
de la extrema derecha, la CNU -Concentración Nacional Universitaria-, la Triple A -Alianza Anticomunista Argentina-, las bandas de Santuccione, la
Juventud Sindicalista Peronista de Cassia. Miré a la cara a Pagella, le espeté:
´¿Qué pasó con Luis Moriñas?´ Moriñas era un estudiante de Medicina que actuaba
en la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente -TUPAC-
vertiente de Vanguardia Comunista. Sabíamos que lo habían desaparecido. Lo
sorprendí. Dijo, ´se nos escapó´. Eso prueba que a Moriñas lo torturaron ellos.
Lo hicieron aparecer en Córdoba, lo mató el Ejército".
-Tras la ampliación declaratoria que hizo en la
justicia militar, después de la CONADEP, Vélez manifestó a los periodistas que declaraba
sólo por responsabilidad ciudadana, que no creía en absoluto en ese proceso: “Luego
leo los antecedentes reunidos y me encuentro con que eran los mismos los que instruían
esas ampliaciones de los sumarios y los que constituían los juzgados que sentenciaban
en secreto a las personas. No me equivoqué. El oficial Hugo Alfredo Soliveres, estuvo
primero en el ámbito de la dictadura y luego en democracia. Había integrado en
el 77 el Consejo Especial de Guerra. Después se desempeñó como juez instructor
militar. Es decir, muchas perspectivas de justicia, con esa justicia, no había”.
Roberto Vélez valoró “acaso la última vez que relate
frente a una instancia así”. “Después de todo aquello, todo lo que vivo es
tiempo de descuento, quiero una sociedad más justa, que haya libertad, igualdad
y fraternidad. Por eso estoy acá. Yo perdono pero no olvido. Las generaciones
futuras no tienen que vivir lo que vivieron las nuestras. Estos han sido
padecimientos de las familias, de los amigos, de los vecinos, de una sociedad.
Tanta gente que hoy no puede contar lo que vivió”.
Por serios problemas de salud, de La Plata lo enviaron
nuevamente a la Penitenciaría de Mendoza, el 18 de julio de 1977, donde estuvo
hasta el 11 de agosto, cuando fue liberado. Peñaloza recordó que fue el 29 de
julio de 1977 cuando se dispuso la liberación inmediata por decreto, pero se
tomaron unos días más. Lo fue a buscar su familia, no obstante antes, lo
obligaron a firmar un “papelucho” en el que constaba que “lo habían tratado muy
bien”. Cuando puso su firma lo hizo, dijo Bustelo, “porque confiaba en que la
historia le iba a permitir demostrar que eso no había sido así”. “Tarde, pero
lo pudo demostrar”, agregó Daniel Rodríguez.
