sábado, 30 de abril de 2011

Audiencia del 29 de abril

CAUSA BUSTELO (III): Bula, "En defensa de quienes no tenían defensa"
Carlos Alberto Bula, abogado, socio y camarada de Bustelo ofreció detalles sobre el allanamiento que sufrió el estudio que compartían y  las represalias que sufrían los profesionales que defendían presos  políticos. Hizo una semblanza  emotiva de don Ángel Bustelo y ofreció una interpretación ajustada de las causas profundas del golpe militar de 1976.
El 11 de agosto de 1976 el bufet del Dr. Bustelo fue allanado y durante una semana el Ejército se instaló en el local,  con esvásticas y destrozos dejó la marca de su paso por el lugar y finalmente colocó una faja clausurándolo. Carlos Bula relató la reacción de Bustelo frente al atropello: hizo reclamos ante la 8va. Brigada hasta que decidió enviar un telegrama al Gral. Maradona intimándolo a que le devuelvan sus bienes a fin de habilitar nuevamente su estudio. La respuesta fue un operativo del Ejército que a la voz de “Correo...” el 3 de setiembre allanó su domicilio y lo llevó detenido. 
El testigo resaltó que los métodos del terrorismo de Estado, a partir de la masacre de Ezeiza, aumentaban la situación de miedo e indefensión de las personas. “Un ser humano en estas condiciones necesita atención, ese era nuestro rol como abogados. Para que sean juzgados correctamente ejercíamos la defensa sin miramientos ideológicos.” El estudio había asumido la defensa de Teresita Fátima Llorens y Amadeo Sánchez Andía, ambos presuntamente vinculados al ERP. Bula recordó los graves riesgos del ejercicio responsable de la profesión por aquellos años e  hizo un recuento de las bombas que estallaron en los estudios de los abogados Guevara, de la Vega, Venier y otros defensores de presas y presos políticos. Adicionalmente evaluó que desde la cúpula y hacia el interior del Partido Comunista había expectativas sobre la existencia de sectores más democráticos en las Fuerzas Armadas, por tanto había que incidir en ellas, generar debates. “Se trataba de una falacia, pues no teníamos en cuenta el grado de formación fascista de los militares argentinos. El PC equivocó el rumbo antes, durante y después del golpe”, dijo.
El abogado destacó el sustento que la justicia federal y sus jueces dieron al plan de exterminio. Habló de una “logística básica del poder judicial” para acusar a todo aquél que pensara diferente y la comparó con los procesos inquisitoriales. Finalmente hizo un repaso de las motivaciones económicas y el propósito de implantar el neoliberalismo que dominó la política represiva: “Si los 30.000 desaparecidos no hubiesen sido asesinados, el menemismo, por ejemplo, no hubiera sido posible”, afirmó.
Al cierre, por Secretaría, se leyeron sendas denuncias presentadas en 1984 por Ángel Bustelo por su detención y demás atropellos.

Semblanza de Don Ángel

A lo largo de su declaración, Carlos Bula evocó a su camarada con un sonrisa en los labios; cierto es que el “viejo comunista” sorprendía con su creatividad inagotable. Destacó la impactante personalidad del  Dr. Bustelo: hombre éticamente intachable, intelectualmente sólido y un hidalgo con gran sentido del humor, dijo.  
En Mendoza, don Ángel Bustelo fue una de las figuras centrales de la cultura y la política en los últimos setenta años del siglo XX. Varias veces preso político, abogado, escritor e intelectual,  polemista por excelencia, mereció un amplio reconocimiento social y gozó de la amistad de Armando Tejada Gómez, Alfredo Bufano, Benito Marianetti y Antonio Di Benedetto.  Más allá de Mendoza tuvo fuertes vínculos con escritores de la estatura de Neruda, Guillén, Benedetti y Asturias. Por sus características y actitud frente a la adversidad, sin duda, honró la vida.
Murió en 1998, a los 89 años de edad “con la esperanza intacta”, como él mismo solía decir; aguardando se trate su denuncia por privación ilegítima de la libertad agravada, hoy objeto del debate.

jueves, 21 de abril de 2011

Audiencia del 20 de abril

CAUSA BUSTELO (II): Denuncias y conexiones hasta el presente

Investigaciones y denuncias sistemáticas realizadas por el sociólogo Roberto Velez y testimonios del mismo Ángel Bustelo aportaron información muy relevante para la causa del escritor y para el conocimiento de la dictadura en Mendoza y sus continuidades en democracia. Compañeros de militancia, cautiverio y vida, Velez y Bustelo narran la historia.


Roberto Velez

Hacia 1.976 el joven Roberto Velez, tenía ya una vasta experiencia de persecución política por su activa militancia en el partido comunista. Con prontuario desde los 9 años, originado a su vez por la persecución que sufriera su padre, en los 70 conoció cesanteos, la expulsión de la universidad, arrestos y la colocación de bombas en 1.975 y 1.976 en su casa. Ese 8 de agosto fue detenido en una esquina con su compañero Lecea. Los policías los llevaron a la comisaría 34ª de calle Almirante Brown (“que establecía zonas liberadas”), a cargo del oficial Domingo Roque Rivero (jefe interno del D2 entre febrero y junio del 75) ante quien se negó a declarar. La respuesta fue: “esa información te la van a sacar de otra manera”. Fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones, a un calabozo donde permaneció parado y sin comer durante tres días. Maniatado y vendado lo llevaron a una cuadra donde había más de 120 prisioneros. De la cuadra los entregaba a la tortura el suboficial Peralta, “subordinado” del imputado Migno, y luego de vueltas circulares en vehículos del ejército, terminaban en el “salón”. Entre la radio fuerte y los gritos, alcanzó a ver a los presos atados a camastros, y en diagonal el cerro de la Gloria. Velez estaba atrás de la cárcel, espacio cedido por su director Naman García. Soportó golpes que le dejaron secuelas en el tabique y las rodillas por los culatazos de las 45. En una oportunidad: “El torturador me da la cara, me baja la venda, el tipo me habla, me da agua y de fumar, ustedes son todos iguales le digo, se diferencian entre buenos y malos pero no es más que otra estrategia para torturar. Eso me sirvió para sostenerme”. Sigue Velez: “Se trataba de Pagela. Le pregunté por Luis Moriña, un estudiante desaparecido, y dijo que se les escapó”.
Velez estableció precisiones: Dardo Migno era el jefe de la 3ª sección del Comando en la Compañía de Comunicaciones (bajo autoridad de Ramón Puebla y del oficial Largacha) a cargo de los detenidos del campo de concentración y tortura denominado “Lugar de reunión de detenidos” (LRD). Sus colaboradores eran el suboficial principal Juan Alberto Peralta (“encargado”), García de la 4ª Brigada Aérea (torturador), el teniente Roberto Cutro y Cardello, policía federal. Remarcó que no hay diferencias entre “mandar” a torturar, “entregar” a los prisioneros, “conducirlos” y “aplicar” la violencia, y que “los oficiales jóvenes eran terribles”. También dijo que Dopazo y Gómez Saa eran elementos claves de Inteligencia.

La noche que llevan a Bustelo a Comunicaciones, les cuenta a sus compañeros el allanamiento de su estudio y señala culpas hacia la conducción del partido, que primero le indicó no gestionar sobre la clausura del estudio, confiando en la buena voluntad de “los militares democráticos” y luego que sí, lo que quizás derivara en su detención. Velez presenció cuando Bustelo denunció a Migno sobre los maltratos a los detenidos. Por saludar a un compañero torturado fue castigado y trasladado con Bustelo al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría provincial. Allí ubica a Naman García como jefe del penal y a Claudio Barrios, Oscar Bianchi, Balmes y Bonafede como torturadores.
“Es formal, preparáte para que te liberen”, dijo Benito Marianetti a Bustelo acerca de su libertad inminente según el Juzgado Federal de calle Las Heras. “Ángel regaló sus cosas, se había lustrado los zapatos para salir”. Un decreto del PEN por orden de Mario Lépori y la negativa del juez Romano (el mismo que lo había acusado por la tenencia de un libro “subversivo”) al sobreseimiento dictado por el juez Guzzo, dejaron a Bustelo cautivo. “Fue un golpe. Le armaron una causa para justificar su detención”.
El 27 de septiembre, Bustelo, Velez y más de cien detenidos fueron hostigados desde las dos de la mañana hasta la tarde cuando arribaron a La Plata en un avión Hércules. Actuaron todos los agentes de la represión: Ejército, policías Federal y Provincial, el Servicio Penitenciario. En el vuelo fueron encadenados, adormecidos con gas y golpeados con palos. Con deliberada saña contra “los viejos ideólogos de la subversión” se fijaron en Bustelo. En la U9 fueron aislados y golpeados por patotas que ingresaban celda por celda. Velez encontró a Ángel, de 67 años, en los baños muy deteriorado y afectado en su salud. Lo trasladaron al sector de “la izquierda no vinculada con la guerrilla”, y a Velez al de “irrecuperables”, calificación compartida por “los servicios de inteligencia y por la cúpula del PC, que lo consideraba preso por su contacto con la guerrilla”. Roberto Velez fue liberado a finales de 1.977.

La persecución sufrida toda la vida y el conocimiento de Velez, debido a su compromiso e investigaciones, lo llevan a encarar pasado y presente en forma de denuncia: “La realidad pone en evidencia que la conexión con las fuerzas represivas continúa hasta el presente. Los servicios de inteligencia siguen actuando y los ámbitos de complicidad no han sido desmantelados.” Así explica el contubernio que además de las fuerzas de seguridad sostuvieron las derechas de los partidos políticos; las jerarquías eclesiástica; judicial (“con la anuencia del Colegio de Abogados encabezado por Pedro Lella, como si los jueces se hubieran ido pero luego terminaron dando ética en la universidad”) y sindical (“la UOM tenía un manual de instrucción práctica antisubversiva afín a la política represiva y Santuccione fue designado jefe de la policía por el interventor Cafiero, a solicitud del dirigente de la CGT, Carlos Mendoza”). Además Fuerza Aérea, Marina y Ejército presentaron listados de civiles cómplices que se infiltraban en las organizaciones políticas; no así la Policía, y muchos siguen activos. Velez ilustra con el caso del Servicio penitenciario federal, “que genera descendencia en la democracia, de allí la tortura en cárceles y el gatillo fácil”. También mencionó la persecución a abogados de causas políticas, como Marianetti y De la Vega; y a la juventud sindical peronista de Antonio Cassia (“un caso de disposición genética”) y a la Concentración Nacional Universitaria como instrumentos para generar terror.
En este contexto, resaltó de su compañero: “Ángel soportó persecución y represión de todas las dictaduras, en cada golpe estuvo preso, con los gobiernos semi-legales también”. “Llegó  a la conclusión que para los momentos difíciles la profesión no servía, donó su biblioteca a la justicia y renunció a su matrícula. Pero nunca cesó en su actividad ni cayó su espíritu.” Y sin cerrar la historia Velez agregó: “Se están muriendo los responsables que gozan de libertades que los desaparecidos y sobrevivientes no tuvieron.”
Velez solicitó sean tenidos en cuenta su prontuario y el de su padre para las investigaciones y la querella solicitó compulsa penal para Gómez Saa y Peralta. Declararon también Susana Ortega y Carlos Luque, vecinos de Bustelo.

miércoles, 20 de abril de 2011

Audiencia del 19 de abril

CAUSA BUSTELO: El rol de los jueces

Comenzaron las audiencias por la Causa 055-M por el delito de privación ilegítima de la libertad de Ángel Bartolo Bustelo, fallecido en 1.998. Están imputados Luciano Benjamín Menéndez, Dardo Migno y Mario Lépori. Los testimonios de Petrona, su compañera, y de Fidel, su hijo mayor, mostraron la persecución a la que fue sometido el abogado y la grave complicidad de jueces con el plan de exterminio.

Petrona Alam de Bustelo

La pareja conformada por Petrona y Ángel Bustelo tenía al momento del secuestro del militante del Partido Comunista, un hijo de 13 y una hija de 6 años de edad. La noche del 3 de septiembre de 1.976 cenaban en la casa familiar de Tiburcio Benegas, cortada entre Avellaneda y Álvarez por el operativo en ciernes. Al grito de ¡Ejército Argentino! los militares entraron y tras golpearlo secuestraron a Bustelo en una camioneta. Hasta la madrugada Petrona fue encapuchada y atada a una silla, su hija y su empleada encerradas en un cuarto y su hijo en el baño. “Prendan poca luz”, escuchaba Petrona de los militares, mientras allanaban por completo la casa.

Por ulteriores relatos de su marido, supo que pasó por el Comando de Montaña y luego a la Compañía de Comunicaciones (“conté los escalones del comando, encapuchado, me pusieron frente a una luz muy fuerte, ahora vamos a hablar -dijeron-”). Antes de ser trasladado a la cárcel soporta un simulacro de fusilamiento. Bustelo reconoció al entonces teniente Dardo Migno como su torturador y quién lo fichara en Comunicaciones. A Migno le señaló: “en esto terminó el Ejército de San Martín”, después de conocer los graves testimonios de sus compañeros detenidos. La denuncia le valió reclusión y aislamiento.
El 27 de septiembre es trasladado en el Hércules, donde recibe un especial maltrato, a La Plata. Petrona, tras sus pasos se encuentra con la negativa de Maradona a recibirla y que en el Comando, Pagela y Furió le dijeran que “sin orden de Menéndez no podemos dar nada”. Ya en la U9, un “recepcionista” le dijo que “de 130 (tripulantes) han llegado 114, a los otros los deben haber tirado al río”. En la visita a su marido, constató su cuerpo morado por los golpes, manos y pies cortados por alambres, sangre en el orín por los riñones dañados.
Luego de un último paso por el penal provincial es liberado el 11 de agosto de 1.977, tras permanecer detenido a disposición del PEN durante casi un año.

Por su compromiso político y sobre todo por su rol de abogado defensor de políticos y obreros (“era del pueblo”), a lo largo de su trayectoria Bustelo sufrió intimidaciones y allanamientos. Según Petrona “siempre vivieron con el chumbo detrás, siempre con los militares encima”. Pero cercana al golpe del 76 la represión fue mayor: en agosto su estudio fue clausurado por el Ejército y su casa puesta bajo custodia.

Fidel Fabián Bustelo

Presente durante la detención de su padre, Fidel agregó que frente al operativo comando (“entraron por el frente y el patio, descolgándose del techo como delincuentes”), Bustelo se puso a disposición de los captores. Pero ante la imagen de su hijo apuntado con un revólver en la nuca, reaccionó, lo golpearon y se lo llevaron. A la madrugada un oficial lleva a Fidel hasta el estudio personal de su padre y vio cómo se llevaban más de 200 libros con “material subversivo” (mayormente literarios).
Según reza el expediente, ocultado por años, Bustelo fue detenido por  la posesión de un libro del Comachi (violación del art. 7 de la ley 20325, tenencia de material impreso de una organización suspendida por decreto) razón por la cual el juez a cargo, Otilio Roque Romano, dictamina la prisión preventiva.
En su declaración Fidel Bustelo apuntó a las vergonzosas e innumerables transgresiones que los miembros de la justicia, encargados de proteger a los individuos aún con estado de sitio, incurrieron ex profeso. La preocupación por “la muerte del derecho” (palabras de Ángel Bustelo) decretada a partir 1976 y sostenida hasta hoy por algunos jueces primó sobre las denuncia de los tormentos sufridos en los años de cárcel por el dirigente mendocino.

La liberación de Bustelo se logró gracias al denominado “golpe del prócer”. Por intermedio de Eduardo Angeloz, la familia Bustelo supo que, por decisión del general Menéndez, el detenido recuperaría la libertad sólo si algún “prócer” se responsabilizaba de lo que el dirigente pudiera hacer. Entonces el ex presidente Arturo Illia medió como “prócer garante”. Bustelo estaba calificado como “peligroso ideólogo de la subversión”, por el mismo Romano.
Al año de recuperada la libertad el Dr. Bustelo dio de baja a su matrícula. Aquello que había empezado a evidenciar estando detenido lo confirmó de forma grosera afuera: “Se terminó la justicia, no puedo seguir litigando ni aplicar mis conocimiento para defender a nadie porque ni siquiera puedo defenderme yo”, le dijo a su hijo aludiendo a la gravedad institucional que padecía la Justicia.
Esa misma gravedad, determinada por la corporación judicial que fue garante de la dictadura es la que excluyó a Fidel Bustelo y a su familia como querellantes de la causa. El último registro de esta infundada supresión data de 2007 y está firmada por Carlos Pereyra González, Julio Demetrio Petra y Alfredo López Cutiño. La “portación de apellido” para Fidel Bustelo fue determinante en su vida como persona y como profesional. Explicó con numerosas pruebas, que la Justicia Federal, a la que considera absorbida por un “nepotismo ilustrado”, le decretó la “muerte civil como abogado”.
Fidel también mencionó al Colegio de Abogados local como cómplice por omisión, tanto durante la dictadura como en el presente, donde se le niega ingreso formal a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Respecto de Dardo Migno relató que Bustelo lo señaló siempre como uno de los torturadores de la Penitenciaría: “era un hombre fuerte, de los jodidos, era el encargado de darnos”.
Preguntado por razones concretas que “justificaran” la detención de su padre, el testigo expresó que además de los ideales que defendía, asumir la defensa en el caso de Teresita Fátima Llorens (sobrina del sacerdote) pudo haber motivado la privación ilegítima de la libertad. Las pruebas presentadas por la Fiscalía contribuyen a esta hipótesis: los abogados que intervinieron inicialmente en el caso de la joven, también fueron secuestrados y detenidos.
Ante el caso paradigmático de la detención ilegal de Bustelo existiendo proceso legal previo, Fidel remarcó que el Estado represor necesitaba indefectiblemente de la justicia. Y recordó la lucha y las palabras de su padre: “Tenés que estar tranquilo, la historia nos sorprende, da giros. Por mi olfato sé que la justicia va a llegar.”

Novedades: A raíz de los testimonios, la fiscalía solicitó se cite como testigo al doctor Carlos Bula, que en el momento de la detención trabajaba con Bustelo y también fue encarcelado. Además solicitó se cite en calidad de “testigo general” a Andrea Ginerte, directora del equipo argentino de antropología, que retomará el próximo lunes los trabajos en el “cuadro 33”.
Por último la querella solicitó compulsa penal contra Otilio Roque Romano por su actuación en el expediente de Ángel Bustelo en el que se certifica la “privación ilegal de libertad” del detenido.

martes, 12 de abril de 2011

Audiencia del 11 de abril

CAUSA SÁNCHEZ CORONEL (IV): Los firmantes

Luis Micheleto y Julio Viglino, empleados del Banco Mendoza, firmaron sendos documentos relacionados a Ricardo Sánchez Coronel pero dijeron no recordar al desaparecido ni al operativo de su secuestro realizado en la sede del mismo Banco.

Luis Benito Micheleto

Como secretario del Directorio firmó la Resolución por la que se dejaba cesante a Sánchez a causa de su detención consumada el 1ero de junio de 1976. El documento de cesantía que obra en el expediente le fue exhibido al testigo, sin embargo el funcionario insistió en que no recordaba al secuestrado ni se enteró de detención alguna y dijo no saber que había habido cesanteados.
En la Resolución del Directorio, en sala de sesiones del Banco de Mendoza el 16 de agosto de 1.976, se dispuso la cesantía definitiva del desaparecido, en calidad de detenido prófugo según el informe de Tamer Yapur sobre el que se basa el documento. En la Resolución se añadió: “aún en el supuesto que fuera dejado en libertad”.
Interrogado sobre el Directorio del Banco Mendoza, el secretario contestó que en fecha próxima al golpe, el Ejecutivo a cargo de Tamer Yapur pidió los legajos con los antecedentes de los directores privados y oficiales, hubo una recomposición y fue designado un vice comodoro de apellido Amigo. También evocó algunos directivos sin poder precisar el periodo de sus respectivas gestiones y recomendó se revisaran libros de Actas y las memorias anuales para determinar con claridad las autoridades que regían la institución por esos días. Destacó como miembro del Directorio y amigo a Julio Demetrio Petra.  Micheleto tampoco aportó datos sobre la inteligencia que se hacía dentro de las instituciones del Estado ni pudo recordar la intensa  actividad sindical que caracterizó aquellos años.  

Julio Viglino

Funcionario de la oficina de Personal del Banco, con su firma extendió un certificado en el que consta que, a partir del 2 de junio de 1976, cesó el pago de haberes a nombre de Ricardo Sánchez. A pesar de esto, aseguró no haber conocido al desaparecido; tampoco recordaba la circunstancia de su detención ni siquiera por comentarios. “No se hablaba porque no se sabía quién era quién”, explicó. Por otro lado admitió haber visto personal militar dentro del Banco y dio por supuesto que alguien hacía inteligencia desde dentro de la Institución para marcar a los activistas. En relación a las detenciones de personal del Banco sólo recordó el apresamiento de Vicente Antolín y desconoció otras. Agregó: “Mientras uno sabía, peor era”. Viglino se desempeñó como Jefe de Seguridad del Banco Mendoza en la década del 90. También fue socio de la empresa de seguridad privada “Aconcagua” junto a una persona de apellido Medina (no quedó claro si se trata de agente del D2, apodado “Mechón blanco”) quien le recomendó al imputado Eduardo Smaha para que trabajara como empleado de la misma en 2.001. El testigo aclaró que permaneció tres meses en la empresa y se fue.

miércoles, 6 de abril de 2011


Audiencia del 5 de abril

CAUSA SÁNCHEZ CORONEL (III): Relato de un hijo

Con tres testimonios prosiguió el debate sobre la causa por la desaparición de Ricardo Sánchez Coronel. A través de su hijo Ariel se corroboraron las contradicciones y se ataron cabos sueltos de la burocracia al servicio de la represión. También hubo precisiones sobre la fecha de su desaparición.

Ariel Sánchez Triviño

“No llegó esa noche a casa”, recuerda Ariel Ricardo Sánchez Triviño. A los 10 años, el hijo mayor de Sánchez Coronel, con hermanos de 9 y 4 años en ese entonces, registró para siempre la fecha del frío martes 1 de junio de 1.976 como la del día que se llevaron a su padre. Igual que Rosa Gómez, que la grabaría porque era el cumpleaños de su cuñada.
Ariel Sánchez acompañó a su madre Silvia Triviño (“quien nunca dejó de buscarlo”) en su infructuoso reclamo por la comisaría 7ª, el 8º Comando de Montaña y otras dependencias militares. A pesar de que Tamer Yapur librara un pedido de captura, policías y militares les aconsejaron olvidarse. Refugiados en casa de los abuelos paternos, días después va con su mamá a la casa familiar donde encuentran el portón del frente roto, todo revuelto, luces prendidas y al menos a tres militares en la casa cargando un bolso blanco con libros y pertenencias. “Dentro mío yo tenía la sensación de que él estaba ahí”, narró Ariel acerca de una camioneta militar estacionada en las inmediaciones.

Sánchez tuvo acceso al legajo del Banco de Mendoza de su padre. Allí figuran: el informe de un compañero, Francisco Nuñez, según el cual a Sánchez Coronel se lo llevan el 3 de junio del domicilio legal del Banco (Gutiérrez 51) por la puerta chica para personal. Dicho informe sirvió al directorio del Banco (digitado por Tamer Yapur a través de Ibañez) para dejarlo cesante días más tarde.
El telegrama de despido remitido a su madre, firmado por el secretario del directorio Micheleto, encuentra “justificativo” en el informe de Tamer Yapur (nómina de detenidos con el nombre de Sánchez Coronel especialmente subrayado, con orden de detención y pedido de captura el 10 de junio). Para su hijo se trata de un “dictamen de auditoría” que culpabiliza a la víctima.
En la contestación del 5 de agosto al hábeas corpus presentado el 4 de junio por Silvia Triviño, el comandante del 8º Comando de Montaña, Jorge Maradona contradice al mismo Yapur, al afirmar que el causante no fue detenido por el Comando. Así, el juez Guzzo rechazó el hábeas corpus e incluso impuso las costas a Silvia.

En la memoria del hijo quedó el recuerdo de una buena persona. Esto lo corroboró en 1.986, a través de su propio ingreso al Banco de Mendoza por el reconocimiento y el orgullo de ex compañeros por la lucha de Sánchez Coronel. Y recordó con afecto a otro compañero de militancia de su padre, también desaparecido, “Pantera Rosa” Rosales.
Sobre lo que significó esto para su familia, dijo: “nunca pudimos saber nada, todo era igual siempre, sufrimos el vacío y el señalamiento de la gente, por eso siempre fuimos muy nosotros”.

En esta jornada también declaró Raúl Armando Morán, compañero maestranza y concuñado de Sánchez Coronel. Reticente, aportó poca información, por boca de Nuñez supo que ese 1º de junio, mientras ambos cumplían el turno de 13:30 a 20:30, se lo habían llevado tres o cuatro civiles alrededor de las 20 horas tras un llamado. “Fue todo muy rápido, no se alcanzó a cambiar, bajó con la ropa caqui de fajina”. La audiencia concluyó con un testimonio reservado, sin público ni prensa.

viernes, 1 de abril de 2011

Audiencia del 31 de marzo


CAUSA SÁNCHEZ CORONEL (II): Miret, la justicia al banco

Los testimonios de Vicente Antolín y Rosa Gómez aportaron grandes novedades al debate. El de Rosa motivó un pedido de compulsa penal y el de Vicente más elementos sobre la complicidad judicial y empresarial respecto a la represión sobre los trabajadores.

Vicente Antolín

En 1.972, con 20 años, Antolín integraba el cuerpo de delegados del ex Banco Mendoza, donde trabajó hasta el 29 de septiembre de 1.975, fecha de su arresto y reclusión en la antesala de la dictadura. Recién en 1.990 sería reincorporado a su trabajo, hasta el vaciamiento final de la entidad financiera. De aquellos años conoce a Ricardo Sánchez Coronel, también delegado gremial del Banco y desaparecido los primeros días de junio de 1.976. El año anterior había sido de fuerte conflicto gremial por reivindicaciones salariales y se desató la persecución.
Antolín fue detenido en casa de sus padres por un grupo de 8 civiles con orden de allanamiento de la Policía provincial. Días después la casa fue nuevamente allanada en búsqueda de material bibliográfico, reencontrado en 1.985 en un reconocimiento sobre el D2. En ese centro clandestino fue prisionero y duramente golpeado y picaneado hasta el desmayo diez días consecutivos hasta su traslado a la Penitenciaría. Desde septiembre de 1.976 permaneció 3 años en el penal de La Plata y uno en Caseros, hasta 1.980.
Al ser de los primeros apresados por el plan de exterminio, Antolín tuvo conocimiento desde la Penitenciaria que Santiago Illia es desaparecido allí, que Miguel Ángel Gil llega muerto desde el D2 y que Sánchez Coronel fue visto en ese centro, con una pierna en muy mal estado.
El testimonio de Vicente despuntó nuevas aristas de la complicidad de la Justicia Federal con la represión y sus autores. También develó que en 1.975 el D2 ya se encargaba de esa represión, como lo prueban expedientes propios de Inteligencia: la orden de allanamiento sin fundar firmada por el ex juez Miret y ejecutada por el Jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo.
En el informe de Tamer Yapur, con una nómina de detenidos a octubre del 76, además de Antolín, figuran Blanco, García y Sánchez Coronel (como “fugado”).
La comprobación del “trabajo coordinado”: Miret lo allanó, lo indagó y fue su “defensor” ante el Juzgado Federal. Allí Antolín es condenado por el juez Guzzo a 8 años de prisión, con el aporte de Sánchez Camargo que declara “anormalidad en la forma de vida del detenido”. Además, quien pidió su procesamiento a la Justicia (y su traslado al director de la cárcel, Naman García),  fue la autoridad militar, Tamer Yapur. Desde entonces queda “a disposición del PEN”.

Antolín se definió como montonero con militancia gremial y política, en relación con los otros frentes, territorial y estudiantil. Los trabajadores bancarios adherían al frente sindical del Peronismo Auténtico. Por eso cree posible que estuvieran vigilados y “cercados” desde el mismo Banco, cuyo directorio, partícipe de una asamblea grande, estaba presidido por Octavio Persio. De allí la persecución, la tortura o el asesinato hacia otros delegados y gremialistas: Sabino Rosales (desaparecido), Blanco, Neglia, Ubertone, Velardinelli, Córdoba, Luna, Savone, Edesio Villegas, Rossi; y la reacción genocida contra la lucha de los trabajadores porque “el objetivo de toda esta generación de los 70 era la transformación social en serio, con la organización de los trabajadores y sus reivindicaciones, a diferencia de la burocracia sindical”.

Las últimas imágenes de Ricardo

Rosa Gómez, convocada inicialmente como “testigo general”, dio más precisiones sobre el secuestro de Ricardo Sánchez Coronel, padre de su hijo y pareja en aquel entonces. Víctima del plan que consistía en eliminar al objetivo y a todo lo que lo rodeaba, Rosa fue secuestrada el mismo día que su compañero, 1 de julio de 1976, y llevada al D2. Fue sometida también al mismo régimen de tortura, pero además por su condición de mujer sufrió sistemáticamente el ensañamiento impiadoso y revulsivo que practicaban con las detenidas.
La última vez que Rosa vio a Ricardo Sánchez fue en los pasillos del D2 cuando era conducido a una sesión de tortura, estaba con los ojos vendados y en condiciones extremas de deterioro. Su ausencia comenzó a sentirla a partir  del momento en que el agente Pablo Gutiérrez Araya, identificado como “pullover bordó”, le ordenó al detenido: “Sánchez, prepará tus monos que te vas”.
Entre las personas que la secuestraron reconoció a Manuel Bustos Medina, “Mechón blanco” agente del D2 señalado e identificado fotográficamente por numerosos testigos. Además de participar en las detenciones, Gómez señaló que este policía también participaba en las violaciones sexuales.
A raíz del relato de la testigo, la querella solicitó la “detención inmediata” del policía Pablo Gutiérrez Araya advirtiendo que existen pruebas suficientes que demuestran su participación en los actos de tortura. “Pullover bordó” será el tercer agente del D2 detenido en este juicio, en enero fueron apresados por su probada participación Julio Lapaz y Rubén González.