Audiencia del 2 de marzo

MEDH: INFORME SOBRE LA REPRESIÓN EN MENDOZA

El MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-, a través de Elba Morales,  aportó información general sobre la represión en Mendoza y específica de algunas causas que se tratarán en estos juicios. Fruto del trabajo de acopio de testimonios e investigación realizado durante décadas se permitió plantear hipótesis  e hizo sugerencias al Tribunal.

La integrante, junto a María del Carmen Gil (Pocha) Camín, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos brindó un exhaustivo y detallado testimonio que hizo un recorrido sobre varias aristas de la represión: su organización, centros de detención y operativos.

 

El esquema organizacional y centros clandestinos

El comando militar era quién tenía  decisión política, a través de un consejo conjunto de oficiales de distintas armas, con mayor incidencia del Ejército y la Aeronáutica. Todo el esquema represivo bajo el mando de las FFAA abarcaba: la Comunidad Informativa (servicios de inteligencia en función de la persecución y la represión, que según consta en indagatorias a Sánchez Camargo y Maradona estaba conformado por los servicios de inteligencia de las dos armas, de la policía Federal y de la policía provincial); el Comando de Operaciones Táctico –COT-(patota que efectuaba los operativos de detención y secuestro en la vía pública) y la conformación de los Consejos de Guerra. De este esquema, según Elba Morales, existen documentos probatorios en las causas del año 1.986.

A partir del 24 de marzo de 1.976 quedan establecidos tres centros clandestinos de detención –CCD-: el D 2, el Campo Las Lajas y la Colonia Papagayos. El D2 –Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza-  era el de mayor relevancia estratégica pues allí se registraba toda la información política. En sus dependencias había mesas de trabajo con ficheros de las actividades sindicales, estudiantiles y políticas. Información supervisada y utilizada por miembros de la Fuerza Aérea y la Federal.

El cuanto a Campo Las Lajas, fue localizado por el MEDH en 2.004 y más que un centro de detención se trató de uno de eliminación física y lugar de enterramiento. “Los que iban allí, iban para no volver.” Según el testimonio de un detenido junto a Mauricio López, recogido por el MEDH, se trataba de un lugar en el piedemonte con carpas para los militares y carpas para los torturados. Las Lajas se ajusta a las características de los centros clandestinos: inhóspito pero de fácil acceso desde la 4º Brigada Aérea, desde el D2 y comisarías hacia el Oeste y en camino a San Juan. En definitiva, un punto de convergencia para plan sistemático de desaparición de personas. Morales aprovechó para reclamar ante el Tribunal sobre la causa de Campo Las Lajas, de la cual el organismo es querellante, debido a que no avanza en su etapa investigativa. De este centro clandestino existen sólo dos sobrevivientes.

Otro CCD relevado por el MEDH fue la Colonia Papagayos. Se dio con él gracias a las entrevistas con los ex presos Puga y Sgroi,  a la declaración de un represor y a los relevamientos fotográficos. El MEDH estima que Papagayos se especializaba en la detención de mujeres y que el encargado era Rondinini, miembro del “sector calle” del D2.

“Es muy claro que la represión se ejerció contra grupos pertenecientes a determinadas corrientes políticas, desde antes del golpe”. Así Morales dio cuenta del modus operandi de los grupos de tareas, resaltando que en todos los casos la persecución no se ejercía sobre individuos aislados si no que se focalizaba grupalmente. Una vez detectado un grupo de militancia, se lo seguía, vigilaba, se establecían hábitos y vínculos para luego secuestrar a sus integrantes en apenas semanas.

Ordenamiento por operativos
Desde la perspectiva del MEDH es fundamental unificar los elementos de prueba para la investigación, desagregar ciertas causas y modificar abordajes. En ese sentido se permitió sugerir al Tribunal reencauzar las investigaciones por centros clandestinos, por fechas y grupos apuntados por la represión y por sus pertenencias militantes. En función de estas variables hizo un repaso de los operativos más significativos:
- Mayo de 1976: destinado a la desarticulación del PRT-ERP y la juventud guevarista. A través de operativos con zonas liberadas y razias en el área de Maipú y la ocupación de manzanas en el barrio Santa Ana, en pocos días fueron secuestrados los hermanos Talquenca, Edmundo Beliveau, Héctor Granic, Daniel Moyano, Virginia Suárez, Silvia Campos, Graciela Santamaría y Mario Santini.
-  Junio de 1976: Según el sumario nº 4 instruido en el D2, en el que están implicados los acusados Fernández y Smaha, se establecía la persecución del entorno de Montoneros con  dos objetivos, por un lado apresar a personas con diferente nivel de compromiso con esa organización, incluidos los sindicalistas de los Bancos de Mendoza y Previsión; por otro lado se propuso eliminar a la cúpula de Montoneros interrelacionando Mendoza con San Juan y San Luis.  Los operativos con este fin comenzaron con la desaparición de Jorge Vargas, se sucedieron entre el 12 y el 17 de junio y culminaron con el asesinato de  Paco Urondo. En este marco también fueron secuestrados otros cuadros de la organización como el matrimonio Olivera y fue asesinado Juan Carlos Charparín.
- Abril de 1977: en distintos operativos destinados a Montoneros caen 15 militantes asesinados o desaparecidos. Un importante grupo pertenecía a Las Heras, la Fuerza Aérea tuvo una participación destacada en estas acciones. Otro operativo resonante se desplegó sobre la calle Italia de Godoy Cruz, en el fue baleada Ana María Moral y dos NN, la mujer y uno de ellos fueron registrados en la morgue y enterrados en el cuadro 33 del cementerio de la Capital. En conexión con este episodio también  desaparece Gisela Tenembaum.Ç
- Mayo de 1978: Tras el escurridizo montonero Juan José Galamba, perseguido desde mayo del ’76, fueron secuestrados varios simpatizantes que lo habían albergado en su huida: Margarita Dolz, Raúl Oscar Gómez, Mario y Gustavo Camín, Daniel Romero y su hermano Juan Carlos, Víctor Hugo Herrera, Alberto Sosa e Isabel Membrive, quien había escapado de la redada en que fue ejecutado su esposo Juan Carlos Charparín, hasta que se culmina con la aprehensión de Galamba.

Presunciones del Medh

En el desarrollo de la exposición y las respuestas de  la testigo, quedaron flotando algunas hipótesis sobre la represión:
- Según el Medh, la suerte de los prisioneros habría sido decidida por los  consejos de guerra integrados por todas las fuerzas. Así como establecían las condenas para los presos también podrían decidir la eliminación de los secuestrados.
- Al establecerse la diferenciación en los operativos en tanto que algunas personas eran encapuchadas para que no reconocieran los lugares y a los intervinientes; en otros casos eran arrebatados en la noche a cara descubierta. Tal el caso de los hermanos Talquenca y Lidia De Marinis que salieron en paños menores  sin nada que les impidiera ver a sus secuestradores. En los casos que no tomaron recaudos, según la inferencia del MEDH,  ya estaba decidido de antemano que se los conducía a la muerte.
-  Las detenciones, desapariciones y/o asesinatos respondían a un cupo de procedimientos que debía cumplir cada zona y subzona, hipótesis sustentada por otros estudiosos del tema. En cumplimiento del cupo de eliminados en San Rafael, infirió la testigo, desaparecieron los cuatro jóvenes  Peronistas motivo del Juicio desarrollado este año en el sur mendocino.

Finalmente, Morales fue indagada sobre la responsabilidad de los imputados en estas causas. A lo largo de la declaración denunció a Eduardo Smaha y a Armando Fernández, enlaces de inteligencia,  implicados en varios operativos. Luego agregó que Tamer Yapur condujo y estuvo involucrado en la represión ilegal, incluso hay constancias firmadas por él que lo vinculan. Además, según el entender del MEDH, el Com. Luis Rodríguez era el tercero en jerarquía en el CCD D2, después de Juan Oyarzabal.

Elba Morales remarcó que siempre existió desde el poder judicial de Mendoza una fuerte protección sobre los militares denunciados e hizo algunas recomendaciones al Tribunal.

Audiencia del 17 de febrero

MONSEÑOR REY NO CREIBLE

Con tono convincente y enfático Mons. Rafael Rey dijo desconocer las detenciones ilegales y  torturas practicadas por las FFAA, precisamente, en la Compañía de Comunicaciones donde él oficiaba de capellán del Ejército. A pesar de contar con una función privilegiada dentro del Arzobispado de Mendoza negó tener trato  con los jefes del ejército imputados en  estas causas. Lamentó que la Conferencia Episcopal no se hubiera manifestado con mayor dureza con respecto al accionar de la Dictadura

  Rafael Eleuterio Rey (77 años), obispo emérito de Zárate-Campana, fue convocado para que testimonie en la Causa 001 que tiene como imputado a Luciano Benjamín Menéndez y en la 005 M que investiga la desaparición de los hermanos Talquenca.  En los años de la Dictadura, Rey se desempeñaba como Secretario en la Vicaría General del Arzobispado de Mendoza y era Capellán auxiliar de la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada de Montaña. Con un discurso ambiguo no aportó información alguna para estas causas  pero, a la vez, aseguró que la Iglesia debió ser más dura con el accionar de los militares

  Inteligente, sagaz y escurridizo comenzó relatando las gestiones realizadas  ante las máximas autoridades nacionales por la desaparición de 100 personas denunciadas por sus familiares ante el obispado.  Negó rotundamente que la Iglesia conociera las torturas y asesinatos que sucedían diariamente en su entorno y elogio la preocupación del cuestionado Obispo  Olimpo Maresma por los Desaparecidos.  Agregó que su función como Capellán era dar misa, catequesis y asistir  a los soldados. La situación se complicó para Mons. Rey cuando los abogados querellantes, Peñaloza,  Salinas y la Dra. Beigel, realizaron numerosas y agudas preguntas que dejaron al descubierto contradicciones y una cuadro de situación revelador. Así se supo que las capellanías forman parte del organigrama del Ejército y su función es asistir espiritualmente a sus miembros. Rey tenía el grado de capitán (dijo haberlo olvidado), se reportaba ante un  Mayor del Ejército, Jefe de la Compañía de Comunicaciones Nº 8 y recibía haberes por su función ejercida en plena “lucha antisubversiva” por lo que es imposible creer que desconocía la metodología de “eliminación del enemigo” enarbolada por las FFAA, más aún  cuando su función era de sostén espiritual de los soldados. Curiosamente,  no recordó el nombre de ninguno de sus Jefes en Comunicaciones y,  negó cercanía alguna con otros integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; en siete años de Dictadura, según sus palabras, solo compartió con ellas actos públicos: una misa, una oración por la Patria y eventos de esas características

 En relación al tipo de vínculo que tenía con los imputados en estas causas, dijo conocer de vista a Tamer Yapur, entonces 2do. Jefe del Ejército, por haber compartido algún “acto patrio o una misa”. Tampoco admitió conocer al Tte. Dardo Migno quien revistaba en su Compañía de Comunicaciones como figura reconocida en el equipo de torturadores. Cerró su declaración agradeciendo a Dios haber olvidado muchas cosas.

  Rafael Rey perteneció al grupo de los 27 que, en los ’60, se reveló contra el obispo Buteler pidiendo se apliquen las reformas del Concilio Vaticano II, de este núcleo surgió la corriente de sacerdotes de 3er. Mundo que conmovió a Mendoza.  Con estos antecedentes, en época de la Dictadura, los Familiares recurrían a Rey quien los escuchaba y atendía cordialmente.  Hoy es posible suponer que fue la cara buena y resultó absolutamente funcional al plan de exterminio. Lo cierto es que tanta desmemoria dispara  sospechas sobre Monseñor Rey

Audiencia del 15 de febrero

LA HORA DE LOS HERMANOS TALQUENCA

Se inició el debate de la causa por la Desaparición Forzada de los hermanos Julio y Hugo Talquenca.  Se escucharon los testimonios del padre, la hermana, un amigo de Julio y una vecina que presenció el secuestro.

  Con la lectura del Auto de Elevación a Juicio de la Causa 005 – M, en la fecha se inició el debate por las desapariciones de Julio Félix (23 años) y Hugo Alfredo Talquenca (21 años), secuestrados en su domicilio de Maipú el 14 de mayo de 1976.  El único imputado en esta causa es Tamer Yapur, en tanto autor mediato, por  privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado y  asociación ilícita, entre otros delitos.

  El primer testigo fue don Hugo Talquenca, de 82 años, padre de los jóvenes. Su declaración fue tomada en el viejo domicilio familiar y ofrecida por el Tribunal mediante el audio de una grabación que permitió desandar 35 años para recrear las escenas de aquel “fatal día”.

Talquenca hizo la revisión de las  gestiones realizadas para recuperar a sus hijos: tres o cuatro  Habeas Corpus; reiteradas entrevistas en el Comando de la 8va. Brigada; fue recibido por Monseñor Rey y hasta pagó para obtener información que nunca llegó; también fue partícipe activo en los organismos de DDHH.  En primer lugar se acercó a Familiares de Detenidos y Desparecidos por Razones Políticas y también caminó junto a Madres de Plaza de Mayo durante largos años.  En este marco, en 1978,  fue detenido y maltratado por personal del Ejército cuando la fuerza allanó un  pequeño local en el que se reunían los Familiares con la intención de intimidar a quienes buscaban a sus desaparecidos.

  En su declaración, el padre afirmó que su hijo Hugo Alfredo “era político” pero que Julio no participaba de esas actividades. Además confirmó que Hugo(h) era amigo de Luis Bustamante, Héctor Granic y Virginia Suarez, secuestrados simultáneamente, todos desaparecidos. En este marco, la querella apuntó se considere  que en mayo de 1976, se instrumentó un plan específico para  desbaratar a la Juventud Guevarista local mediante la seguidilla de  detenciones y/o asesinatos de miembros de esa agrupación registrados en fechas próximas

Los allegados ampliaron la información

  Por la tarde testimoniaron Luis Eduardo Figueroa, Nélida Pínfari y Patricia Talquenca. Todos ellos hicieron una reconstrucción de lo que vivieron la madrugada del 14 de mayo de 1976 con motivo del violento mega operativo vivido en Gutiérrez. Los tres coincidieron en que fue personal del ejército, por la ropa y los vehículos en que se manejaban. Por otro lado, señalaron que las declaraciones realizadas por ellos, en 1986, ante el juez Troncoso, en la sede del Comando de la 8va. Brigada se hicieron en un clima intimidador.

Luis Figueroa, era por aquel entonces vecino y amigo personal de Julio, el mayor de los hermanos. Según sus relatos mantenía una amistad muy cercana con este muchacho que al igual que su padre tenía cómo oficio la albañilería y, según sostuvo, no mantenía ningún tipo de actividad política. A Hugo(h), expresó, lo conocía menos. No obstante podía asegurar que  era “trabajador y humilde”. El secuestro lo dejó perplejo y con mucho temor como a todos los que los conocían.

Nélida Pínfari, vivía enfrente de la casa de los Talquenca, aquella madrugada del secuestro observó todo desde una ventana de su casa. No se atrevió a salir por temor a que le sucediera algo a ella o a su familia. Comprobó el despliegue de vehículos, reflectores y tropa en un operativo de ribetes espectaculares. “Tenía miedo por mis hijas, tenía miedo que estos hombre se vengaran por haber sido testigo” dijo.

Patricia Talquenca tenía 13 años cuando se llevaron a sus hermanos. Recordó que la despertaron los gritos desesperados de su madre pidiendo por sus hijos.  De sus hermanos, contó que trabajaban junto a su padre como albañiles, su hermano Julio estaba a punto de casarse y que Hugo estaba en el último año de secundaria. De este último también confirmó que “tenía ideas socialistas”, “pretendía la igualdad entre todos” y que mantenía actividades políticas. “En mi casa la vida nunca fue igual hasta el día de hoy” dijo sin consuelo la mujer.

Audiencia 2 de febrero

Detalles reveladores en la palabra de MORAN

Rafael Morán era Jefe de la Sección Policiales del Diario Los Andes a la hora de su detención el 24 de marzo de 1976. Su labor le permitió  informarse de qué modo y quiénes actuaron en plena etapa represiva. Lo rico de su testimonio fue el relato de varias anécdotas que pintan de cuerpo entero la arbitrariedad y corrupción puesta en marcha en aquella etapa. El abogado Herrero fue expulsado por el Tribunal.

El periodista apresado el día del golpe salió el 5 de agosto del mismo año. En esos cuatro meses pasó por el Liceo y los barracones de la Compañía de Comunicaciones; compartió cautiverio con las personalidades alojados en esos centros. Obra de la arbitrariedad estuvo simultáneamente en libertad y detenido a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional, desde agosto hasta el 22 de diciembre del ’76, fecha del cese del decreto del PEN. “Estuve detenido sin estar” –dijo. En una pose, con arresto  justiciero, Tamer Yapur tomó la decisión de liberarlo mientras que en la letra del Decreto  estaba preso. Debido a esta irregularidad Los Andes se excusó de reincorporarlo.

En las dependencias mencionadas, Morán fue sometido a tres interrogatorios en los que le preguntaban, casi exclusivamente por Antonio Di Benedetto, subdirector  del Diario Los Andes. “Eran preguntas tontas, de gente con gran desconocimiento” dijo. Presumían que por sus escritos Di Benedetto era ideólogo del ERP cuando en realidad era un cultor del preciosismo en el lenguaje y sus obras carecían de intencionalidad política o compromiso social, aseguró. Sin embargo estaban ensañados con Di Benedetto. Por otro lado recordó que al tomar el Ejército el mando operacional de todas las fuerzas, el personal del diario fue advertido que clausurarían el periódico y detendrían a los periodistas si publicaban temas referidos a la represión; pero de a poco fueron negándose a la censura e incluyendo pequeñas denuncias con la anuencia de Di Benedetto.
Contó varias anécdotas pintorescas, así evocó la reacción de un militar que ante el reclamo de los golpes que sufrían algunos detenidos respondió altivo: “El ejército mata o detiene pero no tortura”, lo curioso fue que años después lo encontró organizando el recital de Sting por los Derechos Humanos en condición de funcionario del gobierno de Bordón, se trata del Capitán Rubén González Viescas. Hizo referencia, también, a personajes reciclados que circulan por las calles de Mendoza: Enrique Gómez Saá, perteneciente al cuerpo de represores en el área de Inteligencia, vive en pleno centro y hoy es miembro de una empresa de seguridad privada. Asimismo resaltó los episodios de latrocinio y corrupción que pudo constatar.

En su entender, había “condenas secretas” decididas por la Comunidad Informativa, un cuerpo integrado por miembros de todas las dependencias militares y policiales con asiento en Mendoza que decidían en forma conjunta  las operaciones a realizar, personas a detener y/o desaparecer. Él cayó en desgracia, dijo, por “ser funcional a la subversión” según los criterios de la Comunidad.


Al inicio de esta Audiencia, el Tribunal expulsó a Alejandro Herrero, abogado del ex Comisario Luis Rodríguez, por inconducta ya que en la audiencia pasada se retiró dejando sin defensa a su cliente imputado en estas Causas.

Audiencia del 27 de enero

CAUSA MORGANTE POR PRIVACION DE LA LIBERTAD

Con una Causa por “privación ilegítima de la libertad” se inició en la fecha el tratamiento en sí de la primera de 19 causas que se ventilarán en estos Juicios. Gerónimo Morgante compareció ante el tribunal para relatar las arbitrariedades de las que fue objeto: sin proceso judicial ni consejo de guerra permaneció más de dos años preso. En el marco de esta Causa también declaró el abogado Héctor Chávez  quien denunció la colaboración de los Magistrados con el terrorismo de Estado.

Diputado provincial en los ‘60, funcionario del gobierno de Martínez Baca e impulsor del Peronismo Auténtico, Gerónimo Morgante cayó en desgracia pocos días después del golpe, el 30 de marzo,  cuando fue detenido, trasladado al D2, de allí a la Penitenciaria y finalmente a la U 9 de La Plata.  En su periplo estuvo dos meses preso sin ninguna formalidad hasta que en junio de 1976, mediante decreto, lo pusieron a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional –PEN- ; en estos casos los detenidos solían solicitar la opción para salir del país, sin embargo Morgante no lo hizo. Un año después conoció el decreto de cese a Disposición del PEN pero no recuperó la libertad, siguió preso sin siquiera pasar por la farsa de los Consejos de Guerra ni tuvo contacto con ninguna instancia judicial: fiscal, juez o defensor. El 2 de julio de 1978 recuperó su libertad como una gracia emanada de Gral. Saa.

Con un lenguaje llano y espontáneo Morgante hizo una ferviente defensa del peronismo relató, al pasar, su experiencia de militancia dentro de la tendencia. Tomó distancia de la formación de izquierda diciendo “en mi re vinagre vida leí el marxismo”, sobre el que solían preguntarle. Sin embargo, cuando el fiscal Vega desestimo  la caracterización de “montonero” obrante en algunos documentos policiales. El ex funcionario  aclaró “No éramos carmelitas descalzas”,  y reconoció las conexiones de la “gente del Auténtico” con aquella organización.

El único imputado en esta causa es Tamer Yapur quien se encuentra con  parte de enfermo, por lo que el espacio destinado a los acusados permaneció vacio.

Chávez preso gracias a la colaboración de los jueces

En el marco de la causa Gerónimo Morgante, declaró Rosendo Héctor Chávez, un abogado de alvearense que en 1976 figuraba como el apoderado del Partido Peronista Auténtico, esto le costó, al igual que a Morgante una insufrible estadía por distintos establecimientos carcelarios.

El testigo expresó que formó parte de un grupo de detenidos que por su condición de dirigentes políticos padecieron castigos extraordinarios.

Fue sometido a Consejo de Guerra, pero este se declaró incompetente; la pena a seis años de prisión por “atentado contra la democracia” le fue asignada 3 años después de que lo detuvieran y en pleno gobierno de facto. Dicha sentencia lleva la firma de Otilio Roque Romano que en ese momento oficiaba de secretario del Juzgado del cual era titular el juez Gabriel Guzzo. Las irregularidades de los jueces fueron remarcadas reiteradas veces en las declaraciones del testigo, “nadie puede creer con el nivel de impunidad con el que se manejaban” expresó. En tanto señaló que lo paradójico es que el propio Guzzo fuera juez durante un gobierno democrático.

Al igual que Morgante el abogado Chávez manifestó cada una de las aberraciones en las que incurrió el cuerpo de magistrados que colaboró con la dictadura. “Lo grave y lo que quiero señalar es que las barbaridades que cometieron los militares, al igual que el proceso de desmemoria, no hubiese sido posible sin la colaboración de civiles y en especial de los jueces”.

Audiencia del 20 de enero

ALLEGRINI Y LUCERO: SIN EXPLICACIONES

Nélida Lucía Allegrini y Pedro Tránsito Lucero, Jefe de Noticias del diario Los Andes a la hora del golpe, fueron detenidos en 1976; ambos vivieron como inexplicables sus respectivos cautiverios.  Ella estuvo sometida a Consejo de Guerra; en tanto que Lucero salió en libertad en la Nochebuena del ‘76  no sin antes escuchar de boca  Tamer Yapur que nunca más ejercería el periodismo. Así fue.

Un grupo de extraños llegó al domicilio de Lucía Allegrini el 10 de mayo en busca de su esposo Víctor Manuel Sabatini e inmediatamente se lo llevaron; ella quedo encerrada un día en su propio domicilio junto con sus dos hijitos, vigilados por la patota, hasta que decidieron detenerla a ella también. La testigo afirmó que robaron  bienes de valor y se llevaron hasta un secador de pelo y la pileta de lona de los niños. Su primer destino fue el D2 donde permaneció un mes; allí recibió los castigos y tormentos característicos de ese CCD, luego pasó a la Comisaría 33 de Las Heras y de allí a Devoto.

También  confirmó  que en el mismo operativo, en su propia casa,  fue detenido el Desaparecido Jorge Daniel Moyano. En esos días se realizaron procedimientos contra personas próximas al Partido Revolucionario de los Trabajadores.  Allegrini aclaró que no tenía pertenencia política, sin embargo quedó sometida a Consejo de Guerra junto con ellas; cumplida la farsa del juicio militar se le aplicó una condena de tres años y seis meses por Incitación a la violencia y encubrimiento en calidad de partícipe secundaria  Para mayor dolor, mientras se hallaba en el penal de Devoto falleció, en un accidente, su hijito de 8 años. 

Le fueron exhibidas las fotos del D2, lo que le permitió reconocer a cuatro represores que prestaban servicios en ese CCD

Lucía volvió a Mendoza al despuntar 1980  pero nunca regresó a su casa porque en ese lugar, según sus palabras le “reventaron la vida”.

APLAUSOS PARA LA JUSTICIA

El Cnel. Lucero, interventor de Mendoza a la hora del golpe,  fue demorado el mismo 24 de marzo; esa misma madrugada su hijo Pedro fue detenido junto a su esposa cuando se desempeñaba como Jefe de Noticias del diario Los Andes y trabajaba, también, para  La Nación de Buenos Aires. Padre e hijo fueron a parar al Liceo Militar; un mes después, el periodista arribó a la Penitenciaria Provincial junto con su colega Antonio Di Benedetto.

En un  estilo pintoresco, Pedro Tránsito Lucero contó el talante y reacciones del Vicecomodoro Santuccione, entonces Jefe de Policía, y dijo del comportamiento arbitrario de la cúpula del Ejército para con los ciudadanos caídos en desgracia. Hizo críticas puntuales al Gral. Maradona quien obraba con enemistad hacia su familia. Además aclaró  cómo se tejían las relaciones entre el diario y los servicios de inteligencia.  El Oficial de Aeronáutica Pagela  se dedicaba a recoger la información,  Gómez Saha y a dos capitanes  del Ejército rondaban en busca de datos. Entre otras cosas, solicitaban fotos de las manifestaciones, con distinta suerte. 

Ofreció su versión de la detención de Bonardell, también periodista de Los Andes y recordó las situaciones compartidas con sus colegas Moran y Di Bendetto.  Tal como se  lo anunciara Tamer Yapur el día que salió en libertad, no consiguió regresar a su puesto porque Los Andes lo  dejó cesante con el argumento de haber incurrido en “actividades incompatible con la función del periodista”. A raíz de un juicio laboral consiguió ser indemnizado.

Antes de proceder al reconocimiento fotográfico, Lucero de 84 años, entre  lágrimas ofreció un sentido aplauso al Tribunal en tanto, según él,  simboliza la restitución de la Justicia.