Audiencia del 2 de marzo

MEDH: INFORME SOBRE LA REPRESIÓN EN MENDOZA

El MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-, a través de Elba Morales,  aportó información general sobre la represión en Mendoza y específica de algunas causas que se tratarán en estos juicios. Fruto del trabajo de acopio de testimonios e investigación realizado durante décadas se permitió plantear hipótesis  e hizo sugerencias al Tribunal.

La integrante, junto a María del Carmen Gil (Pocha) Camín, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos brindó un exhaustivo y detallado testimonio que hizo un recorrido sobre varias aristas de la represión: su organización, centros de detención y operativos.

 

El esquema organizacional y centros clandestinos

El comando militar era quién tenía  decisión política, a través de un consejo conjunto de oficiales de distintas armas, con mayor incidencia del Ejército y la Aeronáutica. Todo el esquema represivo bajo el mando de las FFAA abarcaba: la Comunidad Informativa (servicios de inteligencia en función de la persecución y la represión, que según consta en indagatorias a Sánchez Camargo y Maradona estaba conformado por los servicios de inteligencia de las dos armas, de la policía Federal y de la policía provincial); el Comando de Operaciones Táctico –COT-(patota que efectuaba los operativos de detención y secuestro en la vía pública) y la conformación de los Consejos de Guerra. De este esquema, según Elba Morales, existen documentos probatorios en las causas del año 1.986.

A partir del 24 de marzo de 1.976 quedan establecidos tres centros clandestinos de detención –CCD-: el D 2, el Campo Las Lajas y la Colonia Papagayos. El D2 –Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza-  era el de mayor relevancia estratégica pues allí se registraba toda la información política. En sus dependencias había mesas de trabajo con ficheros de las actividades sindicales, estudiantiles y políticas. Información supervisada y utilizada por miembros de la Fuerza Aérea y la Federal.

El cuanto a Campo Las Lajas, fue localizado por el MEDH en 2.004 y más que un centro de detención se trató de uno de eliminación física y lugar de enterramiento. “Los que iban allí, iban para no volver.” Según el testimonio de un detenido junto a Mauricio López, recogido por el MEDH, se trataba de un lugar en el piedemonte con carpas para los militares y carpas para los torturados. Las Lajas se ajusta a las características de los centros clandestinos: inhóspito pero de fácil acceso desde la 4º Brigada Aérea, desde el D2 y comisarías hacia el Oeste y en camino a San Juan. En definitiva, un punto de convergencia para plan sistemático de desaparición de personas. Morales aprovechó para reclamar ante el Tribunal sobre la causa de Campo Las Lajas, de la cual el organismo es querellante, debido a que no avanza en su etapa investigativa. De este centro clandestino existen sólo dos sobrevivientes.

Otro CCD relevado por el MEDH fue la Colonia Papagayos. Se dio con él gracias a las entrevistas con los ex presos Puga y Sgroi,  a la declaración de un represor y a los relevamientos fotográficos. El MEDH estima que Papagayos se especializaba en la detención de mujeres y que el encargado era Rondinini, miembro del “sector calle” del D2.

“Es muy claro que la represión se ejerció contra grupos pertenecientes a determinadas corrientes políticas, desde antes del golpe”. Así Morales dio cuenta del modus operandi de los grupos de tareas, resaltando que en todos los casos la persecución no se ejercía sobre individuos aislados si no que se focalizaba grupalmente. Una vez detectado un grupo de militancia, se lo seguía, vigilaba, se establecían hábitos y vínculos para luego secuestrar a sus integrantes en apenas semanas.

Ordenamiento por operativos
Desde la perspectiva del MEDH es fundamental unificar los elementos de prueba para la investigación, desagregar ciertas causas y modificar abordajes. En ese sentido se permitió sugerir al Tribunal reencauzar las investigaciones por centros clandestinos, por fechas y grupos apuntados por la represión y por sus pertenencias militantes. En función de estas variables hizo un repaso de los operativos más significativos:
- Mayo de 1976: destinado a la desarticulación del PRT-ERP y la juventud guevarista. A través de operativos con zonas liberadas y razias en el área de Maipú y la ocupación de manzanas en el barrio Santa Ana, en pocos días fueron secuestrados los hermanos Talquenca, Edmundo Beliveau, Héctor Granic, Daniel Moyano, Virginia Suárez, Silvia Campos, Graciela Santamaría y Mario Santini.
-  Junio de 1976: Según el sumario nº 4 instruido en el D2, en el que están implicados los acusados Fernández y Smaha, se establecía la persecución del entorno de Montoneros con  dos objetivos, por un lado apresar a personas con diferente nivel de compromiso con esa organización, incluidos los sindicalistas de los Bancos de Mendoza y Previsión; por otro lado se propuso eliminar a la cúpula de Montoneros interrelacionando Mendoza con San Juan y San Luis.  Los operativos con este fin comenzaron con la desaparición de Jorge Vargas, se sucedieron entre el 12 y el 17 de junio y culminaron con el asesinato de  Paco Urondo. En este marco también fueron secuestrados otros cuadros de la organización como el matrimonio Olivera y fue asesinado Juan Carlos Charparín.
- Abril de 1977: en distintos operativos destinados a Montoneros caen 15 militantes asesinados o desaparecidos. Un importante grupo pertenecía a Las Heras, la Fuerza Aérea tuvo una participación destacada en estas acciones. Otro operativo resonante se desplegó sobre la calle Italia de Godoy Cruz, en el fue baleada Ana María Moral y dos NN, la mujer y uno de ellos fueron registrados en la morgue y enterrados en el cuadro 33 del cementerio de la Capital. En conexión con este episodio también  desaparece Gisela Tenembaum.Ç
- Mayo de 1978: Tras el escurridizo montonero Juan José Galamba, perseguido desde mayo del ’76, fueron secuestrados varios simpatizantes que lo habían albergado en su huida: Margarita Dolz, Raúl Oscar Gómez, Mario y Gustavo Camín, Daniel Romero y su hermano Juan Carlos, Víctor Hugo Herrera, Alberto Sosa e Isabel Membrive, quien había escapado de la redada en que fue ejecutado su esposo Juan Carlos Charparín, hasta que se culmina con la aprehensión de Galamba.

Presunciones del Medh

En el desarrollo de la exposición y las respuestas de  la testigo, quedaron flotando algunas hipótesis sobre la represión:
- Según el Medh, la suerte de los prisioneros habría sido decidida por los  consejos de guerra integrados por todas las fuerzas. Así como establecían las condenas para los presos también podrían decidir la eliminación de los secuestrados.
- Al establecerse la diferenciación en los operativos en tanto que algunas personas eran encapuchadas para que no reconocieran los lugares y a los intervinientes; en otros casos eran arrebatados en la noche a cara descubierta. Tal el caso de los hermanos Talquenca y Lidia De Marinis que salieron en paños menores  sin nada que les impidiera ver a sus secuestradores. En los casos que no tomaron recaudos, según la inferencia del MEDH,  ya estaba decidido de antemano que se los conducía a la muerte.
-  Las detenciones, desapariciones y/o asesinatos respondían a un cupo de procedimientos que debía cumplir cada zona y subzona, hipótesis sustentada por otros estudiosos del tema. En cumplimiento del cupo de eliminados en San Rafael, infirió la testigo, desaparecieron los cuatro jóvenes  Peronistas motivo del Juicio desarrollado este año en el sur mendocino.

Finalmente, Morales fue indagada sobre la responsabilidad de los imputados en estas causas. A lo largo de la declaración denunció a Eduardo Smaha y a Armando Fernández, enlaces de inteligencia,  implicados en varios operativos. Luego agregó que Tamer Yapur condujo y estuvo involucrado en la represión ilegal, incluso hay constancias firmadas por él que lo vinculan. Además, según el entender del MEDH, el Com. Luis Rodríguez era el tercero en jerarquía en el CCD D2, después de Juan Oyarzabal.

Elba Morales remarcó que siempre existió desde el poder judicial de Mendoza una fuerte protección sobre los militares denunciados e hizo algunas recomendaciones al Tribunal.

Audiencia del 1ero. de marzo

SAVONE Y ABALO TESTIGOS DE CONTEXTO

Antonio Savone secuestrado, detenido y expulsado del país durante la dictadura permaneció casi tres meses en el D2, confirmó datos proporcionados por otros testigos y rescató la entereza de sus compañeros para encarar el cautiverio. Ramón Abalo testigo y protagonista de la resistencia a las últimas dictaduras reveló la complicidad de los civiles.

Empresario metalúrgico y simpatizante del peronismo, Savone fue secuestrado el 14 de junio de 1976 y alojado en el D2 durante 112 días, según sus precisiones.  De allí fue trasladado a una celda de castigo en la Penitenciaría para otros 63 días en soledad.

Pasó por un  consejo de guerra pero el tribunal militar se declaró incompetente y giró su caso a la justicia federal. Por medio de la fiscalía, el testigo recién se enteró que cuando fue llevado a Tribunales, el 1ero de agosto de 1977, el juez Guzzo le había otorgado la libertad, sin embargo  permaneció detenido a Disposición del P.E.N. hasta noviembre de 1977 cuando fue expulsado a Italia.

Savone  presume que el motivo de su detención fue por fabricar una camioneta con doble techo encargada por amigos de Edesio Villegas, hoy Desaparecido.

De su paso por el D 2 recordó figuras denunciadas anteriormente; a través de su mirilla pudo observar las vejaciones sexuales a las que era sometida, permanentemente, Rosa Gómez.  Escuchó los lamentos de Jorge Vargas, hoy desaparecido y también ratificó el carácter de torturador del penitenciario Bonafede.

Además, exaltó los gestos de dignidad y la relación solidaria entre los presos políticos;  los casi seis meses de aislamiento le provocaron tanto o más sufrimiento que las golpizas,  de modo que  ya en la cárcel con “el calor humano de los otros prisioneros fue como empezar a vivir” aseguró

El “Negro” Abalo habló de las complicidades civiles

Ramón Abalo militó en distintas organizaciones de izquierda a lo largo de su generosa vida. Hoy es miembro de la Liga por los Derechos del Hombre y activo militante por la memoria y justicia encarada por los organismos de DD HH.  Extraídos de un libro de su autoría: “El terrorismo de Estado en Mendoza” proporcionó datos de la magnitud de la represión a nivel local

Hizo hincapié en el compromiso del Partido Demócrata con la Dictadura hasta el punto de entregar el gobierno a uno de los suyos: Bonifacio Cejuela, acompañado por otros miembros de esa corriente que aún hoy lucen en el candelero político. Destacó el patrocinio del empresariado al gobierno militar a través de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y la complicidad de la Iglesia que en su momento encubrió y permanece en la misma actitud a pesar de haber tenido  la oportunidad, a través de Mons. Rey, de revelar lo que mucho saben sobre los delitos cometidos;  sin embargo el prelado en su reciente testimonio optó por el silencio y el no recuerdo.

Fiel a su estilo el, “Negro Abalo” fue directo. Dedicó un espacio a sus colegas periodistas abocados a “buchonear” a quienes se oponían a los militares y proporcionó los nombres de quienes desde distintas funciones: académicas, políticas, eclesiásticas y empresariales aportaron al sostén de la Dictadura.

Audiencia del 27 de enero

CAUSA MORGANTE POR PRIVACION DE LA LIBERTAD

Con una Causa por “privación ilegítima de la libertad” se inició en la fecha el tratamiento en sí de la primera de 19 causas que se ventilarán en estos Juicios. Gerónimo Morgante compareció ante el tribunal para relatar las arbitrariedades de las que fue objeto: sin proceso judicial ni consejo de guerra permaneció más de dos años preso. En el marco de esta Causa también declaró el abogado Héctor Chávez  quien denunció la colaboración de los Magistrados con el terrorismo de Estado.

Diputado provincial en los ‘60, funcionario del gobierno de Martínez Baca e impulsor del Peronismo Auténtico, Gerónimo Morgante cayó en desgracia pocos días después del golpe, el 30 de marzo,  cuando fue detenido, trasladado al D2, de allí a la Penitenciaria y finalmente a la U 9 de La Plata.  En su periplo estuvo dos meses preso sin ninguna formalidad hasta que en junio de 1976, mediante decreto, lo pusieron a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional –PEN- ; en estos casos los detenidos solían solicitar la opción para salir del país, sin embargo Morgante no lo hizo. Un año después conoció el decreto de cese a Disposición del PEN pero no recuperó la libertad, siguió preso sin siquiera pasar por la farsa de los Consejos de Guerra ni tuvo contacto con ninguna instancia judicial: fiscal, juez o defensor. El 2 de julio de 1978 recuperó su libertad como una gracia emanada de Gral. Saa.

Con un lenguaje llano y espontáneo Morgante hizo una ferviente defensa del peronismo relató, al pasar, su experiencia de militancia dentro de la tendencia. Tomó distancia de la formación de izquierda diciendo “en mi re vinagre vida leí el marxismo”, sobre el que solían preguntarle. Sin embargo, cuando el fiscal Vega desestimo  la caracterización de “montonero” obrante en algunos documentos policiales. El ex funcionario  aclaró “No éramos carmelitas descalzas”,  y reconoció las conexiones de la “gente del Auténtico” con aquella organización.

El único imputado en esta causa es Tamer Yapur quien se encuentra con  parte de enfermo, por lo que el espacio destinado a los acusados permaneció vacio.

Chávez preso gracias a la colaboración de los jueces

En el marco de la causa Gerónimo Morgante, declaró Rosendo Héctor Chávez, un abogado de alvearense que en 1976 figuraba como el apoderado del Partido Peronista Auténtico, esto le costó, al igual que a Morgante una insufrible estadía por distintos establecimientos carcelarios.

El testigo expresó que formó parte de un grupo de detenidos que por su condición de dirigentes políticos padecieron castigos extraordinarios.

Fue sometido a Consejo de Guerra, pero este se declaró incompetente; la pena a seis años de prisión por “atentado contra la democracia” le fue asignada 3 años después de que lo detuvieran y en pleno gobierno de facto. Dicha sentencia lleva la firma de Otilio Roque Romano que en ese momento oficiaba de secretario del Juzgado del cual era titular el juez Gabriel Guzzo. Las irregularidades de los jueces fueron remarcadas reiteradas veces en las declaraciones del testigo, “nadie puede creer con el nivel de impunidad con el que se manejaban” expresó. En tanto señaló que lo paradójico es que el propio Guzzo fuera juez durante un gobierno democrático.

Al igual que Morgante el abogado Chávez manifestó cada una de las aberraciones en las que incurrió el cuerpo de magistrados que colaboró con la dictadura. “Lo grave y lo que quiero señalar es que las barbaridades que cometieron los militares, al igual que el proceso de desmemoria, no hubiese sido posible sin la colaboración de civiles y en especial de los jueces”.

Audiencia del 20 de enero

ALLEGRINI Y LUCERO: SIN EXPLICACIONES

Nélida Lucía Allegrini y Pedro Tránsito Lucero, Jefe de Noticias del diario Los Andes a la hora del golpe, fueron detenidos en 1976; ambos vivieron como inexplicables sus respectivos cautiverios.  Ella estuvo sometida a Consejo de Guerra; en tanto que Lucero salió en libertad en la Nochebuena del ‘76  no sin antes escuchar de boca  Tamer Yapur que nunca más ejercería el periodismo. Así fue.

Un grupo de extraños llegó al domicilio de Lucía Allegrini el 10 de mayo en busca de su esposo Víctor Manuel Sabatini e inmediatamente se lo llevaron; ella quedo encerrada un día en su propio domicilio junto con sus dos hijitos, vigilados por la patota, hasta que decidieron detenerla a ella también. La testigo afirmó que robaron  bienes de valor y se llevaron hasta un secador de pelo y la pileta de lona de los niños. Su primer destino fue el D2 donde permaneció un mes; allí recibió los castigos y tormentos característicos de ese CCD, luego pasó a la Comisaría 33 de Las Heras y de allí a Devoto.

También  confirmó  que en el mismo operativo, en su propia casa,  fue detenido el Desaparecido Jorge Daniel Moyano. En esos días se realizaron procedimientos contra personas próximas al Partido Revolucionario de los Trabajadores.  Allegrini aclaró que no tenía pertenencia política, sin embargo quedó sometida a Consejo de Guerra junto con ellas; cumplida la farsa del juicio militar se le aplicó una condena de tres años y seis meses por Incitación a la violencia y encubrimiento en calidad de partícipe secundaria  Para mayor dolor, mientras se hallaba en el penal de Devoto falleció, en un accidente, su hijito de 8 años. 

Le fueron exhibidas las fotos del D2, lo que le permitió reconocer a cuatro represores que prestaban servicios en ese CCD

Lucía volvió a Mendoza al despuntar 1980  pero nunca regresó a su casa porque en ese lugar, según sus palabras le “reventaron la vida”.

APLAUSOS PARA LA JUSTICIA

El Cnel. Lucero, interventor de Mendoza a la hora del golpe,  fue demorado el mismo 24 de marzo; esa misma madrugada su hijo Pedro fue detenido junto a su esposa cuando se desempeñaba como Jefe de Noticias del diario Los Andes y trabajaba, también, para  La Nación de Buenos Aires. Padre e hijo fueron a parar al Liceo Militar; un mes después, el periodista arribó a la Penitenciaria Provincial junto con su colega Antonio Di Benedetto.

En un  estilo pintoresco, Pedro Tránsito Lucero contó el talante y reacciones del Vicecomodoro Santuccione, entonces Jefe de Policía, y dijo del comportamiento arbitrario de la cúpula del Ejército para con los ciudadanos caídos en desgracia. Hizo críticas puntuales al Gral. Maradona quien obraba con enemistad hacia su familia. Además aclaró  cómo se tejían las relaciones entre el diario y los servicios de inteligencia.  El Oficial de Aeronáutica Pagela  se dedicaba a recoger la información,  Gómez Saha y a dos capitanes  del Ejército rondaban en busca de datos. Entre otras cosas, solicitaban fotos de las manifestaciones, con distinta suerte. 

Ofreció su versión de la detención de Bonardell, también periodista de Los Andes y recordó las situaciones compartidas con sus colegas Moran y Di Bendetto.  Tal como se  lo anunciara Tamer Yapur el día que salió en libertad, no consiguió regresar a su puesto porque Los Andes lo  dejó cesante con el argumento de haber incurrido en “actividades incompatible con la función del periodista”. A raíz de un juicio laboral consiguió ser indemnizado.

Antes de proceder al reconocimiento fotográfico, Lucero de 84 años, entre  lágrimas ofreció un sentido aplauso al Tribunal en tanto, según él,  simboliza la restitución de la Justicia.

Audiencia del 10 de enero

Reinicio de las audiencias con la declaración de Rodrigo Sepúlveda y Eugenio París. Nuevos pedidos de compulsa

En esta primera jornada de 2011 brindó sus testimonios, en calidad de testigo general, Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista del medio destacado por su compromiso y su tarea de investigación sobre el funcionamiento del terrorismo de estado en la provincia. La convocatoria fue a pedido de la fiscalía y en virtud del documental “D2: Centro Clandestino de Detención” que realizó junto a Fernanda Santo y que fue presentado en 2001.

Luego de dos semanas de receso el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza puso en marcha el juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la capital de la provincia. El juicio arrancó con un imputado menos porque durante el periodo de interrupción murió sin condena el ex general de Brigada Juan Pablo Saá.

Sepúlveda, aclaró que el audiovisual tiene como soporte una investigación que tuvo como resultado la configuración de un esquema que dilucida cómo estaba compuesto y cómo operaba el aparato represivo que se instaló en la provincia entre el 1975 y 1983. También explicó que todo el trabajo está basado en un entrecruzamiento de documentos oficiales, testimonios de las víctimas y familiares, y confesiones de personas que actuaron dentro de las fuerzas represivas.

La declaración estuvo basada en explicar las conclusiones a las que arribó en la investigación  entre ellas la más relevante: el funcionamiento íntegro de una estructura que no sólo estaba compuesta sólo por policías y militares sino que registraba entre sus filas a médicos, jueces, curas, etc. Haciendo referencia al centro de operaciones D2 afirmó “no hay manera de que en una institución de esas característica alguien quede exceptuado. Es evidente que esto no fue obra de unas pocas personas” sentenció.

En este sentido remarcó la colaboración de los médicos, los cuales según han manifestado todas las personas que pasaron por el D2, participaban en las sesiones de torturas. De acuerdo con la investigación, explicó Sepúlveda, en ese departamento trabajaban al menos 13 profesionales de la salud que hasta el momento no han sido señalados por la justicia, entre ellos Ibrahim Prieto, Miguel Apolinares y Jorge Bajuk Radej que se desempeña actualmente en la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo.

Sepúlveda manifestó tener conocimiento de numerosos casos entre ellos los detalles del secuestro y fusilamiento de Víctor Romano Rivamar, militante montonero desaparecido. Sobre este punto afirmó que fue un ex agente de la Policía la Federal, Cirella Paredes, quién le aseguró que entre los autores del crimen se encontraba Eduardo Smaha Borsuk y a Alberto Rodríguez Vásquez ambos imputados en estos juicios.

Los aportes del licenciado en Comunicación Social Rodrigo Sepúlveda, cobraron ayer relevancia para la justicia, sus investigaciones se encaminan brindar datos y testimonios que todos estos años fueron desoídos y ocultados de forma grosera por la Justicia local. Como cierre el periodista agradeció la oportunidad de haber participado como testigo y se esperanzó de que la puesta en marcha de los juicio por delitos de lesa humanidad aliente y de las garantías para sacar el velo de esa maquinaria asesina que como remarcó reiteradas veces en su declaración trascendió ampliamente las fuerzas de seguridad.

 

Eugenio París pasó casi 8 años en prisión por formar parte de una agrupación política. Al igual que mucho de los detenidos hizo un peregrinaje insufrible por varias cárceles del país, sin embargo en ninguna de ellas fue agraviado como en el D2.

Con lenguaje llano y sin perder tiempo en eufemismo, Eugenio París contó su experiencia durante los años en los que la represión pasó a ser la herramienta fundamental del plan siniestro que comandaron las fuerzas armadas.

El 13 de mayo de 1976 Eugenio París fue secuestrado de su lugar de trabajo por una patota de policías entre los que se encontraba, según precisó, Celustiano Lucero uno de los imputados que presencia el debate en la sala del Tribunal. A fuerza de golpes fue introducido a un Peugeot 504 rojo y conducido al Palacio Policial en donde se encontraba el D2. París en ese momento además de trabajar era estudiante de medicina y formaba parte de la Juventud Guevarista.

Apenas ingresó a el centro clandestino de detención, siempre maniatado y con los ojos vendados, fue sometido a una cruenta sesión de tortura con picana eléctrica aplicada en el pene y en el ano. “ahora te quemamos el culo, ni para puto vas a servir” recordó que le gritaban los torturadores. Sin embargo lo que más le dolió, según explicó en la declaración, fue darse cuenta que entre esos hombre se encontraba un médico, el cual tenía la tarea de aprobar la continuidad de los golpes de electricidad: “cuando me puso el estetoscopio parecía que me habían puesto la picana porque siempre creí que la medicina era para ayudar a los demás”.

En el D2 estuvo hasta julio de 1976, allí pasó los peores momentos de su vida, humillaciones, torturas, golpizas constantes, la traumática situación de ver desde su celda cómo violaban reiteradas veces a una compañera que estaba secuestrada en aquel lugar. Allí también Eugenio presenció un episodio que lo marcaría para toda su vida no poder ayudar a un detenido, al que se lo acusaba de ser un policía traidor, y que estaba al borde de la muerte. “Ese es el fantasma que me persigue todos los días” dijo Eugenio París, en reiteradas ocasiones.

Estando detenido en el D2 fue sometido a un Consejo de Guerra (falso acto jurídico que las fuerzas armadas preparaban para darle “marco legal” a las atrocidades que cometían) que lo condenó a 9  años y tres meses de prisión por “tentativa de incitación a la violencia colectiva”. La pena le significó el traslado a la penitenciaría provincial, allí, según contó Eugenio, fue menos rudo pero nunca dejó de recibir el trato infrahumano que recibían por entonces los presos políticos. Los días en las distintas dependencias eran una mezcla de ratos de absoluto silencio y vendavales de extrema violencia.

En septiembre de 1979 fue trasladado junto a otros detenidos en un avión Hércules a la Unidad Penal 9 de La Plata, luego lo reportarían al penal de máxima seguridad de Rawson y allí permaneció hasta diciembre de 1983. El día que recuperó libertad Eugenio París dijo que vivió uno de los momentos más emotivos de su vida “cuando recobre la libertad lo más emocionante fue encontrarme con el hermano del Che Guevara a quien había conocido en el penal de Rawson y recibir el abrazo enorme de una Madre de Plaza de Mayo”.

Ya en libertad Eugenio tuvo la oportunidad cruzarse a varios de sus torturadores haciendo vida corriente, entre ellos distinguió a Héctor Julio La Paz como operario en la Planta verificadora de vehículos de la policía de Mendoza. Para cumplimentar sus declaraciones las autoridades del tribunal requirieron que el testigo hiciera un reconocimiento de los álbumes de personas que estuvieron detenidas en el D2 y del personal que operaba en ese centro clandestino de detención. El reencuentro con los rostros de los compañeros desaparecidos y los recuerdos de aquel lugar que describió como un “infierno” `hicieron imposible la tarea.

Pedidos de compulsa que incluyen a los integrantes de los Consejos de Guerra

En virtud de los testimonios de la jornada la querella solicitó la compulsa a Lapaz González, quien se encuentra preso desde el 27 de diciembre por orden del juez Bento, a raíz del testimonio de Rosa Gómez, confirmado por la declaración de Eugenio París.

Asimismo, se solicitó compulsa penal respecto de los integrantes de Consejos de Guerra, identificados por acciones concretas como Pedro Héctor Monjo, fiscal del Consejo de Guerra y torturador por Pablo Seydell, Amilcar Virgilio Dib, secretario del mismo órgano, y señalado por los testimonios de Pablo Seydell y Eugenio Paris, el teniente primero Enrique Rubén Centeno que figura como integrante del CONSUFA en la causa de Paris, y a Hugo Alfredo Soliveres que condenó a Paris y luego investigó los hechos en donde el estaba implicado como miembro del CONSUFA y que además tuvo participación en el traslado de Luisa Sánchez Sarmiento a San Juan.

En función de las declaraciones de Luna, Seydell y Paris la querella pidió las imputaciones de Lucheti, Naman García, López , Torres, Marasco, Quenan, Bianchi, Barrios, Linares, Gagliana, Bonafede, Pirantonelli y Ojeda, también a Vega, Garro, Lorenzo y Córdoba de la Comisaría 7ma de Godoy Cruz.

Por otro lado se solicitó la compulsa administrativa contra el empleado judicial Fonseca por los reiterados malos tratos a los testigos durante la etapa de instrucción de la causa.