Tercer juicio: Sentencias

Sentencia número 1399, lucha infinita

22-03-13 | Pese a intentos de último momento por dilatar lo innegable, la justicia, este viernes 22 de marzo hubo sentencia en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Veintitrés víctimas, un niño secuestrado, un bebé con identidad robada, diez imputados, veintiocho semanas, cuarenta y tantas audiencias. Siete condenas a prisión perpetua, cero absoluciones. Un proceso de memoria, justicia y reconstrucción.

El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, Juan Antonio González Macías dio lectura a las penas impuestas a los imputados en este juicio. Fue la sentencia número 1399. Fue reivindicación de una generación que se jugó la vida por todos y todas. Fue un paso más en la posibilidad de retomar los proyectos de vida que el terrorismo de Estado pretendió desaparecer para siempre... mas "no contaban con el amor", como se escuchó en la sala de debates durante el juicio.

La Sala de audiencias en la lectura de la sentencia 

La explanada de Tribunales Federales se colmó de militantes de los organismos de derechos humanos de la Provincia, de organizaciones sociales y políticas que han acompañado la lucha por la verdad y la justicia y representantes del Estado provincial y nacional que han puesto voluntades para hacer de la memoria un política que Nunca Más deberá abandonarse.

Hubo encuentro, cantos, sonrisas, lágrimas. Pero sobre todo, y una vez más, hubo infinidad de abrazos por ansiedades y dolores contenidos que, a partir del quiebre de la impunidad, pueden expresarse y compartirse. Son solidariamente experimentados por un colectivo que no cesa nunca de reeditar los lazos de ayer.

Nino Bonoldi en la reinauguración del Memorial

Minutos antes de la sentencia, el friso en homenaje a nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, violentamente destruido en noviembre pasado, fue reinaugurado por autoridades provinciales junto a los Organismos. Con un fuerte mensaje de no ceder ante esos atropellos a la memoria y la democracia, se alertó que será restaurado tantas veces como quiera demolerse la memoria colectiva de nuestra sociedad respecto al pasado reciente. Pasado que se actualiza en el presente de justicia y que construye justicia para el futuro.

Junto a los jueces Roberto Burad y Alejandro Nocetti Achaval, González Macías dio a conocer las penas, pasado el mediodía: Armando Osvaldo Fernández, Alcides París Francisca, Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda, Juan Agustín Oyarzábal, Juan Antonio Garibotte y Paulino Enrique Furió fueron condenados a prisión perpetua. Dardo Migno fue sentenciado con 14 años de prisión, Ramón Ángel Puebla a 18 años y Fernando Eugenio Morellato a 5 años de reclusión. Todos fueron inhabilitados de manera absoluta y perpetua, los delitos por los que fueron hallados culpables fueron considerados de lesa humanidad y cometidos en el marco del contexto del delito internacional de genocidio, y se penó que fuesen cometidos en concurso con el de asociación ilícita. Además, sobre los diez recayó condena por el delito de prisión abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por la duración de más de un mes.

González Macías, presidente del Tribunal

Cinco imputados que estaban libres -Bruno, Miranda, Fernandez, Morellato y Garibotte- fueron trasladados a la Penitenciaría provincial. El fallo leído por Macías decretó que todos debían ser detenidos de forma inmediata y cumplir sus penas en cárcel común.

A Furió, Puebla, Oyarzábal, Migno y Francisca se les respeta la detención domiciliaria, condición que será reevaluada tras una nueva pericia médica que responda si están en condiciones de cumplir sus condenas en cárcel común.

No a lugar

A primera hora de la mañana, el Tribunal y las partes se reunieron en la sala de audiencia. Allí, la representante de Oyarzábal dio a conocer que su defendido no haría uso de la palabra antes de la sentencia. Inmediatamente se le dio la oportunidad de ejercer su derecho a Fernando Morellato, cuya defensa particular presentó el día anterior una recusación contra los jueces González Macías y Burad. Al darse lugar a esa instancia se dio por entendido que esa intención de dilatar los tiempos y hasta echar por tierra todo el proceso fue desestimado por la Cámara de Casación Penal en las horas previas a la sentencia.

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Detalles
Oyarzábal, Jefe Segundo del D2 en la época de los hechos, fue condenado por las desapariciones de Roberto Blanco, Blanca Graciela Santamaría, Miguel Poinsteau, Oscar Julio Ramos, Oscar Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez; casos contenidos en la Causa 075M, y según las calificaciones propuestas en los alegatos.

Aldo Bruno y Ricardo Miranda, condenados 

Bruno, segundo jefe del D2 cuando Ricardo Miranda Genaro estuvo al mando, entre agosto y diciembre de 1977, y luego asumió él la jefatura hasta el 4 de julio de 1978, fue condenado en el marco de las desapariciones que constan en las Causas 077M -Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa- y 053M -Adriana Campos, Antonio Alcaráz, y la privación de la libertad de su hijo Martín Alcaraz. También se probó su culpabilidad en la sustracción de un menor de diez años -Martín- y por robo agravado por armas en relación a la “rapiña” en la casa de los Campos-Alcaráz, una de las tantas develadas en este juicio.

Furió fue condenado por las desaparicioes que forman parte de la Causa 085M -Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro, quien estaba embarazada de 6 meses- más Ángeles Gutiérrez -Causa 075M- José Alcaráz y su esposa Antonia Campos -Causa 053M-. También por robo simple en el caso de la casa Vera, y agravado en los casos de su camioneta, la de Carzolio y bienes de los Campos-Alcaráz. A esto se le suma la sustracción de un menor, Martín Alcaráz.

Migno obtuvo su condena en el marco de la Causa 076M -detenciones y torturas a los sobrevivientes Oscar Guidone, Martín Lecea y Roberto Vélez-, a lo que se suman las lesiones gravísimas calificadas en el caso de Guidone.

Sobre Puebla recayó la responsabilidad por la detención y torturas a Ángel Bustelo -Causa 055M- y de Guidone, Lecea y Vélez -Causa 076M-, y por las mismas lesiones gravísimas que su entonces subalterno Migno.

Fernando Morellato, condenado

París Francisca, Garibotte y Miranda fueron condenados por la desaparición del matrimonio Campos-Alcaráz y la sustracción de su hijo -Causa 053M-, y por el robo agravado -el hociqueo de las fuerzas represivas- en la casa de la familia.

Fernández Miranda cumplirá pena por la detención, torturas y desaparición de Roberto Blanco.

Morellato, más conocido como "el que pidió la picana", fue condenado por la detención y torturas de Ramos e Iturgay.

Por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima -es decir, por torturas- fueron culpados Puebla, Migno y Morellato.

Victorias

Más allá de las bajas condenas a Morellato, Migno y Puebla -cuestión que será oportunamente puesta a consideración de la Cámara de Casación Penal, y con buenas perspectivas- es relevante que no haya habido imputados absueltos y que siete de diez hayan sido condenados a perpetua.

Además, se valoró que las causas denominadas grupales fueran plenamente contempladas en esas penas máximas. En esos casos, la reivindicación de la militancia como causal de persecución e inteligencia previa, así como los lazos de solidaridad que se comprobaron entre los y las militantes, aún a riesgo de perder la vida -y de la peor manera, como pasó- quedó fielmente registrada en el repaso e hilación de los hechos que las querellas reconstruyeron. Y así lo juzgó el Tribunal. En este apartado se incluyen las Causas 085, de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, y la 077, más conocida como “causa Galamba”.

En el caso de las desapariciones de Ramos e Iturgay, la excepción en el fallo condenatorio a Morellato del homicidio agravado será cuestionado ya que se considera probado que la cesión de los detenidos desde Motorizada al D2 se hizo con noción de su implicancia y con conocimiento del accionar represivo contra los “militantes subversivos”. “Una investigación diligente”, como dijo el Fiscal Dante Vega en alegatos, hubiese omitido errores de instrucción que llevaron a esta situación. Así lo entienden las querellas.

El horizonte de lucha y justicia de todos y todas: Madres de Plaza de Mayo 

En este sentido, las identificaciones personales, de pertenencia política y de sujeción colectiva fueron ampliamente recorridas y valoradas a partir de los testimonios que fielmente aportaron datos en este debate.

En el fallo actual, el Tribunal dictó sentencia considerando el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del MEDH en cuanto a las agravantes del homicidio. Se consideró triplemente calificado por las agravantes de alevosía, por el concurso de dos o más personas, y se incorporó “con el fin de procurar impunidad”. Bajo esta calificación fueron condenados todos los imputados.

Además, la duración de más de un mes como agravante en la privación de la libertad fue aceptada considerando el tiempo total de detención -entre distintos destinos- y no sólo los días retenidos en uno de ellos. Este es el caso de las Causas 076M y 055M que implican a la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII.

Si bien no se consideró en la lectura de la sentencia, un debate rico quedó planteado. Como dijimos, todos los delitos fueron considerados como cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, figura ampliamente contemplada en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la última dictadura cívico militar. Sin embargo, el abogado representante del MEDH, Pablo Salinas, propuso en su calificación condenar por el delito de genocidio, no considerarlo de contexto. En los próximos procesos orales y públicos, ciertamente, se retomará ese debate.

Una sala que espera, ansiosa, por más justicia. Nunca Más, Nunca Menos

085-M: Desapariciones de Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez. Alegatos I: Fiscalía y Alegatos II: Gobierno de Mendoza

“Lo sabremos, confíen que ya lo sabremos”

15-02-13 | El fiscal Dante Vega inició la ronda de los alegatos por las Causas 085M, que contempla seis desapariciones forzadas. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1977 en el contexto nacional del “Operativo Escoba”. El detalle de ese plan lo dio la doctora Romina Ronda, quien alegó en representación del Gobierno de Mendoza.

 

Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez desaparecieron entre el 5 y el 9 de diciembre de 1978. Fueron parte de la razzia que el terrorismo de Estado hizo a través del Operativo Escoba, cuyo objetivo -ampliamente cumplido por autores intelectuales y materiales de la matanza- fue la aniquilación de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) de todo el país, de los cuales varios habían encontrado en Mendoza pasajeramente refugio contra la persecución diseñada por la Inteligencia de la Marina.

Con su habitual caudal de datos relacionados, en contacto con el resto de la realidad nacional y siempre con especial atención a las historias de vida de las víctimas, el fiscal Dante Vega reconstruyó parte de la historia de la militancia de izquierda en los ‘70. Ese repaso sirvió para la posterior exposición de Romina Ronda, especialista en la represión sobre el PCML y querellante por la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de Mendoza a partir de los casos de Walter Domínguez y Gladys Castro.

“Las fuerzas conjuntas llevaron a cabo un operativo previamente diseñado, con blancos seleccionados por su militancia en el PCML”; se trataba de personas con “vidas intensas y comprometidas con una sociedad más igualitaria, una vida más digna y un pueblo más libre”, señaló Ronda.

“Si al grupo de seis personas desaparecidas contempladas en la causa, se suman el secuestro y desaparición de Jorge del Carmen Fonseca y el matrimonio conformado por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz, más la sustracción del hijo de ambos, Martín, son nueve las personas desaparecidas y diez las víctimas en apenas cinco días”. Las desapariciones de Fonseca, Alcaráz y Campos, explicó Ronda, “debieron integrar este caso”, sin embargo el primero fue tratado en el juicio anterior; mientras que las otras dos personas corresponden a otro caso en este juicio pero en distinta causa: la 053M.

Según Vega “la causa 085M presenta notables similitudes con la de mayo de 1978. En diciembre de 1977 hubo un ‘megaoperativo’ cuyos principales blancos fueron miembros del PCML, muchos de ellos oriundos de La Plata”, bautizado Operativo Escoba. “No es una nomenclatura novedosa. A través del juicio histórico en el que participé por la masacre de Trelew, se logró comprobar que además de los presos políticos asesinados en el penal de la base militar Almirante Zar, el Ejército efectuó otra razzia en todo el valle patagónico a fin de intimidar a representantes y allegados de los entonces detenidos. Resultado: 16 víctimas más. El Operativo fue bautizado como ´Vigilante´”.

Dante Vega dijo: “vamos a comprobar la persistencia del Estado terrorista, cómo no cejaron nunca en la persecución a los militantes; pero también cómo funcionó la solidaridad, el compañerismo y hasta el heroísmo entre las personas acosadas”. En el mismo sentido, Romina Ronda aclaró: “el aparato terrorista tenía un plan: interrumpir los proyectos de las organizaciones revolucionarias. Y las consecuencias de ese plan, la desigualdad social, la vulneración de derechos, los bajos salarios, la falta de trabajo, la represión de las manifestaciones populares continuaron sometiendo durante años al pueblo argentino”.

Fiscal y representante del gobierno de Mendoza se refirieron al informe secreto y confidencial sobre el PCML elaborado en mayo de 1978 por el Grupo de Tareas 3 de la Marina. Vega además citó “Maoísmo y lucha armada: el PCML”, investigación de Adrián Celentano; y el libro “Hacerse cargo”, recopilación testimonial de las historias de vida de los desaparecidos en Mendoza.

Ambos alegatos sirvieron, entonces, para probar los hechos en cada caso, la existencia del Operativo Escoba a nivel nacional dirigido contra militantes del PCML y que fue diseñado previamente a partir de la reunión de información procurada por los servicios de inteligencia; y que, finalmente fue ejecutado entre los días 5 y 9 de diciembre de 1977, principalmente en Mendoza, La Plata, Córdoba, Capital Federal y Mar del Plata. Además, que toda la acción represiva se llevó adelante de manera conjunta por parte de fuerzas de seguridad y militares, pero con la dirección máxima del Ejército, donde pertenecía el único imputado: Paulino Enrique Furió.

Furió, el Ejército, el Operativo

La represión de las organizaciones revolucionarias la comandó en Mendoza el D2, hasta el 24 de marzo de 1976. Desde ese momento siguió actuando pero el mando primigenio de toda la actividad represiva durante el gobierno de facto lo tuvo el Ejército, lo cual no resta responsabilidad al resto de las fuerzas de seguridad y armadas que, entonces, tuvieron activa participación como apoyo. No caben dudas que se trató de operativos conjuntos, de un accionar conjunto “antisubversivo”. Se creó la Comunidad Informativa “para no desperdiciar los aportes de ninguna de las fuerzas”, dirigida por el Ejército y de la cual participaban la Fuerza Aérea, la Policía Federal, el D2 y toda fuerza que interviniera en la lucha contra la subversión”.

Después del Golpe, el Ejército tomó el mando completo de la inteligencia. El único imputado en las causas, Paulino Enrique Furió, en diciembre de 1977 prestaba servicio para Inteligencia del Ejército (GT3), era Jefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Montaña (G2); que dependía de la Marina, misma fuerza que controló el mayor centro clandestino de detención y torturas del país: la ESMA.

“No se le atribuyen estos hechos a Furió por el simple hecho del cargo que ocupaba”, explicó de manera contundente el fiscal. “Siempre hemos demostrado que una persona en un cargo responde por determinados hechos, por ejemplo un secuestro, a través de documentación; y cuando no hay mucha se puede deducir que responde porque forma parte de un aparato organizado de poder, como lo fueron el D2 o el GT3, durante la represión”.

En el legajo de Furió consta una queja que interpuso cuando pasó un tiempo sin ascensos: “volqué todo mi esfuerzo personal y profesional a coadyuvar como una pieza del engranaje montado para infligir al enemigo una derrota sin precedentes (...) podemos estar todos nosotros ampliamente satisfechos por la misión que cumplimos acabadamente”.
Romina Ronda: El plan y sus consecuencias. El Ejército y Furió


Calificar al represor

La Fiscalía pidió que se condene a Paulino Enrique Furió como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; también se lo acusa por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas; todo esto por seis hechos -Carzolio, Tissone, Vera, Jamilis, Domínguez y Castro-. También se lo acusa por robo simple por un hecho -el desvalijamiento de la casa de Vera-; por robo agravado por el uso de armas por dos hechos -por las camionetas de Vera y de Carzolio-. Todos los delitos fueron cometidos en concurso con el de asociación ilícita -ya tiene condena por eso pero el fallo de Casación al respecto no está firmado, por eso se pide en este juicio nuevamente-, constituyen delitos de lesa humanidad y fueron perpetrados en el contexto del genocidio.

La abogada del Gobierno de Mendoza pidió similar calificación, con la diferencia que señaló a Furió como “co-autor” e hizo una fundamentación respecto de esa diferencia.

El Operativo Escoba no se pudo hacer si el concurso activo de la inteligencia activa militar de Mendoza”, dijo Vega; a la vez, explicó Ronda, "el Ejército comandaba y en conjunto con las otras fuerzas recopilaban información y ejecutaban los planes". El Operativo Escoba tuvo etapas en su planificación: reunión de datos, inteligencia, detección de blancos, secuestros y muerte. En la estructura militar hay jerarquías que hacen que los “coautores” de los hechos tengan mayor o menor cercanía directa con los hechos, pero forman parte -con conocimiento y por voluntad- de una maquinaria que no funcionaría sin una de sus partes. Es decir, la función particular no exime de la responsabilidad en la globalidad.

La Escoba

Ronda ahondó -incluso con imágenes del escrito original que llegó a Mendoza - en el documento “Informe estrictamente secreto y confidencial del Partido Comunista Marxista Leninista Argentino”, elaborado por el Grupo de Tareas 3 de Inteligencia del Ejército (GT3) en mayo de 1978. “Debido a los distintos operativos realizados en todo el país, en especial con la realización del Operativo Escoba, han quedado completamente desarticuladas las regionales Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata” dice en el informe y agrega en un anexo diagramas de la orgánica del PCML antes y después del Operativo.

En diciembre de 1977 hubo 191 casos de desapariciones forzadas, 89 de ellas entre el 5 y el 9 de diciembre; 56 el día 6 de diciembre. La mayoría tenía “militancia comprobada en el PCML”. “En un mes desaparecieron todos (...) Hubo un plan científicamente organizado, levantaron a todo el mundo” dijo Osiris Domínguez ante el Tribunal.

Este informe y los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas dan cuenta de las persecuciones sufridas por esa facción política en Mendoza y de la enorme tarea de inteligencia previa. De ese informe llegaron instrucciones a Mendoza a través del ejemplar que el GT3 envió para el área de inteligencia del III Cuerpo del Ejército -zona a la que correspondía Mendoza- y del que llegó al Destacamento de inteligencia  144 que funcionaba en la VIII Brigada de Montaña, lugar de trabajo del único imputado: Paulino Enrique Furió, Jefe de inteligencia de ese destacamento.

El informe tiene detalles sobre la estructura y funcionamiento del PCML, sobre la caída de sus “primeros elementos” y de detenciones en La Plata y en los párrafos finales sobre el “desmembramiento del PCML a raíz del operativo de Mar del Plata y del posterior ‘Escoba’”. El informe reconoce asiento del Partido en siete regionales y menciona que solo en tres pudieron armar una estructura; y que en las otras cuatro -entre ellas Mendoza- en total sumaban 60 “elementos”. También reconoce como lugar de origen y con mayor generación de militantes a La Plata. De allí y zonas cercanas son oriundas varias de las víctimas de la Causa que llegaron a Mendoza.

EL PCML en Mendoza 

Vega recordó que “el PCML surgió en 1969 como desprendimiento del Partido Comunista. Nunca fue de masas y en 1975 contaba con unos 400 militantes y adherentes”. Hizo “prevalecer la acción política por sobre la lucha armada” y sus “frentes de inserción” fueron “la acción fabril y estudiantil”.

En 1976, Mendoza pasó a ser lugar de refugio para los perseguidos, “muchos de ellos ya en la clandestinidad, pues tras el accionar primero de la Triple A y luego de los grupos de tareas, el Partido estaba ya aniquilado. En el documento del GT3, el ´PCML Regional Mendoza´ figura como el primer objetivo para la eliminación final que se extendió entre los últimos meses de 1977 y los primeros de 1978 en todo el territorio argentino”.

Tanto Vega como Ronda, destacaron la perversidad del Plan de exterminio, porque el PCML, en diciembre de 1977 ya “estaba desmembrado, en la ilegalidad, los sobrevivientes se juntaban para verse, hablar y apoyarse mutuamente”. Además, los encuentros eran públicos, sólo de reconocimiento, “la organización celular ya no existía”.

Efectivamente, ya en 1976 llegaron militantes provenientes de La Plata -Jamilis, Fonseca, Tissone y Carzolio- y se contactaron con los locales Vera, Domínguez, Castro, Alcaráz y Campos. María Cristina D´Amico, María Elena Farrando y Elsa Becerra -que estaban clandestinas en otros puntos del país- también fueron secuestradas, lo que indica un total de doce personas del PCML desaparecidas en Mendoza o relacionadas al grupo cuyano. Jorge Becerra también fue víctima, fue el primer golpe a la organización, ocurrido el 22 de diciembre de 1976. Fue detenido y salvajemente torturado en diversas prisiones durante años; otras compañeras y compañeros fueron empujados al exilio interno o externo. Mirta Hernández declaró que desde ese momento “todos los militantes del PCML de Mendoza estuvieron clandestinos”.

Dante Vega: El PCML, ilegal, perseguido, desarmado

 

Los hechos, los compañeros, las compañeras

Jorge del Carmen Fonseca nació en Neuquén, vivía en La Plata y llegó a Mendoza para huir de la represión. Conocido como ´Pelé´, militante del PCML pero proveniente del peronismo, tuvo aquí la delicada y heroica misión de sacar a los amenazados militantes de la provincia a otros puntos del sur argentino. Compartió con Tissone y Carzolio, y en la casa de ellos solía dormir.

Néstor ´Cuqui´ Carzolio nació en Berisso. Allí vivió con Nélida Tissone y tuvieron dos hijos: María Laura en 1971 y Martín en 1974. Néstor fue delegado del Sindicato de la carne -trabajaba en Swiff- hasta 1971, muy posiblemente ya como militante del PCML. Nélida era profesora de Ciencias Naturales en La Plata. Huyeron a Mendoza en el invierno de 1975. En julio de 1977, la pareja alquilaba un departamento en Godoy Cruz, allí paraba Fonseca, Martín Carzolio lo recordó presente el día del secuestro de sus padres. En ese operativo la patota se llevó a los tres, y se robó la camioneta de Carzolio y la moto de Fonseca. “No se olvidaron de nada”, señaló el fiscal.

Carzolio y Rodolfo Vera eran locatarios de la mimbrería que el grupo tenía en Dorrego como fuente de trabajo, lugar de refugio y de reunión política. El lunes 5 de diciembre de 1977 un grupo de civiles armados había entrado a la casa de Nélida cuando ella llegó -a las 20- con sus hijos, una hora después lo hicieron Néstor y Jorge. Los adultos fueron secuestrados (“Doña Lucía, ayúdenos” gritó Néstor a su vecina Lucía Batalleme, que registró cómo sacaron a los tres militantes); a los niños los dejaron maniatados y con las bocas encintadas. “No los escuché más, creí que estaban muertos” dijo Lucía, quien junto a Hilda Fany Abraham y Aldo Nardecchia -otro vecino, militar, que reconoció la cinta en sus bocas como utilería del Ejército- liberaron a los niños. Abraham cuidó de los niños hasta que ubicaron a los padres de Nélida y ellos los buscaron.

A Alberto Jamilis lo apodaban “El Gordo Manifestación”, recordaron ambos abogados. En los ‘50 se fue a vivir a La Plata y se recibió de sociólogo. Dio clases en la UNLP y trabajó en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, pero en ambos lugares lo dejaron cesante. Se casó con María Inés Barbetti. “Era una biblioteca andante” recordó Susana De Miguel.

En La Plata se incorporó al PCML y se relacionó con Jorge y Raúl Bonafini -hijos de la titular de Madres de Plaza de Mayo- y Cristina Tortti, militantes del PCML. Sus causas fueron recientemente tratadas en el juicio por el “Circuito Camps”.

Antes de radicarse en Mendoza, Jamilis y Babetti sufrieron persecuciones y atentados, fuerzas de seguridad fueron a buscar a Jamilis a la casa de su madre y a la casa de la pareja también. En noviembre de 1976 Jamilis llegó a Mendoza y se puso en contacto con Carzolio, Carlos y Rodolfo Vera, Domínguez y Castro. Trabajó unos meses en la mimbrería. En abril de 1977 llegó Barbetti, vivieron ambos en ese local, y tuvieron a su hijo Nicolás, quien por protección fue inscripto con el apellido de la madre.

El 6 de diciembre de 1977, la pareja ya vivía en Godoy Cruz, cerca de las 2 de la madrugada, civiles con armas y medias en la cabeza -menos el jefe de la patota- entraron a la casa. Gritaban “¡Gordo salí!”, lo cual denota el trabajo de inteligencia previo, también le requirieron la “llave” -de la mimbrería-. Ataron a la pareja, revolvieron durante dos horas la casa, y cuando se los llevaban, él pidió que dejen a su esposa con el bebé de dos meses: “ella no tiene nada que ver”. “Bueno piba, hacé de tu hijo un buen ciudadano” le dijo el jefe de la patota a Barbetti y se llevaron a Alberto. María Inés se instaló después en Bragado, “exilio interno y huir” de nuevo señaló Vega.

La misma noche del 6 de diciembre, Rodolfo Vera estaba en la mimbrería -donde en la tarde anterior estuvo con Jamilis y Carzolio- y de allí lo secuestró una patota. Fue el cuarto -y último- operativo dirigido a Rodolfo.

La puerta “estaba abierta sin violencia” -usaron ‘la llave’- y se produjo “la rapiña consiguiente”, dijo Vega. “Estaba pelada la mimbrería” contó Carlos Vera. Él y Domínguez trasladaron a la compañera de Rodolfo y su hija, Mirta Hernández y Cecilia, para su refugio.

Rodolfo Vera era el mayor de cuatro hermanos, siempre ligado a cuestiones sociales y la militancia política, “iba a los barrios” y “ayudaba a la gente” recordó su madre, Agustina Corvalán. Conoció a Mirta Hernández y estuvieron años en pareja. Militaba en el PCML y comenzó a estudiar arquitectura en la privada Universidad de Mendoza con Walter Domínguez, donde juntos formaron el Centro de Estudiantes. Allí comenzaron a ser perseguidos, y hasta mermaron sus estudios. Para 1977, Rodolfo alquiló con Carzolio la mimbrería y allí trabajaba.

Un año antes, el 22 de diciembre de 1976, el también militante del PCML Jorge Ciro Becerra fue secuestrado y en ese operativo se robaron la camioneta de Vera. “La impunidad con que se manejaban los efectivos del D2. Roban la camioneta y la empiezan a usar alegremente y a cielo abierto. La estacionan en la playa del D2, Carlos Vera la vio en un taller mecánico, también circulando”, reflexionó Dante Vega, recién “diez años después la policía se la devolvió a la familia en un estado de deterioro completo”, añadió. Luego de ese episodio, en el prontuario de Vera se observa el pedido de captura en el orden del día de él, de Susana De Miguel y de Mirta Hernández.

El mismo 22 de diciembre de 1976, un grupo de la policía fue a la casa de la casa de los padres de Rodolfo, detuvieron a Dionisio Vera y se lo llevaron al D2: “lo insultaron y le dijeron de todo”, relató Agustina. Dos días después, la policía fue a la casa de Vera y Hernández. No los encontraron pero aprovecharon “para la rapiña”, dijo Dante Vega. “Se robaron todo”, dijo Carlos Vera, “hasta media bolsa de azúcar”.

El 7 de abril de 1977, el Ejército -como consta en el parte de novedades del libro de guerra de la Unidad Regional IV- realizó un operativo a cargo del Mayor Garibotte. Agustina contó que muchas personas uniformadas rodearon toda su casa y hasta querían matar al perro. Dos días antes, el padre de Rodolfo había presentado un documento reclamando la camioneta. Vera y Hernández se refugiaron en Rivadavia, en la casa de un familiar. Mirta estaba embarazada, Cecilia nació en julio de 1977. Entre setiembre y diciembre de ese año, Mirta y su hija se refugiaron en la casa de Walter y Gladys.

Walter Domínguez y Gladys Castro, de 22 y 23 años, vivían en Godoy Cruz y esperaban un hijo o hija, Gladys tenía seis meses de gestación. Walter estudiaba arquitectura -con Vera- y era chofer de micro. Gladys debió abandonar sus estudios de bellas artes y trabajaba en una panadería.

“Cuando entró a la facultad comenzó a hablar de lo social” dijo María Assof de Domínguez, su madre, ante el Tribunal. Vega relevó ese dato, lo valoró como signo de la generación que desaparecieron, “¡qué diferencia con los actuales alumnos de arquitectura, de esa facultad y de cualquiera, no creo que se esté hablando mucho de lo social!”. “Era peligroso para el sistema, pero lo que estaba haciendo no era nada malo”, dijo en su testimonio la referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza.

Ambos eran militantes del PCML, refugiaban y ayudaban permanentemente a otros militantes -entre ellos la compañera de Jorge Becerra, Susana De Miguel-, desde el 6 de diciembre estaban enterados del secuestro y destino de sus compañeros y compañeras y decidieron quedarse.

El 9 de diciembre, una patota asaltó su casa y se los llevó. “Señora Clara, ayúdenos por favor” alcanzó a pedirle Walter a una vecina, la misma que declaró que cuando salió al patio a ver qué pasaba una voz de mando le dijo “Por favor señora, métase adentro de la casa”. “¿Por qué nos hacen esto, qué hemos hecho?” repitió Gladys mientras la arrastraban al auto del secuestro. “Aún no sabemos qué pasó con el nieto de María Assof”, dijo Dante Vega, “pero lo sabremos, confíen que lo sabremos”, aseguró conmovido y movilizó a toda la sala.

Poco más tarde, alrededor de las 03.30, un grupo de personas vestidas de civil y armadas fueron a la casa de los padres de Domínguez. Iban a buscar al hermano de Walter, Osiris. No lo encontraron porque estaba trabajando. Días antes, de manera inusual, le llevaron a Osiris padre un cuchillo para arreglar: tenía marcas de la Fuerza Aérea. La patota se lo llevó. Osiris salió a las 6 de la empresa Pescarmona, alertado al igual que su hermano de lo que venía sucediendo con los compañeros, pasó por la casa de Walter y Gladys, vio la puerta violentada y supo lo que pasó. Allí comenzó su periplo para salvar su vida.

El Fiscal Dante Vega resaltó un detalle excepcional: tras el secuestro de Walter, los padres -Osiris y María- fueron a la casa, hallaron todo revuelto y se percataron del robo de cosas de valor. Con la angustia de no saber dónde estaban sus hijos, su nuera y el estado del nieto o nieta en camino, Osiris padre se ocupó de arreglar la puerta del departamento de Walter y Gladys, que los captores de su familia habían destrozado, ya que era alquilado y deberían devolverlo en condiciones...

Osiris Domínguez, Carlos y Oscar Vera, Mirta Hernández, Mabel D’Amico, María Elena Farrando, Cristina D’Amico, Alfredo Irusta, Julio del Moral, entro otros, comenzaron a huir: el exilio. Primero a Buenos Aires, luego a la Costa -allí cayeron algunos en un operativo-, y destinos finales de otros en el sur del país y en otros países.

Dante Vega: Lo social, la solidaridad, Walter Domínguez

077-M. Desapariciones de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Alegato IV: MEDH y Alegato V: La Defensa

 “Se llevaron a los mejores”

14-02-2013 | El Doctor Pablo Salinas amplió el alegato del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que la semana pasada ofreció su colega Diego Lavado en relación a nueve personas desaparecidas en mayo de 1978. Acompañado de fotografías y textos en referencia a Juan José Galamba -militante montonero y perseguido político desde 1976, con quien más se ensañaron los grupos de tareas y que finalmente fue secuestrado y desaparecido el 28 de mayo de 1978- Salinas repasó en general la estructura organizativa del terrorismo de Estado y señaló los responsables de la impunidad en Mendoza. También destacó la lucha del MEDH y los Organismos de Derechos Humanos.

El representante del MEDH plasmó, además, investigaciones que dan cuenta de la responsabilidad de quienes actuaban en la Policía y el Ejército en aquellos meses (a partir de las pruebas contra el imputado Aldo Patrocinio Bruno, a la fecha jefe del D2) y movilizó al Tribunal y al público con sus apreciaciones respecto a “nuestros compañeros” y el delito que los genocidas continúan perpetrando al no revelar el destino de sus restos.

En cuanto a la existencia y consecuencias del plan sistemático de represión, Salinas afirmó: “Existió un orden clandestino tanto en sus aspectos genéricos como específicos. Este esquema normativo es la prueba de la represión ilegal. El terrorismo de Estado implantó la desaparición de personas, la tortura y la persecución política con conocimiento de su ilicitud, porque dentro de las funciones que se atribuyeron los mismos miembros, “el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas en la guerra librada constituyeron actos de servicio” (documento final de la junta militar), “no están contempladas” -según el Código de justicia militar- ni “la tortura, ni la desaparición forzada de personas, ni el saqueo”.

“Secuestraban a la gente, la encapuchaban -salvo a quienes iban a matar ese día-, se disfrazaban, vendaban a los detenidos, esto es la prueba de que sabían que lo que hacían era ilegal”, expuso el abogado. Y citó el testimonio de Alfredo Edgar Gómez, que en el juicio anterior reunió la comunión de fuerzas y la relación entre grupos de tareas: “Las demás fuerzas trabajaban con nosotros. Nos usaban a nosotros. Iba personal de Gendarmería, Ejército, Fuerza Aérea, la SIDE a buscar antecedentes al D2. Ellos trabajaban con nosotros. La Federal también iba, Willy Cardello iba. La mayoría que iba ahí, iba con nombre supuesto. Iba un señor de la SIDE que pedía los prontuarios y sacaba los antecedentes.”

Entre los mayores responsables: Ejército y G2 -Inteligencia militar- (Furió, Dopazo, Gómez Sáa, Migno, Puebla); Fuerza Aérea: Santamaría, Jofré, Carelli, Francisca (jefe policial), Santuccione (jefe policial); “Patota Federal” (Cardelllo, León, Mirota); D2 (Smaha, Fernández, Sánchez Camargo, Miranda, Patrocinio Bruno, Oyarzábal); GE 78 (Carlos Rico, Medina, Siniscalchi); “Justicia cómplice” (Guzzo, Miret, Romano, Carrizo, Petra); solo por mencionar algunos, aclaró el abogado al señalar estas participaciones.

Desde mediados de 1977 “ya no había operativos con ostentación de fuerza y afán de infundir terror”, recordó Salinas; sin embargo fue creado el Grupo Especial 78 (GE 78), que cumplía las mismas funciones de aniquilamiento con mayor sigilo. Y en esa agudización de  los sentidos represores es razonable concluir que les “cae” un dato: en junio de 1976 hubo un prófugo del megaoperativo contra militantes montoneros: Galamba. Desde ese día, ninguna acción les había dado resultado para encontrarlo, les fue escamoteado. Comenzaron, entonces, el operativo de mayo de 1978 por la punta del ovillo de junio de 1976. También parece obvio que las víctimas no sabían dónde estaba para entonces Juan José y se torna evidente que los desaparecidos fueron quienes lo ampararon en 1976 y contaban con algún grado de compromiso político”.

Específicamente en relación al grupo de Causas de mayo de 1978 -investigación propiciada por familiares y el MEDH aún desde la dictadura- Salinas explicó: “Son varias las categorías de actos que constituyen crímenes contra la humanidad y que fueron perpetrados por grupos de tareas de Mendoza: asesinato, exterminio, encarcelamiento, torturas, violaciones, persecuciones por motivos políticos, desaparición forzada. La particularidad de esta Causa es la solidaridad, las personas que se comprometieron. No todo fue colaborar con el terrorismo de Estado, existió otra sociedad solidaria. Por eso, esta no es una simple acusación legal, estamos también construyendo memoria colectiva y esto habla de lo mejor de los mendocinos. Se llevaron a los mejores, persiguieron a Juan José Galamba y en su camino atacaron la solidaridad, atacaron los lazos comunitarios, fueron el eje de la represión. El D2 conducido por Bruno Pérez fue pieza central del terrorismo de Estado. Para Aldo Patrocinio Bruno y el D2 el éxito del operativo fue completo, se ganaron los galones: encontraron un prófugo subversivo, se vengaron de quienes lo habían protegido y arrasaron con un grupo que tenía antecedentes políticos de izquierda. De paso, en el camino encontraron a una prófuga montonera oculta desde julio de 1976 -Isabel Membrive-”.

La reconstrucción de los hechos -los nueve secuestros y desapariciones forzadas en vísperas del mundial de fútbol- por la querella fue similar a la aportada por la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Salinas señaló el grado de persecución extremo al que fue sometido Juan José Galamba durante dos años y la “conexidad” con el resto de los secuestros perpetrados a su entorno: “Galamba se convirtió en un prófugo en el contexto del megaoperativo en contra de Montoneros en junio y julio de 1976, cuando se sucedieron los allanamientos, las detenciones, los secuestros seguidos de desaparición, en la vía pública fueron asesinados Francisco Urondo, Juan Carlos Charparín; se llenó el D2 y en ese centro clandestino los secuestrados asistieron a la tortura y posterior ausencia de muchos compañeros de cautiverio”.

Respecto al grupo detalló: “Resultan dignos de reconstrucción y de admiración los movimientos de este militante clandestino que logró jugar ajedrez frente a la dictadura durante casi dos años. Nunca fue a los lugares posibles donde los servicios de inteligencia lo buscarían. Recurrió a sus amigos, algunos de ellos, de los inicios en el Socialismo que no aparecían abiertamente comprometidos y que lo ayudarían sin dudas, como de hecho ocurrió: participaban de la misma comunidad de ideas, no se encontraban en riesgo aparente, habían trabado amistad en la UTN y en el ámbito político. Eran personas que estaban en sus domicilios habituales, en sus trabajos, en sus estudios: Margarita Dolz y su esposo Carlos Castorino; Raúl Gómez y su esposa Liliana Millet; Víctor Hugo Herrera, que trabajaba en la ferretería del dirigente socialista José ´Pepe´ Suárez; Mario y Gustavo Camín. Daniel Romero fue nexo entre ambos grupos, procedía del socialismo, estrechamente relacionado con el peronismo, había sido obrero y delegado.

El segundo grupo aparece con otras características. Pertenecen al peronismo, algunos decididamente a Montoneros. También está probado que aportaron en su medida a la supervivencia de Juan José: Gisela Tenenbaum y Ana María Moral, los esposos Tenenbaum, Juan Carlos Romero, Sebastián Molina, Ramón Sosa. Daniel Romero es el referente más constante de dicha supervivencia. Cuando Juan José regresa de la cantera de Camín en San Juan es alojado por Daniel en su casa. Es él quien lo ubica en el horno de ladrillos de su hermano Juan Carlos, militante peronista, un hombre muy humilde para quien la función pública fue un servicio a la comunidad”.

“No se ha probado en el juicio la participación de Aldo Enrique Patroni, quien trabajaba en Cimalco, estaba relacionado con Daniel Romero y pudo ser quien retiró a Juan José de manos de Raúl Gómez, en lugar de Ignacio Mamaní como siempre se creyó, ya que él manifiesta no haberlo hecho. El caso de Patroni deberá investigarse”, lanzó para profundizar Salinas.
Pablo Salinas: Juan José Galamba y la solidaridad

Carta para Juan José

Al final de su alegato, el doctor Pablo Salinas leyó una carta que Natalia Galamba, hija de Juan José, le escribió a ese padre que conoció a través de la reconstrucción de la memoria y del cariño de sus compañeros y compañeras:

“Resististe viejo… Casi dos años resististe persecución, miedo, desesperación… Y aún así no te diste por vencido. Estoy segura de que creías que las cosas se podían mejorar, que otra realidad era posible. Y tuviste amigos y compañeros, que creían lo mismo que vos, y que -como vos- no pensaban en ellos mismos, pensaban en forma colectiva. No era salvarse el propio pellejo, era resistir para salvar el pellejo de todos.

Y el plan sistemático que implementaron estas bestias resultó en cierta forma. ¿Y sabés por qué digo que resultó? Porque hoy a muchos les suena alocado, incomprensible, que alguien pueda jugarse entero por los demás. Esa solidaridad, que para ustedes era natural, espontánea, no necesitaba explicaciones. Y hoy… estamos tratando de explicarla.

No les bastó con encerrarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos. Tenían que asegurarse que el terror perdure; y apuntaron también al miedo a los valores. Pero con lo que no contaron fue con los que quedamos: los familiares, los compañeros que sobrevivieron y que nunca dejaron de pelearla, los que estuvieron acá en este Tribunal reviviendo los peores momentos de sus vidas, para que se haga justicia. Eso… eso también es solidaridad. Y en cada abrazo de ellos que recibo, te abrazo a vos, y siento que no pudieron con nosotros, que hoy estamos ante la posibilidad no sólo de que se haga justicia sino de reivindicar la militancia, el compromiso. Y sobre todo… el amor a la vida, que era lo que los movilizaba.

Muchos fueron quedando en el camino de esta lucha… y,  como ustedes, siguen viviendo en cada uno de los que los conocimos. Hoy no podría estar más orgullosa de vos viejo, y te digo viejo… aunque no te dejaron serlo”.
Pablo Salinas: Natalia Galamba a su padre Juan José

La defensa técnica o las técnicas de la defensa

La defensa oficial del exjefe del D2, Aldo Patrocinio Bruno, rechazó la calificación ampliada que la querella propuso y que sostuvo en los alegatos; reiteró que debe respetarse “la calificación legal primigenia”. Como lo hizo en procesos anteriores, la abogada explicó que “el rol de la defensa oficial es realizar una defensa técnica en estos juicios trascendentales para nuestra sociedad, y asegurar la posibilidad de realización de los mismos”.

Del alegato surge que hay una aceptación de los hechos, del plan sistemático; no se puso en duda el terrorismo de Estado ni la represión ilegal. Sin embargo, solicitó la absolución del único imputado en esta Causa porque no se considera probada -más allá de las pruebas indiciales- su participación directa ni la de sus subordinados en los operativos de secuestro, detención, interrogación, torturas, vigilancia; tampoco que alguna de las nueves víctimas de la Causa hubiesen pasado por el D2. 

Respecto de la Causa 077, la abogada expresó que “siguiendo las hipótesis sostenidas por la fiscalía, basadas en las investigaciones de la señora Elba Morales y el doctor Carlos Venier (h), presentada en 1986, “estas personas fueron detenidas por haber albergado o por haber prestado algún tipo de colaboración a Juan José Galamba” y también para “preservar el orden durante la realización del Mundial de Fútbol Argentina 1978, para lo cual se formó el denominado Grupo Especial 78 (GE 78)”. “Respecto de los hechos”, dijo Duranti, “las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron descriptos por los acusadores fueron corroborados por los testigos y los damos por hecho”.

“La importancia de un juicio como el presente radica en que se activa una situación compleja, porque además de determinar la responsabilidad de determinados actores en un contexto político especial se pretende actualizar la verdad y la justicia como valores pilares de una sociedad democrática”, reafirmó Duranti. Sin embargo, “todo contexto es una variable de análisis más (...) e incluso, una vez comprobada una trama no resulta atribución automática sobre el nivel de participación del sujeto”.

La defensora, en el camino de su argumento, diferenció “verdad histórica”, que es “por definición inverificable, el juez no puede examinar de manera directa el hecho que debe juzgar”; la “verdad procesal”, que es un tipo particular de la “verdad fáctica”, referente a hechos pasados y a la cual se accede mediante pruebas. Entonces, dijo, “se puede afirmar que la verdad procesal fáctica es resultado de una ilación de los hechos probados del pasado con los hechos probatorios del presente”. Y de estos conceptos surge el fundamento principal del pedido de absolución para Bruno: si a partir de esa ilación de tramas “el dilema no es resoluble, prevalece la hipótesis más favorable para el acusado”. La Defensa apeló, así, a la figura de “in dubio pro reo”.

Las pruebas le resultan insuficientes a la defensa, Duranti expresó  que los testigos dieron detalles de los hechos, pero no certezas de las fuerzas intervinientes en los operativos ni de los lugares de detención de las nueves víctimas. Recordemos que la ilegalidad de la represión radica, entre otras cosas, en su clandestinidad.

Excepciones de esos relatos a los que se refirió Duranti son: Ana María del Olio, novia de Mario Camín en 1978 y quien declaró que vio cuando lo ingresaban al D2 la noche del secuestro. A esto, la defensora contestó que ningún otro relato pudo corroborar ese dato. María Isabel Salatino, madre de Víctor Hugo Herrera, hizo un reconocimiento fotográfico en el cual señaló a Smaha, Pinto Vega, Bustos Vasconcelos y Stipech. Duranti rechazó que esos sujetos estuvieran bajo el mando de Bruno en el D2 al momento de los hechos. A esto, la abogada agregó que muchas de las referencias de vestuario de quienes realizaron los operativos de secuestro tienen que ver con fuerzas militares más que policiales, desestimando así la actuación conjunta de las Fuerzas así como la situación de clandestinidad del accionar y la capacidad de disfrazarse que tenían los agentes, justamente, para que no fuesen identificados por los familiares que estaban con el detenido ilegalmente.

Respecto de las declaraciones de ex-agentes policiales que implicaron a Bruno, simplemente la defensa alegó que se trata de testimonios sobre “causas propias” en la cuales asistió el derecho a la no autoincriminación y por eso se deben desestimar.

Sobre la prueba documental -libros de novedades, de intercambio de legajos, etc.- Duranti pretende que sólo da cuenta del cargo que ocupaba Bruno pero no de su participación directa ni de sus subordinados en los operativos. Sobre el pedido de la Fiscalía de incorporar el expediente “Fiscal contra Rusconi”, que consigna detalles del accionar del D2, la defensa se opuso porque alega que se presentó fuera de tiempo; sin embargo probablemente quede incorporado.

077-M. Desapariciones de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Alegato II: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Alegato III: MEDH

La transmisión de los valores, ayer y hoy

08-02-13 | La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en el presente proceso a través de la representación del doctor Pablo Garciarena, alegó puntual y documentadamente en relación a la Causa 077-M, que da cuenta de nueve personas desaparecidas en mayo de 1978. También lo hizo el abogado Diego Lavado en representación del MEDH.

El valor y los relatos hacia el futuro

En palabras del abogado Pablo Garciarena, “la magnitud que alcanzó el plan ejecutado por el último gobierno de facto comprometió el orden y el interés público, lo que justifica la presencia del Estado Nacional como parte querellante (...) su capacidad para actuar no está determinada por el hecho de representar técnicamente a las víctimas, sino al Estado; no ya en su rol de fiscal, sino en el de querellante. Es posible pensar en el valor que tiene el hecho de que una representación del Poder Ejecutivo participe de forma activa y voluntaria en estos procesos y con miras a la transmisión social de ciertos valores. Nadie podría negar el salto cualitativo que implica afirmar que antes el Estado era terrorista y que hoy está sentado junto a los organismos de derechos humanos y representantes de víctimas, instando la acción en contra de quienes se valieron del poder del Estado para delinquir. Son juicios que, por las consecuencias que implicaron para toda la sociedad, tienen trascendental importancia histórica. Lo que se decida en ellos fijará posiciones ante la historia y formará parte de lo que se enseñe a las generaciones futuras”.

Por su parte, Diego Lavado afirmó que estos procesos son “continuidad de un relato histórico que emprendió la sociedad argentina inmediatamente después de recuperada la democracia. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH- fue una de las organizaciones de derechos humanos que impulsó junto a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de detenidos-desaparecidos, H.I.J.O.S. el reclamo de justicia desde 1983. En los últimos años se sumó una voluntad política desde las instituciones del Estado Nacional y Provincial. Se hicieron parte para empujar un reclamo que recibe, desde hace unos años, una respuesta íntegra. La tarea del Tribunal no es en solitario (...) esta tarea difícil que están llevando adelante viene acompañada por la sociedad en su gran mayoría y por el Estado en todas sus expresiones. El valor de estos juicios no se reduce a la imposición de una pena, sino que tiene el valor de reconstruir una historia tantas veces opacada y desvirtuada desde las mismas instituciones del Estado que habían sido copadas por el régimen militar. Tienen la función de esclarecer hacia las generaciones futuras cuál fue la verdadera extensión y la realidad en que se dio este Plan Criminal”.

Lazos que el terror no pudo romper

Ambos abogados querellantes contextualizaron “la plataforma fáctica” en la conexión entre las nueve víctimas que desaparecieron en menos de dos semanas. “No fueron hechos aislados entre sí, ocurren en un lapso breve de tiempo y de manera simultánea. Las víctimas tenían entre sí vínculos de amistad y militancia política, social, estudiantil y gremial en común. El accionar represivo pretendía “dar con Juan José Galamba” y también, “en la faena criminal, llevarse consigo todo aquel que estuviera próximo”. El “actuar criminal eligió e identificó previamente a cada una de sus víctimas”, sostuvo Garciarena. A ello, el representante del MEDH agregó: “no fueron capturados en procedimientos relacionados con alguna actividad armada. Se trató mayormente de operativos conjuntos rápidos, clandestinos, en horarios nocturnos, en los lugares de trabajo de las víctimas o, sobre todo, en los domicilios particulares, mientras compartían con sus familias y estaban desarmadas”.

Lavado agregó a su turno: “En la causa 077 se observa que en los hechos contradicen el argumento de que las Fuerzas Armadas y las de Seguridad provinciales, tuvieran la tarea de reprimir y repeler una amenaza subversiva. Para 1976, las pocas organizaciones que habían optado por la vía armada para confrontar la implementación de políticas que tenían que ver con sectores privilegiados, estaban prácticamente desarmadas, habían sido reprimidos en la etapa previa al golpe mediante la desaparición o siendo fusilados en procedimientos sumarios, es decir, mediante la imposición de un castigo a muerte sin un juicio previo y al margen de todo orden legal. Se trató de buscar una excusa para abordar el poder y exterminar una parte de la población caracterizada por sus ideas políticas y el sentido de la solidaridad. Los valores comunes que tenían y expresaron, las convirtieron en ‘el enemigo’ de las fuerzas armadas y de seguridad. Fundamentalmente la solidaridad entre ellos, aún perteneciendo a distintas organizaciones”. Las víctimas de esta causa fueron identificadas con antelación como un “grupo residual” tras el cual se iría en el momento más conveniente.
Pablo Garciarena: Los vínculos en contexto 


Bruno en el banquillo

Otro eje del alegato de Garciarena se centró en la participación y responsabilidad penal del único imputado, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, jefe del D2 en mayo de 1978. Para ello cotejó declaraciones indagatorias del acusado con la que, en 1987, prestó Alsides París Francisca en la Cámara Federal. En 1978 era jefe de la Policía de Mendoza y en ese testimonio repasó el legajo y las calificaciones que en la época recibía el “sobresaliente” Bruno. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recogió del debate el testimonio de un policía retirado del archivo policial para evidenciar el terror constante que se desataba en el D2 y valoró exposiciones y denuncias de testigos directos. Sin embargo, las únicas “revelaciones” que incomodaron a Bruno -presente en la sala- fueron las de sus antiguos colegas, sobre todo la de Francisca.

En base a esos relatos, Garciarena repasó: Aldo Bruno adujo en la instrucción que él era jefe del D2, desempeñaba tareas netamente administrativas. Dijo que durante su gestión y la anterior -ejercida por Ricardo Miranda Genaro- no existieron detenidos subversivos en el D2, negó también que en el D2 realizara tareas de inteligencia “pero sí había personal destinado a hacer tareas de averiguación, por ejemplo, constatar domicilios”. Finalmente refirió que el D2 no trabajó en forma conjunta con la Policía Federal, ni con el Ejército o con Aeronáutica en la lucha contra la subversión.

Alsides Francisca, prosiguió el abogado querellante Garciarena, declaró que “el D2 dependía de la plana mayor, directamente el jefe de Policía y que estaba enterado de su actuación. Como jefe de Policía hablaba con el jefe del D2 en reuniones donde se informaba a la plana mayor de la actuación que a cada uno le cabía en este asunto. Las funciones del D2 durante su gestión eran la búsqueda de información para procesarla, participaba de la Comunidad Informativa y de reuniones semanales donde el declarante se informaba a través de Bruno”. Según el exjefe policial, por conversaciones con Bruno supo “que en más de una oportunidad existieron personas detenidas en su carácter de subversivos”, también le contó que los procedimientos eran normales y que él y su personal en todos los casos actuaron “como auxiliares” en el interrogatorio, “siempre en presencia de una autoridad”. Finalmente, Francisca declaró que “nunca fue a reunión alguna relacionada con hechos subversivos al Comando de la VIII Brigada, salvo la planificación del Mundial 78 donde en reuniones conjuntas con autoridades civiles, militares y policiales se expresó cómo iba ser tal evento”.

Diego Lavado también reafirmó la responsabilidad en elementos probatorios como el testimonio de María Isabel Salatino, madre de Víctor Hugo Herrera, quien hizo un reconocimiento fotográfico ante el tribunal y señaló a miembros del D2 como participantes en el operativo de secuestro de su hijo, el 25 de mayo de 1978 -entre ellos Eduardo Smaha, Carlos Octavio Bustos Vasconcelos, Mario Stipech y Raúl Horacio Pinto Vega-. “Son pruebas directas de la participación del D2 en los operativos de secuestro”.

El legajo de Bruno indica que fue subjefe del D2 desde agosto de 1977 hasta finales de ese año. Después de navidad lo premiaron con la jefatura y sucedió a Miranda Genaro -imputado en la causa grupal 085M que trata los secuestros y desapariciones de militantes en diciembre de aquel año-.

Para mayo de 1978 Bruno se encontraba en servicio. El 4 de julio de ese año, a diez días de concluido el Mundial, fue removido a “judiciales”. Garciarena reseñó en este camino la declaración testimonial de Jorge Aladino Rivero, policía retirado: “trabajó entre 1976 y 2012 en el Archivo Judicial, sección Prontuarios”, conocido como D5 y con sede en el mismo edificio del D2. Su firma figura al margen de los expedientes de Raúl Gómez Mazzola y Aldo Patroni, devueltos por el D2 al D5 el 17 de mayo, cuando los dos fueron desaparecidos. Según Rivero, “sabíamos de camiones llenos de detenidos por las noches, de operativos en los que teníamos que ayudar fuera de turno sacando los prontuarios de la gente que se llevaban, se escuchaban las órdenes y gritos de tormentos provenientes del primer piso”.
Diego Lavado: Responsabilidad de Aldo Bruno Pérez

Precisiones sobre el GE 78
En los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad “no se trata sólo de hacer justicia, reafirmar una memoria probada y una historia documentada”. El resultado de estos juicios también es “hacer visibles a personajes que han permanecido entre las sombras o entre los pliegues de las instituciones, que se pretendieron reciclar”, dijo el representante del MEDH. Un ejemplo de esto es Carlos Rico Teijeiro, quien está prófugo con pedido de captura y tiene una avanzada investigación en la Fiscalía.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recordó que en mayo de 1978 se estaba a días de comenzar en el país y en Mendoza “un evento deportivo de alcance internacional” que “en términos políticos resultaba crucial para los miembros de la junta militar”. Para asegurar la ‘tranquilidad durante el Mundial Argentina 1978, “las autoridades nacionales dieron instrucciones” del accionar “a los jefes de cada cuerpo”, principalmente “aquellas referidas a ´la cuestión subversiva´”. Y agregó también que Paris Francisca hizo mención a las reuniones realizadas para la organización del Mundial '78 en el comando de la VIII Brigada con personal militar, policial y civil. En setiembre de 1977 se creó el Grupo Especial 78 (GE 78) con objeto de “actuar como personal especializado en la prevención y represión de todos aquellos ilícitos que por sus especiales características de producción, relevancia de sus autores o protagonistas le sean ordenados”.

“Tenía como objetivo ir por este grupo ‘residual’ como un mensaje ‘ejemplificador’ o ‘preventivo’ antes del Mundial Argentina 1978”, explicó al respecto más tarde Diego Lavado. “Contó con el apoyo del D2, de las comisarías, de infantería y de otras fuerzas. Sus movimientos constan en el  Libro de novedades n° 269 del Cuerpo de Infantería, donde tenía asiento el Grupo. Hay tres asientos de salidas de miembros del grupo a operativos: uno del 17 de mayo de 1978 -donde aparece Carlos Rico Teijeiro- día en que secuestraron a Raúl Oscar Gómez y Margarita Dolz; otro el 22 de mayo de 1978, día en que desaparecen Gustavo Neloy Camín y su hijo Mario Guillermo; uno más del 26 de mayo de 1978, cuando fueron secuestrados y desaparecidos Juan José Galamba y Ramón Sosa”.
Diego Lavado: El Grupo Especial 78

Calificar al represor
El doctor Pablo Garciarena se refirió a la responsabilidad de Aldo Bruno: “puede afirmarse que el imputado, en su calidad de jefe del D2, tenía conocimiento y mando sobre las tareas de información e inteligencia del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza; también de los procedimientos, detenciones, interrogatorios y destino final de los detenidos”. Además, de todo eso “informaba semanalmente a la plana mayor de la Policía”.

Diego Lavado, a su turno, dijo que desde el MEDH se considera la responsabilidad de Bruno como jefe del D2, órgano que prestó servicios en los secuestros y como lugar de detención. Estos hechos los incluyó en un plan sistemático criminal, los calificó como delitos de lesa humanidad contra un grupo determinado, previamente identificado, efectuado en el contexto de genocidio.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos explicó que desde esa representación entienden “que la posición de Bruno es la de autor mediato en razón del rol que dentro de la estructura funcional desempeñó y que tomó parte e impartió las órdenes necesarias para que los secuestros de las víctimas y su posterior desaparición forzada se efectuase de acuerdo al cuadro de situación diseñado por el Ejército, pero siempre cumpliendo sus funciones en el engranaje de la maquinaria delictiva”.

Lavado amplió el fundamento de las calificaciones: “La desaparición forzada de personas, catalogada internacionalmente como una violación masiva y progresiva de derechos humanos, que comienza con una actividad de inteligencia, reunión de información; continúa con la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y torturas; hasta la eliminación física de la persona, es decir, la privación arbitraria de la vida: homicidio. En estos casos, el homicidio se califica agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por la alevosía que proviene del aprovechamiento de la indefensión de la víctima, y porque se llevó a cabo para sostener la situación de impunidad de los autores”.

El doctor Lavado señaló, en consonancia con Pablo Garciarena, que le precedió, y con el alegato del Fiscal Dante Vega -expresado el día anterior- que la responsabilidad del único imputado como autor mediato por el grado jerárquico que ocupaba, las funciones que sus superiores y las leyes vigentes le señalaban, la disposición de información que desde allí se armaba, la participación de sus subordinados en los operativos y la utilización de la dependencia del D2 como centro clandestino de detención. Los hechos, consideran, fueron perpetrados por un grupo con la función indeterminada de cometer delitos, es decir, que conformaron una asociación ilícita.

En síntesis, desde la querella del MEDH, explicaron que se entiende que Aldo Patrocinio Bruno es responsable como autor mediato del delito de privación abusiva de la libertad agravada por medio de violencia y amenazas en nueve hechos en concurso real, de homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar el concurso de dos o más personas y por ser cometidos para garantizar la impunidad de los autores; en concurso con el delito de asociación ilícita. Todo esto realizado en el marco de un genocidio, contexto sostenido por todas las querellas.

Pablo Garciarena: Calificaciones