Causa 055-M: privación ilegítima de la libertad de Ángel Bartolo Bustelo. Alegatos: I Fiscalía y II SDHN

Las cosas que pasaron en mi Patria

14-03-13 | La Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expusieron sus alegatos en relación a la detención ilegal y torturas al reconocido dirigente comunista y abogado Ángel Bartolo Bustelo. La eliminación de quienes defendían a los presos políticos, escollo tremendo para el plan sistemático de desaparición forzada de personas.

El Fiscal Daniel Rodríguez Infante recordó que por este caso Dardo Migno ya tiene una condena, y en este nuevo proceso se juzgó solo a Ramón Ángel Puebla, entonces jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII (CCM VIII). Ese destacamento militar fue la primera parada en el periplo de detenciones y torturas que sufrió el Doctor Ángel Bartolo Bustelo, alto dirigente del Partido Comunista y defensor -desde antes del golpe de Estado de 1976- de presos políticos, motivos ambos para soportar innumerables persecuciones y detenciones.

Dr. Ángel Bartolo Bustelo

Tenía un estudio jurídico con Carlos Bula, quien aseguró que ellos junto a otros abogados del Partido Comunista, como Benito Marianetti y Jacinto de la Vega, eran buscados por familiares de detenidos -“para evitar que los torturaran”- porque eran los únicos dispuestos a atender esos casos. “No hacíamos diferencia según cual fuera la actividad que tenían (los detenidos), queríamos que se los juzgara como se debía, éramos como un servicio de urgencia. Lo primero era salvarles la vida, la salud y la integridad física”, agregó. Así fue ganando su condición de “enemigo peligroso para el aparato criminal estatal”.

El Fiscal y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -SDHN-, Fernando Peñaloza-, recordaron las defensas que ejerció Bustelo en favor de Fátima Llorens -sobrina del cura tercermundista José María Llorens- y de Amadeo Sánchez Andía -estudiante de periodismo asesinado por la Policía de Mendoza en 1975-.

Peñaloza comenzó su alegato en esta causa recordando que según el informe de 1984 de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas -CONADEP- fueron secuestrados y desaparecidos no menos de 109 abogados, el 90 por ciento de ellos entre marzo y diciembre de 1976. Representaban el bastión de legalidad que había que someter. Los abogados, que resistieron desde el primer momento del golpe de Estado, debían ser eliminados lo más rápido posible porque serían la cabecera de playa de una resistencia silenciosa”. Esto, consideró Peñaloza, avala la hipótesis del Ministerio Público y de la SDHN respecto de uno de los motivos fundamentales para perseguir y herir de tal manera a Bustelo. El representante nombró, junto a Bustelo, a Héctor Rosendo Chávez y a Alfredo Guevara (padre) como abogados militantes y perseguidos.

Fernando Peñaloza - SDHN

El estudio jurídico fue allanado ilegalmente el 11 de agosto de 1976. En esa irrupción, disfrazada de operativo zonal, la patota represiva buscaba un motivo para detener al abogado. De allí se llevaron, según el acta de procedimiento labrada por el Ejército Argentino, cuadernillos “COMACHI Denuncia” -de la Coordinadora del Movimiento de Ayuda a Chile, país sometido por el pinochetismo, declarada ilegal en junio de 1976- una nómina de periodistas chilenos víctimas de la Junta Militar fascista, cuadernillos de la Liga  Argentina por los Derechos del Hombre; entre otros materiales. Encontraron sus motivos...

Clausuraron el estudio, y lo “ocuparon”, militares se quedaron allí y hasta atendían el teléfono diciendo que eran secretarios. Por este motivo, el 2 de setiembre de 1976, Bustelo envió un telegrama al general Jorge Alberto Maradona, segundo comandante del III Cuerpo de Ejército -cuyo superior era Luciano Benjamín Menéndez-, máxima autoridad militar en Mendoza. En ese escrito, el abogado pidió que se levante la clausura del estudio que “provoca grandes daños al suscripto y a terceros”. Los terceros, por supuesto, eran las víctimas de la represión que los letrados supieron defender.

Pasó sólo un día y la ira del poder de facto recayó sobre Bustelo. El 3 de setiembre fue secuestrado de su domicilio. La patota golpeó la puerta al grito de “¡Telegrama!”. Rodríguez rescató palabras del dirigente: “lo que entró fue una horda de delincuentes militares, porque iban vestidos con el uniforme del Ejército de mi Patria”. En la casa estaba con su esposa -Petrona-, su hijo -Fidel- de 13 años, su hija -Elba- de 6 años y una mujer que los ayudaba. Entre tres o cuatro agentes “me arrojaron como una bolsa de papas en el camión del Ejército”, relató Bustelo en una de sus tantas declaraciones. Los vecinos luego contaron que la “cuadra estaba copada por soldados”, recordó el Fiscal. La patota permaneció en el domicilio hasta el día siguiente con la familia secuestrada.

Lo trasladaron bajo insultos, amenazas y salvajes golpes hasta el Comando de Infantería de Montaña donde lo interrogaron bajo tormentos; luego lo llevaron a la CCM VIII, donde estuvo hasta el 6 de setiembre. Luego lo pasaron a la Penitenciaría Provincial junto a Roberto Vélez. Los dejaron en el Pabellón 13, donde tenía lo que las fuerzas denominaban “jefes de la guerrilla”. Su siguiente lugar de detención fue la Unidad 9 de La Plata. Lo llevaron en el traslado masivo del 27 de ese setiembre, donde fue particularmente maltratado, al igual que Guidone. Bustelo terminó con su espalda negra de los golpes. Cuando testimonió en el Juicio a la Juntas sólo pudo agregar: “Increíble... increíble que estas cosas hayan pasado en mi Patria”.

Sobre esto Peñaloza agregó: “El caso de Bustelo se ventiló en otras jurisdicciones. Al momento de dictarse sentencia en el Juicio a las Juntas se lo mencionó”, fue el caso 166 de la Causa 13. Se trata de un fallo judicial en el cual se define a la estructura que actuó en Mendoza y que es responsable de la detención de Bustelo.
Fernando Peñaloza: Cacería a los abogados de la resistencia

De los expedientes surge que la privación de la libertad de Bustelo no puede considerarse fragmentada en tres -por cada lugar por los que pasó- sino que es una sola. Una apreciación contraria beneficia la atomización y, por ende, la impunidad, explicó el abogado de la SDHN. Además, hay pruebas documentales sobre “lo grotesco de la privación de libertad” dijo Peñaloza. Por ejemplo, “el 24 de noviembre el juez Gabriel Guzzo dictó -en una posición intermedia- una orden de sobreseimiento temporario y hacer lugar al recurso de habeas corpus a favor de Ángel Bustelo. No obstante no lo liberaron y la orden de libertad fue elevada por la U9 al superior militar, el Comando del Cuerpo I de Ejército, a fin de que éste disponga si se debe o no dar cumplimiento”, como ya lo habían hecho en ocasiones anteriores, buscaban que algo o alguien impidiera la libertad; y/o que legitimara la detención. Recién en enero se da a conocer un decreto de disponibilidad al Poder Ejecutivo Nacional, fechado en diciembre de 1976 y que disponía la detención de Bustelo, efectuada tres meses antes... Pasado esto, lograron que el juez diera marcha atrás con el sobreseimiento, recordó Peñaloza.

Por serios problemas de salud, de La Plata lo enviaron nuevamente a la Penitenciaría de Mendoza, el 18 de julio de 1977, donde estuvo hasta el 11 de agosto, cuando fue liberado. Peñaloza recordó que fue el 29 de julio de 1977 cuando se dispuso la liberación inmediata por decreto, pero se tomaron unos días más. Lo fue a buscar su familia, no obstante antes, lo obligaron a firmar un “papelucho” en el que constaba que “lo habían tratado muy bien”. Cuando puso su firma lo hizo, dijo Bustelo, “porque confiaba en que la historia le iba a permitir demostrar que eso no había sido así”. “Tarde, pero lo pudo demostrar”, agregó Daniel Rodríguez.

Bustelo debió abandonar su profesión porque, luego de la clausura y ocupación de su estudio -en donde las fuerzas pusieron un cartel que decía “Ejército Argentino”- nadie iba, por miedo a relacionarse con él. Se dedicó a la literatura.

Durante su detención, le iniciaron una causa judicial para intentar legitimar los actos represivos. Pero apenas 20 días después de ser secuestrado lo llevaron ante el juez. En la causa actuaron los jueces Gabriel Guzzo, Luis Francisco Miret -imputados en el próximo juicio a funcionarios de la justicia cómplices de la dictadura- y el entonces fiscal Otilio Roque Romano -hoy prófugo de la justicia-.
Daniel Rodríguez: El ejercicio de la profesión y el cuero duro de Bustelo

Bustelo en la Compañía

En la CCM VIII lo recibieron con simulacro de fusilamiento, luego lo llevaron a los barracones con los otros detenidos, quienes le contaron de los tormentos. Con gran valentía, Bustelo le dijo a Dardo Migno -responsable del “Lugar de Reunión de Detenidos" (LRD), centro clandestino de detención (CCD)-  mientras le hacía la ficha: “¿Cómo puede ser que estén torturando?" Eso le valió que Migno lo mandara a un calabozo de aislamiento. Las condiciones allí, como ya lo especificó el Ministerio Público en el juicio, eran en sí mismas tortuosas, y así lo consideró entonces el Tribunal. Se reconocieron como tormentos agravados por la condición de perseguido político, explicó Rodríguez.

Durante ese encierro, Bustelo pidió papel y lápiz. Le estaba escribiendo un telegrama al dictador Jorge Rafael Videla sobre la situación. El soldado que se lo recibió le dijo: “Pero doctor, piénselo un poco”. Cuando las autoridades vieron el nuevo telegrama dijeron: “Lo enviaremos a la cárcel y ahí va a saber lo que es bueno”. Los militares sabían a qué exponían al detenido cuando lo trasladaron.

Hay tres elementos que comprueban la clandestinidad del accionar represivo: la no sujeción a autoridad judicial, la información a familiares sobre el lugar de detención y, aún dando a conocerlo, el aislamiento al que sometían a las víctimas. “Los tres se comprueban en este caso” afirmó el fiscal.

El imputado por esta causa, Ramón Ángel Puebla, era el jefe de la Compañía, superior de Migno, condenado por este caso en el juicio anterior. Por ese CCD pasaron entre cien y doscientas personas.

Daniel Rodríguez: El jefe Puebla, sin dudas

Calificar al represor: Color verdeoliva

El Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó a Ramón Ángel Puebla como autor mediato en cadena de mando intermedia en aparato organizado de poder, del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, por el concurso premeditado de dos o más personas y por la duración de más de un mes; también por la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima; todo esto en concurso real entre sí y con el delito de asociación ilícita. Todos delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional del genocidio.

076-M: Privaciones de la libertad de Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone. Alegatos I y II: Fiscalía y MEDH

El ensañamiento y los sobrevivientes

14-03-13 | Daniel Rodríguez tuvo a su cargo los alegatos de la Fiscalía en la Causa 076M que trata las detenciones forzadas de Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone. Pablo Salinas expuso en nombre del MEDH. Martín Vergara alegó como representante particular de Vélez. Además de otros sitios de detención, los tres pasaron por el centro clandestino montado en la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII, órgano dirigido por Ángel Puebla y regenteado en la instancia siguiente inferior por Dardo Migno, ambos imputados.

Lecea y Vélez “compartían idéntica pertenencia política al Partido Comunista y fueron detenidos en el marco del mismo operativo”, comenzó la reconstrucción Daniel Rodríguez Infante. Guidone estudiaba medicina y era militante de izquierda, ligado a Vanguardia Comunista.

Roberto Vélez, tenía 25 años y un hijo cuando fue detenido. Estudiaba Ciencias Políticas. Señaló en su testimonio actual que “antes de los hechos que conforman el objeto de este juicio sufrió atentados y robos en el mismo domicilio en cuyas proximidades sería luego detenido”, repasó el fiscal.

Las explosiones fueron el “24 de octubre del ‘75 y el 30 de junio del ‘76, siendo en este último privado de su libertad en la Comisaría 7ma. por aproximadamente dos días, tras haber ingresado a su casa contra las indicaciones de la policía, que se encontraba actuando en el lugar, tras el atentado. Reiteró también el saqueo de diversos bienes de su hogar en estos episodios y agregó que durante ese operativo se robaron incluso los pañales de su hijo.

El abogado Martín Vergara alegó en la causa de su defendido particular, Roberto Vélez. Reconstruyó su historia, plagada de escenas relacionadas al “aparato represivo del Estado”. El letrado repasó los tipos de terrorismo de Estado -con apoyo y abierto- que distinguió Eduardo Luis Duhalde y cómo ese accionar se comprueba desde antes de 1976 -Ley de Residencia, Plan Conintes, entre otros-. La persecución a Vélez, dijo su representante, “responde a un solo motivo: su condición de comunista”.

Un primer antecedente data de cuando Roberto tenía nueve años: fue a visitar a su padre, que estaba detenido, un policía maltrató a su madre, él reaccionó y escapó. Durante el gobierno de facto de Onganía se le impidió ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas, lo mismo le ocurrió en 1971 en la de Ciencias Políticas. Para el servicio militar lo enviaron a otra provincia, con régimen de sol a sol y sin visitas a su tierra.

Martín Vergara: Contexto histórico de persecuciones y sus responsables:
 

En 1972 finalmente comenzó la carrera de Políticas. En 1976 cursaba 5to año, era presidente del centro de estudiantes y fue expulsado el 15 de junio por “constituir un factor real o potencial de perturbación”. En marzo de ese año ya habían asesinado a Susana Bermejillo, reconocida dirigente comunista, compañera de Roberto.

Martín Lecea tenía 40 años, era corrector en la imprenta oficial y tenía actividad gremial. 

El fiscal Rodríguez presenta a las víctimas:

En esta Causa también puede comprobarse la articulación entre comisarías en el accionar represivo: el libro de novedades de la 34° expresa que, tras la bomba en casa de Vélez el 30 de junio, "las agentes María Olaves y Figueroa, en móvil número 53 de Seccional 34” llevaron a Vélez y a Juan De la Cruz Sosa “detenidos, quedando en depósito a disposición de la seccional anteriormente mencionada”, -la 7ma.

La madrugada del 9 de agosto de 1976 detuvieron a Vélez y Lecea en la intersección de Patricias Mendocinas y Echeverría, cerca de la casa de Vélez. Estaban en un Jeep de Martín que fue robado por las fuerzas. Venían de una reunión del Partido celebrada en Villa Hipódromo.

Los llevaron a la Seccional 34 donde fueron interrogados. Lecea fue conducido hasta su propia casa para realizar un “allanamiento”. Luego los trasladaron a la Comisaría 7ma. donde pasaron la noche”, reconstruyó Rodríguez. 

Martín Lecea (h) prestó testimonio en este juicio e hizo referencia a la detención del padre en la 7ma. y corroboró que “personal policial con uniforme azul realizó un allanamiento en su domicilio en la madrugada y que gracias a ello pudieron conocer la detención de su padre”. 

Lecea, ya fallecido, pudo dar testimonio en una ocasión ante el Juzgado de Instrucción Militar. Indicó que “al llegar a la citada Seccional" fueron “interrogados por un ‘oficial de la policía vestido de civil’, y que dicho interrogatorio "fue de tipo compulsivo, es decir que a la pregunta formulada se le insinuaba la respuesta a dar". Al regresar del allanamiento fue sometido a un segundo interrogatorio en la 34 y fue además amenazado”.

Vélez señaló sobre esa noche que “fueron interrogados por el oficial a cargo, quien procuraba obtener información sobre el Partido Comunista bajo amenazas”. El Fiscal recordó que “tras la negativa de las víctimas a declarar, se les dijo: ‘lo lamento, pero esto que yo le he preguntado y que usted no ha contestado se lo van a sacar de otra forma’. Esto demuestra el conocimiento que el personal de la 34 tenía sobre los métodos de tortura desplegados por el aparato terrorista estatal del cual formaron parte”. 

Martín Lecea hijo comentó que el allanamiento lo realizaron “policías armados y que su padre intentaba sujetarlos para que no se excedieran, ya que se encontraba su segunda esposa, embarazada, y también el propio hijo, y además, sus hermanas de 4 y de 16 años. Fueron arrinconados en un sector de la casa, en estado de shock, viendo como a mi padre lo detenían cuando era un simple trabajador”. La rapiña, como la supo denominar Dante Vega: durante el operativo se robaron bienes de valor. 

“Se incautó bibliografía del tipo comunista marxista y un mimeógrafo”, según el acta del Juzgado de Instrucción Militar. El mismo documento expresa que en el operativo “el comportamiento del personal que allanó su casa fue correcto y amigable, ya que en un momento determinado tomaron café y conversaron junto con sus familiares”. Roberto Vélez sindicó al Coronel Hugo Alfredo Soliveres, que es precisamente el juez instructor que recibió a Lecea en declaración testimonial de la que resulta el acto citada, como miembro de un Consejo de Guerra de la época. El fiscal aclaró que la palabra “allanamiento no pasa de ser un eufemismo, en tanto se trató de una verdadera irrupción ilegal e ilegítima en su domicilio. Luego de pasar la noche en la 7ma., los secuestrados fueron conducidos a la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII (CCM VIII).

Fotos del Libro de Novedades de la Seccional 34

En el libro de novedades de la Seccional 34 consta la detención a las 2.45 de la madrugada por “averiguación antecedentes y medios de vida”; el traslado a la Comisaría 7ma; y que a las 10.45 un móvil de la Seccional 34 los buscó y los regresó; y a las 12 se “conduce a los detenidos ‘al Comando VIII Brigada de Infantería quedando a disposición de ese comando”, cosa que no fue así, aclaró Rodríguez. “Las víctimas han declarado que desde la 7ma. pasaron a Comunicaciones. Lo más importante es que claramente la policía puso a los detenidos a disposición del Ejército”. Los llevaron en el Jeep que le rapiñaron a Lecea.

Lecea permaneció en la CCM VIII hasta el 27 de septiembre de 1976 y Vélez hasta el 6 de septiembre -cuando fue llevado a la Penitenciaría Provincial junto a Bustelo-. Los tres formaron parte el 27 de setiembre del traslado masivo de secuestrados a la Unidad N° 9 de La Plata. Lecea recuperó su libertad el 7 de marzo de 1977, Vélez fue liberado el 24 de diciembre de ese año.

Oscar Martín Guidone tenía 26 años cuando fue detenido; estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Vivía en Luján de Cuyo. Fue definido como un “joven con una sensibilidad social profunda, comenzó a movilizarse políticamente en la Facultad a raíz de observar las necesidades que padecían los barrios carenciados” aledaños. “Concurría a estos barrios en búsqueda de vinchucas con la intención de avanzar en soluciones contra el Mal de Chagas. En su declaración Guidone indicó que probablemente la percepción del sufrimiento de los más humildes fue lo que lo llevó a especializarse en parasitología, a la que consideró la ciencia médica de los pobres… porque son ellos quienes padecen principalmente estas dolencias”. 

Militó en el Frente Estudiantil Medicina (FEM), organización que luego se convirtió en la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente (TUPAC), expresión universitaria del partido político “Vanguardia Comunista”, de tendencia maoísta. Durante su cautiverio nació su hijo y murió su padre. “Su carrera se vio truncada por la detención ilegal a la que fue sometido, aunque siguió militando políticamente luego de recuperar su libertad”, el 20 de agosto de 1978, repasó el fiscal.

Fue detenido en la madrugada del 2 de junio de 1976. Un grupo de militares con fusiles arribaron a su domicilio, redujeron a sus padres, rompieron cosas y alegaron buscar un mimeógrafo, “un arma poderosísima, como dijo Guidone”, al igual que en la casa de Lecea. Se lo llevaron violentamente, maniatado y vendado “en un camión Mercedes Benz perteneciente al Ejército, uno de los tres camiones que, junto a dos jeeps, aguardaban en la vía pública”.

Daniel Rodríguez Infante, Ministerio Público

Guidone contó ante el Tribunal: “Todavía estaba medio dormido cuando, detrás de mi mamá, que trataba de despertarme, fusiles en mano y camuflados con ropa de combate, más de diez militares -empujando y golpeando a mi madre- me sacaron de la cama con violencia e insultos. Al salir de mi habitación, en el comedor de mi asaltada casa, veo a mi padre, que sufría una crónica enfermedad, en paños menores, sentado en un sillón del comedor rodeado y encañonado por los fusiles de otros tantos cobardes milicos”.

Fue trasladado a la CCM VIII, donde estuvo hasta el 27 de septiembre de 1976, cuando fue trasladado a la Unidad N° 9 de La Plata. En ese traslado se movilizaron detenidos de la Compañía y de la Penitenciaría. “Todos fueron obligados a sentarse con la cabeza entre las piernas, con esposas en una de sus muñecas que lo unían a sus compañeros y en la otra a uno de los caños que recorrían las filas de asientos, con cadenas en los tobillos, a su vez tomadas a los caños y continuamente golpeados” repasó de los testimonios, Daniel Rodríguez.

Guidone fue golpeado y raspado con una suerte de bastón o palo en una cicatriz que tiene desde niño en su cabeza producto de una quemadura. El sobreviviente contó: “uno de los militares se puso delante mío y me puso el palo y empezó a moverlo de tal manera que la piel se me cayó.

Fue liberado el 20 de agosto de 1978, más de seis meses después de que en el marco del proceso 20.840 que se le siguió, su libertad había sido ordenada el 3 de febrero del '78, al dictársele el sobreseimiento provisorio.
Daniel Rodríguez: Semblanzas de Lecea, Vélez y Guidone

Procesos formados

A Guidone le iniciaron una causa por relacionarse con organizaciones comunistas y por contener material subversivo. Con esas acciones se pretendía dar un marco de legitimidad a las privaciones ilegítimas de la libertad. Por ese proceso se tuvo que presentar frente al juez Gabriel Guzzo -hoy investigado como cómplice del terrorismo de Estado- quien le preguntó si tenía abogado defensor... “No me dieron la oportunidad”, respondió el secuestrado.

Pero, “el carácter totalmente ilegal, ilegítimo y abusivo de la privación de libertad” no se ve cuestionado por “el hecho de que los detenidos hayan sido puestos a disposición del PEN mediante el decreto respectivo o, en el caso de Guidone sometidos además a un proceso en el marco de la ley 20.840” explicó Rodríguez. “Estos decretos no tenían otra finalidad que la de pretender maquillar de legalidad las detenciones ilegítimas y el encarcelamiento indeterminado de los opositores políticos”. Para más datos: “En los casos de Lecea y Vélez, el decreto que puso a los detenidos a disposición del PEN data del 15 de noviembre de 1976, más de tres meses después de la efectiva privación de la libertad”.

Guidone fue detenido unilateralmente por el Ejército, “quien lo puso en conocimiento de la Justicia Federal casi cinco meses después de haberlo llevado a cabo”.

El poder concentrado en la picana

El jefe de la CCM VIII era Ramón Ángel Puebla. Dardo Migno actuaba como segundo de él, regenteaba el centro clandestino de detención y torturas (CCD) que en esa dependencia funcionó y que llamaban Lugar de Reunión de Detenidos (LRD). El personal interviniente en ese CCD le respondía.

Portón Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII -Libro Nunca Más

“Puebla fue un militar que no se expuso en el trato con los detenidos, lo cual no obsta su participación criminal en el aparato organizado de poder, el jefe de la Compañía de Comunicaciones no pudo ser ajeno a los sucesos padecidos en el propio establecimiento” señaló el Fiscal.

El doctor Pablo Salinas expuso en representación del MEDH en la causa 076M. “La CCM VIII fue un centro clandestino de detención que pudimos recorrer en el anterior juicio con el Tribunal. Allí vimos dónde fueron trasladados los detenidos y dónde se los llevaba para la tortura”, recordó. “La clandestinidad de ese centro de torturas la comprobamos al ver que con topadoras destruyeron el lugar en el que se practicaban los tormentos, un intento de hacer desaparecer todo rastro. Se notaba en los cimientos, por lo que declararon en la inspección testigos como Rafael Morán, que destruyeron el lugar porque allí se practicaba la tortura”. 

Allí, los detenidos -como Bustelo, Guidone o Martínez Bacca- “padecieron gravísimos sufrimientos ‘especiales´. Guidone recordó que a modo de burla, a Martínez Bacca lo hacían caminar gateando y le decían ‘¿sos Bacca? Entonces decí muuu’, mientras lo golpeaban. También que otro de los detenidos, al manifestar que tenía sed, fue obligado a beber en un vaso la orina de uno de los custodios. Además, eran expuestos a presenciar los tormentos a los compañeros. “Éramos como 120 allí...”, dijo Vélez ante el Tribunal.

Croquis de la CCM VIII esbozado por Vélez

Quedó acreditado que hubo un “plan criminal, y que a la CCM VIII -instalaciones del Ejército- llevaron a los dirigentes políticos de Mendoza. Al país lo dividieron en cinco zonas y en cada una había un señor feudal asesino de horca y cuchillo; como Luciano Benjamín Menéndez, un ser perverso y ejemplo de lo que fue el terrorismo de Estado”, explicó Salinas. “Las detenciones, los traslados y las retenciones en los centros de torturas, el aislamiento, todo, se hizo de manera clandestina e ilegal” agregó Rodríguez.

El Fiscal recordó sólo algunos episodios que prueban los tormentos sufridos en ese CCD: Roberto Vélez y Martín Lecea fueron alojados en celdas de aislamiento, sin alimentación, y alternadamente retirados para ser sometidos a incesantes golpizas y sesiones de picana eléctrica.

Rodrìguez repasó palabras de Vélez: “cuando me torturaron, me llevaron al mismo lugar donde lo torturaban a Martín, me colgaban hasta que los pies ya no daban en el suelo y ahí golpeaban y picaneaban...”. También el sobreviviente contó que “lo hacían correr con los ojos vendados y de esa manera chocaba con el canto de las puertas” y otras cosas. Además, el fiscal recordó lo padecido en ese antro de tormentos por Horacio Martínez Bacca; y que personas que no estaban detenidas en la CCM VIII fueron también torturadas allí, como es el caso de Pablo Seydell.

Guidone recibió golpes de tal magnitud que le dañaron el bazo; fue regresado a las barracas y sus compañeros de cautiverio lograron que fuera conducido al Hospital Militar donde el médico Dino Pradella le practicó una cirugía para quitarle dicho órgano. Permaneció hospitalizado por aproximadamente 20 días, tras lo cual fue nuevamente conducido a las barracas. Días después sufrió una nueva golpiza, en represalia por el llamado de atención que recibieron los agentes -“culpa tuya han tenido que echar a dos compañeros nuestros”, le dijeron-; luego una nueva sesión de torturas. 

El mismo exdetenido “narró que cuando llegaba el momento de los interrogatorios, aparecía gente joven, si se estaba dentro de los intervalos en que se les permitía salir a una especie de patio, los hacían ingresar a todos a las barracas, y allí venían con listas para llamar a quienes serían interrogados. Quien era seleccionado era conducido al baño, y ahí se le vendaban los ojos y se le ataban las manos a la espalda”, relató Rodríguez.

En este CCD, el 21 de septiembre de 1976 se permitió el casamiento de Guidone con Carmen Edith Prado. El acto religioso tuvo lugar en la capilla del Hospital Militar, oficiado por el capellán Rafael Rey; y el acto civil se llevó a cabo en la oficina del entonces Teniente Dardo Migno. “Máxima expresión de perversidad” valoró el fiscal, “celebrar un matrimonio oficiado por el propio capellán que diariamente conocía las torturas”.

Viviana Beigel y Pablo Salinas, MEDH

Salinas retomó palabras de Hannah Arendt: “El primer paso esencial en el camino hacia la dominación es matar en el hombre a la persona jurídica”. “Sus ideales y sus principios” agregó el abogado. “Estos espacios físicos especialmente preparados para el cautiverio, la tortura y la muerte son la verdadera institución central del poder organizador en el marco del terrorismo de Estado”. El centro clandestino tuvo el fin de “infundir el terror, está ligada a la tortura -reconocida hace un siglo como delito- y ésta siempre estuvo ligada al poder del Estado. La tortura se lleva adelante en los CCD y era seguida por la desaparición forzada de personas”.

“La tortura no ocurre porque los torturadores sean sádicos”, explicó el querellante, “es parte del aparato del Estado para reprimir a los disidentes. Concentrados en el electrodo están el poder y la responsabilidad del Estado, para imponerse”.

Rodríguez, a su vez, explicó otro aspecto sobre la configuración del CCD: “estábamos frente a un verdadero campo de concentración. Me refiero ya no, al trato que las autoridades dispensaban sobre los detenidos -aunque indirectamente se vincula a él-, sino a la disposición espacial y mecánica de funcionamiento del mismo, las cuales terminaban de diseñar una macabra arquitectura, que nada tuvo que envidiarle a los campos de concentración nazis”. “Puertas y ventanas tapiadas, cuchetas, guardias permanentes con ametralladoras apostadas en los extremos, alambres de púa” son algunos de los componentes del lugar cuya función era la de amedrentar.

Responsables

El abogado del MEDH se refirió a Primo Levi: “el poder del que disponían los funcionarios, aún los de baja graduación, era sobre todo, ilimitado. Tenían libertad para cometer las peores atrocidades”. Migno disponía de un poder sobre los compañeros detenidos en ese CCD y sobre otros subordinados. Le seguía en el mando al jefe del destacamento, Ángel Puebla.

La persecución política es el agravante a la aplicación de tormentos que se le imputan a Migno y Puebla en los tres casos. Se trata de “la acción del Estado conducente a someter a un individuo a hostigamiento, tormento, opresión, o medidas discriminatorias diseñadas para producir sufrimiento (...) por motivo de las creencias, opiniones o pertenencia de la víctima a un determinado grupo”.

Para algunos detalles en la cadena de mandos del aparato organizado de poder, Salinas trajo a colación la declaración de Roberto Vélez: “El Jefe de Comunicaciones era un mayor Ramón Ángel Puebla, después estaba Largacha (que será investigado a raíz de estas declaraciones); Pagella integraba el grupo que manejaban Dopazo (fallecido) y Gómez Sáa (con una investigación en marcha). Peralta colaboraba con Migno. Ellos eran quienes los entregaban a los torturadores y no le extraña que también ellos participaran de las torturas. Peralta era quien los ataba y vendaba. A las torturas eran trasladados por gente que tenía borceguíes y uniforme de combate, pero no los podía ver. El jefe de los torturadores era García, de la Fuerza Aérea”. Este testimonio es una prueba central, acompañado de otras declaraciones que expresan lo mismo; igual ratifican esto los cargos corroborados en los legajos de los imputados. “La atomización y la impunidad de leyes y del tiempo han colaborado para impedir la justicia, por eso sólo están aquí imputados Puebla y Migno”.

También funcionaron los Consejos de Guerra como un modo de extraer información y darle una cobertura de legalidad a las detenciones, pero sus miembros son los mismos de los organismos de la represión. En este sentido, Salinas dio como ejemplo el “Consejo de Guerra Especial Estable Nº 16” cuyo presidente era el Tte.Cnel Juan Antonio Garibotte y sus vocales los Capitanes Luis Stuhldreher (hoy prófugo), Rodolfo Largacha, Jorge Roberto García (Aeronáutica), Alfonso Menéndez”.

Calificar a los represores: Los primarios

A Migno y Puebla, se les imputó como autores mediatos a través de un aparato organizado de poder, en un rango intermedio; por privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas por tres hechos; también por lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía -por el caso Guidone-. Todo esto en concurso real con el delito de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores; delitos calificados como de lesa humanidad. El MEDH pide que se los condene por su participación primaria en el delito de genocidio. La Fiscalía expuso que los delitos deben ser considerados cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio.

“Puebla y Migno no sólo deben ser condenados por las torturas que allí sufrieron las víctimas de esta causa, sino también por la privación de libertad que, como ya ha dicho el Fiscal Dante Vega en este juicio, no debe serles atribuida sólo por el tramo de dicha privación correspondiente a la detención de las víctimas en el CCD que ellos comandaban, sino en su duración total”, explicó el fiscal Daniel Rodríguez.

076-M: Privaciones de la libertad de Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone. 055-M: Privación de la libertad de Ángel Bustelo

Por radiografías

20 -12-2012 | Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone tenían militancias en común, pasaron por los mismos tormentos, las mismas cárceles. Guidone, Vélez, Gaitán -otro compañero perseguido- reconocieron a una decena de agentes de la represión, entre policías y militares. La causa Bustelo en relación. Un médico, testigo ejemplar del miedo.

Desaparecidos del lugar

Martín Ignacio Lecea es hijo de Martín Lecea -fallecido en 2003-, militante del Partido Comunista de Mendoza -PC- detenido el 8 de agosto de 1976. Lo llevaron a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz y luego lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada. Formó parte de los detenidos que fueron llevados a la Unidad 9 de La Plata, donde estuvo preso hasta el año siguiente. Fue liberado “entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 1977”, recordó.

En aquel momento tenía 14 años. “Mi papá fue un hombre común, un hombre trabajador, que toda la vida vivió de su trabajo, y que siempre tuvo una militancia política y sindical comprometida a favor de los intereses de los trabajadores, en defensa de los intereses de su clase”, recordó. Martín Lecea fue uno de los fundadores del Sindicato de Empleados y Obreros Provinciales -SEOP- y colaboró en el gremio de Artes Gráficas. En aquel momento, Lecea trabajaba en la imprenta oficial del gobierno de Mendoza.

“Por el año 1976 él realizaba actividades políticas, fue detenido junto a Roberto Vélez en la vía pública”. Fue trasladado a la Comisaría Séptima. En la madrugada de ese día, personal policial -uniformado de azul y armados- hizo que Martín los acompañara al allanamiento que realizaron en su casa y allí la familia tomó conocimiento de que estaba detenido. En la vivienda estaban la hermana menor de Martín Ignacio, de cuatro años, y la mayor, de 16, junto a la segunda esposa de Lecea, que estaba embarazada y dio a luz pocos días después.

Se llevaron pertenencias del departamento en el monoblock Laprida en Villa Hipódromo. También se llevaron un Jeep de Lecea que fue usado unos días por la Comisaría 7ma, hasta que se lo reintegraron a la familia.

Lecea fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones VIII y allí recibió una visita de la familia, al mismo tiempo que otros detenidos. Martín Ignacio comentó que su padre le enseñó el pulgar derecho, muerto por la picana. También le mostró severas lesiones en el abdomen y le comentó que la alimentación era “deficiente” y que las condiciones sanitarias y de ellos mismos eran “deplorables”. Lecea le pidió a su hijo que informara de esa situación al Dr. Benito Marianetti, dirigente del PC de Mendoza.

Luego los detenidos “desaparecieron del lugar”, relató el testigo. En ese momento, recordó, la defensa de los compañeros detenidos la ejercían el abogado Jacinto De la Vega, también Marta Agüero -de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre-, entre otros, y “gracias a ellos” pudimos saber que los trasladaron a La Plata.

Una vez que lo contactaron a Lecea, él les contó que en el vuelo los llevaron amarrados y les propinaron golpizas. También que uno de los detenidos que iba en el mismo Hércules hacia La Plata se desvaneció y pareció caer muerto.

Martín Ignacio recordó que, además de Vélez, su padre estuvo detenido junto a Ángel Bustelo y Luis Toledo. También vio como parte de quienes fueron de “visita” a los hijos del ex gobernador Alberto Martínez Baca.

La parte médica

Dino Pradella es médico, como tal ejerció entre 1959 y 2001 en el Hospital Militar, cuyos “directorios siempre fueron militares”. A mediados de 1976 extrajo quirúrgicamente el bazo a Oscar Guidone, internado de urgencia en el Hospital Militar tras una sesión de torturas en el VIII Comando de Comunicaciones de montaña donde estaba detenido bajo control del Ejército, así como centenares de presos políticos de la Provincia. Pradella conocía a Oscar a través de su padre, delegado del sindicato de la OSEP en Luján de Cuyo.

“Yo estaba de guardia pasiva, me llamaron, el paciente llegó en estado de shock, se le efectuó una peritonía y se le extrajo el bazo. Fui su cirujano. Evolucionó favorablemente, estuvo una semana en tratamiento post-operatorio, en una sala solo, de aislamiento por la gravedad del caso, con acceso únicamente médico. Sin historia clínica mucho no puedo hacer”, adujo Pradella para reducir su conocimiento de los hechos a eventualidades del oficio. Ni siquiera recordó si fue él quien le dio el alta. Tampoco si había personal de custodia, a pesar de reconocer que en esos años “eran muchos los militares detenidos internados”.

“Me dijo que se había caído de un techo”, es todo lo que dijo Pradella al Tribunal acerca del contacto que tuvo con Guidone durante su internación. Fue el médico quien confirmó al padre y a la hermana que Oscar era paciente suyo en el Hospital Militar. Y quien dice desconocer que Oscar estaba detenido: “No nos metíamos en esas cosas, simplemente actuábamos la parte médica. Asistíamos al paciente y nada más”. A continuación deslizó, “la familia desconocía dónde estaba, aparentemente el chico no estaba en contacto con los padres”.

“En medicina investigamos las causas fehacientes del hecho, no vamos más allá” explicó doctoral Pradella. Recalcó: “esto es el acto médico”. Oportunamente Viviana Beigel, abogada representante por la querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, le había preguntado en relación a causas conexas si había existido en el nosocomio atención de partos, algún tipo de maternidad. “No había maternidad” respondió reflejo Pradella. Recordó “una emergencia, una empleada del hospital, embarazada, autorizada a dar a luz en el Hospital”. Militar, sin maternidad.

Todo un reconocimiento

Ha sido fundamental para el desarrollo del juicio, en las reconstrucciones testimoniales, la atención con la que sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de Mendoza consiguen dar con los rostros y las acciones de quienes violentaron sus vidas. Fueron tres ex detenidos los que en la jornada hicieron un nuevo, valioso y masivo reconocimiento fotográfico:

Mario Gaitán identificó a cuatro represores del D2: Timoteo Rosales, "El Puntano"; Mario Esteban Torres Pérez, "El Porteño'; Antonio Marcos Ochoa Albornoz, prestaba servicios extraordinarios de seguridad en el Banco de Previsión Social; y Julio Héctor Lapaz Calderón, "activo" torturador, le decían "El Padrino" porque ingresaba a menudo en las celdas de "las compañeras detenidas" con el objetivo de abusar de ellas. También prestaba servicios extraordinarios de seguridad en el Banco de Previsión Social.



Roberto Vélez identificó a Dardo Migno, Jefe de Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- el centro clandestino dentro de Comunicaciones, “el campo de concentración donde estuvimos en el 76”; a Oscar Alberto Bianchi, integrante de “las tres B”, denominación de “la cúpula de la Penitenciaría Provincial en 1976”; a Eduardo Smaha, “uno de mis torturadores”; y a Rodolfo Cardello, integrante de la denominada “patota federal”  sobre quien la víctima hizo nuevas denuncias.

Oscar Guidone identificó a dos personas: Pedro Dante Sánchez Camargo, vivía en Luján, cerca de la casa y del bar de su padre. Los hijos iban a menudo al bar y los hostigaban. Dardo Migno, que lo casó en la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada. A su vez Guidone desmintió algunas de las versiones que Dino Pradella había manifestado con anterioridad, aclaró cuánto el médico omitía sobre su conocimiento de los hechos y finalmente deslizó una denuncia grave: relaciona la voz de Pradella con la de quien en los interrogatorios le preguntaba por su ideología. Según Guidone, Pradella miente respecto a que él le hubiera dicho que se cayó de un techo y a que su familia no lo visitó en el hospital. Imposible además que haya inadvertido que se trataba de presos políticos internados víctimas de la tortura: en la sala aledaña adonde estaba Guidone se encontraba el ex gobernador Martínez Baca, con gran custodia de efectivos.

El Doctor Bustelo

Se dio lectura a la causa O55-M que comenzó con una denuncia del Dr. Ángel Bartolo Bustelo Graffigna (fallecido en 1998) quien en el expediente testimonió que entre el 12 y el 14 de agosto de 1976 allanaron su estudio y su casa, revisaron libros y papeles y no dejaron constancia de las cosas que se llevaron ni labraron actas. Le clausuraron el estudio jurídico.

El 3 de setiembre de 1976 personal del Ejército entró en su casa, secuestraron centenares de libros, maniataron a sus hijos y esposa y se lo llevaron al Comando de la VIII Brigada de Montaña. Lo interrogaron acerca de compañeros de militancia del Partido Comunista -PC- del cual era dirigente. Luego lo trasladaron a otro lugar y temió ser fusilado. Era el Cuartel de la Compañía de Comunicaciones de Montaña N° 8. Dardo Migno fue uno de sus interrogadores, condenado en esta causa por el juicio anterior. También está involucrado en esta causa Ramón Ángel Puebla, quien se abstuvo de declarar.

Luego fue trasladado a la Penitenciaría Provincial, le dijeron que quedaba en libertad pero a último momento le comunicaron que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y no lo liberaron. Ese decreto aún no existía.

El 27 de  setiembre de 1976 fue subido violentamente por efectivos policiales y del Ejército, junto a otros detenidos, a un avión Hércules que los trasladó a la Unidad 9 de La Plata. En todo el trayecto sufrió numerosas torturas y maltratos físicos. En octubre de ese año, se interpuso un Habeas Corpus por Bustelo. La respuesta al mismo la hizo el Ministerio del Interior y aclaró que no caía sobre el abogado ninguna medida restrictiva por lo cual debía ser liberado. Esa orden la dio dos veces el juez federal de La Plata, pero las dos veces fue desoída por la autoridad militar de esa jurisdicción. Recién en ese momento se dictó el decreto mediante el cual se ponía a Bustelo a disposición del PEN.

En julio de 1977 Ángel Bustelo padecía un mal estado de salud y se lo trajo nuevamente a la Penitenciaría de Mendoza, aún incomunicado. Días después se decidió liberarlo, lo cual se hizo efectivo desde el Comando de Brigada. Antes de liberarlo, Mario Lépori y Furió lo intimaron a firmar una declaración en la cual se afirmaba que recibió buen trato y que no tenía reclamos al respecto.

Por esta causa se decidió no presentar nuevos testimonios sino basarse en los prestados en el juicio anterior que se refirieron al mismo caso, así como respecto a la incorporación de pruebas.

Por último, se hizo por Secretaría la lectura de la incorporación de pruebas instrumentales, en relación a todas las causas en curso y en vísperas de la reanudación de las audiencias el próximo 7 de febrero, para la etapa de alegatos y sentencia. En pos de la justicia que falta y continúa.

076-M: Privaciones de la libertad de Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone

Campo con cura

07-12-2012 | En el VIII Comando de Comunicaciones de montaña funcionó un campo de concentración por el que pasaron cientos de detenidos. Ramón Puebla y Dardo Migno fueron los respectivos jefes. Las torturas eran aplicadas por personal del Ejército y los mantos de silencio por Rafael Rey, capellán militar. Los ex detenidos Rafael Morán, Mario Gaitán y Oscar Guidone narraron el terror y sus esquemas.

Clases de tortura

“El ingreso irrestricto a la Universidad, en Medicina particularmente, era una pelea constante, una forma de militancia que movilizó a los jóvenes. Si había una toma, de 600 iban 500. ´Medicina socializada en una patria liberada´ era uno de los lemas. El Frente de Estudiantes de Medicina -FEM- era derivación de Vanguardia Comunista, había contacto con la realidad social, un trabajo de los estudiantes en los barrios periféricos. Yo tenía cuarto año cursado, era ayudante de cátedra de Parasitología, hacía las prácticas en el Hospital Central”. El testimonio es de Oscar Martín Guidone, testigo y víctima, secuestrado el 2 de junio de 1976.

A Guidone fueron a buscarlo a la casa de sus padres, donde vivía. Uniformados de verde entraron armados y se lo llevaron mientras le preguntaban por un mimeógrafo. “Hicieron un desastre”. También violentaron la casa de enfrente donde vivía Amalia Valenzuela, su ex novia. “Me subieron a un vehículo, me llevaron, me tiraron en un lugar, alcancé a ver borceguíes, pantalones verdes”.

Guidone estaba bajo control del Ejército, en dependencias del VIII Comando de Comunicaciones de montaña, en el “LRD” -Lugar de Reunión de Detenidos-: “Un galpón tremendo con 200, 250 detenidos, un campo de concentración, una cuadra militar, aislada. Todos hombres, se decía que las mujeres estaban en otro lado. El perímetro de alambre de púa tenía soldados apostados con ametralladoras. El galpón con cuchetas estaba a siete escalones del piso. Había dos baños, en uno nos preparaban para la tortura, nos vendaban y ataban. Los ´paquetes´ los cantaban de las listas y los llevaban los conscriptos y suboficiales, después el paseo. Los militares se comunicaban por radio, decían ´elerredé´, andaban en uniformes de combate. Los presos éramos de todos los colores políticos y sociales. De día pendía una espada de Damocles sobre cada uno de nosotros. Vivíamos de noche porque a la noche no iban los torturadores. Ellos parecían marcar tarjeta, de 8 a 18. De noche se prendían las radios, intercambiábamos libros, ayudábamos a los que habían sido torturados, hablábamos. Después de la segunda tortura caí en un pozo, no podía entender cómo un hombre torturaba a otro, cómo eran capaces de hacer esto, pasé semanas sin querer hablar con nadie. El Negro Vélez, Mario Gaitán, Ventura Pérez me ayudaron".

“En un lugar reducido, me cuelgan a una pared por las manos y los pies colgando sin tocar el piso, me golpean durante horas. Ni sabía cómo me llamaba, miraba la escena desde otro ángulo, desconectado. Me devuelven al LRD casi muerto, por mis compañeros me llevan al Hospital Militar. El doctor Pradella, médico del sindicato municipal donde mi papá era secretario gremial, me diagnostica la segunda eclosión del bazo, riesgo de derrame biliar, voy a quirófano. Me despierto en una sala con soldados custodiándome”.

A los veinte días el segundo interrogatorio: “Me sacaban la ropa tras cada pregunta, ´lo vamos a matar al rengo”, decían por mi papá. En algo como una mesa de ping pong me atan con cadenas y me empiezan a dar picana a manivela, como si intensificaran el voltaje de modo manual. Los interrogadores daban una clase de tortura. Alguien de acento bonaerense daba las indicaciones: ´dale más máquina´. Me hicieron intentos de fusilamientos, me pasaron un cortafierros por la planta de los pies, corriente en el ano, dijeron ´dale con todo´, de tal modo que mis músculos se contrajeron y cortaron las cadenas, alguien, un médico me puso un estetoscopio”. El juez Antonio Burad preguntó a Guidone: “¿Usted cree, por deducciones de ese momento o investigaciones posteriores, que había una organización destinada a torturar?” “Sí, particularmente en la segunda sesión tuve la impresión que había una persona que daba clases de tortura, mantenía la coherencia discretamente, daba las indicaciones de cómo se hacía”, explicó.

Sobre la estructura y cadena de mandos del campo de concentración agregó: “El jefe era Migno. El sargento Peralta estaba a cargo del lugar. Uno de los torturadores era Pagella, iba de civil, se hacía el bueno para sacar información. El padre Rafael Rey -capellán castrense-, debía saber absolutamente todo esto que nos pasaba”. La novia de Oscar estaba embarazada, el padre de él quería que se casaran, habló con el capellán, Rey accedió. Fue en el despacho de Migno y la misa en la capilla del Hospital Militar: “había pocos santos en la iglesia, las empanadas fueron compartidas con mi compañeros de desgracia. La obligación de ser padre, la alternativa de decir ´no, andate´. Mi hijo nació cuando estaba en cautiverio, mi papá falleció”.

“Tené paciencia hijo, dios sabe lo que hace” eran las palabras que el hoy monseñor brindaba a los torturados. “La mayoría de los detenidos era creyente. Rey era su confesor. Cuando llegaba lo llevaban hasta la última cama, donde estaba, digamos, el último torturado. El vio gente torturada, empezando por mí, él sabía todo”, reiteró Oscar.

En las instancias previas al traslado del 27 de septiembre de 1976, Guidone recordó a otros compañeros de cautiverio: Gutiérrez, un trabajador de Luján; Marcos Garcetti; los periodistas Morán -Rafael y Orlando-; y Martín Lecea, “un hombre íntegro”. El viaje hasta el aeropuerto El Plumerillo fue en camiones del Ejército, previo paso por la Penitenciaría, donde levantaron más presos: “Nos subieron al Hércules 130, encadenados entre nosotros y al piso del avión. Uno de ellos me restregó un bastón en la cabeza donde tengo un problema congénito, de tal modo que me dejó el cráneo en carne viva, como si me hubieran quemado. La herida me provocó una infección bacterial que está alojada ahí. Se ensañaban con los más vulnerables, Bustelo con su espalda azul por los golpes, Di Benedetto con los anteojos rotos todos los días”.

“En la U9 de La Plata nos recibieron a los golpes tipos con guardapolvos blancos, con carpetas bajo el rótulo ´subversivos´. Nos mandaron a las celdas de máxima seguridad, un cuadradito para pasar la comida y una ventana al techo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- visitó el Penal, según los dictadores ´una cárcel para mostrar´. La historia esta del miedo que ellos querían, no les funcionó. En la misma cárcel, como Vanguardia Comunista había desaparecido, por mi compañero Roberto Vélez me integré al Partido Comunista. En el 77 viaja un juez con secretario a La Plata. Mis supuestas armas de guerra eran un carnet de la biblioteca de la Facultad de medicina y un mimeógrafo, algo para transmitir ideas -algo que les molestaba-, algo que además no tenía”, dijo la víctima. El fiscal Dante Vega evidenció: “Por resolución judicial, Guidone recibió sobreseimiento provisorio de parte del juez federal Gabriel Guzzo en febrero de 1978. Fue liberado en agosto”.

Oscar Guidone recordó a compañeros y compañeras de Medicina: “Siento en el alma sus ausencias. El Chino -Luis- Moriñas, entrañable, heladero en Soppelsa; Piri Lillo, excelente compañera; Susanita Liyera; el doctor Carlos Espeche, monitor en Anatomía, excelente persona”.

Guidone nunca concluyó su carrera, volvió a Argentina por los juicios. “Agradezco que me hayan permitido contar lo que me pasó” dijo al Tribunal.

Ejército concentrando

Rafael Morán y Mario Gaitán recordaron su paso forzoso por la VIII Compañía de Comunicaciones, ambos dieron constancia de que Roberto Vélez y Oscar Guidone pasaron por ese centro clandestino de detención. En los testimonios, el ex teniente Dardo Migno Pipaón, apareció como un alto mando con presencia activa en las sesiones de tortura.

Rafael Morán -detenido el mismo día del golpe- era jefe de Policiales del diario Los Andes y estuvo en Comunicaciones hasta el 5 de agosto de 1976. En su relato aseveró que compartió su estadía con Oscar Guidone  -“lo asistí luego de que lo torturaran”- y también que supo que Roberto Vélez cayó en ese reducto. No pudo ubicar a Martín Lecea en ese centro clandestino que, según sus cálculos, albergaba “entre 200 y 400 personas”.

El periodista dijo además conocer a todos los imputados, algunos por su profesión y a otros por contacto directo. Respecto al personal del Ejército en Comunicaciones expresó: “a Peralta y a Migno los conocí y también a Pagella, que forma parte del grupo de torturadores”. De Ramón Puebla dijo que “estaba al tanto de que era el jefe del lugar en el estábamos detenidos”. Señaló además que cuando iba a pedir por la libertad de Norma Sibila, su compañera, lo atendían Gómez Saá o Tamer Yapur.

Mario Gaitán relató detalladamente su cautiverio en centros clandestinos de detenciones y penitenciarías, se quebró en varias ocasiones, especialmente cuando puso en conocimiento la violación reiterada de su novia Edith Noemí Arito que también pasó por el D2.

Además de relatar con detalles las salvajadas que se cometían en el mayor centro detención de la provincia, recordó a un agente que le decían “el puntano” y que su pareja le había referido la permanencia del cadáver de un detenido en el baño del lugar.

Respecto a la Compañía de Comunicaciones dijo que era “un verdadero campo de concentración,  donde se palpaba la degradación humana”. Habló de la asistencia que le brindaron a Oscar Guidone, cuando a este lo trajeron de “la salita” -nombre que se le daba a la habitación de Comunicaciones utilizada para los interrogatorios-; también relató una situación similar vivida con Roberto Vélez. “No quiero dejar pasar por alto las denuncias que le hicimos al capellán de Comunicaciones, Monseñor Rey, le pedíamos que hiciera algo para que parara la tortura y nos decía que iba a hablar con los altos mando de la Iglesia y del Estado” agregó.

A Martín Lecea lo citó entre los detenidos que estaban en la Compañía de Comunicaciones y como parte de los 130 presos políticos que en septiembre de 1976 fueron trasladados a Buenos Aires, al igual que Guidone. Gaitán permaneció en La Plata hasta su liberación en 1978, pero a mediados de 1977 fue citado por el teniente Migno para firmar una declaración de culpabilidad. Rememoró que fue el mismo Migno quien le puso la venda en los ojos y que escuchó su voz cuando era brutalmente golpeado por resistirse a poner su firma.

Además de contar su historia, Mario se quejó por el abandono del Estado durante años, recordó en varios pasajes a su compañera, al padecimiento vivido y habló de su actual estado de salud “no lo ha podido superar, ella al igual que yo jamás recibimos algún tipo de contención psicológica”.

Para marzo de 1976 Mario Gaitán tenía 21 años, militaba en el Peronismo de Base y pretendía “subvertir el orden” haciendo trabajos sociales junto al padre Jorge Contreras. Su compañera andaba por la misma edad,  no tenía ningún tipo de militancia política.

Móviles

El presidente del Tribunal, Antonio González Macías hizo precisiones respecto a las próximas jornadas de audiencias. Las testimoniales serán retomadas el 20 y el 21 de diciembre y se solicitó a las partes ir contemplando el cierre de eventuales testigos hasta el próximo 8 de febrero, cuando se inicie la etapa de alegatos. La defensa del imputado Fernando Morellato apuntó entonces a dos posibles testigos. Se trata de dos de los tres policías de Motorizada que intervinieron en el procedimiento de la supuesta sustracción vehicular por la cual supuestamente fueron detenidos Oscar Ramos y Daniel Iturgay, desaparecidos desde la madrugada del 5 de noviembre de 1976, según consta en registros de la Policía de Mendoza. Bruno Medina y Manuel Martínez serían los convocados, el tercero es el conductor de “Oscar 28”, el móvil en el cual se desplazaron los agentes.