22-03-13 | Pese a intentos de último momento por dilatar lo innegable, la justicia, este viernes 22 de marzo hubo sentencia en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Veintitrés víctimas, un niño secuestrado, un bebé con identidad robada, diez imputados, veintiocho semanas, cuarenta y tantas audiencias. Siete condenas a prisión perpetua, cero absoluciones. Un proceso de memoria, justicia y reconstrucción. El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, Juan Antonio González Macías dio lectura a las penas impuestas a los imputados en este juicio. Fue la sentencia número 1399. Fue reivindicación de una generación que se jugó la vida por todos y todas. Fue un paso más en la posibilidad de retomar los proyectos de vida que el terrorismo de Estado pretendió desaparecer para siempre... mas "no contaban con el amor", como se escuchó en la sala de debates durante el juicio.
La Sala de audiencias en la lectura de la sentencia
La explanada de Tribunales Federales se colmó de militantes de los organismos de derechos humanos de la Provincia, de organizaciones sociales y políticas que han acompañado la lucha por la verdad y la justicia y representantes del Estado provincial y nacional que han puesto voluntades para hacer de la memoria un política que Nunca Más deberá abandonarse. Hubo encuentro, cantos, sonrisas, lágrimas. Pero sobre todo, y una vez más, hubo infinidad de abrazos por ansiedades y dolores contenidos que, a partir del quiebre de la impunidad, pueden expresarse y compartirse. Son solidariamente experimentados por un colectivo que no cesa nunca de reeditar los lazos de ayer.
Nino Bonoldi en la reinauguración del Memorial
Minutos antes de la sentencia, el friso en homenaje a nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, violentamente destruido en noviembre pasado, fue reinaugurado por autoridades provinciales junto a los Organismos. Con un fuerte mensaje de no ceder ante esos atropellos a la memoria y la democracia, se alertó que será restaurado tantas veces como quiera demolerse la memoria colectiva de nuestra sociedad respecto al pasado reciente. Pasado que se actualiza en el presente de justicia y que construye justicia para el futuro. Junto a los jueces Roberto Burad y Alejandro Nocetti Achaval, González Macías dio a conocer las penas, pasado el mediodía: Armando Osvaldo Fernández, Alcides París Francisca, Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda, Juan Agustín Oyarzábal, Juan Antonio Garibotte y Paulino Enrique Furió fueron condenados a prisión perpetua. Dardo Migno fue sentenciado con 14 años de prisión, Ramón Ángel Puebla a 18 años y Fernando Eugenio Morellato a 5 años de reclusión. Todos fueron inhabilitados de manera absoluta y perpetua, los delitos por los que fueron hallados culpables fueron considerados de lesa humanidad y cometidos en el marco del contexto del delito internacional de genocidio, y se penó que fuesen cometidos en concurso con el de asociación ilícita. Además, sobre los diez recayó condena por el delito de prisión abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por la duración de más de un mes.
González Macías, presidente del Tribunal
Cinco imputados que estaban libres -Bruno, Miranda, Fernandez, Morellato y Garibotte- fueron trasladados a la Penitenciaría provincial. El fallo leído por Macías decretó que todos debían ser detenidos de forma inmediata y cumplir sus penas en cárcel común. A Furió, Puebla, Oyarzábal, Migno y Francisca se les respeta la detención domiciliaria, condición que será reevaluada tras una nueva pericia médica que responda si están en condiciones de cumplir sus condenas en cárcel común.
No a lugar
A primera hora de la mañana, el Tribunal y las partes se reunieron en la sala de audiencia. Allí, la representante de Oyarzábal dio a conocer que su defendido no haría uso de la palabra antes de la sentencia. Inmediatamente se le dio la oportunidad de ejercer su derecho a Fernando Morellato, cuya defensa particular presentó el día anterior una recusación contra los jueces González Macías y Burad. Al darse lugar a esa instancia se dio por entendido que esa intención de dilatar los tiempos y hasta echar por tierra todo el proceso fue desestimado por la Cámara de Casación Penal en las horas previas a la sentencia.
Detalles Oyarzábal, Jefe Segundo del D2 en la época de los hechos, fue condenado por las desapariciones de Roberto Blanco, Blanca Graciela Santamaría, Miguel Poinsteau, Oscar Julio Ramos, Oscar Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez; casos contenidos en la Causa 075M, y según las calificaciones propuestas en los alegatos.
Aldo Bruno y Ricardo Miranda, condenados
Bruno, segundo jefe del D2 cuando Ricardo Miranda Genaro estuvo al mando, entre agosto y diciembre de 1977, y luego asumió él la jefatura hasta el 4 de julio de 1978, fue condenado en el marco de las desapariciones que constan en las Causas 077M -Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa- y 053M -Adriana Campos, Antonio Alcaráz, y la privación de la libertad de su hijo Martín Alcaraz. También se probó su culpabilidad en la sustracción de un menor de diez años -Martín- y por robo agravado por armas en relación a la “rapiña” en la casa de los Campos-Alcaráz, una de las tantas develadas en este juicio. Furió fue condenado por las desaparicioes que forman parte de la Causa 085M -Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro, quien estaba embarazada de 6 meses- más Ángeles Gutiérrez -Causa 075M- José Alcaráz y su esposa Antonia Campos -Causa 053M-. También por robo simple en el caso de la casa Vera, y agravado en los casos de su camioneta, la de Carzolio y bienes de los Campos-Alcaráz. A esto se le suma la sustracción de un menor, Martín Alcaráz. Migno obtuvo su condena en el marco de la Causa 076M -detenciones y torturas a los sobrevivientes Oscar Guidone, Martín Lecea y Roberto Vélez-, a lo que se suman las lesiones gravísimas calificadas en el caso de Guidone.
Sobre Puebla recayó la responsabilidad por la detención y torturas a Ángel Bustelo -Causa 055M- y de Guidone, Lecea y Vélez -Causa 076M-, y por las mismas lesiones gravísimas que su entonces subalterno Migno.
Fernando Morellato, condenado
París Francisca, Garibotte y Miranda fueron condenados por la desaparición del matrimonio Campos-Alcaráz y la sustracción de su hijo -Causa 053M-, y por el robo agravado -el hociqueo de las fuerzas represivas- en la casa de la familia.
Fernández Miranda cumplirá pena por la detención, torturas y desaparición de Roberto Blanco. Morellato, más conocido como "el que pidió la picana", fue condenado por la detención y torturas de Ramos e Iturgay.
Por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima -es decir, por torturas- fueron culpados Puebla, Migno y Morellato.
Victorias
Más allá de las bajas condenas a Morellato, Migno y Puebla -cuestión que será oportunamente puesta a consideración de la Cámara de Casación Penal, y con buenas perspectivas- es relevante que no haya habido imputados absueltos y que siete de diez hayan sido condenados a perpetua.
Además, se valoró que las causas denominadas grupales fueran plenamente contempladas en esas penas máximas. En esos casos, la reivindicación de la militancia como causal de persecución e inteligencia previa, así como los lazos de solidaridad que se comprobaron entre los y las militantes, aún a riesgo de perder la vida -y de la peor manera, como pasó- quedó fielmente registrada en el repaso e hilación de los hechos que las querellas reconstruyeron. Y así lo juzgó el Tribunal. En este apartado se incluyen las Causas 085, de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, y la 077, más conocida como “causa Galamba”.
En el caso de las desapariciones de Ramos e Iturgay, la excepción en el fallo condenatorio a Morellato del homicidio agravado será cuestionado ya que se considera probado que la cesión de los detenidos desde Motorizada al D2 se hizo con noción de su implicancia y con conocimiento del accionar represivo contra los “militantes subversivos”. “Una investigación diligente”, como dijo el Fiscal Dante Vega en alegatos, hubiese omitido errores de instrucción que llevaron a esta situación. Así lo entienden las querellas.
El horizonte de lucha y justicia de todos y todas: Madres de Plaza de Mayo
En este sentido, las identificaciones personales, de pertenencia política y de sujeción colectiva fueron ampliamente recorridas y valoradas a partir de los testimonios que fielmente aportaron datos en este debate. En el fallo actual, el Tribunal dictó sentencia considerando el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del MEDH en cuanto a las agravantes del homicidio. Se consideró triplemente calificado por las agravantes de alevosía, por el concurso de dos o más personas, y se incorporó “con el fin de procurar impunidad”. Bajo esta calificación fueron condenados todos los imputados. Además, la duración de más de un mes como agravante en la privación de la libertad fue aceptada considerando el tiempo total de detención -entre distintos destinos- y no sólo los días retenidos en uno de ellos. Este es el caso de las Causas 076M y 055M que implican a la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII.
Si bien no se consideró en la lectura de la sentencia, un debate rico quedó planteado. Como dijimos, todos los delitos fueron considerados como cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, figura ampliamente contemplada en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la última dictadura cívico militar. Sin embargo, el abogado representante del MEDH, Pablo Salinas, propuso en su calificación condenar por el delito de genocidio, no considerarlo de contexto. En los próximos procesos orales y públicos, ciertamente, se retomará ese debate.
Una sala que espera, ansiosa, por más justicia. Nunca Más, Nunca Menos
21-02-13 | La
querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, Dra.
Viviana Beigel, hizo un repaso de las circunstancias en que se
produjeron los secuestros de Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Alberto Jamilis,
Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez; entre el 5 y el 9 de diciembre de
1977. A partir del caso del matrimonio Domínguez-Castro (embarazada de seis
meses) destinó un capítulo especial para señalar las apropiaciones de niñas y
niños mendocinos durante la dictadura y reclamó la falta de esclarecimiento
sobre el destino de quienes son hoy jóvenes con identidad fraguada.
La abogada Viviana Beigel
enfatizó el informe secreto del Servicio de Inteligencia Naval cuya copia
llegó a Mendoza dirigida al Destacamento de Inteligencia 144. El informe señala
a los secuestrados como blancos de la operación “Escoba” que a escala
nacional significó el aniquilamiento de los militantes del Partido Comunista
Marxista Leninista -PCML-. De los hechos se infiere el trabajo articulado
entre el Ejército y el D2 en la persecución de esta corriente política. La
“cacería” se extendió hasta febrero de 1978 en Mar del Plata.
Saber qué pasó, dónde están, quiénes son
“Voy a detenerme
en el embarazo de Gladys y la apropiación del niño, porque creo que este delito
es uno de los más aberrantes que existen, por los efectos que tuvo en sus vidas
y en sus familias, que hasta el día de hoy aún los buscan. Estos niños, nacidos
en cautiverio, anotados por los asesinos de sus padres como hijos propios, hoy
ya hombres y mujeres, viven sin saber cuál es su origen y en los casos en que
se ha logrado establecer su paradero han debido atravesar un difícil proceso
para recuperar su identidad y comprender la magnitud del delito del que fueron
víctimas”.
“No se puede
evitar la consideración de la complicidad del Poder Judicial y de instituciones
como la ex Casa Cuna que recibía a menores como NN cuando sabían perfectamente
que se trataba de hijos de desaparecidos”, explicó la abogada. “Tenían una
familia que los estaba buscando” y estas instituciones “no realizaban diligencia
alguna para poner en contacto al menor con su familia”. Además, “en los casos
en que el niño no había sido inscripto como propio por los asesinos, los jueces
los otorgaban en adopción”. “La acción de la
represión no fue desorganizada y casual, sus principales destinatarios fueron
los jóvenes. Se manipularon los medios de comunicación y la educación y se
institucionalizó el silencio. El estímulo fue a la pasividad, al sometimiento,
al no compromiso. Se trató de un esquema deliberado y organizado
principalmente por Emilio Massera, jefe de la Armada, para evitar la contaminación ideológica de los padres subversivos. Los dictadores
pretendieron mesiánicamente que los niños se educaran en una familia modelo."
Beigel reiteró:
“la apropiación de niños fue parte del plan criminal. Ramón Camps, jefe de la
Policía bonaerense dijo: ´Personalmente yo no eliminé a ningún chico, lo que
hice fue dar algunos a organizaciones benéficas para que les encontraran nuevos
padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión. Esto debía
detenerse´”. “En 1978, la doctora Delia Pons, del
Tribunal de Menores nº 1 de Lomas de Zamora, dijo a Abuelas: ‘Estoy convencida
que sus hijos eran terroristas y terrorista es sinónimo de asesino. A los
asesinos yo no pienso devolverles los hijos, no tienen derecho a criarlos. Es
ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que
sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes. Sólo sobre mi cadáver van a
obtener la tenencia de esos niños”.
Entre los
antecedentes y las apropiaciones cometidas por los genocidas en Mendoza, Beigel
puntualizó los casos de: Ángela Urondo
-junio del 76- derivada a la Casa Cuna y encontrada por su familia, lo que
impidió que sea apropiada días después del asesinato de su padre Francisco Urondo,
de la desaparición de su madre Alicia Raboy y de su propio secuestro y
detención; María
Inés Correa Llano secuestrada en septiembre de 1976, estaba embarazada; Ernesto Sebastián Ramos
-septiembre/octubre del 76-, hijo del desaparecido Oscar Ramos y de la
ex detenida Ana Bakovic, dado en adopción fraudulenta con intervención del
Juzgado de menores, recuperado por su madre en 1984; Adriana Bonoldi
secuestrada en diciembre de 1976, estaba embarazada. Destacó también los casos
de Rebeca Celina
Manrique Terrera, “quien recuperó su identidad en 2007 gracias al trabajo
del MEDH pero nunca se determinó quienes fueron los responsables de su
entrega”; y de Jorge
Martínez Aranda, hijo de los desaparecidos Francisco Goya y Lourdes
Martínez Aranda, “cuyo juicio por apropiación se realizó en 2012 en San Juan y
determinó que Luis Tejada, suboficial del Ejército, fue quien se llevó al
niño de la sede militar de Mendoza”. El coronel Julio César Bellene “era quien
disponía del destino de los menores apropiados en el área Cuyo para la época de
la contraofensiva montonera, marco en el cual se produjo ese hecho”.
“¿Qué pasó con el
hijo de Gladys y Walter?”, inquirió la querellante. Y
sostuvo: “Los
imputados saben qué pasó pero mantienen el pacto de silencio, ninguno ha tenido
la valentía de decir qué hicieron, dónde están los cuerpos de los compañeros,
dónde están los hijos apropiados, ninguno. Estos cobardes pretendieron
garantizar su propia impunidad, pero hoy gracias a la lucha de los Organismos de Derechos Humanos y a las
políticas de Estado en Derechos Humanos tenemos juicios y condenas.
Consideramos central que las investigaciones por los hijos apropiados se
realicen. Por ello solicitamos se extraiga compulsa de lo actuado en relación
al hijo de Gladys y Walter. Es necesario iniciar una causa única sobre la
apropiación de niños en Mendoza”.
“María Domínguez
es un ejemplo de lucha y valentía”, afirmó Beigel. "Durante tantos
años ha pedido saber quiénes fueron, dónde están su hijo y su nuera, qué pasó
con su nieto. Del testimonio de María del Carmen Pérez -vecina de los Domínguez, esposa de militar como ella misma se definió- surgió como indicio que a
las subversivas embarazadas las llevaban al asilo Monseñor Orzali, ex Casa Cuna
a cargo de la institución Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen
Pastor”. Hay entonces dos líneas de investigación: una en relación a las
fuerzas que intervinieron en los secuestros bajo control operacional del
Ejército con participación del Destacamento de Inteligencia 144; y la otra que
recae sobre el lugar donde llevaban a las embarazadas.” Viviana Beigel: Apropiaciones como parte del plan criminal
Calificar al represor
La Policía de
Mendoza quedó subordinada en lo referente a la “lucha antisubversiva” al mando
militar, específicamente al Comando de Operaciones Tácticas -COT- en el que
intervenían coroneles y tenientes coroneles. En sus acciones operativas
intervenían oficiales que participaban de los Consejos de Guerra y oficiales de
Inteligencia. La autoridad a cargo del G2 -División Inteligencia del VIII
Comando de Infantería de Montaña- hasta el 14 de diciembre de 1977 -“derivado”
a menos de una semana después de “concretados” los operativos- era el teniente coronel Paulino
Enrique Furió, quien en su propia declaración indagatoria dijo que “como
jefe del G2 asesoraba sobre el enemigo subversivo”. Según indagatorias de 1986
al ex comandante de la VIII Brigada, Jorge Maradona; él “podía delegar la
autoridad en los niveles subalternos del Estado Mayor y en las jefaturas de
División”. Además, el mismo comandante se nutría de información y asesoramiento
del COT y la Comunidad Informativa, integrada por el jefe de Policía de Mendoza
y los jefes de División del Estado Mayor, tal el caso de Furió.
Redimensionó
entonces Viviana Beigel el grado de implicancia del imputado: “Furió, en su
calidad de jefe del G2 e integrante del COT, dependiente del comandante del III
Cuerpo del Ejército, tenía a su cargo la recopilación y procesamiento de la
información obtenida por todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad dependientes
de la VIII Brigada. Asimismo asesoraba a Maradona respecto a la conveniencia
de detener o no a determinadas personas. En ese contexto se dispuso el
procedimiento que culminó con la privación ilegítima de la libertad y posterior
desaparición forzada que sufrieran las víctimas”.
En consecuencia,
la calificación solicitada por la querella del MEDH coincidió con la del
Ministerio Público: autor mediato
de los delitos de privación
abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente
agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas,
ambos delitos por seis hechos; robo simple por
un hecho y robo
agravado por dos hechos. Todos delitos cometidos en concurso con el de asociación ilícita
-en carácter de jefe u organizador-, que constituyen delitos de lesa
humanidad y que fueron perpetrados en el contexto del genocidio.
La continuidad
El Operativo Escoba
fue realizado con la intervención de toda la estructura del aparato organizado
de poder. De la inteligencia sobre el PCML se ocupó el GT3 en vínculos con la
Comunidad Informativa y el COT. En los operativos actuaron Ejército, D2, Policía Federal y el personal de las comisarías que liberaba las zonas. Sin
embargo sólo Paulino
Enrique Furió fue imputado en la causa. Según Beigel, “el MEDH considera
necesario continuar investigando estos hechos. Es impensado que un solo
imputado sea el responsable de tantos asesinatos. Furió no actuó solo”. Por
eso solicitó se forme compulsa para que se profundice sobre la
participación que pudieran haber tenido en los hechos las siguientes
personas”:
EduardoCeballos Ríos y Juan
Antonio Morales, comisario y subcomisario, respectivamente, de la seccional
25°, con jurisdicción en la zona del secuestro de Vera; Enrique Gauna,
comisario de la 27°, por los secuestros de Carzolio y Tissone; Eberto Edgardo
Villegas, comisario de la 7°, por los secuestros de Jamilis, Castro y
Domínguez; Ricardo
Benjamín Miranda y Aldo Patrocinio Bruno, jefe y subjefe, respectivamente,
del D2, entre el 26 de agosto y el 28 de diciembre de 1977.
También sobre
personal actuante del D2 hacia fines de ese año: Armando Fernández
Miranda, Alfredo Castro Videla, Marcelo Moroy Suárez, Timoteo Rosales
Amaya, Miguel Ángel Tello Amaya y Francisco López Rodríguez; integrantes de
la Policía
Federal -tres de las víctimas son de La Plata lo cual denota la coordinación
en distintos puntos del país-; miembros del Estado Mayor del Ejército como Enrique Gómez
Sáa -G3, Operaciones- y Juan Antonio
Garibotte -G2, Inteligencia-; Juan Carlos Santamaría de la Fuerza Aérea; Alcides Paris
Francisca de la Fuerza Aérea y jefe de la Policía Provincial. Respecto al
Destacamento de inteligencia 144, que actuaba en apoyo al VIII Comando de
Infantería de Montaña y a su vez dependía a nivel nacional del Batallón 601 que
era el que concentraba la totalidad de la información, la querellante también
solicitó compulsas respecto a sus miembros, en especial en relación a la
apropiación del hijo o hija de Castro y Domínguez.
Cerró Beigel:
“El Estado Argentino tiene la obligación de investigar y sancionar a los
responsables. Esta parte querellante siempre luchó para que se haga justicia,
junto a las Madres, los H.I.J.O.S., los Familiares. Queremos
que se termine la impunidad. Pedimos justicia. Pedimos que se investigue y se
condene a todos los responsables”.
Defensa clásica
El turno expositivo de
la defensa oficial del imputado Furió estuvo a cargo de la Dra. Andrea Duranti. Calificó como
insuficientes los argumentos expuestos por la Fiscalía y las querellas respecto
a la certeza de la responsabilidad que le cabe al ex jefe de Inteligencia del
Ejército en Mendoza cuando tres personas foráneas y otras tres oriundas de la Provincia, todas militantes del PCML, fueron secuestradas y desaparecidas en
diciembre de 1977. “Indeterminación de los hechos en cuanto a la autoría y
responsabilidad de Furió, sospechas basadas en inferencias y apreciaciones,
imprecisiones sobre su función en el G2”, enumeró Duranti, que se apoyó en
declaraciones de su defendido: “mis funciones de inteligencia estaban limitadas
al conflicto con Chile”. Otro “clásico” escudo utilizado por los responsables para deslindarse de cargos que en otra época los hoy acusados supieron ostentar fue apelar al jefe
superior inmediato, personas, casualmente, siempre fallecidas. En el caso de Furió,
el jefe del VIII Comando de Infantería de Montaña -núcleo militar de la
Provincia- Jorge Maradona.
El bastión de la
defensa se centró en la interpretación de información volcada en el legajo de
Furió, que serviría como coartada respecto a su preparación y participación en
la serie de secuestros: por resolución del 27 de octubre de 1977, se le remitió
a Furió un traslado a San Luis -más lejos todavía del “conflicto con Chile”-
como jefe del GADA -Grupo de Artillería de las Fuerzas Armadas. La asunción de
dicho destino no se efectuó hasta mes y medio después, el 14 de diciembre, transcurridos
cinco días de concluido el Operativo Escoba en Mendoza. Según su legajo, los días
previos a los secuestros, Furió estuvo en Buenos Aires, “en comisión de
servicio” -entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, por un curso de
formación como jefe de unidad- y el 5 de diciembre se instaló en San Luis a fin
de efectuar la mudanza que le demoraría casi diez días. Tanto el curso como la
mudanza contaron con el “permiso” de su jefe superior inmediato -hoy fallecido-
Jorge Maradona.
Por tanto, para
Duranti su defendido (que para la época “tanto en lo personal como en lo
profesional había disminuido su injerencia notablemente”) “no tenía dominio
sobre los hechos que realizaron sus subordinados” (otro clásico), ni se trataba
de un “autor de escritorio”, ni fue parte “de las tareas previas de
inteligencia”, “ni hay pruebas que lo vinculen a los hechos” y “su presunto
aporte (a la represión) no era indispensable para el desarrollo de los hechos”.
Duranti pidió absolución de todo lo que se le imputa.
15-02-13 | El fiscal Dante Vega
inició la ronda de los alegatos por las Causas 085M, que contempla seis
desapariciones forzadas. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1977 en el
contexto nacional del “Operativo Escoba”. El detalle de ese plan lo dio la
doctora Romina Ronda, quien alegó en representación del Gobierno de Mendoza.
Nélida
Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter
Domínguez desaparecieron entre el 5 y el 9 de diciembre de 1978. Fueron parte
de la razzia que el terrorismo de Estado hizo a través del Operativo Escoba,
cuyo objetivo -ampliamente cumplido por autores intelectuales y materiales de
la matanza- fue la aniquilación de militantes del Partido Comunista Marxista
Leninista (PCML) de todo el país, de los cuales varios habían encontrado en
Mendoza pasajeramente refugio contra la persecución diseñada por la
Inteligencia de la Marina.
Con su
habitual caudal de datos relacionados, en contacto con el resto de la realidad
nacional y siempre con especial atención a las historias de vida de las
víctimas, el fiscal Dante Vega reconstruyó parte de la historia de la militancia de
izquierda en los ‘70. Ese repaso sirvió para la posterior exposición de Romina Ronda, especialista en la represión
sobre el PCML y querellante por la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de
Mendoza a partir de los casos de Walter Domínguez y Gladys Castro.
“Las
fuerzas conjuntas llevaron a cabo un operativo previamente diseñado, con
blancos seleccionados por su militancia en el PCML”; se trataba de personas con
“vidas intensas y comprometidas con una sociedad más igualitaria, una vida más
digna y un pueblo más libre”, señaló Ronda.
“Si al
grupo de seis personas desaparecidas contempladas en la causa, se suman el
secuestro y desaparición de Jorge del Carmen Fonseca y el matrimonio conformado
por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz, más la sustracción del hijo
de ambos, Martín, son nueve las personas desaparecidas y diez las víctimas en
apenas cinco días”. Las desapariciones de Fonseca, Alcaráz y Campos, explicó
Ronda, “debieron integrar este caso”, sin embargo el primero fue tratado en el
juicio anterior; mientras que las otras dos personas corresponden a otro caso
en este juicio pero en distinta causa: la 053M.
Según Vega “la causa 085M presenta notables similitudes con la de mayo de 1978.
En diciembre de 1977 hubo un ‘megaoperativo’ cuyos principales blancos fueron
miembros del PCML, muchos de ellos oriundos de La Plata”, bautizado Operativo
Escoba. “No es una nomenclatura novedosa. A través del juicio histórico en el
que participé por la masacre de Trelew, se logró comprobar que además de los
presos políticos asesinados en el penal de la base militar Almirante Zar, el
Ejército efectuó otra razzia en todo el valle patagónico a fin de intimidar a
representantes y allegados de los entonces detenidos. Resultado: 16 víctimas
más. El Operativo fue bautizado como ´Vigilante´”.
Dante
Vega dijo: “vamos a comprobar la persistencia del Estado terrorista, cómo no
cejaron nunca en la persecución a los militantes; pero también cómo funcionó la
solidaridad, el compañerismo y hasta el heroísmo entre las personas acosadas”.
En el mismo sentido, Romina Ronda aclaró: “el aparato terrorista tenía un plan:
interrumpir los proyectos de las organizaciones revolucionarias. Y las
consecuencias de ese plan, la desigualdad social, la vulneración de derechos,
los bajos salarios, la falta de trabajo, la represión de las manifestaciones
populares continuaron sometiendo durante años al pueblo argentino”.
Fiscal y
representante del gobierno de Mendoza se refirieron al informe secreto y confidencial sobre el PCML elaborado en mayo de
1978 por el Grupo de Tareas 3 de la
Marina. Vega además citó “Maoísmo y
lucha armada: el PCML”, investigación de Adrián Celentano; y el libro “Hacerse cargo”, recopilación
testimonial de las historias de vida de los desaparecidos en Mendoza.
Ambos
alegatos sirvieron, entonces, para probar los hechos en cada caso, la
existencia del Operativo Escoba a nivel nacional dirigido contra militantes del
PCML y que fue diseñado previamente a partir de la reunión de información
procurada por los servicios de inteligencia; y que, finalmente fue ejecutado
entre los días 5 y 9 de diciembre de 1977, principalmente en Mendoza, La Plata,
Córdoba, Capital Federal y Mar del Plata. Además, que toda la acción represiva
se llevó adelante de manera conjunta por parte de fuerzas de seguridad y
militares, pero con la dirección máxima del Ejército, donde pertenecía el único
imputado: Paulino Enrique Furió.
Furió, el Ejército, el Operativo
La
represión de las organizaciones revolucionarias la comandó en Mendoza el D2,
hasta el 24 de marzo de 1976. Desde ese momento siguió actuando pero el mando
primigenio de toda la actividad represiva durante el gobierno de facto lo tuvo
el Ejército, lo cual no resta responsabilidad al resto de las fuerzas de
seguridad y armadas que, entonces, tuvieron activa participación como apoyo. No
caben dudas que se trató de operativos conjuntos, de un accionar conjunto
“antisubversivo”. Se creó la Comunidad Informativa “para no desperdiciar los
aportes de ninguna de las fuerzas”, dirigida por el Ejército y de la cual
participaban la Fuerza Aérea, la Policía Federal, el D2 y toda fuerza que
interviniera en la lucha contra la subversión”.
Después
del Golpe, el Ejército tomó el mando completo de la inteligencia. El único
imputado en las causas, Paulino Enrique Furió, en diciembre de 1977 prestaba
servicio para Inteligencia del Ejército (GT3), era Jefe de Inteligencia de la
VIII Brigada de Montaña (G2); que dependía de la Marina, misma fuerza que
controló el mayor centro clandestino de detención y torturas del país: la ESMA.
“No se le
atribuyen estos hechos a Furió por el simple hecho del cargo que ocupaba”,
explicó de manera contundente el fiscal. “Siempre hemos demostrado que una
persona en un cargo responde por determinados hechos, por ejemplo un secuestro,
a través de documentación; y cuando no hay mucha se puede deducir que responde
porque forma parte de un aparato organizado de poder, como lo fueron el D2 o el GT3,
durante la represión”.
En el legajo de Furió consta una queja que interpuso cuando pasó un tiempo sin
ascensos: “volqué todo mi esfuerzo personal y profesional a coadyuvar como una pieza
del engranaje montado para infligir al enemigo una derrota sin precedentes
(...) podemos estar todos nosotros ampliamente satisfechos por la misión que
cumplimos acabadamente”. Romina Ronda: El plan y sus consecuencias. El Ejército y Furió
Calificar al represor
La
Fiscalía pidió que se condene a Paulino Enrique Furió como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y
amenazas; también se lo acusa por homicidio
doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o máspersonas; todo esto por seis hechos
-Carzolio, Tissone, Vera, Jamilis, Domínguez y Castro-. También se lo acusa por
robo simple por un hecho -el
desvalijamiento de la casa de Vera-; por robo
agravado por el uso de armas por dos hechos -por las camionetas de Vera y
de Carzolio-. Todos los delitos fueron cometidos en concurso con el de asociación ilícita -ya tiene condena
por eso pero el fallo de Casación al respecto no está firmado, por eso se pide en
este juicio nuevamente-, constituyen delitos
de lesa humanidad y fueron perpetrados en el contexto del genocidio.
La
abogada del Gobierno de Mendoza pidió similar calificación, con la diferencia
que señaló a Furió como “co-autor” e
hizo una fundamentación respecto de esa diferencia.
El
Operativo Escoba no se pudo hacer si el concurso activo de la inteligencia
activa militar de Mendoza”, dijo Vega; a la vez, explicó Ronda, "el Ejército
comandaba y en conjunto con las otras fuerzas recopilaban información y
ejecutaban los planes". El Operativo Escoba tuvo etapas en su planificación: reunión
de datos, inteligencia, detección de blancos, secuestros y muerte. En la
estructura militar hay jerarquías que hacen que los “coautores” de los hechos
tengan mayor o menor cercanía directa con los hechos, pero forman parte -con
conocimiento y por voluntad- de una maquinaria que no funcionaría sin una de
sus partes. Es decir, la función particular no exime de la responsabilidad en
la globalidad.
La Escoba
Ronda
ahondó -incluso con imágenes del escrito original que llegó a Mendoza - en el
documento “Informe estrictamente secreto y confidencial del Partido Comunista
Marxista Leninista Argentino”, elaborado por el Grupo de Tareas 3 de
Inteligencia del Ejército (GT3) en mayo de 1978. “Debido a los distintos
operativos realizados en todo el país, en especial con la realización del
Operativo Escoba, han quedado completamente desarticuladas las regionales
Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata” dice en el informe y
agrega en un anexo diagramas de la orgánica del PCML antes y después del Operativo.
En
diciembre de 1977 hubo 191 casos de desapariciones forzadas, 89 de ellas entre
el 5 y el 9 de diciembre; 56 el día 6 de diciembre. La mayoría tenía
“militancia comprobada en el PCML”. “En un mes desaparecieron todos (...) Hubo
un plan científicamente organizado, levantaron a todo el mundo” dijo Osiris
Domínguez ante el Tribunal.
Este
informe y los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas dan
cuenta de las persecuciones sufridas por esa facción política en Mendoza y de
la enorme tarea de inteligencia previa. De ese informe llegaron instrucciones a
Mendoza a través del ejemplar que el GT3 envió para el área de inteligencia del
III Cuerpo del Ejército -zona a la que correspondía Mendoza- y del que llegó al Destacamento de inteligencia144 que
funcionaba en la VIII Brigada de Montaña, lugar de trabajo del único imputado:
Paulino Enrique Furió, Jefe de inteligencia de ese destacamento.
El
informe tiene detalles sobre la estructura y funcionamiento del PCML, sobre la
caída de sus “primeros elementos” y de detenciones en La Plata y en los
párrafos finales sobre el “desmembramiento del PCML a raíz del operativo de Mar
del Plata y del posterior ‘Escoba’”. El informe reconoce asiento del Partido en
siete regionales y menciona que solo en tres pudieron armar una estructura; y
que en las otras cuatro -entre ellas Mendoza- en total sumaban 60 “elementos”.
También reconoce como lugar de origen y con mayor generación de militantes a La
Plata. De allí y zonas cercanas son oriundas varias de las
víctimas de la Causa que llegaron a Mendoza.
EL PCML en Mendoza
Vega
recordó que “el PCML surgió en 1969 como desprendimiento del Partido Comunista.
Nunca fue de masas y en 1975 contaba con unos 400 militantes y adherentes”. Hizo
“prevalecer la acción política por sobre la lucha armada” y sus “frentes de
inserción” fueron “la acción fabril y estudiantil”.
En 1976,
Mendoza pasó a ser lugar de refugio para los perseguidos, “muchos de ellos ya
en la clandestinidad, pues tras el accionar primero de la Triple A y luego de
los grupos de tareas, el Partido estaba ya aniquilado. En el documento del GT3,
el ´PCML Regional Mendoza´ figura como el primer objetivo para la eliminación
final que se extendió entre los últimos meses de 1977 y los primeros de 1978 en
todo el territorio argentino”.
Tanto
Vega como Ronda, destacaron la perversidad del Plan de exterminio, porque el
PCML, en diciembre de 1977 ya “estaba desmembrado, en la ilegalidad, los
sobrevivientes se juntaban para verse, hablar y apoyarse mutuamente”. Además,
los encuentros eran públicos, sólo de reconocimiento, “la organización celular
ya no existía”.
Efectivamente,
ya en 1976 llegaron militantes provenientes de La Plata -Jamilis, Fonseca, Tissone
y Carzolio- y se contactaron con los locales Vera, Domínguez, Castro, Alcaráz y
Campos. María Cristina D´Amico, María Elena Farrando y Elsa Becerra -que
estaban clandestinas en otros puntos del país- también fueron secuestradas, lo
que indica un total de doce personas del PCML desaparecidas en Mendoza o
relacionadas al grupo cuyano. Jorge Becerra también fue víctima, fue el primer
golpe a la organización, ocurrido el 22 de diciembre de 1976. Fue detenido y salvajemente
torturado en diversas prisiones durante años; otras compañeras y compañeros
fueron empujados al exilio interno o externo. Mirta Hernández declaró que desde
ese momento “todos los militantes del PCML de Mendoza estuvieron clandestinos”.
Dante Vega: El PCML, ilegal, perseguido, desarmado
Los hechos, los compañeros, las compañeras
Jorge del Carmen Fonseca nació en Neuquén, vivía en La
Plata y llegó a Mendoza para huir de la represión. Conocido como ´Pelé´,
militante del PCML pero proveniente del peronismo, tuvo aquí la delicada y
heroica misión de sacar a los amenazados militantes de la provincia a otros
puntos del sur argentino. Compartió con Tissone y Carzolio, y en la casa de
ellos solía dormir.
Néstor ´Cuqui´ Carzolio nació en Berisso. Allí vivió con
Nélida Tissone y tuvieron dos hijos:
María Laura en 1971 y Martín en 1974. Néstor fue delegado del Sindicato de la
carne -trabajaba en Swiff- hasta 1971, muy posiblemente ya como militante del
PCML. Nélida era profesora de Ciencias Naturales en La Plata. Huyeron a Mendoza en el invierno de 1975. En julio de 1977, la pareja alquilaba un
departamento en Godoy Cruz, allí paraba Fonseca,
Martín Carzolio lo recordó presente el día del secuestro de sus padres. En ese
operativo la patota se llevó a los tres, y se robó la camioneta de Carzolio y
la moto de Fonseca. “No se olvidaron de nada”, señaló el fiscal.
Carzolio
y Rodolfo Vera eran locatarios de la
mimbrería que el grupo tenía en Dorrego como fuente de trabajo, lugar de
refugio y de reunión política. El lunes 5
de diciembre de 1977 un grupo de civiles armados había entrado a la casa de
Nélida cuando ella llegó -a las 20- con sus hijos, una hora después lo hicieron
Néstor y Jorge. Los adultos fueron secuestrados (“Doña Lucía, ayúdenos” gritó
Néstor a su vecina Lucía Batalleme, que registró cómo sacaron a los tres
militantes); a los niños los dejaron maniatados y con las bocas encintadas. “No
los escuché más, creí que estaban muertos” dijo Lucía, quien junto a Hilda Fany
Abraham y Aldo Nardecchia -otro vecino, militar, que reconoció la cinta en sus
bocas como utilería del Ejército- liberaron a los niños. Abraham cuidó de los
niños hasta que ubicaron a los padres de Nélida y ellos los buscaron.
A Alberto Jamilis lo apodaban “El Gordo
Manifestación”, recordaron ambos abogados. En los ‘50 se fue a vivir a La Plata
y se recibió de sociólogo. Dio clases en la UNLP y trabajó en el Ministerio de
Economía de la provincia de Buenos Aires, pero en ambos lugares lo dejaron
cesante. Se casó con María Inés Barbetti. “Era una biblioteca andante” recordó
Susana De Miguel.
En La
Plata se incorporó al PCML y se relacionó con Jorge y Raúl Bonafini -hijos de
la titular de Madres de Plaza de Mayo- y Cristina Tortti, militantes del PCML.
Sus causas fueron recientemente tratadas en el juicio por el “Circuito Camps”.
Antes de
radicarse en Mendoza, Jamilis y Babetti sufrieron persecuciones y atentados,
fuerzas de seguridad fueron a buscar a Jamilis a la casa de su madre y a la
casa de la pareja también. En noviembre de 1976 Jamilis llegó a Mendoza y se
puso en contacto con Carzolio, Carlos y Rodolfo Vera, Domínguez y Castro.
Trabajó unos meses en la mimbrería. En abril de 1977 llegó Barbetti, vivieron
ambos en ese local, y tuvieron a su hijo Nicolás, quien por protección fue
inscripto con el apellido de la madre.
El 6 de diciembre de 1977, la pareja ya
vivía en Godoy Cruz, cerca de las 2 de la madrugada, civiles con armas y medias
en la cabeza -menos el jefe de la patota- entraron a la casa. Gritaban “¡Gordo
salí!”, lo cual denota el trabajo de inteligencia previo, también le
requirieron la “llave” -de la mimbrería-. Ataron a la pareja, revolvieron
durante dos horas la casa, y cuando se los llevaban, él pidió que dejen a su
esposa con el bebé de dos meses: “ella no tiene nada que ver”. “Bueno piba,
hacé de tu hijo un buen ciudadano” le dijo el jefe de la patota a Barbetti y se
llevaron a Alberto. María Inés se instaló después en Bragado, “exilio interno y
huir” de nuevo señaló Vega.
La misma
noche del 6 de diciembre, Rodolfo Vera estaba en la mimbrería
-donde en la tarde anterior estuvo con Jamilis y Carzolio- y de allí lo
secuestró una patota. Fue el cuarto -y último- operativo dirigido a Rodolfo.
La puerta
“estaba abierta sin violencia” -usaron ‘la llave’- y se produjo “la rapiña
consiguiente”, dijo Vega. “Estaba pelada la mimbrería” contó Carlos Vera. Él y
Domínguez trasladaron a la compañera de Rodolfo y su hija, Mirta Hernández y
Cecilia, para su refugio.
Rodolfo Vera era el mayor de cuatro hermanos,
siempre ligado a cuestiones sociales y la militancia política, “iba a los
barrios” y “ayudaba a la gente” recordó su madre, Agustina Corvalán. Conoció a Mirta Hernández y estuvieron años en
pareja. Militaba en el PCML y comenzó a estudiar arquitectura en la privada
Universidad de Mendoza con Walter
Domínguez, donde juntos formaron el Centro de Estudiantes. Allí comenzaron
a ser perseguidos, y hasta mermaron sus estudios. Para 1977, Rodolfo alquiló
con Carzolio la mimbrería y allí trabajaba.
Un año
antes, el 22 de diciembre de 1976, el también militante del PCML Jorge Ciro
Becerra fue secuestrado y en ese operativo se robaron la camioneta de Vera. “La
impunidad con que se manejaban los efectivos del D2. Roban la camioneta y la
empiezan a usar alegremente y a cielo abierto. La estacionan en la playa del
D2, Carlos Vera la vio en un taller mecánico, también circulando”, reflexionó
Dante Vega, recién “diez años después la policía se la devolvió a la familia en
un estado de deterioro completo”, añadió. Luego de ese episodio, en el
prontuario de Vera se observa el pedido de captura en el orden del día de él,
de Susana De Miguel y de Mirta Hernández.
El mismo
22 de diciembre de 1976, un grupo de la policía fue a la casa de la casa de los
padres de Rodolfo, detuvieron a Dionisio Vera y se lo llevaron al D2: “lo
insultaron y le dijeron de todo”, relató Agustina. Dos días después, la policía
fue a la casa de Vera y Hernández. No los encontraron pero aprovecharon “para
la rapiña”, dijo Dante Vega. “Se robaron todo”, dijo Carlos Vera, “hasta media
bolsa de azúcar”.
El 7 de
abril de 1977, el Ejército -como consta en el parte de novedades del libro de
guerra de la Unidad Regional IV- realizó un operativo a cargo del Mayor Garibotte.
Agustina contó que muchas personas uniformadas rodearon toda su casa y hasta querían
matar al perro. Dos días antes, el padre de Rodolfo había presentado un
documento reclamando la camioneta. Vera y Hernández se refugiaron en Rivadavia,
en la casa de un familiar. Mirta estaba embarazada, Cecilia nació en julio de
1977. Entre setiembre y diciembre de ese año, Mirta y su hija se refugiaron en
la casa de Walter y Gladys.
Walter Domínguez y Gladys Castro, de 22 y 23 años, vivían en Godoy Cruz y esperaban un
hijo o hija, Gladys tenía seis meses de gestación. Walter estudiaba
arquitectura -con Vera- y era chofer de micro. Gladys debió abandonar sus
estudios de bellas artes y trabajaba en una panadería.
“Cuando entró a la facultad comenzó a hablar
de lo social” dijo María Assof de Domínguez, su madre, ante el Tribunal. Vega
relevó ese dato, lo valoró como signo de la generación que desaparecieron,
“¡qué diferencia con los actuales alumnos de arquitectura, de esa facultad y de
cualquiera, no creo que se esté hablando mucho de lo social!”. “Era peligroso
para el sistema, pero lo que estaba haciendo no era nada malo”, dijo en su
testimonio la referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza.
Ambos
eran militantes del PCML, refugiaban y ayudaban permanentemente a otros
militantes -entre ellos la compañera de Jorge Becerra, Susana De Miguel-, desde
el 6 de diciembre estaban enterados del secuestro y destino de sus compañeros y
compañeras y decidieron quedarse.
El 9 de diciembre, una patota asaltó su
casa y se los llevó. “Señora Clara, ayúdenos por favor” alcanzó a pedirle
Walter a una vecina, la misma que declaró que cuando salió al patio a ver qué
pasaba una voz de mando le dijo “Por favor señora, métase adentro de la casa”.
“¿Por qué nos hacen esto, qué hemos hecho?” repitió Gladys mientras la
arrastraban al auto del secuestro. “Aún no sabemos qué pasó con el nieto de
María Assof”, dijo Dante Vega, “pero lo sabremos, confíen que lo sabremos”,
aseguró conmovido y movilizó a toda la sala.
Poco más
tarde, alrededor de las 03.30, un grupo de personas vestidas de civil y armadas
fueron a la casa de los padres de Domínguez. Iban a buscar al hermano de
Walter, Osiris. No lo encontraron porque estaba trabajando. Días antes, de
manera inusual, le llevaron a Osiris padre un cuchillo para arreglar: tenía
marcas de la Fuerza Aérea. La patota se lo llevó. Osiris salió a las 6 de la
empresa Pescarmona, alertado al igual que su hermano de lo que venía sucediendo
con los compañeros, pasó por la casa de Walter y Gladys, vio la puerta
violentada y supo lo que pasó. Allí comenzó su periplo para salvar su vida.
El Fiscal
Dante Vega resaltó un detalle excepcional: tras el secuestro de Walter, los
padres -Osiris y María- fueron a la casa, hallaron todo revuelto y se
percataron del robo de cosas de valor. Con la angustia de no saber dónde
estaban sus hijos, su nuera y el estado del nieto o nieta en camino, Osiris
padre se ocupó de arreglar la puerta del departamento de Walter y Gladys, que
los captores de su familia habían destrozado, ya que era alquilado y deberían
devolverlo en condiciones...
Osiris
Domínguez, Carlos y Oscar Vera, Mirta Hernández, Mabel D’Amico, María Elena
Farrando, Cristina D’Amico, Alfredo Irusta, Julio del Moral, entro otros,
comenzaron a huir: el exilio. Primero a Buenos Aires, luego a la Costa -allí
cayeron algunos en un operativo-, y destinos finales de otros en el sur del
país y en otros países.
Dante Vega: Lo social, la solidaridad, Walter Domínguez
.png)
