22-03-13 | Pese a intentos de último momento por dilatar lo innegable, la justicia, este viernes 22 de marzo hubo sentencia en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Veintitrés víctimas, un niño secuestrado, un bebé con identidad robada, diez imputados, veintiocho semanas, cuarenta y tantas audiencias. Siete condenas a prisión perpetua, cero absoluciones. Un proceso de memoria, justicia y reconstrucción. El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, Juan Antonio González Macías dio lectura a las penas impuestas a los imputados en este juicio. Fue la sentencia número 1399. Fue reivindicación de una generación que se jugó la vida por todos y todas. Fue un paso más en la posibilidad de retomar los proyectos de vida que el terrorismo de Estado pretendió desaparecer para siempre... mas "no contaban con el amor", como se escuchó en la sala de debates durante el juicio.
La Sala de audiencias en la lectura de la sentencia
La explanada de Tribunales Federales se colmó de militantes de los organismos de derechos humanos de la Provincia, de organizaciones sociales y políticas que han acompañado la lucha por la verdad y la justicia y representantes del Estado provincial y nacional que han puesto voluntades para hacer de la memoria un política que Nunca Más deberá abandonarse. Hubo encuentro, cantos, sonrisas, lágrimas. Pero sobre todo, y una vez más, hubo infinidad de abrazos por ansiedades y dolores contenidos que, a partir del quiebre de la impunidad, pueden expresarse y compartirse. Son solidariamente experimentados por un colectivo que no cesa nunca de reeditar los lazos de ayer.
Nino Bonoldi en la reinauguración del Memorial
Minutos antes de la sentencia, el friso en homenaje a nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, violentamente destruido en noviembre pasado, fue reinaugurado por autoridades provinciales junto a los Organismos. Con un fuerte mensaje de no ceder ante esos atropellos a la memoria y la democracia, se alertó que será restaurado tantas veces como quiera demolerse la memoria colectiva de nuestra sociedad respecto al pasado reciente. Pasado que se actualiza en el presente de justicia y que construye justicia para el futuro. Junto a los jueces Roberto Burad y Alejandro Nocetti Achaval, González Macías dio a conocer las penas, pasado el mediodía: Armando Osvaldo Fernández, Alcides París Francisca, Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda, Juan Agustín Oyarzábal, Juan Antonio Garibotte y Paulino Enrique Furió fueron condenados a prisión perpetua. Dardo Migno fue sentenciado con 14 años de prisión, Ramón Ángel Puebla a 18 años y Fernando Eugenio Morellato a 5 años de reclusión. Todos fueron inhabilitados de manera absoluta y perpetua, los delitos por los que fueron hallados culpables fueron considerados de lesa humanidad y cometidos en el marco del contexto del delito internacional de genocidio, y se penó que fuesen cometidos en concurso con el de asociación ilícita. Además, sobre los diez recayó condena por el delito de prisión abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por la duración de más de un mes.
González Macías, presidente del Tribunal
Cinco imputados que estaban libres -Bruno, Miranda, Fernandez, Morellato y Garibotte- fueron trasladados a la Penitenciaría provincial. El fallo leído por Macías decretó que todos debían ser detenidos de forma inmediata y cumplir sus penas en cárcel común. A Furió, Puebla, Oyarzábal, Migno y Francisca se les respeta la detención domiciliaria, condición que será reevaluada tras una nueva pericia médica que responda si están en condiciones de cumplir sus condenas en cárcel común.
No a lugar
A primera hora de la mañana, el Tribunal y las partes se reunieron en la sala de audiencia. Allí, la representante de Oyarzábal dio a conocer que su defendido no haría uso de la palabra antes de la sentencia. Inmediatamente se le dio la oportunidad de ejercer su derecho a Fernando Morellato, cuya defensa particular presentó el día anterior una recusación contra los jueces González Macías y Burad. Al darse lugar a esa instancia se dio por entendido que esa intención de dilatar los tiempos y hasta echar por tierra todo el proceso fue desestimado por la Cámara de Casación Penal en las horas previas a la sentencia.
Detalles Oyarzábal, Jefe Segundo del D2 en la época de los hechos, fue condenado por las desapariciones de Roberto Blanco, Blanca Graciela Santamaría, Miguel Poinsteau, Oscar Julio Ramos, Oscar Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez; casos contenidos en la Causa 075M, y según las calificaciones propuestas en los alegatos.
Aldo Bruno y Ricardo Miranda, condenados
Bruno, segundo jefe del D2 cuando Ricardo Miranda Genaro estuvo al mando, entre agosto y diciembre de 1977, y luego asumió él la jefatura hasta el 4 de julio de 1978, fue condenado en el marco de las desapariciones que constan en las Causas 077M -Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa- y 053M -Adriana Campos, Antonio Alcaráz, y la privación de la libertad de su hijo Martín Alcaraz. También se probó su culpabilidad en la sustracción de un menor de diez años -Martín- y por robo agravado por armas en relación a la “rapiña” en la casa de los Campos-Alcaráz, una de las tantas develadas en este juicio. Furió fue condenado por las desaparicioes que forman parte de la Causa 085M -Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro, quien estaba embarazada de 6 meses- más Ángeles Gutiérrez -Causa 075M- José Alcaráz y su esposa Antonia Campos -Causa 053M-. También por robo simple en el caso de la casa Vera, y agravado en los casos de su camioneta, la de Carzolio y bienes de los Campos-Alcaráz. A esto se le suma la sustracción de un menor, Martín Alcaráz. Migno obtuvo su condena en el marco de la Causa 076M -detenciones y torturas a los sobrevivientes Oscar Guidone, Martín Lecea y Roberto Vélez-, a lo que se suman las lesiones gravísimas calificadas en el caso de Guidone.
Sobre Puebla recayó la responsabilidad por la detención y torturas a Ángel Bustelo -Causa 055M- y de Guidone, Lecea y Vélez -Causa 076M-, y por las mismas lesiones gravísimas que su entonces subalterno Migno.
Fernando Morellato, condenado
París Francisca, Garibotte y Miranda fueron condenados por la desaparición del matrimonio Campos-Alcaráz y la sustracción de su hijo -Causa 053M-, y por el robo agravado -el hociqueo de las fuerzas represivas- en la casa de la familia.
Fernández Miranda cumplirá pena por la detención, torturas y desaparición de Roberto Blanco. Morellato, más conocido como "el que pidió la picana", fue condenado por la detención y torturas de Ramos e Iturgay.
Por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima -es decir, por torturas- fueron culpados Puebla, Migno y Morellato.
Victorias
Más allá de las bajas condenas a Morellato, Migno y Puebla -cuestión que será oportunamente puesta a consideración de la Cámara de Casación Penal, y con buenas perspectivas- es relevante que no haya habido imputados absueltos y que siete de diez hayan sido condenados a perpetua.
Además, se valoró que las causas denominadas grupales fueran plenamente contempladas en esas penas máximas. En esos casos, la reivindicación de la militancia como causal de persecución e inteligencia previa, así como los lazos de solidaridad que se comprobaron entre los y las militantes, aún a riesgo de perder la vida -y de la peor manera, como pasó- quedó fielmente registrada en el repaso e hilación de los hechos que las querellas reconstruyeron. Y así lo juzgó el Tribunal. En este apartado se incluyen las Causas 085, de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, y la 077, más conocida como “causa Galamba”.
En el caso de las desapariciones de Ramos e Iturgay, la excepción en el fallo condenatorio a Morellato del homicidio agravado será cuestionado ya que se considera probado que la cesión de los detenidos desde Motorizada al D2 se hizo con noción de su implicancia y con conocimiento del accionar represivo contra los “militantes subversivos”. “Una investigación diligente”, como dijo el Fiscal Dante Vega en alegatos, hubiese omitido errores de instrucción que llevaron a esta situación. Así lo entienden las querellas.
El horizonte de lucha y justicia de todos y todas: Madres de Plaza de Mayo
En este sentido, las identificaciones personales, de pertenencia política y de sujeción colectiva fueron ampliamente recorridas y valoradas a partir de los testimonios que fielmente aportaron datos en este debate. En el fallo actual, el Tribunal dictó sentencia considerando el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del MEDH en cuanto a las agravantes del homicidio. Se consideró triplemente calificado por las agravantes de alevosía, por el concurso de dos o más personas, y se incorporó “con el fin de procurar impunidad”. Bajo esta calificación fueron condenados todos los imputados. Además, la duración de más de un mes como agravante en la privación de la libertad fue aceptada considerando el tiempo total de detención -entre distintos destinos- y no sólo los días retenidos en uno de ellos. Este es el caso de las Causas 076M y 055M que implican a la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII.
Si bien no se consideró en la lectura de la sentencia, un debate rico quedó planteado. Como dijimos, todos los delitos fueron considerados como cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, figura ampliamente contemplada en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la última dictadura cívico militar. Sin embargo, el abogado representante del MEDH, Pablo Salinas, propuso en su calificación condenar por el delito de genocidio, no considerarlo de contexto. En los próximos procesos orales y públicos, ciertamente, se retomará ese debate.
Una sala que espera, ansiosa, por más justicia. Nunca Más, Nunca Menos
Solo resta que rompan el pacto de silencio y que escuchen sus sentencias
15-03-2013 | Las querellas hicieron el pedido de condenas para los diez represores imputados en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Es el tramo final del proceso. El jueves 21 de marzo se les dará la posibilidad de hablar a los imputados, nunca se pierde la esperanza de que "nos digan dónde están los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras". El viernes 22 al mediodía habrá dictado de sentencia por parte del Tribunal. Fiscalía pidió perpetua para ocho imputados y veinte años de prisión para los otros dos.
Tras un extenso juicio, con un intenso trabajo de indagación
previa, de trato certero y contenedor de testigos, víctimas y familiares que
expusieron ante el Tribunal -muchos y muchas de ellas por enésima vez contaron
su historia-, el doctor Dante Vega
hizo la exposición de pedido de condenas por parte de la Fiscalía. De los diez imputados, recordemos, cinco están libres y el resto con diversas condiciones de
detención. En su introducción el Fiscal refirió que "en la Oficina Fiscal hay investigaciones en curso" para señalar la desidia del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza -por lo menos de accionar engorroso a la hora de tramitar las Causas. Ejemplificó Vega: "La causa de mayo de 1978 en curso, no se queda aquí. Así como llegó aquí con un sólo acusado -nueve personas desaparecidas. No, no va a quedar con un sólo acusado. Esto fue fruto del Juzgado Federal, recién corregido cinco años después, por intermedio de la Cámara pudo llegar a nosotros". Posteriormente redoblaría la crítica: "Nos diferenciamos del Juez Federal que pareciera jugar al ábaco con las causas, contando los días que fue detenida una persona para ver si considera el agravante o no. Eso sí, cuando se trata de desaparición forzada de personas `no hay que mezclar`. Llevamos 35 años para esclarecer estos hechos y ahí sí mete el agravante. Acá no puede existir causal de perdón ni olvido alguno".
Por las privaciones
ilegítimas de la libertad de Ángel Bustelo, Roberto Vélez, Oscar Guidone, Martín
Lecea (fallecido) y el niño Martín Alcaráz, y las desapariciones de Blanca Graciela Santamaría, Ángeles Gutiérrez de Moyano,
Roberto Blanco, Miguel Poinsteau, Oscar Ramos, Oscar Daniel Iturgay, Juan José
Galamba, Ramón Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar
Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Dolz,
Antonia Adriana Campos de Alcaráz, José Antonio Alcaráz (estos últimos padres
del niño Martín antes mencionado), Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto
Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro (embarazada de seis meses), el Ministerio Público pidió las siguientes condenas:
Prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para los
represores: Juan Antonio Garibotte -exagente del Ejército- y el jefe de Inteligencia de esa arma, Paulino Enrique Furió; también para Alsides París Francisca de Aeronáutica; para los expolicías Juan Agustín Oyarzábal, Fernando
Morellato Donna, Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda y Armando Osvaldo
Fernández Miranda. Acerca del imputado Morellato, el Fiscal hizo una recalificación: lo ubicó en los hechos que dieron con las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay en calidad de jefe, por lo sostenido durante el juicio por el propio acusado en su declaración, como a través de otros testimonios que se dieron a lo largo del debate.
Para Dardo Migno solicitó 18 años de prisión e inhabilitación
absoluta perpetua; para Ramón Ángel Puebla 20 años de prisión e inhabilitación
absoluta perpetua. Ambos se desempeñaron en el Ejército. En ese marco, Vega unifica la condena de ambos por la máxima, 20 años.
En todos los casos, se pidió que se ejecuten las penas
actuales que algunos de ellos cumplen y las que se deriven de este proceso en cárcel común, y que se proceda a la detención inmediata de los procesados.
El Fiscal Dante Vega
“El patriotismo es el
último refugio de los canallas”, citó Dante Vega. Así, fue cerrando un
nuevo juicio contra los represores que perpetraron el más crudo terrorismo de
Estado en nuestra Provincia, los mismos que se ampararon en la impunidad autoimpuesta
por sus métodos y continuada por la falta de voluntad política y judicial que
reinó durante décadas en nuestro país. El camino se desanda desde la caída
de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, acciones de gobierno que tienen
sustento y respaldo en la lucha continua y fundamental de los
organismos de Derechos Humanos, eximios actores de nuestra democracia. Al plegarse el Fiscal al pedido que hiciera la querella del MEDH por cárcel efectiva, común e inmediata en caso de haber condenados tras la sentencia, añadió: "Es postura general del Ministerio Público que las penas por delitos de lesa humanidad, en toda la jurisdicción del país, sean cumplidas en cárcel común". Por último, "para que no ocurra lo que ocurrió", Vega se anticipó a cualquier maniobra que derivara en aberraciones interpretativas que favorezcan la impunidad de personas comprobadamente culpables de los hechos que se les atribuyen. En esa dirección señaló el antecedente del fallo en el Juicio sobre la Masacre de Trelew, del cual el Fiscal participó como acusador: "¿Cómo explica el Tribunal Federal Oral de Comodoro Rivadavia que condenó a marinos sobre la responsabilidad de 16 homicidios agravados y dejó en suspenso la condena hasta que el fallo quede firme? Es un criterio caprichoso, antijurídico, al que he denunciado públicamente. No se tiene que repetir". Dante Vega: Terrorismo de Estado, poder, democracia, conductas
MEDH: Contra la impunidad y sus libertades
Uno de los
representantes por el MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-, el doctor Pablo
Salinas, fue quien expuso el alegato del histórico organismo impulsor de
las investigaciones sobre la represión en Mendoza y sus persistentes
tramitaciones ante la justicia. Salinas reiteró el pedido de que por los crímenes
hoy juzgados, “se les atribuya a todos los imputados el delito de genocidio,
por haber sido todos y cada uno de ellos parte del plan de exterminio que se
ejecutó en la Argentina”. Hizo suyo el pedido de prisión perpetua para todos
los acusados y extendió una solicitud de compulsa por los sospechados de
responsabilidad de crímenes contra la humanidad, a la luz de lo surgido durante
estos juicios: Simone, Largacha, Nazar y Furió.
Exposición del Dr. Pablo Salinas junto a otros querellantes
Salinas arguyó en
forma contundente el por qué de la solicitud de cárcel común y de detención
inmediata al momento de la lectura de sentencia de todos los imputados, “como
cualquier ciudadano argentino (…), porque podrían fugarse o sustraerse a la
acción de la justicia, volviendo a frustrar una vez más los derechos de las
víctimas que han tenido que soportar en este juicio que muchos de ellos vengan
en absoluta libertad, paseándose entre nosotros, cuando si hubieran sido
imputados por cualquier delito común hubieran tenido que estar en una cárcel
durante el desarrollo del proceso”.
Pablo Salinas: Pedido de penas. Cárcel común, inmediata y efectiva
Defensa particular de
Roberto Vélez
El abogado de Roberto Vélez, Martín Vergara, adhirió
plenamente al pedido de penas que expresó el Ministerio Público.
Gobierno de Mendoza: La
Patria no es abrigadora de crímenes
La doctora Romina Ronda, representante del
Gobierno de Mendoza -querellante en la causa 085-M por los casos de Walter
Domínguez y Gladys Castro- realizó una breve pero sólida y profunda exposición
respecto de la significación de los graves efectos psicosociales de los delitos
de lesa humanidad, la impunidad que imperó durante décadas y la justicia como
nuevo punto de partida.
"Sólo el
entendimiento del hecho -delito- como afirmación que confirma la norma, y de
que la pena se mueve en el plano simbólico comunicativo -no solamente en el
instrumental de protección de bienes jurídicos- es que se entiende que el
terrorismo de Estado y la impunidad posterior pusieron en crisis como nunca
antes la identidad configurada en torno al Estado constitucional de derecho", precisó Ronda.
“Mientras reina la
impunidad, ese primer suceso -el delito- retroactivamente cobra valor
traumático, lo negado regresa y actúa sobre las víctimas y también sobre la
sociedad toda”, afirmó Ronda. “El quiebre de la impunidad es un paso hacia la
reconstrucción de ese pasado, recuperar la memoria y reafirmar la identidad del
grupo”. La sanción del delito “no anula el crimen” pero “impide que se siga
cometiendo”, continuó la abogada. “Se abre la posibilidad del duelo, la víctima
recobra su dignidad” y puede pensar en la reconstrucción de sus lazos
afectivos, “un nuevo proyecto de vida”.
Este juicio
evidenció los gravísimos delitos que se cometieron en nuestra Provincia desde
el terrorismo de Estado. Respecto del acusado Paulino Enrique Furió, la condena solicitada coincidió con la
pedida por el Ministerio Público.
Garciarena -SDHN-, Ronda -Gobierno de Mendoza- y la víctima Roberto Vélez
“Por la memoria y la
verdad, por los compañeros y compañeras desaparecidas y asesinadas, por las
familias de las víctimas, solicitamos que se haga justicia y exigimos el
alojamiento en establecimiento carcelario”. Ronda también pidió que la condena
que surja sea comunicada al Ministerio de Defensa para que efectúe
la baja por exoneración de Furió. Cerró
su alegato con palabras del libertador José de San Martín: “La Patria no hace
al soldado para que la deshonre con sus crímenes, no le da armas para que cometa
la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyo
sacrificio se sostiene. La Patria no es abrigadora de crímenes... no es abrigadora de crímenes”. “La condena
significará” dijo Ronda, “pasar ese duelo y volver a inventar la realidad a
pesar de todo el horror”.
“Lo frágil y lo
humano del otro no podrá sernos anónimo o indiferente. Nunca Más”. Aplausos y emoción. Romina Ronda: La impunidad como trauma
Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación: Actualizar
pericias y cárcel común
El abogado por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pablo Garciarena, hizo pedido de condenas por las Causas 077M, 075M
y 055M. Los imputados a los cuales refirió son Aldo Patrocinio Bruno, Juan
Agustín Oyarzábal, Armando Fernández, Fernando Morellato, Paulino Enrique Furió
y Ramón Ángel Puebla.
En todos los casos,
Garciarena pidió la actualización de las pericias médicas sobre los imputados
de manera que pueda accederse a ejecutar las penas privativas de la libertad
que les recaiga en servicios penitenciarios comunes. Las condenas solicitadas
son coincidentes con lo expuesto por el fiscal Dante Vega. Por último, además de adherir al pedido de compulsas pedido por el MEDH, la SDHN peticionó del mismo modo respecto al personal completo actuante en el Cuerpo de Motorizada hacia finales de 1976.
La defensa oficial:
Vulnerables
La doctora Andrea Duranti reiteró el pedido de
absolución de los imputados y para ello hizo una exposición valorativa de las
100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación
de vulnerabilidad: “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas
personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia
los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.
Dr. Alejo Amuchástegui y Dra. Andrea Duranti, defensores oficiales
Para Duranti -para
la justica democrática, para el Estado argentino en pleno respeto de los
derechos de los represores a una defensa legítima- los defendidos están en
situación de vulnerabilidad por su edad en general, y por padecimientos de
salud. Todos ellos, según describió, sufren desde limitación en el movimiento
de caderas hasta riesgo cardio-vascular y, por ello, no debieran ser enviados a
cárcel común para cumplir sus condenas.
Conminó al Tribunal
a valorar los hechos y datos objetivamente probados, y recordó que se debe
argumentar de manera suficiente y valorar agravantes y atenuantes. Además, la
defensora puso el acento en que una condena debe tener un motivo resocializador
y no de castigo. Duranti aseguró que mientras anduvieron libres de culpa y cargo
por las calles -gracias las décadas de impunidad- ya tuvieron el proceso
de resocialización.
La defensora dijo
que no puede efectuarse el pedido de baja por exoneración -solicitada por la
querella para los imputados tras ser condenados y que hayan actuado desde las
fuerzas militares- hasta que la sentencia esté firme.
Andrea Duranti:Los fines de la pena
Cantinela centinela
Defensoría
había despuntado la jornada con los alegatos en relación a los imputados por
las Causas 055-M y 076-M sobre las privaciones ilegítimas de la libertad de Ángel Bustelo, Martín Lecea, Roberto Vélez
y Oscar Guidone. Los acusados
representados son Ramón Puebla -Jefe de
la Compañía de Comunicaciones de Montaña- y Dardo Migno -Jefe del centro
clandestino de detención, “Lugar de reunión de detenidos” (LRD), operante en
esa dependencia militar. La permanencia de las víctimas en el “Barracón de Comunicaciones” fue entre
el 4 y el 6 de septiembre de 1976 en el caso de Bustelo, entre el 10 de agosto
y el 6 de septiembre del mismo año en el caso de Vélez y hasta el 27 de ese mes
en los casos de Guidone y Lecea. Todos ellos fueron sumados al contingente de más de doscientos detenidos politícos que tras previo paso por la cuadra de
detenidos políticos del Liceo Militar
General Espejo fueron trasladados -según la defensora Andrea Duranti, "por las quejas de los padres de los alumnos”- y posteriormente a la Penitenciaría Provincial, hasta el
siguiente traslado masivo, aéreo, a la Unidad
9 de La Plata.
La
abogada explicó el origen de “la situación”: “Migno fue señalado como la cabeza
visible del Barracón desde el momento del Golpe. La queja por el alojamiento de
detenidos políticos de relevancia pública en el Liceo Militar derivó en la
decisión de ocupar un barracón en desuso situado en el mismo campus militar
pero en dependencias de Comunicaciones”. Sin embargo para su compañero Alejo Amuchástegui -que se enfocó en el
caso de Bustelo y la responsabilidad de Puebla- “el LRD era independiente de la
dependencia”.
Amuchástegui
concatenó una serie de remanidas interpretaciones sobre los hechos:
“No
hay pruebas de que Puebla tuviera el poder para disponer allanamientos ni sobre
las personas. No tenía condiciones para hacer ejecutar. Sólo la tenía quien
ejercía el poder militar en Mendoza, el general Maradona”.
“En
la sentencia del juicio anterior no hubo ningún testigo que mencionara la
participación de Puebla en cualquier otro tramo de la detención de Bustelo.
Respecto al tramo en Comunicaciones, ninguno lo vio ni tuvo contacto con él,
luego supieron que era el jefe. No se lo castiga por lo que hizo sino por su
condición. Puebla conocía todo lo que pasaba pero eso no alcanza para construir
imputabilidad en los hechos que se le achacan”.
Compañìa de Comunicaciones -LRD
“En
el Barracón, Bustelo no fue interrogado por Puebla. La propia víctima reconoce
en su denuncia de 1985 que nunca fue sometido a apremios, sí a declaración
indagatoria por literatura peligrosa”.
“La
figura de ´tormentos´ depende de la intensidad del dolor infligido a una
persona para obtener ciertas declaraciones. Si bien el clima era tenso no hubo
apremios. Sí ´severidades, condiciones ásperas, restricción alimentaria y de
derechos´. El detrimento se limita a severidades por la propia situación de
encierro de la víctima. Otros testimonios de personas torturadas en la Compañía
no hacen al hecho concreto de esta causa. No
hay ningún elemento que dé cuenta de autoría, participación o intervención de
Puebla. Se pide su absolución”.
Del mismo modo actuó la doctora Duranti
acerca de las responsabilidades de Puebla y Migno en las prisiones de Vélez,
Guidone y Lecea en el CCD de Comunicaciones.
Absolución para ambos, en base a
criterios de índole subjetiva. Dijo:
“Dardo
Migno no tuvo ninguna participación. Un oficial con 24 años, que cumplía
funciones en Comunicaciones, que dependía del Ejército, cuyo mayor responsable era
Maradona, no tenía poder en cuanto respecta a la decisión sobre el lugar y los
detenidos. Hechos como la autorización para el casamiento de Oscar Guidone (torturado
con ´severidades´ en el LRD de Comunicaciones, un par de horas antes de dar el
sí) explican lo verosímil del error de un joven oficial.”
“Tanto
Puebla como Migno actuaron en la disminución
de riesgode vida respecto a la
decisión de trasladar a Oscar Guidone (torturado con ´severidades´ en el LRD de
Comunicaciones, tiempitoantes de su casamiento)
para la intervención de su bazo en el Hospital Militar. No configura esto
delito de privación ilegítima de la libertad.”
El toque final lo aportó
Amuchástegui: estableció “una equiparación entre Menéndez-Maradona y Puebla-Migno”.
Mucho por defender.
Defensa personal de Fernando Morellato: “Me duele
mucho”
“Tengo que hacer un
terrible esfuerzo para hablar de pena en el caso del señor Morellato, y reitero
el pedido de absolución lisa y llana”, comenzó Ariel Civit, abogado particular del exagente de Motorizada. “Anida
absolutamente en mi conciencia el convencimiento absoluto de la inocencia de
esta persona”.
Aún si se
considerase culpable a Morellato, “se trataría de un delito común, cometido en
el marco de una actuación policial regular”, no de lesa humanidad y por lo
tanto “se debería considerar prescripto”. “Yo sí dejo el pedido de declaración
de inconstitucionalidad de cualquier aplicación de pena”, así se refirió Civit, contracara absoluta de lo expuesto por la doctora Ronda.
Dr. Ariel Civit. Atrás, su defendido Fernando Morellato
Luego exhortó "al Tribunal
y todo el que quiera" a que examine la pericia psicológica de Morellato:
“realmente, yo hacía mucho que no veía una pericia psicológica que diera
resultados tan positivos en cuanto al análisis de la personalidad de un
individuo”. “No requiere un trabajo de reinserción social” afirmó Ariel Civit.
Repitió la oposición
a la ampliación de imputación y, por lo tanto, pidió la nulidad de los pedidos
de condena. “Pese al agravamiento de la persecución (contra su defendido) ha
seguido viniendo a las audiencias”, expresó Civit. “Entonces, privarle los
derechos de tener sentencia firme (a raíz del pedido de detención inmediata
pedido), realmente no le veo que tenga fundamentación, y aún así, una vez
dictada la sentencia entiendo que no hay razones para que no goce del beneficio
de prisión domiciliaria”. El abogado infirió que se trataría de no aplicar el
derecho a la igualdad como se hizo en los años oscuros de la dictadura. “¿Qué
riesgo existe de que se desaparezca?”, agregó Civit; por su condición de salud
“estaríamos generando un tormento” si lo enviaran a la cárcel, cerró con
expresiones muy poco felices para la ocasión.
08-03-2013 | La audiencia estipulaba el turno de las
defensas -tanto de la oficial como de la particular del acusado Fernando Morellato-
en representación de los imputados por la causa 075-M. El largo planteo de la
contraargumentación y el tono agresivo con que lo expuso Ariel Civit -abogado
del ex oficial del Cuerpo de Motorizada- abrieron el debate a la réplica de la Fiscalía
y las querellas. Tras lo cual quedó más expuesta la estrategia de la defensa
sobre las responsabilidades de Morellato.
Fernando Morellato Donna es el único de los imputados representado por un
abogado particular, el doctor Ariel
Civit. Expuso con vehemencia y agresividad hacia las partes querellantes y
sobre todo hacia el Ministerio Público y su representante, el doctor Dante Vega;
ejerció una defensa activa, en línea con lo actuado en la etapa testimonial
cuando convocó testigos forzados que incurrieron incluso en falso testimonio y
susceptibles de ser investigados por su participación durante la última
dictadura cívico militar. Civit calificó de conjeturales las acusaciones, apeló
a “la experiencia” y “el sentido común” como sustento para considerar “lo
razonable” respecto a los hechos y su contexto histórico, se ensañó contraargumentando
a sus “rivales procesales”, afrentó al Tribunal y hasta apeló a muy bajos
recursos que traspasaron el show montado, no sólo culpabilizando a Oscar Ramos
y Daniel Iturgay, también llegando incluso a plantear que las víctimas no están
desaparecidas, que no hay víctimas. En ese sentido, apenas iniciado su alegato,
Civit pidió la “absolución lisa y llana” de su defendido.
Los recursos de la
defensa fueron desarrollados durante el proceso: victimización del imputado “por
presiones, por ser una figura pública” y “por cuentas pendientes” que le hizo
pagar el entonces jefe del D2, el “irascible, loco, peligroso”, Pedro Dante
Sánchez Camargo; tergiversación de los hechos que derivaron en las detenciones
de Ramos e Iturgay por personal del Cuerpo de Motorizada en un operativo bajo
autoría presunta del Oficial Morellato, y sus posteriores desapariciones en el
D2 tras ser torturados; y las calificaciones a Fiscalía y las
querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos de llevar adelante una acusación “tan
infundada y con tanto esfuerzo para acomodar los hechos, con asombrosa
arbitrariedad respecto a los elementos probatorios, con ligereza y arrebato”.
Para abordar los
hechos, Civit introdujo la duda respecto a lo que “los acusadores dan por
acreditado: Que la madrugada del 5 de Noviembre de 1976 dos sujetos, fueron
detenidos por personal del Cuerpo de Motorizada y que esos sujetos serían Oscar
Ramos y Daniel Iturgay”. Acudió entonces el abogado al juego de las preguntas
retóricas, algunas de ellas cínicas y con sentido ofensivo:
-“¿Está probado que
los dos aprehendidos eran Ramos e Iturgay?” planteó como sospecha Civit: “El
primer obstáculo para los acusadores es la identidad indeterminada de los
detenidos con documentos falsificados. Fiscalía omite valorar ciertos
testimonios porque le entorpecen el cuentito. Son los de Pedro Peralta -que
refirió sin precisiones el pedido de un libro que una mujer le hizo para Ramos
en la Penitenciaría- y el de Nilda De Mateo -que por rumores ´se enteró´ además
que ´estaba bien´ en la cárcel-. ¿Y si realmente Ramos estaba en la
Penitenciaría? El doctor Salinas reclama que se sepa el destino de los
desaparecidos, dónde están. Yo también quiero saberlo ¿por qué no agotaron esas
posibilidades de averiguar?”.
-“¿Qué hacemos con
esto?”, cuestionó otra vez Civit tras desviar las pistas sobre los hechos: “Ramos
tenía un hijo, quería verlo. Estaba con Ángel Miranda, última persona que lo
ve, en septiembre de 1976. Estoy convencido que Ramos fue secuestrado cuando fue
a devolverle el niño a Miranda. La capacidad de inteligencia de las fuerzas
armadas está comprobada, estaban a la espera, tenían que tener control sobre
quién tenía a su hijo. Los acusadores se quedan con lo que larga Sánchez
Camargo, dejan de lado hipótesis investigativas, la verdad real es que a Ramos
lo detuvieron en septiembre. Tratan de vender a la sociedad una falsa
respuesta, no se busca, no se profundiza esa búsqueda”.
-“¿Es razonable que
durante dos meses -de septiembre a noviembre- Ramos no hiciera ningún tipo de
contacto con su esposa, con Miranda, con sus allegados, para decirles ´che,
estoy bien, el niño está con Miranda?´ ¿Es algo imposible de llevar a cabo? tan
necesitado del calor con sus allegados, son comportamientos esperables”, añadió
el abogado para desvirtuar no sólo la fecha de los secuestros, también las
condiciones en que debían sobrevivir los perseguidos, para a continuación
aseverar: “Nadie vio a Ramos en dependencias del D2, no terminó en el D2. No se
puede saber porque no se conoce su identidad o si fueron liberados. Es una duda
que nos va a quedar, lamentablemente, estas conductas gracias a dios están terminadas
en el país, de lo contrario las estaríamos reproduciendo como hace la acusación
fiscal, que quiere solventar sentencia con estos elementos y esta confusión,
superando todas las barreras de la arbitrariedad con un indicio negativo. Nadie
lo vio en el D2, ninguna noticia de él. Me interesa saber la verdad pero no se
la disfracemos a la sociedad con soluciones aparentes, esto es hacer lo mismo
que el terrorismo de Estado, que escondía y tapaba.Acá ni la Fiscalía ni este Tribunal tienen que tapar nada. Sin
embargo, por facilismo, Fiscalía no profundiza la investigación, lo que está
haciendo es forzar una solución aparente”.
-“¿Es razonable que
un chico de 19 años estuviera cuatro meses sin establecer
contacto con su familia?” planteó Civit para sugerir que Iturgay fue
secuestrado antes de noviembre. Y remató: “Hay otro dato muy relevante. Gladys Iturgay
menciona la visita de compañeros de Daniel provenientes de Chile, que le
aseguran que no lo buscara más. ¿Se hicieron averiguaciones en Chile? No. ¿No
se sabían en Argentina y sí en Chile las pistas de su paradero? Cómo, por qué
se deja de lado esa pista si aquí no se lo ve en el D2? Iturgay murió en Chile”.
- “¿Por qué no se
indagó a Inchaurraga y Olivera -las dos personas cuyos documentos habrían
fraguado las víctimas?: Los dos aprehendidos no eran ni Ramos ni
Iturgay. Sí se detuvo a dos personas, pero no se sabe quiénes son ni de su
destino en el D2. ¿Y si estos testigos fueron liberados, tal como ocurrió con
otros casos por confusión, como acredita el mismo juicio?”
-“¿Qué iban a hacer
los oficiales con los aprehendidos robando un auto? ¿Les iban a dar un
galardón? Si estas personas son llevadas a resguardo al Cuerpo de Motorizada
por un delito común, algo rutinario en el Cuerpo, ¿por qué insiste Fiscalía en considerarlo
un hecho aislado?”, insistió el defensor para presentar “la no autoría” de
Morellato: “Existe la constancia que la noche del 4 de noviembre un móvil deja
a Morellato en su casa, que esté de guardia no obsta, es un absurdo plantear
que estaba en comisión porque estaba durmiendo, es evidente que aún un oficial
de alto rango, como toda persona necesita descanso”, abundó Civit mientras
parafraseaba a su defendido. Y continuó: “Queda descartada su participación
personal en los hechos, ya que se reincorpora a la división recién a las siete
de la mañana, con la presencia del Comisario Alfaro al frente del Cuerpo, y
vuelve salir a las diez, antes de que Sánchez Camargo retirara a los detenidos.
No hay ninguna tachadura, borrón o manipulación en el libro de novedades que
indique lo contrario, ni que éste haya sido fraguado por mi cliente para
cambiar algo que lo ponga fuera del escenario pensado por Sánchez Camargo”.
-“¿En qué momento,
cómo, dónde pudo mi cliente torturar a los detenidos? ¿Cuándo fue a buscar la
picana? Heinze -que denunció el intento de robo del auto- no vio a las
víctimas. Funcionaba también en las dependencias un Registro Civil, con tanto
movimiento a las siete de la mañana, imposible que se pudieran aplicar
tormentos sin que fueran percibidos por el público. La suposición respecto a
los dos calabozos minúsculos en la Comisaría 25 -aledaña a Motorizada- favorece
a Morellato, ni siquiera los tenía a los detenidos a mano. ¿Iba a meterse a
torturar en una dependencia ajena?”
-“¿Parece poca cosa
la rabia y la inquina de Sánchez Camargo con mi defendido para incriminarlo?”
se escudó ahora en la victimización y hasta en las virtudes de servicio de
Morellato: “El Ministerio Público relativiza la enemistad entre ambos para
desviar la atención”. La misma estrategia utilizó Civit para descalificar el
testimonio en el que el ex agente de la Policía Federal, Cirella Paredes,
comprometió más el accionar de Morellato con los grupos de tareas. El
arrepentido contó que el oficial de Motorizada actuaba en contacto con la banda
de la Federal, que acosaban y detenían personas y luego arrasaban sus bienes. “Cirella
Paredes permaneció 25 años detenido gracias a Morellato, se trata de la
declaración de un delincuente, guiada por un resentimiento manifiesto”.
-“¿Cómo se van a
animar a mentir los testigos propuestos por la defensa, con la terrible presión
mediática y política que hay sobre estos juicios? Se ataca a los testigos de
que mienten, ¿con qué motivación si son ex compañeros de Morellato, que casi no
recuerdan tantos operativos de rutina? Se los acusa porque les entorpecen el
cuentito”, agravió una vez más Civit. Y tras tres horas de alegar, se
identificó con su cliente y sus procederes:
“Estoy defendiendo a
un tipo inocente, por eso soy tan bravo, un pobre tipo al que nadie señaló,
nadie dijo ´ese me torturó´. Por eso doy tantos palos. No quiero que se me vaya
la mano. He defendido a personas inocentes y a delincuentes, algunos hasta han
recuperado la libertad. En este caso se me sube la temperatura por la inocencia
de mi cliente. No me subo en esa moto de perseguir a personas inocentes. El señor
Fernando Morellato ha dado la cara todo su vida, va un periodista y le contesta
pudiendo sacarlo a los bolsazos; declara tres veces, se somete a interrogatorios
de varias partes. Lo contrario a lo que hacen los represores. Si se tuviera que
esconder no aparece por acá…”
Consideró finalmente:
“Morellato no fue requerido por torturas y por eso el Fiscal no lo acusa, sin
embargo tampoco lo fue por homicidio y sí se lo acusa, sin justificar siquiera
si existió dolo”. Respecto al alegato del MEDH, dijo: “No hay que ni
analizarlo, es inadmisible la participación del doctor Lavado, su petición no
debe ser escuchada ni tenida en cuenta por el Tribunal, debido a que las
querellas particulares están restringidas a dos personas en representación”. Antes
del cierre de la extensa audiencia, el doctor Pablo Salinas refirió la mala
interpretación de Civit mediante una réplica técnica: “Existe una modificación
del Código Procesal por la cual los organismos que se constituyan en
querellantes no tienen ese tipo de límites. En el juicio de San Rafael, el MEDH
contó con cinco abogados en funciones”.
El Tribunal y su
Presidente, el Juez Juan Antonio González Macías, se mostró firme y atento a las
falacias y agravios cometidos por el abogado defensor en su exposición. Trató de
limitar los excesos de Civit y ajustarlo a la defensa del imputado. Por ello
determinó ofrecer a las querellas y a Fiscalía la posibilidad de replicar,
derecho que ejerció Dante Vega. A continuación Civit hizo una imprecisa
petición de contrarréplica, que quedó a decisión del Tribunal. Como la condena
en ciernes, cuando se realice el pedido de penas tras los alegatos finales por
los secuestros de Ángel Bustelo, Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone.
Una defensa con el tiempo jugado
“Tú crees que
me matas, yo pienso que te suicidas”, había concluido parafraseando a un autor
italiano el alegato de Civit. “Tenemos
un escritor al que le fascinaban los juegos con el tiempo. No sé si le hubiese
gustado escuchar esto, pero sí hubiera reparado en lo que ha intentado hacer el
defensor”, contestó Dante Vega al
iniciar su réplica. Continuó: “El defensor no sólo ha diferido la verdad,
también ha incurrido en contradicciones y falsedades. Puedo tolerar cierto celo
excesivo en la defensa pero cuando se acusa al Ministerio Público de engañar a
la familia de Ramos, de vender a la sociedad respuestas falsas y efectistas;
cuando me equipara con el terrorismo de Estado… yo pertenezco al Estado, no voy
a tolerar que se me acuse de terrorista. Otra seria acusación ha hecho: me reprocha
un desdén que yo tengo por la verdad”. Además
de esta réplica, el Fiscal agregó una petición
al Colegio de Abogados para que corrija la conducta de Civit si así lo
considera; la extracción de copias certificadas del testimonio de Oscar Heinze
donde asegura que lo llamó el acusado para refrescarle la memoria y pedirle que
se presente a testimoniar; las de los ex policías “que vinieron a testimoniar
acá”; y la del propio defensor cuando expresamente dijo sobre ellos: “los
contacté y les recordé los procedimientos”. “¿Qué quiere decir esa frase? Se ha
calificado como bravo, a veces los bravos se entusiasman y dicen cosas” apuntó
el Fiscal.
“El defensor eligió un camino que lo condujo a
lo resultados pobres que hemos advertido”, resumió Vega: “Primero atacó el
procedimiento en el que detuvieron a Ramos e Iturgay. Trató de ir más atrás en
su ataque y situó la desaparición de los militantes en momentos anteriores a la
fecha constatada en la causa -5 de noviembre de 1976. Citó a Pedro Peralta en
un párrafo que, como no concuerda en la cronología de los hechos, ni siquiera
hemos valorado. Sobre la enfermera que habría visto a Ramos en la
Penitenciaría, Civit se preguntó por qué no la citamos a declarar: porque era
inútil, no cito a testigos porque sí. En todo caso, la defensa también podía
llamarla a testimoniar. Lo mismo respecto a Olivera e Inchaurraga”. El audio a
continuación precisa la participación de Morellato en “actividades
antisubversivas” y la integración del Cuerpo de Motorizada en el aparato organizado
de poder del D2:
Dante Vega: La excusa y la conexión
“Creo que hay cosas
que el defensor olvidó. Si pensara mal creería que las omitió adrede. No
mencionó que Víctor Cuello declaró que se encontró con Ramos en la estación de
trenes en octubre de 1976. Esto implica desconocer y banalizar la situación de
clandestinidad. No hay que ser abogado, ni novelista, ni sociólogo para saber
lo que implicaba vivir en la clandestinidad. La clandestinidad tiene estas
cosas, la persecución por parte del aparato terrorista tiene estas cosas. Jugar
con esto para hacer dudar del momento del secuestro de Ramos es antojadizo y no
merece análisis. También cuestionó que un chico como Iturgay, de 21 años, no se
haya comunicado con la familia durante los meses que estuvo clandestino.
Nuevamente banaliza esa situación. Afirmó que Iturgay murió en Chile. Pero lo
que dijo la madre de Oscar Daniel es que después de su desaparición la visitaron familiares de Chile. De aquí a afirmar que Iturgay murió en Chile
hay una distancia tan enorme como la que separa Mendoza de Chile. El defensor
se ha extraviado en el laberinto del tiempo o ha descubierto un capítulo
desconocido del Plan Cóndor”.
Dante Vega: Sobre la fragua y la autoría
Civit se sorprendió
de que Vega haya dicho que Morellato reconoció la autoría del hecho. Vega
recordó que en su testimonio ante el Tribunal, el imputado dijo “los detenidos
habrán estado dos horas conmigo, no más, y después se presentó -Sanchez
Camargo- en el cuerpo Motorizada y se los llevó”. Civit asumió que muchas veces
se trasladaban detenidos a la sede de Motorizada. Entonces debe haber habido en
esa sede un lugar para tenerlos. Dijo Vega: “Los policías que vinieron a mentir
al Tribunal y el propio Morellato miraron para otro lado y dijeron que no era
habitual llevar detenidos a la sede. También dijeron que no había un lugar para
tal fin. El abogado defensor habló de la ‘no actuación’ de Morellato en
operativos que tuvieran que ver con la lucha contra la subversión. Pero olvidó
que hay casos ya citados en los que también está probada su participación:
Pardini, Rabanal y el caso de Amaya, Moretti y Seydell”. El defensor también acusó
a las querellas de relativizar la enemistad que tenía Sánchez Camargo con Morellato,
de soslayar la inquina. Esto contestó el Fiscal:
Dante Vega: Enemistarse con el muerto y el loco
Respecto a las
detenciones puntualizó: “No es ilegítimo detener a alguien que está robando. A
partir de un punto la privación de la libertad, regular -detener a quien está
robando-, se transforma en ilegal cuando los trasladan a un lugar que no
corresponde, les empiezan a pegar, los torturan”. Morellato, su abogado y los policías
insistieron con que en Motorizada no podía haber detenidos ni torturas porque
allí también funcionaba el Registro Civil, como sí había en el D2, según
mencionó el propio defensor. Vega replicó: “mencionó al D2 que es el ejemplo
claro de una repartición situada en el corazón de un edificio policial al cual iban
personas a sacarse la cédula de identidad, el certificado de buena conducta y
estaba poblado de gente. Sin embargo en
sus entrañas funcionaba el peor centro clandestino de detención”. En el mismo
sentido y en base al mismo libro de novedades y de los testimonios aportados
por la defensa, Dante Vega reiteró que los ex policías serán investigados por
otros hechos.
06-10-2012 | Los imputados entraron en fila como
en su historia pasada y estallaron los flashes, todo indicaba que se había
subsanado el inconveniente que demoró la audiencia. Luego -“de pie”-, dijo una secretaria y entró el
Presidente escoltado por sus dos colegas; tomó asiento, agradeció el clima de
respeto mantenido a lo largo de once meses, se colocó los anteojos y leyó el
fallo. Entonces se conoció la primera sentencia condenatoria por crímenes de
Lesa Humanidad en la ciudad de Mendoza; sucedió a los seis días del mes de
octubre del año dos mil once.
Cayó todo el rigor de la ley sobre
cuatro miembros del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Mendoza:
Luis Rodríguez, Juan Oyarzábal, Eduardo Smaha y Celustiano Lucero. Los dos
primeros fueron jefes;el “ruso” Smaha
era enlace de Inteligencia con el Ejército y el “mono” Lucerotrascendió por haber asesinado a Paco Urondo de un golpe en la cabeza.Todos condenados a cadena perpetua en cárcel
común.
Los otros dos acusados tuvieron
mejor suerte,el entoncesteniente con vocación de verdugo Dardo Migno
fue condenado a 12 años por la privación de la libertad y tormentos infringidos
contra don Angel Bustelo, ya sexagenario por esos días; mientras que su
camarada del Ejército, Paulino Furió fue absuelto en la Causa por la
desaparición de Jorge Fonseca.
Casi un año atrás, el 17 de
noviembre de 2010 se había iniciado el tratamiento de más de treinta crímenes
que incluían veinticuatro desapariciones pero a lo largo de los once meses
fueron apartados del juicio varios acusados, como Luciano B. Menéndezy otros jefes; por ende cayeron las causas
que se les atribuían. A la hora de la verdad, la sentencia correspondió a siete
desapariciones, la de Ricardo Sánchez Coronel; el matrimonio
Rafael Olivera-Nora Rodríguez Jurado; Salvador Moyano; Jorge Fonseca; Rosario
Aníbal Torres y Alicia Cora Raboy, compañeraFrancisco”Paco” Urondo; además se juzgó el homicidio del poetaquien fue muerto en el momento de suapresamiento.Finalmente, se trató el allanamiento ilegal a Arturo Rodríguez y la detención ilegal de Ángel Bustelo .
Dos de agosto de 2012: imputados, inicio Tercer Juicio por delitos de lesa humanidad, Mendoza
Escenas
para el recuerdo
Acorde con la trascendental jornada,
la sala de audiencias de Tribunales Federales lucía repleta de las y los
directos involucrados, observadoresy la
infaltable prensa. Ungrueso blindex separaba el área destinada al
público de la ocupada porabogados,
fiscales, imputados,Jueces y secretarias; a través del vidrio se
imponía la solemnidad del Tribunal ubicado tras un macizo escritorio en roble oscuro con el
escudo argentino talladoen madera. El
conjunto se elevabaen una plataforma dos
peldaños por encima de todos los presentes, para que no haya dudas sobre el
lugar de la autoridad; desde allí, el Presidente del Tribunal, Juan Antonio González
Macías, leyó el fallo .
Dentro de esa pecera, aambos lados del estrado, convivían moros y
cristianos.A la izquierda nuestros
aguerridos abogados de la querella y la fiscalía, dispuestos juntos, en una
misma línea de escritorios.En los
extremos los escoltaban dos brillantes mujeres: una querellante y otra secretaria
del Fiscal. Espacio de por medio, frente a ellos en una primera línea, los abogados defensores,y detrás, tres de los acusados: Lucero, Smaha
y Furió.
Y de este lado, en las primeras
filas, había personalidades y algunos funcionarios siempre dispuestos a la foto
de ocasión; a sus espaldas, a sala repleta, la presencia más intensa fueron los
compañeros,compañeras y familiares,enarbolando a los suyos; los más, los que cultivamos durante décadas la certeza que
este día debía llegar y sería inscripto en nuestra historia porque los
genocidios no se pueden ocultar bajo la alfombra.
El día llegó, comenzó a despuntar ese 6 de octubre en que nos vestimos para la celebración,
suerte de corolario de largos meses en
los que lo soterrado, lo sucedido en los años ’70, fue iluminado en la palabra de los personajes
reales; fue contado y sufrido por
testigos y familiares.
En un clima de intensa ansiedadcomenzó la audiencia y bajo un mismo impulsose agitaron las pancartas con los rostros de
nuestros compañeros, rasgos en negro sobre fondo blanco con letras al pie que los
y las nombran. Hubo un silencio espeso
durante la breve lectura del acta.Luego se escuchó la sentencia y un grito nombró a nuestros 30.000 desaparecidos; después todo fue algarabía y regocijo: vitoreamos,reímos, besamos mejillas húmedas y nos apretamos. De reojo,observamos a los represoresque se retiraban en fila, con la mirada al suelo
comomatones en caída, desnudos de su único atributo: llamar
al miedo; reducidos a meros delincuentes camino a la condena .
Bajamos hacia la claridad de esa mañana
soleada;ya en la calle nos reconocimos
en abrazos, sonrisas y lloramos de felicidad.
Así, las penas, penitas nuestras, tan adentro, tan fuerte pegadas al pecho, ese
día se fueron en llanto, en agüita
salada, rodaron por las escaleras de la explanada para llegar al sumidero que
se tragó 35 años de humillaciones e indiferencia, dicha sólo posible con un retazo de justicia.