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sábado, 23 de marzo de 2013

Tercer juicio: Sentencias

Sentencia número 1399, lucha infinita
22-03-13 | Pese a intentos de último momento por dilatar lo innegable, la justicia, este viernes 22 de marzo hubo sentencia en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Veintitrés víctimas, un niño secuestrado, un bebé con identidad robada, diez imputados, veintiocho semanas, cuarenta y tantas audiencias. Siete condenas a prisión perpetua, cero absoluciones. Un proceso de memoria, justicia y reconstrucción.

El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, Juan Antonio González Macías dio lectura a las penas impuestas a los imputados en este juicio. Fue la sentencia número 1399. Fue reivindicación de una generación que se jugó la vida por todos y todas. Fue un paso más en la posibilidad de retomar los proyectos de vida que el terrorismo de Estado pretendió desaparecer para siempre... mas "no contaban con el amor", como se escuchó en la sala de debates durante el juicio.

La Sala de audiencias en la lectura de la sentencia 
La explanada de Tribunales Federales se colmó de militantes de los organismos de derechos humanos de la Provincia, de organizaciones sociales y políticas que han acompañado la lucha por la verdad y la justicia y representantes del Estado provincial y nacional que han puesto voluntades para hacer de la memoria un política que Nunca Más deberá abandonarse.

Hubo encuentro, cantos, sonrisas, lágrimas. Pero sobre todo, y una vez más, hubo infinidad de abrazos por ansiedades y dolores contenidos que, a partir del quiebre de la impunidad, pueden expresarse y compartirse. Son solidariamente experimentados por un colectivo que no cesa nunca de reeditar los lazos de ayer.

Nino Bonoldi en la reinauguración del Memorial
Minutos antes de la sentencia, el friso en homenaje a nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, violentamente destruido en noviembre pasado, fue reinaugurado por autoridades provinciales junto a los Organismos. Con un fuerte mensaje de no ceder ante esos atropellos a la memoria y la democracia, se alertó que será restaurado tantas veces como quiera demolerse la memoria colectiva de nuestra sociedad respecto al pasado reciente. Pasado que se actualiza en el presente de justicia y que construye justicia para el futuro.

Junto a los jueces Roberto Burad y Alejandro Nocetti Achaval, González Macías dio a conocer las penas, pasado el mediodía: Armando Osvaldo Fernández, Alcides París Francisca, Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda, Juan Agustín Oyarzábal, Juan Antonio Garibotte y Paulino Enrique Furió fueron condenados a prisión perpetua. Dardo Migno fue sentenciado con 14 años de prisión, Ramón Ángel Puebla a 18 años y Fernando Eugenio Morellato a 5 años de reclusión. Todos fueron inhabilitados de manera absoluta y perpetua, los delitos por los que fueron hallados culpables fueron considerados de lesa humanidad y cometidos en el marco del contexto del delito internacional de genocidio, y se penó que fuesen cometidos en concurso con el de asociación ilícita. Además, sobre los diez recayó condena por el delito de prisión abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y por la duración de más de un mes.

González Macías, presidente del Tribunal
Cinco imputados que estaban libres -Bruno, Miranda, Fernandez, Morellato y Garibotte- fueron trasladados a la Penitenciaría provincial. El fallo leído por Macías decretó que todos debían ser detenidos de forma inmediata y cumplir sus penas en cárcel común.

A Furió, Puebla, Oyarzábal, Migno y Francisca se les respeta la detención domiciliaria, condición que será reevaluada tras una nueva pericia médica que responda si están en condiciones de cumplir sus condenas en cárcel común.




No a lugar
A primera hora de la mañana, el Tribunal y las partes se reunieron en la sala de audiencia. Allí, la representante de Oyarzábal dio a conocer que su defendido no haría uso de la palabra antes de la sentencia. Inmediatamente se le dio la oportunidad de ejercer su derecho a Fernando Morellato, cuya defensa particular presentó el día anterior una recusación contra los jueces González Macías y Burad. Al darse lugar a esa instancia se dio por entendido que esa intención de dilatar los tiempos y hasta echar por tierra todo el proceso fue desestimado por la Cámara de Casación Penal en las horas previas a la sentencia.

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Detalles
Oyarzábal, Jefe Segundo del D2 en la época de los hechos, fue condenado por las desapariciones de Roberto Blanco, Blanca Graciela Santamaría, Miguel Poinsteau, Oscar Julio Ramos, Oscar Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez; casos contenidos en la Causa 075M, y según las calificaciones propuestas en los alegatos.

Aldo Bruno y Ricardo Miranda, condenados 
Bruno, segundo jefe del D2 cuando Ricardo Miranda Genaro estuvo al mando, entre agosto y diciembre de 1977, y luego asumió él la jefatura hasta el 4 de julio de 1978, fue condenado en el marco de las desapariciones que constan en las Causas 077M -Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa- y 053M -Adriana Campos, Antonio Alcaráz, y la privación de la libertad de su hijo Martín Alcaraz. También se probó su culpabilidad en la sustracción de un menor de diez años -Martín- y por robo agravado por armas en relación a la “rapiña” en la casa de los Campos-Alcaráz, una de las tantas develadas en este juicio.

Furió fue condenado por las desaparicioes que forman parte de la Causa 085M -Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro, quien estaba embarazada de 6 meses- más Ángeles Gutiérrez -Causa 075M- José Alcaráz y su esposa Antonia Campos -Causa 053M-. También por robo simple en el caso de la casa Vera, y agravado en los casos de su camioneta, la de Carzolio y bienes de los Campos-Alcaráz. A esto se le suma la sustracción de un menor, Martín Alcaráz.

Migno obtuvo su condena en el marco de la Causa 076M -detenciones y torturas a los sobrevivientes Oscar Guidone, Martín Lecea y Roberto Vélez-, a lo que se suman las lesiones gravísimas calificadas en el caso de Guidone.

Sobre Puebla recayó la responsabilidad por la detención y torturas a Ángel Bustelo -Causa 055M- y de Guidone, Lecea y Vélez -Causa 076M-, y por las mismas lesiones gravísimas que su entonces subalterno Migno.
Fernando Morellato, condenado

París Francisca, Garibotte y Miranda fueron condenados por la desaparición del matrimonio Campos-Alcaráz y la sustracción de su hijo -Causa 053M-, y por el robo agravado -el hociqueo de las fuerzas represivas- en la casa de la familia.



Fernández Miranda cumplirá pena por la detención, torturas y desaparición de Roberto Blanco.

Morellato, más conocido como "el que pidió la picana", fue condenado por la detención y torturas de Ramos e Iturgay.

Por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima -es decir, por torturas- fueron culpados Puebla, Migno y Morellato.

Victorias
Más allá de las bajas condenas a Morellato, Migno y Puebla -cuestión que será oportunamente puesta a consideración de la Cámara de Casación Penal, y con buenas perspectivas- es relevante que no haya habido imputados absueltos y que siete de diez hayan sido condenados a perpetua.

Además, se valoró que las causas denominadas grupales fueran plenamente contempladas en esas penas máximas. En esos casos, la reivindicación de la militancia como causal de persecución e inteligencia previa, así como los lazos de solidaridad que se comprobaron entre los y las militantes, aún a riesgo de perder la vida -y de la peor manera, como pasó- quedó fielmente registrada en el repaso e hilación de los hechos que las querellas reconstruyeron. Y así lo juzgó el Tribunal. En este apartado se incluyen las Causas 085, de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista, y la 077, más conocida como “causa Galamba”.

En el caso de las desapariciones de Ramos e Iturgay, la excepción en el fallo condenatorio a Morellato del homicidio agravado será cuestionado ya que se considera probado que la cesión de los detenidos desde Motorizada al D2 se hizo con noción de su implicancia y con conocimiento del accionar represivo contra los “militantes subversivos”. “Una investigación diligente”, como dijo el Fiscal Dante Vega en alegatos, hubiese omitido errores de instrucción que llevaron a esta situación. Así lo entienden las querellas.

El horizonte de lucha y justicia de todos y todas: Madres de Plaza de Mayo 
En este sentido, las identificaciones personales, de pertenencia política y de sujeción colectiva fueron ampliamente recorridas y valoradas a partir de los testimonios que fielmente aportaron datos en este debate.

En el fallo actual, el Tribunal dictó sentencia considerando el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del MEDH en cuanto a las agravantes del homicidio. Se consideró triplemente calificado por las agravantes de alevosía, por el concurso de dos o más personas, y se incorporó “con el fin de procurar impunidad”. Bajo esta calificación fueron condenados todos los imputados.

Además, la duración de más de un mes como agravante en la privación de la libertad fue aceptada considerando el tiempo total de detención -entre distintos destinos- y no sólo los días retenidos en uno de ellos. Este es el caso de las Causas 076M y 055M que implican a la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII.


Si bien no se consideró en la lectura de la sentencia, un debate rico quedó planteado. Como dijimos, todos los delitos fueron considerados como cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, figura ampliamente contemplada en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en la última dictadura cívico militar. Sin embargo, el abogado representante del MEDH, Pablo Salinas, propuso en su calificación condenar por el delito de genocidio, no considerarlo de contexto. En los próximos procesos orales y públicos, ciertamente, se retomará ese debate.

Una sala que espera, ansiosa, por más justicia. Nunca Más, Nunca Menos

domingo, 17 de marzo de 2013

Tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Pedido de condenas. Causas 055-M y 076-M: Alegatos de la Defensa Oficial

Solo resta que rompan el pacto de silencio y que escuchen sus sentencias
15-03-2013 | Las querellas hicieron el pedido de condenas para los diez represores imputados en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad. Es el tramo final del proceso. El jueves 21 de marzo se les dará la posibilidad de hablar a los imputados, nunca se pierde la esperanza de que "nos digan dónde están los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras". El viernes 22 al mediodía habrá dictado de sentencia por parte del Tribunal. Fiscalía pidió perpetua para ocho imputados y veinte años de prisión para los otros dos.
Tras un extenso juicio, con un intenso trabajo de indagación previa, de trato certero y contenedor de testigos, víctimas y familiares que expusieron ante el Tribunal -muchos y muchas de ellas por enésima vez contaron su historia-, el doctor Dante Vega hizo la exposición de pedido de condenas por parte de la Fiscalía. De los diez imputados, recordemos, cinco están libres y el resto con diversas condiciones de detención. En su introducción el Fiscal refirió que "en la Oficina Fiscal hay investigaciones en curso" para señalar la desidia del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza -por lo menos de accionar engorroso a la hora de tramitar las Causas. Ejemplificó Vega: "La causa de mayo de 1978 en curso, no se queda aquí. Así como llegó aquí con un sólo acusado -nueve personas desaparecidas. No, no va a quedar con un sólo acusado. Esto fue fruto del Juzgado Federal, recién corregido cinco años después, por intermedio de la Cámara pudo llegar a nosotros". Posteriormente redoblaría la crítica: "Nos diferenciamos del Juez Federal que pareciera jugar al ábaco con las causas, contando los días que fue detenida una persona para ver si considera el agravante o no. Eso sí, cuando se trata de desaparición forzada de personas `no hay que mezclar`. Llevamos 35 años para esclarecer estos hechos y ahí sí mete el agravante. Acá no puede existir causal de perdón ni olvido alguno".

Por las privaciones ilegítimas de la libertad de Ángel Bustelo, Roberto Vélez, Oscar Guidone, Martín Lecea (fallecido) y el niño Martín Alcaráz, y las desapariciones de Blanca Graciela Santamaría, Ángeles Gutiérrez de Moyano, Roberto Blanco, Miguel Poinsteau, Oscar Ramos, Oscar Daniel Iturgay, Juan José Galamba, Ramón Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Dolz, Antonia Adriana Campos de Alcaráz, José Antonio Alcaráz (estos últimos padres del niño Martín antes mencionado), Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro (embarazada de seis meses), el Ministerio Público pidió las siguientes condenas:

Prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para los represores: Juan Antonio Garibotte -exagente del Ejército- y el jefe de Inteligencia de esa arma, Paulino Enrique Furió; también para Alsides París Francisca de Aeronáutica; para los expolicías Juan Agustín Oyarzábal, Fernando Morellato Donna, Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda y Armando Osvaldo Fernández Miranda. Acerca del imputado Morellato, el Fiscal hizo una recalificación: lo ubicó en los hechos que dieron con las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay en calidad de jefe, por lo sostenido durante el juicio por el propio acusado en su declaración, como a través de otros testimonios que se dieron a lo largo del debate.

Para Dardo Migno solicitó 18 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; para Ramón Ángel Puebla 20 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Ambos se desempeñaron en el Ejército. En ese marco, Vega unifica la condena de ambos por la máxima, 20 años.

En todos los casos, se pidió que se ejecuten las penas actuales que algunos de ellos cumplen y las que se deriven de este proceso en cárcel común, y que se proceda a la detención inmediata de los procesados.

El Fiscal Dante Vega
“El patriotismo es el último refugio de los canallas”, citó Dante Vega. Así, fue cerrando un nuevo juicio contra los represores que perpetraron el más crudo terrorismo de Estado en nuestra Provincia, los mismos que se ampararon en la impunidad autoimpuesta por sus métodos y continuada por la falta de voluntad política y judicial que reinó durante décadas en nuestro país. El camino se desanda desde la caída de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, acciones de gobierno que tienen sustento y respaldo en la lucha continua y fundamental de los organismos de Derechos Humanos, eximios actores de nuestra democracia.

Al plegarse el Fiscal al pedido que hiciera la querella del MEDH por cárcel efectiva, común e inmediata en caso de haber condenados tras la sentencia, añadió: "Es postura general del Ministerio Público que las penas por delitos de lesa humanidad, en toda la jurisdicción del país, sean cumplidas en cárcel común".

Por último, "para que no ocurra lo que ocurrió", Vega se anticipó a cualquier maniobra que derivara en aberraciones interpretativas que favorezcan la impunidad de personas comprobadamente culpables de los hechos que se les atribuyen. En esa dirección señaló el antecedente del fallo en el Juicio sobre la Masacre de Trelew, del cual el Fiscal participó como acusador: "¿Cómo explica el Tribunal Federal Oral de Comodoro Rivadavia que condenó a marinos sobre la responsabilidad de 16 homicidios agravados y dejó en suspenso la condena hasta que el fallo quede firme? Es un criterio caprichoso, antijurídico, al que he denunciado públicamente. No se tiene que repetir".

Dante Vega: Terrorismo de Estado, poder, democracia, conductas


MEDH: Contra la impunidad y sus libertades
Uno de los representantes por el MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-, el doctor Pablo Salinas, fue quien expuso el alegato del histórico organismo impulsor de las investigaciones sobre la represión en Mendoza y sus persistentes tramitaciones ante la justicia. Salinas reiteró el pedido de que por los crímenes hoy juzgados, “se les atribuya a todos los imputados el delito de genocidio, por haber sido todos y cada uno de ellos parte del plan de exterminio que se ejecutó en la Argentina”. Hizo suyo el pedido de prisión perpetua para todos los acusados y extendió una solicitud de compulsa por los sospechados de responsabilidad de crímenes contra la humanidad, a la luz de lo surgido durante estos juicios: Simone, Largacha, Nazar y Furió.

Exposición del Dr. Pablo Salinas junto a otros querellantes
Salinas arguyó en forma contundente el por qué de la solicitud de cárcel común y de detención inmediata al momento de la lectura de sentencia de todos los imputados, “como cualquier ciudadano argentino (…), porque podrían fugarse o sustraerse a la acción de la justicia, volviendo a frustrar una vez más los derechos de las víctimas que han tenido que soportar en este juicio que muchos de ellos vengan en absoluta libertad, paseándose entre nosotros, cuando si hubieran sido imputados por cualquier delito común hubieran tenido que estar en una cárcel durante el desarrollo del proceso”.



Pablo Salinas: Pedido de penas. Cárcel común, inmediata y efectiva


Defensa particular de Roberto Vélez
El abogado de Roberto Vélez, Martín Vergara, adhirió plenamente al pedido de penas que expresó el Ministerio Público.

Gobierno de Mendoza: La Patria no es abrigadora de crímenes
La doctora Romina Ronda, representante del Gobierno de Mendoza -querellante en la causa 085-M por los casos de Walter Domínguez y Gladys Castro- realizó una breve pero sólida y profunda exposición respecto de la significación de los graves efectos psicosociales de los delitos de lesa humanidad, la impunidad que imperó durante décadas y la justicia como nuevo punto de partida.

"Sólo el entendimiento del hecho -delito- como afirmación que confirma la norma, y de que la pena se mueve en el plano simbólico comunicativo -no solamente en el instrumental de protección de bienes jurídicos- es que se entiende que el terrorismo de Estado y la impunidad posterior pusieron en crisis como nunca antes la identidad configurada en torno al Estado constitucional de derecho", precisó Ronda.

“Mientras reina la impunidad, ese primer suceso -el delito- retroactivamente cobra valor traumático, lo negado regresa y actúa sobre las víctimas y también sobre la sociedad toda”, afirmó Ronda. “El quiebre de la impunidad es un paso hacia la reconstrucción de ese pasado, recuperar la memoria y reafirmar la identidad del grupo”. La sanción del delito “no anula el crimen” pero “impide que se siga cometiendo”, continuó la abogada. “Se abre la posibilidad del duelo, la víctima recobra su dignidad” y puede pensar en la reconstrucción de sus lazos afectivos, “un nuevo proyecto de vida”.

Este juicio evidenció los gravísimos delitos que se cometieron en nuestra Provincia desde el terrorismo de Estado. Respecto del acusado Paulino Enrique Furió, la condena solicitada coincidió con la pedida por el Ministerio Público.

Garciarena -SDHN-, Ronda -Gobierno de Mendoza- y la víctima Roberto Vélez
“Por la memoria y la verdad, por los compañeros y compañeras desaparecidas y asesinadas, por las familias de las víctimas, solicitamos que se haga justicia y exigimos el alojamiento en establecimiento carcelario”. Ronda también pidió que la condena que surja sea comunicada al Ministerio de Defensa para que efectúe la baja por exoneración de Furió. Cerró su alegato con palabras del libertador José de San Martín: “La Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, no le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene. La Patria no es abrigadora de crímenes...  no es abrigadora de crímenes”. “La condena significará” dijo Ronda, “pasar ese duelo y volver a inventar la realidad a pesar de todo el horror”.

“Lo frágil y lo humano del otro no podrá sernos anónimo o indiferente. Nunca Más”. Aplausos y emoción.
Romina Ronda: La impunidad como trauma


Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: Actualizar pericias y cárcel común
El abogado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pablo Garciarena, hizo pedido de condenas por las Causas 077M, 075M y 055M. Los imputados a los cuales refirió son Aldo Patrocinio Bruno, Juan Agustín Oyarzábal, Armando Fernández, Fernando Morellato, Paulino Enrique Furió y Ramón Ángel Puebla.

En todos los casos, Garciarena pidió la actualización de las pericias médicas sobre los imputados de manera que pueda accederse a ejecutar las penas privativas de la libertad que les recaiga en servicios penitenciarios comunes. Las condenas solicitadas son coincidentes con lo expuesto por el fiscal Dante Vega. Por último, además de adherir al pedido de compulsas pedido por el MEDH, la SDHN peticionó del mismo modo respecto al personal completo actuante en el Cuerpo de Motorizada hacia finales de 1976.

La defensa oficial: Vulnerables
La doctora Andrea Duranti reiteró el pedido de absolución de los imputados y para ello hizo una exposición valorativa de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad: “Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.
Dr. Alejo Amuchástegui y Dra. Andrea Duranti, defensores oficiales

Para Duranti -para la justica democrática, para el Estado argentino en pleno respeto de los derechos de los represores a una defensa legítima- los defendidos están en situación de vulnerabilidad por su edad en general, y por padecimientos de salud. Todos ellos, según describió, sufren desde limitación en el movimiento de caderas hasta riesgo cardio-vascular y, por ello, no debieran ser enviados a cárcel común para cumplir sus condenas.

Conminó al Tribunal a valorar los hechos y datos objetivamente probados, y recordó que se debe argumentar de manera suficiente y valorar agravantes y atenuantes. Además, la defensora puso el acento en que una condena debe tener un motivo resocializador y no de castigo. Duranti aseguró que mientras anduvieron libres de culpa y cargo por las calles -gracias las décadas de impunidad- ya tuvieron el proceso de resocialización.

La defensora dijo que no puede efectuarse el pedido de baja por exoneración -solicitada por la querella para los imputados tras ser condenados y que hayan actuado desde las fuerzas militares- hasta que la sentencia esté firme.
Andrea Duranti: Los fines de la pena


Cantinela centinela
Defensoría había despuntado la jornada con los alegatos en relación a los imputados por las Causas 055-M y 076-M sobre las privaciones ilegítimas de la libertad de Ángel Bustelo, Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone. Los acusados representados son Ramón Puebla -Jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña- y Dardo Migno -Jefe del centro clandestino de detención, “Lugar de reunión de detenidos” (LRD), operante en esa dependencia militar. La permanencia de las víctimas en el “Barracón de Comunicaciones” fue entre el 4 y el 6 de septiembre de 1976 en el caso de Bustelo, entre el 10 de agosto y el 6 de septiembre del mismo año en el caso de Vélez y hasta el 27 de ese mes en los casos de Guidone y Lecea. Todos ellos fueron sumados al contingente de más de doscientos detenidos politícos que tras previo paso por la cuadra de detenidos políticos del Liceo Militar General Espejo fueron trasladados -según la defensora Andrea Duranti, "por las quejas de los padres de los alumnos”- y posteriormente a la Penitenciaría Provincial, hasta el siguiente traslado masivo, aéreo, a la Unidad 9 de La Plata.

La abogada explicó el origen de “la situación”: “Migno fue señalado como la cabeza visible del Barracón desde el momento del Golpe. La queja por el alojamiento de detenidos políticos de relevancia pública en el Liceo Militar derivó en la decisión de ocupar un barracón en desuso situado en el mismo campus militar pero en dependencias de Comunicaciones”. Sin embargo para su compañero Alejo Amuchástegui -que se enfocó en el caso de Bustelo y la responsabilidad de Puebla- “el LRD era independiente de la dependencia”.

Amuchástegui concatenó una serie de remanidas interpretaciones sobre los hechos:
“No hay pruebas de que Puebla tuviera el poder para disponer allanamientos ni sobre las personas. No tenía condiciones para hacer ejecutar. Sólo la tenía quien ejercía el poder militar en Mendoza, el general Maradona”.

“En la sentencia del juicio anterior no hubo ningún testigo que mencionara la participación de Puebla en cualquier otro tramo de la detención de Bustelo. Respecto al tramo en Comunicaciones, ninguno lo vio ni tuvo contacto con él, luego supieron que era el jefe. No se lo castiga por lo que hizo sino por su condición. Puebla conocía todo lo que pasaba pero eso no alcanza para construir imputabilidad en los hechos que se le achacan”.

Compañìa de Comunicaciones -LRD
“En el Barracón, Bustelo no fue interrogado por Puebla. La propia víctima reconoce en su denuncia de 1985 que nunca fue sometido a apremios, sí a declaración indagatoria por literatura peligrosa”.

“La figura de ´tormentos´ depende de la intensidad del dolor infligido a una persona para obtener ciertas declaraciones. Si bien el clima era tenso no hubo apremios. Sí ´severidades, condiciones ásperas, restricción alimentaria y de derechos´. El detrimento se limita a severidades por la propia situación de encierro de la víctima. Otros testimonios de personas torturadas en la Compañía no hacen al hecho concreto de esta causa. No hay ningún elemento que dé cuenta de autoría, participación o intervención de Puebla. Se pide su absolución”.

Del mismo modo actuó la doctora Duranti acerca de las responsabilidades de Puebla y Migno en las prisiones de Vélez, Guidone y Lecea en el CCD de Comunicaciones. Absolución para ambos, en base a criterios de índole subjetiva. Dijo:

“Dardo Migno no tuvo ninguna participación. Un oficial con 24 años, que cumplía funciones en Comunicaciones, que dependía del Ejército, cuyo mayor responsable era Maradona, no tenía poder en cuanto respecta a la decisión sobre el lugar y los detenidos. Hechos como la autorización para el casamiento de Oscar Guidone (torturado con ´severidades´ en el LRD de Comunicaciones, un par de horas antes de dar el sí) explican lo verosímil del error de un joven oficial.”

“Tanto Puebla como Migno actuaron en la disminución de riesgo de vida respecto a la decisión de trasladar a Oscar Guidone (torturado con ´severidades´ en el LRD de Comunicaciones, tiempito antes de su casamiento) para la intervención de su bazo en el Hospital Militar. No configura esto delito de privación ilegítima de la libertad.”

El toque final lo aportó Amuchástegui: estableció “una equiparación entre Menéndez-Maradona y Puebla-Migno”. Mucho por defender.

Defensa personal de Fernando Morellato: “Me duele mucho”
“Tengo que hacer un terrible esfuerzo para hablar de pena en el caso del señor Morellato, y reitero el pedido de absolución lisa y llana”, comenzó Ariel Civit, abogado particular del exagente de Motorizada. “Anida absolutamente en mi conciencia el convencimiento absoluto de la inocencia de esta persona”.

Aún si se considerase culpable a Morellato, “se trataría de un delito común, cometido en el marco de una actuación policial regular”, no de lesa humanidad y por lo tanto “se debería considerar prescripto”. “Yo sí dejo el pedido de declaración de inconstitucionalidad de cualquier aplicación de pena”, así se refirió Civit, contracara absoluta de lo expuesto por la doctora Ronda.

Dr. Ariel Civit. Atrás, su defendido Fernando Morellato
Luego exhortó "al Tribunal y todo el que quiera" a que examine la pericia psicológica de Morellato: “realmente, yo hacía mucho que no veía una pericia psicológica que diera resultados tan positivos en cuanto al análisis de la personalidad de un individuo”. “No requiere un trabajo de reinserción social” afirmó Ariel Civit.

Repitió la oposición a la ampliación de imputación y, por lo tanto, pidió la nulidad de los pedidos de condena. “Pese al agravamiento de la persecución (contra su defendido) ha seguido viniendo a las audiencias”, expresó Civit. “Entonces, privarle los derechos de tener sentencia firme (a raíz del pedido de detención inmediata pedido), realmente no le veo que tenga fundamentación, y aún así, una vez dictada la sentencia entiendo que no hay razones para que no goce del beneficio de prisión domiciliaria”. El abogado infirió que se trataría de no aplicar el derecho a la igualdad como se hizo en los años oscuros de la dictadura. “¿Qué riesgo existe de que se desaparezca?”, agregó Civit; por su condición de salud “estaríamos generando un tormento” si lo enviaran a la cárcel, cerró con expresiones muy poco felices para la ocasión.
Ariel Civit: Un producto del Estado

domingo, 10 de marzo de 2013

075-M: Desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay. Defensa particular del imputado Morellato. Réplicas.

“No quiero que se me vaya la mano”
08-03-2013 | La audiencia estipulaba el turno de las defensas -tanto de la oficial como de la particular del acusado Fernando Morellato- en representación de los imputados por la causa 075-M. El largo planteo de la contraargumentación y el tono agresivo con que lo expuso Ariel Civit -abogado del ex oficial del Cuerpo de Motorizada- abrieron el debate a la réplica de la Fiscalía y las querellas. Tras lo cual quedó más expuesta la estrategia de la defensa sobre las responsabilidades de Morellato.

Fernando Morellato Donna es el único de los imputados representado por un abogado particular, el doctor Ariel Civit. Expuso con vehemencia y agresividad hacia las partes querellantes y sobre todo hacia el Ministerio Público y su representante, el doctor Dante Vega; ejerció una defensa activa, en línea con lo actuado en la etapa testimonial cuando convocó testigos forzados que incurrieron incluso en falso testimonio y susceptibles de ser investigados por su participación durante la última dictadura cívico militar. Civit calificó de conjeturales las acusaciones, apeló a “la experiencia” y “el sentido común” como sustento para considerar “lo razonable” respecto a los hechos y su contexto histórico, se ensañó contraargumentando a sus “rivales procesales”, afrentó al Tribunal y hasta apeló a muy bajos recursos que traspasaron el show montado, no sólo culpabilizando a Oscar Ramos y Daniel Iturgay, también llegando incluso a plantear que las víctimas no están desaparecidas, que no hay víctimas. En ese sentido, apenas iniciado su alegato, Civit pidió la “absolución lisa y llana” de su defendido.

Los recursos de la defensa fueron desarrollados durante el proceso: victimización del imputado “por presiones, por ser una figura pública” y “por cuentas pendientes” que le hizo pagar el entonces jefe del D2, el “irascible, loco, peligroso”, Pedro Dante Sánchez Camargo; tergiversación de los hechos que derivaron en las detenciones de Ramos e Iturgay por personal del Cuerpo de Motorizada en un operativo bajo autoría presunta del Oficial Morellato, y sus posteriores desapariciones en el D2 tras ser torturados; y las calificaciones a Fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de llevar adelante una acusación “tan infundada y con tanto esfuerzo para acomodar los hechos, con asombrosa arbitrariedad respecto a los elementos probatorios, con ligereza y arrebato”.

Para abordar los hechos, Civit introdujo la duda respecto a lo que “los acusadores dan por acreditado: Que la madrugada del 5 de Noviembre de 1976 dos sujetos, fueron detenidos por personal del Cuerpo de Motorizada y que esos sujetos serían Oscar Ramos y Daniel Iturgay”. Acudió entonces el abogado al juego de las preguntas retóricas, algunas de ellas cínicas y con sentido ofensivo:

-“¿Está probado que los dos aprehendidos eran Ramos e Iturgay?” planteó como sospecha Civit: “El primer obstáculo para los acusadores es la identidad indeterminada de los detenidos con documentos falsificados. Fiscalía omite valorar ciertos testimonios porque le entorpecen el cuentito. Son los de Pedro Peralta -que refirió sin precisiones el pedido de un libro que una mujer le hizo para Ramos en la Penitenciaría- y el de Nilda De Mateo -que por rumores ´se enteró´ además que ´estaba bien´ en la cárcel-. ¿Y si realmente Ramos estaba en la Penitenciaría? El doctor Salinas reclama que se sepa el destino de los desaparecidos, dónde están. Yo también quiero saberlo ¿por qué no agotaron esas posibilidades de averiguar?”.

-“¿Qué hacemos con esto?”, cuestionó otra vez Civit tras desviar las pistas sobre los hechos: “Ramos tenía un hijo, quería verlo. Estaba con Ángel Miranda, última persona que lo ve, en septiembre de 1976. Estoy convencido que Ramos fue secuestrado cuando fue a devolverle el niño a Miranda. La capacidad de inteligencia de las fuerzas armadas está comprobada, estaban a la espera, tenían que tener control sobre quién tenía a su hijo. Los acusadores se quedan con lo que larga Sánchez Camargo, dejan de lado hipótesis investigativas, la verdad real es que a Ramos lo detuvieron en septiembre. Tratan de vender a la sociedad una falsa respuesta, no se busca, no se profundiza esa búsqueda”.

-“¿Es razonable que durante dos meses -de septiembre a noviembre- Ramos no hiciera ningún tipo de contacto con su esposa, con Miranda, con sus allegados, para decirles ´che, estoy bien, el niño está con Miranda?´ ¿Es algo imposible de llevar a cabo? tan necesitado del calor con sus allegados, son comportamientos esperables”, añadió el abogado para desvirtuar no sólo la fecha de los secuestros, también las condiciones en que debían sobrevivir los perseguidos, para a continuación aseverar: “Nadie vio a Ramos en dependencias del D2, no terminó en el D2. No se puede saber porque no se conoce su identidad o si fueron liberados. Es una duda que nos va a quedar, lamentablemente, estas conductas gracias a dios están terminadas en el país, de lo contrario las estaríamos reproduciendo como hace la acusación fiscal, que quiere solventar sentencia con estos elementos y esta confusión, superando todas las barreras de la arbitrariedad con un indicio negativo. Nadie lo vio en el D2, ninguna noticia de él. Me interesa saber la verdad pero no se la disfracemos a la sociedad con soluciones aparentes, esto es hacer lo mismo que el terrorismo de Estado, que escondía y tapaba. Acá ni la Fiscalía ni este Tribunal tienen que tapar nada. Sin embargo, por facilismo, Fiscalía no profundiza la investigación, lo que está haciendo es forzar una solución aparente”.

-“¿Es razonable que un chico de 19 años estuviera cuatro meses sin establecer contacto con su familia?” planteó Civit para sugerir que Iturgay fue secuestrado antes de noviembre. Y remató: “Hay otro dato muy relevante. Gladys Iturgay menciona la visita de compañeros de Daniel provenientes de Chile, que le aseguran que no lo buscara más. ¿Se hicieron averiguaciones en Chile? No. ¿No se sabían en Argentina y sí en Chile las pistas de su paradero? Cómo, por qué se deja de lado esa pista si aquí no se lo ve en el D2? Iturgay murió en Chile”.

- “¿Por qué no se indagó a Inchaurraga y Olivera -las dos personas cuyos documentos habrían fraguado las víctimas?: Los dos aprehendidos no eran ni Ramos ni Iturgay. Sí se detuvo a dos personas, pero no se sabe quiénes son ni de su destino en el D2. ¿Y si estos testigos fueron liberados, tal como ocurrió con otros casos por confusión, como acredita el mismo juicio?”

-“¿Qué iban a hacer los oficiales con los aprehendidos robando un auto? ¿Les iban a dar un galardón? Si estas personas son llevadas a resguardo al Cuerpo de Motorizada por un delito común, algo rutinario en el Cuerpo, ¿por qué insiste Fiscalía en considerarlo un hecho aislado?”, insistió el defensor para presentar “la no autoría” de Morellato: “Existe la constancia que la noche del 4 de noviembre un móvil deja a Morellato en su casa, que esté de guardia no obsta, es un absurdo plantear que estaba en comisión porque estaba durmiendo, es evidente que aún un oficial de alto rango, como toda persona necesita descanso”, abundó Civit mientras parafraseaba a su defendido. Y continuó: “Queda descartada su participación personal en los hechos, ya que se reincorpora a la división recién a las siete de la mañana, con la presencia del Comisario Alfaro al frente del Cuerpo, y vuelve salir a las diez, antes de que Sánchez Camargo retirara a los detenidos. No hay ninguna tachadura, borrón o manipulación en el libro de novedades que indique lo contrario, ni que éste haya sido fraguado por mi cliente para cambiar algo que lo ponga fuera del escenario pensado por Sánchez Camargo”.

-“¿En qué momento, cómo, dónde pudo mi cliente torturar a los detenidos? ¿Cuándo fue a buscar la picana? Heinze -que denunció el intento de robo del auto- no vio a las víctimas. Funcionaba también en las dependencias un Registro Civil, con tanto movimiento a las siete de la mañana, imposible que se pudieran aplicar tormentos sin que fueran percibidos por el público. La suposición respecto a los dos calabozos minúsculos en la Comisaría 25 -aledaña a Motorizada- favorece a Morellato, ni siquiera los tenía a los detenidos a mano. ¿Iba a meterse a torturar en una dependencia ajena?”

-“¿Parece poca cosa la rabia y la inquina de Sánchez Camargo con mi defendido para incriminarlo?” se escudó ahora en la victimización y hasta en las virtudes de servicio de Morellato: “El Ministerio Público relativiza la enemistad entre ambos para desviar la atención”. La misma estrategia utilizó Civit para descalificar el testimonio en el que el ex agente de la Policía Federal, Cirella Paredes, comprometió más el accionar de Morellato con los grupos de tareas. El arrepentido contó que el oficial de Motorizada actuaba en contacto con la banda de la Federal, que acosaban y detenían personas y luego arrasaban sus bienes. “Cirella Paredes permaneció 25 años detenido gracias a Morellato, se trata de la declaración de un delincuente, guiada por un resentimiento manifiesto”.

-“¿Cómo se van a animar a mentir los testigos propuestos por la defensa, con la terrible presión mediática y política que hay sobre estos juicios? Se ataca a los testigos de que mienten, ¿con qué motivación si son ex compañeros de Morellato, que casi no recuerdan tantos operativos de rutina? Se los acusa porque les entorpecen el cuentito”, agravió una vez más Civit. Y tras tres horas de alegar, se identificó con su cliente y sus procederes:

“Estoy defendiendo a un tipo inocente, por eso soy tan bravo, un pobre tipo al que nadie señaló, nadie dijo ´ese me torturó´. Por eso doy tantos palos. No quiero que se me vaya la mano. He defendido a personas inocentes y a delincuentes, algunos hasta han recuperado la libertad. En este caso se me sube la temperatura por la inocencia de mi cliente. No me subo en esa moto de perseguir a personas inocentes. El señor Fernando Morellato ha dado la cara todo su vida, va un periodista y le contesta pudiendo sacarlo a los bolsazos; declara tres veces, se somete a interrogatorios de varias partes. Lo contrario a lo que hacen los represores. Si se tuviera que esconder no aparece por acá…”

Consideró finalmente: “Morellato no fue requerido por torturas y por eso el Fiscal no lo acusa, sin embargo tampoco lo fue por homicidio y sí se lo acusa, sin justificar siquiera si existió dolo”. Respecto al alegato del MEDH, dijo: “No hay que ni analizarlo, es inadmisible la participación del doctor Lavado, su petición no debe ser escuchada ni tenida en cuenta por el Tribunal, debido a que las querellas particulares están restringidas a dos personas en representación”. Antes del cierre de la extensa audiencia, el doctor Pablo Salinas refirió la mala interpretación de Civit mediante una réplica técnica: “Existe una modificación del Código Procesal por la cual los organismos que se constituyan en querellantes no tienen ese tipo de límites. En el juicio de San Rafael, el MEDH contó con cinco abogados en funciones”.

El Tribunal y su Presidente, el Juez Juan Antonio González Macías, se mostró firme y atento a las falacias y agravios cometidos por el abogado defensor en su exposición. Trató de limitar los excesos de Civit y ajustarlo a la defensa del imputado. Por ello determinó ofrecer a las querellas y a Fiscalía la posibilidad de replicar, derecho que ejerció Dante Vega. A continuación Civit hizo una imprecisa petición de contrarréplica, que quedó a decisión del Tribunal. Como la condena en ciernes, cuando se realice el pedido de penas tras los alegatos finales por los secuestros de Ángel Bustelo, Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone.


Una defensa con el tiempo jugado
“Tú crees que me matas, yo pienso que te suicidas”, había concluido parafraseando a un autor italiano el alegato de Civit. “Tenemos un escritor al que le fascinaban los juegos con el tiempo. No sé si le hubiese gustado escuchar esto, pero sí hubiera reparado en lo que ha intentado hacer el defensor”, contestó Dante Vega al iniciar su réplica. Continuó: “El defensor no sólo ha diferido la verdad, también ha incurrido en contradicciones y falsedades. Puedo tolerar cierto celo excesivo en la defensa pero cuando se acusa al Ministerio Público de engañar a la familia de Ramos, de vender a la sociedad respuestas falsas y efectistas; cuando me equipara con el terrorismo de Estado… yo pertenezco al Estado, no voy a tolerar que se me acuse de terrorista. Otra seria acusación ha hecho: me reprocha un desdén que yo tengo por la verdad”.

Además de esta réplica, el Fiscal agregó una petición al Colegio de Abogados para que corrija la conducta de Civit si así lo considera; la extracción de copias certificadas del testimonio de Oscar Heinze donde asegura que lo llamó el acusado para refrescarle la memoria y pedirle que se presente a testimoniar; las de los ex policías “que vinieron a testimoniar acá”; y la del propio defensor cuando expresamente dijo sobre ellos: “los contacté y les recordé los procedimientos”. “¿Qué quiere decir esa frase? Se ha calificado como bravo, a veces los bravos se entusiasman y dicen cosas” apuntó el Fiscal.

“El defensor eligió un camino que lo condujo a lo resultados pobres que hemos advertido”, resumió Vega: “Primero atacó el procedimiento en el que detuvieron a Ramos e Iturgay. Trató de ir más atrás en su ataque y situó la desaparición de los militantes en momentos anteriores a la fecha constatada en la causa -5 de noviembre de 1976. Citó a Pedro Peralta en un párrafo que, como no concuerda en la cronología de los hechos, ni siquiera hemos valorado. Sobre la enfermera que habría visto a Ramos en la Penitenciaría, Civit se preguntó por qué no la citamos a declarar: porque era inútil, no cito a testigos porque sí. En todo caso, la defensa también podía llamarla a testimoniar. Lo mismo respecto a Olivera e Inchaurraga”. El audio a continuación precisa la participación de Morellato en “actividades antisubversivas” y la integración del Cuerpo de Motorizada en el aparato organizado de poder del D2:
Dante Vega: La excusa y la conexión


“Creo que hay cosas que el defensor olvidó. Si pensara mal creería que las omitió adrede. No mencionó que Víctor Cuello declaró que se encontró con Ramos en la estación de trenes en octubre de 1976. Esto implica desconocer y banalizar la situación de clandestinidad. No hay que ser abogado, ni novelista, ni sociólogo para saber lo que implicaba vivir en la clandestinidad. La clandestinidad tiene estas cosas, la persecución por parte del aparato terrorista tiene estas cosas. Jugar con esto para hacer dudar del momento del secuestro de Ramos es antojadizo y no merece análisis. También cuestionó que un chico como Iturgay, de 21 años, no se haya comunicado con la familia durante los meses que estuvo clandestino. Nuevamente banaliza esa situación. Afirmó que Iturgay murió en Chile. Pero lo que dijo la madre de Oscar Daniel es que después de su desaparición la visitaron familiares de Chile. De aquí a afirmar que Iturgay murió en Chile hay una distancia tan enorme como la que separa Mendoza de Chile. El defensor se ha extraviado en el laberinto del tiempo o ha descubierto un capítulo desconocido del Plan Cóndor”.
Dante Vega: Sobre la fragua y la autoría


Civit se sorprendió de que Vega haya dicho que Morellato reconoció la autoría del hecho. Vega recordó que en su testimonio ante el Tribunal, el imputado dijo “los detenidos habrán estado dos horas conmigo, no más, y después se presentó -Sanchez Camargo- en el cuerpo Motorizada y se los llevó”. Civit asumió que muchas veces se trasladaban detenidos a la sede de Motorizada. Entonces debe haber habido en esa sede un lugar para tenerlos. Dijo Vega: “Los policías que vinieron a mentir al Tribunal y el propio Morellato miraron para otro lado y dijeron que no era habitual llevar detenidos a la sede. También dijeron que no había un lugar para tal fin. El abogado defensor habló de la ‘no actuación’ de Morellato en operativos que tuvieran que ver con la lucha contra la subversión. Pero olvidó que hay casos ya citados en los que también está probada su participación: Pardini, Rabanal y el caso de Amaya, Moretti y Seydell”. El defensor también acusó a las querellas de relativizar la enemistad que tenía Sánchez Camargo con Morellato, de soslayar la inquina. Esto contestó el Fiscal:
Dante Vega: Enemistarse con el muerto y el loco


Respecto a las detenciones puntualizó: “No es ilegítimo detener a alguien que está robando. A partir de un punto la privación de la libertad, regular -detener a quien está robando-, se transforma en ilegal cuando los trasladan a un lugar que no corresponde, les empiezan a pegar, los torturan”. Morellato, su abogado y los policías insistieron con que en Motorizada no podía haber detenidos ni torturas porque allí también funcionaba el Registro Civil, como sí había en el D2, según mencionó el propio defensor. Vega replicó: “mencionó al D2 que es el ejemplo claro de una repartición situada en el corazón de un edificio policial al cual iban personas a sacarse la cédula de identidad, el certificado de buena conducta y estaba poblado de gente. Sin embargo en sus entrañas funcionaba el peor centro clandestino de detención”. En el mismo sentido y en base al mismo libro de novedades y de los testimonios aportados por la defensa, Dante Vega reiteró que los ex policías serán investigados por otros hechos.
Dante Vega: Investigaciones futuras

sábado, 6 de octubre de 2012

Un año después: Sofía D´andrea hace presentes a la justicia y a compañeras y compañeros

El sabor de la sentencia
06-10-2012 | Los imputados entraron en fila como en su historia pasada y estallaron los flashes, todo indicaba que se había subsanado el inconveniente que demoró la audiencia. Luego -“de pie”-, dijo una secretaria y entró el Presidente escoltado por sus dos colegas; tomó asiento, agradeció el clima de respeto mantenido a lo largo de once meses, se colocó los anteojos y leyó el fallo. Entonces se conoció la primera sentencia condenatoria por crímenes de Lesa Humanidad en la ciudad de Mendoza; sucedió a los seis días del mes de octubre del año dos mil once.

Cayó todo el rigor de la ley sobre cuatro miembros del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Mendoza: Luis Rodríguez, Juan Oyarzábal, Eduardo Smaha y Celustiano Lucero. Los dos primeros fueron jefes; el “ruso” Smaha era enlace de Inteligencia con el Ejército y el “mono” Lucero trascendió por haber asesinado a Paco Urondo de un golpe en la cabeza. Todos condenados a cadena perpetua en cárcel común.

Los otros dos acusados tuvieron mejor suerte, el entonces teniente con vocación de verdugo Dardo Migno fue condenado a 12 años por la privación de la libertad y tormentos infringidos contra don Angel Bustelo, ya sexagenario por esos días; mientras que su camarada del Ejército, Paulino Furió fue absuelto en la Causa por la desaparición de Jorge Fonseca.

Casi un año atrás, el 17 de noviembre de 2010 se había iniciado el tratamiento de más de treinta crímenes que incluían veinticuatro desapariciones pero a lo largo de los once meses fueron apartados del juicio varios acusados, como Luciano B. Menéndez  y otros jefes; por ende cayeron las causas que se les atribuían. A la hora de la verdad, la sentencia correspondió a siete desapariciones, la de Ricardo Sánchez Coronel; el matrimonio Rafael Olivera-Nora Rodríguez Jurado; Salvador Moyano; Jorge Fonseca; Rosario Aníbal Torres y Alicia Cora Raboy, compañera  Francisco”Paco” Urondo; además se juzgó el homicidio del poeta  quien fue muerto en el momento de su apresamiento. Finalmente, se trató el allanamiento ilegal a Arturo Rodríguez y la detención ilegal de Ángel Bustelo .

Dos de agosto de 2012: imputados, inicio Tercer Juicio por delitos de lesa humanidad, Mendoza
Escenas para el recuerdo
Acorde con la trascendental jornada, la sala de audiencias de Tribunales Federales lucía repleta de las y los directos involucrados, observadores y la  infaltable prensa. Un grueso blindex separaba el área destinada al público de la ocupada por abogados, fiscales, imputados, Jueces y secretarias; a través del vidrio se imponía la solemnidad del Tribunal ubicado tras un  macizo escritorio en roble oscuro con el escudo argentino tallado  en madera. El conjunto se elevaba en una plataforma dos peldaños por encima de todos los presentes, para que no haya dudas sobre el lugar de la autoridad; desde allí, el Presidente del Tribunal, Juan Antonio González Macías, leyó el fallo . 

Dentro de esa pecera, a ambos lados del estrado, convivían moros y cristianos. A la izquierda nuestros aguerridos abogados de la querella y la fiscalía, dispuestos juntos, en una misma línea de escritorios. En los extremos los escoltaban dos brillantes mujeres: una querellante y otra secretaria del Fiscal. Espacio de por medio, frente a ellos en una primera línea,  los abogados defensores, y detrás, tres de los acusados: Lucero, Smaha y Furió.


Y de este lado, en las primeras filas, había personalidades y algunos funcionarios siempre dispuestos a la foto de ocasión; a sus espaldas, a sala repleta, la presencia más intensa fueron los compañeros, compañeras y familiares, enarbolando a los suyos; los más, los que cultivamos durante décadas la certeza que este día debía llegar y sería inscripto en nuestra historia porque los genocidios no se pueden ocultar bajo la alfombra.

El día llegó, comenzó a despuntar ese 6 de octubre en que nos vestimos para la celebración, suerte de  corolario de largos meses en los que lo soterrado, lo sucedido en los años ’70, fue iluminado en la palabra de los personajes reales;  fue contado y sufrido por testigos y familiares.

En un clima de intensa ansiedad comenzó la audiencia y bajo un mismo impulso se agitaron las pancartas con los rostros de nuestros compañeros, rasgos en negro sobre fondo blanco con letras al pie que los y las  nombran. Hubo un silencio espeso durante la breve lectura del acta. Luego se escuchó la sentencia y un  grito nombró a nuestros 30.000 desaparecidos; después todo fue algarabía y regocijo: vitoreamos, reímos, besamos mejillas húmedas y nos apretamos. De reojo, observamos a los represores que se retiraban en fila, con la mirada al suelo como matones en caída, desnudos de su único atributo: llamar al miedo; reducidos a meros delincuentes camino a la condena .

Bajamos hacia la claridad de esa mañana soleada; ya en la calle nos reconocimos en abrazos, sonrisas y lloramos de felicidad. Así, las penas, penitas nuestras, tan adentro, tan fuerte pegadas al pecho, ese día se fueron en llanto, en agüita salada, rodaron por las escaleras de la explanada para llegar al sumidero que se tragó 35 años de humillaciones e indiferencia, dicha sólo posible con un retazo de justicia.