Audiencia del 6 de octubre

JUSTICIA

Luego de casi un año de debate finalizó el segundo juicio por delitos de Lesa Humanidad en Mendoza. El dictado de sentencias por parte de los integrantes del Tribunal Oral Federal nº 1 significó condenas de prisión perpetua para los ex policías Oyarzábal, Smaha, Lucero y Rodríguez Vásquez, 12 años para el ex teniente Migno y absolución para el agente militar Furió.

“Quiero reconocer a las partes el profesionalismo y el respeto con el que se han desempeñado, además reconocer al público ese mismo respeto y al equipo de Derechos Humanos que colaboró durante todo el debate e hizo posible el debido proceso”. Así introducía el presidente del Tribunal Oral Federal nº 1, Doctor Juan Antonio González Macías, la última audiencia en los históricos juicios en la ciudad de Mendoza por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar. A continuación, el fallo condenatorio:

“Sentencia nº 1.326: En la ciudad de Mendoza a los seis días del mes de octubre de 2.011, el Tribunal oral en lo federal criminal nº 1, en autos nº 001M (Menéndez Luciano Benjamín y otros) y sus acumulados 009M, 010M, 011M, 022M, 025M, 031M, 032S Y 055M incoados contra Eduardo Smaha Borzuck, Paulino Enrique Furió, Celustiano Lucero, Luis Rodríguez Vásquez, Dardo Migno y Juan Agustín Oyarzábal; en forma definitiva falla:

Condenando a Oyarzábal, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza en perjuicio de Ricardo Sánchez Coronel, Rafael Olivera, Nora Rodríguez Jurado, Rosario Aníbal Torres y Alicia Cora Raboy; imposición de tormentos agravada por la condición de detenido político de la víctima en perjuicio de Sánchez Coronel, Torres y Raboy; homicidio calificado por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad en perjuicio de Sánchez Coronel, Olivera, Rodríguez Jurado, Torres y Raboy; y homicidio calificado por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Francisco Urondo.

Condenando a Smaha, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza en perjuicio de Rosario Torres, Alicia Raboy y Salvador Moyano; imposición de tormentos agravada por la condición de detenido político de la víctima en perjuicio de Torres y Raboy; homicidio calificado por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad en perjuicio de Torres y Raboy; y homicidio calificado por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Urondo y Moyano.

Condenando a Lucero y Rodríguez Vásquez a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautores materiales penalmente responsables del delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Francisco Urondo.

Condenando a Dardo Migno, a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima en perjuicio de Ángel Bustelo.

Absolviendo a Smaha del delito de allanamiento ilegal de domicilio en perjuicio de Arturo Elías Rodríguez y Marta Godoy, por extinción y prescripción de la acción penal.

Absolviendo a Paulino Furió de los delitos cuya comisión se le imputara en los autos 010M en perjuicio de Jorge del Carmen Fonseca, disponiendo el cese de la custodia policial.

Ordenando que los condenados cumplan las penas impuestas en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal que resulten adecuados a sus condiciones de salud a cuyo fin deberán tener en consideración las pericias e informes médicos obrantes. Por tanto se revoca la excarcelación o eximición de prisión o prisión domiciliaria que gozaron durante el proceso y se dispone su inmediata detención en los establecimientos que correspondan. Entre tanto se hace efectivo el traslado dispuesto: Smaha, Rodríguez Vásquez y Lucero permanecerán alojados en dependencias de la Unidad Penitenciaria 32 y Migno y Oyarzábal detenidos en sus domicilios.

Sentencia firmada por los Doctores Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Rodríguez, el juicio ha concluido en esta instancia y las partes quedan notificadas".

Es fundamental tener en cuenta que todos los delitos por los cuales los responsables fueron condenados están tipificados “en el Código Penal y en concurso real calificándolos como de Lesa Humanidad y cometidos en el contexto de delito internacional de genocidio”. Y si bien Furió, ex jefe de inteligencia del Ejército, quedó absuelto, continúa en proceso por su responsabilidad en relación a los crímenes cometidos en el centro de desaparición “Las Lajas”.

Tras 35 años de impunidad en una provincia dónde el terrorismo de Estado segó la vida de más de doscientos compañeros y persiguió, torturó y encarceló a cientos, la justicia finalmente dio su veredicto en el histórico marco de verdad y memoria presente en el país. La reivindicación de las víctimas, la inclaudicable lucha de los familiares y una sociedad y un Estado en pleno respeto por los Derechos Humanos, permitieron el ejemplar castigo a los culpables de la peor masacre de nuestra historia. “Cómo a los nazis les va a pasar…” renovaban la esperanza, entre abrazos y emociones, más de cien almas en la sala, otras 300 en la calle y la memoria de 30.000 más en la Argentina.

Audiencia del 10 de enero

Reinicio de las audiencias con la declaración de Rodrigo Sepúlveda y Eugenio París. Nuevos pedidos de compulsa

En esta primera jornada de 2011 brindó sus testimonios, en calidad de testigo general, Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista del medio destacado por su compromiso y su tarea de investigación sobre el funcionamiento del terrorismo de estado en la provincia. La convocatoria fue a pedido de la fiscalía y en virtud del documental “D2: Centro Clandestino de Detención” que realizó junto a Fernanda Santo y que fue presentado en 2001.

Luego de dos semanas de receso el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza puso en marcha el juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la capital de la provincia. El juicio arrancó con un imputado menos porque durante el periodo de interrupción murió sin condena el ex general de Brigada Juan Pablo Saá.

Sepúlveda, aclaró que el audiovisual tiene como soporte una investigación que tuvo como resultado la configuración de un esquema que dilucida cómo estaba compuesto y cómo operaba el aparato represivo que se instaló en la provincia entre el 1975 y 1983. También explicó que todo el trabajo está basado en un entrecruzamiento de documentos oficiales, testimonios de las víctimas y familiares, y confesiones de personas que actuaron dentro de las fuerzas represivas.

La declaración estuvo basada en explicar las conclusiones a las que arribó en la investigación  entre ellas la más relevante: el funcionamiento íntegro de una estructura que no sólo estaba compuesta sólo por policías y militares sino que registraba entre sus filas a médicos, jueces, curas, etc. Haciendo referencia al centro de operaciones D2 afirmó “no hay manera de que en una institución de esas característica alguien quede exceptuado. Es evidente que esto no fue obra de unas pocas personas” sentenció.

En este sentido remarcó la colaboración de los médicos, los cuales según han manifestado todas las personas que pasaron por el D2, participaban en las sesiones de torturas. De acuerdo con la investigación, explicó Sepúlveda, en ese departamento trabajaban al menos 13 profesionales de la salud que hasta el momento no han sido señalados por la justicia, entre ellos Ibrahim Prieto, Miguel Apolinares y Jorge Bajuk Radej que se desempeña actualmente en la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo.

Sepúlveda manifestó tener conocimiento de numerosos casos entre ellos los detalles del secuestro y fusilamiento de Víctor Romano Rivamar, militante montonero desaparecido. Sobre este punto afirmó que fue un ex agente de la Policía la Federal, Cirella Paredes, quién le aseguró que entre los autores del crimen se encontraba Eduardo Smaha Borsuk y a Alberto Rodríguez Vásquez ambos imputados en estos juicios.

Los aportes del licenciado en Comunicación Social Rodrigo Sepúlveda, cobraron ayer relevancia para la justicia, sus investigaciones se encaminan brindar datos y testimonios que todos estos años fueron desoídos y ocultados de forma grosera por la Justicia local. Como cierre el periodista agradeció la oportunidad de haber participado como testigo y se esperanzó de que la puesta en marcha de los juicio por delitos de lesa humanidad aliente y de las garantías para sacar el velo de esa maquinaria asesina que como remarcó reiteradas veces en su declaración trascendió ampliamente las fuerzas de seguridad.

 

Eugenio París pasó casi 8 años en prisión por formar parte de una agrupación política. Al igual que mucho de los detenidos hizo un peregrinaje insufrible por varias cárceles del país, sin embargo en ninguna de ellas fue agraviado como en el D2.

Con lenguaje llano y sin perder tiempo en eufemismo, Eugenio París contó su experiencia durante los años en los que la represión pasó a ser la herramienta fundamental del plan siniestro que comandaron las fuerzas armadas.

El 13 de mayo de 1976 Eugenio París fue secuestrado de su lugar de trabajo por una patota de policías entre los que se encontraba, según precisó, Celustiano Lucero uno de los imputados que presencia el debate en la sala del Tribunal. A fuerza de golpes fue introducido a un Peugeot 504 rojo y conducido al Palacio Policial en donde se encontraba el D2. París en ese momento además de trabajar era estudiante de medicina y formaba parte de la Juventud Guevarista.

Apenas ingresó a el centro clandestino de detención, siempre maniatado y con los ojos vendados, fue sometido a una cruenta sesión de tortura con picana eléctrica aplicada en el pene y en el ano. “ahora te quemamos el culo, ni para puto vas a servir” recordó que le gritaban los torturadores. Sin embargo lo que más le dolió, según explicó en la declaración, fue darse cuenta que entre esos hombre se encontraba un médico, el cual tenía la tarea de aprobar la continuidad de los golpes de electricidad: “cuando me puso el estetoscopio parecía que me habían puesto la picana porque siempre creí que la medicina era para ayudar a los demás”.

En el D2 estuvo hasta julio de 1976, allí pasó los peores momentos de su vida, humillaciones, torturas, golpizas constantes, la traumática situación de ver desde su celda cómo violaban reiteradas veces a una compañera que estaba secuestrada en aquel lugar. Allí también Eugenio presenció un episodio que lo marcaría para toda su vida no poder ayudar a un detenido, al que se lo acusaba de ser un policía traidor, y que estaba al borde de la muerte. “Ese es el fantasma que me persigue todos los días” dijo Eugenio París, en reiteradas ocasiones.

Estando detenido en el D2 fue sometido a un Consejo de Guerra (falso acto jurídico que las fuerzas armadas preparaban para darle “marco legal” a las atrocidades que cometían) que lo condenó a 9  años y tres meses de prisión por “tentativa de incitación a la violencia colectiva”. La pena le significó el traslado a la penitenciaría provincial, allí, según contó Eugenio, fue menos rudo pero nunca dejó de recibir el trato infrahumano que recibían por entonces los presos políticos. Los días en las distintas dependencias eran una mezcla de ratos de absoluto silencio y vendavales de extrema violencia.

En septiembre de 1979 fue trasladado junto a otros detenidos en un avión Hércules a la Unidad Penal 9 de La Plata, luego lo reportarían al penal de máxima seguridad de Rawson y allí permaneció hasta diciembre de 1983. El día que recuperó libertad Eugenio París dijo que vivió uno de los momentos más emotivos de su vida “cuando recobre la libertad lo más emocionante fue encontrarme con el hermano del Che Guevara a quien había conocido en el penal de Rawson y recibir el abrazo enorme de una Madre de Plaza de Mayo”.

Ya en libertad Eugenio tuvo la oportunidad cruzarse a varios de sus torturadores haciendo vida corriente, entre ellos distinguió a Héctor Julio La Paz como operario en la Planta verificadora de vehículos de la policía de Mendoza. Para cumplimentar sus declaraciones las autoridades del tribunal requirieron que el testigo hiciera un reconocimiento de los álbumes de personas que estuvieron detenidas en el D2 y del personal que operaba en ese centro clandestino de detención. El reencuentro con los rostros de los compañeros desaparecidos y los recuerdos de aquel lugar que describió como un “infierno” `hicieron imposible la tarea.

Pedidos de compulsa que incluyen a los integrantes de los Consejos de Guerra

En virtud de los testimonios de la jornada la querella solicitó la compulsa a Lapaz González, quien se encuentra preso desde el 27 de diciembre por orden del juez Bento, a raíz del testimonio de Rosa Gómez, confirmado por la declaración de Eugenio París.

Asimismo, se solicitó compulsa penal respecto de los integrantes de Consejos de Guerra, identificados por acciones concretas como Pedro Héctor Monjo, fiscal del Consejo de Guerra y torturador por Pablo Seydell, Amilcar Virgilio Dib, secretario del mismo órgano, y señalado por los testimonios de Pablo Seydell y Eugenio Paris, el teniente primero Enrique Rubén Centeno que figura como integrante del CONSUFA en la causa de Paris, y a Hugo Alfredo Soliveres que condenó a Paris y luego investigó los hechos en donde el estaba implicado como miembro del CONSUFA y que además tuvo participación en el traslado de Luisa Sánchez Sarmiento a San Juan.

En función de las declaraciones de Luna, Seydell y Paris la querella pidió las imputaciones de Lucheti, Naman García, López , Torres, Marasco, Quenan, Bianchi, Barrios, Linares, Gagliana, Bonafede, Pirantonelli y Ojeda, también a Vega, Garro, Lorenzo y Córdoba de la Comisaría 7ma de Godoy Cruz.

Por otro lado se solicitó la compulsa administrativa contra el empleado judicial Fonseca por los reiterados malos tratos a los testigos durante la etapa de instrucción de la causa.