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viernes, 22 de febrero de 2013

085-M: Desapariciones de Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro. Alegato III: MEDH y Alegato IV: Defensa

Identidad: Un delito que sigue sucediendo
21-02-13 | La querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, Dra. Viviana Beigel, hizo un repaso de las circunstancias en que se produjeron los secuestros de Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez; entre el 5 y el 9 de diciembre de 1977. A partir del caso del matrimonio Domínguez-Castro (embarazada de seis meses) destinó un capítulo especial para señalar las apropiaciones de niñas y niños mendocinos durante la dictadura y reclamó la falta de esclarecimiento sobre el destino de quienes son hoy jóvenes con identidad fraguada.

La abogada Viviana Beigel enfatizó el informe secreto del Servicio de Inteligencia Naval cuya copia llegó a Mendoza dirigida al Destacamento de Inteligencia 144. El informe señala a los secuestrados como blancos de la operación “Escoba” que a escala nacional significó el aniquilamiento de los militantes del Partido Comunista Marxista Leninista -PCML-. De los hechos se infiere el trabajo articulado entre el Ejército y el D2 en la persecución de esta corriente política. La “cacería” se extendió hasta febrero de 1978 en Mar del Plata.

Saber qué pasó, dónde están, quiénes son
“Voy a detenerme en el embarazo de Gladys y la apropiación del niño, porque creo que este delito es uno de los más aberrantes que existen, por los efectos que tuvo en sus vidas y en sus familias, que hasta el día de hoy aún los buscan. Estos niños, nacidos en cautiverio, anotados por los asesinos de sus padres como hijos propios, hoy ya hombres y mujeres, viven sin saber cuál es su origen y en los casos en que se ha logrado establecer su paradero han debido atravesar un difícil proceso para recuperar su identidad y comprender la magnitud del delito del que fueron víctimas”.
“No se puede evitar la consideración de la complicidad del Poder Judicial y de instituciones como la ex Casa Cuna que recibía a menores como NN cuando sabían perfectamente que se trataba de hijos de desaparecidos”, explicó la abogada. “Tenían una familia que los estaba buscando” y estas instituciones “no realizaban diligencia alguna para poner en contacto al menor con su familia”. Además, “en los casos en que el niño no había sido inscripto como propio por los asesinos, los jueces los otorgaban en adopción”.
“La acción de la represión no fue desorganizada y casual, sus principales destinatarios fueron los jóvenes. Se manipularon los medios de comunicación y la educación y se institucionalizó el silencio. El estímulo fue a la pasividad, al sometimiento, al no compromiso. Se trató de un esquema deliberado y organizado principalmente por Emilio Massera, jefe de la Armada, para evitar la contaminación ideológica de los padres subversivos. Los dictadores pretendieron mesiánicamente que los niños se educaran en una familia modelo."

Beigel reiteró: “la apropiación de niños fue parte del plan criminal. Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense dijo: ´Personalmente yo no eliminé a ningún chico, lo que hice fue dar algunos a organizaciones benéficas para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión. Esto debía detenerse´”. “En 1978, la doctora Delia Pons, del Tribunal de Menores nº 1 de Lomas de Zamora, dijo a Abuelas: ‘Estoy convencida que sus hijos eran terroristas y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos, no tienen derecho a criarlos. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes. Sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”.

Entre los antecedentes y las apropiaciones cometidas por los genocidas en Mendoza, Beigel puntualizó los casos de: Ángela Urondo -junio del 76- derivada a la Casa Cuna y encontrada por su familia, lo que impidió que sea apropiada días después del asesinato de su padre Francisco Urondo, de la desaparición de su madre Alicia Raboy y de su propio secuestro y detención; María Inés Correa Llano secuestrada en septiembre de 1976, estaba embarazada; Ernesto Sebastián Ramos -septiembre/octubre del 76-, hijo del desaparecido Oscar Ramos y de la ex detenida Ana Bakovic, dado en adopción fraudulenta con intervención del Juzgado de menores, recuperado por su madre en 1984; Adriana Bonoldi secuestrada en diciembre de 1976, estaba embarazada. Destacó también los casos de Rebeca Celina Manrique Terrera, “quien recuperó su identidad en 2007 gracias al trabajo del MEDH pero nunca se determinó quienes fueron los responsables de su entrega”; y de Jorge Martínez Aranda, hijo de los desaparecidos Francisco Goya y Lourdes Martínez Aranda, “cuyo juicio por apropiación se realizó en 2012 en San Juan y determinó que Luis Tejada, suboficial del Ejército, fue quien se llevó al niño de la sede militar de Mendoza”. El coronel Julio César Bellene “era quien disponía del destino de los menores apropiados en el área Cuyo para la época de la contraofensiva montonera, marco en el cual se produjo ese hecho”.

“¿Qué pasó con el hijo de Gladys y Walter?”, inquirió la querellante. Y sostuvo: “Los imputados saben qué pasó pero mantienen el pacto de silencio, ninguno ha tenido la valentía de decir qué hicieron, dónde están los cuerpos de los compañeros, dónde están los hijos apropiados, ninguno. Estos cobardes pretendieron garantizar su propia impunidad, pero hoy gracias a la lucha de los Organismos de Derechos Humanos y a las políticas de Estado en Derechos Humanos tenemos juicios y condenas. Consideramos central que las investigaciones por los hijos apropiados se realicen. Por ello solicitamos se extraiga compulsa de lo actuado en relación al hijo de Gladys y Walter. Es necesario iniciar una causa única sobre la apropiación de niños en Mendoza”.

“María Domínguez es un ejemplo de lucha y valentía”, afirmó Beigel. "Durante tantos años ha pedido saber quiénes fueron, dónde están su hijo y su nuera, qué pasó con su nieto. Del testimonio de María del Carmen Pérez -vecina de los Domínguez, esposa de militar como ella misma se definió- surgió como indicio que a las subversivas embarazadas las llevaban al asilo Monseñor Orzali, ex Casa Cuna a cargo de la institución Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor”. Hay entonces dos líneas de investigación: una en relación a las fuerzas que intervinieron en los secuestros bajo control operacional del Ejército con participación del Destacamento de Inteligencia 144; y la otra que recae sobre el lugar donde llevaban a las embarazadas.”
Viviana Beigel: Apropiaciones como parte del plan criminal


Calificar al represor
La Policía de Mendoza quedó subordinada en lo referente a la “lucha antisubversiva” al mando militar, específicamente al Comando de Operaciones Tácticas -COT- en el que intervenían coroneles y tenientes coroneles. En sus acciones operativas intervenían oficiales que participaban de los Consejos de Guerra y oficiales de Inteligencia. La autoridad a cargo del G2 -División Inteligencia del VIII Comando de Infantería de Montaña- hasta el 14 de diciembre de 1977 -“derivado” a menos de una semana después de “concretados” los operativos- era el teniente coronel Paulino Enrique Furió, quien en su propia declaración indagatoria dijo que “como jefe del G2 asesoraba sobre el enemigo subversivo”. Según indagatorias de 1986 al ex comandante de la VIII Brigada, Jorge Maradona; él “podía delegar la autoridad en los niveles subalternos del Estado Mayor y en las jefaturas de División”. Además, el mismo comandante se nutría de información y asesoramiento del COT y la Comunidad Informativa, integrada por el jefe de Policía de Mendoza y los jefes de División del Estado Mayor, tal el caso de Furió.
Redimensionó entonces Viviana Beigel el grado de implicancia del imputado: “Furió, en su calidad de jefe del G2 e integrante del COT, dependiente del comandante del III Cuerpo del Ejército, tenía a su cargo la recopilación y procesamiento de la información obtenida por todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad dependientes de la VIII Brigada. Asimismo asesoraba a Maradona respecto a la conveniencia de detener o no a determinadas personas. En ese contexto se dispuso el procedimiento que culminó con la privación ilegítima de la libertad y posterior desaparición forzada que sufrieran las víctimas”.

En consecuencia, la calificación solicitada por la querella del MEDH coincidió con la del Ministerio Público: autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, ambos delitos por seis hechos; robo simple por un hecho y robo agravado por dos hechos. Todos delitos cometidos en concurso con el de asociación ilícita -en carácter de jefe u organizador-, que constituyen delitos de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el contexto del genocidio.

La continuidad
El Operativo Escoba fue realizado con la intervención de toda la estructura del aparato organizado de poder. De la inteligencia sobre el PCML se ocupó el GT3 en vínculos con la Comunidad Informativa y el COT. En los operativos actuaron Ejército, D2, Policía Federal y el personal de las comisarías que liberaba las zonas. Sin embargo sólo Paulino Enrique Furió fue imputado en la causa. Según Beigel, “el MEDH considera necesario continuar investigando estos hechos. Es impensado que un solo imputado sea el responsable de tantos asesinatos. Furió no actuó solo”. Por eso solicitó se forme compulsa para que se profundice sobre la participación que pudieran haber tenido en los hechos las siguientes personas”:

Eduardo Ceballos Ríos y Juan Antonio Morales, comisario y subcomisario, respectivamente, de la seccional 25°, con jurisdicción en la zona del secuestro de Vera; Enrique Gauna, comisario de la 27°, por los secuestros de Carzolio y Tissone; Eberto Edgardo Villegas, comisario de la 7°, por los secuestros de Jamilis, Castro y Domínguez; Ricardo Benjamín Miranda y Aldo Patrocinio Bruno, jefe y subjefe, respectivamente, del D2, entre el 26 de agosto y el 28 de diciembre de 1977.

También sobre personal actuante del D2 hacia fines de ese año: Armando Fernández Miranda, Alfredo  Castro Videla, Marcelo Moroy Suárez, Timoteo Rosales Amaya, Miguel Ángel Tello Amaya y Francisco López Rodríguez; integrantes de la Policía Federal -tres de las víctimas son de La Plata lo cual denota la coordinación en distintos puntos del país-; miembros del Estado Mayor del Ejército como Enrique Gómez Sáa -G3, Operaciones- y Juan Antonio Garibotte -G2, Inteligencia-; Juan Carlos Santamaría de la Fuerza Aérea; Alcides Paris Francisca de la Fuerza Aérea y jefe de la Policía Provincial. Respecto al Destacamento de inteligencia 144, que actuaba en apoyo al VIII Comando de Infantería de Montaña y a su vez dependía a nivel nacional del Batallón 601 que era el que concentraba la totalidad de la información, la querellante también solicitó compulsas respecto a sus miembros, en especial en relación a la apropiación del hijo o hija de Castro y Domínguez.

Cerró Beigel: “El Estado Argentino tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables. Esta parte querellante siempre luchó para que se haga justicia, junto a las Madres, los H.I.J.O.S., los Familiares. Queremos que se termine la impunidad. Pedimos justicia. Pedimos que se investigue y se condene a todos los responsables”.

Defensa clásica
El turno expositivo de la defensa oficial del imputado Furió estuvo a cargo de la Dra. Andrea Duranti. Calificó como insuficientes los argumentos expuestos por la Fiscalía y las querellas respecto a la certeza de la responsabilidad que le cabe al ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza cuando tres personas foráneas y otras tres oriundas de la Provincia, todas militantes del PCML, fueron secuestradas y desaparecidas en diciembre de 1977. “Indeterminación de los hechos en cuanto a la autoría y responsabilidad de Furió, sospechas basadas en inferencias y apreciaciones, imprecisiones sobre su función en el G2”, enumeró Duranti, que se apoyó en declaraciones de su defendido: “mis funciones de inteligencia estaban limitadas al conflicto con Chile”. Otro “clásico” escudo utilizado por los responsables para deslindarse de cargos que en otra época los hoy acusados supieron ostentar fue apelar al jefe superior inmediato, personas, casualmente, siempre fallecidas. En el caso de Furió, el jefe del VIII Comando de Infantería de Montaña -núcleo militar de la Provincia- Jorge Maradona.

El bastión de la defensa se centró en la interpretación de información volcada en el legajo de Furió, que serviría como coartada respecto a su preparación y participación en la serie de secuestros: por resolución del 27 de octubre de 1977, se le remitió a Furió un traslado a San Luis -más lejos todavía del “conflicto con Chile”- como jefe del GADA -Grupo de Artillería de las Fuerzas Armadas. La asunción de dicho destino no se efectuó hasta mes y medio después, el 14 de diciembre, transcurridos cinco días de concluido el Operativo Escoba en Mendoza. Según su legajo, los días previos a los secuestros, Furió estuvo en Buenos Aires, “en comisión de servicio” -entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, por un curso de formación como jefe de unidad- y el 5 de diciembre se instaló en San Luis a fin de efectuar la mudanza que le demoraría casi diez días. Tanto el curso como la mudanza contaron con el “permiso” de su jefe superior inmediato -hoy fallecido- Jorge Maradona.

Por tanto, para Duranti su defendido (que para la época “tanto en lo personal como en lo profesional había disminuido su injerencia notablemente”) “no tenía dominio sobre los hechos que realizaron sus subordinados” (otro clásico), ni se trataba de un “autor de escritorio”, ni fue parte “de las tareas previas de inteligencia”, “ni hay pruebas que lo vinculen a los hechos” y “su presunto aporte (a la represión) no era indispensable para el desarrollo de los hechos”. Duranti pidió absolución de todo lo que se le imputa.

sábado, 6 de octubre de 2012

085-M: Desapariciones de Alberto Jamilis, Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez

El terror inimaginable
05-10-2012 | “Sistematizaron el terror como procedimiento” reflexionó uno de los testigos -Julio Del Monte, víctima del terrorismo de Estado- acerca de la implementación del plan represivo contra la militancia a escala nacional y específicamente en relación al grupo de personas desaparecidas en diciembre de 1977 en Mendoza. En el mismo sentido aportaron su conocimiento María Inés Barbetti y Nicolás, compañera e hijo del desaparecido Alberto Jamilis. El testimonio de Rolando Domínguez permeó las consecuencias del discurso “antisubversivo”.

"Hacé de tu hijo un buen ciudadano", consigna de represores
María Inés Barbetti era compañera de Alberto Gustavo Jamilis cuando fue secuestrado en su casa el 6 de diciembre de 1977 alrededor de las 5 de la mañana. María Inés y el pequeño hijo de ambos, Nicolás -de dos meses-, estaban allí, pero ella logró que no se los llevaran.

Prestó testimonio mediante videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura y relató que esa madrugada cuatro o cinco personas con armas largas y vestidas de civil ingresaron al departamento interno en el que vivían, en Godoy Cruz. Uno con cara descubierta de estatura mediana, robusto y de tez morena comandaba el operativo. El resto tenía medias de nylon en los rostros. Entraron al grito de “¡Gordo salí!”. Rompieron una sábana y con eso los maniataron. A ella le dijeron que preparara ropa del bebé. María Inés pidió “por dios” que la dejaran con el niño, lo hicieron, pero se llevaron a Alberto y le dijeron: “Bueno piba, hacé de tu hijo un buen ciudadano”. Los agentes robaron objetos y cuando María Inés preguntó qué harían con el marido, uno contestó que sólo le harían preguntas y en media hora volvería. Nunca más se supo de él.

Tras un llamado de los vecinos a la policía, llegaron tres efectivos. Le pidieron que fuera a declarar y ella les explicó que no estaba en condiciones de hacerlo en ese momento, con lo cual se retiraron sin más. Barbetti se fue a la casa de Paulina, hermana de Alberto, quien le advirtió el peligro de que se quede allí y la llevó a la casa de una amiga.

La pareja era oriunda de La Plata. Alberto era sociólogo y trabajaba en la Facultad de Humanidades hasta que lo dejaron cesante. Luego se desempeñó en el Registro de la Propiedad del Ministerio de Economía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde también lo cesantearon, “por su ideología”. En ese organismo también trabajaba María Inés. En noviembre de 1976 fuerzas represivas lo buscaron en casa de sus padres, motivo por el cual decicieron venir a Mendoza, donde Alberto vendía hierbas medicinales de manera ambulante, según relató su compañera.

Tiempo después, María Inés supo de la militancia de Alberto, en el Partido Comunista Marxista Leninista. A los compañeros de militancia los conocía por sobrenombres, después se enteró de que entre ellos estaban los hijos de Hebe de Bonafini, “Cuqui” -Néstor Carzolio- y Nélida Tissone, a quienes frecuentaban en Mendoza -en particular recordó un último encuentro con el matrimonio en un parque en Mendoza; luego supo que desaparecieron-. También recordó a un joven que trabajaba en una cestería -Rodolfo Vera- en la cual se quedaron un breve tiempo; y a una mujer que fue novia de Jamilis, “Cristina Torti” y a su “hermana, también secuestrada en Mar del Plata”. A Carzolio, Tissone y Vera los reconoció en el álbum que le exhibieron.

Nicolás Joel Jamilis, hijo de María Inés y de Gustavo, prestó testimonio por videoconferencia. Con dos meses de edad cuando su padre fue secuestrado, presentó una reconstrucción sobre él en base a conclusiones derivadas de testimonios de amigos, compañeros de militancia e investigaciones propias. Mencionó a Ángel Laurenzano y a alguien conocido como “El tano” como parte de la conducción del PCML que delató a los partidarios de Mendoza. Una vez en la ESMA, “El Ratón” Laurenzano habría pasado a trabajar directamente con las fuerzas militares. Después, vueltas de la vida y de los años, Nicolás lo reencontró trabajando para el aparato de seguridad del empresario Alfredo Yabrán.

Un compañero de militancia de Jamilis, Jorge Moulinger -que logró escapar de la represión- es considerado por Nicolás una fuente importante para conocer cómo fue la embestida final contra los integrantes del PCML. Indicó que habría otro sobreviviente del grupo de Jamilis -quizás sea Oscar Vera- residente en Neuquén. Nicolás agregó que los dos hijos de Hebe de Bonafini fueron desaparecidos antes que su padre, que había alojado a uno de ellos. Según sus indagaciones, los militantes eran enviados a Mendoza y a Mar del Plata por la conducción del PCML con el objeto de asegurar sus existencias, con documentos falsos y casas alquiladas por la organización. Sobre los hechos dijo: “en el Partido" Jamilis "era 'El Gordo', la patota lo tenía totalmente identificado, sabían quién era, si hasta le dijeron 'Gordo', te venimos a buscar", concluyó Nicolás.

Estar en algo
Retirado de la Policía de seguridad aeroportuaria, Rolando Omar Domínguez reconoció entre los imputados a Alsides París Francisca -“vicecomodoro oficial de la Fuerza Aérea”- y repasó sus años en la función pública: ingresó a fines de 1975 a la Policía de Mendoza tras revestir en la Escuela de suboficiales, “para el Golpe” se incorporó a la comisaría 27 hasta mediados de 1977 cuando pasó a la Fuerza Aérea. Allí -hasta 1986- actuó como personal civil de la Jefatura 2 de Inteligencia. El 24 de marzo de 1976 fue la primera vez que lo mandaron a hacer servicio y patrullaje en la calle.

En relación a la desaparición de Walter Domínguez -primo hermano de Rolando- y su compañera embarazada de seis meses, Gladys Castro, el testigo se vio en apuros a la hora de puntualizar comentarios y supuestas informaciones que habría recabado para sus tíos, Osiris Domínguez y María Assof, sobre sus destinos. También, en aquel momento, sobre Osiris (hijo), el otro primo, acosado por la represión. Recordó haber estado presente en la nochebuena de 1977 en la casa de sus parientes, pero no el “fundamento” de la reunión. Según otros testimonios él habría promovido ese encuentro para recibir a Walter que -según Rolando avisó a Assof- pondrían en  libertad para esa fecha e incluso habría efectuado una llamada telefónica a tal fin. Medroso en sus respuestas al Tribunal y las partes, Rolando sólo dijo que hizo averiguaciones con su superior en la Unidad Regional Inteligencia Oeste de la Fuerza Áerea -Horacio Navarro- que le aseguró que el detenido estaba bien. El testigo adujo que “con el tiempo entendí que era falsa la pista de Navarro”, sin embargo no evaluó su gravedad ante la desesperación de la familia Domínguez.

Rolando -que dijo haber intentado algunos sondeos en vano con excompañeros policías- reveló la endeblez de sus sustentos al afirmar que supo de la existencia de los desaparecidos a través de los medios de comunicación. “Nunca tuve idea de que Walter estuviera en algo, que alguna actitud suya lo involucrara en algo como ser miembro de algo en contra del gobierno del momento”, traslució en su discurrir el pensamiento “antisubversivo” del testigo.

Sobre las funciones de su competencia en la Regional Oeste, Domínguez enumeró: “verificar las medidas de seguridad de las unidades militares, el control de sabotajes y edificios estatales ya que el Gobierno (Provincial) había sido asumido por un Brigadier; la Inteligencia en el conflicto con Chile, es decir, la recolección y análisis de información remitida a las oficinas del edificio Cóndor en Buenos Aires, sobre objetivos estratégicos, militares, poblacionales".

“Amar a mi patria y amar a mi familia”, enfatizó Domínguez entre sus valores, antes de ser “refrescado” por el juez Antonio Burad sobre el escalafón correcto de su construcción aprehendida: “Dios, patria y hogar”. El testigo se conmovió.
Puñetazos al corazón
Julio César Del Monte es licenciado en Ciencias de la Educación y docente. Declaró ante el Tribunal en el marco de la causa 085-M. Conoció a muchos de estos militantes desaparecidos y fue amigo y compañero de huidas de la represión de Osiris Domínguez, hermano de Walter.

A mediados de la década de 1970, Julio terminaba la secundaria y militaba en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), orgánica juvenil-estudiantil que, aunque él no lo supiera a ciencia cierta entonces, estaba asociada al Partido Comunista Marxista Leninista. “Éramos chicos de 17 y 18 años con ideas de la época, de resistencia a lo que estaba ocurriendo en la patria que era la eliminación de todas las libertades, nuestro propósito era sostener y propagar con panfletos y dichos nuestra ideas. Así de simple, pero así de contundente”.

Entre las personas que supo secuestradas en diciembre de 1977, recordó a Walter Domínguez y su compañera Gladys Castro, y a Rodolfo Vera. Con ellos estuvo en un encuentro “de camaradería” en el camping de Luz y Fuerza a comienzos de 1977. “Para nosotros, que éramos chicos, ellos eran todos adultos”.

Entre los que debieron huir de la represión mencionó a Carlos y Oscar Vera -hermanos de Rodolfo-. “No sabíamos qué hacer, cómo protegernos, no teníamos más que a la familia”. También comentó de su amigo Osiris Domínguez, quien le contó lo sucedido con su hermano y su cuñada. Con Osiris huyeron a Buenos Aires (a Capital Federal y a la Costa), luego estuvieron unos días en El Chocón hasta que volvieron a Mendoza en donde decidieron no mantener contacto como modo de supervivencia. Aún corría 1978. También supo de las desapariciones de Cristina D’Amico y María Elena Ferrando y recordó a parte del grupo de militantes que estuvieron detenidos con él: Oscar y Carlos Vera, Mabel D’Amico, Verónica Roatta, Alfredo Irusta.

El 5 de octubre de 1979 a las 11 de la mañana, un agente policial interceptó a Julio Del Monte en calle Alem de la Ciudad de Mendoza -frente al Hospital Central-, le mostró una credencial de la Policía de Mendoza y le dijo que tenía que “acompañarlo”. Con otro agente lo metieron a un Fiat 1100 azul, rural, viejo y ruinoso. Ya adentro comenzaron a golpearlo y le taparon los ojos con un pulover. Cuando les preguntó adónde lo llevaban la respuesta fue “A tu muerte”. Cuando llegó a destino, en un forcejeo pudo destaparse los ojos por unos segundos, entonces vio que estaba en el patio del Palacio Policial, el D2. “Sabía, por lo menos, dónde iba a morir”.

Lo llevaron entre cuatro personas en “andas” mientras le iban pegando en el corazón. Lo “tiraron” en un sótano, lo golpearon. Luego llegó alguien que era jefe y le explicó que estaba allí “por estúpido, por insolente”. Le dijo que su padre “era ferroviario” al igual que el padre de Del Monte, con lo cual demostró tener conocimiento sobre el detenido. En la tarde lo subieron a un calabozo y allí se presentaron quienes lo detuvieron, apuntaron a su cabeza y le dijeron que se merecía morir porque a uno le rompió la campera en el forcejeo. “Fue un largo sufrimiento desde ahí”.

Sus padres fueron a averiguar si Julio estaba en el D2, cosa que les negaron. Varios días después les admitieron que efectivamente estaba allí, pero que “si se les ocurría decir algo, no iba a estar más”. La casa familiar fue allanada dos veces luego de que Julio fuera detenido.

Horas después se encontró con Carlos y Oscar Vera en el D2. Corrieron la misma suerte y compartieron la prisión, Mabel D’Amico, Verónica Roatta y Alfredo Irusta. Estuvo en el D2 hasta mediados de diciembre. Luego lo trasladaron al Penal provincial, en el pabellón 14, “derruido” en “condiciones infrahumanas” donde las torturas fueron otras: “Teníamos un régimen de castigo extremo, sólo podíamos comer algo, dormir cuando nos dejaban; no podíamos leer, salir al patio, trabajar ni jugar”. A veces iban militares -algunos ebrios- y los sacaban al patio desnudos y los denigraban. Había solo un baño sin puerta”. Incluso allí “seguimos siendo desaparecidos”. Compartió ese horror con Ciro Jorge Becerra, quien llegó “muy golpeado en la entrada” luego de haber estado detenido-desaparecido en La Plata.

El 26 de abril de 1980 Del Monte fue liberado luego de un Consejo de Guerra en el cual consideraron que “yo no era tan peligroso y me derivaron a la Justicia Federal”. Del Monte relató cómo se vivió en aquellos años del terror: “Había que ser muy prudentes en manifestarse, había restricción total de la libertad, mostrar simpatía por el Che Guevara era sinónimo de perder la vida. El terror es inimaginable, es mucho más que perder la vida. No eran personas malas, sistematizaron el terror como procedimiento”.

viernes, 28 de septiembre de 2012

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez

Búsqueda y relato
27-09-2012 | Los testimonios de María Assof de Domínguez -referente incansable de la lucha de las Madres- y de su hijo Osiris, dieron cuenta de las desapariciones forzadas de Walter Domínguez y de Gladys Castro -embarazada al momento del secuestro- en diciembre de 1977. Aportes sobre el operativo a escala nacional contra los partidarios del PCML, con Mendoza, Mar del Plata y el Sur del país como focos de la represión. Beatriz Ortiz, testigo clave para entender cómo investigaban y actuaban los grupos de tareas.
Elisa Moyano, hermana del desaparecido Salvador Moyano, en el acto del 27 de septiembre a 36 años de su secuestro. Colocación de una cerámica en su memoria en su domicilio de Guaymallén.

Las novelas del terror
“Cada expediente era una novela de terror y yo leía cinco expedientes por día. Es muy difícil trabajar en esto si no hay respuesta”: tal la carta de presentación de María Beatriz Ortiz de Guillén, testigo de contexto aportada por la querella del MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Oriunda de San Juan, Beatriz recaló en Mendoza en agosto de 1986 para desempeñarse hasta abril del año siguiente como subsecretaria administrativa de la Justicia Federal en la Sala B de la Cámara de Apelaciones presidida entonces por el hoy ex juez destituido Luis Francisco Miret. Como vocales fungían otros actores vinculados a la impunidad como Eduardo Mestre Brizuela (San Juan) y Antonio Endeiza (San Luis). “Íbamos al D2 -Departamento de Investigaciones de la Policía Provincial- con Mestre Brizuela y Endeiza para que nos abrieran los archivos”, contó Ortiz designada como relatora para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis y en Mendoza. El objetivo era “determinar dónde había terminado la cosa, hacer análisis sobre los destinos de los desaparecidos, hice un diagrama grande e iba pidiendo los libros de las comisarías y del D2. En el primer piso encontramos que había un archivo paralelo en otro armario, que provenía de los legajos apuntados con las iniciales O/P -orden político-, que indicaba dónde había estado la persona, cómo había sido el camino, con quiénes se relacionaba. Los expedientes instruidos por la justicia militar eran chiquitos, no se había investigado nada, llegaban sin los habeas corpus presentados. En los libros de novedades de las seccionales policiales advertí que los operativos (horarios de salida y regreso de personal y móviles sin consignar destinos) coincidían con las fechas de los secuestros, sobre todo entre 1976 y 1978”. La relatora hacía sus anotaciones en base al libro de sumarios del D2 o a los libros de las comisarías, “luz verde o luz roja, según intervinieran el Ejército o la Policía”.

Con prestancia y metodología, Beatriz recordó entre los archivos políticos del D2 a algunos de los desaparecidos por los que se busca justicia en el actual proceso: Ángeles Gutiérrez de Moyano, “la señora que tenía una florería en calle España, hacía obras de beneficencia, aparecía como que lo que había hecho mal fue estar en una reunión con una persona luego desaparecida y haber trabajado en la Casa Cuna”; Miguel Poinsteau, su nombre subrayado en el libro; Roberto Blanco Fernández, al que reconoció tras acceder al archivo fotográfico: “Blanco fue por un trámite al Palacio Policial, no salió más, alguien que lo había acompañado se quedó afuera esperando”.

Otros nombres de desaparecidos anotados por Ortiz en su planilla son los de Koncurat, Bonoso Pérez, Rafael Olivera, Sedrán de Carullo, Aníbal Torres y Jorge Vargas Álvarez. Sobre Vargas dijo: “era sanjuanino, llevaban a su hija mayor a ver las torturas que le infligían al padre. Su pareja era hija del defensor público de San Juan. A los dos años -del secuestro- leí que esa niña tomó el revólver de su abuelo y se disparó frente a un espejo”. Sobre las detenidas embarazadas recordó su mención en los archivos pero no se investigó respecto a los nacimientos en cautiverio. Entre las fotografías que vio hace más de veinte años se le grabó la de “una mujer -en situación de prostitución, detenida- en la escalera del D2 que conducía a las celdas”.

Ortiz agregó conocer otros expedientes impactantes entre el archivo. Uno de ellos referido a la ´justicia militar´: “Las causas 20840, eran una cosa increíble, traían a varios detenidos con los ojos vendados y ponían libros atrás, rodeados de gente apuntándoles, les sacaban la venda y les preguntaban ¿esto es suyo? y decían sí, entonces esto está probado y condenaban a todos”. Otro caratulaba el hallazgo de más de treinta cadáveres -nunca identificados- en el dique El Carrizal tras un drenaje hacia 1986 -presumiblemente arrojados desde aviones- con tachos de cemento en los pies”.

Antes que la investigación de la Cámara fuera suspendida en 1987 “por las presiones carapintadas”, se alcanzó a indagar a algunos responsables del D2, del Comando de Infantería y del Liceo militar, todos centros clandestinos de detención “dónde dirigían a las personas a las cuales no desaparecían inmediatamente”. En particular, Beatriz recordó la declaración del ex jefe policial Sánchez Camargo, “era terrible, como si estuviera muy enojado por estar ahí”; y la decisión de detener al capitán Plá. Aquellos escasos meses de investigación permitieron que la testigo pueda hoy afirmar la activa participación del D2 en la desaparición de personas y la coordinación represiva entre las fuerzas de seguridad y la complicidad de la Justicia federal.

“Nunca supe qué fue de la documentación que logré colegir antes de mi renuncia. Puedo decir que todas esas cosas quedaron en un armario en el primer piso de Tribunales Federales, en una oficina grande. Dos años después leí en Los Andes que se habían quemado muchos archivos, me quedó la sensación de que había sido parte de esa documentación. Pasaron algunos años cuando me di cuenta del valor de esas investigaciones, las busqué y no encontré nada”; dijo Beatriz, que añadió “mi psiquis, mi carga personal, no admitían más cosas”. La claridad y validez de su exposición ante un Tribunal de la democracia demuestran que nada de lo que puso en juego fue en vano.

Los pañuelos son la vida

A las tres de la mañana del 9 de diciembre de 1977, cuatro hombres encapuchados y armados -uno de ellos al frente del grupo, con barba y bigotes postizos- irrumpieron agazapados en el hogar del matrimonio conformado por María Assof y Osiris Domínguez. Encañonado en la sien interrogaron a Domínguez acerca de Osiris y Walter -hijos de la pareja. “Mi marido quedó petrificado hasta la madrugada, tras la inspección total que hicieron de la casa, incluso quitando la pastilla del teléfono para incomunicarnos”, dijo María en su testimonio. Al levantarse y salir tras sus paraderos, fue anoticiada por el dueño de la casa que Walter alquilaba en Luzuriaga 84 de Godoy Cruz con su compañera Gladys Castro -embarazada de seis meses- que el domicilio había sido violado, revuelto y saqueado. María  entendió que “habían secuestrado a mis dos hijos varones, no tengo nada más, dónde iba a buscarlos, qué iba a hacer, pensé que era la única a la que le había pasado algo así”. Por los vecinos supo de la participación de la policía en los secuestros de la pareja. La lectura de la constancia de denuncia radicada por su marido ante la comisaria 31 y los comentarios de vecinos de Walter dan la pauta de que el modus operandi y los grupos de tareas actuantes en ambos operativos hayan sido los mismos e incluso que su hijo secuestrado haya sido conducido esa noche hasta el domicilio de sus padres.

Osiris Rodolfo Domínguez -el hijo mayor de María-, trabajaba para esa época en la empresa Pescarmona -dirigida por agentes de la Marina- y era "simpatizante" del Partido Comunista Marxista Leninista, por lo cual no tenía tanto involucramiento como su hermano, según relató. Entre las personas que conoció esos años mencionó a Rodolfo Vera, Néstor Carzolio, María Elena Ferrando, los hermanos Elsa y Jorge Becerra; y a Jorge Fonseca. Casi todos permanecen desaparecidos. "En un mes, mes y medio, levantaron a todos los del partido", recordó, "los de acá, los de Buenos Aires, los de La Plata, fue una cosa bien diagramadita". Osiris ratificó y completó datos aportados por su madre. Así, comentó que Walter y Gladys albergaron en un domicilio anterior al del secuestro -en Dorrego- a Susana de Miguel, compañera de Jorge Becerra -que ya había sido secuestrado-; y a Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Ambas estaban con sus hijos pequeños.

El 8 de diciembre a la tarde, Osiris visitó a Walter. Él le comentó de varios compañeros que eran detenidos o que desaparecían y que no sabían más de ellos. Esto prendió una luz de alarma entre los hermanos y Osiris le sugirió mudarse. A las seis de la mañana, Osiris salió de su turno nocturno de trabajo y pasó a ver a Walter. Cuando llegaba al domicilio, por la vereda de enfrente, vio la puerta de la casa rota y abierta e imaginó lo que había sucedido. Siguió caminando hasta el centro. Allí se encontró con un compañero: Fredy Irusta, -que se presentó este año en el Juzgado y prestó testimonio sumado a la causa-. Irusta lo contactó con Oscar Vera -hermano del desaparecido Rodolfo- y comenzó el peregrinar para sobrevivir. Estuvo cerca de dos meses en una finca en Barrancas, luego se trasladó a Buenos Aires. Primero se radicó en San Clemente del Tuyú, junto a militantes que también huían de Mendoza -entre ellos Cristina y Mabel D'Amico, Mirta Hernández y su hijo; Carlos Vera y Julio Del Monte. Semanas después, esa casa se tornó peligrosa y se trasladaron a Mar del Plata. A fines de febrero "cayó" uno de los departamentos en manos del terrorismo de Estado. Se dispersó el grupo y Osiris tomó camino hacia Neuquén, con Del Monte. La fuerte presencia militar en esa provincia los llevó a cambiar de destino y regresaron a Mendoza. No volvieron a verse más. De vuelta en la provincia, Osiris pudo juntarse a hablar con sus padres. Luego partió hacia Córdoba y se radicó, finalmente, en Oncativo.

Osiris recordó lo sucedido con su primo Rolando Omar Domínguez, quien trabajaba para la IV Brigada Aérea y -según presume con certeza- para el departamento de Inteligencia que funcionaba en Alberdi y carril Godoy Cruz de Guaymallén. Para la navidad de 1977, el sobrino militar le dijo a María Assof que "prepare comida" porque iban a soltar a la pareja, cosa que no sucedió. Tiempo antes había referido solaz a María el operativo en el que “paseaban” a un chico detenido. Rolando no volvió a referirse a eso y se desligó de la situación. Por la pertenencia militar de Rolando, Osiris sospecha que el grupo de tareas que se llevó a su hermano y su cuñada debía pertenecer a la Fuerza Aérea.

“Desgraciadamente cada vez éramos más madres buscando a nuestros hijos”, recordó María e hizo presente la lucha incesante de Madres de Plaza de Mayo por la aparición con vida que impregna sus pañuelos blancos y sus voluntades. Antes había vivido la incertidumbre, la presentación de habeas corpus -sistemáticamente rechazados por el juez Gabriel Guzzo- junto a los padres de Castro por Gladys, Walter y Osiris; los anónimos con pistas falsas; las burlas de los funcionarios del Ministerio del Interior, de Videla para la navidad del 78 (“los van a poder ver”) y de monseñor Graselli, capellán de la Marina (“hay un fichero con todas las cartitas de las chicas embarazadas, están muy bien”). Sobre su nieta o nieto señaló, “tiene que haber nacido acá, en Mendoza”.

“No tuvo tiempo”, dijo María al evocar la vida que arrebataron a su hijo: “de chico le gustaba el bailecito, la ropa limpia, después cambió cuando entró a la facultad de arquitectura, se preocupó por lo social, se interesaba por el otro, lo que hacía no era nada peligroso pero sí para el sistema”. 22 años tenía Walter, 24 Gladys, su compañera.

María Assof






Osiris Domínguez: Operativo "Escoba"


Osiris Domínguez: Probable complicidad de su primo militar

sábado, 22 de septiembre de 2012

085-M: Desapariciones de Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Nélida Tissone y Néstor Carzolio. Lectura Causa 053-M

Los desmadres, las madres
21-09-2012 | Los testimonios en relación a las desapariciones de seis personas -una embarazada- del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) entre el 6 y 9 de diciembre de 1977, que dan cuenta de las persecuciones inter-provincias, plantean que pueda tratarse de un feroz operativo a nivel nacional contra los militantes. La fuerza de las madres en contrapartida.

El secuestro de Alberto Jamilis
La familia Jamilis provenía de La Plata. A mediados de 1977, Alberto Gustavo Jamilis -sociólogo- dejó su ciudad junto a “Mary” -su compañera, embarazada- a raíz de la alerta que le dio un compañero de trabajo acerca de que “habían tomado su departamento”.
Alberto visitaba semanalmente a su hermana Paulina Delia Jamilis, que aportó su mirada. Ella desconocía su actividad política, aunque “por su manera de interpretar la historia y las cosas” considera que era “de pensamiento socialista”. Alberto sobrevivió como pintor y artesano del mimbre en la canastería de Néstor Carzolio, donde realizó el moisés para su hijo, nacido en septiembre de aquel año. Paulina supo que su hermano tuvo cierto tiempo a “un tal Vera como refugiado”.
A las cinco de la mañana del 6 de diciembre de 1977, Paulina fue sorprendida por Mary que desesperada le narró lo vivido horas antes: un grupo de ocho soldados encapuchados y munidos de linternas ingresó pasada la medianoche al domicilio de la pareja, en calle Bernardo Ortiz de Godoy Cruz. Sacaron a Alberto al patio, entre amenazas y gritos acerca de una llave. Mary quedó en la habitación con un conscripto que a cambio de que le indicara dónde había dinero, la ató sin demasiada fuerza a la cama para que pudiera irse con la criatura. Por los vecinos supo que la patota se movilizó en "un falcon y en un camión”.
Mary partió con su hijo a los pocos días. Paulina se ocupó de embalar y remitirles sus pertenencias a Bragado. María Ester, la otra hermana Jamilis, presentó el habeas corpus. Paulina conoció en 1978 a María Domínguez y otras madres de desaparecidos cercanos a su hermano. En 1978 fue citada por la Policía federal tras presentar un escrito al ministro del Interior, Albano Harguindeguy. La respuesta había sido: (Jamilis) “no tiene problemas, cumplió con el Servicio militar obligatorio”. “Antes les tenía terror, ahora los desprecio profundamente”, remarcó Paulina sobre los militares.

Viejo vecino de la calle Bernardo Ortiz, Hugo Dionisio Scaramella relató el episodio que presenció en su barrio en diciembre de 1977, presumiblemente relacionado con la desaparición de Alberto Jamilis. Una noche, cerca de la una, Scaramella oyó gritos de un hombre -“por qué me llevan, no he hecho nada”- y de una mujer. Se asomó y vio que a tres casas de la suya, dos personas arrastraban a un tercero. Los agresores vestían de civil, a cara descubierta y armados, metieron a la persona secuestrada en un vehículo color claro parado en medio de la calle. El testigo notó que había una voz de mando y que se manejaron con proceder castrense. En las esquinas permanecieron otros dos hombres apostados.


Retrato de grupo con señora
Rodolfo Osvaldo Vera, uno de los hijos de Agustina Elcira Corvalán de Vera, fue secuestrado a la una de la mañana del 6 de diciembre de 1977 en la mimbrería de calle Dorrego donde trabajaba y compartía con otros compañeros. La madre contextualizó cómo eran los días de Rodolfo: “El militaba, iba a los barrios, ayudaba a la gente, un tiempo cuidé al hijo de un compañero suyo”, hizo la facultad de arquitectura, trabajó en un estudio, pertenecía al Partido Comunista Marxista Leninista. “Sus hermanos no militaban pero eran todos muy compañeros”, dijo Agustina en relación a sus hijos.

Uno de ellos, Carlos Hugo Vera, y Mirta Irma Hernández -esposa de Rodolfo- también testimoniaron. Plasmaron entre los datos que dibujan al desaparecido y a su historia, vivencias personales ligadas a los hechos. Carlos y Mirta sufrieron la persecución en carne propia, ninguno tenía relación con el PCML. Por intermedio de Rodolfo conocieron a algunos de sus integrantes: Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Jorge Becerra y Susana de Miguel, Alberto Jamilis y Elsa Becerra -todos provenientes de La Plata-, y también Gladys Castro, Adriana Campos, Walter y Osiris Domínguez y “Pele” (Jorge Fonseca).
Para ambos el tormento se inició con la detención de Jorge Becerra, el 23 de diciembre de 1976. La fecha marca el “paso a la clandestinidad” del matrimonio, el comienzo de una persecución incesante para la familia que desembocó en el secuestro de Rodolfo y en la huida de Mirta y un grupo de jóvenes a Buenos Aires.
Dos días después de la detención de Becerra, Rodolfo y Mirta se guarecieron en Rivadavia, en casa de una hermana de Agustina, donde permanecieron hasta mediados del 77. Luego, por motivos de seguridad, Rodolfo se ubicó en una mimbrería que el Partido tenía en Dorrego, y Mirta -con un embarazo avanzado- paró en la casa de Walter Domínguez y Gladys Castro.

Fue la madre, Agustina Corvalán, la que precisó ante el Tribunal tres episodios represivos sobre su familia, previos a la desaparición de Rodolfo:
“Un día mi hijo salió con un amigo, el chico (Jorge Ciro) Becerra, en su camioneta. Rodolfo bajó un rato, al volver notó la camioneta rodeada y se escondió, mientras se llevaban a Jorge y el vehículo”. La Jeep amarilla fue hallada en junio de 1985 en un playón entre el Palacio policial y la antigua Aduana. Según el acta de la escribana actuante, el vehículo estaba deteriorado totalmente y durante cierto lapso estuvo en circulación.
Después fueron a buscar a Rodolfo a la casa familiar -en el Barrio Argumedo, Rodeo de la Cruz-, donde estaban Agustina y su hija de quince años. Más de diez personas en cuatro camiones del Ejército invadieron el vecindario por techos y frentes, “subían por las paredes, cortaron la cuadra. El operativo fue de mañana, revolvieron todo, hasta pocearon el patio, eran militares, de una revista Labores dijeron que era el plano de no se qué”. Después se fueron.
Días más tarde volvieron en dos autos, de noche, agazapados. Esperaron el regreso de Dionisio, esposo de Agustina. Se lo llevaron y maltrataron hasta las cinco de la mañana en el D2. Según Dionisio, el operativo fue efectuado por policías.

El día del secuestro, Rodolfo estaba en la mimbrería. Carlos llegó a las pocas horas, “entraron aparentemente con llave, se habían robado hasta la mercadería”. Semanas más tarde, Mirta, sus cuñados Hugo y Carlos, Osiris Domínguez, María Cristina Damico y otros jóvenes huyeron a Buenos Aires. Deambularon por hoteles alojamiento, lugares que les ofrecían militantes del PCML, hasta que se resguardaron en Bariloche, “la gente con quien nos contactábamos iba desapareciendo” relató Carlos. En el sur el grupo fue interceptado por las fuerzas de seguridad y Carlos trasladado a Mendoza. Pasó por el D2 y luego por la Penitenciaría provincial, corrían los últimos meses de 1979 cuando recuperó la libertad.

“Se llevaban a algunos chicos, por eso teníamos miedo”, dijo Agustina. La madre presentaba los habeas corpus acompañada de sus nietas y nietos, “temblaba por las preguntas que me hacían, a partir de una solicitada por muchos desaparecidos me encontré con toda la gente que buscaba a sus hijos”. Corvalán es integrante de Madres Mendoza casi desde que comenzó la búsqueda por su hijo. Estuvo presente con Madres y otros defensores de los Derechos Humanos en 1978, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “estábamos en la calle, la cola era inmensa, los hinchas del Mundial nos insultaban”. Tiempo antes, en pos de averiguaciones sobre su hijo, un representante de la Iglesia Católica le dijo: “se debe haber ido con alguna mujer, no gaste pólvora en chimangos”. Agustina sigue su lucha. A los diez minutos de haber brindado su testimonio y su voz alta por la sordera del mundo, se sentó con el público -entre abrazos y alegrías- a presenciar la declaración que sucedió a la suya.

Agustina Corvalán: Secuestro y búsqueda de su hijo, Rodolfo Vera  


En La Plata y en Mendoza también
Liliana Tissone vivía en Berisso cuando se enteró del secuestro de su hermana Nélida y de su cuñado Néstor Carzolio. El escueto relato de los vecinos del matrimonio, el silencio, aquello de sus sobrinos maniatados y compartimentados, el secuestro de la camioneta, lo supo por su padre que viajó a Mendoza en los últimos días de 1977 para buscar a los chicos. La mujer pudo dar precisiones sobre la vida que el joven matrimonio tuvo en la localidad platense. Dijo que Néstor trabajaba en Swift y que era delegado gremial, que su hermana se había recibido de maestra con excelentes calificaciones y que sabía que ambos estaban involucrados políticamente. También aportó que Néstor tenía vinculación directa con un dirigente gremial llamado Daniel Egea y que se enteró de que Hugo Carzolio, hermano de Néstor, había llegado muy malherido al hospital de La Plata. Todos estos datos salieron a cuentagotas en medio de un relato descarnado del sufrimiento que la familia Tissone vivió en todos estos años, entre la clausura del silencio y el compromiso con la crianza de los hijos de Nélida y Néstor.

Jorge Rodríguez efectuó la denuncia por la desaparición del matrimonio Carzolio-Tissone. Vivía con su esposa Hilda Abraham y Lucía Tomás -abuela de Hilda-, en la casa colindante a la de la pareja secuestrada. Se enteró del hecho por su esposa y fue ese relato el que expuso en la dependencia policial. Sobre el acto puntual aportó de relevante que en aquella casa sólo vivía el matrimonio con sus hijos y que era común ver a un muchacho que se movilizaba en una moto Zanella. Se supone que éste haya sido Jorge Fonseca.
Las querellas investigan, el Tribunal avanza, un imputado desafía
Una vez hecha pública por Secretaría la incorporación de prueba documental referida a la Causa 077-M, la audiencia había iniciado con la lectura de los autos de la Causa 053-M. Dicha causa indaga las privaciones ilegítimas de la libertad y desapariciones forzadas de la pareja integrada por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción de Martín Antonio, de diez meses de edad, hijo de ambos. Antonia y José fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1977 de su domicilio de calle Gualberto Godoy, en Godoy Cruz. La vivienda fue saqueada. A las 24 horas de producidos los hechos, el niño fue dejado en la puerta de la casa de sus abuelos maternos. Un año y medio antes, la familia había recibido la primera embestida: María Silvia -estudiante de 23 años, hermana de Antonia- fue desaparecida tras un operativo en el que miembros de seguridad irrumpieron en casa de sus padres.
Esta serie de secuestros se relaciona con la Causa 085-M que investiga las desapariciones en diciembre del 77 de otros partidarios del PCML. Está acreditado que en los casos de Alcaráz y Campos intervinieron miembros del D2 y que estuvieron detenidos en ese centro clandestino. Los imputados son Paulino Furió, Juan Garibotte, Alsides Paris, Ricardo Miranda y Aldo Bruno.

Las conexiones entre Causas y la responsabilidad de los “elencos estables” entre los represores se hace cada vez más evidente. En ese sentido, Viviana Beigel, Pablo Salinas y Diego Lavado, representantes por la querella del MEDH, suponen que la caída de los militantes del PCML está vinculada a un operativo nacional contra esa organización fechado entre el 6 y el 7 de diciembre de 1977 y que tuvo como saldo 70 desaparecidos.
En la misma dirección, la abogada Romina Ronda, representante por el Gobierno de la Provincia, pidió sumar como prueba el Legajo Conadep y las “Novedades de parte de guerra" de la Unidad Regional 4ta, donde se consigna como positivo el procedimiento a cargo del mayor Garibotte en el domicilio de Dionisio Vera, el 7 de abril de 1977 a las 22hs.

Finalmente, Antonio González Macías, presidente del Tribunal, solicitó al acusado Fernando Morellato “no tener contacto con el público”. En este sentido enfatizó: “Es la segunda advertencia, no queremos que haya hechos que provoquen decisiones más fuertes”. Incidentes en las escalinatas fueron los que originaron la amonestación.