075-M: Desapariciones de Oscar Ramos, Oscar Iturgay y Roberto Blanco

Ella, su padre, su compañero, su hijo

22-11-2012 | El testimonio de Ana María Bakovic aportó claves sobre los secuestros de Oscar Daniel Iturgay y su marido, Oscar Ramos. La testigo y víctima -estuvo detenida entre 1975 y 1979- narró las crudas ausencias de su padre y de su hijo, a quien recuperó en 1984. El imputado Fernando Morellato amplió su declaración: “Todo cuerpo necesita descansar”, dijo el represor que pidió prestada una picana.

“Reclamá al Cunfi”

Ana María Bakovic y Oscar Julio Ramos se conocieron en 1973. Él se presentó a dar clases en la Universidad Popular de Mendoza. Ella tenía 20 años, el 33. Para Oscar, “el teatro tenía que manifestar lo que pasaba, expresar lo que hacía falta”. Por eso “vino de Buenos Aires a Mendoza a trabajar, a ver qué se podía hacer por el teatro”.

El triunfo de Cámpora en las elecciones presidenciales de aquel año decidió a la pareja a volcarse por la militancia en el peronismo, en Montoneros: “¡La ocho, la ocho!” recordó Ana en referencia al n° de boleta que en Mendoza llevó a la gobernación a Martínez Baca. “Hacíamos trabajo social en el territorio. Trabajábamos dando todo, era lindo. Y no estábamos clandestinos. Se empezó a poner feo cuando Perón nos dijo imberbes”, dijo.

Se casaron, nació Ernesto Sebastián, se fueron a vivir a calle Remedios Escalada de Dorrego junto con Domingo Bakovic, padre de Ana María, mayor de 80 años. Oscar dirigía, vendía libros. Ana trabajaba en la municipalidad de Guaymallén, formaron un grupo militante con otros compañeros, Daniel Iturgay, Tito Gómez, Aquilino Soria. Iturgay -de 18 años- a su vez era vecino de Bakovic y Ramos, vivía en una casa adelante con su familia, de la cual era el sostén. “Daniel estaba conscripto en el Ejército, empezó a tener problemas. Tenía miedo, decía que se iba a ir, lo apretaban, lo bailaban mucho, lo querían borrar. El hostigamiento fue político. Por eso se abrió, dejamos de verlo”, dijo Bakovic sobre Iturgay.

La tarde del 4 de abril de 1975 Ana fue secuestrada por patrullas de la policía de Mendoza, en inmediaciones de la rotonda del Avión en la costanera, donde panfleteaba con motivo del tercer aniversario del Mendozazo. El fiscal Dante Vega desprendió de la lectura del acta del procedimiento policial que el mismo se produjo en dos Ford falcon operados por el oficial principal Fernando Morellato, del subcomisario Céspedes y los agentes Rosales, Sepúlveda y Pereyra. Poco pudo recordar la testigo acerca de las instancias primeras de su detención: “Un uniformado de azul me tomó del brazo y me llevaron a una comisaría -tal vez la 25-, me tomaron declaración, recuerdo una máquina de escribir. Esa noche, o la siguiente, fui trasladada al Palacio policial. Entro al D2 en los calabozos. Fui interrogada dos veces, en otro piso, no recibí maltratos. A los diez días me llevaron a la Penitenciaría, en el interín estuve en presencia de un juez y a instancias de mi madre me dejaron ver a mi niño, a través de la mirilla de la celda. En el Penal permanecí hasta septiembre del 76, cuando fui parte de la primera tanda de mujeres trasladadas a Devoto”. Cuando salió en libertad en 1979, Ana María se avocó a las búsquedas de Domingo, su padre; Oscar, su compañero; y Sebastián, su hijo.

“Mi papá se llama Domingo Bakovic, es yugoslavo. Tenía ideas de izquierda, de su historia, de su país, hablaba de comunismo, de socialismo, de Rusia. Al Penal me visitó dos veces, me veía un ratito, estaba lúcido, bien parado. Él recibió el papel de mi cesantía en la municipalidad. Tengo el dígito pulgar de él marcado ahí. Después del golpe no volví a verlo, estaba muy viejito, nadie volvió a verlo. Cuando salí lo busqué: ningún registro suyo en ningún lado: ni partida de defunción, ni registro civil, ni pensión de invalidez, ni junta electoral, no sé si él votaba, tampoco se votaba mucho. Mi papá no sabía leer. Una vecina -Gladys Iturgay, hermana de Daniel- dijo haber oído una explosión, otros le acercaban comida, lo asistían. Al viejito nunca más lo vieron.”

Poco logró reconstruir Ana sobre Oscar: “nadie hablaba, nadie decía nada, no había nadie, no quedaba nadie. Alguien me dijo que lo agarraron, lo soltaron y lo mataron en la calle. Con Iturgay, estaban juntos”.

La mención que hizo el fiscal respecto a dos archivos permitió enmarcar las situaciones de Bakovic y Ramos: Por un lado, un pedido de capturas contra Alfredo Lerouc, Roque Moyano, Luis Santarone y Oscar Ramos, de parte del comisario Ruiz Soppe en base a “indagatorias en el D2”. Por el otro, la indagatoria de parte del fuero federal a la detenida, que incluye la mención al allanamiento de su domicilio. Los expedientes tienen fecha del 16 y 17 de abril de 1975, respectivamente. El primero lo firma Otilio Roque Romano, como juez subrogante. El segundo lo firma la misma persona, en calidad de juez federal.

Ernesto Sebastián Ramos tenía nueve meses cuando su mamá fue detenida. Nueve años tenía cuando ella lo reencontró en 1984. Ana abarcó la historia: “Mi mamá era muy pobre, tenía cinco hijos cuando me detuvieron. Mi hijo estuvo con Sara Morelli, la niñera, hasta que me trasladaron a la Penitenciaría y se quedó conmigo. Ahí conocí a Raquel Miranda que era visitada por el hermano y la cuñada. Sacaban a pasear a mi niño, se encariñaron con él. Cuando iba a cumplir dos años tenía que sacarlo del Penal. Le di la tenencia a ellos, a Ángel Felipe Miranda, regularmente por el juzgado y hasta tanto yo saliera y pudiera tenerlo. De Ramos sólo sabía que estaba bien. Que estaba, que estaba vivo. Ramos vio al chico, me mandó preguntar dónde encontrarlo. Miranda lo tenía en tenencia, para septiembre de 1976 se citaron en calle San Martín y Zanjón de los Ciruelos, fue a buscarlo. Miranda no los vio más, no aparece el padre, no aparece el niño”.

“En Devoto, me llega que Ramos había caído con el niño, que lo reclamara. Entre la censura, escribí cartas al Juzgado de Familia de la calle Chile en Mendoza. Reclamaba por mi hijo, explicaba que se llamaba Sebastián, que él sabía su nombre, que le decían Cunfi, que entendía. En la cárcel me avisaron que yo era la madre, que siguiera reclamando, llegaban señas a través del vidrio. Del juzgado me contestaban que no, que no tenían nada, no decían si era NN, si era desaparecido, si estaba perdido. Yo explicaba su edad, sus características. Cuando salgo voy derechito al juzgado, busco en la Casa Cuna, en libros, no estaba por ningún lado el niño, no estaba. En febrero de 1984 me cito con una señora que dice saber quiénes lo adoptaron. Con esos datos vuelvo al Juzgado de calle Chile, me dejan revolver los archivos, buscarlo entre los NN, busco, encuentro. ´Es mi hijo´, le dije a la secretaria de la Jueza Dávalos, Sebastián Ernesto en los NN. La jueza me conecta con quienes lo tenían. Se habían juntado las dos cosas. Fui a verlo, tenía nueve años, me abraza y me dice hola mami ¿y el papi?”

“Él no se acordaba de nada, la mujer me dijo que no quería saber más nada, yo no pregunté más nada. La mujer me dijo que no preguntara cómo había llegado Sebastián y la jueza restituyó su partida de nacimiento. Tenía sus nombres al revés y otros apellidos, Bustos Chiecher. La entrega fue el 6 de febrero de 1984, la mujer -Azucena- me dijo ´aquí termina mi rol´. Él -Faustino Samuel- se mantuvo parco”.

“No había contacto entre los tres juzgados, pedía por él en uno y en el otro piso la jueza entregaba a mi hijo; según la jueza, para ´sacar las cosas rápido y no revolver más´. Y yo tenía el indicio para reclamar al Cunfi”, dijo Ana María. La intervención de la doctora Viviana Beigel permitió entender que como “el niño se dio en adopción plena, por el derecho a la identidad, ninguno de esos documentos puede ser destruido y obliga oficiar la búsqueda a todos los Juzgados de Menores.
Su padre y su hijo






Búsqueda de Ernesto Sebastián Ramos

La verdad faltante

Fernando Morellato Donna continuó la declaración que había comenzado el 9 de noviembre. Mantuvo la estrategia de autovictimización y descargo de responsabilidades y odios en terceros, sobre todo sobre el Jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo. El fiscal Dante Vega le consultó si la División Cuerpos -Motorizada, Caballería e Infantería- tuvo relación con la denominada “lucha contra la subversión”, cuestión que Morellato descartó: “no sólo que no lo sé, sino que me parece que no”. “Cuando nos llamaba el Comando Radioeléctrico decía que debíamos trasladar a los detenidos al D2. Ya sabíamos que por algo era, porque nosotros pedíamos el antedecente, allí salía si tenían alguna militancia. Pero nunca tuvimos una relación estrecha, ni yo ni el Cuerpo”.

Vega leyó un expediente que da cuenta de un operativo en 1975 realizado por el Cuerpo de Motorizada y en el cual figura que Morellato detuvo a militantes de Montoneros, entre ellas Ana María Bakovic -compañera de Oscar Ramos- que prestó testimonio en el turno anterior. El imputado dijo que no lo “descarta”, que puede haber sido “algo de rutina”. Mencionó que el Jefe de la Policía había sacado una circular en la cual ordenaba que cualquier detención que hiciera Motorizada debía resolverse trasladando “de inmediato” a los aprehendidos hacia la Seccional que correspondiera según la zona, o al D2 si se trataba de militantes políticos. Sin embargo, Bakovic declaró haber estado largas horas en la Seccional 25 antes de ser trasladada al D2. Ramos e Iturgay también pasaron horas allí antes de ser buscados por Sánchez Camargo.

Morellato sí recordó a la perfección que Motorizada acudió a un llamado del Comando Radioeléctrico por dos personas que estaban tratando de robar un auto, lo cual “mi gente impidió”. Sin embargo refirió una y otra vez que no tuvo participación alguna en las detenciones, traslados, interrogatorios y entregas de Ramos e Iturgay al D2. El abogado querellante Pablo Salinas le leyó tramo por tramo la nota de su legajo del 6 de noviembre de 1976, que da cuenta de la sanción que se le aplicó por haber malogrado una pesquisa de militantes. Ahí consta que Morellato detuvo a dos personas y las llevó a la Seccional 25, donde las interrogó sin los conocimientos necesarios para “sacar” información sobre el núcleo político al que pertenecían, que se dirigió a la Policía Federal donde, además de publicitar que tenía detenidos “insurgentes”, pidió un “elemento eléctrico mecánico” -picana- y que se lo facilitaron. También se lo responsabiliza por haberse quedado con un revólver calibre 22 que le retiró a Ramos. En la nota se repasan horarios de detención por parte de Motorizada, entrada y estadía de Ramos e Iturgay en la Seccional 25; sobre los hechos en general Morellato refirió que se relatan allí cómo “más o menos” fueron, excepto lo que se refiere a su participación.

Tanto acerca del legajo, como de la nota de pedido de sanción y del libro de novedades de la Seccional 25, Morellato asegura que se asentaba todo como pasaba, salvo errores o “agregados” cometidos por diversas personas, todas en su contra:

El 4 de noviembre a las 20 horas toma guardia, a las 23 un agente lo deja en su casa. Desde el Comando Radioeléctrico salen tras dos personas señaladas como próximas a robar un auto. Los detuvieron bajo los nombres de Carlos Alberto Inchaurraga y Jesús Alberto Olivera. Se trataba de Ramos e Iturgay. Morellato dijo que en ese momento estaba durmiendo en su casa -en pleno turno, que era de 20 a 8 de la mañana. “Todo cuerpo necesita descansar” dijo y movilizó a toda la audiencia-. Agregó que volvió a su lugar de trabajo en la mañana, pero eso tampoco consta en el libro de novedades.

Al momento del traslado de los detenidos desde la Seccional 25 hacia el D2, el imputado dijo que se encontraba en la Comisaría 16 de Las Heras porque salieron a un procedimiento citados por el Comando Radioeléctrico que resultó “sin novedades”. Rato después dijo que como “no hubo novedades” no se comunicaron con la 16. También repitió que “ellos” -Motorizada- no sabían nada ni tenían nada que ver con la persecución de “subversivos”, eso era competencia de Sánchez Camargo, con “personal a cargo” -desconoció si se trataba efectivamente de Eduardo Smaha y Osvaldo Fernández, como sí le afirmó en entrevista al periodista Rodrigo Sepúlveda-.

“¿Qué explicación tiene la nota de sanción de Sánchez Camargo si usted dice que no hizo nada?” insistió fiscalía. “¿Por qué me pasa a mí de un delito común a uno de lesa humanidad?”, pretendió repeler la consulta. “A mí se me van un poco los libros porque soy bastante sanguíneo”, se excusó al hacer una mezcla de temas y tiempos en su descargo. Luego especuló: “Sánchez Camargo a las 10 y media de la mañana se llevó a los detenidos y a las 11 y pico ya me estaba citando a mí, porque dijo ‘acá lo voy a enganchar’”. Reiteró la historia de su sobrino que, cursando el servicio militar y tercer año de medicina, debió huir de la represión hacia Brasil. Por su búsqueda y filiación con el joven sería supuestamente asediado por el jefe del D2 y el de la Policía, Julio César Santuccione.

Morellato dejó en claro que para noviembre de 1976 era Oficial Principal, último grado de subalterno; que su Jefe era el Comisario Emilio Alfaro; y que el segundo al mando fue Oscar Lillo hasta que se suicidó y -en los hechos y sin nombramiento- Alfaro le delegó responsabilidades de subjefe. Pese a ello, intentó desligarse: “Cualquier civil de la calle sabía mejor que yo o nosotros lo que pasaba en el D2”. “Se corre la bola de lo que puede pasar, pero si yo le digo que si sé de algún caso de torturas o de un solo hecho de desaparición le estaría faltando a la verdad”.

Repitió que del D2 no sabía nada, sin embargo en la primera parte de la declaración mencionó que se reunió con Sánchez Camargo en ese lugar: “Tenía temor porque me sorprendió que me citara un sábado a las 20 horas, estaba todo apagado, el despacho suyo estaba frente al ascensor, entré, me senté y me tuvo cuatro horas”. “¿Cuándo ocurrió esa reunión, antes o después del golpe de Estado?” preguntó el fiscal. “¡Noo! Ya estábamos en pleno tiempo militar, después de que se fue el gobierno debidamente constituido”, respondió el acusado.

                    

Vega aclaró que son dos personas las que mencionan en declaraciones la relación de Morellato con la Policía Federal en el contexto de las acciones ilegales durante la represión. Se refirió a Sánchez Camargo y Carmelo Cirella Paredes, que incluso declaró que el ex-agente de la Motorizada lo torturó tras detenerlo por delitos comunes-. Paredes -entonces agente de la Federal- dio testimonio del accionar conjunto policial, hechos retratados en el documental “7746 Legajo CONADEP” del periodista de Radio Nacional Rodrigo Sepúlveda. El acusado refirió que todo lo que hayan dicho en su contra tiene que ver con que tenía mala relación con ellos, porque lo odiaban. Pobre víctima...

Inquietudes

La jornada se completó con la breve citación al testigo Héctor Tomás Salcedo, en relación a la desaparición de su amigo Roberto Blanco. Salcedo resolvió la inquietud del Tribunal respecto al origen de la víctima: Blanco era cordobés, sus ocho años en la Provincia no modificaron su acento.

Por otro lado, con gran presencia de público y de las Madres de Mendoza, se realizó en las inmediaciones de Tribunales Federales una conferencia de prensa por parte de representantes de los Organismos de Derechos Humanos acerca de los preocupantes hechos de amenazas que desde antes de que empezara el presente juicio han sufrido jueces, abogados, familiares, periodistas. El acto de repudio se efectuó en el mismo Memorial a los desaparecidos de Mendoza, atacado al inicio de esta semana.

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez

Búsqueda y relato

27-09-2012 | Los testimonios de María Assof de Domínguez -referente incansable de la lucha de las Madres- y de su hijo Osiris, dieron cuenta de las desapariciones forzadas de Walter Domínguez y de Gladys Castro -embarazada al momento del secuestro- en diciembre de 1977. Aportes sobre el operativo a escala nacional contra los partidarios del PCML, con Mendoza, Mar del Plata y el Sur del país como focos de la represión. Beatriz Ortiz, testigo clave para entender cómo investigaban y actuaban los grupos de tareas.

Elisa Moyano, hermana del desaparecido Salvador Moyano, en el acto del 27 de septiembre a 36 años de su secuestro. Colocación de una cerámica en su memoria en su domicilio de Guaymallén.

Las novelas del terror

“Cada expediente era una novela de terror y yo leía cinco expedientes por día. Es muy difícil trabajar en esto si no hay respuesta”: tal la carta de presentación de María Beatriz Ortiz de Guillén, testigo de contexto aportada por la querella del MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Oriunda de San Juan, Beatriz recaló en Mendoza en agosto de 1986 para desempeñarse hasta abril del año siguiente como subsecretaria administrativa de la Justicia Federal en la Sala B de la Cámara de Apelaciones presidida entonces por el hoy ex juez destituido Luis Francisco Miret. Como vocales fungían otros actores vinculados a la impunidad como Eduardo Mestre Brizuela (San Juan) y Antonio Endeiza (San Luis). “Íbamos al D2 -Departamento de Investigaciones de la Policía Provincial- con Mestre Brizuela y Endeiza para que nos abrieran los archivos”, contó Ortiz designada como relatora para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis y en Mendoza. El objetivo era “determinar dónde había terminado la cosa, hacer análisis sobre los destinos de los desaparecidos, hice un diagrama grande e iba pidiendo los libros de las comisarías y del D2. En el primer piso encontramos que había un archivo paralelo en otro armario, que provenía de los legajos apuntados con las iniciales O/P -orden político-, que indicaba dónde había estado la persona, cómo había sido el camino, con quiénes se relacionaba. Los expedientes instruidos por la justicia militar eran chiquitos, no se había investigado nada, llegaban sin los habeas corpus presentados. En los libros de novedades de las seccionales policiales advertí que los operativos (horarios de salida y regreso de personal y móviles sin consignar destinos) coincidían con las fechas de los secuestros, sobre todo entre 1976 y 1978”. La relatora hacía sus anotaciones en base al libro de sumarios del D2 o a los libros de las comisarías, “luz verde o luz roja, según intervinieran el Ejército o la Policía”.

Con prestancia y metodología, Beatriz recordó entre los archivos políticos del D2 a algunos de los desaparecidos por los que se busca justicia en el actual proceso: Ángeles Gutiérrez de Moyano, “la señora que tenía una florería en calle España, hacía obras de beneficencia, aparecía como que lo que había hecho mal fue estar en una reunión con una persona luego desaparecida y haber trabajado en la Casa Cuna”; Miguel Poinsteau, su nombre subrayado en el libro; Roberto Blanco Fernández, al que reconoció tras acceder al archivo fotográfico: “Blanco fue por un trámite al Palacio Policial, no salió más, alguien que lo había acompañado se quedó afuera esperando”.

Otros nombres de desaparecidos anotados por Ortiz en su planilla son los de Koncurat, Bonoso Pérez, Rafael Olivera, Sedrán de Carullo, Aníbal Torres y Jorge Vargas Álvarez. Sobre Vargas dijo: “era sanjuanino, llevaban a su hija mayor a ver las torturas que le infligían al padre. Su pareja era hija del defensor público de San Juan. A los dos años -del secuestro- leí que esa niña tomó el revólver de su abuelo y se disparó frente a un espejo”. Sobre las detenidas embarazadas recordó su mención en los archivos pero no se investigó respecto a los nacimientos en cautiverio. Entre las fotografías que vio hace más de veinte años se le grabó la de “una mujer -en situación de prostitución, detenida- en la escalera del D2 que conducía a las celdas”.

Ortiz agregó conocer otros expedientes impactantes entre el archivo. Uno de ellos referido a la ´justicia militar´: “Las causas 20840, eran una cosa increíble, traían a varios detenidos con los ojos vendados y ponían libros atrás, rodeados de gente apuntándoles, les sacaban la venda y les preguntaban ¿esto es suyo? y decían sí, entonces esto está probado y condenaban a todos”. Otro caratulaba el hallazgo de más de treinta cadáveres -nunca identificados- en el dique El Carrizal tras un drenaje hacia 1986 -presumiblemente arrojados desde aviones- con tachos de cemento en los pies”.

Antes que la investigación de la Cámara fuera suspendida en 1987 “por las presiones carapintadas”, se alcanzó a indagar a algunos responsables del D2, del Comando de Infantería y del Liceo militar, todos centros clandestinos de detención “dónde dirigían a las personas a las cuales no desaparecían inmediatamente”. En particular, Beatriz recordó la declaración del ex jefe policial Sánchez Camargo, “era terrible, como si estuviera muy enojado por estar ahí”; y la decisión de detener al capitán Plá. Aquellos escasos meses de investigación permitieron que la testigo pueda hoy afirmar la activa participación del D2 en la desaparición de personas y la coordinación represiva entre las fuerzas de seguridad y la complicidad de la Justicia federal.

“Nunca supe qué fue de la documentación que logré colegir antes de mi renuncia. Puedo decir que todas esas cosas quedaron en un armario en el primer piso de Tribunales Federales, en una oficina grande. Dos años después leí en Los Andes que se habían quemado muchos archivos, me quedó la sensación de que había sido parte de esa documentación. Pasaron algunos años cuando me di cuenta del valor de esas investigaciones, las busqué y no encontré nada”; dijo Beatriz, que añadió “mi psiquis, mi carga personal, no admitían más cosas”. La claridad y validez de su exposición ante un Tribunal de la democracia demuestran que nada de lo que puso en juego fue en vano.

Los pañuelos son la vida

A las tres de la mañana del 9 de diciembre de 1977, cuatro hombres encapuchados y armados -uno de ellos al frente del grupo, con barba y bigotes postizos- irrumpieron agazapados en el hogar del matrimonio conformado por María Assof y Osiris Domínguez. Encañonado en la sien interrogaron a Domínguez acerca de Osiris y Walter -hijos de la pareja. “Mi marido quedó petrificado hasta la madrugada, tras la inspección total que hicieron de la casa, incluso quitando la pastilla del teléfono para incomunicarnos”, dijo María en su testimonio. Al levantarse y salir tras sus paraderos, fue anoticiada por el dueño de la casa que Walter alquilaba en Luzuriaga 84 de Godoy Cruz con su compañera Gladys Castro -embarazada de seis meses- que el domicilio había sido violado, revuelto y saqueado. María  entendió que “habían secuestrado a mis dos hijos varones, no tengo nada más, dónde iba a buscarlos, qué iba a hacer, pensé que era la única a la que le había pasado algo así”. Por los vecinos supo de la participación de la policía en los secuestros de la pareja. La lectura de la constancia de denuncia radicada por su marido ante la comisaria 31 y los comentarios de vecinos de Walter dan la pauta de que el modus operandi y los grupos de tareas actuantes en ambos operativos hayan sido los mismos e incluso que su hijo secuestrado haya sido conducido esa noche hasta el domicilio de sus padres.

Osiris Rodolfo Domínguez -el hijo mayor de María-, trabajaba para esa época en la empresa Pescarmona -dirigida por agentes de la Marina- y era "simpatizante" del Partido Comunista Marxista Leninista, por lo cual no tenía tanto involucramiento como su hermano, según relató. Entre las personas que conoció esos años mencionó a Rodolfo Vera, Néstor Carzolio, María Elena Ferrando, los hermanos Elsa y Jorge Becerra; y a Jorge Fonseca. Casi todos permanecen desaparecidos. "En un mes, mes y medio, levantaron a todos los del partido", recordó, "los de acá, los de Buenos Aires, los de La Plata, fue una cosa bien diagramadita". Osiris ratificó y completó datos aportados por su madre. Así, comentó que Walter y Gladys albergaron en un domicilio anterior al del secuestro -en Dorrego- a Susana de Miguel, compañera de Jorge Becerra -que ya había sido secuestrado-; y a Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Ambas estaban con sus hijos pequeños.

El 8 de diciembre a la tarde, Osiris visitó a Walter. Él le comentó de varios compañeros que eran detenidos o que desaparecían y que no sabían más de ellos. Esto prendió una luz de alarma entre los hermanos y Osiris le sugirió mudarse. A las seis de la mañana, Osiris salió de su turno nocturno de trabajo y pasó a ver a Walter. Cuando llegaba al domicilio, por la vereda de enfrente, vio la puerta de la casa rota y abierta e imaginó lo que había sucedido. Siguió caminando hasta el centro. Allí se encontró con un compañero: Fredy Irusta, -que se presentó este año en el Juzgado y prestó testimonio sumado a la causa-. Irusta lo contactó con Oscar Vera -hermano del desaparecido Rodolfo- y comenzó el peregrinar para sobrevivir. Estuvo cerca de dos meses en una finca en Barrancas, luego se trasladó a Buenos Aires. Primero se radicó en San Clemente del Tuyú, junto a militantes que también huían de Mendoza -entre ellos Cristina y Mabel D'Amico, Mirta Hernández y su hijo; Carlos Vera y Julio Del Monte. Semanas después, esa casa se tornó peligrosa y se trasladaron a Mar del Plata. A fines de febrero "cayó" uno de los departamentos en manos del terrorismo de Estado. Se dispersó el grupo y Osiris tomó camino hacia Neuquén, con Del Monte. La fuerte presencia militar en esa provincia los llevó a cambiar de destino y regresaron a Mendoza. No volvieron a verse más. De vuelta en la provincia, Osiris pudo juntarse a hablar con sus padres. Luego partió hacia Córdoba y se radicó, finalmente, en Oncativo.

Osiris recordó lo sucedido con su primo Rolando Omar Domínguez, quien trabajaba para la IV Brigada Aérea y -según presume con certeza- para el departamento de Inteligencia que funcionaba en Alberdi y carril Godoy Cruz de Guaymallén. Para la navidad de 1977, el sobrino militar le dijo a María Assof que "prepare comida" porque iban a soltar a la pareja, cosa que no sucedió. Tiempo antes había referido solaz a María el operativo en el que “paseaban” a un chico detenido. Rolando no volvió a referirse a eso y se desligó de la situación. Por la pertenencia militar de Rolando, Osiris sospecha que el grupo de tareas que se llevó a su hermano y su cuñada debía pertenecer a la Fuerza Aérea.

“Desgraciadamente cada vez éramos más madres buscando a nuestros hijos”, recordó María e hizo presente la lucha incesante de Madres de Plaza de Mayo por la aparición con vida que impregna sus pañuelos blancos y sus voluntades. Antes había vivido la incertidumbre, la presentación de habeas corpus -sistemáticamente rechazados por el juez Gabriel Guzzo- junto a los padres de Castro por Gladys, Walter y Osiris; los anónimos con pistas falsas; las burlas de los funcionarios del Ministerio del Interior, de Videla para la navidad del 78 (“los van a poder ver”) y de monseñor Graselli, capellán de la Marina (“hay un fichero con todas las cartitas de las chicas embarazadas, están muy bien”). Sobre su nieta o nieto señaló, “tiene que haber nacido acá, en Mendoza”.

“No tuvo tiempo”, dijo María al evocar la vida que arrebataron a su hijo: “de chico le gustaba el bailecito, la ropa limpia, después cambió cuando entró a la facultad de arquitectura, se preocupó por lo social, se interesaba por el otro, lo que hacía no era nada peligroso pero sí para el sistema”. 22 años tenía Walter, 24 Gladys, su compañera.

María Assof

Osiris Domínguez: Operativo "Escoba"


Osiris Domínguez: Probable complicidad de su primo militar

085-M: Desapariciones de Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Nélida Tissone y Néstor Carzolio. Lectura Causa 053-M

Los desmadres, las madres

21-09-2012 | Los testimonios en relación a las desapariciones de seis personas -una embarazada- del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) entre el 6 y 9 de diciembre de 1977, que dan cuenta de las persecuciones inter-provincias, plantean que pueda tratarse de un feroz operativo a nivel nacional contra los militantes. La fuerza de las madres en contrapartida.

El secuestro de Alberto Jamilis

La familia Jamilis provenía de La Plata. A mediados de 1977, Alberto Gustavo Jamilis -sociólogo- dejó su ciudad junto a “Mary” -su compañera, embarazada- a raíz de la alerta que le dio un compañero de trabajo acerca de que “habían tomado su departamento”.

Alberto visitaba semanalmente a su hermana Paulina Delia Jamilis, que aportó su mirada. Ella desconocía su actividad política, aunque “por su manera de interpretar la historia y las cosas” considera que era “de pensamiento socialista”. Alberto sobrevivió como pintor y artesano del mimbre en la canastería de Néstor Carzolio, donde realizó el moisés para su hijo, nacido en septiembre de aquel año. Paulina supo que su hermano tuvo cierto tiempo a “un tal Vera como refugiado”.

A las cinco de la mañana del 6 de diciembre de 1977, Paulina fue sorprendida por Mary que desesperada le narró lo vivido horas antes: un grupo de ocho soldados encapuchados y munidos de linternas ingresó pasada la medianoche al domicilio de la pareja, en calle Bernardo Ortiz de Godoy Cruz. Sacaron a Alberto al patio, entre amenazas y gritos acerca de una llave. Mary quedó en la habitación con un conscripto que a cambio de que le indicara dónde había dinero, la ató sin demasiada fuerza a la cama para que pudiera irse con la criatura. Por los vecinos supo que la patota se movilizó en "un falcon y en un camión”.

Mary partió con su hijo a los pocos días. Paulina se ocupó de embalar y remitirles sus pertenencias a Bragado. María Ester, la otra hermana Jamilis, presentó el habeas corpus. Paulina conoció en 1978 a María Domínguez y otras madres de desaparecidos cercanos a su hermano. En 1978 fue citada por la Policía federal tras presentar un escrito al ministro del Interior, Albano Harguindeguy. La respuesta había sido: (Jamilis) “no tiene problemas, cumplió con el Servicio militar obligatorio”. “Antes les tenía terror, ahora los desprecio profundamente”, remarcó Paulina sobre los militares.

Viejo vecino de la calle Bernardo Ortiz, Hugo Dionisio Scaramella relató el episodio que presenció en su barrio en diciembre de 1977, presumiblemente relacionado con la desaparición de Alberto Jamilis. Una noche, cerca de la una, Scaramella oyó gritos de un hombre -“por qué me llevan, no he hecho nada”- y de una mujer. Se asomó y vio que a tres casas de la suya, dos personas arrastraban a un tercero. Los agresores vestían de civil, a cara descubierta y armados, metieron a la persona secuestrada en un vehículo color claro parado en medio de la calle. El testigo notó que había una voz de mando y que se manejaron con proceder castrense. En las esquinas permanecieron otros dos hombres apostados.

Retrato de grupo con señora

Rodolfo Osvaldo Vera, uno de los hijos de Agustina Elcira Corvalán de Vera, fue secuestrado a la una de la mañana del 6 de diciembre de 1977 en la mimbrería de calle Dorrego donde trabajaba y compartía con otros compañeros. La madre contextualizó cómo eran los días de Rodolfo: “El militaba, iba a los barrios, ayudaba a la gente, un tiempo cuidé al hijo de un compañero suyo”, hizo la facultad de arquitectura, trabajó en un estudio, pertenecía al Partido Comunista Marxista Leninista. “Sus hermanos no militaban pero eran todos muy compañeros”, dijo Agustina en relación a sus hijos.

Uno de ellos, Carlos Hugo Vera, y Mirta Irma Hernández -esposa de Rodolfo- también testimoniaron. Plasmaron entre los datos que dibujan al desaparecido y a su historia, vivencias personales ligadas a los hechos. Carlos y Mirta sufrieron la persecución en carne propia, ninguno tenía relación con el PCML. Por intermedio de Rodolfo conocieron a algunos de sus integrantes: Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Jorge Becerra y Susana de Miguel, Alberto Jamilis y Elsa Becerra -todos provenientes de La Plata-, y también Gladys Castro, Adriana Campos, Walter y Osiris Domínguez y “Pele” (Jorge Fonseca).

Para ambos el tormento se inició con la detención de Jorge Becerra, el 23 de diciembre de 1976. La fecha marca el “paso a la clandestinidad” del matrimonio, el comienzo de una persecución incesante para la familia que desembocó en el secuestro de Rodolfo y en la huida de Mirta y un grupo de jóvenes a Buenos Aires.

Dos días después de la detención de Becerra, Rodolfo y Mirta se guarecieron en Rivadavia, en casa de una hermana de Agustina, donde permanecieron hasta mediados del 77. Luego, por motivos de seguridad, Rodolfo se ubicó en una mimbrería que el Partido tenía en Dorrego, y Mirta -con un embarazo avanzado- paró en la casa de Walter Domínguez y Gladys Castro.

Fue la madre, Agustina Corvalán, la que precisó ante el Tribunal tres episodios represivos sobre su familia, previos a la desaparición de Rodolfo:

“Un día mi hijo salió con un amigo, el chico (Jorge Ciro) Becerra, en su camioneta. Rodolfo bajó un rato, al volver notó la camioneta rodeada y se escondió, mientras se llevaban a Jorge y el vehículo”. La Jeep amarilla fue hallada en junio de 1985 en un playón entre el Palacio policial y la antigua Aduana. Según el acta de la escribana actuante, el vehículo estaba deteriorado totalmente y durante cierto lapso estuvo en circulación.

Después fueron a buscar a Rodolfo a la casa familiar -en el Barrio Argumedo, Rodeo de la Cruz-, donde estaban Agustina y su hija de quince años. Más de diez personas en cuatro camiones del Ejército invadieron el vecindario por techos y frentes, “subían por las paredes, cortaron la cuadra. El operativo fue de mañana, revolvieron todo, hasta pocearon el patio, eran militares, de una revista Labores dijeron que era el plano de no se qué”. Después se fueron.

Días más tarde volvieron en dos autos, de noche, agazapados. Esperaron el regreso de Dionisio, esposo de Agustina. Se lo llevaron y maltrataron hasta las cinco de la mañana en el D2. Según Dionisio, el operativo fue efectuado por policías.

El día del secuestro, Rodolfo estaba en la mimbrería. Carlos llegó a las pocas horas, “entraron aparentemente con llave, se habían robado hasta la mercadería”. Semanas más tarde, Mirta, sus cuñados Hugo y Carlos, Osiris Domínguez, María Cristina Damico y otros jóvenes huyeron a Buenos Aires. Deambularon por hoteles alojamiento, lugares que les ofrecían militantes del PCML, hasta que se resguardaron en Bariloche, “la gente con quien nos contactábamos iba desapareciendo” relató Carlos. En el sur el grupo fue interceptado por las fuerzas de seguridad y Carlos trasladado a Mendoza. Pasó por el D2 y luego por la Penitenciaría provincial, corrían los últimos meses de 1979 cuando recuperó la libertad.

“Se llevaban a algunos chicos, por eso teníamos miedo”, dijo Agustina. La madre presentaba los habeas corpus acompañada de sus nietas y nietos, “temblaba por las preguntas que me hacían, a partir de una solicitada por muchos desaparecidos me encontré con toda la gente que buscaba a sus hijos”. Corvalán es integrante de Madres Mendoza casi desde que comenzó la búsqueda por su hijo. Estuvo presente con Madres y otros defensores de los Derechos Humanos en 1978, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “estábamos en la calle, la cola era inmensa, los hinchas del Mundial nos insultaban”. Tiempo antes, en pos de averiguaciones sobre su hijo, un representante de la Iglesia Católica le dijo: “se debe haber ido con alguna mujer, no gaste pólvora en chimangos”. Agustina sigue su lucha. A los diez minutos de haber brindado su testimonio y su voz alta por la sordera del mundo, se sentó con el público -entre abrazos y alegrías- a presenciar la declaración que sucedió a la suya.

Agustina Corvalán: Secuestro y búsqueda de su hijo, Rodolfo Vera  


En La Plata y en Mendoza también

Liliana Tissone vivía en Berisso cuando se enteró del secuestro de su hermana Nélida y de su cuñado Néstor Carzolio. El escueto relato de los vecinos del matrimonio, el silencio, aquello de sus sobrinos maniatados y compartimentados, el secuestro de la camioneta, lo supo por su padre que viajó a Mendoza en los últimos días de 1977 para buscar a los chicos. La mujer pudo dar precisiones sobre la vida que el joven matrimonio tuvo en la localidad platense. Dijo que Néstor trabajaba en Swift y que era delegado gremial, que su hermana se había recibido de maestra con excelentes calificaciones y que sabía que ambos estaban involucrados políticamente. También aportó que Néstor tenía vinculación directa con un dirigente gremial llamado Daniel Egea y que se enteró de que Hugo Carzolio, hermano de Néstor, había llegado muy malherido al hospital de La Plata. Todos estos datos salieron a cuentagotas en medio de un relato descarnado del sufrimiento que la familia Tissone vivió en todos estos años, entre la clausura del silencio y el compromiso con la crianza de los hijos de Nélida y Néstor.

Jorge Rodríguez efectuó la denuncia por la desaparición del matrimonio Carzolio-Tissone. Vivía con su esposa Hilda Abraham y Lucía Tomás -abuela de Hilda-, en la casa colindante a la de la pareja secuestrada. Se enteró del hecho por su esposa y fue ese relato el que expuso en la dependencia policial. Sobre el acto puntual aportó de relevante que en aquella casa sólo vivía el matrimonio con sus hijos y que era común ver a un muchacho que se movilizaba en una moto Zanella. Se supone que éste haya sido Jorge Fonseca.

Las querellas investigan, el Tribunal avanza, un imputado desafía

Una vez hecha pública por Secretaría la incorporación de prueba documental referida a la Causa 077-M, la audiencia había iniciado con la lectura de los autos de la Causa 053-M. Dicha causa indaga las privaciones ilegítimas de la libertad y desapariciones forzadas de la pareja integrada por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción de Martín Antonio, de diez meses de edad, hijo de ambos. Antonia y José fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1977 de su domicilio de calle Gualberto Godoy, en Godoy Cruz. La vivienda fue saqueada. A las 24 horas de producidos los hechos, el niño fue dejado en la puerta de la casa de sus abuelos maternos. Un año y medio antes, la familia había recibido la primera embestida: María Silvia -estudiante de 23 años, hermana de Antonia- fue desaparecida tras un operativo en el que miembros de seguridad irrumpieron en casa de sus padres.

Esta serie de secuestros se relaciona con la Causa 085-M que investiga las desapariciones en diciembre del 77 de otros partidarios del PCML. Está acreditado que en los casos de Alcaráz y Campos intervinieron miembros del D2 y que estuvieron detenidos en ese centro clandestino. Los imputados son Paulino Furió, Juan Garibotte, Alsides Paris, Ricardo Miranda y Aldo Bruno.

Las conexiones entre Causas y la responsabilidad de los “elencos estables” entre los represores se hace cada vez más evidente. En ese sentido, Viviana Beigel, Pablo Salinas y Diego Lavado, representantes por la querella del MEDH, suponen que la caída de los militantes del PCML está vinculada a un operativo nacional contra esa organización fechado entre el 6 y el 7 de diciembre de 1977 y que tuvo como saldo 70 desaparecidos.

En la misma dirección, la abogada Romina Ronda, representante por el Gobierno de la Provincia, pidió sumar como prueba el Legajo Conadep y las “Novedades de parte de guerra" de la Unidad Regional 4ta, donde se consigna como positivo el procedimiento a cargo del mayor Garibotte en el domicilio de Dionisio Vera, el 7 de abril de 1977 a las 22hs.

Finalmente, Antonio González Macías, presidente del Tribunal, solicitó al acusado Fernando Morellato “no tener contacto con el público”. En este sentido enfatizó: “Es la segunda advertencia, no queremos que haya hechos que provoquen decisiones más fuertes”. Incidentes en las escalinatas fueron los que originaron la amonestación.