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viernes, 7 de diciembre de 2012

075-M: Desapariciones de Oscar Ramos, Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez. 076-M: Privaciones de la libertad de Martín Lecea, Oscar Guidone y Roberto Vélez. 077-M: Desaparición de Ramón Sosa. 085-M: Desapariciones de Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez

Prácticas habituales
06-12-2012 | La jornada estuvo cargada de revelaciones y corroboraciones respecto a todas las causas indagadas. Roberto Vélez -detenido en la VIII Compañía de Comunicaciones de montaña en 1976, una de las víctimas- abrió la etapa testimonial por la causa 076-M. Elba Morales aportó documentación al Tribunal, piedra basal de las investigaciones del MEDH; Rodrigo Sepúlveda dio un detalle técnico de la entrevista de 2004 al hoy imputado Morellato; y un testigo de identidad reservada relacionó hechos de espionaje. Olinda Narváez dio entidad a Ramón Alberto Sosa.

El papel de las anotaciones
Elba Lilia Morales, representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, se presentó a testimoniar por segunda vez en este juicio. Tras ponerse en contacto con el Tribunal por la cesión de material documental relativo a las primeras investigaciones realizadas respecto a la represión ilegal en Mendoza, fue invitada a explicar a las partes cómo lo obtuvo y en qué consiste. El recorrido de los documentos y sus diferentes valoraciones transita paralelo a las épocas de impunidad o de avances en las investigaciones de la justicia:

“Son borradores -ni documentos firmados o sellados por autoridad legal-, fichas, anotaciones, planillas, bosquejos manuscritos que realizó la instrucción de la Cámara Federal en 1986 y 1987. Después de concluidas las Causas por las leyes de punto final y obediencia debida, nosotros continuamos las investigaciones. Desde la Cámara se nos llamó para retirar documentación que era nuestra, copias, algún libro. Con ello nos fueron ofrecidos los borradores: ´si ustedes lo consideran útiles se los pueden llevar´ -nos dijeron-, y nos los llevamos”.

La investigadora no recuerda quién le entregó el material pero sí que la funcionaria judicial Beatriz Ortiz de Guillén -entonces relatora de la Cámara- está en conocimiento de que puede tratarse de los archivos apuntados por ella. Denunció Elba: “Ya no estaban las Causas, ya se las habían llevado a Córdoba, ya no había nada que hacer. No sólo por el tiempo transcurrido sino por la situación traumática: el golpe más grande fueron las leyes de punto final y obediencia debida. Cuando se cerraron las Causas en el 87 muchos archivos se perdieron”.

“Al tiempo comenzamos a analizar y clasificar en carpetas. Con las leyes de la reparación a las víctimas de la dictadura, la información se tornó más útil para las personas. Con la reapertura de las Causas se volvió un material fundamental por los bosquejos en que se relacionaban víctimas. Por ejemplo, en la causa conocida por nosotros como la de la cestería -contra un grupo de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista-, la Cámara trabajó un bosquejo, la unidad de esos hechos. Nosotros seguimos esa línea de trabajo, de pensamiento: ´Esto es una sola cosa´, advertimos con Carlos Venier al repasar lo unido en diagramas y flechas con los nombres de personas del PCML desaparecidas -Vera, Carzolio-. Por otro lado están las fichas, que son anotaciones escritas respecto a víctimas reseñadas en libros del D2. Las fichas adjuntadas son constancias sumamente útiles, de puño y letra de esas indagaciones, números de legajos, fecha de los secuestros, nombres, registros de los detenidos. Tal el caso de Bonoso Pérez por ejemplo, de quien se sabe poco y figura en los registros del D2 entre octubre del 76 y enero del 77”.

Elba explicó la metodología del MEDH: “En todos los casos de las querellas trabajadas hemos revisado esta papelería que a nosotros nos la dieron como papelería de descarte y consideramos de trascendencia, útil a las investigaciones. Siempre hemos compulsado las fichas con las planillas y adjuntado las copias de constancias de trámites, fichas, legajos. Este material es de la Cámara, no es del MEDH. Lo hemos custodiado todos estos años. Por eso lo remitimos al Tribunal. Preguntamos, nos dijeron tráiganlo inmediatamente y ahí está”, dijo señalando a los cuatro biblioratos de los cuales solicitó fotocopias legalizadas para continuar con las investigaciones.


Los sospechosos y la entrevista
En relación al secuestro y desaparición de Ángeles Josefina Gutiérrez de Moyano, se presentó un testigo que solicitó sea reservada su identidad. El testigo conocía a la víctima por referencias de amistades. Sabía de la labor docente de Angelita y que era propietaria de la florería céntrica. Su aporte consistió en haber visto en los días próximos al 20 de abril de 1977 a dos personas sospechosas en plaza España. El testigo había sido víctima días antes de un intento fallido de secuestro en el que pudo ver a algunos de los apresores. Dos de ellos son los que habrían acechado a Gutiérrez. Uno -“el colorado”-, por corroboraciones posteriores con Francisco González -ex detenido en el D2- habría intervenido en los secuestros.


“La entrevista la hice yo, la revista Veintitrés me pidió la nota, la envié y la publicaron. Fernando Morellato había hecho declaraciones a canal 9, donde hablaba de las diferencias entre la policía de antes y la de ahora. Eso motivó la entrevista y la investigación en base a su legajo, que da cuenta de que había detenido a dos personas. En la transcripción del reportaje, el mismo Morellato hace referencia a sus títulos y reconocimientos. La persona que tomó las fotos es Eva Rodríguez. En ellas se observan el grabador sobre el escritorio de la oficina de Morellato y sus ´títulos´, el 8 de mayo de 2004, en la organización Mikael”. El periodista Rodrigo Fernando Sepúlveda volvió a concurrir al Tribunal para ampliar detalles sobre la entrevista que le hizo al hoy imputado y ex policía del cuerpo de Motorizada de la Provincia por los secuestros de Oscar Ramos y Daniel Iturgay. El audio grabado “lamentablemente se perdió, conservo la transcripción en word y las fotos”.  Explicó: “la desgrabación es una práctica habitual que permite reunir los elementos datados”. Cuestionado por Ariel Civit - abogado defensor de Morellato- el periodista agregó: “Si yo hago una entrevista on the record, a la persona se le avisa. Si yo saco un grabador y queda visible, es porque el entrevistado ha dado su consentimiento”.


El mar de lágrimas
De las personas secuestradas por el Grupo Especial G78, hacia mayo de 1978, sobre el desaparecido Ramón Alberto Sosa es de quien menos fuentes testimoniales se disponen. Olinda Mercedes Narváez -su cuñada y hermana de Elvira Cayetana, su esposa-, dio un panorama sobre los hechos.

Elvira y Alberto se casaron en 1964. Adoptan una nena, Noemí Beatriz. Sosa era encargado de enristradas de ajo en la zona de Luján. Vivían en Dorrego, en un departamentito de calle Laprida, parte de la casa del padre de las Narváez donde también vivía Olinda, que los días previos al secuestro de su cuñado notó en varias oportunidades la presencia de “linyeras” en las inmediaciones del domicilio. A las 10.15 del domingo 28 de mayo de 1978, “Alberto salió por una enristrada. ´Vuelvo a las doce para hacer el asado, preparen el fuego´ nos dijo. Pasó el tiempo y no llegaba. A la noche acompañé a mi hermana a hacer la denuncia en la Comisaría 25, ´vaya a buscarlo al hospital´ le dijeron. Meses después fuimos al VIII Comando, donde un soldado le hizo muchas preguntas, si sabía que el marido andaba en política, si sabía que era montonero, que en mi casa se hacían reuniones, que andaba llevando cosas, que le decían ´Felipe´ y que lo habían matado y encontrado en los hornos de ladrillos de Las Heras. Mi hermana salió descompuesta, llegamos a la casa en un mar de lágrimas”.

Todo lo que las hermanas Narváez lograron reconstruir sobre el destino de Alberto Sosa fue en base al único aporte de un testigo presencial de los hechos, vecino de calle Adolfo Calle: “en la parada del trole -usado con frecuencia por Sosa para ir a trabajar- a la vuelta de Laprida, entre San Juan de Dios y Espejo, fue levantado por un automóvil particular. Entendimos que lo habían matado”.


Comunicaciones de Puebla y Migno
Solamente tres de las veintiocho personas por las cuales se busca justicia en el presente proceso están vivas. Uno de ellos es el militante y dirigente político Roberto Edmundo Vélez, detenido en 1976, y quien abrió la ronda testimonial en relación a la Causa 076-M. Por ella están imputados Ramón Ángel Puebla -jefe de la VIII Compañía de Comunicaciones de montaña durante la represión- y Dardo Migno Pipaon -encargado del “Lugar de reunión de detenidos”, es decir, efectivamente el Centro clandestino de detención y torturas de esa dependencia militar-, ya condenado por otras causas. Los procesamientos de Puebla y Migno -que presenciaron la audiencia vía teleconferencia desde Comodoro Py y Rosario respectivamente- están relacionados a las privaciones ilegítimas de la libertad de Martín Ignacio Lecea -fallecido-, de Oscar Martín Guidone, y del mismo Vélez, como surge de la lectura de los hechos:

El 2 de junio de 1976, Oscar Guidone, estudiante de cuarto año de Medicina fue privado de su libertad por un grupo de diez militares armados, a bordo de tres camiones del Ejército, de la casa familiar en la que vivía con sus padres en Luján. Interrogado por un mimeógrafo, Guidone fue maniatado, vendado y trasladado en uno de los camiones a la VIII Compañía de Comunicaciones de montaña, donde recibió una sesión de ablande con puñetazos de boxeo en el “Lugar de Reunión de detenidos”. A los tres días fue colgado con los brazos abiertos contra una pared y golpeado durante horas en el abdomen. Al ser regresado a la cuadra se desmayó y por insistencia de sus compañeros lo remitieron al Hospital Militar donde el doctor Linio Pradella le produce la extirpación del bazo y permanece veinte días internado. En rehabilitación fue encerrado en una celda donde se le hizo un simulacro de fusilamiento bajo amenazas de eliminar a su familia y fue atado a una mesa y picaneado durante dos horas bajo tal intensidad eléctrica que su cuerpo se contrajo y cortó las cadenas que lo mantenían ligado. En dependencias de la Compañía se le autorizó a casarse con su compañera Carmen Edith Prado, en presencia de Dardo Migno y en su oficina. También estuvieron presentes el capellán Monseñor Rafael Rey -que ofició una misa- y personal del Registro Civil. Antes de la “ceremonia” Guidone había sido vez golpeado una vez más. En septiembre de 1976 fue trasladado a la U9 de La Plata y el 20 de agosto de 1978 puesto en libertad. Su padre había fallecido en abril del año anterior.

Martín Lecea y Roberto Vélez -ambos militantes del Partido Comunista- fueron detenidos ilegalmente el 9 de agosto de 1976 en la esquina de calles Patricias Mendocinas y Echeverría de Godoy Cruz por un grupo de policías que los llevaron a la comisaría 34 de Almirante Brown -bajo órbita de la 7ma- donde fueron interrogados en relación a su militancia política. Una vez en la comisaría 7ma permanecieron tres días, en tanto se realizó un allanamiento ilegal al domicilio de Lecea. Fueron trasladados a Comunicaciones donde los golpearon y torturaron con saña. Lecea fue liberado el 7 de marzo de 1977 y Vélez el 24 de diciembre del 76, ambos previo paso por el pabellón para presos políticos del Penal Provincial y el pabellón 11 -de máxima seguridad- de la U9 de La Plata.

Denunciar el plan
“Conocí personalmente a Migno, fui prisionero en el campo de concentración que él dirigía”, señaló en la apertura de su testimonio Roberto Edmundo Vélez, sociólogo, víctima querellante, también testigo en el juicio anterior. A partir de allí hizo un exhaustivo y preciso recuento de los antecedentes de persecución política que precedieron a su secuestro; las responsabilidades de los represores de la estructura del Ejército respecto a los graves daños infligidos a él y sus compañeros; y las denuncias sobre violencia sistemática en Comunicaciones y en el Penal Provincial. “Estos hechos los denuncié hace treinta años. Lo del 9 de agosto de 1976 no es algo aislado, forma parte de una estructura que venía funcionando, una persecución política que no era nueva, un contexto de antecedentes en que se produce mi detención:

“En la etapa de terrorismo con apoyo estatal, al frente de Santuccione -jefe de Aeronáutica con control de la Policía Provincial-, el 24 de octubre de 1975 hubo un atentado con explosivos en mi casa, a las dos de la mañana. Yo trabajaba en la bodega Quirós, en Maipú. Los servicios de Inteligencia del Ejército que tenían el manejo de la zona detectaron mi presencia, lo que les era inconveniente. Me despidieron, confirmado por los dueños que eran hermanos: ´el Ejército nos exige tu salida´. El Sindicato Vitivinícola de la bodega Giol -SOEVA- resistía la privatización de la bodega. A fines del 76 asesinaron a los dirigentes Antonio García y Héctor Brizuela”.

“A mediados de 1976 -como a centenares de compañeros docentes y no docentes- me expulsan de la Universidad Nacional de Cuyo. El 30 de junio de ese año, en otro atentado terrorista con explosivos en mi casa, desmantelaron y saquearon todo, desde las cucharitas de café -que terminaron en el destacamento Almirante Brown de donde eran los policías actuantes en el procedimiento digitado desde la seccional 7ma.- hasta los pañales de mi hijo de un año. No me dejaron entrar y era mi casa. Naturalmente entré. Cuando salí me detuvieron junto con mi suegro. Ni ellos mismos tenían argumentos para mantenerme recluido, me liberaron”.

“El 9 de agosto nos detienen con mi compañero Martín Lecea, en la esquina de calles Echeverría y Patricias Mendocinas. Un jeep policial nos lleva a la Seccional 7ma. En forma separada nos negamos a los interrogatorios: ´Lo que nosotros preguntamos se los van a sacar de otra manera´, nos advirtieron. A media mañana nos trasladan a la Compañía de Comunicaciones. En ese lapso noté que conversaban con Martín, querían allanar su casa en búsqueda de un mimeógrafo. Él accede si le permiten ir con ellos. Efectivamente fue así y eso posibilitó que la familia supiese que estábamos detenidos. Hecho que luego en la tortura, algunos de los interrogadores, descalificaban como la impericia policial la noche del operativo porque la familia estaba en conocimiento. El chofer del jeep conocía a Lecea, nos trajo unas mantas y la familia se enteró inmediatamente de las detenciones. Si no, el desenlace hubiese sido otro”.

“Desde que pude hablar hasta el presente, la verdad puede cotejarse en todas mis declaraciones: Nos encerraron en los calabozos de la guardia. Dos, tres días, sin abrigo ni alimento ni agua. Aprendí a dormir parado por el frío, lo que me molestaba eran las piedritas de la pared que me dañaban la frente. Un día por un agujero vi a Martín sentado en una silla en la celda de al lado, suboficiales lo ataban, vendaban y se lo llevaban. Supuse que era la perspectiva que me esperaba. A la media hora me tocó vivir lo mismo que él. Me subieron a un camión Unimov, divisé los borceguíes y la ropa de combate, dieron varias vueltas para desorientar. Me colgaron en una pared con los pies colgando. Sin preguntarme nada -¿para qué? si sabían todo- cayeron golpes de todos lados, de muchas personas. Me tiraron dentro de un edificio, me sentía solo y muy mal. Oí una radio que aumentaba de volumen y los gritos de mi compañero. No había alternativas, me aflojé las vendas, descubrí la habitación con sangre en las paredes, intenté escapar. Logré treparme, la diagonal me daba el cerro de la Gloria. Me caí, volví a saltar, volví a caer, se dieron cuenta, otra pateadura”.

“Los tratamientos de tortura se repetían día tras día: La tercera vez, vendado y desorientado, me metí en el auto particular de uno de los torturadores. Hizo que se enojaba para justificar lo que hacían, dentro del auto me pegaban con las culatas de los revólveres, inventaban cosas y pegaban. Me llevaron al mismo lugar que a Martín. Tenemos un mecanismo en el cerebro que nos resguarda del terror, pero es necesario recordar los procedimientos más allá de lo sistemático de la aplicación de picana eléctrica: por ejemplo, dos tipos me tomaban por los brazos, ordenaban correr, lo hacían conmigo hasta que me estrellaba contra una pared o el canto de una puerta. El objetivo era trastornar la personalidad. Transformarnos en algo menos que un animal para anular la capacidad de resistencia, estos eran los procedimientos de esta gente”.

“Hubo otras sesiones de tortura, venían los malos. Pagella, que hacía el bueno, estaría mirando. Un día me trasladaron a pie hasta el barranco de Comunicaciones. Éramos 120 prisioneros en un campo de concentración perimetrado con alambre de púas y custodias armadas. Pensé que la tortura se terminaba. ´No´ -me advirtieron mis compañeros- ´acá no se acaba, nos sacan y llevan a torturar afuera´. Era la impunidad absoluta, parte del tratamiento consistía en que los otros compañeros supieran que nos llevaban. Yo seguía en el PC y funcionábamos como tal dentro del presidio. Una noche trajeron a Bustelo, lo tiraron como una bolsa de papas. Al otro día el Ángel se entrevista con Migno por la ficha de ingreso que medio nos blanqueaba. Ahí denuncia todo lo que le habíamos contado, Migno se enoja y lo castiga. Entonces yo abracé a Raúl Raconto -compañero de mi padre que estaba ingresando- e insulté al suboficial que me impedía hacerlo. Nos pasaron a la Penitenciaría con Bustelo, al pabellón 11, como jefes de la guerrilla. Vino un tratamiento diferente. Y un sufrimiento diferente también”, dijo Roberto Vélez anticipando las condiciones infrahumanas a las que fue sometido en las diversas prisiones.

Respecto a la estructura y responsables del Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- en Comunicaciones, Vélez detalló: “Era un campo de concentración donde se torturaba gente. Para la tortura había lugares específicos y los militares tenían roles diferenciados. Migno era el jefe de todo, el que estaba a cargo nuestro, sabe que estuve en el calabozo de la guardia, sabe todo. Era un oficial joven, envalentonado, que quería atropellar el mundo. Ese oficial soberbio, prepotente, maleducado, sin consideración por la gente, nos confundió. El jefe político y militar de Comunicaciones era Ramón Puebla y su segundo era Largacha, con más mando de tropa. A Largacha lo conozco porque continuó la persecución y discriminación hasta hoy. A través de relaciones de su esposa Laura Ciancio, sigo imposibilitado de dictar clases en Ciencias Políticas”.

“Uno de los torturadores era el sargento ayudante Pagella. Pagella está en todos lados, figura en los expedientes haciendo relaciones con los familiares, manejando inteligencia en los diarios, torturando. Integra la estructura que dirigía Orlando Dopazo, otro militar que dio los nombres de su segundo, Gómez Sáa; del suboficial Viñes; y del soldado Minopio, como integrantes de su grupo de inteligencia. Pagella, que me torturó, tenía como superiores a Dopazo y Gómez Sáa; a Puebla, Largacha y Migno. El bueno del sistema era el suboficial Juan Alberto Peralta, un perverso como todos los que estaban ahí. Jugaba el rol que no podían jugar los otros porque no pegaba, nos entregaba a los torturadores que no veíamos”.

El sobreviviente estableció también planteos y denuncias puntuales en cuanto a la propia historia y a la amplitud del plan represivo:
-Pedido expreso para que la justicia federal encuentre y reintegre los prontuarios policiales suyo y de su padre. Allí constan las décadas de persecución ejercidas por parte de las fuerzas de seguridad contra la víctima.
-La policía de Mendoza no ha suministrado los listados de los colaboradores civiles. Vélez reitera el reclamo.
-A consecuencias de los servicios de Inteligencia del Ejército, en 1971 81 conscriptos del Servicio Militar en Mendoza fueron confinados en condiciones infrahumanas en La Rioja. Vélez estuvo un año desterrado en Nonogasta.
-La presencia policial represiva antes del golpe, con Santuccione como cabeza de la Policía de Mendoza, con el aval del Partido Justicialista, a través de la designación avalada por el interventor Antonio Cafiero y su ratificación consecutiva, de parte de los gobernadores interventores posteriores.
-El rol desestabilizador de Carlos Mendoza -vicegobernador de Alberto Martínez Baca-, que destacaba la necesidad de mantener a Santuccione en el cargo: “Estas presencias no sólo continuaron en dictadura, también cuando se retorna a la democracia. Santuccione fue jefe del Servicio de Inteligencia de Aeronáutica durante el primer gobierno constitucional”.
- La conversación con el torturador: “Un día me sacan las ligaduras y la venda. Se presentó Pagella y me dijo que la Aeronáutica y la Federal tenían mis antecedentes. Aeronáutica tenía mi información porque yo era militante, presidente del centro de estudiantes de la Facultad, donde estaba el hostigamiento de la extrema derecha, la CNU -Concentración Nacional Universitaria-, la Triple A -Alianza Anticomunista Argentina-, las bandas de Santuccione, la Juventud Sindicalista Peronista de Cassia. Miré a la cara a Pagella, le espeté: ´¿Qué pasó con Luis Moriñas?´ Moriñas era un estudiante de Medicina que actuaba en la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente -TUPAC- vertiente de Vanguardia Comunista. Sabíamos que lo habían desaparecido. Lo sorprendí. Dijo, ´se nos escapó´. Eso prueba que a Moriñas lo torturaron ellos. Lo hicieron aparecer en Córdoba, lo mató el Ejército".
-Tras la ampliación declaratoria que hizo en la justicia militar, después de la CONADEP, Vélez manifestó a los periodistas que declaraba sólo por responsabilidad ciudadana, que no creía en absoluto en ese proceso: “Luego leo los antecedentes reunidos y me encuentro con que eran los mismos los que instruían esas ampliaciones de los sumarios y los que constituían los juzgados que sentenciaban en secreto a las personas. No me equivoqué. El oficial Hugo Alfredo Soliveres, estuvo primero en el ámbito de la dictadura y luego en democracia. Había integrado en el 77 el Consejo Especial de Guerra. Después se desempeñó como juez instructor militar. Es decir, muchas perspectivas de justicia, con esa justicia, no había”.

Roberto Vélez valoró “acaso la última vez que relate frente a una instancia así”. “Después de todo aquello, todo lo que vivo es tiempo de descuento, quiero una sociedad más justa, que haya libertad, igualdad y fraternidad. Por eso estoy acá. Yo perdono pero no olvido. Las generaciones futuras no tienen que vivir lo que vivieron las nuestras. Estos han sido padecimientos de las familias, de los amigos, de los vecinos, de una sociedad. Tanta gente que hoy no puede contar lo que vivió”.

sábado, 10 de noviembre de 2012

075-M: Desapariciones de Blanca Santamaría, Oscar Ramos y Oscar Iturgay. 085-M: Desaparición de Rodolfo Vera

El más bonito
09-11-2012 | Dio su versión sobre los hechos que se le imputan en torno a los secuestros y desapariciones de Ramos e Iturgay, el ex agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, Fernando Morellato. En su declaración mostró fisuras, contradicciones y revelaciones incriminatorias respecto al aparato represivo del Estado en Mendoza. Testimonios cercanos y militantes en relación a Blanca Santamaría y a Rodolfo Vera.

Seguir eternamente
María Rosario Carrera -Mariú- testimonió en el anterior juicio en relación a las desapariciones de su compañero y de su hermano, ahora lo hizo en el marco de la investigación por el secuestro de Blanca Graciela Santamaría. De reconocida militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, Mariú explico que éste “estaba conformado por células. La célula que yo integraba estaba nucleada a través del grupo de teatro La Pulga, que realizaba actividades artístico-culturales, por lo tanto políticas”. La Pulga estaba integrada por Rubén Bravo -primer esposo de Carrera, desaparecido-, Osvaldo Zuin -desaparecido- y Raquel Herrera -“asesinada junto a Juan Bernal en La Puntilla, Luján”. “Blanca Graciela era nuestra responsable política al momento de su secuestro. Es una compañera muy querida, comprometida, rigurosa para cumplimentar con el estudio, la proyección y la reflexión. La recordamos con calma y respeto”, dijo Mariú -única sobreviviente del grupo- al explicar también sus funciones: “nos veíamos con frecuencia, siempre con trabajos a determinar alrededor de la Asociación de Actores de Mendoza”.

“Osvaldo Zuin y yo empezamos a militar desde el teatro en Villa Itatí, Buenos Aires. Con mi hermano Marcelo volvimos a Mendoza para continuar en el Partido acá, a través del contacto con Fátima Llorens. Fue Graciela quien reemplazó como responsable a Fátima cuando ésta fue detenida”. Los vínculos personales más estrechos que Graciela -estudiante de medicina- tenía en el PRT ya habían sido cortados: “su hermana Florencia -predecesora de Fátima como responsable-, detenida desde 1975; Víctor Hugo Vera -compañero de Florencia-, caído en Córdoba; su novio Claudio Sarrode, cayó antes que ella”, detalló Mariú.

Tras días sin noticias, en el grupo se enteraron del secuestro de Graciela por Zuin -entonces único contacto con el resto del Partido- que había logrado escapar del allanamiento a la casa de la familia Santamaría: “se escondió en un ropero y alguien lo ayudó a cruzar la medianera del vecino. El operativo fue de noche, entraron numerosos agentes de las fuerzas conjuntas, todos dormían, Graciela estaba convaleciente de bronquitis, se la llevaron enferma. Osvaldo se citó con la mamá de ella días después y oyó la versión de que la habrían visto en el Comando, con otras personas, descalza y con camisón como se la habían llevado. Para Osvaldo se profundizó una persecución ya muy dura, andaba sin lugar fijo. Hacia fines de 1976 fue detenido y trasladado a Córdoba, de donde se cree fue enviado de nuevo a Mendoza al Centro clandestino Las Lajas”.

“El ERP -Ejército Revolucionario del Pueblo- era el frente militar del PRT”, explicó la testigo ante la consulta del fiscal Dante Vega. Añadió: “había varias etapas hasta ser miembros del Partido, había tareas eminentemente sociales y otras de discusión, de propaganda, de difusión a través de criterios artísticos y políticos”. Dado el cerco represivo para mayo de 1976 -el día 15 fue el del secuestro de Graciela-, “tomábamos todas las precauciones, conocer sólo lo que había que conocer era parte de la seguridad de todos”.

“Nuestra militancia era quedarnos, trabajábamos desde el arte con gente muy humilde que jamás podría haber salido del país. Irnos hubiese sido un despropósito, un descompromiso con ellos y con nuestras ideas”, explicó Mariú. También consideró que no había hechos aislados, “hay todo un operativo dirigido, después me enteré de las caídas de los hermanos Talquenca, Granic, Beliveau, Virginia Suárez. Eran todos del PRT y no los conocía. El resto seguimos moviéndonos, trabajando y militando, participando en la Asociación, en obras, en el barrio”.

Mariú también recordó a Oscar Julio Ramos, como un “profesor de teatro, militaba en el peronismo junto a Ana Bakovic, su esposa”. De Graciela Santamaría y Osvaldo Zuin afirmó: “Dos recuerdos entrañables, de una dignidad humana muy grande, compañeros para aportar siempre a sus memorias vivas”. Y ofreció su lúcida interpretación: “Para esa época tener ideología de izquierda era delito, como aún lo es hoy para algunos tener ideología por la justicia. Nosotros hemos venido como familiares, como víctimas a este edificio; uno a uno hemos subido los escalones para llegar hasta acá, frente a este Tribunal. Aplicaron un plan de exterminio pero no pudieron con todo, no contra algo tan simple y extraordinario como es el amor tan profundo por los compañeros y la vida. No contaron con eso, no saben que existe el amor”.

Sin novedad: victimización y actos fallidos
En el marco de las investigaciones por las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay, el imputado Fernando Morellato Donna accedió a declarar. El ex-agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza intentó deslindarse él mismo y a su división de las responsabilidades en el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura cívico-militar.
Todas las menciones y relaciones que aparecen en el material probatorio de la causa fueron explicadas por Morellato como un involucramiento de su persona por parte de jefes policiales y de inteligencia con quienes tenía mala relación y hasta lo hostigaban. Juzgó que las investigaciones periodísticas sobre su actuación en el esquema de la desaparición sistemática de personas son falacias sustentadas en “dos papelitos”.

La estrategia: mostrar a superiores de otras divisiones como “demonios” y a él mismo como un eficiente y humano subalterno. “¿Saben quién era Sánchez Camargo?”, preguntó al Tribunal, “pareciera que ha sido una gran figura este hombre y no, ha sido un demonio” agregó. Acto seguido se resguardó diciendo que él se alejó de su entorno y del de Julio César Santuccione -jefe de la Policía de Mendoza-, por no compartir “la metodología de trabajo que tenían”. “Me quisieron llevar muchas veces” pero “no pisé nunca el D2 ni sé cómo estaba distribuido”. Sin embargo, en su declaración comentó que el Jefe de ese órgano lo citó y relató que mientras subía a su despacho pensó “es el fin de mi camino” y que creyó que “subía como subieron tantos y no bajaban nunca más”, dando a entender que sabía de qué se trataba y cómo actuaba ese centro de detenciones, torturas y desapariciones.

Morellato comentó su itinerario entre el 4 y el 5 de noviembre de 1976. La madrugada del 5, “a las 4.45 de la mañana fueron aprehendidos los hombres estos” -por Ramos e Iturgay- cuando intentaban “robarse un auto”; y a las 5.15 ingresaron a la Comisaría 25. Como no dieron sus nombres reales, cuando comunicaron al Comando la detención no surgieron rápido los datos de ellos y por eso quedaron demorados en la Comisaría, alegó Morellato. Sobre la presencia de los jefes del D2 en la 25 dijo que se enteraron de las detenciones porque la comunicación por radio tenía un canal abierto que escuchaban todas las divisiones. A diferencia de lo que le expresó al periodista Rodrigo Sepúlveda en el año 2004, Morellato sostuvo que no detuvo, ni vio, ni habló, ni supo los nombres de las “dos personas aprehendidas” en la Comisaría 25 -sede del cuerpo de Motorizada- el 5 de noviembre de 1976 cuando, pasadas las siete de la mañana, llegó a su turno laboral.

El imputado relató que el jefe del D2 -Pedro Dante Sánchez Camargo- llegó esa mañana temprano a la Comisaría junto al jefe de la Unidad Regional 1ra., Comisario General Suárez. Después de ‘no ver’ a los detenidos -que según Morellato estaban en “donde se cambia la gente, donde están los cofres” porque no había celdas-, dijo que salió a un procedimiento y que cuando volvió, pasadas las once de la mañana, se enteró de que se habían retirado Suárez primero y luego Sánchez Camargo con personal a sus órdenes. “Yo nunca le dije (a Sepúlveda) si fueron zutano o mengano”, se retractó de haber mencionado a Osvaldo Fernández Miranda y Eduardo Smaha Borzuk como quienes se llevaron a los detenidos. “¿Usted cree que me los iba a recibir -el jefe del D2- si estaban machucados o algo?”, dijo y se involucró en la entrega al D2 de los detenidos.

“El único que puede entregar detenidos a otra unidad” -se excusó- es el jefe de la dependencia. Y en la 25 no sabíamos si militaban en algún lado, ¡no!”. Pese a que recurre a las jerarquías para autoexculparse, relató que en la Comisaría decían que él “trabajaba bien” por lo cual el jefe le delegaba responsabilidades y decisiones. Agregó que allí funcionaba un Registro Civil y que eso echa por tierra las presunciones de que allí funcionaba un centro clandestino de detención, “son todas cosas infundadas, allí nunca se torturó a nadie, se lo digo por la memoria de mi madre”. “Santuccione había firmado una disposición interna” -explicó convenientemente-, a partir de la cual las “actuaciones” tras una detención no se realizarían más en la 25. Si habían “sospechas” de que quien era detenido “podía tener alguna militancia” se trasladaban “de forma inmediata al D2”.

Morellato dio a entender que Sánchez Camargo lo tenía perseguido, vigilado y hasta “sentenciado a muerte”. También dijo que “a los pocos días yo estaba de jefe en el D5” -Archivo Policial, en funciones en el mismo edificio que el D2. “Fui a reemplazar al comisario Carloni y me quedé 8 años”. Tanto la sanción como el “desprestigio” que dice haber sufrido, el imputado los explicó que obedecieron a su “brindarse tanto”. “Yo soy un tipo violento”, dijo en un acto fallido y corrigió: “¡no, no violento, sino rebelde!”. Pretendió echar por tierra, incluso, los fundamentos de Sánchez Camargo para aplicarle una sanción a mediados de noviembre de 1976 entre los cuales figura que pidió -en el marco de las detenciones de Ramos e Iturgay- una picana eléctrica a la Policía Federal para interrogarlos. También negó haberse quedado con un arma calibre 22 que tenían los detenidos y con 40 mil pesos.
Morellato: hechos, responsabilidades, señalamientos





Morellato: frases célebres





Denuncias cruzadas y pruebas
La declaración de Morellato fue interrumpida por el Tribunal para dar paso al testimonio de Raúl Vera, hermano del desaparecido Rodolfo Vera. El imputado se refería a los episodios que protagonizó con el agente de la Policía Federal, Carmelo Cirella Paredes -fallecido-, quien “perteneció y comandaba” según Morellato, “una bandita de asaltantes conformada por cinco Federales y un civil”. Cirella declaró ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas -CONADEP- en las causas de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Esa declaración llevó a la investigación del Legajo 7746 de la CONADEP  por parte de Rodrigo Sepúlveda, donde se documenta la participación de la Policía Federal en el plan sistemático de exterminio. La exposición del imputado continuará en la próxima audiencia, el 22 de noviembre, a las 9:30 horas.

Dada la importancia de las referencias que en distintas oportunidades Cirella Paredes hizo respecto a la responsabilidad del imputado, el fiscal Vega -con aval del doctor Fernando Peñaloza de la Secretaría de Derechos Humanos-, ofreció como prueba el testimonio de Paredes en relación a la Causa 073-Y “contra Tamer Yapur y otros”, así como la validación de veracidad de los pronunciamientos del mismo en las investigaciones citadas. Además de los antecedentes en este tipo de incorporación probatoria amplia -como los casos de la declaración de Sánchez Camargo y de la convalidación de que la prueba es de carácter oficial público, como en la Causa Fonseca- las partes acusatorias se remitieron a la reciente sentencia definitiva de Casación en relación al segundo Juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Finalmente, el Tribunal se expidió en oposición al rechazo de la prueba expresado por Ariel Civit, abogado de Morellato y dio lugar a las incorporaciones probatorias.
Doctores Vega y Peñaloza sobre amplitud probatoria y resolución de Casación





Algo digitado, bien armado
Raúl Oscar Vera viajó desde La Pampa para prestar testimonio en el marco de la Causa 085M que trata las desapariciones de Rodolfo Vera -su hermano- y de otros militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Estos secuestros y desapariciones se dieron a partir del denominado “Operativo Escoba” de orden nacional. De su testimonio se desprende la interacción permanente y organizada de las fuerzas militares y policiales para perpetrar el plan sistemático de exterminio: “esto era todo un sistema lo que estaba funcionando, daba igual cualquier fuerza” que interviniera en los operativos de detención y secuestro.

Raúl era allegado y colaborador del PCML, sin el nivel de participación de su hermano en la orgánica. Comentó que Rodolfo, antes de ser secuestrado de su casa el 6 de diciembre de 1977, sabía que estaba siendo buscado. La casa materna en la que vivía junto a sus padres, su hermano Carlos y su hermana fue allanada antes del secuestro. En esa ocasión un grupo de agentes -con uniformes y vestimenta evidentemente militar- entraron a la casa, revisaron todo, excavaron en el patio buscando algo particular. Se trató de un gran dispositivo, rodearon la manzana y hasta entraron por los techos y casas de los vecinos.

Sobre el secuestro de Rodolfo dio cuenta de que “se lo llevaron” de la mimbrería en la que trabajaba y estaba pasando la noche, propiedad de Néstor Carzolio. Supo de lo sucedido al día siguiente por comentarios que los vecinos hicieron a su hermano Carlos. Luego de eso, Raúl pasó varios días sin ir a su casa ni frecuentó los lugares de siempre porque estaban “esperando que vinieran a buscarnos también a nosotros”.

También contó que uno o dos días antes de que secuestraran a Walter Domínguez y a Gladys Castro, se juntó con él en un café para contarle lo sucedido con Rodolfo y advertirle que no debería volver a su casa, cuestión que Walter desestimó porque tenía que buscar a su esposa embarazada de 6 meses. Sobre lo sucedido con Alberto Jamilis comentó que en el marco de su detención violenta debió entregar la llave de la mimbrería, lo cual permitió que los efectivos entraran al local para detener a Rodolfo sin romper la puerta.

Siendo un “allegado”, Raúl asumió la responsabilidad de transformarse en contacto esencial para la supervivencia de militantes del PCML. Por ese motivo viajó a Buenos Aires y volvió para coordinar las salidas de Julio del Monte, Osiris Domínguez, Cristina D’Amico, Elena Farrando, Fredy Irusta, su hermano Carlos y Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Se trasladaron a Capital Federal y días después partieron a la Costa. En Mar del Plata, junto a militantes de otras provincias, se dividieron en dos casas. Una de ellas fue atacada por un operativo de las fuerzas represivas y “cayeron” cuatro de las cinco mujeres: D’Amico, Farrando y dos chicas de Buenos Aires. Mirta Hernández se salvó.

Raúl y su esposa se fueron a Córdoba y hacia octubre de 1979 estaban instalados en Bariloche. Allí fueron detenidos, ambos en sus respectivos trabajos. Raúl fue interceptado en el camión con el que hacía repartos, por un grupo de cuatro personas de civil y en autos sin patentes -Falcon viejos y verdes-, en apariencia y por su actitud serían agentes policiales.  A su esposa la fue a buscar un operativo militar a la Coca Cola. Los llevaron a un cuartel próximo y quince días después los trasladaron en avión a Mendoza y los dejaron en el D2. Allí volvieron los interrogatorios, violentos y con torturas en el caso de Raúl. A ambos les decían que sabían quién era Rodolfo Vera -detenido casi dos años antes- y qué hacía, como si no lo tuvieran ni lo hubiesen tenido en su poder.

En el D2, recordó Raúl, se le acercó un “muchacho” que lo reconoció “de toda la vida”, del barrio. El agente le dijo “te vine a ver, qué hacés acá” y se mostró amigable. Por la voz, lo reconoció como uno de los agentes presentes mientras le aplicaban torturas. Se trata de una persona al que decían “Chiva”, de apellido Gómez. Raúl recuerda y reconoce como figuras distintivas a cuatro agentes que frecuentaban a los detenidos, jugando los roles característicos como “el bueno” -que luego resultaba ser un salvaje en la tortura- y “el malo”; y otro que distinguían por un fuerte perfume.

Tras casi un mes fueron trasladados a la Penitenciaría. Seis meses después intentaron hacerles un juicio sumario militar en el Comando. Luego de tenerlos parados y contra la pared durante una hora y media, los militares decidieron declararse incompetentes y los remitieron a la Justicia Federal, donde se dictaminó su libertad.

Finalmente, Raúl Vera comentó que para la época del Operativo Escoba, se comentaba entre la militancia que un dirigente nacional del PCML, “El Tano” González, había caído herido por las fuerzas represivas, que lo detuvieron y que probablemente fuese él quien dio datos sobre compañeros que permitió llevar a cabo ese Operativo nacional.

sábado, 27 de octubre de 2012

085-M: Desaparición de Rodolfo Vera. 075-M: Desaparición de Roberto Blanco. Pedidos de compulsa penal a Oscar Simone y Eduardo Smaha

Memorias del subsuelo
26-10-2012 | Susana De Miguel completó el panorama de la persecución sufrida por militantes del Partido Comunista Marxista Leninista. Jorge Becerra -su compañero- conoció las mazmorras del D2 y de otros centros clandestinos del país. Mario Fioretti -también detenido en Investigaciones de la Policía de Mendoza- narró el horror antes del golpe. El periodista Rodrigo Sepúlveda ofreció su análisis de la estructura del centro clandestino y complicó la situación de Armando Fernández en la causa por la desaparición de Roberto Blanco.
Para sobrevivir
“Era práctica en Mendoza que buscaran a los hijos de las personas perseguidas para lograr que sus padres hablen. Sabían mis datos, buscaban más al niño que a mí. Una de las estrategias era negar que estuviéramos casados e incluso que Jorge fuera el padre de Federico”. Fragmentos del testimonio brindado por Susana De Miguel -por videoconferencia desde Estocolmo, Suecia, donde se exilió en 1978- en el marco de la investigación por la desaparición de Rodolfo Vera. Jorge es Becerra, su pareja entonces y Federico es el hijo de ambos, un bebé en 1976. El 22 de diciembre de 1976, Ciro Jorge Becerra fue detenido a cuadras de su domicilio en Godoy Cruz, Vera logró escapar. El testimonio de De Miguel estuvo atravesado por estas estrategias de supervivencia a la que los perseguidos políticos -en su caso y el de su grupo, el PCML- eran empujados en todo el país: en el itinerario por el sur “la situación de Federico era peligrosa, no teníamos los documentos, en un colectivo rumbo a Mendoza, en una parada de la policía hice llorar al niño para que no le pidieran el DNI. Tratábamos de saber lo menos posible de los otros en caso de que nos pasara algo, dejar pasar meses antes de volver a una casa allanada”, añadió por su experiencia.

Susana y Jorge se conocieron en 1975 en La Plata, militando en el Frente Antifascista Democrático, encolumnado al PCML. Huyeron a Mendoza en mayo de 1976 porque a Susana le bajaron su contrato en el Ministerio de Economía de Buenos Aires -empleo que le consiguió Alberto Jamilis- y Jorge Becerra fue marcado en su cargo en el Museo de Ciencias Naturales por un empleado que lo reconoció cercano a Achem y Miguel, dos representantes de la Universidad de La Plata asesinados por la Triple A. En Mendoza “seguimos vinculados al Partido, necesitaban gente con más experiencia, Jorge participaba más, yo estaba embarazada y sin trabajo. En agosto nació Federico. Jorge trabajaba en una tintorería cuando lo chocaron en la bicicleta y le enyesaron la pierna, una semana después lo secuestraron. A principios de diciembre, la desaparición de una amiga en La Plata -Graciela Lezana- había encendido la alarma”.

Becerra -enyesado- y Vera estacionaron la camioneta ese día frente a la casa de un comisario con custodia a pocas cuadras de su domicilio. Vieron un Torino blanco, evidentemente de un policía en contacto con los vecinos, y pensaron que Susana y el niño estaban en peligro. Vera bajó del vehículo, preguntó a los vecinos, no encontró a nadie, volvió, vio a Jorge rodeado con las manos en alto y se fue. Por comentarios de Jorge y de su madre, la testigo supo que él fue trasladado a los subsuelos del D2. Lo primero que hicieron fue abrirle el yeso para aplicarle picana sobre las heridas. Su ropa llegó a manos de la madre, completamente ensangrentada. Le atribuyeron como motivo de la detención poseer volantes con material político de Montoneros en la camioneta de su amigo.

El padre de Jorge ayudó a Susana “a ponerme a salvo con el bebé en un alojamiento, a partir de ahí me mantuve en contacto con Elsi, mi cuñada. La noche de fin de año estuve escondida a oscuras en la casa de Carzolio”. Luego, la larga huida: “Con Fonseca y Elsi en ómnibus a San Martín de los Andes un mes y medio, después en Centenario, en casa de la familia de Fonseca. Volvieron a buscarnos -Fonseca y Carzolio-, de nuevo a Mendoza. En casa de Pepe Alcaráz y Antonia Campos unas semanas; y en casa de Gladys Castro y Walter Domínguez, otras tantas; hasta abril de 1977, cuando recibimos la visita de tres civiles de la Federal a controlar la situación, hacían bromas, uno daba consejos sobre los bebés, nos interrogaron separados, llevaban dos valijas, una estaba llena de armas, la otra tenía papeles”. Semanas más tarde Susana escapa a Buenos Aires donde el cerco se agudiza: “a partir de los golpes del 6 de diciembre en distintos lados -Mendoza, La Plata, las playas, Gesell, Mar del Plata-; vivíamos de hotel en hotel, en alojamientos de dirigentes del Partido”.

La testigo aportó un detallado recuerdo de sus compañeros y compañeras: “Cuqui Carzolio y Nelly Tissone eran platenses, tenían dos hijos, él trabajaba en la mimbrería, Rodolfo Vera también subsistía del taller, ahí hicieron el moisés para Federico. Alberto Jamilis era muy inteligente, una biblioteca hablando, muy agradable. A Elsi la vi por última vez en una cita concertada en Buenos Aires, en una plaza. Por dos muchachos que aparecieron una noche de enero de 1978 donde yo estaba clandestina -vestidos de mujer, prófugos de un golpe contra el departamento que ocupaban junto a Elsi- imaginé lo peor. El rol de Jorge Fonseca en la organización era la protección y traslados de los militantes, me ayudó a mí, a Elsi, a la gente que necesitaba encontrar un lugar más seguro para sobrevivir. Estudió Economía en La Plata. Tras la caída de Graciela Lezana, escapa a Mendoza. Es factible que Fonseca haya caído ese día entre el grupo de la mimbrería, como los que estaban sin trabajo, paraba ahí”.

“En Buenos Aires -continuó Susana- rastreaba las guías telefónicas de Mendoza para saber el destino de ellos, me fui enterando de todos los secuestros”. En diciembre de 1978, en Brasil, a través de la publicación “Clamor”, encuentra una lista con los desaparecidos de Mendoza: “vi toda la gente que conocía, sobre mi cuñada Elsi supe más tarde”. En Brasil, Susana presenta denuncias por Jorge y Elsi; un abogado de la Cruz Roja Internacional le dijo contundente sobre su suerte: “Es un preso de Menéndez”. Luego, a través de detenidos cordobeses entendió el ´tratamiento especial´ que significaba ´ser preso de Menéndez´. Susana logró que Becerra fuera apadrinado por Amnistía Internacional y que la Cruz Roja lo visitara en la cárcel. Una vez en el exilio trabajó en dossiers sobre desaparecidos y sobre los niños y niñas apropiadas.

Jorge Becerra salió en libertad en 1980. “Las acusaciones que le endilgaron nunca tuvieron conexión temporal: le atribuían hechos de La Plata cuando él estaba en Mendoza y viceversa, estuvo cuatro años preso sin ninguna acusación formal”, denunció la testigo. Había pasado todas las cárceles: “En la U9 de La Plata fue sacado como rehén, es decir secuestrado de la misma prisión. Su madre viajó a visitarlo y no estaba. Durante meses permaneció en los subsuelos de un regimiento militar en Córdoba. En Sierra Chica lo tuvieron incomunicado meses sin ver el sol, le hacían llegar vitaminas desde afuera. En Caseros había un equipo compuesto por sacerdote, médico y psicólogo que participaba de los interrogatorios”. Con Susana se reencontraron en Estocolmo, en agosto de aquel año. Ella lo visitó aquí en 2002: “ahí abajo estuve yo” -le dijo Jorge. Señalaba “un edificio muy grande, el Palacio policial”.

El valor documental
Periodista, investigador, documentalista, Rodrigo Fernando Sepúlveda -de importante testimonio en el juicio anterior- fue presentado como testigo por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, en relación a la indagación por el secuestro y desaparición de Roberto Blanco Fernández. Para su documental de 1999, “D2: Centro Clandestino”, Sepúlveda realizó más de 50 entrevistas a sobrevivientes y personas vinculadas a la represión. La investigación “seguía líneas de los testimonios que llevaban a otras vinculaciones y datos y de ahí a otros casos como el de Blanco, una sorpresa para mí ya que sólo sabía que se trataba de una persona desaparecida, en condiciones de detenido sólo lo registraron Ricardo Puga y Juan Basilio Sgroi, a quienes entrevisté”. 

Sgroi exhibió al periodista “un documento presentado ante Naciones Unidas contando su secuestro por parte de las fuerzas conjuntas hacia el 16 de enero de 1976 en su domicilio en Maipú y la cacería emprendida por la Policía tras el asesinato del agente Cuello, a comienzos de ese año. Entiende que estuvo en Papagallos y en el D2, donde asegura haber visto a Blanco en una celda el 21 de enero, muy golpeado, incluso lo motejaban de ´overo´, por la cantidad de hematomas producto de las torturas. Sgroi manifestó tener relación previa con Blanco -que ocupó su cargo en la Dirección de Vías y Transportes de la Provincia-, eran antagónicos políticamente. Otras personas detenidas de ese grupo fueron Tito Gómez, los hermanos Fioretti y Quispe. Mi sensación es que en 1999 Sgroi estaba muy impactado por lo que vivió, había que entender el contexto, nadie quería hablar ante el bloqueo de la posibilidad de justicia, eran los entrevistados los que preguntaban ¿para qué querés saber vos esto?"

Sepúlveda consideró posible el hecho testimoniado por Héctor Salcedo sobre que el imputado Armando Fernández fue quien contactó a Roberto Blanco para secuestrarlo: “Es absolutamente coherente, esas personas eran las encargadas de los operativos. Fernández y Smaha Borczuk han sido identificados siempre no sólo por víctimas y ex policías en testimonios cruzados, también -el imputado- Fernando Morellato lo dice en nuestra investigación. Las declaraciones indican además la continua presencia de los señalados en la `Sala de Situación` del D2, que no era otra cosa que el subsuelo donde torturaban a los detenidos; y en los operativos. Incluso en el caso de un allanamiento ilegal que se le hizo por error a una persona, ésta reconoció a Borzuck porque le hacía las liquidaciones”.

En relación a información concerniente a otras personas de la Causa 075, Sepúlveda mencionó la vinculación de la Policía Federal en el secuestro de Miguel Poinsteau. En los casos de Oscar Ramos y Oscar Iturgay: “consta en legajo que Sánchez Camargo -Jefe de la Policia Provincial- indicó a Morellato entre los captores. Según Morellato, fueron Smaha y Fernández. Otros detenidos para fines del 76 -que podrían haber visto a Blanco-, sobrevivientes del D2 que fueron entrevistados por Sepúlveda en el marco de su investigación son Rosa Gómez, Jorge Becerra, Norma Azcárate”.

A instancias de sus trabajos, Rodrigo presentó la estructura del D2 en 1976: “Sánchez Camargo era el jefe; Agustín Oyarzábal -imputado-, el segundo, a cargo de los interrogatorios. Fernández Miranda y Smaha, eran los principales ejecutores de los operativos clandestinos. En los interrogatorios siempre había una persona con acento porteño, que manejaba la tortura y un médico o simulador de médico, que auscultaba para proceder. Quienes definían a quién seguir, a qué grupo apuntar, a través de investigaciones -comprobada la infiltración a las organizaciones-, las detenciones y la aplicación de torturas para así renovar el ciclo de persecuciones, secuestros, muertes; eran las cúpulas de todas las fuerzas, Policías, Inteligencia militar, servicios de Inteligencia. Las personas no eran mantenidas mucho tiempo en el D2. Era un centro de torturas, el objetivo era la información”.

Para el testigo, un cuadro fuertemente ilegal explica lo que son los picos, períodos ascendentes en las etapas y objetivos de la represión en Mendoza. El cruce de las más de 200 desapariciones en Mendoza con las etapas en las que el D2 actuó más contundentemente, evidencia que el grueso de secuestros asciende notablemente. Respecto al rol de civiles en las tareas de Inteligencia, Sepúlveda recordó la incidencia de la delegación de la SIDE y el listado de personal actuante en el Batallón 601, en el que se destaca la mención de un funcionario de la Dirección de Tránsito y Transportes, Oscar Alfredo Simone, ya en “funciones” en esa área para la época en que Roberto Blanco fue director.

El doctor Pablo Salinas -representante del MEDH- pidió se incorporen como pruebas a la Causa la grabación de la entrevista a Sgroi y el documental de Sepúlveda. También ofreció sea considerada una nueva convocatoria al testigo en relación a los secuestros y desapariciones de Oscar Ramos y Oscar Iturgay, secuestrados por el Cuerpo Motorizado a cargo de Morellato. Por último, el abogado solicitó compulsa penal para que se investiguen las responsabilidades de Simone y Smaha en el caso específico de Roberto Blanco, dadas las sospechas acrecentadas a raíz de los testimonios.






Contra toda una familia
Mario Hugo Fioretti, militaba en la Juventud Peronista -JUP-, tenía 22 años al ser secuestrado el 14 de enero de 1976, cuando con su mujer embarazada visitaba a sus padres. En la casa también se encontraban sus tres hermanos y su hermana. A las 14 horas irrumpieron más de veinte personas que tiraron el portón de entrada para ingresar. Estaban vestidos de civil. Luego de varios forcejeos y creyendo que los invasores eran ladrones, Mario sacó su revólver para asustarlos pero solo logró que le dispararan con sus ametralladoras, sin puntería. Le pidieron que soltara el arma y se tirara al suelo. Cuando lo sacaron de la casa se dio cuenta de que eran policías puesto que tanto los que esperaban afuera como los que habían subido al techo estaban uniformados. Tras el altercado lo llevaron detenido al Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza -D2- junto con su padre -ya anciano-, su madre María Luján Santini y sus hermanos Alejandro y Salomón de 20 y 18 años.

La madre fue liberada al día siguiente, no la golpearon, pasó la noche en las celdas de tres metros cuadrados. Mario y sus hermanos fueron torturados fuertemente. Sobre uno de los interrogatorios, Fioretti declaró que le preguntaron por varias personas, algunas conocidas; y acerca de dónde estaban las armas: “me cerré y no dije nada, anulación voluntaria es”. Agregó que se enteraban de algunas cosas “cuando después de las torturas nos tocaba ayudar a alguno, llevarlo al baño, higienizarlo”. Así le tocó auxiliar a su hermano Alejandro, “lo único que pudimos hacer es curarlo con agua, tenía destruidos los talones y picaneados los testículos”.

“Nos daban golpizas de cinco y seis horas, ese fue el caso de Yani Sgroi”, dijo el testigo. Y detalló: “antes de empezar entraba una persona y cerraban todas las mirillas, entonces se paraban enfrente de la puerta, a los gritos ´ponete de rodillas, de espaldas a la puerta´, entraban te ponían una capucha, te ponían las esposas y te entraban a pasear por el Palacio, subiendo, bajando escaleras, en cada una de ellas pegándote patadas y piñas.”

El padre de Mario militaba en el Partido Peronista Auténtico -PPA- y era compañero de Ricardo Puga y Juan Sgroi. Fioretti dijo que no recordaba a Roberto Blanco, “sólo recuerdo a mis compañeros de causa, porque militaban juntos en el PPA y nos dijeron que Puga había sido el primero en caer”. Recordó haber visto en el centro de detención a Carlos Alberto Gómez (Tito) y con el tiempo llegó Walter Quispe. Luego de diez días detenido fue trasladado a la Penitenciaría, donde lo procesaron por la causa de Cuello, el policía asesinado.

sábado, 13 de octubre de 2012

085-M, 053-M y 077-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez, Adriana Campos y José Alcaráz,Margarita Dolz y Raúl Gómez, Juan José Galamba. Secuestro de Martín Alcaráz

El destino en sus manos
12-10-2012 | Los testigos explicaron cómo la aplicación del plan genocida se llevó la vida de sus seres queridos y torció las propias. Ricardo D´amico unió a las víctimas de los secuestros a militantes del PCML a Campos y Alcaráz; Mario Gómez encontró a Martín, bebé secuestrado de esa pareja; y Carlos Castorino contó la persecución al grupo de militantes y amigos que integraba con su compañera Margarita Dolz, desaparecida.

Por todo el país
Ricardo D´amico estaba detenido antes del golpe de 1976 y continuó en esa condición hasta 1982. En relación a la serie de secuestros de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista los primeros días de diciembre de 1977, aportó su conocimiento a través de la militancia de sus hermanas, María Cristina (desaparecida en Mar del Plata desde febrero de 1978) y Nélida Mabel (más de seis meses detenida). Ambas participaban en el PCML de Mendoza, antes de que su hermano -militante de Poder Obrero- fuera preso.

Entre las agrupaciones existían afinidades, eran todos muy jóvenes en 1974. Ricardo conoció a Rodolfo Vera (por su compañera Mirta Hernández, “estuvo en Mar del Plata y después en el Bolsón”) y a sus hermanos Oscar y Carlos; y a José Campos y Antonia Alcaráz. Acerca del secuestro de Walter Domínguez y Gladys Castro aportó que tras salir en libertad vivió un tiempo en Villa Marini, sobre calle Lavalle. Por los vecinos supo que en las inmediaciones se hizo “un operativo muy grande, con la cuadra cortada”, donde secuestraron a la pareja. Hacia finales del 77 un grupo de militantes -sobre todo mujeres, entre ellas sus hermanas- emprendieron la huida de Mendoza. Mabel es detenida tras sus pasos por Mar del Plata y El Bolsón.

Por militantes de izquierda detenidos y averiguaciones hechas desde la cárcel y luego en democracia, Ricardo investigó el destino de María Cristina. Dio con otra serie de secuestros al PCML, en Mar del Plata a principios de 1978. “Con muy pocos elementos y limitado en un campo de concentración, supe de la desaparición de mi hermana María Cristina a los cuatro días, tras la presentación de los habeas corpus de mi mamá y del padre de Greco, una de las mujeres secuestradas con ella. Un grupo de cinco mujeres fueron secuestradas en febrero de 1978 de la vivienda que compartían escondidas en las inmediaciones de Mar del Plata: Cristina D´amico, María Elena Ferrando y Mirta Irma Hernández escapaban de la represión en Mendoza; Silvia Roncoroni (con sus dos bebas) y Cristina Greco (embarazada de 8 meses, cuya hija nacería en la ESMA) eran de Buenos Aires. En la planta superior de la casa vivían las dueñas. Ellas se ocuparon de las niñas durante un mes, hasta que se las pudieron dar a los abuelos”.

Ricardo habló con las dueñas de casa, sus vecinos y el padre de Greco. Logró reconstruir que “el operativo fue realizado por fuerzas conjuntas a la medianoche, amenazaron a los vecinos con disparos, Cristina y Mirta probaron fugarse a través de un terreno en construcción, cuando cruzaban unos ligustrines capturan a mi hermana, reconocida fotográficamente por las dueñas de casa”.

“La persecución a los grupos del PCML a fines de 1977 y principios de 1978 fue en todo el país: Mar del Plata, La Plata, Mendoza y Córdoba fueron los principales focos”. Otro hecho relacionado es “el fusilamiento de José Fernando Fanjul -amigo suyo e integrante del PCML- en octubre del 77 en inmediaciones de la comisaría de Arana en La Plata”. Las entrevistas con otras fuentes del PCML, para quienes la represión fue desatada en algunas ciudades y durante un breve período de tiempo son otros argumentos del testigo.

D´amico permaneció seis años y dos meses en distintos Centros de tortura y desaparición. El 29 de agosto de 1975 a las seis de la tarde la Policía de Mendoza lo estaba esperando en una casa en Guaymallén, “una ratonera. Los captores -unos seis- me vendaron y me cargaron al auto. El día anterior la casa había sido allanada y detuvieron a unas diez personas: Mocchi, Tomini; Yanzón, su padre y primos, Raquel Mercedes Miranda, Luz Faingold, Susana Villegas”.

Fue incomunicado y trasladado al D2 donde le aplicaron durante una semana “un nivel de tortura tan intenso.” De los interrogatorios -siempre vendado- participaban varios policías abocados a recabar nombres del Partido. Algunos de sus compañeros de Poder Obrero detenidos el 28 de agosto también fueron torturados. “Las celdas estaban en el primer piso, eran muy chicas, de dos metros por uno, sin mirillas, nada de nada”. Una noche fue trasladado a la Penitenciaría.

De la cárcel recordó “los primeros días del golpe entraban -Ejército y Servicio Penitenciario Federal- a las celdas a los palazos y los gritos. Un día trágico fue el 19 de junio de 1976, toda la guardia nos sacó desnudos, nos golpearon en las escaleras y los patios, pasamos horas contra el paredón mientras nos hacían gritar ´viva mi patria argentina´. El accionar conjunto de las fuerzas de seguridad fue comprobado en el traslado de detenidos hacia La Plata en septiembre de aquel año. Ejército y penitenciarios hicieron un gran despliegue de armas y procedimientos para llevar a decenas de hombres hasta el avión Hércules, reducirlos y encadenarlos al piso de la nave. “Cuando nos sacan en camiones pensé que nos llevaban a La Perla (Centro clandestino de Córdoba). Por la forma terrorífica del trato pensé lo peor. Gritos, amenazas, golpes, en el avión nos caminaban arriba, nos molían a palos”. Recordó a Gianetto, Carlos Gómez, León Golosky, Fernando Rule, Marcos Garcetti y Ángel Bustelo entre los trasladados. D´amico pasó los siguientes cuatro años en la Unidad 9 de La Plata y uno más en Caseros, hasta recuperar la libertad en el 82.

Conducido por el fiscal Dante Vega, afirmó que si bien Poder Obrero y PCML no estaban relacionados, él -a través de la militancia de sus hermanas- compartía actividades: “Los conocí en el 74, en una reunión en un camping camino al dique Cipolleti. Éramos mis hermanas, la chica Tortajada, José Alcaráz y las hermanas Campos, Silvia y Antonia. De regreso, la Policía nos hizo bajar del colectivo en la Terminal, fuimos demorados dos horas, salvo yo, todos eran menores, nos tomaron los datos en una habitación pequeña, casi una celda, las preguntas estaban dirigidas, algún policía sabía qué hacíamos, nos fueron a buscar nuestros padres”. “De ese grupo -confirmó Ricardo-, tres personas fueron desaparecidas y tres detenidas”.

“No, son tantas que no” contestó D´amico al Tribunal cuando se lo invitó a agregar algo a su testimonio. Respiró su silencio. “Saber dónde está mi hermana, el cadáver de mi hermana, es todo”.



Encuentro de Martín
Mario Armando Gómez era novio de Adriana Alcaráz, hermana de su amigo José “Pepe” Antonio Alcaráz. Fue testigo de cómo devolvieron a Martín, de diez meses, hijo de Pepe y Antonia Campos, la noche del 7 de diciembre de 1977 en una caja de cartón en calle Pedernera de San José, domicilio de los abuelos maternos. Martín había sido secuestrado con sus padres la noche anterior a las cinco de la mañana, de la vivienda donde vivían en Godoy Cruz.

Mario acompañó el día 7 a don Pepe Alcaráz en averiguaciones y trámites. “En dos camionetas sacamos las pertenencias de la casa de los chicos, en la puerta había un policía apostado, no podíamos dejarlo así. Parecía que faltaban cosas y me llamó la atención que la casa estuviera picada en las paredes en el garaje, cocina, comedor, en un placard había un hueco. Fue un trajín todo el día, no hubo respuestas a las búsquedas.

Al anochecer, las familias -que vivían muy próximas- se quedaron en casa de los Alcaráz. Alrededor de la una y media de la mañana del 7 de diciembre Mario decide regresar a su casa y sale a la vereda con Adriana, su novia. Allí ven pasar un Ford Falcon muy despacio que dobló en U y volvió a pasar, en tanto otro Falcon se paró enfrente de la casa de los Campos. Se bajaron dos hombres corpulentos vestidos de civil -con camisa celeste manga corta-, dejaron una caja de cartón y los pasó a buscar otro auto de las mismas características. Todo sucedió en cuestión de segundos, los hombres se movieron rápido.

Mario fue directo a la casa mientras su novia avisaba a la familia. Cuando llega descubre que era Martín, cubierto con una manta. Volvieron todos a la casa. Es posible que el niño haya sido revisado por un médico, solicitado para atender a la abuela Campos, descompuesta. “Fue Pedro, su marido quien se ocupó entonces de Martín”. A una semana del secuestro, Pedro habría dicho a Mario que “a mi hija y mi yerno lo tienen las fuerzas de seguridad en el D2”.

“Era muy amigo de Pepe, además cuñado por noviazgo formal, muy allegado a la casa, él hablaba de política, yo no lo seguía. Estuvimos mucho juntos, tuve mucho miedo posterior a una reunión en el balneario Nonquén”, dijo. Dos días antes de los secuestros –de los que se enteró al otro día- habían estado allí comiendo un asado. Al encuentro asistieron muchas personas que Mario no conocía, del Partido Obrero. Ya la desaparición de Silvia Campos dos años antes había causado conmoción en el barrio. Luego de las desapariciones de Pepe y Antonia supo que todos los que habían estado en ese asado permanecen desaparecidos, menos él y Adriana.





Las afinidades electivas
"Para 1977, 1978 no existía la actividad  política, la mayoría ya no estaba, habían sido secuestrados o se había ido. Nos ocupábamos en actividades sociales, trabajar, juntarse con amigos. La actividad política fue anterior, surgió de querer cambiar las cosas. En el Partido Socialista Popular veníamos debilitados desde 1973, pero los dos estuvimos sin cambios drásticos hasta el golpe, teníamos reuniones sociales con militantes de distintas agrupaciones, después bajó la actividad política”. A pedido de Fiscalía, Carlos Antonio Castorino -marido de Margarita Dolz, desaparecida el 17 de mayo de 1978 del hogar que ambos compartían en Villanueva, Guaymallén-, ofreció al principio de su testimonio un recorrido por la militancia de su compañera y otras personas cercanas, desaparecidas o perseguidas por entonces.

“Nos consultaron si podíamos alojar a José durante algunos días. Eran de Montoneros, pero no recuerdo quiénes. Estuvo cerca de una semana, después lo llevaron a otro lugar, creo que fuera de Mendoza”, dijo Castorino acerca de Juan José Galamba, desaparecido una semana después que su compañera.

“Con Víctor ´Tonio´ Herrera éramos amigos, compañeros de bowling. A Daniel Romero lo conocí de la actividad política, creo que en algún momento posterior a la estadía en mi casa, con su hermano Juan Carlos recibieron a Galamba. Igual que Raúl Oscar Gómez y Liliana Millet, su esposa y compañera mía del trabajo. Había amistad entre las parejas, una militancia en común. Dos o tres días después del secuestro de Margarita, Liliana me contó que Raúl había sido secuestrado el mismo día”.

A los nombres anteriores, Vega sumó los de Aldo Patroni, Gustavo Camín, Mario Camín, Isabel Membrive, Ramón Sosa, otras desapariciones para mayo de 78 y pidió al testigo que enmarcara una explicación sobre el secuestro de su esposa: “No había actividad política, no sé si habrá existido esa lista con nombres que en un principio no le dieron importancia, venía el inicio del Mundial, quizás quisieron prevenirse de protestas”. Porque ni él ni Millet fueron secuestrados, Carlos descree de la posibilidad que los captores fueran tras Galamba.

Respecto al secuestro contó: “esa noche esperábamos a unos amigos, yo llegaba  de trabajar de noche, a media cuadra me frenó la niñera de mis hijas, Miriam Elisabeth Esteve. Según su versión “fueron tres o cuatro personas de civil que invocando a la Policía Federal ingresaron a la casa luego de que ella abriera la puerta. La encerraron con Paulina y Natalia -las hijas de la pareja, de dos y tres años- en el baño y se llevaron a Margarita con su documento, no pudo ver si la ataron o encapucharon”. “No entré, indiqué a la niñera que se llevara a las niñas a casa de mis padres y fui por resguardo y consulta a casa de un amigo abogado, Enzo Santoni. A través suyo presenté el primer habeas corpus. Recorrí comisarías, el Ejército. En la Policía Federal me dijeron ´acá no queremos a nadie, no hacemos este tipo de operativos´”.

Entre llantos, Carlos evocó a Margarita: “solidaria, le gustaba mucho ayudar, siempre pendiente de que todo estuviera bien. Estudió Artes. Nuestra actividad política no era subversiva, ella estaba un poco más comprometida. No consideramos peligroso el clima para mediados de 1978, por eso nos quedamos, podríamos habernos ido”.