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viernes, 22 de febrero de 2013

085-M: Desapariciones de Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro. Alegato III: MEDH y Alegato IV: Defensa

Identidad: Un delito que sigue sucediendo
21-02-13 | La querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, Dra. Viviana Beigel, hizo un repaso de las circunstancias en que se produjeron los secuestros de Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez; entre el 5 y el 9 de diciembre de 1977. A partir del caso del matrimonio Domínguez-Castro (embarazada de seis meses) destinó un capítulo especial para señalar las apropiaciones de niñas y niños mendocinos durante la dictadura y reclamó la falta de esclarecimiento sobre el destino de quienes son hoy jóvenes con identidad fraguada.

La abogada Viviana Beigel enfatizó el informe secreto del Servicio de Inteligencia Naval cuya copia llegó a Mendoza dirigida al Destacamento de Inteligencia 144. El informe señala a los secuestrados como blancos de la operación “Escoba” que a escala nacional significó el aniquilamiento de los militantes del Partido Comunista Marxista Leninista -PCML-. De los hechos se infiere el trabajo articulado entre el Ejército y el D2 en la persecución de esta corriente política. La “cacería” se extendió hasta febrero de 1978 en Mar del Plata.

Saber qué pasó, dónde están, quiénes son
“Voy a detenerme en el embarazo de Gladys y la apropiación del niño, porque creo que este delito es uno de los más aberrantes que existen, por los efectos que tuvo en sus vidas y en sus familias, que hasta el día de hoy aún los buscan. Estos niños, nacidos en cautiverio, anotados por los asesinos de sus padres como hijos propios, hoy ya hombres y mujeres, viven sin saber cuál es su origen y en los casos en que se ha logrado establecer su paradero han debido atravesar un difícil proceso para recuperar su identidad y comprender la magnitud del delito del que fueron víctimas”.
“No se puede evitar la consideración de la complicidad del Poder Judicial y de instituciones como la ex Casa Cuna que recibía a menores como NN cuando sabían perfectamente que se trataba de hijos de desaparecidos”, explicó la abogada. “Tenían una familia que los estaba buscando” y estas instituciones “no realizaban diligencia alguna para poner en contacto al menor con su familia”. Además, “en los casos en que el niño no había sido inscripto como propio por los asesinos, los jueces los otorgaban en adopción”.
“La acción de la represión no fue desorganizada y casual, sus principales destinatarios fueron los jóvenes. Se manipularon los medios de comunicación y la educación y se institucionalizó el silencio. El estímulo fue a la pasividad, al sometimiento, al no compromiso. Se trató de un esquema deliberado y organizado principalmente por Emilio Massera, jefe de la Armada, para evitar la contaminación ideológica de los padres subversivos. Los dictadores pretendieron mesiánicamente que los niños se educaran en una familia modelo."

Beigel reiteró: “la apropiación de niños fue parte del plan criminal. Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense dijo: ´Personalmente yo no eliminé a ningún chico, lo que hice fue dar algunos a organizaciones benéficas para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión. Esto debía detenerse´”. “En 1978, la doctora Delia Pons, del Tribunal de Menores nº 1 de Lomas de Zamora, dijo a Abuelas: ‘Estoy convencida que sus hijos eran terroristas y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos, no tienen derecho a criarlos. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes. Sólo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”.

Entre los antecedentes y las apropiaciones cometidas por los genocidas en Mendoza, Beigel puntualizó los casos de: Ángela Urondo -junio del 76- derivada a la Casa Cuna y encontrada por su familia, lo que impidió que sea apropiada días después del asesinato de su padre Francisco Urondo, de la desaparición de su madre Alicia Raboy y de su propio secuestro y detención; María Inés Correa Llano secuestrada en septiembre de 1976, estaba embarazada; Ernesto Sebastián Ramos -septiembre/octubre del 76-, hijo del desaparecido Oscar Ramos y de la ex detenida Ana Bakovic, dado en adopción fraudulenta con intervención del Juzgado de menores, recuperado por su madre en 1984; Adriana Bonoldi secuestrada en diciembre de 1976, estaba embarazada. Destacó también los casos de Rebeca Celina Manrique Terrera, “quien recuperó su identidad en 2007 gracias al trabajo del MEDH pero nunca se determinó quienes fueron los responsables de su entrega”; y de Jorge Martínez Aranda, hijo de los desaparecidos Francisco Goya y Lourdes Martínez Aranda, “cuyo juicio por apropiación se realizó en 2012 en San Juan y determinó que Luis Tejada, suboficial del Ejército, fue quien se llevó al niño de la sede militar de Mendoza”. El coronel Julio César Bellene “era quien disponía del destino de los menores apropiados en el área Cuyo para la época de la contraofensiva montonera, marco en el cual se produjo ese hecho”.

“¿Qué pasó con el hijo de Gladys y Walter?”, inquirió la querellante. Y sostuvo: “Los imputados saben qué pasó pero mantienen el pacto de silencio, ninguno ha tenido la valentía de decir qué hicieron, dónde están los cuerpos de los compañeros, dónde están los hijos apropiados, ninguno. Estos cobardes pretendieron garantizar su propia impunidad, pero hoy gracias a la lucha de los Organismos de Derechos Humanos y a las políticas de Estado en Derechos Humanos tenemos juicios y condenas. Consideramos central que las investigaciones por los hijos apropiados se realicen. Por ello solicitamos se extraiga compulsa de lo actuado en relación al hijo de Gladys y Walter. Es necesario iniciar una causa única sobre la apropiación de niños en Mendoza”.

“María Domínguez es un ejemplo de lucha y valentía”, afirmó Beigel. "Durante tantos años ha pedido saber quiénes fueron, dónde están su hijo y su nuera, qué pasó con su nieto. Del testimonio de María del Carmen Pérez -vecina de los Domínguez, esposa de militar como ella misma se definió- surgió como indicio que a las subversivas embarazadas las llevaban al asilo Monseñor Orzali, ex Casa Cuna a cargo de la institución Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor”. Hay entonces dos líneas de investigación: una en relación a las fuerzas que intervinieron en los secuestros bajo control operacional del Ejército con participación del Destacamento de Inteligencia 144; y la otra que recae sobre el lugar donde llevaban a las embarazadas.”
Viviana Beigel: Apropiaciones como parte del plan criminal


Calificar al represor
La Policía de Mendoza quedó subordinada en lo referente a la “lucha antisubversiva” al mando militar, específicamente al Comando de Operaciones Tácticas -COT- en el que intervenían coroneles y tenientes coroneles. En sus acciones operativas intervenían oficiales que participaban de los Consejos de Guerra y oficiales de Inteligencia. La autoridad a cargo del G2 -División Inteligencia del VIII Comando de Infantería de Montaña- hasta el 14 de diciembre de 1977 -“derivado” a menos de una semana después de “concretados” los operativos- era el teniente coronel Paulino Enrique Furió, quien en su propia declaración indagatoria dijo que “como jefe del G2 asesoraba sobre el enemigo subversivo”. Según indagatorias de 1986 al ex comandante de la VIII Brigada, Jorge Maradona; él “podía delegar la autoridad en los niveles subalternos del Estado Mayor y en las jefaturas de División”. Además, el mismo comandante se nutría de información y asesoramiento del COT y la Comunidad Informativa, integrada por el jefe de Policía de Mendoza y los jefes de División del Estado Mayor, tal el caso de Furió.
Redimensionó entonces Viviana Beigel el grado de implicancia del imputado: “Furió, en su calidad de jefe del G2 e integrante del COT, dependiente del comandante del III Cuerpo del Ejército, tenía a su cargo la recopilación y procesamiento de la información obtenida por todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad dependientes de la VIII Brigada. Asimismo asesoraba a Maradona respecto a la conveniencia de detener o no a determinadas personas. En ese contexto se dispuso el procedimiento que culminó con la privación ilegítima de la libertad y posterior desaparición forzada que sufrieran las víctimas”.

En consecuencia, la calificación solicitada por la querella del MEDH coincidió con la del Ministerio Público: autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, ambos delitos por seis hechos; robo simple por un hecho y robo agravado por dos hechos. Todos delitos cometidos en concurso con el de asociación ilícita -en carácter de jefe u organizador-, que constituyen delitos de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el contexto del genocidio.

La continuidad
El Operativo Escoba fue realizado con la intervención de toda la estructura del aparato organizado de poder. De la inteligencia sobre el PCML se ocupó el GT3 en vínculos con la Comunidad Informativa y el COT. En los operativos actuaron Ejército, D2, Policía Federal y el personal de las comisarías que liberaba las zonas. Sin embargo sólo Paulino Enrique Furió fue imputado en la causa. Según Beigel, “el MEDH considera necesario continuar investigando estos hechos. Es impensado que un solo imputado sea el responsable de tantos asesinatos. Furió no actuó solo”. Por eso solicitó se forme compulsa para que se profundice sobre la participación que pudieran haber tenido en los hechos las siguientes personas”:

Eduardo Ceballos Ríos y Juan Antonio Morales, comisario y subcomisario, respectivamente, de la seccional 25°, con jurisdicción en la zona del secuestro de Vera; Enrique Gauna, comisario de la 27°, por los secuestros de Carzolio y Tissone; Eberto Edgardo Villegas, comisario de la 7°, por los secuestros de Jamilis, Castro y Domínguez; Ricardo Benjamín Miranda y Aldo Patrocinio Bruno, jefe y subjefe, respectivamente, del D2, entre el 26 de agosto y el 28 de diciembre de 1977.

También sobre personal actuante del D2 hacia fines de ese año: Armando Fernández Miranda, Alfredo  Castro Videla, Marcelo Moroy Suárez, Timoteo Rosales Amaya, Miguel Ángel Tello Amaya y Francisco López Rodríguez; integrantes de la Policía Federal -tres de las víctimas son de La Plata lo cual denota la coordinación en distintos puntos del país-; miembros del Estado Mayor del Ejército como Enrique Gómez Sáa -G3, Operaciones- y Juan Antonio Garibotte -G2, Inteligencia-; Juan Carlos Santamaría de la Fuerza Aérea; Alcides Paris Francisca de la Fuerza Aérea y jefe de la Policía Provincial. Respecto al Destacamento de inteligencia 144, que actuaba en apoyo al VIII Comando de Infantería de Montaña y a su vez dependía a nivel nacional del Batallón 601 que era el que concentraba la totalidad de la información, la querellante también solicitó compulsas respecto a sus miembros, en especial en relación a la apropiación del hijo o hija de Castro y Domínguez.

Cerró Beigel: “El Estado Argentino tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables. Esta parte querellante siempre luchó para que se haga justicia, junto a las Madres, los H.I.J.O.S., los Familiares. Queremos que se termine la impunidad. Pedimos justicia. Pedimos que se investigue y se condene a todos los responsables”.

Defensa clásica
El turno expositivo de la defensa oficial del imputado Furió estuvo a cargo de la Dra. Andrea Duranti. Calificó como insuficientes los argumentos expuestos por la Fiscalía y las querellas respecto a la certeza de la responsabilidad que le cabe al ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza cuando tres personas foráneas y otras tres oriundas de la Provincia, todas militantes del PCML, fueron secuestradas y desaparecidas en diciembre de 1977. “Indeterminación de los hechos en cuanto a la autoría y responsabilidad de Furió, sospechas basadas en inferencias y apreciaciones, imprecisiones sobre su función en el G2”, enumeró Duranti, que se apoyó en declaraciones de su defendido: “mis funciones de inteligencia estaban limitadas al conflicto con Chile”. Otro “clásico” escudo utilizado por los responsables para deslindarse de cargos que en otra época los hoy acusados supieron ostentar fue apelar al jefe superior inmediato, personas, casualmente, siempre fallecidas. En el caso de Furió, el jefe del VIII Comando de Infantería de Montaña -núcleo militar de la Provincia- Jorge Maradona.

El bastión de la defensa se centró en la interpretación de información volcada en el legajo de Furió, que serviría como coartada respecto a su preparación y participación en la serie de secuestros: por resolución del 27 de octubre de 1977, se le remitió a Furió un traslado a San Luis -más lejos todavía del “conflicto con Chile”- como jefe del GADA -Grupo de Artillería de las Fuerzas Armadas. La asunción de dicho destino no se efectuó hasta mes y medio después, el 14 de diciembre, transcurridos cinco días de concluido el Operativo Escoba en Mendoza. Según su legajo, los días previos a los secuestros, Furió estuvo en Buenos Aires, “en comisión de servicio” -entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, por un curso de formación como jefe de unidad- y el 5 de diciembre se instaló en San Luis a fin de efectuar la mudanza que le demoraría casi diez días. Tanto el curso como la mudanza contaron con el “permiso” de su jefe superior inmediato -hoy fallecido- Jorge Maradona.

Por tanto, para Duranti su defendido (que para la época “tanto en lo personal como en lo profesional había disminuido su injerencia notablemente”) “no tenía dominio sobre los hechos que realizaron sus subordinados” (otro clásico), ni se trataba de un “autor de escritorio”, ni fue parte “de las tareas previas de inteligencia”, “ni hay pruebas que lo vinculen a los hechos” y “su presunto aporte (a la represión) no era indispensable para el desarrollo de los hechos”. Duranti pidió absolución de todo lo que se le imputa.

sábado, 6 de octubre de 2012

085-M: Desapariciones de Alberto Jamilis, Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez

El terror inimaginable
05-10-2012 | “Sistematizaron el terror como procedimiento” reflexionó uno de los testigos -Julio Del Monte, víctima del terrorismo de Estado- acerca de la implementación del plan represivo contra la militancia a escala nacional y específicamente en relación al grupo de personas desaparecidas en diciembre de 1977 en Mendoza. En el mismo sentido aportaron su conocimiento María Inés Barbetti y Nicolás, compañera e hijo del desaparecido Alberto Jamilis. El testimonio de Rolando Domínguez permeó las consecuencias del discurso “antisubversivo”.

"Hacé de tu hijo un buen ciudadano", consigna de represores
María Inés Barbetti era compañera de Alberto Gustavo Jamilis cuando fue secuestrado en su casa el 6 de diciembre de 1977 alrededor de las 5 de la mañana. María Inés y el pequeño hijo de ambos, Nicolás -de dos meses-, estaban allí, pero ella logró que no se los llevaran.

Prestó testimonio mediante videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura y relató que esa madrugada cuatro o cinco personas con armas largas y vestidas de civil ingresaron al departamento interno en el que vivían, en Godoy Cruz. Uno con cara descubierta de estatura mediana, robusto y de tez morena comandaba el operativo. El resto tenía medias de nylon en los rostros. Entraron al grito de “¡Gordo salí!”. Rompieron una sábana y con eso los maniataron. A ella le dijeron que preparara ropa del bebé. María Inés pidió “por dios” que la dejaran con el niño, lo hicieron, pero se llevaron a Alberto y le dijeron: “Bueno piba, hacé de tu hijo un buen ciudadano”. Los agentes robaron objetos y cuando María Inés preguntó qué harían con el marido, uno contestó que sólo le harían preguntas y en media hora volvería. Nunca más se supo de él.

Tras un llamado de los vecinos a la policía, llegaron tres efectivos. Le pidieron que fuera a declarar y ella les explicó que no estaba en condiciones de hacerlo en ese momento, con lo cual se retiraron sin más. Barbetti se fue a la casa de Paulina, hermana de Alberto, quien le advirtió el peligro de que se quede allí y la llevó a la casa de una amiga.

La pareja era oriunda de La Plata. Alberto era sociólogo y trabajaba en la Facultad de Humanidades hasta que lo dejaron cesante. Luego se desempeñó en el Registro de la Propiedad del Ministerio de Economía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde también lo cesantearon, “por su ideología”. En ese organismo también trabajaba María Inés. En noviembre de 1976 fuerzas represivas lo buscaron en casa de sus padres, motivo por el cual decicieron venir a Mendoza, donde Alberto vendía hierbas medicinales de manera ambulante, según relató su compañera.

Tiempo después, María Inés supo de la militancia de Alberto, en el Partido Comunista Marxista Leninista. A los compañeros de militancia los conocía por sobrenombres, después se enteró de que entre ellos estaban los hijos de Hebe de Bonafini, “Cuqui” -Néstor Carzolio- y Nélida Tissone, a quienes frecuentaban en Mendoza -en particular recordó un último encuentro con el matrimonio en un parque en Mendoza; luego supo que desaparecieron-. También recordó a un joven que trabajaba en una cestería -Rodolfo Vera- en la cual se quedaron un breve tiempo; y a una mujer que fue novia de Jamilis, “Cristina Torti” y a su “hermana, también secuestrada en Mar del Plata”. A Carzolio, Tissone y Vera los reconoció en el álbum que le exhibieron.

Nicolás Joel Jamilis, hijo de María Inés y de Gustavo, prestó testimonio por videoconferencia. Con dos meses de edad cuando su padre fue secuestrado, presentó una reconstrucción sobre él en base a conclusiones derivadas de testimonios de amigos, compañeros de militancia e investigaciones propias. Mencionó a Ángel Laurenzano y a alguien conocido como “El tano” como parte de la conducción del PCML que delató a los partidarios de Mendoza. Una vez en la ESMA, “El Ratón” Laurenzano habría pasado a trabajar directamente con las fuerzas militares. Después, vueltas de la vida y de los años, Nicolás lo reencontró trabajando para el aparato de seguridad del empresario Alfredo Yabrán.

Un compañero de militancia de Jamilis, Jorge Moulinger -que logró escapar de la represión- es considerado por Nicolás una fuente importante para conocer cómo fue la embestida final contra los integrantes del PCML. Indicó que habría otro sobreviviente del grupo de Jamilis -quizás sea Oscar Vera- residente en Neuquén. Nicolás agregó que los dos hijos de Hebe de Bonafini fueron desaparecidos antes que su padre, que había alojado a uno de ellos. Según sus indagaciones, los militantes eran enviados a Mendoza y a Mar del Plata por la conducción del PCML con el objeto de asegurar sus existencias, con documentos falsos y casas alquiladas por la organización. Sobre los hechos dijo: “en el Partido" Jamilis "era 'El Gordo', la patota lo tenía totalmente identificado, sabían quién era, si hasta le dijeron 'Gordo', te venimos a buscar", concluyó Nicolás.

Estar en algo
Retirado de la Policía de seguridad aeroportuaria, Rolando Omar Domínguez reconoció entre los imputados a Alsides París Francisca -“vicecomodoro oficial de la Fuerza Aérea”- y repasó sus años en la función pública: ingresó a fines de 1975 a la Policía de Mendoza tras revestir en la Escuela de suboficiales, “para el Golpe” se incorporó a la comisaría 27 hasta mediados de 1977 cuando pasó a la Fuerza Aérea. Allí -hasta 1986- actuó como personal civil de la Jefatura 2 de Inteligencia. El 24 de marzo de 1976 fue la primera vez que lo mandaron a hacer servicio y patrullaje en la calle.

En relación a la desaparición de Walter Domínguez -primo hermano de Rolando- y su compañera embarazada de seis meses, Gladys Castro, el testigo se vio en apuros a la hora de puntualizar comentarios y supuestas informaciones que habría recabado para sus tíos, Osiris Domínguez y María Assof, sobre sus destinos. También, en aquel momento, sobre Osiris (hijo), el otro primo, acosado por la represión. Recordó haber estado presente en la nochebuena de 1977 en la casa de sus parientes, pero no el “fundamento” de la reunión. Según otros testimonios él habría promovido ese encuentro para recibir a Walter que -según Rolando avisó a Assof- pondrían en  libertad para esa fecha e incluso habría efectuado una llamada telefónica a tal fin. Medroso en sus respuestas al Tribunal y las partes, Rolando sólo dijo que hizo averiguaciones con su superior en la Unidad Regional Inteligencia Oeste de la Fuerza Áerea -Horacio Navarro- que le aseguró que el detenido estaba bien. El testigo adujo que “con el tiempo entendí que era falsa la pista de Navarro”, sin embargo no evaluó su gravedad ante la desesperación de la familia Domínguez.

Rolando -que dijo haber intentado algunos sondeos en vano con excompañeros policías- reveló la endeblez de sus sustentos al afirmar que supo de la existencia de los desaparecidos a través de los medios de comunicación. “Nunca tuve idea de que Walter estuviera en algo, que alguna actitud suya lo involucrara en algo como ser miembro de algo en contra del gobierno del momento”, traslució en su discurrir el pensamiento “antisubversivo” del testigo.

Sobre las funciones de su competencia en la Regional Oeste, Domínguez enumeró: “verificar las medidas de seguridad de las unidades militares, el control de sabotajes y edificios estatales ya que el Gobierno (Provincial) había sido asumido por un Brigadier; la Inteligencia en el conflicto con Chile, es decir, la recolección y análisis de información remitida a las oficinas del edificio Cóndor en Buenos Aires, sobre objetivos estratégicos, militares, poblacionales".

“Amar a mi patria y amar a mi familia”, enfatizó Domínguez entre sus valores, antes de ser “refrescado” por el juez Antonio Burad sobre el escalafón correcto de su construcción aprehendida: “Dios, patria y hogar”. El testigo se conmovió.
Puñetazos al corazón
Julio César Del Monte es licenciado en Ciencias de la Educación y docente. Declaró ante el Tribunal en el marco de la causa 085-M. Conoció a muchos de estos militantes desaparecidos y fue amigo y compañero de huidas de la represión de Osiris Domínguez, hermano de Walter.

A mediados de la década de 1970, Julio terminaba la secundaria y militaba en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), orgánica juvenil-estudiantil que, aunque él no lo supiera a ciencia cierta entonces, estaba asociada al Partido Comunista Marxista Leninista. “Éramos chicos de 17 y 18 años con ideas de la época, de resistencia a lo que estaba ocurriendo en la patria que era la eliminación de todas las libertades, nuestro propósito era sostener y propagar con panfletos y dichos nuestra ideas. Así de simple, pero así de contundente”.

Entre las personas que supo secuestradas en diciembre de 1977, recordó a Walter Domínguez y su compañera Gladys Castro, y a Rodolfo Vera. Con ellos estuvo en un encuentro “de camaradería” en el camping de Luz y Fuerza a comienzos de 1977. “Para nosotros, que éramos chicos, ellos eran todos adultos”.

Entre los que debieron huir de la represión mencionó a Carlos y Oscar Vera -hermanos de Rodolfo-. “No sabíamos qué hacer, cómo protegernos, no teníamos más que a la familia”. También comentó de su amigo Osiris Domínguez, quien le contó lo sucedido con su hermano y su cuñada. Con Osiris huyeron a Buenos Aires (a Capital Federal y a la Costa), luego estuvieron unos días en El Chocón hasta que volvieron a Mendoza en donde decidieron no mantener contacto como modo de supervivencia. Aún corría 1978. También supo de las desapariciones de Cristina D’Amico y María Elena Ferrando y recordó a parte del grupo de militantes que estuvieron detenidos con él: Oscar y Carlos Vera, Mabel D’Amico, Verónica Roatta, Alfredo Irusta.

El 5 de octubre de 1979 a las 11 de la mañana, un agente policial interceptó a Julio Del Monte en calle Alem de la Ciudad de Mendoza -frente al Hospital Central-, le mostró una credencial de la Policía de Mendoza y le dijo que tenía que “acompañarlo”. Con otro agente lo metieron a un Fiat 1100 azul, rural, viejo y ruinoso. Ya adentro comenzaron a golpearlo y le taparon los ojos con un pulover. Cuando les preguntó adónde lo llevaban la respuesta fue “A tu muerte”. Cuando llegó a destino, en un forcejeo pudo destaparse los ojos por unos segundos, entonces vio que estaba en el patio del Palacio Policial, el D2. “Sabía, por lo menos, dónde iba a morir”.

Lo llevaron entre cuatro personas en “andas” mientras le iban pegando en el corazón. Lo “tiraron” en un sótano, lo golpearon. Luego llegó alguien que era jefe y le explicó que estaba allí “por estúpido, por insolente”. Le dijo que su padre “era ferroviario” al igual que el padre de Del Monte, con lo cual demostró tener conocimiento sobre el detenido. En la tarde lo subieron a un calabozo y allí se presentaron quienes lo detuvieron, apuntaron a su cabeza y le dijeron que se merecía morir porque a uno le rompió la campera en el forcejeo. “Fue un largo sufrimiento desde ahí”.

Sus padres fueron a averiguar si Julio estaba en el D2, cosa que les negaron. Varios días después les admitieron que efectivamente estaba allí, pero que “si se les ocurría decir algo, no iba a estar más”. La casa familiar fue allanada dos veces luego de que Julio fuera detenido.

Horas después se encontró con Carlos y Oscar Vera en el D2. Corrieron la misma suerte y compartieron la prisión, Mabel D’Amico, Verónica Roatta y Alfredo Irusta. Estuvo en el D2 hasta mediados de diciembre. Luego lo trasladaron al Penal provincial, en el pabellón 14, “derruido” en “condiciones infrahumanas” donde las torturas fueron otras: “Teníamos un régimen de castigo extremo, sólo podíamos comer algo, dormir cuando nos dejaban; no podíamos leer, salir al patio, trabajar ni jugar”. A veces iban militares -algunos ebrios- y los sacaban al patio desnudos y los denigraban. Había solo un baño sin puerta”. Incluso allí “seguimos siendo desaparecidos”. Compartió ese horror con Ciro Jorge Becerra, quien llegó “muy golpeado en la entrada” luego de haber estado detenido-desaparecido en La Plata.

El 26 de abril de 1980 Del Monte fue liberado luego de un Consejo de Guerra en el cual consideraron que “yo no era tan peligroso y me derivaron a la Justicia Federal”. Del Monte relató cómo se vivió en aquellos años del terror: “Había que ser muy prudentes en manifestarse, había restricción total de la libertad, mostrar simpatía por el Che Guevara era sinónimo de perder la vida. El terror es inimaginable, es mucho más que perder la vida. No eran personas malas, sistematizaron el terror como procedimiento”.

sábado, 22 de septiembre de 2012

085-M: Desapariciones de Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Nélida Tissone y Néstor Carzolio. Lectura Causa 053-M

Los desmadres, las madres
21-09-2012 | Los testimonios en relación a las desapariciones de seis personas -una embarazada- del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) entre el 6 y 9 de diciembre de 1977, que dan cuenta de las persecuciones inter-provincias, plantean que pueda tratarse de un feroz operativo a nivel nacional contra los militantes. La fuerza de las madres en contrapartida.

El secuestro de Alberto Jamilis
La familia Jamilis provenía de La Plata. A mediados de 1977, Alberto Gustavo Jamilis -sociólogo- dejó su ciudad junto a “Mary” -su compañera, embarazada- a raíz de la alerta que le dio un compañero de trabajo acerca de que “habían tomado su departamento”.
Alberto visitaba semanalmente a su hermana Paulina Delia Jamilis, que aportó su mirada. Ella desconocía su actividad política, aunque “por su manera de interpretar la historia y las cosas” considera que era “de pensamiento socialista”. Alberto sobrevivió como pintor y artesano del mimbre en la canastería de Néstor Carzolio, donde realizó el moisés para su hijo, nacido en septiembre de aquel año. Paulina supo que su hermano tuvo cierto tiempo a “un tal Vera como refugiado”.
A las cinco de la mañana del 6 de diciembre de 1977, Paulina fue sorprendida por Mary que desesperada le narró lo vivido horas antes: un grupo de ocho soldados encapuchados y munidos de linternas ingresó pasada la medianoche al domicilio de la pareja, en calle Bernardo Ortiz de Godoy Cruz. Sacaron a Alberto al patio, entre amenazas y gritos acerca de una llave. Mary quedó en la habitación con un conscripto que a cambio de que le indicara dónde había dinero, la ató sin demasiada fuerza a la cama para que pudiera irse con la criatura. Por los vecinos supo que la patota se movilizó en "un falcon y en un camión”.
Mary partió con su hijo a los pocos días. Paulina se ocupó de embalar y remitirles sus pertenencias a Bragado. María Ester, la otra hermana Jamilis, presentó el habeas corpus. Paulina conoció en 1978 a María Domínguez y otras madres de desaparecidos cercanos a su hermano. En 1978 fue citada por la Policía federal tras presentar un escrito al ministro del Interior, Albano Harguindeguy. La respuesta había sido: (Jamilis) “no tiene problemas, cumplió con el Servicio militar obligatorio”. “Antes les tenía terror, ahora los desprecio profundamente”, remarcó Paulina sobre los militares.

Viejo vecino de la calle Bernardo Ortiz, Hugo Dionisio Scaramella relató el episodio que presenció en su barrio en diciembre de 1977, presumiblemente relacionado con la desaparición de Alberto Jamilis. Una noche, cerca de la una, Scaramella oyó gritos de un hombre -“por qué me llevan, no he hecho nada”- y de una mujer. Se asomó y vio que a tres casas de la suya, dos personas arrastraban a un tercero. Los agresores vestían de civil, a cara descubierta y armados, metieron a la persona secuestrada en un vehículo color claro parado en medio de la calle. El testigo notó que había una voz de mando y que se manejaron con proceder castrense. En las esquinas permanecieron otros dos hombres apostados.


Retrato de grupo con señora
Rodolfo Osvaldo Vera, uno de los hijos de Agustina Elcira Corvalán de Vera, fue secuestrado a la una de la mañana del 6 de diciembre de 1977 en la mimbrería de calle Dorrego donde trabajaba y compartía con otros compañeros. La madre contextualizó cómo eran los días de Rodolfo: “El militaba, iba a los barrios, ayudaba a la gente, un tiempo cuidé al hijo de un compañero suyo”, hizo la facultad de arquitectura, trabajó en un estudio, pertenecía al Partido Comunista Marxista Leninista. “Sus hermanos no militaban pero eran todos muy compañeros”, dijo Agustina en relación a sus hijos.

Uno de ellos, Carlos Hugo Vera, y Mirta Irma Hernández -esposa de Rodolfo- también testimoniaron. Plasmaron entre los datos que dibujan al desaparecido y a su historia, vivencias personales ligadas a los hechos. Carlos y Mirta sufrieron la persecución en carne propia, ninguno tenía relación con el PCML. Por intermedio de Rodolfo conocieron a algunos de sus integrantes: Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Jorge Becerra y Susana de Miguel, Alberto Jamilis y Elsa Becerra -todos provenientes de La Plata-, y también Gladys Castro, Adriana Campos, Walter y Osiris Domínguez y “Pele” (Jorge Fonseca).
Para ambos el tormento se inició con la detención de Jorge Becerra, el 23 de diciembre de 1976. La fecha marca el “paso a la clandestinidad” del matrimonio, el comienzo de una persecución incesante para la familia que desembocó en el secuestro de Rodolfo y en la huida de Mirta y un grupo de jóvenes a Buenos Aires.
Dos días después de la detención de Becerra, Rodolfo y Mirta se guarecieron en Rivadavia, en casa de una hermana de Agustina, donde permanecieron hasta mediados del 77. Luego, por motivos de seguridad, Rodolfo se ubicó en una mimbrería que el Partido tenía en Dorrego, y Mirta -con un embarazo avanzado- paró en la casa de Walter Domínguez y Gladys Castro.

Fue la madre, Agustina Corvalán, la que precisó ante el Tribunal tres episodios represivos sobre su familia, previos a la desaparición de Rodolfo:
“Un día mi hijo salió con un amigo, el chico (Jorge Ciro) Becerra, en su camioneta. Rodolfo bajó un rato, al volver notó la camioneta rodeada y se escondió, mientras se llevaban a Jorge y el vehículo”. La Jeep amarilla fue hallada en junio de 1985 en un playón entre el Palacio policial y la antigua Aduana. Según el acta de la escribana actuante, el vehículo estaba deteriorado totalmente y durante cierto lapso estuvo en circulación.
Después fueron a buscar a Rodolfo a la casa familiar -en el Barrio Argumedo, Rodeo de la Cruz-, donde estaban Agustina y su hija de quince años. Más de diez personas en cuatro camiones del Ejército invadieron el vecindario por techos y frentes, “subían por las paredes, cortaron la cuadra. El operativo fue de mañana, revolvieron todo, hasta pocearon el patio, eran militares, de una revista Labores dijeron que era el plano de no se qué”. Después se fueron.
Días más tarde volvieron en dos autos, de noche, agazapados. Esperaron el regreso de Dionisio, esposo de Agustina. Se lo llevaron y maltrataron hasta las cinco de la mañana en el D2. Según Dionisio, el operativo fue efectuado por policías.

El día del secuestro, Rodolfo estaba en la mimbrería. Carlos llegó a las pocas horas, “entraron aparentemente con llave, se habían robado hasta la mercadería”. Semanas más tarde, Mirta, sus cuñados Hugo y Carlos, Osiris Domínguez, María Cristina Damico y otros jóvenes huyeron a Buenos Aires. Deambularon por hoteles alojamiento, lugares que les ofrecían militantes del PCML, hasta que se resguardaron en Bariloche, “la gente con quien nos contactábamos iba desapareciendo” relató Carlos. En el sur el grupo fue interceptado por las fuerzas de seguridad y Carlos trasladado a Mendoza. Pasó por el D2 y luego por la Penitenciaría provincial, corrían los últimos meses de 1979 cuando recuperó la libertad.

“Se llevaban a algunos chicos, por eso teníamos miedo”, dijo Agustina. La madre presentaba los habeas corpus acompañada de sus nietas y nietos, “temblaba por las preguntas que me hacían, a partir de una solicitada por muchos desaparecidos me encontré con toda la gente que buscaba a sus hijos”. Corvalán es integrante de Madres Mendoza casi desde que comenzó la búsqueda por su hijo. Estuvo presente con Madres y otros defensores de los Derechos Humanos en 1978, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “estábamos en la calle, la cola era inmensa, los hinchas del Mundial nos insultaban”. Tiempo antes, en pos de averiguaciones sobre su hijo, un representante de la Iglesia Católica le dijo: “se debe haber ido con alguna mujer, no gaste pólvora en chimangos”. Agustina sigue su lucha. A los diez minutos de haber brindado su testimonio y su voz alta por la sordera del mundo, se sentó con el público -entre abrazos y alegrías- a presenciar la declaración que sucedió a la suya.

Agustina Corvalán: Secuestro y búsqueda de su hijo, Rodolfo Vera  


En La Plata y en Mendoza también
Liliana Tissone vivía en Berisso cuando se enteró del secuestro de su hermana Nélida y de su cuñado Néstor Carzolio. El escueto relato de los vecinos del matrimonio, el silencio, aquello de sus sobrinos maniatados y compartimentados, el secuestro de la camioneta, lo supo por su padre que viajó a Mendoza en los últimos días de 1977 para buscar a los chicos. La mujer pudo dar precisiones sobre la vida que el joven matrimonio tuvo en la localidad platense. Dijo que Néstor trabajaba en Swift y que era delegado gremial, que su hermana se había recibido de maestra con excelentes calificaciones y que sabía que ambos estaban involucrados políticamente. También aportó que Néstor tenía vinculación directa con un dirigente gremial llamado Daniel Egea y que se enteró de que Hugo Carzolio, hermano de Néstor, había llegado muy malherido al hospital de La Plata. Todos estos datos salieron a cuentagotas en medio de un relato descarnado del sufrimiento que la familia Tissone vivió en todos estos años, entre la clausura del silencio y el compromiso con la crianza de los hijos de Nélida y Néstor.

Jorge Rodríguez efectuó la denuncia por la desaparición del matrimonio Carzolio-Tissone. Vivía con su esposa Hilda Abraham y Lucía Tomás -abuela de Hilda-, en la casa colindante a la de la pareja secuestrada. Se enteró del hecho por su esposa y fue ese relato el que expuso en la dependencia policial. Sobre el acto puntual aportó de relevante que en aquella casa sólo vivía el matrimonio con sus hijos y que era común ver a un muchacho que se movilizaba en una moto Zanella. Se supone que éste haya sido Jorge Fonseca.
Las querellas investigan, el Tribunal avanza, un imputado desafía
Una vez hecha pública por Secretaría la incorporación de prueba documental referida a la Causa 077-M, la audiencia había iniciado con la lectura de los autos de la Causa 053-M. Dicha causa indaga las privaciones ilegítimas de la libertad y desapariciones forzadas de la pareja integrada por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción de Martín Antonio, de diez meses de edad, hijo de ambos. Antonia y José fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1977 de su domicilio de calle Gualberto Godoy, en Godoy Cruz. La vivienda fue saqueada. A las 24 horas de producidos los hechos, el niño fue dejado en la puerta de la casa de sus abuelos maternos. Un año y medio antes, la familia había recibido la primera embestida: María Silvia -estudiante de 23 años, hermana de Antonia- fue desaparecida tras un operativo en el que miembros de seguridad irrumpieron en casa de sus padres.
Esta serie de secuestros se relaciona con la Causa 085-M que investiga las desapariciones en diciembre del 77 de otros partidarios del PCML. Está acreditado que en los casos de Alcaráz y Campos intervinieron miembros del D2 y que estuvieron detenidos en ese centro clandestino. Los imputados son Paulino Furió, Juan Garibotte, Alsides Paris, Ricardo Miranda y Aldo Bruno.

Las conexiones entre Causas y la responsabilidad de los “elencos estables” entre los represores se hace cada vez más evidente. En ese sentido, Viviana Beigel, Pablo Salinas y Diego Lavado, representantes por la querella del MEDH, suponen que la caída de los militantes del PCML está vinculada a un operativo nacional contra esa organización fechado entre el 6 y el 7 de diciembre de 1977 y que tuvo como saldo 70 desaparecidos.
En la misma dirección, la abogada Romina Ronda, representante por el Gobierno de la Provincia, pidió sumar como prueba el Legajo Conadep y las “Novedades de parte de guerra" de la Unidad Regional 4ta, donde se consigna como positivo el procedimiento a cargo del mayor Garibotte en el domicilio de Dionisio Vera, el 7 de abril de 1977 a las 22hs.

Finalmente, Antonio González Macías, presidente del Tribunal, solicitó al acusado Fernando Morellato “no tener contacto con el público”. En este sentido enfatizó: “Es la segunda advertencia, no queremos que haya hechos que provoquen decisiones más fuertes”. Incidentes en las escalinatas fueron los que originaron la amonestación.

viernes, 21 de septiembre de 2012

077-M: Desapariciones de Juan José Galamba, Gustavo y Mario Camín, Margarita Dolz y Raúl Gómez. Causa 085-M: Desapariciones de Néstor Carzolio y Nélida Tissone

Compromisos por la verdad
20-09-2012 | Cuatro testimonios claves se conocieron en relación a las desapariciones forzadas de grupos de personas en diciembre de 1977 y mayo de 1978. Sobre Juan José Galamba, Sonnia De Monte trazó el recorrido del cuaderno escrito para sus hijos y resignificó los pueblos y compañeros del sur. Emilio Vernet reconoció pertinencias de los desaparecidos y otros perseguidos antes del Mundial. Dora Gordon aclaró puntos sobre los secuestros de Mario y Gustavo Camín. Hilda Abraham -que cobijó a los hijos de Néstor Carzolio y Nélida Tissone- dio detalles del secuestro de la pareja, en lo que fue el inicio de la ronda testimonial de la Causa 085-M.

Vilma Sonnia De Monte: La inmensidad de los afectos 
Escritora, actriz, docente, Sonnia nació y creció en el “monte virgen” de General Alvear, en la zona rural de Bowen. Eran pueblos donde había la posibilidad de acceder a la Biblioteca, al Centro Cultural de la zona, en espacios donde se aprendía a “compartir, a crear lazos de solidaridad, lugares especiales de gran formación intelectual y política, de acercamiento profundo entre todos”. Para anclar su historia, la de Juan José Galamba y la de “tantos compañeros del sur”, Sonnia cree “inevitable la referencia al origen y a las circunstancias del entorno”, de lo que “ya no sucede, la separación entre la gente y los afectos es inmensa, vivimos lo sufrido, la bibliotecaria sufre una tremenda soledad”.

Sonnia conoció a Juan José -oriundo de “La Marzolina”- por ser amigo de Daniel, su hermano mayor y porque se convirtió en su padrino en la escuela secundaria: ellos fueron “mis referentes, mis maestros, cuando estoy confusa son mi guía aún”, dijo.

Los hermanos De Monte sobrevivían al golpe de 1976 en Mendoza. Por pedido de un compañero de su hermano, Sonnia accedió a establecer una cita con Juan José en clandestinidad, porque portaba algo importante que tenía que proteger. El encuentro se produjo hacia marzo de 1977, en Godoy Cruz, a la vera del zanjón Maure, en las inmediaciones de calles Paso de los Andes, Lorenzini y Antártida Argentina. Lo esperó sentada en el cordón hasta que reconoció su silueta y se acercó a ella. Lo encontró mucho más flaco y con una mirada de tristeza que “no me la olvido nunca, era tan diferente a mi padrino de la secundaria”. Lo primero que él le preguntó era si estaba nerviosa. “Era una mezcla de emociones, de cariño, preocupación”. Finalmente Juan José sacó un cuaderno Gloria y le preguntó si se atrevía a llevárselo, porque era “para sus hijos, me dijo sus nombres, que Alicia estaba detenida”. Sonnia aceptó.

De la actividad de Galamba sólo supo que estaba complicadísimo, hablaron de la desaparición de José Valeriano Quiroga, otro amigo del pueblo -quien se sospecha fue desaparecido en el centro clandestino “El Vesubio”- y de Carlos Oscar Martín. Por trabajos de reconstrucción en los que Sonnia colaboró con el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) y como correctora del libro “Hacerse cargo”, concluyó que para la época Galamba vivía con las compañeras Ana María del Moral -asesinada- y Gisela Tenenbaum -desaparecida-, en calle Italia de Godoy Cruz. Respecto a su lucha y su destino dijo: “Mucho tiempo trató de sobrevivir. Con él hicieron una cruel cacería”.

En 2006, por causa de una marcha en repudio al treinta aniversario del terrorismo de Estado, Sonnia conoció a Alicia Morales y sus hijos. “Respiré más tranquila porque supe que el cuaderno llegó, recién ahí lo pude leer, ellos me lo permitieron. Relaciono con el principio, con afectos inconmesurables, nada de cuestiones heroicas entre tanto horror, simplemente responder a un afecto, como a alguien de mi familia, su familia”.

De Monte, su hermano Daniel y un amigo suyo, Eduardo Caranza, fueron detenidos ilegalmente una madrugada de noviembre de 1977, en su departamento de calle México de Godoy Cruz. Fueron llevados a la comisaría 27, en un camión del Ejército, por personal de la VIII Brigada de Infantería de montaña. La casa “fue dada vuelta”. Una vez separados por celdas, llevaron a Sonnia a una oficina en donde estaba el que comandaba al personal policial, un teniente que le hizo preguntas despreciables, agresiones verbales de índole sexual y la tironeó de los brazos para ver si tenía pinchazos. Le dijo que probablemente ella y Caranza saldrían, pero no Daniel: si no tenían nada, lo iban a acusar por prostituirla. De nuevo en la celda, un policía ingresó y la amenazó con provocaciones agraviantes. A la noche fueron liberados. Tres citaciones de la 27 recibió luego Sonnia: en la primera se le presentó el oficial que la había agredido, a la segunda no fue y en la tercera -en pleno curso de inglés de los policías en vísperas del Mundial 1978- el comisario minimizó las denuncias de la joven.

Las amenazas sufridas por su familia no cejaron hasta hoy. Sonnia repasó el lejano llamado telefónico anónimo recibido por sus padres, que decía que ellos estaban detenidos. Su padre logró que el operador le diera el origen del llamado: la vecina Nelly Emilio, delegada municipal hasta no hace mucho tiempo en Bowen. “Con el terror espantoso crecimos todos, pero sobre todo mi hermano menor. La persecución ideológica en los pueblos chicos, por portación ideológica es muy fuerte”. Por último agregó que Fernando Enrique De Rosas –instructor del Centro de capacitación contrasubversivo en 1978- y su esposa, la increparon en su lugar de trabajo en 2011.

Último encuentro con Juan José Galamba

Persecuciones





Dora Gordon: Los cuentos
La doctora Gordon, madre de Mario Camín y ex esposa de Gustavo, asistió con 91 años a testimoniar por sus desapariciones. El Tribunal resolvió dar lectura de las sucesivas denuncias y declaraciones efectuadas por la testigo ante la Justicia Federal y la CONADEP. De ello Gordon ratificó:

Mario y Gustavo fueron secuestrados la noche del 22 de mayo de 1978. Primero su hijo -que había salido en auto rumbo al cursado nocturno en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- e inmediatamente después -hacia las 22:30 hs- Gustavo, en el departamento allanado y saqueado de calle Patricias Mendocinas. Dora supo lo sucedido por una empleada suya y por Ana María Del Olio. Días posteriores un llamado anónimo de un estudiante de la UTN le informó que cuatro personas abordaron a Mario en la playa de estacionamiento de la Facultad, dos se lo llevaron en un vehículo y los otros se fueron en el R6 hacia el departamento, presuntamente tras el padre. “Al auto se lo llevó la policía. Como a las cosas de valor, se repartían todo, se repartían los hijos”, señaló Dora, que también aseveró que un sobreviviente del D2 habría visto a Mario en ese centro clandestino. En 1985 Gordon declaró que el anónimo no había sido tal, sino que la llamada telefónica la hizo Alberto “Cholo” Monserrat, testigo junto a Horacio Liendro del secuestro en la UTN.

La búsqueda de la mujer estuvo desde entonces entorpecida por mentiras, pistas falsas, “cuentos” y abusos de agentes de la represión y de civiles tras su dinero. Mario “Gordo” “Calefón” Ferri -ligado a las esferas militares- traía “buenas noticias” a los familiares en 1979: los Camín estaban “en La Plata, próximos a disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional”. El funcionario del Ministerio del Interior, Eduardo Manolio, le confirmó el “dato” a través de un listado de sobrevivientes. El Comandante Julio Francisco Sosa dijo a Dora: “los tenemos, están en Córdoba, en La Ribera o en La Perla”. En la Compañía de Comunicaciones, el sargento Eduardo “Bomba” Romero le insinuó que ambos estaban muertos. “Jugaban con la desesperación”, resumió Dora.

Emilio Vernet: Desde adentro
Vernet prestó testimonio en el marco de las indagaciones por los secuestros y desapariciones de Gustavo y Mario Camín, Margarita Dolz y Raúl Oscar Gómez. Ex-estudiante de la UTN, fue compañero y amigo de Juan José Galamba -con el que confluyeron acercándose en la Juventud Universitaria Peronista (JUP)-, Margarita Dolz, Alfredo Escámez, Gisela Tenenbaum, Alejandro Dolz, Osvaldo Rosales, Daniel Romero, Ignacio Mamaní, Víctor Hugo Herrera: “pasamos hermosos momentos con asados, fiestas, teníamos participación política", relató. El grupo se conocía de la UTN y del Partido Socialista de Vanguardia (PSV). Fue vecino de Mario Camín y sabía de su amistad con Galamba.

Sobre los años en la UTN, Vernet recordó que formaron una agrupación en la facultad, en referencia a AUP. Ratificó la presencia de grupos de ultraderecha como la CNU -Concentración Nacional Universitaria- y recordó integrantes: “Roberto Lucas, Fredy Fernández, (un joven de apellido) Mendoza, Jean Paul Burlot y Oscar Vallardi". No le "consta" que hayan brindado información para operativos, sin embargo "no tiene dudas" que debió ser así: “Iban armados, metían miedo, ¿quién pudo matar a Mario Susso y Susana Bermejillo?, eso venía de adentro de la facultad”. A mediados de 1976 recibió las peores novedades: el secuestro de Alicia Morales y otras personas que estaban con ella, la detención de Eduardo Morales -su cuñado- en un operativo que lo tenía a él como objetivo, también "que mataron a Francisco Urondo".

Isabel Navarro -esposa de Vernet- y Susana -hermana de Isabel- también conocieron a Galamba. Sus padres le facilitaron pasar noches en el auto porque la casa ya había sido allanada ilegalmente. Para entonces -fines de junio de 1976- Emilio e Isabel huyeron de la persecución de las fuerzas represivas.

Sobre el secuestro de su amigo sabe lo que después consideró: "Tengo la sensación de que quienes militamos en el PSV prestamos el cuerpo" por todo lo sucedido en 1978. Dijo que "encontrar a Galamba" no podía ser la única conexión, por eso relacionó los operativos con la preparación del Mundial. Con marcada emoción, el testigo expresó: "Galamba era un hombre... un muchacho que sólo quería sobrevivir".

El destino de los compañeros, el Mundial y Galamba que quería sobrevivir


Hilda Abraham: Operativo “Escoba”
Comenzaron los testimonios por la causa 085, por la cual está imputado Paulino Enrique Furió, entonces Jefe de Inteligencia del Ejército con funciones en el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. El represor presencia las audiencias mediante videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura. En la causa se investigan las desapariciones del matrimonio de Néstor Carzolio y Nélida Tissone; de Alberto Jamilis, Rodolfo Vera; y de Walter Domínguez y su esposa Gladys Castro, embarazada de 6 meses.

Romina Ronda, abogada querellante por el gobierno de Mendoza, sumó a las fotos de las víctimas que constan en la causa, una imagen del también desaparecido Jorge Fonseca. Se intentará probar que todo el grupo fue víctima de un único y mismo operativo nacional denominado "Operativo Escoba" que tuvo como objetivo a militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML).

El primer testimonio lo brindó Hilda Fanny Abraham Torres, que vivía con su abuela, en calle Boulogne Sur Mer de Godoy Cruz. En la parte posterior de su casa, en un departamento, vivían Néstor Carzolio y Nélida Tissone con sus dos hijos. Carzolio y Tissone eran oriundos de Berisso, provincia de Buenos Aires, llegaron en 1976 a Mendoza. Néstor montó una mimbrería en Guaymallén, lugar que hizo las veces de sede del PCML. Nélida era docente.

El 5 de diciembre de 1977 fueron secuestrados de su domicilio. Alrededor de las 21.30, un grupo de personas de civil, disfrazadas y armadas interceptaron a Nélida cuando volvía a su casa con su hija de 6 años. Las amordazaron y metieron en la casa. Néstor y el hijo de 2 años corrieron la misma suerte. El departamento fue saqueado. Al momento del secuestro, en la casa de adelante estaba Lucía Tomás, abuela de Hilda, muy asustada. Dijo a su nieta que los secuestradores se llevaron al matrimonio en la camioneta Peugeot blanca de ellos. Allí también subieron la moto de un visitante ocasional de la pareja. En un visado de las fotos de las víctimas, Hilda reconoció que el visitante "podría" tratarse de Jorge Fonseca. Hilda -embarazada en ese momento- corrió al departamento vecino y encontró a los hermanitos acurrucados y muy quietos, con la boca encintada. Los llevó a su casa. Más tarde hizo la denuncia en la Seccional 27 de la Policía de Mendoza, según consta en el libro de novedades.

El hijo y la hija de Néstor y Nélida quedaron a cargo de Hilda -a través de su madre porque ella era menor de edad- hasta que ubicaron a la familia de Nélida, en Berisso. Hasta hace una década atrás, Hilda conservó el contacto con la madre de Nélida. En reiteradas ocasiones, la familia Tissone agradeció a Hilda todo lo que hizo por la niña y el niño, cómo los cuidó y rescató.

El secuestro de Carzolio y Tissone y el destino de sus hijos