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viernes, 15 de marzo de 2013

075-M: Desapariciones de Blanca Santamaría, Roberto Blanco, Oscar Ramos, Daniel Iturgay, Miguel Poinsteau y Ángeles Gutiérrez. Contraréplica de la defensa privada de Morellato. Alegatos de la Defensa Oficial

La paridad 
14-03-13 | El Tribunal accedió al pedido que la semana anterior hizo Ariel Civit, defensor particular del imputado por las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay, Fernando Morellato. La contrarréplica en cuestión fue motivada por el mismo defensor a fin de dilatar el inminente fallo que recaerá sobre su defendido. La defensa oficial libró de culpa y cargo a Furió, Oyarzábal y Fernández.

Por momentos, el alegato de Ariel Civit traspasó límites del “ataque procesal”, provocando la respuesta del Fiscal Dante Vega y el nuevo artilugio del defensor. No varió un ápice la conducta del abogado, pareció alegar de nuevo (lo cual no está permitido en esta instancia), generó otra vez revuelo en la sala y obligó a la intervención del Tribunal.

Poco fue lo que contraargumentó, ya que incurrió en las apreciaciones previas: “Se exagera que haya comparado el enfoque del Ministerio Público con el terrorismo de Estado. Se trata de una crítica” dijo Civit despreocupado por tamaña acusación. “Hay un discurso monolítico respecto a la aparente detención de Ramos e Iturgay, no se tiene en cuenta la referencia de la señora Di Mateo -sobre la versión de Ramos en el Penal. Tampoco dije yo -como afirma el representante del Ministerio Público- que Iturgay haya muerto en Chile. Dije que en base a las declaraciones de Gladys Iturgay, por comentarios de parientes suyos provenientes de Chile, hay indicios de otras pistas”. A continuación palabras de Civit en el alegato del pasado 8 de marzo en donde sí afirma que Iturgay cayó en Chile:

 

"Haber estado en un espacio con una persona -o dos- no puede fundar autoría sobre los hechos” dijo el defensor del agente de Motorizada que participó de varios operativos en el marco de la denominada “lucha antisubversiva”. “Morellato dijo que estuvo dos horas, no más con los detenidos”, también había dicho que cometió el error de ni siquiera ir a verlos... Civit también intentó retrucar al doctor Pablo Salinas, querellante en representación del MEDH. Para eso desnudó del todo su versión del Derecho y de los derechos: “Mi ataque procesal era una crítica, nada más. Yo no pretendo silenciar a nadie, a ninguna de las partes. Tampoco impugné, ataco el modo”. Civit cuestiona la cantidad de abogados que actúan en las representaciones acusadoras: “Llamo la atención, de lo contrario estaríamos atacando el derecho de paridad de armas, de igualdad de armas”. El autodenominado "bravo", el abogado particular de Morellato, corrió el velo de respeto que se vivió entre las partes durante todo el juicio:

   

Señores de los hechos 
La Defensoría, mediante el doctor Alejo Amuchástegui, ejerció con su alegato la representación de los imputados Paulino Enrique Furió -responsable de la Inteligencia del Ejército-, Juan Agustín Oyarzábal -Jefe Segundo del D2- y Armando Osvaldo Fernández -enlace de Inteligencia de ese centro clandestino-. Oyarzábal está imputado por las seis desapariciones ocurridas entre el 1 de abril de 1976 y el 20 de abril de 1977. Fernández sólo por la primera en orden cronológico: Roberto Blanco. Furió sólo por la última: Ángeles Gutiérrez de Moyano.

Amuchástegui hizo una reconstrucción sintética de los hechos, su acento se trasladó al análisis de la responsabilidad de los imputados de acuerdo a interpretaciones distintas que de la jurisprudencia y literatura del campo hicieron la Fiscalía y las querellas. Los parámetros para rebatir las acusaciones fueron medidos aunque cayeron en el tradicional deslinde de responsabilidades: siempre para arriba o para abajo o a los costados, desentendiéndose del accionar conjunto de las fuerzas en cada una de las etapas del aniquilamiento, así como de las funciones imprescindibles en todos los eslabones de las cadenas de mando y ejecuciones para llevarlo a cabo. Así, si el imputado es policía el hecho lo comete el Ejército -y viceversa-; si es de “rango menor” no tiene incidencia y si es “jefe” no tiene dominio sobre sus subordinados. En cualquier caso, producto de la atomización de las causas que con insistencia reconvinieron fiscales y querellantes.

Puntuó Amuchastegui
Sobre Fernández en el caso Blanco: “Está imputado porque su apellido fue mencionado por el testigo Héctor Salcedo -que no lo reconoció ni fotográficamente en el álbum del D2 ni presencialmente- y porque cumplía funciones en el D2. ‘El policía gordito de unos 35 años, con cara redonda’ que escoltó a Blanco desde la UNCuyo no es Fernández. Como tampoco es prueba de cargo el apellido del defendido. La teoría del llamado telefónico, considerada prueba esencial de las acusatorias tampoco puede acreditarse, ni siquiera la atendió Nora Cadelago, sino su padre”. Cadelago no menciona a “Fernández” ni en instrucción ni en el debate como alguien a quien conociera, sólo la referencia de su padre sobre que alguien presentado así citó a Blanco al D2.

Agregó el abogado: “Blanco acudió de manera voluntaria al D2 tras la entrevista en la UNCuyo el 30 de marzo de 1976. La responsabilidad del acusado sólo es latente”.

Sobre Oyarzábal en el caso Santamaría: Por dichos de testigos, el operativo contra Blanca Graciela Santamaría tiene fuerte impronta del Ejército. Tampoco hay testigos ni elementos de prueba de que la víctima haya estado en el D2. El Libro de Devoluciones del D5 registra la devolución del prontuario de Blanca el 18 de mayo de 1978, casi dos años después del secuestro, “no representa siquiera indicio que pruebe la participación del D2, siendo que no consta fecha en que se lo solicitó”. La vecindad de la madre de Oyarzábal con la familia Santamaría “no sugiere datos relevantes”.

Sobre Oyarzábal en el caso Poinsteau: “por testimonios de vecinos, el operativo lo realizó el Ejército”. La madre de Miguel Alfredo Poinsteau da cuenta de que en una entrevista el Inspector García le habría exhibido documentación en la que se indicaba que su hijo había estado detenido en el VIII Comando de Infantería de Montaña. “De máxime partícipe secundario”, deslizó Amuchástegui sobre la responsabilidad de su defendido en relación a las seis causas.

Sobre Oyarzábal en el caso Ramos-Iturgay: “Consta que fueron detenidos por personal del Cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza el 5 de noviembre de 1976, robando un vehículo y con las identidades de Olivera e Inchaurraga. Tras sus traslados a Motorizada los retiró el Jefe del D2, Sánchez Camargo. La situación de ambos era la clandestinidad, Oscar Ramos por su militancia en Montoneros y Daniel Iturgay por desertor del Ejército, donde fue maltratado. Es todo lo que se sabe, sin testimonios de sobrevivientes que demuestren su paso por el D2. Como a Santamaría y a Gutiérrez, nadie los vio ni en calabozos u otras dependencias”.

Sobre Oyarzábal en el caso Gutiérrez: “si bien el operativo presenta más indicios de haber sido efectuado por personal policial que del Ejército, no hay rastros del paso de la víctima por el D2”. En la suma de los hechos, ni Fiscalía ni querellas pudieron fundar la responsabilidad de Oyarzábal, más allá del cargo que el imputado ejercía, del que se desprende por sus funciones, lugar desde el cual “no tenía poder efectivo, ni dominio de los hechos ni de sus subordinados. Ocupaba tareas administrativas, más allá de su accionar como Secretario o Instructor en algunos legajos. Tampoco fue reconocido por nadie durante el transcurso del debate. Era el Jefe, Sánchez Camargo, que “por loco y desconfiado asumía personalmente todo el mando, las decisiones y el control”.

Sobre Furió en el caso Gutiérrez: “Nada acredita la participación ni en el secuestro ni desaparición de la víctima. Respecto a la persecución previa y las tareas de inteligencia, no hay elementos que indiquen que el imputado participó de ellas”.

Amuchástegui desempolvó la “Orden Reservada 239”: un documento militar que daba orden formal y efectiva a la estructura de poder de las fuerzas conjuntas: “Maradona -Ejército-, Santuccione -Policía Provincial- y Sánchez Camargo -D2-, eran quienes definían todo respecto a la represión. “El autor de atrás, de escritorio, mediato, lo hace -al responsable- señor del hecho, aquél que en algún momento tuvo la posibilidad de decidir seguir o detenerse en la comisión del delito. Se podría imputar o señalar a Maradona o al mismo Menéndez, pero no a Oyarzábal”.

En consecuencia, encuadró “su participación subsidiaria como partícipe secundario”. Y la hizo extensiva a Fernández y Furió, tanto como el pedido primero de absolución de los tres. ¿No era eso la obediencia debida?

sábado, 3 de noviembre de 2012

075-M: Desapariciones de Miguel Poinsteau, Blanca Santamaría, Oscar Ramos y Oscar Iturgay

Obstinada verdad
02-11-2012 | Desde posiciones muy diversas respecto al terrorismo de Estado los hermanos Santamaría relataron el día después de la desaparición de Blanca Graciela: mientras María Florencia permanecía siete años detenida, Luis Beltrán hacía carrera como abogado sin pulsar resortes en la Justicia Federal por la vida de su hermana. Rosa Gómez y Víctor Cuello dieron cuenta de los días finales de Miguel Alfredo Poinsteau, secuestrado, torturado y desaparecido en el D2.

Por las celdas del D2
“Estuve nueve meses en el D2, escuché muchas cosas, vi a muchos compañeros pasar. Conocí el manejo de los espacios, las celdas. Conocí a los policías por sus olores, por el manejo de las llaves, cuando venían con una sola sabía que venían por mí”. Tal la experiencia que vivió Rosa del Carmen Gómez, testigo presencial del paso de Miguel Alfredo Poinsteau Newman, detenido y quizás asesinado en el centro clandestino situado en el Palacio policial.

Rosa Gómez estuvo secuestrada desde el primero de junio de 1976 hasta principios de febrero de 1977. En el vehículo que la trasladaron iban Manuel Bustos -“Mechón Blanco”- y Julio Lapaz, dos de sus torturadores en el D2. “No entendía qué pasaba, me hacían interrogatorios de los que ni remota idea tenía, estaba en un sótano que era todo un lamento, gente tirada en el piso. Tras la primera tortura vino la primera violación. Junio y julio fueron los meses más terribles, a (Rosario Aníbal) Torres y a mi compañero Ricardo Sánchez Coronel los mataban por defenderme después de lo que me hacían. La resistencia no tenía sentido, lo mismo me ataban de pies y manos. Me violaron en las celdas, en los baños, en la sala de torturas, mi alma ya no estaba en mí, era un cuerpo, era imposible”.

“Para noviembre del 76 no había presos en el D2, la única que estaba era yo”, explicó Rosa. Primero pasó “una chica rubia que era profesora o maestra y a la cual se la llevó un hombre rubio”. El posterior reconocimiento fotográfico permitió dilucidar que se trataba de Elsa Guadalupe Sedrán de Carullo. Luego cayó el grupo de Víctor Cuello, Miguel Poinsteau, Laura Marchevsky y Rubén Rizzi.

Miguel Poinsteau fue secuestrado el 4 de noviembre de 1976, ingresaron en su casa y después de varios destrozos se lo llevaron al Departamento de Investigaciones. El fiscal Dante Vega hizo constar por registros previos que Poinsteau y Cuello ya habían sido detenidos en otra oportunidad en el D2, el 10 de junio de 1975. Gómez -que reconoció a Poinsteau en su anterior testimonio- asegura que para los primeros días de noviembre del 76 estuvo en contacto con él y Cuello, en el área de celdas del D2. Más de treinta años después, conoció el nombre -a través de un encuentro con Facundo, hijo de Cuello, en motivo del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael en 2010- de quien desesperado, según ella, se ahorcó en el interior de su celda.

La testigo narró que llegaron a la madrugada y en el transcurso de medio día, Poinsteau fue torturado tres veces: “Estaba con mucho terror de que viniera una cuarta sesión de tortura, tenía mucho miedo, no había forma de sacárselo. Para tranquilizarlo le dije que si comía y tomaba agua todo iba a estar bien. Cuchicheaban con Cuello. En un momento escuché dos o tres golpes secos en la parte media de una de las puertas de las celdas y agua que caía al suelo”. Rosa entendió que Miguel se había ahorcado, entonces empezó a patalear y a gritar “¡el seis, el seis! Llegaron los guardias y “Caballo Loco” abrió la celda número seis. Luego escuchó al mismo guardia decir “¿qué hiciste hijo de puta?”. Corridas, órdenes, cierres relámpago de mirillas. Nunca pudo saber con certeza qué sucedió. Rosa asegura que Miguel se suicidó ese día: “Los milicos se movieron rápido, algo grave había ocurrido”.

Víctor Vicente Cuello supone que a Miguel Poinsteau se lo llevaron del D2 con vida. Estaban alojados en celdas contiguas cuando escuchó que lo sacaban los guardias. La secuencia comenzó cuando Víctor se percató de que su amigo no estaba bien y pidió “ayuda”, “de pronto no lo escuché más, entendí que estaba con un ataque de asma” describió. Días después le certificaron “del lugar en donde está es difícil que vuelva”.

Víctor fue detenido en su domicilio el 4 de noviembre de 1976 por tres policías entre los que distinguió al “Ruso”, Eduardo Smaha. En el D2, lo interrogaron, lo torturaron, le hicieron señalar bajo amenaza de muerte fotografías de compañeros. En todas esas sesiones estuvo presente “El porteño”, que según sus percepciones era el propio Pedro Sánchez Camargo, jefe del D2.

Su estadía en ese centro clandestino de detención se extendió por un mes, además de Miguel Poinsteau, estaban alojados por esos días, Rosa Gómez, Laura Marchevsky, Rubén Rizzi, y aunque no la vio, supo que por esos días también estuvo Elsa Guadalupe Sedrán de Carullo. Excepto Gómez, todos los demás estaban dentro de la órbita de Montoneros.

Detalló diferentes pasajes vividos en esos años para retratar el despliegue del aparato represivo y el trabajo de inteligencia que se extendía por fuera de las fuerzas de seguridad. “Tenían datos muy precisos de todos, conocían cada célula y a cada uno de sus integrantes” afirmó.

Víctor recorrió el tortuoso circuito que sufrió gran parte de los presos políticos de Mendoza: D2, Penitenciaría, La Plata, Mendoza -Consejo de guerra-, La Plata. Salió a fines del 77. Una suerte con la que no corrió Miguel, que a pocas horas de encontrarse en el D2 le dijo: “de esta no salgo”.


El poder absoluto
Al igual que su madre -Blanca Lidia Calderón- y el vecino Héctor Toledo, María Florencia Santamaría afirmó conocer entre los imputados a Juan Agustín Oyarzábal porque el policía vivía frente a la casa de sus padres, de donde fue secuestrada su hermana Blanca Graciela el 15 de mayo de 1976, sin que se conozcan precisiones sobre dónde se la llevaron ni qué hicieron con ella. Florencia se enteró mucho después de la desaparición de Blanca, ella misma estaba detenida e incomunicada en la Penitenciaría Provincial desde abril del año anterior. Recién lo supo una vez trasladada a Devoto, ante la primera visita de Blanca Lidia, “mi mamá me cuenta que la habían desaparecido, que la habían sacado de casa”.

Ya en libertad, “mi familia no sabía mucho más, mi padre hizo averiguaciones, nunca más hubo noticias, sólo el rumor de una vecina cuyo marido militar había visto en alguna noche a Blanca en el Comando, en camisón y descalza”. Respecto a Osvaldo Zuin, que logró escapar de la casa de los Santamaría la noche del secuestro, Florencia señaló: “figura como uno de los que después pasó por Campo Las Lajas”.

Florencia es un año mayor que su hermana. Es médica. Ambas estudiaban, militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, participaban en la actividad universitaria. Fue detenida en un operativo en Las Heras por el cual no logró ver ni a sus captores ni el despliegue, sólo algunos uniformes verdes. Fue llevada a la comisaría 16. Estuvo presa en distintos penales hasta julio de 1982, cuando quedó definitivamente en libertad.

De los compañeros y compañeras de militancia, afirmó recordar al matrimonio de Víctor Sabattini y Lucía Allegrini, Silvia Campos, Graciela Leda, Eugenio París, Daniel Moyano, los hermanos Bustamante. “¿Reuniones políticas en casa? difícil, mi papá era de derecha, él era del Partido Demócrata, nosotros vivíamos su militancia política, uno aprende también de esas cosas”, agregó.

Florencia Santamaría fue consultada para que dé su hipótesis respecto a la relación de los diferentes destinos con su hermana, dijo: “Tiene que ver con el momento del desarrollo represivo en Argentina. Yo fui detenida en abril de 1975, había algunas normas de legalidad, mínimas, pero había. Hacia diciembre de ese año se hace cargo el Ejército y ya no había marco de legalidad. Tenían poder absoluto, eran una banda de delincuentes que mataban, secuestraban, torturaban sin rendir cuentas a nadie, con la anuencia de los Tribunales Federales, como en el caso de mi hermana, por la que presentamos un habeas corpus con firma de mi hermano, y el (entonces) juez Luis Miret lo rechazó. Alguien tenía que tener a mi hermana”.

Para conocer en detalle cuáles fueron las averiguaciones que pudieron hacer los familiares directos de Blanca Graciela, fue citado a declarar Luis Beltrán Santamaría, su hermano mayor.

En el momento del secuestro ya se desempeñaba como abogado. Fue él quien redactó el habeas corpus que rechazó Luis Miret como miembro de la Cámara Federal, alegando que las fuerzas de seguridad no estaban vinculadas al hecho. Este no fue el único intento frustrado de la familia por averiguar el paradero; sin embargo el testigo reveló un llamativo desapego a la búsqueda.

Si bien perteneció a círculos en donde, se supone, circulaba información sobre los desaparecidos, Luis Santamaría se apartó del tema. Hizo su secundaria en el Liceo General Espejo. Desde 1972 pertenece al Partido Demócrata -brazo político administrativo de la dictadura militar, aún en democracia-, mantuvo contacto cercano con letrados identificados como cómplices de la dictadura, no obstante su desconocimiento se mantiene intacto hace 35 años. “No tuve esa preocupación” respondió reiteradas veces.
Consultado por su vínculo con los camaristas Miret y Romano -ambos destituidos por complicidad en delitos de lesa humanidad- dijo que con ellos tuvo relaciones profesionales pero con el ex juez prófugo de la justicia lo une una relación más personal.

Como cierre de su testimonio eligió remarcar que como conjuez le hizo lugar a la medida cautelar que presentó Miret luego de que fuera expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo, por cómplice de la represión, por razones que le competen como funcionario judicial.

Una más y van…
Ni el imputado Fernando Morellato -que pidió permiso para ausentarse- ni sus defensores presenciaron puntualmente el debate vinculado a los hechos que al ex policía se le atribuyen. El fiscal Vega pidió se asegure tanto la presencia de los abogados defensores del acusado como la del mismo imputado. A su vez, las querellas reforzaron el pedido respecto a que los imputados estén presentes en la sala, maximizar los controles médicos y sumar al cuerpo de médicos un profesional que represente a los organismos de Derechos Humanos.