19-09-2013| Organismos de derechos humanos de Mendoza
realizaron un acto público en la explanada de la sede judicial, y entregaron
una carta abierta demandando que causas que implican un centenar de víctimas y
alrededor de 40 imputados se incorporen al juicio estipulado para el 11 de
noviembre próximo. Hasta esa fecha, se realizarán concentraciones en el mismo
lugar todos los jueves a las 12 para sostener el pedido.
A continuación, el texto entregado
a agentes judiciales:
¡Unificación
de las Causas y Justicia Ya!
Los organismos de Derechos
Humanos continuamos nuestra lucha por Memoria,
Verdad y Justicia.
Los años de complicidad de algunos
importantes sectores de la Justicia Federal con los responsables del Terrorismo
de Estado significaron la demora de los juicios, la fuga o muerte de inculpados
y la pérdida de pruebas y testimonios.
En nuestra provincia, el
camino que hemos transitado estuvo lleno de obstáculos:
- Los
juicios se iniciaron en 2010, tres años después que comenzaran a desarrollarse
por todo el país.
- Desde
la etapa de instrucción, fue necesario emprender una campaña de denuncia contra
los jueces y camaristas que colaboraron con la dictadura, enquistados en la
Justicia federal, porque entorpecían la tarea.
- Por distintos motivos, son
escasos los resultados para dar con los cuerpos de los desaparecidos y
desaparecidos en nuestra provincia y nos seguimos preguntando: ¿Dónde están?
- Atravesamos varias
frustraciones; por un lado, la muerte o apartamiento de los jefes de la
represión que hicieron caer numerosas causas durante el debate; por otro lado,
Cuyo tiene el record nacional de prófugos, solo la provincia cuenta con 20
procesados que se evaporaron. Este y otros indicios nos permiten sospechar que
existe una red de complicidades a las que la ley no alcanza.
- Después
de la sentencia del Tercer Juicio, escuchada en marzo de este año, y a
contrapelo del ritmo acelerado que viene mostrando la Justicia Federal en otras
capitales, no se procuró un nuevo Juicio. Solo está propuesto un debate para
noviembre con un solo imputado y una causa ya conocida y tratada en el último
juicio. La única variante es que, por los mismos hechos, se acusa a un nuevo
responsable: Enrique Gómez Saa.
Mientras tanto, nuestros abogados y
el Ministerio Fiscal pidieron la acumulación de más de diez causas que
comprenden un centenar de víctimas y alrededor de cuarenta imputados, ya listas
para ser tratadas. Urge que la Justicia Federal adopte este criterio. El
tratamiento de una causa con un imputado, en juicio oral y público,
significaría una nueva dilación no justificada y un desgaste innecesario
de justicia.
Por lo expuesto, solicitamos
arbitren los medios para que en el curso de este año 2013, se inicie un Juicio
con las causas en condiciones de entrar a debate que involucran a civiles,
fuerzas armadas y de seguridad
Esperamos que la Justicia Federal
dé una clara señal hacia los sectores cómplices de la Dictadura que alientan el
olvido y, a la vez, un mensaje esperanzador hacia quienes venimos luchando a
través de los años por Memoria Verdad y Justicia.
Madres de Plaza de Mayo - Familiares de
detenidos-desaparecidos – Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra
el Olvido y el Silencio –Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Liga
Argentina por los Derechos del Hombre – Casa por la Memoria y la Cultura
Popular – Asociación de Expresas y Presos Políticos
22-02-2013 | Esto lo
afirmó la fiscal Patricia Santoni durante sus alegatos por los casos de Roberto
Blanco, Blanca Graciela Santamaría y Miguel Alfredo Poinsteau agrupados en la
Causa 075-M. Se investigan además las desapariciones de Oscar Julio Ramos,
Oscar Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez de Moyano. Por los dos primeros alegó
el fiscal Dante Vega, por la tercera se continuará desde la próxima audiencia del 7 de marzo.
“Quien
piense que el D2 era el único aparato organizado de poder durante el
terrorismo de Estado en Mendoza se equivoca” comenzó el fiscal. “Era el
principal dentro de la policía, pero cuando hacía falta acudía a otros aparatos
organizados de poder para que le brindaran auxilio en la faena represiva”. Ya están comprobados “los operativos conjuntos en
el plan sistemático de desaparición de personas: fuerzas armadas y de seguridad actuaban a la par” señaló Dante Vega
en una introducción general a todos los casos.
Roberto Blanco Fernández: Una cuestión de presiones
La Dra.
Patricia Santoni repasó: en 1976 Roberto Blanco Fernández trabajaba
en la jefatura de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Provincia; y era
dueño del Hotel Derby en sociedad con Roberto Jaliff y Felipe Sampietro -presumiblemente
informante de la policía-. Allí fue apresado el 18 de enero de 1976, junto a Héctor
Salcedo y Jaliff, los tres provenientes de las filas de la Juventud
Sindical Peronista. El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones
de la Policía Provincial y fueron detenidos en el D2, luego trasladados a la
Unidad Regional Primera y liberados el 23 de enero. Blanco fue ferozmente
castigado en los sótanos del D2, como atestiguaron miembros del Partido
Auténtico, allí detenidos.
Blanco aseveró a Salcedo que los represores eran de Investigaciones
-agentes que el grupo conocía próximos a su entorno- y que en la salvaje
tortura todas las preguntas giraban alrededor de Juan Basilio Sgroi,
antecesor suyo en Tránsito y detenido ilegalmente desde fines de 1975 junto a
sus allegados Carlos Alberto Gómez, Salomón Fioretti y Ricardo
Puga. Oyeron sus gritos con acento cordobés y pudieron observarlo
“totalmente golpeado, en el piso, parecía una vaca por la hinchazón”. Su novia,
Nora Amira Cadelago intervino con contactos de su padre y fue liberado.
El reencuentro fue un shock: “Parecía un monstruo, morado, reventado,
destruido, con rastros de la violencia. Callaba cosas, cuando contaba lloraba. Se
masajeaban mutuamente las heridas con Sgroi”. “Queda acreditado que el seguimiento, detención y aplicación de
tormentos fueron ejecutados por el accionar conjunto de las fuerzas: personal
de la Unidad Regional 1ª, Operaciones -D3- e Investigaciones -D2- de la Policía
Provincial. Otra certeza: el atentado previo a la Comisaría 1ª y el asesinato
del policía Cuello fueron excusas para perseguir a Blanco”. La atipicidad del
doble procedimiento en su contra lo corrobora. Tras la liberación, Blanco obtuvo una licencia de 60 días para recuperarse
y tuvo encuentros con jerarcas y contactos militares a fin de esclarecer su
situación. Así mantuvo con el entonces jefe de la Policía de Mendoza, Julio César Santuccione, una “reunión
atroz”. “Estamos para hacer la limpieza, sacar la mugre” le dijo a Blanco,
quien con sus amigos estaban alertados: “el golpe de Estado es inminente”. El 29 de marzo, Armando Osvaldo Fernández Miranda, enlace operativo del
D2 y quien recurrentemente lo vigilaba, acompañó a Blanco al Palacio policial
para “renovar” su ficha. Así consta en el registro fotográfico de
Criminalística del D2, donde se anotaba hasta el número del rollo de negativos
de las tomas que se hacían: el negativo 15688 pertenece a Roberto Blanco,
tomado el 30 de marzo. Al día siguiente, Fernández le dijo que volviese al
Palacio policial a fin de “completar datos”. “Roberto no podía ni manejar”,
señaló su novia. El 1 de abril a las diez de la mañana Salcedo lo condujo al
Palacio, su amigo ingresó por la puerta lateral del D2. Ya no volvió. Ricardo Puga testimonió que estuvo con Blanco en el D2 y pudo oírlo: “estos
hijos de puta me trajeron de nuevo acá, hay que avisarle a mi familia”.
Cadelago -empleada en Tránsito, área intervenida por el Ejército- fue atando
cabos a medida que recibía información: el subcomisario Armando Murúa y el
sargento Coria, dos de sus jefes, le dijeron que había sido fusilado en el D2;
el comisario Calixto Cuesta -sucesor de Blanco en la Dirección- se lo confirmó:
“que no lo busque más, que él había sido testigo de los dos balazos que le
dieron arrodillado en la puerta de su celda”; la esposa del médico forense
Podestá le ratificó el asesinato; en la Dirección comenzó a circular la versión
de que “el chico -Oscar- Simone”, funcionario del área hasta hace poco tiempo e
integrante del listado de cómplices civiles del Batallón 601, habría sido el
entregador. Simone es hoy objeto de investigación. Según un informe de la
Secretaría de Trabajo remitido al Tribunal el 6 de diciembre de 2012, Murúa
actuaba en la División Registro y Coria en la Unidad Técnica, ambas bajo la
dirección de Cuesta al frente de Tránsito. Calificar a los represores: El inteligente y el diligente Juan Agustín Oyarzábal -subjefe del D2 cuando se
produjeron los hechos- y Armando Fernández Miranda son los imputados.
Según declaraciones del jefe del D2 Pedro Sánchez Camargo, entre las
atribuciones y asignaciones del personal de esa dependencia tras el 24 de marzo
de 1976 estaban las de fichar, apoyar en las operaciones, adaptar el edificio y
la estructura de mandos al plan, reconvertir el sector de “detenidos
subversivos”. Era el jefe de Guardia -rol de Oyarzábal- quien remitía a Sánchez
Camargo visitas y novedades de los “subversivos”.
Respecto a Fernández, enlace de Inteligencia, Santoni indicó que junto
con Eduardo Smaha fueron agentes claves del D2 en el hostigamiento y la
represión. Sánchez Camargo se jactaba de tenerlos. En marzo de 1976 fueron “felicitados” por el
“Operativo Rabanal”, “por los arrestos grupales que permitieron desbaratar esa
célula terrorista montonera”. Fernández, “perfeccionado en información y
contrainteligencia” recibió desde 1972 el espaldarazo de sus sucesivos
superiores: “sobresaliente; se supera día a día”; “plenamente consustanciado en
su tarea”; “aptitudes óptimas para el servicio de Inteligencia”. Un
especialista en inteligencia como el mismo Fernández se definió: “Información
es la que viene de la calle, la Inteligencia demanda otra preparación”: las “capacitaciones
que realizaba el Ejército”.
El Ministerio Público acusó a ambos por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos doblemente agravados y con
alevosía por haber sido realizados por dos o más personas atribuyéndole la asociación ilícita sólo a Oyarzábal”,
cerró Patricia Santoni. Armando Fernández, presente en la sala, fue retirado de la mano de un
policía, treinta segundos antes de que la fiscal concluyera la calificación de los hechos
por los cuales está acusado. ¿El motivo? Se le habría subido -o bajado- la
presión. Serenamente pudo relajarse en el pasillo mientras la Fiscalía
evidenciaba su responsabilidad. Blanca Santamaría: Al corazón del PRT
Blanca Graciela Santamaría de 23 años al momento de su secuestro, vivía en Villanueva,
en el barrio Unimev con su mamá Blanca
Lidia Calderón y su papá Luis
Antulio Santamaría. Tenía dos hermanos, Luis Beltrán y María Florencia,
secuestrada anteriormente y reclusa en la Penitenciaría Provincial con su
hijita de dos años. Blanca cursaba quinto año de Artes en la Universidad
Nacional de Cuyo, Florencia estaba en Medicina, las dos militaban en actividades
estudiantiles y pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores
-PRT-. En concordancia con su compañero fiscal Dante Vega -quien al recorrer
las historias de vidas de los desaparecidos y desaparecidas de Mendoza y señalar
sus pasos por los colegios secundarios de la UNC (Universitario Central, Martín
Zapata) sugiere la señalización y el reconocimiento a las militancias y
voluntades de esa generación como espacios de la memoria en esos
establecimientos-, Patricia Santoni refirió
que en la Escuela de Música, un aula homenajea a Blanca Graciela Santamaría con
su nombre.
La fiscal se explayó
sobre el origen del PRT en Mendoza y la feroz represión que se cernió sobre sus
integrantes, a través del testimonio brindado por María del Rosario Carrera: A fines de 1974 llegaron de Buenos Aires
Mariú Carrera y Héctor Osvaldo Zuin,
los dos ligados al teatro revolucionario. Aquí conforman una célula del PRT,
integrada con Marcelo Carrera y Rubén Bravo -hermano y compañero de
Mariú, respectivamente-, ambos desaparecidos; Felisa Raquel Herrera y Juan
Vicente Bernal -ejecutados el 28 de mayo de 1976-; Teresita Fátima Llorens -desaparecida- y Blanca Santamaría -“Marcela”-
quien sucedió a principios de 1975 a Teresita como dirigente responsable del
grupo. El 30 de abril de 1975, María Florencia
Santamaría y Néstor Antonio Ortiz,
fueron detenidos ilegalmente por el copamiento del destacamento de El
Algarrobal, conducidos a la seccional policial de Las Heras, sometidos a la
picana y otras torturas durante diez días hasta el traslado a la Penitenciaría
Provincial, por orden del entonces Juez Federal Subrogante, Luis Miret. El 28 de mayo de ese año, Claudio Sarrode, novio de Blanca, fue
detenido en la calle por policías del D2 donde fue llevado antes de las
torturas que le infligieron en dependencias de la Policía Federal. “En el transcurso
de 1975 se produce una serie de operativos con la finalidad de secuestrar y
torturar a militantes del PRT”, precisó Patricia Santoni y extendió la lista de
víctimas con los sobrevivientes del grupo apresados y torturados en noviembre: Ana Mabel Tortajada, Luis Gabriel Ocaña y Víctor Hugo Vera, novio de Florencia.
Santoni explicó que
la instrucción atomizada de las causas hace parecer los hechos como aislados
cuando en realidad deben analizarse todos juntos porque “en mayo de 1976 se
realiza un megaoperativo contra el PRT, con certezas que indican que lo efectuaron
las fuerzas conjuntas, y que los detenidas y detenidos fueron llevados al D2
para ser torturados”. Mencionó a “Víctor
Sabattini y Lucía Allegrini; Liliana Tognetti; Graciela Leda; Silvia
Schartzman y Arturo Vignoni; Eugenio París y Raúl Acquaviva”. Los sobrevivientes fueron trasladados a la cárcel y
condenados a muchísimos años de prisión por los Consejos de Guerra. Los
desaparecidos son Daniel Moyano -asesinado
en el D2-, los hermanos Julio y Hugo Talquenca, María Silvia Campos y Virginia
Adela Suárez.
Niña en el Comando
Por testimonios previos
y el que brindó en ocasión del presente juicio la madre de Blanca, fue
reconstruida la magnitud del procedimiento: la noche del 15 de mayo de 1976 un
grupo de personas armadas, en al menos cuatro vehículos (un rastrojero, un renault
12 rojo, un falcon y un fiat mediano, según consta en la denuncia que el padre
de Blanca radicó en la Comisaría Novena de Guaymallén ese mismo día), irrumpió
violentamente en su casa, amordazó a la cama a Luis Antulio, encerró a ella y a
su nieta de dos años en el baño y se llevó a su hija, en camisón y descalza. Blanca
fue la primera en advertir la asechanza de la patota: “¡Mamá, la policía!”,
prueba de que sabía que los perseguidores estaban tras suyo. Osvaldo “Horacio”
Zuin, “el Poeta”, compañero protegido por Blanca Graciela en su casa, no fue
percibido por los captores e inmediatamente se refugió en la casa de un vecino,
Héctor Toledo. Toledo recordó: “A la niña la cargaron varios hombre en un auto.
Como estaba: en camisón, con los pies descalzos y los brazos abiertos. Entraron
también a mi casa, cuando se fueron encontré a Zuin, a quien ayudé a escapar
por el fondo”. Osvaldo fue desaparecido tiempo después: En la clandestinidad y
tras escapar a fines del 76 a Córdoba, lo detienen en mayo del 77 y lo trasladan al CCD “La Perla”. Luego de nuevo a
Mendoza, en el CCD “Las Lajas”, según hizo constar entre otros Horacio Ferraris.
Fueron varios los
vecinos que comentaron a Blanca Lidia que su hija habría sido vista horas
después del secuestro en dependencias del VIII Comando de Brigada de Infantería
de Montaña, en las mismas condiciones que había sido secuestrada del hogar:
descalza y en camisón. Tal aseveración habría surgido de Rosa Gervasoni, cuyo
marido militar estaba en relación con personal del Comando.
Calificar al represor: El vecino de enfrente
El imputado Juan Agustín Oyarzábal, por las fechas
jefe segundo del D2, visitaba con frecuencia a su madre, domiciliada justo
enfrente del hogar de los Santamaría. Otro oficial, de apellido Garay, vivía en la misma cuadra. La
noche del secuestro no hubo presencia alguna en las casas “vecinas”. Hecho que
denota las famosas “áreas liberadas” con las que el personal de comisarías
facilitaba el trabajo sucio a los grupos de tareas. Con el correr del tiempo
Oyarzábal fue haciendo cada vez más esporádicas las visitas a su madre. El
mismo Toledo y Blanca Lidia le habrían solicitado su intervención por la suerte
de la muchacha: “ocúpese de su nieta” les dijo “Titín” -así lo conocían sus
compañeros- a la madre desesperada.
“Quiero destacar que recién ahora, 36 años
después, y por este Tribunal, podemos contar con la denuncia que Luis Antulio
Santamaría realizó en la comisaría Novena respecto al secuestro de Blanca.
Dicha denuncia fue solicitada en 1987 por la Cámara Federal de Apelaciones y
por el Juzgado de Instrucción militar. Nunca había sido remitida. Allí se
acredita el violento secuestro de Blanca, en el libro de guardia a fojas 108”,
señaló la fiscal.
Santoni destacó que
si bien no están integradas en la misma causa, hay un dato relevante respecto a
otro procedimiento realizado en paralelo al de Blanca: ese 15 de mayo, en
horario simultáneo al operativo en el Unimev, era secuestrada Silvia Campos en su casa de San José, a
menos de tres kilómetros de los Santamaría. Silvia era también estudiante
universitaria, también militante social y también partidaria del PRT. El
“perfil” ideológico que motivara el apresamiento de Blanca -y de Silvia- queda
de esta manera expuesto. Entre las pruebas que permiten abarcar los operativos
contra los militantes del PRT, que recrudecerían en mayo y junio de ese año, y fundamentar
la responsabilidad del imputado, sobresale el Sumario N° 3 del D2, que
incorporó la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en
base a las actuaciones del personal interviniente en esos operativos. Oyarzábal
figura como secretario instructor actuante en mayo del 76, al igual que en el operativo
contra Juan Sgroi y otros, de enero
de ese año. El mismo prontuario civil de Blanca, es prueba inequívoca de la
implicancia del responsable: figura la devolución del legajo del D2 al D5 -Archivo-
el 18 de mayo, tres días después de desaparecida la víctima.
Por tanto, “esta Fiscalía
acusa a Juan Agustín Oyarzábal” -concluyó Santoni- “por los delitos de
privación abusiva de la libertad agravada, en concurso con el de homicidio
doblemente agravado por alevosía y la intervención de dos o más personas;
delitos cometidos en asociación ilícita; y que constituyen delitos de lesa
humanidad cometidos en el marco del genocidio”. Patricia Santoni: Santamaría en el contexto de la represión al PRT
Poinsteau, Ramos,
Iturgay... y eran más “La atomización de las causas también genera
impunidad” dijo Santoni y reiteró Vega, en relación a la conexión de este
caso con el de Santamaría y con las causas 077-M, 085-M y 053-M. “Aquí también
está presente el aparato terrorista
estatal en toda su extensión, con sus aparatos organizados de poder y sus
grupos de tareas, pero también está presente la resistencia al terror en la forma de solidaridad entre militantes o
gente allegada a ellos”. “Solidaridad,
un delito capital para el terrorismo de Estado”, recordó Vega.
Miguel Alfredo Poinsteau
nació en Buenos Aires pero se mudó a Mendoza a los 14 años. Para 1976, se
dedicaba a su oficio de mago, trabajaba como fotógrafo independiente y también
en una agencia de publicidad. El dueño de ésta le alquilaba una casa en la
calle Vucetich de Ciudad. Estudiaba Ciencias Políticas en la UNC y allí conoció
a Pedro Blas Peralta -empleado de la Universidad-, a Laura Marchevsky -estudiante de psicología-, y a Víctor Hugo Cuello; todos ellos simpatizantes de Montoneros. Por
solidaridad, alojó a integrantes de la organización que eran perseguidos y
vivían en la clandestinidad, por ejemplo, Oscar
Julio Ramos -quien también fue refugiado por Peralta-. Peralta dijo en su declaración: Miguel “era muy ingenuo para
la política, pero era muy amigo de Ramos, actor. Cuando éste teatralizó El
Mendozazo, Miguel le ayudó con los fuegos de artificio”. “Desaparecen en el
mismo momento”, conjeturó entonces Peralta, “porque nunca más volvimos a saber
de ellos”. Alberto Gago dijo ante el Tribunal que Poinsteau “era como un
hermano”. Contó que alguna vez lo visitó y allí estaba Ramos. En agosto de 1976,
Miguel le dijo: “no vengas a visitarme porque tengo la presunción de que me
están vigilando”. El 4 de noviembre, una patota policial entró violentamente a
su casa, hizo destrozos, robó distintos objetos y lo secuestró. Lo llevaron al
D2, donde fue brutalmente torturado. “El único motivo por el cual fue
secuestrado fue porque intentaron desbaratar a un grupo de Montoneros” entre
los que había amigos suyos, explicó la abogada. El mismo día que
secuestraron a Poinsteau, detuvieron a Cuello y le dijeron de camino al D2: “Perdiste,
cayeron el mago y la psicóloga”. Colette Newman, mamá de Miguel, hoy fallecida, vivía en Buenos Aires. Inmediatamente vino a Mendoza cuando supo de la desaparición de su hijo. En testimonios anteriores comentó que cuando
llegó a la Provincia consiguió entrevistarse con el inspector García, del D2. El
oficial que la acompañó a la oficina le dijo “que ya la conocía, porque era
idéntica a las fotos que tenía su hijo en la casa”. García le leyó de un
expediente que Miguel fue arrestado por orden del Ejército, pero que también lo
habían liberado al día siguiente. “Al no haber sido encontrado después” le dijo
el policía, "lo declararon prófugo". En el D2 compartió cautiverio con Rosa Gómez, Rubén Rizzi,
VíctorCuello y LauraMarchevsky. Todos sobrevivieron al
horror y pudieron dar testimonio en distintas ocasiones. Rosa Gómez dijo que “después
de octubre de 1976 llegó un muchacho joven que estaba muy asustado. Luego de la
tortura me preguntó si volvería a suceder, yo le dije que no, para calmarlo”. Horas después les dijo a Marchevsky y a Cuello:
“Los quiero mucho”. Sintieron un golpe fuerte en la puerta y ruido de agua que cae. Cuando
los captores llegaron a la celda de Poinsteau se escuchó “¡Hijo de puta, qué
hiciste! Luego se sintió que vaciaron la mesita donde comían, seguramente para depositar el cuerpo. Nunca más lo vieron. No está probado, pero se cree que se
suicidó: “no lo sabemos, porque no tenemos su cuerpo”, dijo Santoni. “La
desaparición y eliminación física son homicidios graves y calificados; por eso
cualquier conjetura respecto de cómo finalmente perdieron su vida” no modifica
su lugar de víctimas del terrorismo de Estado. Calificar al represor Oyarzábal resulta responsable, explicó la fiscal Santoni, de
los delitos de privación abusiva de la
libertad agravada por mediar violencia y amenazas; en concurso con el delito
de tormentos y el de homicidio doblemente agravado por alevosía y la intervención
de dos o más personas; delitos cometidos en asociación ilícita; y que constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco
del genocidio. El terrorismo de
Estado en estado puro
Oscar Julio Ramos
Peralta
nació en Córdoba y vivió en Buenos Aires. Era actor y director de teatro; llegó
a Mendoza en los ‘70 como docente universitario. En
1974 se casó con Ana María Bakovic,
quien dijo de Ramos: “tenía una mentalidad inclinada a lo social, a realizar
obras de teatro donde se pudiera manifestar las necesidades de la gente, de los
barrios”. Oscar también vendía libros y hacía trabajos en cuero. Tuvieron un
hijo de nombre Ernesto Sebastián Ramos
y vivían en Dorrego con el padre de Ana. Adelante
de la casa de ellos vivía Oscar Daniel
Iturgay junto con su madre y sus hermanos. Los tres eran “amigos y
compañeros de militancia” recordó Dante Vega.
Tras
la victoria de Cámpora, Ramos y Bakovic se unieron a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias -FAR- y luego a Montoneros, organización que en 1974 pasó a la
clandestinidad. Ramos debió seguir, parcialmente, ese camino. Ana y
Ernesto continuaron en su casa mientras Oscar alternó lugares. En abril de 1975, el Cuerpo de Motorizada -con Fernando Morellato en
la partida- realizó un operativo en Acceso Norte y canal Cacique Guaymallén y detuvo a Ana. La trasladaron al D2. “Entonces”,
repasó Vega, “en 1976 Ramos ya era intensamente buscado por las fuerzas de
seguridad -hay una orden de captura del 1 de abril de 1975 firmada por Otilio Romano como Juez Federal
Subrogante-; vivía en la clandestinidad, su compañera estaba presa y su hijo al
cuidado de otra familia. “La orden de captura fue reiterada por el Juez Federal
Gabriel Guzzo cuando Ramos ya llevaba
un año y medio desaparecido”, repasó Vega y remarcó la perversidad de la
constatación. Cuando
secuestraron a Ana, Ernesto quedó con su niñera, luego estuvo recluido junto a
su madre en la Penitenciaría Provincial hasta sus casi dos años, edad tope
impuesta a los menores para permanecer allí. Ana Bakovic le dio la tenencia del
niño a Ángel Felipe Miranda, hermano de una compañera de cautiverio. “Cuando
hablo de solidaridad hablo también de esto” dijo el abogado. “En
este caso veremos también cómo la realidad supera la ficción”, resaltó Vega: en
septiembre de 1976, Oscar Ramos, “clandestino y perseguido, se presentó en el
domicilio de Miranda y le solicitó pasar un día con su hijo”, Miranda le llevó
al niño a la esquina de San Martín y zanjón de Los Ciruelos. No volvió a saber de
ellos. “No
conocemos los detalles de ese lapso entre setiembre y diciembre de 1976”, se
lamentó Vega, pero su amigo Víctor
Cuello declaró en esta sala que en el invierno de 1976, Miguel Poinsteau le dio refugio en su
casa: “En algunas oportunidades lo vi allí a Ramos con su hijo en brazos”,
agregó. Cuello
contó que en octubre de ese año Ramos fue a despedirlo a la estación de trenes
de Mendoza y le entregó un paquete con material de propaganda. Fue la última
información que se tuvo hasta su detención, el 5 de noviembre de 1976. Ana
María Bakovic ya estaba presa en Devoto cuando supo que Miranda llevó a Ernesto
con su padre y que éste fue secuestrado. Vivió el encierro sin saber dónde estaba
su hijo, escribió numerosas veces al Juzgado de Menores, desde donde
respondieron solo una vez: “cuando sepamos algo le avisamos”. El 14 de
diciembre de 1979 fue liberada, su marido y su hijo estaban desaparecidos. Fue
a su casa. El padre tampoco estaba. Nunca supo qué fue de él. Solo conoció, por
los vecinos, que “un día hubo una explosión y no supieron más nada de él”.
Inmediatamente fue al Juzgado por su hijo, pero no le dijeron nada: “me lo
negaron”, dijo Ana ante el Tribunal. También fue a la Casa Cuna, nada.
Recién
en febrero de 1984, una mujer le pide encontrarse con ella y le dice que a su
hijo lo tenía en adopción otra persona. Ana volvió al Juzgado, en tiempo de
feria, y pidió que revisen expedientes. Nadie la ayudó, “y otra vez la realidad
supera la ficción”: la mandaron sola al sótano y sin luz a revisar expedientes.
“No se veía ni siquiera lo que estaba leyendo”, contó Bakovic. “Terrorismo de Estado en estado puro”,
agregó Vega. “Y
el tesón de las madres es así”, comentó el abogado. Ana encontró una anotación
referida a un NN Sebastián Ernesto. Aún con el orden de los nombres cambiados
supo que se trataba de su hijo. Contactó a la jueza y se le restituyó la
tenencia a ella y la identidad a Ernesto. “A ver si puedo leer esto”, dijo el
fiscal con la misma conmoción que recorrió a la mayoría en la sala: “Fui a
verlo y mi hijo ya tenía nueve años. Cuando lo vi, me abrazó y lo primero que
me dijo fue ‘hola mami, ¿y el papi?’”. Al
respecto, Rosa Gómez dijo en su declaración ante este Tribunal que en Devoto
conoció a Ana y supo su historia. Entonces la relacionó con un hecho anterior,
cuando estaba detenida en el D2: dos policías conversaban en el pasillo y se
jactaban de “haber matado a uno que tenía un pendejo que lo mandaron al
guachero”. Oscar Daniel Iturgay nació en 1955 en
Palmira. En 1974 trabajaba en la imprenta de la Municipalidad de Guaymallén
donde conoció a Ana María Bakovic y a Ramos. “Pese a su diferencia de edad,
entablaron una estrecha relación de amistad y militancia en Montoneros” relató
el fiscal Vega. Iturgay
ingresó al servicio militar en marzo de 1975, donde sufrió todo tipo de
maltratos y vejámenes debido a sus ideas y militancia política. Su hermana
Gladys lo fue a ver: “estaba prácticamente piel y hueso, pelado y muy quemado
por el sol... no daba más y nos refirió que en cualquier momento se iba a ir.
Los brazos los tenía todos con rasguños… lo vimos muy mal física y
anímicamente”. “En
efecto, como era previsible y antes de que lo mataran, Iturgay desertó y pasó a
la clandestinidad”. Militares “allanaron ilegalmente la casa de la familia, revolvieron
todo y de esa forma la familia se enteró de la deserción”, repasó Vega. La
hermana recordó que “al poco tiempo” colocaron un artefacto explosivo en su
domicilio, “seguramente a modo de venganza”. “Esa fue, quizás, la bomba que le contaron los vecinos a Bakovic
cuando preguntó por su padre” señaló el fiscal. Oscar
Iturgay fue visto por última vez por su hermana en julio de 1976 cuando él fue
a su casa y le comentó que la había visto de lejos en su casamiento. “No te
quiero traer problemas ni a vos ni a Jorge, cuidá mucho a la mamá y cuidate
mucho vos, cuidalo a Walter, te quiero mucho, chau….” Calificar al represor
Los
imputados por las desapariciones forzadas de Oscar Ramos y de Oscar Iturgay son
los policías Juan Agustín Oyarzábal y
Fernando Eugenio Morellato, oficial principal
de Motorizada para esa ápoca y, según sus palabras, “era en los hechos el segundo
al mando”. La
fiscalía acusó a Morellato y Oyarzábal de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso
premeditado de dos o más personas por dos hechos, en concurso real con el
delito de privación abusiva de la
libertad por mediar violencias o amenazas en perjuicio de Oscar Ramos y
Oscar Iturgay. Todos delitos de lesa
humanidad cometidos en el marco de genocidio.
El
delito de torturas -“contra Ramos e Iturgay en la sede de Motorizada, a las que
cabe sumar las que seguramente sufrieron luego en el D2”- no se encuentra
requerido en la elevación a juicio, Morelatto y Oyarzábal no fueron intimados
en sus declaraciones indagatorias por este delito. Por ello, al momento de acusar, el Ministerio
Público tomó la decisión política de elevar la causa en el estado en que se
encontraba en vez de requerir al Magistrado que indagara nuevamente y la causa
no llegara nunca al juicio oral.
El operativo
innominado “Este
no fue un procedimiento aislado, ni de parte del Cuerpo Motorizado de
Vigilancia, ni de parte del propio Morellato; ni de parte del D2” explicó Dante
Vega. “Para la fecha en que desaparecieron estas personas el D2 se encontraba en plena tarea de secuestro de un grupo de
militantes montoneros". Este “operativo
innominado comenzó el 3 de noviembre de 1976 con el secuestro de Laura Marchevsky”.Un día
después fueron detenidos Poinsteau y Cuello. “Podemos afirmar que el
secuestro de Ramos e Iturgay”, el 5 de
noviembre “fue su epílogo”, explicó el fiscal Vega.
En
esos días, Ramos e Iturgay circulaban con identidades falsas: Carlos Alberto
Inchaurraga Meléndez y Jesús Alberto Olivera, respectivamente. “Son los dos
nombres que figuran en el libro de novedades del Cuerpo Motorizado” y “también los menciona Pedro Dante Sánchez
Camargo en la nota por la que solicita una sanción disciplinaria contra
Fernando Morellato”; ambas constituyen lo central de la prueba documental. Los
apellidos Ramos e Iturgay no figuran. “Se encuentra probado con el grado de certeza
aquí requerido que ambos fueron detenidos por personal del Cuerpo Motorizado de
Vigilancia de la Policía de Mendoza al mando del oficial principal Fernando
Morellato en la madrugada -a las 4:45- del 5
de noviembre de 1976 mientras intentaban apoderarse de un rodado marca
Citroën patente M-166.260”. Así resumió Dante Vega la participación del imputado Morellato en la causa. Cuando
Morellato y una serie de ex policías -que convocó en su defensa y cuyas mentiras
no son ni valorables- declararon ante el Tribunal, intentaron deslindar la
participación del entonces oficial principal y del Cuerpo de Motorizada en el
caso particular y en operativos referentes a la denominada “guerra contra la
subversión” en general. Sin embargo, el fiscal recordó episodios anteriores que
contradicen esto: Ana María Bakovic y Daniel Rabanal fueron detenidos en
distintos operativos por el Cuerpo de Motorizada, esto tras recibir la orden de
prestar apoyo ante la detección de “elementos subversivos". Francisco Amaya,
Pablo Seydell y Daniel Moretti fueron secuestrados por la misma fuerza el 15
octubre de 1976 y fueron -también- trasladados a la sede de Motorizada. El imputado refirió que era ignorante respecto de las funciones del D2. Sin
embargo puso a disposición de ese órgano a distintos detenidos; también contó
el mismo Morellato que una vez fue citado por Sánchez Camargo y creyó que
quizás estaría subiendo -al piso superior de ese centro de detención- para no
bajar más, como sucedió con tantos. Sobre
el caso Ramos-Iturgay, los ex agentes argumentaron que Morellato no estaba en
funciones esa noche -porque se había ido a dormir, dijeron- y que cuando
Motorizada detenía personas cumplía con la norma de llevarlas a la seccional
policial más cercana, salvo que se tratase de militantes políticos. En esos
casos, se los debía llevar al D2, según orden vigente del jefe de la policía
Julio César Santuccione. Con esto, intentaron desmentir que Ramos e
Iturgay hubiesen sido detenidos e interrogados bajo torturas en la sede del
Cuerpo, que funcionaba en la Comisaría 25 y en donde -argumentaron- no había
calabozos. Sin
embargo, en el libro de novedades de Motorizada figura la entrada de
Inchaurraga y Olivera, sus números de documento y los datos filiares, de
ocupación y domiciliarios. Esto echa por tierra la excusa del imputado respecto
de que los detenidos fueron a parar a la sede del Cuerpo porque había dudas
sobre sus identidades. En
realidad, explicó el fiscal, “en el lugar de detención, Motorizada requisó a
Ramos e Iturgay”. A uno le encontraron restos de papeles con impresiones de
Montoneros y a otro un revólver. De allí que, aún creyendo en los nombres de
Inchaurraga y Olivera, los llevan a la sede del Cuerpo para interrogarlos -“y
no a la Comisaría 4ª que era la que tenía jurisdicción"-, porque detectaron que
se trataba de militantes. Recién cerca de las once de la mañana el jefe del D2,
Pedro Dante Sánchez Camargo los retiró para trasladarlos a ese centro de
detención y torturas. Nunca más se supo nada de ellos. También
está acreditado que “en la sesión de tortura” bajo “el mando de Fernando
Morellato, los policías lograron que ambos militantes, después de un cierto
lapso de tiempo, revelaran sus verdaderas identidades”. “Esto implica”, agregó
Vega, “que resistieron lo suficiente como para no poner en peligro a compañeros
suyos”. De esto da cuenta “el propio Sánchez Camargo quien en la nota que firmó
el 5 de noviembre de 1976, pidiendo una sanción para Morellato, dice que éste hizo
preguntas “que no hacen al caso” dando tiempo a los militantes “a que cumplan
su medida de seguridad (...) pues del correr del tiempo se trata”. A
la prueba documental mencionada se suma la testimonial de Oscar Heinze, dueño
del Citroën que habrían intentado robar. “Esa noche fui alertado por un vecino,
salí y encontré una patrulla con cuatro agentes con armas largas" que le dijeron
que habían tratado de robar su auto y que tenía que ir a formular la
denuncia a la comisaría que estaba frente a la plaza San José”, agregó que
“nunca vi a los detenidos”. En el contexto de este operativo se entiende el “enojo” de Sánchez Camargo
cuando Morellato intervino: “Ramos e Iturgay estaban siendo perseguidos, pero
no en forma aislada ni descontextualizada sino en plena cacería de militantes montoneros por parte del D2”. La intervención
no especializada de Morellato y Motorizada habría impedido la aprehensión de cuatro militantes más.
“Morellato
era la máxima autoridad de guardia el día del secuestro, él mismo admitió que
ordenó la detención de ambos, tengo por probado que dio la orden de traslado -Sánchez
Camargo dice en su nota de 1976: “ambos detenidos fueron puestos a disposición
del D2 al filo del mediodía”-, participó activamente en el interrogatorio bajo
tortura” enumeró el fiscal. “Si Morellato era quien estaba a cargo de la
dependencia, o era el segundo o el tercero al mando, resulta irrelevante a los
fines de su responsabilidad penal por la propia dinámica del aparato organizado
de poder que integraba y por los principios que regulan la responsabilidad
penal en estos casos”, explicó.
Según
el libro de novedades “ocho efectivos de Motorizada salen en comisión en autos
particulares a las 10:10 de la mañana, antes de que llegue el jefe del D2 a
llevarse a los secuestrados”, pero se trata de una mentira que sólo pretende consignar
que Morellato y sus secuaces no estaban durante el traslado. Nunca se
imaginaría el imputado -quien ordenó fraguar estas anotaciones-, que la mentira terminaría develándose en un Tribunal Federal más de treinta y seis años después” señaló Vega para
orgullo de más de la mitad de la sala. Dante Vega: La faena represiva y la resistencia
