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sábado, 23 de febrero de 2013

Causa 075-M: Desapariciones de Roberto Blanco, Blanca Graciela Santamaría, Miguel Poinsteau, Oscar Julio Ramos, Oscar Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez de Moyano. Alegato I: Fiscalía

La impunidad de la atomización
22-02-2013 | Esto lo afirmó la fiscal Patricia Santoni durante sus alegatos por los casos de Roberto Blanco, Blanca Graciela Santamaría y Miguel Alfredo Poinsteau agrupados en la Causa 075-M. Se investigan además las desapariciones de Oscar Julio Ramos, Oscar Daniel Iturgay y Ángeles Gutiérrez de Moyano. Por los dos primeros alegó el fiscal Dante Vega, por la tercera se continuará desde la próxima audiencia del 7 de marzo.

“Quien piense que el D2 era el único aparato organizado de poder durante el terrorismo de Estado en Mendoza se equivoca” comenzó el fiscal. “Era el principal dentro de la policía, pero cuando hacía falta acudía a otros aparatos organizados de poder para que le brindaran auxilio en la faena represiva”. Ya están comprobados “los operativos conjuntos en el plan sistemático de desaparición de personas: fuerzas armadas y de seguridad actuaban a la par” señaló Dante Vega en una introducción general a todos los casos.

Roberto Blanco Fernández: Una cuestión de presiones
La Dra. Patricia Santoni repasó: en 1976 Roberto Blanco Fernández trabajaba en la jefatura de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Provincia; y era dueño del Hotel Derby en sociedad con Roberto Jaliff y Felipe Sampietro -presumiblemente informante de la policía-. Allí fue apresado el 18 de enero de 1976, junto a Héctor Salcedo y Jaliff, los tres provenientes de las filas de la Juventud Sindical Peronista. El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones de la Policía Provincial y fueron detenidos en el D2, luego trasladados a la Unidad Regional Primera y liberados el 23 de enero. Blanco fue ferozmente castigado en los sótanos del D2, como atestiguaron miembros del Partido Auténtico, allí detenidos.
Blanco aseveró a Salcedo que los represores eran de Investigaciones -agentes que el grupo conocía próximos a su entorno- y que en la salvaje tortura todas las preguntas giraban alrededor de Juan Basilio Sgroi, antecesor suyo en Tránsito y detenido ilegalmente desde fines de 1975 junto a sus allegados Carlos Alberto Gómez, Salomón Fioretti y Ricardo Puga. Oyeron sus gritos con acento cordobés y pudieron observarlo “totalmente golpeado, en el piso, parecía una vaca por la hinchazón”. Su novia, Nora Amira Cadelago intervino con contactos de su padre y fue liberado. El reencuentro fue un shock: “Parecía un monstruo, morado, reventado, destruido, con rastros de la violencia. Callaba cosas, cuando contaba lloraba. Se masajeaban mutuamente las heridas con Sgroi”.

“Queda acreditado que el seguimiento, detención y aplicación de tormentos fueron ejecutados por el accionar conjunto de las fuerzas: personal de la Unidad Regional 1ª, Operaciones -D3- e Investigaciones -D2- de la Policía Provincial. Otra certeza: el atentado previo a la Comisaría 1ª y el asesinato del policía Cuello fueron excusas para perseguir a Blanco”. La atipicidad del doble procedimiento en su contra lo corrobora.

Tras la liberación, Blanco obtuvo una licencia de 60 días para recuperarse y tuvo encuentros con jerarcas y contactos militares a fin de esclarecer su situación. Así mantuvo con el entonces jefe de la Policía de Mendoza, Julio César Santuccione, una “reunión atroz”. “Estamos para hacer la limpieza, sacar la mugre” le dijo a Blanco, quien con sus amigos estaban alertados: “el golpe de Estado es inminente”.

El 29 de marzo, Armando Osvaldo Fernández Miranda, enlace operativo del D2 y quien recurrentemente lo vigilaba, acompañó a Blanco al Palacio policial para “renovar” su ficha. Así consta en el registro fotográfico de Criminalística del D2, donde se anotaba hasta el número del rollo de negativos de las tomas que se hacían: el negativo 15688 pertenece a Roberto Blanco, tomado el 30 de marzo. Al día siguiente, Fernández le dijo que volviese al Palacio policial a fin de “completar datos”. “Roberto no podía ni manejar”, señaló su novia. El 1 de abril a las diez de la mañana Salcedo lo condujo al Palacio, su amigo ingresó por la puerta lateral del D2. Ya no volvió.

Ricardo Puga testimonió que estuvo con Blanco en el D2 y pudo oírlo: “estos hijos de puta me trajeron de nuevo acá, hay que avisarle a mi familia”. Cadelago -empleada en Tránsito, área intervenida por el Ejército- fue atando cabos a medida que recibía información: el subcomisario Armando Murúa y el sargento Coria, dos de sus jefes, le dijeron que había sido fusilado en el D2; el comisario Calixto Cuesta -sucesor de Blanco en la Dirección- se lo confirmó: “que no lo busque más, que él había sido testigo de los dos balazos que le dieron arrodillado en la puerta de su celda”; la esposa del médico forense Podestá le ratificó el asesinato; en la Dirección comenzó a circular la versión de que “el chico -Oscar- Simone”, funcionario del área hasta hace poco tiempo e integrante del listado de cómplices civiles del Batallón 601, habría sido el entregador. Simone es hoy objeto de investigación. Según un informe de la Secretaría de Trabajo remitido al Tribunal el 6 de diciembre de 2012, Murúa actuaba en la División Registro y Coria en la Unidad Técnica, ambas bajo la dirección de Cuesta al frente de Tránsito.

Calificar a los represores: El inteligente y el diligente
Juan Agustín Oyarzábal -subjefe del D2 cuando se produjeron los hechos- y Armando Fernández Miranda son los imputados. Según declaraciones del jefe del D2 Pedro Sánchez Camargo, entre las atribuciones y asignaciones del personal de esa dependencia tras el 24 de marzo de 1976 estaban las de fichar, apoyar en las operaciones, adaptar el edificio y la estructura de mandos al plan, reconvertir el sector de “detenidos subversivos”. Era el jefe de Guardia -rol de Oyarzábal- quien remitía a Sánchez Camargo visitas y novedades de los “subversivos”.


Respecto a Fernández, enlace de Inteligencia, Santoni indicó que junto con Eduardo Smaha fueron agentes claves del D2 en el hostigamiento y la represión. Sánchez Camargo se jactaba de tenerlos. En marzo de 1976 fueron “felicitados” por el “Operativo Rabanal”, “por los arrestos grupales que permitieron desbaratar esa célula terrorista montonera”. Fernández, “perfeccionado en información y contrainteligencia” recibió desde 1972 el espaldarazo de sus sucesivos superiores: “sobresaliente; se supera día a día”; “plenamente consustanciado en su tarea”; “aptitudes óptimas para el servicio de Inteligencia”. Un especialista en inteligencia como el mismo Fernández se definió: “Información es la que viene de la calle, la Inteligencia demanda otra preparación”: las “capacitaciones que realizaba el Ejército”.

El Ministerio Público acusó a ambos por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos doblemente agravados y con alevosía por haber sido realizados por dos o más personas atribuyéndole la asociación ilícita sólo a Oyarzábal”, cerró Patricia Santoni.

Armando Fernández, presente en la sala, fue retirado de la mano de un policía, treinta segundos antes de que la fiscal concluyera la calificación de los hechos por los cuales está acusado. ¿El motivo? Se le habría subido -o bajado- la presión. Serenamente pudo relajarse en el pasillo mientras la Fiscalía evidenciaba su responsabilidad.


Blanca Santamaría: Al corazón del PRT
Blanca Graciela Santamaría de 23 años al momento de su secuestro, vivía en Villanueva, en el barrio Unimev con su mamá Blanca Lidia Calderón y su papá Luis Antulio Santamaría. Tenía dos hermanos, Luis Beltrán y María Florencia, secuestrada anteriormente y reclusa en la Penitenciaría Provincial con su hijita de dos años. Blanca cursaba quinto año de Artes en la Universidad Nacional de Cuyo, Florencia estaba en Medicina, las dos militaban en actividades estudiantiles y pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-. En concordancia con su compañero fiscal Dante Vega -quien al recorrer las historias de vidas de los desaparecidos y desaparecidas de Mendoza y señalar sus pasos por los colegios secundarios de la UNC (Universitario Central, Martín Zapata) sugiere la señalización y el reconocimiento a las militancias y voluntades de esa generación como espacios de la memoria en esos establecimientos-, Patricia Santoni refirió que en la Escuela de Música, un aula homenajea a Blanca Graciela Santamaría con su nombre.

La fiscal se explayó sobre el origen del PRT en Mendoza y la feroz represión que se cernió sobre sus integrantes, a través del testimonio brindado por María del Rosario Carrera: A fines de 1974 llegaron de Buenos Aires Mariú Carrera y Héctor Osvaldo Zuin, los dos ligados al teatro revolucionario. Aquí conforman una célula del PRT, integrada con Marcelo Carrera y Rubén Bravo -hermano y compañero de Mariú, respectivamente-, ambos desaparecidos; Felisa Raquel Herrera y Juan Vicente Bernal -ejecutados el 28 de mayo de 1976-; Teresita Fátima Llorens -desaparecida- y Blanca Santamaría -“Marcela”- quien sucedió a principios de 1975 a Teresita como dirigente responsable del grupo. El 30 de abril de 1975, María Florencia Santamaría y Néstor Antonio Ortiz, fueron detenidos ilegalmente por el copamiento del destacamento de El Algarrobal, conducidos a la seccional policial de Las Heras, sometidos a la picana y otras torturas durante diez días hasta el traslado a la Penitenciaría Provincial, por orden del entonces Juez Federal Subrogante, Luis Miret. El 28 de mayo de ese año, Claudio Sarrode, novio de Blanca, fue detenido en la calle por policías del D2 donde fue llevado antes de las torturas que le infligieron en dependencias de la Policía Federal. “En el transcurso de 1975 se produce una serie de operativos con la finalidad de secuestrar y torturar a militantes del PRT”, precisó Patricia Santoni y extendió la lista de víctimas con los sobrevivientes del grupo apresados y torturados en noviembre: Ana Mabel Tortajada, Luis Gabriel Ocaña y Víctor Hugo Vera, novio de Florencia.

Santoni explicó que la instrucción atomizada de las causas hace parecer los hechos como aislados cuando en realidad deben analizarse todos juntos porque “en mayo de 1976 se realiza un megaoperativo contra el PRT, con certezas que indican que lo efectuaron las fuerzas conjuntas, y que los detenidas y detenidos fueron llevados al D2 para ser torturados”. Mencionó a “Víctor Sabattini y Lucía Allegrini; Liliana Tognetti; Graciela Leda; Silvia Schartzman y Arturo Vignoni; Eugenio París y Raúl Acquaviva”. Los sobrevivientes fueron trasladados a la cárcel y condenados a muchísimos años de prisión por los Consejos de Guerra. Los desaparecidos son Daniel Moyano -asesinado en el D2-, los hermanos Julio y Hugo Talquenca, María Silvia Campos y Virginia Adela Suárez.

Niña en el Comando
Por testimonios previos y el que brindó en ocasión del presente juicio la madre de Blanca, fue reconstruida la magnitud del procedimiento: la noche del 15 de mayo de 1976 un grupo de personas armadas, en al menos cuatro vehículos (un rastrojero, un renault 12 rojo, un falcon y un fiat mediano, según consta en la denuncia que el padre de Blanca radicó en la Comisaría Novena de Guaymallén ese mismo día), irrumpió violentamente en su casa, amordazó a la cama a Luis Antulio, encerró a ella y a su nieta de dos años en el baño y se llevó a su hija, en camisón y descalza. Blanca fue la primera en advertir la asechanza de la patota: “¡Mamá, la policía!”, prueba de que sabía que los perseguidores estaban tras suyo. Osvaldo “Horacio” Zuin, “el Poeta”, compañero protegido por Blanca Graciela en su casa, no fue percibido por los captores e inmediatamente se refugió en la casa de un vecino, Héctor Toledo. Toledo recordó: “A la niña la cargaron varios hombre en un auto. Como estaba: en camisón, con los pies descalzos y los brazos abiertos. Entraron también a mi casa, cuando se fueron encontré a Zuin, a quien ayudé a escapar por el fondo”. Osvaldo fue desaparecido tiempo después: En la clandestinidad y tras escapar a fines del 76 a Córdoba, lo detienen en mayo del 77 y lo  trasladan al CCD “La Perla”. Luego de nuevo a Mendoza, en el CCD “Las Lajas”, según hizo constar entre otros Horacio Ferraris.

Fueron varios los vecinos que comentaron a Blanca Lidia que su hija habría sido vista horas después del secuestro en dependencias del VIII Comando de Brigada de Infantería de Montaña, en las mismas condiciones que había sido secuestrada del hogar: descalza y en camisón. Tal aseveración habría surgido de Rosa Gervasoni, cuyo marido militar estaba en relación con personal del Comando.

Calificar al represor: El vecino de enfrente
El imputado Juan Agustín Oyarzábal, por las fechas jefe segundo del D2, visitaba con frecuencia a su madre, domiciliada justo enfrente del hogar de los Santamaría. Otro oficial, de apellido Garay, vivía en la misma cuadra. La noche del secuestro no hubo presencia alguna en las casas “vecinas”. Hecho que denota las famosas “áreas liberadas” con las que el personal de comisarías facilitaba el trabajo sucio a los grupos de tareas. Con el correr del tiempo Oyarzábal fue haciendo cada vez más esporádicas las visitas a su madre. El mismo Toledo y Blanca Lidia le habrían solicitado su intervención por la suerte de la muchacha: “ocúpese de su nieta” les dijo “Titín” -así lo conocían sus compañeros- a la madre desesperada.

“Quiero destacar que recién ahora, 36 años después, y por este Tribunal, podemos contar con la denuncia que Luis Antulio Santamaría realizó en la comisaría Novena respecto al secuestro de Blanca. Dicha denuncia fue solicitada en 1987 por la Cámara Federal de Apelaciones y por el Juzgado de Instrucción militar. Nunca había sido remitida. Allí se acredita el violento secuestro de Blanca, en el libro de guardia a fojas 108”, señaló la fiscal.
Santoni destacó que si bien no están integradas en la misma causa, hay un dato relevante respecto a otro procedimiento realizado en paralelo al de Blanca: ese 15 de mayo, en horario simultáneo al operativo en el Unimev, era secuestrada Silvia Campos en su casa de San José, a menos de tres kilómetros de los Santamaría. Silvia era también estudiante universitaria, también militante social y también partidaria del PRT. El “perfil” ideológico que motivara el apresamiento de Blanca -y de Silvia- queda de esta manera expuesto. Entre las pruebas que permiten abarcar los operativos contra los militantes del PRT, que recrudecerían en mayo y junio de ese año, y fundamentar la responsabilidad del imputado, sobresale el Sumario N° 3 del D2, que incorporó la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en base a las actuaciones del personal interviniente en esos operativos. Oyarzábal figura como secretario instructor actuante en mayo del 76, al igual que en el operativo contra Juan Sgroi y otros, de enero de ese año. El mismo prontuario civil de Blanca, es prueba inequívoca de la implicancia del responsable: figura la devolución del legajo del D2 al D5 -Archivo- el 18 de mayo, tres días después de desaparecida la víctima.

Por tanto, “esta Fiscalía acusa a Juan Agustín Oyarzábal” -concluyó Santoni- “por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, en concurso con el de homicidio doblemente agravado por alevosía y la intervención de dos o más personas; delitos cometidos en asociación ilícita; y que constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio”.
Patricia Santoni: Santamaría en el contexto de la represión al PRT



Poinsteau, Ramos, Iturgay... y eran más
“La atomización de las causas también genera impunidad” dijo Santoni y reiteró Vega, en relación a la conexión de este caso con el de Santamaría y con las causas 077-M, 085-M y 053-M. “Aquí también está presente el aparato terrorista estatal en toda su extensión, con sus aparatos organizados de poder y sus grupos de tareas, pero también está presente la resistencia al terror en la forma de solidaridad entre militantes o gente allegada a ellos”. “Solidaridad, un delito capital para el terrorismo de Estado”, recordó Vega.

Miguel Alfredo Poinsteau nació en Buenos Aires pero se mudó a Mendoza a los 14 años. Para 1976, se dedicaba a su oficio de mago, trabajaba como fotógrafo independiente y también en una agencia de publicidad. El dueño de ésta le alquilaba una casa en la calle Vucetich de Ciudad. Estudiaba Ciencias Políticas en la UNC y allí conoció a Pedro Blas Peralta -empleado de la Universidad-, a Laura Marchevsky -estudiante de psicología-, y a Víctor Hugo Cuello; todos ellos simpatizantes de Montoneros. Por solidaridad, alojó a integrantes de la organización que eran perseguidos y vivían en la clandestinidad, por ejemplo, Oscar Julio Ramos -quien también fue refugiado por Peralta-.

Peralta dijo en su declaración: Miguel “era muy ingenuo para la política, pero era muy amigo de Ramos, actor. Cuando éste teatralizó El Mendozazo, Miguel le ayudó con los fuegos de artificio”. “Desaparecen en el mismo momento”, conjeturó entonces Peralta, “porque nunca más volvimos a saber de ellos”. Alberto Gago dijo ante el Tribunal que Poinsteau “era como un hermano”. Contó que alguna vez lo visitó y allí estaba Ramos. En agosto de 1976, Miguel le dijo: “no vengas a visitarme porque tengo la presunción de que me están vigilando”.

El 4 de noviembre, una patota policial entró violentamente a su casa, hizo destrozos, robó distintos objetos y lo secuestró. Lo llevaron al D2, donde fue brutalmente torturado. “El único motivo por el cual fue secuestrado fue porque intentaron desbaratar a un grupo de Montoneros” entre los que había amigos suyos, explicó la abogada. El mismo día que secuestraron a Poinsteau, detuvieron a Cuello y le dijeron de camino al D2: “Perdiste, cayeron el mago y la psicóloga”.

Colette Newman, mamá de Miguel, hoy fallecida, vivía en Buenos Aires. Inmediatamente vino a Mendoza cuando supo de la desaparición de su hijo. En testimonios anteriores comentó que cuando llegó a la Provincia consiguió entrevistarse con el inspector García, del D2. El oficial que la acompañó a la oficina le dijo “que ya la conocía, porque era idéntica a las fotos que tenía su hijo en la casa”. García le leyó de un expediente que Miguel fue arrestado por orden del Ejército, pero que también lo habían liberado al día siguiente. “Al no haber sido encontrado después” le dijo el policía, "lo declararon prófugo".

En el D2 compartió cautiverio con Rosa Gómez, Rubén Rizzi, Víctor Cuello y Laura Marchevsky. Todos sobrevivieron al horror y pudieron dar testimonio en distintas ocasiones. Rosa Gómez dijo que “después de octubre de 1976 llegó un muchacho joven que estaba muy asustado. Luego de la tortura me preguntó si volvería a suceder, yo le dije que no, para calmarlo”.

Horas después les dijo a Marchevsky y a Cuello: “Los quiero mucho”. Sintieron un golpe fuerte en la puerta y ruido de agua que cae. Cuando los captores llegaron a la celda de Poinsteau se escuchó “¡Hijo de puta, qué hiciste! Luego se sintió que vaciaron la mesita donde comían, seguramente para depositar el cuerpo. Nunca más lo vieron. No está probado, pero se cree que se suicidó: “no lo sabemos, porque no tenemos su cuerpo”, dijo Santoni. “La desaparición y eliminación física son homicidios graves y calificados; por eso cualquier conjetura respecto de cómo finalmente perdieron su vida” no modifica su lugar de víctimas del terrorismo de Estado.

Calificar al represor
Oyarzábal resulta responsable, explicó la fiscal Santoni, de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; en concurso con el delito de tormentos y el de homicidio doblemente agravado por alevosía y la intervención de dos o más personas; delitos cometidos en asociación ilícita; y que constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio.


El terrorismo de Estado en estado puro
Oscar Julio Ramos Peralta nació en Córdoba y vivió en Buenos Aires. Era actor y director de teatro; llegó a Mendoza en los ‘70 como docente universitario. En 1974 se casó con Ana María Bakovic, quien dijo de Ramos: “tenía una mentalidad inclinada a lo social, a realizar obras de teatro donde se pudiera manifestar las necesidades de la gente, de los barrios”. Oscar también vendía libros y hacía trabajos en cuero. Tuvieron un hijo de nombre Ernesto Sebastián Ramos y vivían en Dorrego con el padre de Ana. Adelante de la casa de ellos vivía Oscar Daniel Iturgay junto con su madre y sus hermanos. Los tres eran “amigos y compañeros de militancia” recordó Dante Vega.

Tras la victoria de Cámpora, Ramos y Bakovic se unieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias -FAR- y luego a Montoneros, organización que en 1974 pasó a la clandestinidad. Ramos debió seguir, parcialmente, ese camino. Ana y Ernesto continuaron en su casa mientras Oscar alternó lugares. En abril de 1975, el Cuerpo de Motorizada -con Fernando Morellato en la partida- realizó un operativo en Acceso Norte y canal Cacique Guaymallén y detuvo a Ana. La trasladaron al D2.

“Entonces”, repasó Vega, “en 1976 Ramos ya era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad -hay una orden de captura del 1 de abril de 1975 firmada por Otilio Romano como Juez Federal Subrogante-; vivía en la clandestinidad, su compañera estaba presa y su hijo al cuidado de otra familia. “La orden de captura fue reiterada por el Juez Federal Gabriel Guzzo cuando Ramos ya llevaba un año y medio desaparecido”, repasó Vega y remarcó la perversidad de la constatación.

Cuando secuestraron a Ana, Ernesto quedó con su niñera, luego estuvo recluido junto a su madre en la Penitenciaría Provincial hasta sus casi dos años, edad tope impuesta a los menores para permanecer allí. Ana Bakovic le dio la tenencia del niño a Ángel Felipe Miranda, hermano de una compañera de cautiverio. “Cuando hablo de solidaridad hablo también de esto” dijo el abogado.

“En este caso veremos también cómo la realidad supera la ficción”, resaltó Vega: en septiembre de 1976, Oscar Ramos, “clandestino y perseguido, se presentó en el domicilio de Miranda y le solicitó pasar un día con su hijo”, Miranda le llevó al niño a la esquina de San Martín y zanjón de Los Ciruelos. No volvió a saber de ellos.

“No conocemos los detalles de ese lapso entre setiembre y diciembre de 1976”, se lamentó Vega, pero su amigo Víctor Cuello declaró en esta sala que en el invierno de 1976, Miguel Poinsteau le dio refugio en su casa: “En algunas oportunidades lo vi allí a Ramos con su hijo en brazos”, agregó. Cuello contó que en octubre de ese año Ramos fue a despedirlo a la estación de trenes de Mendoza y le entregó un paquete con material de propaganda. Fue la última información que se tuvo hasta su detención, el 5 de noviembre de 1976.

Ana María Bakovic ya estaba presa en Devoto cuando supo que Miranda llevó a Ernesto con su padre y que éste fue secuestrado. Vivió el encierro sin saber dónde estaba su hijo, escribió numerosas veces al Juzgado de Menores, desde donde respondieron solo una vez: “cuando sepamos algo le avisamos”. El 14 de diciembre de 1979 fue liberada, su marido y su hijo estaban desaparecidos. Fue a su casa. El padre tampoco estaba. Nunca supo qué fue de él. Solo conoció, por los vecinos, que “un día hubo una explosión y no supieron más nada de él”. Inmediatamente fue al Juzgado por su hijo, pero no le dijeron nada: “me lo negaron”, dijo Ana ante el Tribunal. También fue a la Casa Cuna, nada.

Recién en febrero de 1984, una mujer le pide encontrarse con ella y le dice que a su hijo lo tenía en adopción otra persona. Ana volvió al Juzgado, en tiempo de feria, y pidió que revisen expedientes. Nadie la ayudó, “y otra vez la realidad supera la ficción”: la mandaron sola al sótano y sin luz a revisar expedientes. “No se veía ni siquiera lo que estaba leyendo”, contó Bakovic. “Terrorismo de Estado en estado puro”, agregó Vega.

“Y el tesón de las madres es así”, comentó el abogado. Ana encontró una anotación referida a un NN Sebastián Ernesto. Aún con el orden de los nombres cambiados supo que se trataba de su hijo. Contactó a la jueza y se le restituyó la tenencia a ella y la identidad a Ernesto. “A ver si puedo leer esto”, dijo el fiscal con la misma conmoción que recorrió a la mayoría en la sala: “Fui a verlo y mi hijo ya tenía nueve años. Cuando lo vi, me abrazó y lo primero que me dijo fue ‘hola mami, ¿y el papi?’”.

Al respecto, Rosa Gómez dijo en su declaración ante este Tribunal que en Devoto conoció a Ana y supo su historia. Entonces la relacionó con un hecho anterior, cuando estaba detenida en el D2: dos policías conversaban en el pasillo y se jactaban de “haber matado a uno que tenía un pendejo que lo mandaron al guachero”.

Oscar Daniel Iturgay nació en 1955 en Palmira. En 1974 trabajaba en la imprenta de la Municipalidad de Guaymallén donde conoció a Ana María Bakovic y a Ramos. “Pese a su diferencia de edad, entablaron una estrecha relación de amistad y militancia en Montoneros” relató el fiscal Vega.

Iturgay ingresó al servicio militar en marzo de 1975, donde sufrió todo tipo de maltratos y vejámenes debido a sus ideas y militancia política. Su hermana Gladys lo fue a ver: “estaba prácticamente piel y hueso, pelado y muy quemado por el sol... no daba más y nos refirió que en cualquier momento se iba a ir. Los brazos los tenía todos con rasguños… lo vimos muy mal física y anímicamente”.

“En efecto, como era previsible y antes de que lo mataran, Iturgay desertó y pasó a la clandestinidad”. Militares “allanaron ilegalmente la casa de la familia, revolvieron todo y de esa forma la familia se enteró de la deserción”, repasó Vega. La hermana recordó que “al poco tiempo” colocaron un artefacto explosivo en su domicilio, “seguramente a modo de venganza”. “Esa fue, quizás, la bomba que le contaron los vecinos a Bakovic cuando preguntó por su padre” señaló el fiscal.

Oscar Iturgay fue visto por última vez por su hermana en julio de 1976 cuando él fue a su casa y le comentó que la había visto de lejos en su casamiento. “No te quiero traer problemas ni a vos ni a Jorge, cuidá mucho a la mamá y cuidate mucho vos, cuidalo a Walter, te quiero mucho, chau….”

Calificar al represor
Los imputados por las desapariciones forzadas de Oscar Ramos y de Oscar Iturgay son los policías Juan Agustín Oyarzábal y Fernando Eugenio Morellato, oficial principal de Motorizada para esa ápoca y, según sus palabras, “era en los hechos el segundo al mando”. La fiscalía acusó a Morellato y Oyarzábal de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas por dos hechos, en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad por mediar violencias o amenazas en perjuicio de Oscar Ramos y Oscar Iturgay. Todos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de genocidio.

El delito de torturas -“contra Ramos e Iturgay en la sede de Motorizada, a las que cabe sumar las que seguramente sufrieron luego en el D2”- no se encuentra requerido en la elevación a juicio, Morelatto y Oyarzábal no fueron intimados en sus declaraciones indagatorias por este delito. Por ello, al momento de acusar, el Ministerio Público tomó la decisión política de elevar la causa en el estado en que se encontraba en vez de requerir al Magistrado que indagara nuevamente y la causa no llegara nunca al juicio oral.


El operativo innominado
“Este no fue un procedimiento aislado, ni de parte del Cuerpo Motorizado de Vigilancia, ni de parte del propio Morellato; ni de parte del D2” explicó Dante Vega. “Para la fecha en que desaparecieron estas personas el D2 se encontraba en plena tarea de secuestro de un grupo de militantes montoneros".

Este “operativo innominado comenzó el 3 de noviembre de 1976 con el secuestro de Laura Marchevsky”.  Un día después fueron detenidos Poinsteau y Cuello. “Podemos afirmar que el secuestro de Ramos e Iturgay”, el 5 de noviembre “fue su epílogo”, explicó el fiscal Vega.

En esos días, Ramos e Iturgay circulaban con identidades falsas: Carlos Alberto Inchaurraga Meléndez y Jesús Alberto Olivera, respectivamente. “Son los dos nombres que figuran en el libro de novedades del Cuerpo Motorizado”  y “también los menciona Pedro Dante Sánchez Camargo en la nota por la que solicita una sanción disciplinaria contra Fernando Morellato”; ambas constituyen lo central de la prueba documental. Los apellidos Ramos e Iturgay no figuran.

“Se encuentra probado con el grado de certeza aquí requerido que ambos fueron detenidos por personal del Cuerpo Motorizado de Vigilancia de la Policía de Mendoza al mando del oficial principal Fernando Morellato en la madrugada -a las 4:45- del 5 de noviembre de 1976 mientras intentaban apoderarse de un rodado marca Citroën patente M-166.260”. Así resumió Dante Vega la participación del imputado Morellato en la causa.

Cuando Morellato y una serie de ex policías -que convocó en su defensa y cuyas mentiras no son ni valorables- declararon ante el Tribunal, intentaron deslindar la participación del entonces oficial principal y del Cuerpo de Motorizada en el caso particular y en operativos referentes a la denominada “guerra contra la subversión” en general. Sin embargo, el fiscal recordó episodios anteriores que contradicen esto: Ana María Bakovic y Daniel Rabanal fueron detenidos en distintos operativos por el Cuerpo de Motorizada, esto tras recibir la orden de prestar apoyo ante la detección de “elementos subversivos". Francisco Amaya, Pablo Seydell y Daniel Moretti fueron secuestrados por la misma fuerza el 15 octubre de 1976 y fueron -también- trasladados a la sede de Motorizada.

El imputado refirió que era ignorante respecto de las funciones del D2. Sin embargo puso a disposición de ese órgano a distintos detenidos; también contó el mismo Morellato que una vez fue citado por Sánchez Camargo y creyó que quizás estaría subiendo -al piso superior de ese centro de detención- para no bajar más, como sucedió con tantos.

Sobre el caso Ramos-Iturgay, los ex agentes argumentaron que Morellato no estaba en funciones esa noche -porque se había ido a dormir, dijeron- y que cuando Motorizada detenía personas cumplía con la norma de llevarlas a la seccional policial más cercana, salvo que se tratase de militantes políticos. En esos casos, se los debía llevar al D2, según orden vigente del jefe de la policía Julio César Santuccione. Con esto, intentaron desmentir que Ramos e Iturgay hubiesen sido detenidos e interrogados bajo torturas en la sede del Cuerpo, que funcionaba en la Comisaría 25 y en donde -argumentaron- no había calabozos.

Sin embargo, en el libro de novedades de Motorizada figura la entrada de Inchaurraga y Olivera, sus números de documento y los datos filiares, de ocupación y domiciliarios. Esto echa por tierra la excusa del imputado respecto de que los detenidos fueron a parar a la sede del Cuerpo porque había dudas sobre sus identidades. En realidad, explicó el fiscal, “en el lugar de detención, Motorizada requisó a Ramos e Iturgay”. A uno le encontraron restos de papeles con impresiones de Montoneros y a otro un revólver. De allí que, aún creyendo en los nombres de Inchaurraga y Olivera, los llevan a la sede del Cuerpo para interrogarlos -“y no a la Comisaría 4ª que era la que tenía jurisdicción"-, porque detectaron que se trataba de militantes. Recién cerca de las once de la mañana el jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo los retiró para trasladarlos a ese centro de detención y torturas. Nunca más se supo nada de ellos.

También está acreditado que “en la sesión de tortura” bajo “el mando de Fernando Morellato, los policías lograron que ambos militantes, después de un cierto lapso de tiempo, revelaran sus verdaderas identidades”. “Esto implica”, agregó Vega, “que resistieron lo suficiente como para no poner en peligro a compañeros suyos”. De esto da cuenta “el propio Sánchez Camargo quien en la nota que firmó el 5 de noviembre de 1976, pidiendo una sanción para Morellato, dice que éste hizo preguntas “que no hacen al caso” dando tiempo a los militantes “a que cumplan su medida de seguridad (...) pues del correr del tiempo se trata”.

A la prueba documental mencionada se suma la testimonial de Oscar Heinze, dueño del Citroën que habrían intentado robar. “Esa noche fui alertado por un vecino, salí y encontré una patrulla con cuatro agentes con armas largas" que le dijeron que habían tratado de robar su auto y que tenía que ir a formular la denuncia a la comisaría que estaba frente a la plaza San José”, agregó que “nunca vi a los detenidos”.

En el contexto de este operativo se entiende el “enojo” de Sánchez Camargo cuando Morellato intervino: “Ramos e Iturgay estaban siendo perseguidos, pero no en forma aislada ni descontextualizada sino en plena cacería de militantes montoneros por parte del D2”. La intervención no especializada de Morellato y Motorizada habría impedido la aprehensión de cuatro militantes más.

“Morellato era la máxima autoridad de guardia el día del secuestro, él mismo admitió que ordenó la detención de ambos, tengo por probado que dio la orden de traslado -Sánchez Camargo dice en su nota de 1976: “ambos detenidos fueron puestos a disposición del D2 al filo del mediodía”-, participó activamente en el interrogatorio bajo tortura” enumeró el fiscal. “Si Morellato era quien estaba a cargo de la dependencia, o era el segundo o el tercero al mando, resulta irrelevante a los fines de su responsabilidad penal por la propia dinámica del aparato organizado de poder que integraba y por los principios que regulan la responsabilidad penal en estos casos”, explicó.

Según el libro de novedades “ocho efectivos de Motorizada salen en comisión en autos particulares a las 10:10 de la mañana, antes de que llegue el jefe del D2 a llevarse a los secuestrados”, pero se trata de una mentira que sólo pretende consignar que Morellato y sus secuaces no estaban durante el traslado. Nunca se imaginaría el imputado -quien ordenó fraguar estas anotaciones-, que la mentira terminaría develándose en un Tribunal Federal más de treinta y seis años después” señaló Vega para orgullo de más de la mitad de la sala.
Dante Vega: La faena represiva y la resistencia

viernes, 26 de octubre de 2012

O75-M: Desaparición de Roberto Blanco Fernández

Los de la policía gremial
25-10-2012 | Comenzó la etapa testimonial en la Causa 075-M que agrupa las causas de seis personas desaparecidas entre abril de 1976 y abril de 1977. Tres detenidos junto a Roberto Blanco Fernández -en distintos momentos, antes y a partir del golpe de Estado- testimoniaron acerca de la desaparición del funcionario y dirigente sindical.
Inspección judicial del 16 de octubre por los expedientes del D2 y del D5, Informaciones y Archivo de la Policía de Mendoza
Nunca más salir
Roberto Blanco Fernández, de 36 años, militante del Partido Peronista en la Juventud Sindical y Secretario de Transporte de la Provincia -bajo intervención militar del general Lucero- fue detenido ilegítimamente el 17 de enero de 1976, en el Hotel Derby, de su propiedad, por personal policial, y trasladado al D2 -Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza- donde fue brutalmente torturado hasta el día 23 de la semana siguiente, cuando fue liberado. El 31 de marzo de ese año -a través de una comunicación telefónica recibida por su novia- Nora Cadelago, Blanco fue citado por el hoy imputado Armando Fernández Miranda a presentarse al Palacio policial a fin de ampliar detalles de su declaración por recientes detenciones. Al día siguiente, Blanco acudió a la dependencia en su vehículo GTX, acompañado de su compañero y amigo, Héctor Tomás Salcedo Orellano, que testimonió en relación a los hechos: “no ocultábamos nada, pasamos por el interventor de ATE, un comandante, a fin de resguardarnos. Paró el auto en la estación de servicio de calle Belgrano, frente al D2 e ingresó por esa entrada”. Transcurrida una hora, Salcedo preguntó a los oficiales de guardia: “Por acá no entró, a lo mejor por la otra calle” fue la respuesta. “Hace 36 años entró, nunca más salió”, dijo su amigo.

Blanco y Salcedo eran militantes de la Juventud Sindical Peronista desde 1974. Trabajaban juntos en áreas relacionadas del gobierno provincial, en Transporte y Vialidad respectivamente, y en la actividad sindical, Blanco en ATE. Tenían una “importante amistad, compartíamos horas de ocio, vivíamos juntos en el hotel del cual era propietario del fondo de comercio. Otro compañero y amigo, Roberto Jaliff integraba el grupo”.

Nora Cadelago -entonces novia de Blanco- tenía un padre jefe de la Policía ferroviaria del país que alertó a los amigos sobre la inminencia del golpe de Estado y por la seguridad de Blanco. Tras el asesinato del agente Cuello, de la seccional 1ra. de la Policía de Mendoza, sobrevino “el día negro de nuestras vidas. Desde la conserjería del hotel, Felipe Sampietro -vecino, anterior dueño del hotel, en litigios con Blanco y en relación de participación política con ellos- me avisa que escape, que la policía se acababa de llevar a Blanco y Jaliff, que les habían secuestrado cuatro armas. Respondí que no, que subieran. Sin tiempo a ver más que iban de civil me encapucharon, me dieron vueltas en el auto y terminé esposado en un calabozo. En la celda contigua, alguien que reconocí como el compañero Barroso, me gritó ´estás en Investigaciones´. Por la mirilla, prostitutas que me ofrecieron ayuda -´estamos acá todos los días´-, apuntaron números de teléfonos con la indicación de que yo era funcionario del gobierno. A los tres días, cuando apareció el bolso con mis cosas, supe que la noticia había llegado. Días después nos juntaron a los tres en una misma habitación en el Departamento central de la Policía”.

Los amigos cayeron en la cuenta que habían estado detenidos en el mismo lugar, sólo que Blanco y Jaliff en el segundo subsuelo del Palacio policial y Salcedo en el primero. Blanco había sido muy golpeado, “completamente morado de la cintura al cuello, tres costillas fracturadas, el esternón desgarrado, un problema serio en el riñón. En los interrogatorios le preguntaban nombres, sobre todo por Sgroi, anterior Secretario de Transporte, también detenido ya entonces en el mismo lugar y en un estado deplorable”. ´Si vieras cómo está Yani´, le habría dicho Blanco. Salcedo reiteró que su amigo dijo que los policías que los detuvieron y torturaron era “gente conocida”, personal de Investigaciones relacionado a la “policía gremial” que controlaba antes del golpe los listados de asistentes a las asambleas de los sindicatos y frecuentaba el Derby tras los listados de huéspedes.

Jaliff -que anduvo derivado por la comisaría 7ma. de Godoy Cruz- también fue golpeado. La libertad fue “otorgada” por el “comisario Bruno” (Aldo Patrocinio), quien les dijo que habían sido detenidos en virtud de una denuncia de Felipe Sampietro - que los relaciona como quienes mataron al cabo 1ro. Cuello y tendrían en el Derby un aguantadero; además de la escopeta y una pistola calibre 45 -dada para su seguridad por la misma Policía- confiscadas a Blanco”. Sampietro, que además era miembro de la Cooperativa policial seccional primera, fue la primera persona que Salcedo encontró al retornar al hotel. En su opinión, “Sampietro armó todo para denunciarlos y hacer desaparecer a Blanco. Un tema comercial que se aprovechó gracias al proceso de reorganización nacional”.

En una reunión posterior con el jefe Santuccione, “atroz, nos recibió con dos armas sobre el escritorio y nos dijo que él estaba ahí para levantar toda la mugre, la prostitución y que lo nuestro era una rutina para determinar responsables de la muerte de Cuello, que ya habían limpiado a muchos e iban a continuar”. Blanco fue de nuevo detenido en inmediaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, golpeado y liberado horas después. Se había entrevistado previamente con Kletz, abogado auditor militar que le habría asegurado “El Ejército no lo tiene pedido, la única vez que estuvo a disposición fue a manos de la policía”. Lo mismo le aseguró “Ruiz”, ese día en la UNC, “usted está pedido, acá está la policía, si se va con ellos lo largan”. Armando Fernández se lo llevó detenido. En el reconocimiento fotográfico el testigo ubicó a Mario Stipech entre los policías actuantes en los hechos. Así, el ex médico del D2 es señalado por tercera vez en el juicio.

“Era una época muy difícil del país, las juventudes estaban encontradas, nosotros en la Juventud sindical teníamos una posición al medio, de enfrentamiento con la gente de izquierda. Íbamos armados, habilitados por la Policía para llevar armas. Conocíamos a los policías de las rondas, gente de civil, camuflada, los que golpearon a Blanco, me suena el nombre de Fernández -de unos 35 años, cara gordita- , gente del D2. Todo lo que nos pasó fue dentro del grupo de gente del D2”, agregó Salcedo. También dijo, “tengo un amigo perdido y cuatro chicos que nunca tuvieron padre, actualmente he restablecido el contacto con su ex esposa, Nora González y su hija, cuya única imagen de su padre es a bordo de una gordini blanca con una camisa con fósforos como motivo”.

Razones de orden político
El 13 de enero de 1976 Ricardo Puga -ex diputado y periodista, también testigo en el juicio anterior- fue secuestrado y detenido en la Colonia Papagallos -establecimiento escolar utilizado como Centro Clandestino de Detención-, luego fue trasladado al D2, donde vio a Roberto Blanco, quien estaba en una celda contigua fuertemente golpeado y lastimado. “Supuestamente nos atendía un médico, nunca pudimos acreditarlo”, comentó. En una ocasión, el posible médico vio a Blanco y le preguntó qué le había sucedido. Él le dijo que se había golpeado solo. En esos días, Puga y Blanco intercambiaron fugaces palabras, no se conocían de antes. También compartió el cautiverio con Mario, Alejandro y Leonardo Fioretti, Carlos Alberto Gómez, Juan Sgroi, Walter Quispe.

Entre marzo y abril de ese año, Puga estaba detenido en la Penitenciaría de Mendoza y le dijeron que lo llevaban al Juzgado Federal de calle Las Heras, pero finalmente lo volvieron a llevar al D2, lo metieron a una celda donde había más detenidos incomunicados. En la celda de al lado pudo escuchar la voz de Roberto Blanco que decía “Estos hijos de puta me han traído de nuevo aquí”. Puga fue trasladado a la Penitenciaría  donde lo liberaron en diciembre de 1976. Consultado por el motivo que presupone tuvo su detención, y la de otros como Sgroi, el testigo dijo que “fueron razones de orden político” y agregó que en aquel momento estaban construyendo un centro de salud en Guaymallén y tenían “trabajo político” en el Partido Auténtico. Recordó también que Sgroi y Blanco sí se conocían de antes de compartir el cautiverio.

Todos los días, a toda hora
Carlos Alberto Gómez Moreno militaba en la Juventud Peronista cuando en enero de 1976 fue secuestrado y detenido en el D2. A las cinco de la madrugada llegaron hombres mal vestidos y encapuchados a su casa -uno a cara descubierta-, en la calle Tropero Sosa de Guaymallén, donde estaban su esposa, su hijo de cuatro meses y su hermana menor. Con armas largas y organizados en alrededor de seis vehículos sin identificación -incluso Gómez señaló que había un helicóptero rondando- “se robaron todo” -varios bienes y dinero- y se lo llevaron, maniatado y amordazado.

Por las mismas horas que fue encerrado en el D2 llegaron a ese centro clandestino los hermanos Fioretti y su padre, y Walter Francisco Quispe. Poco después llevaron también a Roberto Blanco, Ricardo Puga y Juan Sgroi.  Allí estuvo doce días en los cuales fue fuertemente maltratado y torturado, al igual que varios detenidos. Entre ellos Blanco, que por entonces había sido detenido y, según Gómez, tenían cierto “ensañamiento” con él y con Sgroi. “Torturaban todos los días, a cualquier hora del día” -picana, golpes, el “submarino”-, relató el sobreviviente. Disponían para ello de un “lugar que tenían arriba”; también los trasladaban a otros centros de detención como Campo Las Lajas -donde había como chozas o piezas grandes, y conoció al “Negro” Salinas, también víctima de los represores- y Colonia Papagallos. En varias ocasiones los agentes le pedían a los detenidos que pisaran o golpearan a Blanco cuando estaba tendido en el suelo. Gómez afirmó que también había mujeres detenidas y recordó que una cantaba el Ave María.

Luego de casi dos semanas, trasladaron a Gómez a la Penitenciaría provincial, en donde siguió el periplo de torturas. El testigo recordó que a uno de los captores se le ocurrió decir que ese grupo había sido el que mató al agente policial Alberto Rubén Cuello y por eso los golpeaban “al paso”. Así hirieron a Gómez gravemente en la cabeza.

Ya en la cárcel, a disposición del PEN, Gómez fue trasladado por el Servicio penitenciario al Juzgado Federal de calle Las Heras. Allí le tomó testimonio el Juez Carrizo, a quien le contó del robo, secuestro y torturas; y de quien no recibió ninguna respuesta. También señaló que había un fiscal presente de apellido Rodríguez.

Detalles
Gómez recordó que Sgroi “parecía un monstruo” por efectos de la tortura y muchas veces le dio de comer porque no podía hacerlo solo.

Cuando los iban a torturar, los captores preguntaban “¿Nombre?”, tras la respuesta ordenaban: “Ponete de espaldas contra la puerta”.

Las veces que oyó alguna explicación, los agentes policiales dijeron que “los mandaban los del Ejército”. En una ocasión, Carlos vio al jefe del D2, Juan Agustín Oyarzábal, quien le dijo que “no denunciara nada”.

Recordó, al igual que Puga, que había un agente que se encargaba de llevarles comida, tristemente recordado -en ese contexto- porque no los golpeó ni torturó.

El 16 de marzo de 1976, liberaron a Carlos Gómez. A la salida de la Penitenciaría, relató el testigo, había autos de civil esperándolo para volver a detenerlo. Al ver la situación, el entonces director de la cárcel lo escoltó hasta su casa.

En el visado del Álbum número 3, con fotos de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, reconoció a Patricio Díaz como el que le “rompió la cabeza” en la Penitenciaría y a “Tito” Gómez como un agente que les robaba la plata a los detenidos cada vez que los requisaba.

Novedades
Partes querellantes hicieron expreso al Tribunal los pedidos de requerimientos de expedientes apuntados el día anterior al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, así como a la Casa por la Memoria y a la UNCuyo, constancias de las fichas del D2 con los prontuarios en relación a las Causas restituidos. El presidente Antonio González Macías comunicó la inspección judicial al Archivo de la Cámara Federal de Apelaciones realizada el 24 de octubre y el pedido de los expedientes al Ministerio de Defensa, ya remitidos  a una oficina de la memoria.