O75-M: Desaparición de Roberto Blanco Fernández

Los de la policía gremial

25-10-2012 | Comenzó la etapa testimonial en la Causa 075-M que agrupa las causas de seis personas desaparecidas entre abril de 1976 y abril de 1977. Tres detenidos junto a Roberto Blanco Fernández -en distintos momentos, antes y a partir del golpe de Estado- testimoniaron acerca de la desaparición del funcionario y dirigente sindical.

Inspección judicial del 16 de octubre por los expedientes del D2 y del D5, Informaciones y Archivo de la Policía de Mendoza

Nunca más salir
Roberto Blanco Fernández, de 36 años, militante del Partido Peronista en la Juventud Sindical y Secretario de Transporte de la Provincia -bajo intervención militar del general Lucero- fue detenido ilegítimamente el 17 de enero de 1976, en el Hotel Derby, de su propiedad, por personal policial, y trasladado al D2 -Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza- donde fue brutalmente torturado hasta el día 23 de la semana siguiente, cuando fue liberado. El 31 de marzo de ese año -a través de una comunicación telefónica recibida por su novia- Nora Cadelago, Blanco fue citado por el hoy imputado Armando Fernández Miranda a presentarse al Palacio policial a fin de ampliar detalles de su declaración por recientes detenciones. Al día siguiente, Blanco acudió a la dependencia en su vehículo GTX, acompañado de su compañero y amigo, Héctor Tomás Salcedo Orellano, que testimonió en relación a los hechos: “no ocultábamos nada, pasamos por el interventor de ATE, un comandante, a fin de resguardarnos. Paró el auto en la estación de servicio de calle Belgrano, frente al D2 e ingresó por esa entrada”. Transcurrida una hora, Salcedo preguntó a los oficiales de guardia: “Por acá no entró, a lo mejor por la otra calle” fue la respuesta. “Hace 36 años entró, nunca más salió”, dijo su amigo.

Blanco y Salcedo eran militantes de la Juventud Sindical Peronista desde 1974. Trabajaban juntos en áreas relacionadas del gobierno provincial, en Transporte y Vialidad respectivamente, y en la actividad sindical, Blanco en ATE. Tenían una “importante amistad, compartíamos horas de ocio, vivíamos juntos en el hotel del cual era propietario del fondo de comercio. Otro compañero y amigo, Roberto Jaliff integraba el grupo”.

Nora Cadelago -entonces novia de Blanco- tenía un padre jefe de la Policía ferroviaria del país que alertó a los amigos sobre la inminencia del golpe de Estado y por la seguridad de Blanco. Tras el asesinato del agente Cuello, de la seccional 1ra. de la Policía de Mendoza, sobrevino “el día negro de nuestras vidas. Desde la conserjería del hotel, Felipe Sampietro -vecino, anterior dueño del hotel, en litigios con Blanco y en relación de participación política con ellos- me avisa que escape, que la policía se acababa de llevar a Blanco y Jaliff, que les habían secuestrado cuatro armas. Respondí que no, que subieran. Sin tiempo a ver más que iban de civil me encapucharon, me dieron vueltas en el auto y terminé esposado en un calabozo. En la celda contigua, alguien que reconocí como el compañero Barroso, me gritó ´estás en Investigaciones´. Por la mirilla, prostitutas que me ofrecieron ayuda -´estamos acá todos los días´-, apuntaron números de teléfonos con la indicación de que yo era funcionario del gobierno. A los tres días, cuando apareció el bolso con mis cosas, supe que la noticia había llegado. Días después nos juntaron a los tres en una misma habitación en el Departamento central de la Policía”.

Los amigos cayeron en la cuenta que habían estado detenidos en el mismo lugar, sólo que Blanco y Jaliff en el segundo subsuelo del Palacio policial y Salcedo en el primero. Blanco había sido muy golpeado, “completamente morado de la cintura al cuello, tres costillas fracturadas, el esternón desgarrado, un problema serio en el riñón. En los interrogatorios le preguntaban nombres, sobre todo por Sgroi, anterior Secretario de Transporte, también detenido ya entonces en el mismo lugar y en un estado deplorable”. ´Si vieras cómo está Yani´, le habría dicho Blanco. Salcedo reiteró que su amigo dijo que los policías que los detuvieron y torturaron era “gente conocida”, personal de Investigaciones relacionado a la “policía gremial” que controlaba antes del golpe los listados de asistentes a las asambleas de los sindicatos y frecuentaba el Derby tras los listados de huéspedes.

Jaliff -que anduvo derivado por la comisaría 7ma. de Godoy Cruz- también fue golpeado. La libertad fue “otorgada” por el “comisario Bruno” (Aldo Patrocinio), quien les dijo que habían sido detenidos en virtud de una denuncia de Felipe Sampietro - que los relaciona como quienes mataron al cabo 1ro. Cuello y tendrían en el Derby un aguantadero; además de la escopeta y una pistola calibre 45 -dada para su seguridad por la misma Policía- confiscadas a Blanco”. Sampietro, que además era miembro de la Cooperativa policial seccional primera, fue la primera persona que Salcedo encontró al retornar al hotel. En su opinión, “Sampietro armó todo para denunciarlos y hacer desaparecer a Blanco. Un tema comercial que se aprovechó gracias al proceso de reorganización nacional”.

En una reunión posterior con el jefe Santuccione, “atroz, nos recibió con dos armas sobre el escritorio y nos dijo que él estaba ahí para levantar toda la mugre, la prostitución y que lo nuestro era una rutina para determinar responsables de la muerte de Cuello, que ya habían limpiado a muchos e iban a continuar”. Blanco fue de nuevo detenido en inmediaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, golpeado y liberado horas después. Se había entrevistado previamente con Kletz, abogado auditor militar que le habría asegurado “El Ejército no lo tiene pedido, la única vez que estuvo a disposición fue a manos de la policía”. Lo mismo le aseguró “Ruiz”, ese día en la UNC, “usted está pedido, acá está la policía, si se va con ellos lo largan”. Armando Fernández se lo llevó detenido. En el reconocimiento fotográfico el testigo ubicó a Mario Stipech entre los policías actuantes en los hechos. Así, el ex médico del D2 es señalado por tercera vez en el juicio.

“Era una época muy difícil del país, las juventudes estaban encontradas, nosotros en la Juventud sindical teníamos una posición al medio, de enfrentamiento con la gente de izquierda. Íbamos armados, habilitados por la Policía para llevar armas. Conocíamos a los policías de las rondas, gente de civil, camuflada, los que golpearon a Blanco, me suena el nombre de Fernández -de unos 35 años, cara gordita- , gente del D2. Todo lo que nos pasó fue dentro del grupo de gente del D2”, agregó Salcedo. También dijo, “tengo un amigo perdido y cuatro chicos que nunca tuvieron padre, actualmente he restablecido el contacto con su ex esposa, Nora González y su hija, cuya única imagen de su padre es a bordo de una gordini blanca con una camisa con fósforos como motivo”.

Razones de orden político

El 13 de enero de 1976 Ricardo Puga -ex diputado y periodista, también testigo en el juicio anterior- fue secuestrado y detenido en la Colonia Papagallos -establecimiento escolar utilizado como Centro Clandestino de Detención-, luego fue trasladado al D2, donde vio a Roberto Blanco, quien estaba en una celda contigua fuertemente golpeado y lastimado. “Supuestamente nos atendía un médico, nunca pudimos acreditarlo”, comentó. En una ocasión, el posible médico vio a Blanco y le preguntó qué le había sucedido. Él le dijo que se había golpeado solo. En esos días, Puga y Blanco intercambiaron fugaces palabras, no se conocían de antes. También compartió el cautiverio con Mario, Alejandro y Leonardo Fioretti, Carlos Alberto Gómez, Juan Sgroi, Walter Quispe.

Entre marzo y abril de ese año, Puga estaba detenido en la Penitenciaría de Mendoza y le dijeron que lo llevaban al Juzgado Federal de calle Las Heras, pero finalmente lo volvieron a llevar al D2, lo metieron a una celda donde había más detenidos incomunicados. En la celda de al lado pudo escuchar la voz de Roberto Blanco que decía “Estos hijos de puta me han traído de nuevo aquí”. Puga fue trasladado a la Penitenciaría  donde lo liberaron en diciembre de 1976. Consultado por el motivo que presupone tuvo su detención, y la de otros como Sgroi, el testigo dijo que “fueron razones de orden político” y agregó que en aquel momento estaban construyendo un centro de salud en Guaymallén y tenían “trabajo político” en el Partido Auténtico. Recordó también que Sgroi y Blanco sí se conocían de antes de compartir el cautiverio.

Todos los días, a toda hora

Carlos Alberto Gómez Moreno militaba en la Juventud Peronista cuando en enero de 1976 fue secuestrado y detenido en el D2. A las cinco de la madrugada llegaron hombres mal vestidos y encapuchados a su casa -uno a cara descubierta-, en la calle Tropero Sosa de Guaymallén, donde estaban su esposa, su hijo de cuatro meses y su hermana menor. Con armas largas y organizados en alrededor de seis vehículos sin identificación -incluso Gómez señaló que había un helicóptero rondando- “se robaron todo” -varios bienes y dinero- y se lo llevaron, maniatado y amordazado.

Por las mismas horas que fue encerrado en el D2 llegaron a ese centro clandestino los hermanos Fioretti y su padre, y Walter Francisco Quispe. Poco después llevaron también a Roberto Blanco, Ricardo Puga y Juan Sgroi.  Allí estuvo doce días en los cuales fue fuertemente maltratado y torturado, al igual que varios detenidos. Entre ellos Blanco, que por entonces había sido detenido y, según Gómez, tenían cierto “ensañamiento” con él y con Sgroi. “Torturaban todos los días, a cualquier hora del día” -picana, golpes, el “submarino”-, relató el sobreviviente. Disponían para ello de un “lugar que tenían arriba”; también los trasladaban a otros centros de detención como Campo Las Lajas -donde había como chozas o piezas grandes, y conoció al “Negro” Salinas, también víctima de los represores- y Colonia Papagallos. En varias ocasiones los agentes le pedían a los detenidos que pisaran o golpearan a Blanco cuando estaba tendido en el suelo. Gómez afirmó que también había mujeres detenidas y recordó que una cantaba el Ave María.

Luego de casi dos semanas, trasladaron a Gómez a la Penitenciaría provincial, en donde siguió el periplo de torturas. El testigo recordó que a uno de los captores se le ocurrió decir que ese grupo había sido el que mató al agente policial Alberto Rubén Cuello y por eso los golpeaban “al paso”. Así hirieron a Gómez gravemente en la cabeza.

Ya en la cárcel, a disposición del PEN, Gómez fue trasladado por el Servicio penitenciario al Juzgado Federal de calle Las Heras. Allí le tomó testimonio el Juez Carrizo, a quien le contó del robo, secuestro y torturas; y de quien no recibió ninguna respuesta. También señaló que había un fiscal presente de apellido Rodríguez.

Detalles

Gómez recordó que Sgroi “parecía un monstruo” por efectos de la tortura y muchas veces le dio de comer porque no podía hacerlo solo.

Cuando los iban a torturar, los captores preguntaban “¿Nombre?”, tras la respuesta ordenaban: “Ponete de espaldas contra la puerta”.

Las veces que oyó alguna explicación, los agentes policiales dijeron que “los mandaban los del Ejército”. En una ocasión, Carlos vio al jefe del D2, Juan Agustín Oyarzábal, quien le dijo que “no denunciara nada”.

Recordó, al igual que Puga, que había un agente que se encargaba de llevarles comida, tristemente recordado -en ese contexto- porque no los golpeó ni torturó.

El 16 de marzo de 1976, liberaron a Carlos Gómez. A la salida de la Penitenciaría, relató el testigo, había autos de civil esperándolo para volver a detenerlo. Al ver la situación, el entonces director de la cárcel lo escoltó hasta su casa.

En el visado del Álbum número 3, con fotos de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, reconoció a Patricio Díaz como el que le “rompió la cabeza” en la Penitenciaría y a “Tito” Gómez como un agente que les robaba la plata a los detenidos cada vez que los requisaba.

Novedades

Partes querellantes hicieron expreso al Tribunal los pedidos de requerimientos de expedientes apuntados el día anterior al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, así como a la Casa por la Memoria y a la UNCuyo, constancias de las fichas del D2 con los prontuarios en relación a las Causas restituidos. El presidente Antonio González Macías comunicó la inspección judicial al Archivo de la Cámara Federal de Apelaciones realizada el 24 de octubre y el pedido de los expedientes al Ministerio de Defensa, ya remitidos  a una oficina de la memoria.