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11-10-2012 | Dos testimonios, Martín Alcaráz
-hijo de Antonia Campos y José Antonio Alcaráz, desaparecidos- y Angelina Caterino
-madre de Gladys Castro, embarazada, desaparecida- transmitieron la profundidad
de las relaciones y las búsquedas. El relato de Alcaráz abrió la causa 053-M.
Otros dos testimonios -de ex policías del D2- dejaron inferir rasgos del
funcionamiento acerca de “Informaciones” en ese Centro clandestino.
Angelina Caterino de Castro y José Fermín Castro
tenían seis hijos en 1977, los tres menores vivían en la casa familiar de calle
25 de mayo en Dorrego. Su hija Gladys se había casado dos años antes con Walter
Domínguez y ambos vivían en calle Luzuriaga de Godoy Cruz, de donde fueron
secuestrados el 9 de diciembre de aquel año. Gladys tenía un embarazo de seis
meses. Angelina supo de los secuestros por sus consuegros que hallaron rota la
puerta de acceso al jardín del domicilio -luego reparada por Osiris Domínguez
(p)- tras hallar todo revuelto. Por una vecina y la hija aledañas al matrimonio
-que fueron testigos de los hechos y con las que tuvo contacto durante unos
meses- se enteró que más de cuatro hombres encapuchados y armados descendieron
desde dos vehículos comunes a las tres de la mañana e ingresaron a la casa. Las
vecinas oyeron los gritos de Gladys pidiendo auxilio, preguntando por qué los
llevaban si no habían hecho nada. Alcanzaron a ver que se la llevaban en bata.
José Fermín
radicó la denuncia infructuosa en la comisaría 25, presentó el rechazado habeas
corpus y se ocupó de denunciar y buscar (“cada quince días se arrimaba por el
Comando” -VIII de Brigada de montaña, en cuyo escritorio de ingreso al
edificio, un uniformado le dijo: “se lo habrá llevado algún compañero suyo”).
Angelina siguió averiguando con sus consuegros (se enteró del operativo
paralelo al de su hija y su yerno en casa de los Domínguez) y cuidó de sus
hijos más chicos enfermos.
“Ella era
muy inteligente, fue cuadro de honor en la secundaria en el Martín Zapata. Con
Walter se conocían del barrio, hubo noviazgo, llevaban casi dos años casados. Ella
trabajó en una farmacia, en un negocio de ropa y en una panadería, estudiaba
Bellas Artes. El estudiaba arquitectura y trabajaba en Pescarmona, nunca me
comentó si estuvo en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)”, reseñó
Angelina acerca de su hija y de su compañero.
Sobre el
cerco represivo cada vez más patente, Angelina recordó: “en la facultad
secuestraron a un amigo de Walter, había rumores de desapariciones y
persecuciones, para diciembre de 1977 ella tenía mucho miedo y más, embarazada
de seis meses. Diez días antes había estado en Chile y me dijo, ´me gustaría
irme con el papi´. Andaban con miedo por otros chicos que se habían llevado”.
“Tenía
esperanzas que los largaran, hoy están desaparecidos”, dijo Angelina sobre
Gladys y Walter. Respecto al alumbramiento de su hija -su nieta o nieto-
explicó: “Lo esperaba todas las noches, siempre la esperanza, me lo van a
traer, lo van a dejar en la puerta. Nunca pasó, no sé si lo habrán dado a otra
persona, si habrá nacido bien”.
“Siempre
trato de seguir construyendo la historia, no sé si será relevante”, expresó Martín Antonio Alcaráz en mitad de su
testimonio, mientras relataba las historias de Antonia Adriana Campos -su mamá,
desaparecida-, José Antonio Alcaráz -su papá, desaparecido-, María Silvia
Campos -su tía, desaparecida- y la suya -secuestrado a los diez meses de edad
en el operativo que atentó contra sus padres-. “Claro que es relevante”, lo
alentó el fiscal Dante Vega. Al comienzo Vega le había dado lugar: “Usted
testimonió el año pasado en relación a la desaparición de su tía, ofreció todo
un perfil de su vida, ahora le pedimos lo mismo respecto a sus padres y su
familia":
“Nací el 7
de febrero de 1977. Ellos se conocieron en San José, eran vecinos, se casaron
dos años antes de ser secuestrados, vivían en calle Juan Godoy de Godoy Cruz,
él tenía 20 años, ella 22. Mi papá era muy buen compañero de mi mamá. La
acompañaba mucho. Ella -estudiante de medicina- era más de ayudar, él -como
conocía de imprentas- colaboraba con el material gráfico. Silvia y Antonia eran
muy compinches, con convicciones de izquierda, compartían lecturas. En el 75
empezó el miedo. Antonia se ocupó demasiado tras la desaparición de Silvia”,
relató Martín. Adriana -hermana menor de Antonio, cercana a sus actividades-
le contó que “siempre andaban con folletería” y recordó un campamento en
Bermejo donde el grupo habló de política. A su vez, Cecilia Vera -hija de
Rodolfo Vera, desaparecido durante ese diciembre-, a través de su madre Mirta
Hernández -que conoció al matrimonio- le comentó la probable relación entre las
desapariciones de la pareja con las
del grupo de militantes del PCML (causa 085-M), donde según Hernández “militaban y
se organizaban celularmente”.
Martín dejó
en claro que los secuestros se produjeron el 6 de diciembre de 1977; que al
otro día hacia la medianoche fue dejado en una caja en la casa de sus abuelos
maternos; que los hechos fueron “procedimientos del gobierno militar”; y que -según
su abuelo paterno- sus padres habrían sido desaparecidos en el D2. “Esa
madrugada nos secuestraron. Mi papá trabajaba con mi abuelo materno en San José.
Se preocupó por su atraso ese día -Silvia había sido secuestrada un año y medio
atrás: la misma novela anterior-. Fue hasta la casa, la encontró saqueada, con
la puerta rota. Según vecinos, la policía se llevó las cosas”.
Otro
vecino, Mario Gómez -además amigo de Antonio-, presenció cuando dejaban a
Martín en casa de sus abuelos maternos: “un par de Falcon sobre calle Pedernera
bajaron un bulto y lo dejaron en la vereda. El vecino esperó a que se fueran,
fue él quien golpeó la puerta de la casa”. Por secuencias de recuerdos, de
comentarios, Martín contó que su abuela materna se quedó sin habla, que lo
llevaron a la vuelta a casa de sus abuelos paternos, donde entre todos lo
revisaron porque parecía dopado, sin reacción, no lloraba. “Vaya a saber el
circuito turístico que he hecho en esas 24 horas”, se permitió sonreir.
“Todo esto
desarmó la familia. Las tres desapariciones, la persecución, atravesaron a toda
la familia.” Los Alcaráz en completo vieron alteradas sus vidas. Para 1979 se fueron
dejando afectos las hermanas sobrevivientes. El temor, la vigilancia contrariaron
el porvenir de los abuelos. “Hoy tengo mi familia, mis hijos, pero no mi mamá,
ni mi papá, ni mi tía”, enseñó Martín a sus 35 años.
Otras máquinas del segundo piso
Las
divisiones o departamentos D5 -“Archivos judiciales” de la Policía de Mendoza-
y D2 -“Informaciones” de la Policía de Mendoza- compartieron espacio físico en
el Palacio Policial y también la distribución de tareas en lo concerniente a la
remisión y reasignación de información contenida en los prontuarios civiles
destinados al servicio de la represión ilegal. En el subsuelo estaba el D5, con
los legajos conformados y antecedentes de los habitantes de la Provincia. En el
segundo piso, además de la “sala de reunión de detenidos” y del área de
calabozos clandestinos del D2, funcionaban oficinas “administrativas” con archivo
propio, secreto (contenido en varios armarios), en las cuales se procesaban los
prontuarios indicados por los “jefes”. Una “mesa de entrada y los escritorios
al fondo” constituían el ámbito de trabajo.
El reciente
testimonio del ex policía Jorge Rivero -a cargo del archivo D5 durante la
dictadura- según el cual eran cuatro las personas encargadas del movimiento de
legajos entre secciones; y el Libro de constancias de las devoluciones que el
D2 hacía al D5, motivaron la citación a declarar de otros dos ex policías que
se desempeñaron allí, Carlos Faustino
Álvarez y Miguel Angel Salinas.
El habitual
silencio cómplice de los otrora uniformados, el decir sin decir, la desmemoria,
el refugio en el argumento de “sólo realizar funciones administrativas”, la
descarga de responsabilidades en jefes que no se nombran, o se nombran porque
están fallecidos, dominó el hilo de ambas declaraciones. Sin embargo, la
indagación del abogado Pablo Salinas, representante por el Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos -MEDH- , sobre todo respecto al testigo Salinas, menos
reticente, permitió dar cuenta de que:
-En un
papelito, o ficha mínima, expedido en “Informaciones” por los oficiales Félix
Andrada y Ricardo Couto (y en algunas oportunidades por “jefes”) se solicitaban
los prontuarios a investigar. Álvarez y Salinas (“estábamos para los mandados”)
bajaban, recibían los legajos, firmaban en el Libro de salidas del D5, volvían
al segundo piso, remitían los legajos a sus superiores que tenían plazos no
mayores a 48 horas para devolver los expedientes (aunque había casos de
prontuarios en poder del D2 durante semanas), estos eran reasignados por el
plantel de escribientes en cuanto a información (se agregaba alguna clave que
date destino de la persona, direcciones nuevas, relaciones), para finalmente
ser entregados al subsuelo, tras la firma de Rivero en el Libro del D2.
-“Todos
pedían información al D2, Ejército, Fuerza Aérea”. También “había prontuarios
propios del D2". Era el jefe encargado -Andrada, Couto- el que ordenaba los
legajos a referenciar. Se agregaban recortes de prensa, información “pública”;
se actualizaban las fichas. Tanto el D2 y el D5 funcionaban de modo permanente,
con turnos nocturnos ante las urgencias. El personal policial designado para
las funciones de correo y manipulación de datos era “el más rápido en el manejo
de ficheros y de las máquinas de escribir en el segundo piso”.
-De los imputados en el juicio y cercanos o
partes del funcionamiento del centro clandestino, los testigos reconocieron a los
jefes Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Miranda Genaro, Alsides París Francisca,
Agustín Oyarzábal (“Titín, muy distinto de los demás"), Armando Fernández
Miranda y Venturino. Otros indicados fueron Rondinini, Pablo “Negro” Gutiérrez,
Ricardo Vásquez, Carmen Juri, Alfredo Edgar Gómez, el “Pájaro” Rodríguez
Vásquez, el “Ruso” Smaha, Josefina Rita Gorro y el “Viejo” Manuel Bustos.
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