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viernes, 22 de febrero de 2013

053-M: Desapariciones de Adriana Campos y Antonio Alcaráz; y privación de la libertad de Martín Alcaraz. Alegato I: Fiscalía

La maquinaria y las órdenes
21-02-13 | El fiscal Dante Vega alegó por las desapariciones de Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción ilegal del hijo de ambos, Martín. Los imputados son los militares Paulino Enrique Furió y Juan Antonio Garibotte; y los policías Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Alsides París Francisca -jefe de Policía y enlace militar.
Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa
Estos casos tuvieron una elevación a juicio parcial y se trataron en el segundo proceso oral por delitos de lesa humanidad en Mendoza. En ese juicio de 2011 se trató junto a la desaparición de la hermana de Antonia, Silvia Campos -secuestrada en mayo de 1976-. Por cuestiones técnico-burocráticas, la Causa fue juzgada por partes y, a la vez, quedó marginada del grupo de casos de diciembre de 1977 -Causa 085- ocurridos en el marco del denominado Operativo Escoba que tuvo por objetivo el “desmembramiento” del Partido Comunista Marxista Leninista -PCML-.

Se trató de un operativo de alcance nacional y, al igual que lo comprobado en la Causa 077M -desapariciones en mayo de 1978-, se realizó con el accionar “conjunto” de fuerzas militares y policiales. “Su ejecución tuvo lugar entre fines de 1977 y principios de 1978”, describió el fiscal.

“Todo operativo fue conjunto tanto en su diagramación como en su ejecución”, explicó Vega. Existía “una Comunidad Informativa que combinaba la inteligencia policial con la militar” y “el modus operandi” que se repitió en todo el país implicó “zonas liberadas, santos y señas intercambiados con la policía; intervención directa de ésta en los secuestros ilegales, en conjunto con militares” y  “paralela o subordinadamente, casos de ‘aseguramiento del perímetro’”.

D2 en el ojo de la tormenta
“Se encuentra probada con certeza la intervención del D2 en la inteligencia previa, en el secuestro y la posterior desaparición de Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaraz y, por ende, en la sustracción ilegal de Martín Alcaraz”. Así comenzó el fiscal el apartado en su alegato referido a las responsabilidades.

En el Libro de Registro de Prontuarios Civiles devueltos al Archivo General D5, “habilitado el 20 de diciembre de 1977 con la firma de Aldo Patrocinio Bruno”, consta el pedido y la devolución de prontuarios del D2 al D5. Entre ellos, consta que el D2 pidió y devolvió juntos los legajos de Campos y Alcaráz. Aldo Patrocinio Bruno dijo en su única declaración indagatoria que él -como segundo jefe del D2 primero, y jefe después- solo hacía “trabajo administrativo”, que redactaban “informes” a pedido de “diversas dependencias”.

Jorge Aladino Rivero, policía que por entonces trabajaba en el D5, testimonió en este juicio: “Venían de las distintas oficinas de investigaciones y sacaban estos prontuarios y después los devolvían”. Lo que Bruno “burocratizó”, en palabras de Vega, Rivero lo ancló: “oficinas de investigaciones” eran las que pedían los legajos. “En otro tramo de su declaración Rivero dijo que escuchó gritos que provenían del D2, ‘muy fuertes’ y agregó que en esa época sabía que esos gritos podían ser de torturas o tormentos”, recordó el abogado.

“Existen tres testimonios” repasó el fiscal, “que mencionan al D2 en esta Causa”: José Alcaráz padre se presentó ante el Juez Federal Gabriel Guzzo -próximamente enjuiciado por complicidad con la dictadura- el 29 de diciembre de 1977. Allí dio cuenta del Habeas Corpus presentado por su hijo y su nuera, y agregó que tuvo “conocimiento” de que “se encontrarían detenidos” en “dependencias del D2”, lo cual supo por “personas a quienes se les ha permitido la visita a familiares detenidos en esa dependencia”. El padre de Adriana, Pedro Campos, “fue citado al D2, no a la Comisaría Tercera ni a Rentas. Al D2” remarcó Vega. Allí le dijeron que a su hija y su yerno los tenían “fuerzas de seguridad, pero nadie me dio ningún comprobante de nada”.

Calificar al represor
Al igual que en las causas anteriormente alegadas, Dante Vega refirió que la responsabilidad de los imputados corresponde a las funciones y cargos que cumplían: “La maquinaria terrorista funcionaba en base a las órdenes que se daban”. Pero son responsables no sólo por eso.

Paulino Enrique Furió era, a fines de 1977, Jefe de la División II de Inteligencia -G2- del Ejército. Funcionaba en la sede del VIII Comando de Brigada de Montaña, donde se reunía la Central Única de Inteligencia” -la Comunidad Informativa.

Vega remitió a argumentos expuestos anteriormente que explican el “rol fundamental que cumplió la inteligencia militar en el aparato organizado de poder”. El accionar conjunto de las fuerzas y el mando primigenio del Ejército corresponden a una “continuidad de la estructura militar antes y después del golpe de Estado”, plasmada en un cuerpo normativo “de superficie” -como el Reglamento sobre Organización y funcionamiento de los Estados Mayores: “el jefe de inteligencia será el principal miembro del Estado Mayor que tendrá responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con el enemigo”- y también en manuales y reglamentos clandestinos.

Furió era entonces el “principal coordinador de los interrogatorios, seleccionador de los prisioneros y responsable de la reunión de información sobre el enemigo”. Furió “miente cuando dice que el General Maradona “tenía mando directo con los Jefes de Unidades sin pasar por el Estado Mayor en la Brigada”, agregó el fiscal.

Juan Antonio Garibotte fue enviado el 26 de noviembre de 1975 a Tucumán para participar en el “Operativo Independencia”, retornó a Mendoza luego de casi 35 días. El 9 de marzo de 1976 fue enviado nuevamente a Tucumán. Esa vez permaneció casi más de dos meses. En su informe de desempeño del 15 de octubre de 1976, fue calificado con promedio 100 y se consignó que es “uno de los pocos sobresalientes para su grado”, repasó Vega. El 15 de diciembre de 1976 asume en el Comando de la VIII Brigada como Auxiliar del G2.

“Garibotte evidentemente miente cuando afirma en su indagatoria prestada en la instrucción que no supo ni  participó en ninguna tarea relacionada con la ‘lucha contra la subversión’”, advirtió Vega. El represor dijo en ese testimonio: “mi tarea se limitaba a producir informes del área, es decir, explotación de prensa, cumplimentar informes que eran requeridos a Inteligencia, pero no referidos a la problemática que se me plantea de subversión”.

Vega recordó que el 7 de abril de 1977 este militar participó del operativo en la casa de los padres del desaparecido Rodolfo Vera, ocurrido dos días después de que el padre de Rodolfo presentara un escrito reclamando la camioneta que se robaron las patotas cuando secuestraron a Jorge Becerra. “El propósito del allanamiento era dar con el paradero de Vera” aclaró el fiscal.

Alsides Paris Francisca era Jefe de la Policía de Mendoza a fines de 1977, con “gran capacidad de adaptación, realizando una meritoria labor, animada por una elevada cuota de iniciativa y responsabilidad” según consta en su legajo. Nunca prestó declaración. Sí lo hizo Pedro Dante Sánchez Camargo en 1986 -quien fuera jefe del D2- y aclaró: “El Comando de Operaciones Táctico funcionaba a través del jefe de Policía que recibía órdenes y las trasmitía al D2”. “Francisca, como máxima autoridad policial, no pudo desconocer los operativos que llevaban a cabo sus subordinados, algunos en operaciones conjuntas con fuerzas militares”, señaló.

Ricardo Benjamín Miranda fue jefe del D2 entre agosto y diciembre de 1977. “En su carácter de máximo responsable del centro clandestino no pudo permanecer ajeno a la estructura que formó la inteligencia para proceder al secuestro del matrimonio Campos-Alcaráz ni tampoco a la permanencia en las dependencias de las víctimas en el D2” aseguró el abogado.

Aldo Patrocinio Bruno fue segundo jefe del D2 cuando lo comandaba Miranda, y luego lo sucedió en el cargo. En su descargo en la instrucción dijo que “para esa época no había detenidos en el lugar”, que ignoraba “si allí hubo gente detenida anteriormente” y agregó sobre las víctimas: “no los conozco ni he escuchado hablar de las mismas ni he participado del procedimiento que diera lugar a la presunta detención de las mismas”.

El fiscal señaló a los imputados como coautores mediatos por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. También por sustracción de un menor de diez años  -Martín Alcaraz-; robo agravado por haberse cometido con armas -el “hociqueo”, la “rapiña” en la casa del matrimonio-; todos delitos perpetrados en el marco del de asociación ilícita, constituyen delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del genocidio.
Dante Vega: Responsabilidades y mandos

“Un hecho vidrioso”. Antonia, José y Martín
Vega hizo una reconstrucción de los hechos: el secuestro de Campos y Alcaráz; la “rapiña” y “hociqueo” que la patota hizo en la casa del matrimonio; la sustracción ilegal de Martín y la entrega del niño que hicieron a escondidas y en una caja. Luego repasó las responsabilidades de los imputados y especificó las calificaciones que les cabe.
Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa
Antonia Adriana Campos estudiaba medicina pero abandonó la facultad por falta de recursos. Con su hermana Silvia “compartían no sólo sus estudios de Medicina sino también los ideales de izquierda, en particular la atracción por la figura del Che Guevara”, recordó Dante Vega. Antonia militaba en el PCML y Silvia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-.

Dante Vega recordó que Martín Alcaráz declaró que días antes del operativo su madre le habría comentado a su abuela que “estaban investigando las circunstancias del secuestro” de Silvia y que “estaban muy cerca de dar con su paradero”. Antonia Catania, la mamá de Adriana, contó en testimonio anterior que su hija le dijo: “Mirá mamá, pronto vamos a saber algo de Silvia, porque algo me han informado, ya te lo voy a decir”.

José Antonio Alcaráz fue empleado farmacéutico, trabajó en una imprenta de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y fue delegado gremial. Tenía “fuertes ideas de izquierda”, según relató su hijo ante el Tribunal. Campos y Alcaráz se casaron en 1975, “cuando Antonia tenía 18 años y José 20”. En 1977, José trabajaba con su padre en un comercio y vivía con su esposa en Godoy Cruz. “A principios de 1977 nació  Martín”, repasó el fiscal ante la atenta mirada de la sala y de los imputados presentes -Bruno y Miranda.

Varios testimonios dieron cuenta de la militancia de Antonia y José en el PCML y de su asistencia a reuniones en la mimbrería de Rodolfo Vera y Néstor Carzolio; encuentros en un camping en Cipolletti y en Nonquén. Martín comentó que sus padres aportaban folletería al PCML hecha en el negocio del padre de José. Al respecto, el fiscal relevó un hecho que comprueba la inteligencia hecha previamente para planificar los secuestros: Ricardo D’Amico relató que junto a Campos, una de sus hermanas y Alcaráz fueron demorados por la policía en la Terminal de ómnibus cuando volvían del dique Cipolletti. “Durante un par de horas” los “interrogaron en una celda”; probablemente porque tenían “unos papeles de izquierda”. En ese momento eran menores de edad y los liberaron. Esto ocurrió entre fines de 1974 y comienzo de 1975. La policía ya sabía quiénes eran.

El 6 de diciembre de 1977, cerca de las dos de la mañana, “el matrimonio Campos-Alcaráz y su hijo Martín, de diez meses, dormían en su casa”, repasó el fiscal. Un grupo de personas ingresó violentamente a la vivienda, rompieron la puerta. “Como ya es costumbre verificar, los secuestradores no se privaron de hocicar en los bienes del matrimonio y de robar lo que pudieron”. Sobre “la rapiña” desde la década de 1980 los padres de Adriana, denunciaron que “los secuestradores robaron la heladera, el televisor, los sillones y hasta los cubiertos y utensilios de cocina”. Los vecinos dijeron que “escucharon fuertes ruidos provenientes de la vivienda y que pudieron ver cómo miembros de la policía estaban cargando las cosas de la vivienda en un camión”.

El 6 de diciembre al mediodía, los padres de José y Antonia hicieron la denuncia en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz -consta en Libro de Novedades-. Cuatro horas más tarde, “se tomaron su tiempo ante una denuncia grave” -acotó el fiscal-, agentes fueron a la vivienda del matrimonio y allí los denunciantes expusieron lo sucedidos a sus hijos y su nieto -según consta en el acta del procedimiento-.

Dante Vega no pudo más que transmitir la aún inagotable capacidad de asombro: en el Libro de Novedades citado se consignó que “se habría cometido un hecho vidrioso”. “Que es vidrioso el hecho no me caben dudas”, dijo Vega, “me gustaría saber qué quiso decir con ‘vidrioso’, pero lo calificó perfecto”.

“El detalle macabro... como todos los detalles en este caso”
Martín Alcaráz fue secuestrado junto a sus padres. “Pasó veinticuatro horas en poder de sus captores” relató Vega la historia que calificó de “macabra”.

Las familias de Campos y Alcaráz vivían a escasos metros entre sí. A fines de 1977,  Mario Armando Gómez estaba de novio con una de las hermanas de José y vivía frente a los Campos. Al día siguiente del secuestro, vio que cerca de las dos de la madrugada había dos autos Ford Falcon estacionados en las inmediaciones, un rato después llegó un tercer auto y “de él descendieron dos personas corpulentas que vestían camisas manga corta color celeste y llevaban consigo una caja, que dejaron en la puerta de la casa de la familia Campos”. En esa caja estaba Martín “envuelto en una frazada”.

viernes, 12 de octubre de 2012

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez. 053-M: Desapariciones de Antonia Campos y Antonio Alcaráz, secuestro de Martín Alcaráz

Búsquedas
11-10-2012 | Dos testimonios, Martín Alcaráz -hijo de Antonia Campos y José Antonio Alcaráz, desaparecidos- y Angelina Caterino -madre de Gladys Castro, embarazada, desaparecida- transmitieron la profundidad de las relaciones y las búsquedas. El relato de Alcaráz abrió la causa 053-M. Otros dos testimonios -de ex policías del D2- dejaron inferir rasgos del funcionamiento acerca de “Informaciones” en ese Centro clandestino.

Siempre la esperanza
Angelina Caterino de Castro y José Fermín Castro tenían seis hijos en 1977, los tres menores vivían en la casa familiar de calle 25 de mayo en Dorrego. Su hija Gladys se había casado dos años antes con Walter Domínguez y ambos vivían en calle Luzuriaga de Godoy Cruz, de donde fueron secuestrados el 9 de diciembre de aquel año. Gladys tenía un embarazo de seis meses. Angelina supo de los secuestros por sus consuegros que hallaron rota la puerta de acceso al jardín del domicilio -luego reparada por Osiris Domínguez (p)- tras hallar todo revuelto. Por una vecina y la hija aledañas al matrimonio -que fueron testigos de los hechos y con las que tuvo contacto durante unos meses- se enteró que más de cuatro hombres encapuchados y armados descendieron desde dos vehículos comunes a las tres de la mañana e ingresaron a la casa. Las vecinas oyeron los gritos de Gladys pidiendo auxilio, preguntando por qué los llevaban si no habían hecho nada. Alcanzaron a ver que se la llevaban en bata.

José Fermín radicó la denuncia infructuosa en la comisaría 25, presentó el rechazado habeas corpus y se ocupó de denunciar y buscar (“cada quince días se arrimaba por el Comando” -VIII de Brigada de montaña, en cuyo escritorio de ingreso al edificio, un uniformado le dijo: “se lo habrá llevado algún compañero suyo”). Angelina siguió averiguando con sus consuegros (se enteró del operativo paralelo al de su hija y su yerno en casa de los Domínguez) y cuidó de sus hijos más chicos enfermos.

“Ella era muy inteligente, fue cuadro de honor en la secundaria en el Martín Zapata. Con Walter se conocían del barrio, hubo noviazgo, llevaban casi dos años casados. Ella trabajó en una farmacia, en un negocio de ropa y en una panadería, estudiaba Bellas Artes. El estudiaba arquitectura y trabajaba en Pescarmona, nunca me comentó si estuvo en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)”, reseñó Angelina acerca de su hija y de su compañero.

Sobre el cerco represivo cada vez más patente, Angelina recordó: “en la facultad secuestraron a un amigo de Walter, había rumores de desapariciones y persecuciones, para diciembre de 1977 ella tenía mucho miedo y más, embarazada de seis meses. Diez días antes había estado en Chile y me dijo, ´me gustaría irme con el papi´. Andaban con miedo por otros chicos que se habían llevado”.

“Tenía esperanzas que los largaran, hoy están desaparecidos”, dijo Angelina sobre Gladys y Walter. Respecto al alumbramiento de su hija -su nieta o nieto- explicó: “Lo esperaba todas las noches, siempre la esperanza, me lo van a traer, lo van a dejar en la puerta. Nunca pasó, no sé si lo habrán dado a otra persona, si habrá nacido bien”. 

Relevancias
“Siempre trato de seguir construyendo la historia, no sé si será relevante”, expresó Martín Antonio Alcaráz en mitad de su testimonio, mientras relataba las historias de Antonia Adriana Campos -su mamá, desaparecida-, José Antonio Alcaráz -su papá, desaparecido-, María Silvia Campos -su tía, desaparecida- y la suya -secuestrado a los diez meses de edad en el operativo que atentó contra sus padres-. “Claro que es relevante”, lo alentó el fiscal Dante Vega. Al comienzo Vega le había dado lugar: “Usted testimonió el año pasado en relación a la desaparición de su tía, ofreció todo un perfil de su vida, ahora le pedimos lo mismo respecto a sus padres y su familia":

“Nací el 7 de febrero de 1977. Ellos se conocieron en San José, eran vecinos, se casaron dos años antes de ser secuestrados, vivían en calle Juan Godoy de Godoy Cruz, él tenía 20 años, ella 22. Mi papá era muy buen compañero de mi mamá. La acompañaba mucho. Ella -estudiante de medicina- era más de ayudar, él -como conocía de imprentas- colaboraba con el material gráfico. Silvia y Antonia eran muy compinches, con convicciones de izquierda, compartían lecturas. En el 75 empezó el miedo. Antonia se ocupó demasiado tras la desaparición de Silvia”, relató Martín. Adriana -hermana menor de Antonio, cercana a sus actividades- le contó que “siempre andaban con folletería” y recordó un campamento en Bermejo donde el grupo habló de política. A su vez, Cecilia Vera -hija de Rodolfo Vera, desaparecido durante ese diciembre-, a través de su madre Mirta Hernández -que conoció al matrimonio- le comentó la probable relación entre las desapariciones de la pareja con las del grupo de militantes del PCML (causa 085-M), donde según  Hernández “militaban y se organizaban celularmente”.

Martín dejó en claro que los secuestros se produjeron el 6 de diciembre de 1977; que al otro día hacia la medianoche fue dejado en una caja en la casa de sus abuelos maternos; que los hechos fueron “procedimientos del gobierno militar”; y que -según su abuelo paterno- sus padres habrían sido desaparecidos en el D2. “Esa madrugada nos secuestraron. Mi papá trabajaba con mi abuelo materno en San José. Se preocupó por su atraso ese día -Silvia había sido secuestrada un año y medio atrás: la misma novela anterior-. Fue hasta la casa, la encontró saqueada, con la puerta rota. Según vecinos, la policía se llevó las cosas”.

Otro vecino, Mario Gómez -además amigo de Antonio-, presenció cuando dejaban a Martín en casa de sus abuelos maternos: “un par de Falcon sobre calle Pedernera bajaron un bulto y lo dejaron en la vereda. El vecino esperó a que se fueran, fue él quien golpeó la puerta de la casa”. Por secuencias de recuerdos, de comentarios, Martín contó que su abuela materna se quedó sin habla, que lo llevaron a la vuelta a casa de sus abuelos paternos, donde entre todos lo revisaron porque parecía dopado, sin reacción, no lloraba. “Vaya a saber el circuito turístico que he hecho en esas 24 horas”, se permitió sonreir.

“Todo esto desarmó la familia. Las tres desapariciones, la persecución, atravesaron a toda la familia.” Los Alcaráz en completo vieron alteradas sus vidas. Para 1979 se fueron dejando afectos las hermanas sobrevivientes. El temor, la vigilancia contrariaron el porvenir de los abuelos. “Hoy tengo mi familia, mis hijos, pero no mi mamá, ni mi papá, ni mi tía”, enseñó Martín a sus 35 años.





Otras máquinas del segundo piso
Las divisiones o departamentos D5 -“Archivos judiciales” de la Policía de Mendoza- y D2 -“Informaciones” de la Policía de Mendoza- compartieron espacio físico en el Palacio Policial y también la distribución de tareas en lo concerniente a la remisión y reasignación de información contenida en los prontuarios civiles destinados al servicio de la represión ilegal. En el subsuelo estaba el D5, con los legajos conformados y antecedentes de los habitantes de la Provincia. En el segundo piso, además de la “sala de reunión de detenidos” y del área de calabozos clandestinos del D2, funcionaban oficinas “administrativas” con archivo propio, secreto (contenido en varios armarios), en las cuales se procesaban los prontuarios indicados por los “jefes”. Una “mesa de entrada y los escritorios al fondo” constituían el ámbito de trabajo.

El reciente testimonio del ex policía Jorge Rivero -a cargo del archivo D5 durante la dictadura- según el cual eran cuatro las personas encargadas del movimiento de legajos entre secciones; y el Libro de constancias de las devoluciones que el D2 hacía al D5, motivaron la citación a declarar de otros dos ex policías que se desempeñaron allí, Carlos Faustino Álvarez y Miguel Angel Salinas.

El habitual silencio cómplice de los otrora uniformados, el decir sin decir, la desmemoria, el refugio en el argumento de “sólo realizar funciones administrativas”, la descarga de responsabilidades en jefes que no se nombran, o se nombran porque están fallecidos, dominó el hilo de ambas declaraciones. Sin embargo, la indagación del abogado Pablo Salinas, representante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH- , sobre todo respecto al testigo Salinas, menos reticente, permitió dar cuenta de que:

-En un papelito, o ficha mínima, expedido en “Informaciones” por los oficiales Félix Andrada y Ricardo Couto (y en algunas oportunidades por “jefes”) se solicitaban los prontuarios a investigar. Álvarez y Salinas (“estábamos para los mandados”) bajaban, recibían los legajos, firmaban en el Libro de salidas del D5, volvían al segundo piso, remitían los legajos a sus superiores que tenían plazos no mayores a 48 horas para devolver los expedientes (aunque había casos de prontuarios en poder del D2 durante semanas), estos eran reasignados por el plantel de escribientes en cuanto a información (se agregaba alguna clave que date destino de la persona, direcciones nuevas, relaciones), para finalmente ser entregados al subsuelo, tras la firma de Rivero en el Libro del D2.

-“Todos pedían información al D2, Ejército, Fuerza Aérea”. También “había prontuarios propios del D2". Era el jefe encargado -Andrada, Couto- el que ordenaba los legajos a referenciar. Se agregaban recortes de prensa, información “pública”; se actualizaban las fichas. Tanto el D2 y el D5 funcionaban de modo permanente, con turnos nocturnos ante las urgencias. El personal policial designado para las funciones de correo y manipulación de datos era “el más rápido en el manejo de ficheros y de las máquinas de escribir en el segundo piso”.

-De los imputados en el juicio y cercanos o partes del funcionamiento del centro clandestino, los testigos reconocieron a los jefes Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Miranda Genaro, Alsides París Francisca, Agustín Oyarzábal (“Titín, muy distinto de los demás"), Armando Fernández Miranda y Venturino. Otros indicados fueron Rondinini, Pablo “Negro” Gutiérrez, Ricardo Vásquez, Carmen Juri, Alfredo Edgar Gómez, el “Pájaro” Rodríguez Vásquez, el “Ruso” Smaha, Josefina Rita Gorro y el “Viejo” Manuel Bustos.