Audiencia del 27 de julio

Cómo es el último tramo de los juicios

Tras ocho meses casi ininterrumpidos de declaraciones testimoniales, el Tribunal Oral Federal 1 brindó precisiones sobre la etapa final de los juicios por delitos de Lesa Humanidad. Los alegatos comenzarán el 2 de agosto y se estipula que antes de dos meses llegue la hora definitiva de la verdad y la justicia.

Resoluciones del TOF sobre la metodología para la etapa de alegatos: Por lectura se indicó que las exposiciones de los alegatos se harán en forma independiente entre Causas. Así, se alegará primero sobre la Causa 01 y acumulados (de contexto general), luego sobre las Causas particulares, y por último las absoluciones o condenas a los imputados y, en ese caso, las penas a imponer. Los alegatos se formularán en razón del mérito de la prueba reunida y el orden establecido es: Querellas (MEDH y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), Fiscalía (Ministerio Público) y Defensa oficial. En ese sentido, la abogada Duranti recalcó que los imputados no van a prestar declaración indagatoria.

El fiscal Dante Vega pidió que, “por evidentes puntos de conexión”, las Causas Urondo-Raboy y Torres sean tratadas vinculadas. Sin embargo los jueces decidieron analizarlas por separado, arguyendo que lo único que se integra a cada una de las Causas es el Contexto General. Con anuencia de las partes se decidió que ambas se traten en tramos separados pero consecutivos.

Situación de los imputados: Mario Lépori fue apartado del juicio debido a que su estado de salud le impide conocer su situación procesal. El dictamen del cuerpo médico forense fue consolidado por los peritos de la Corte. En tal sentido, Vega trazó un paralelismo con la imputabilidad de Tamer Yapur (por la que quedaron en suspenso doce de las Causas con las que se iniciaron los juicios) y expresó su impotencia “por consecuencia de 35 años de impunidad en la provincia, con personas que no están ni en condiciones físicas ni psíquicas, a pesar de la tolerancia con la salud de los imputados mostradas por las partes”.

Los otros imputados con prisión domiciliaria son Rodríguez Vásquez (anemia), Oyarzábal (en el Comando, parte médico) y Migno (en Rosario, problemas de columna). Por ello el fiscal, una vez denegada la solicitud expresa de la presencia en la Sala de todos los imputados para la etapa final, pidió un criterio intermedio: que al menos presencien las audiencias vía videoconferencia en las Causas que los atañen. La propuesta fue acompañada por la defensa y por las querellas, que en palabras del abogado Pablo Salinas “los Organismos de Derechos Humanos siempre trabajaron en pos de la Justicia y no de la venganza”.

De este modo sólo tres (Lucero, Smaha, Furió) de los once imputados inicialmente en el proceso judicial oirán las condenas que les caben. Uno falleció (Saá), tres fueron separados (Yapur, Lépori, Fernández), tres con “domiciliaria”, y Menéndez espera su turno.

Pruebas ofrecidas: Fiscalía agregó nuevas pruebas para la etapa final:

-Fotografía de Jorge del Carmen Fonseca, obtenida  gracias al personal de la biblioteca popular de Centenario (Neuquén) que lleva el nombre del desaparecido. La foto que constaba en expedientes no había sido identificada por dos de los declarantes en relación a esa Causa.

-Copia certificada del libro de registro de exposiciones de la comisaría 7ª, en la que consta que la víctima Arturo Rodríguez denunció en su momento el allanamiento ilegal de su domicilio por parte de un grupo de tareas.

-Extracto de cinco sobre 2.421 legajos detallados de los prontuarios políticos de militantes y allegados perseguidos por el D2 en Mendoza. El aporte de Susana Muñoz, serviría para demostrar en los alegatos de contexto general que los genocidas perseguían también a familiares y allegados de las víctimas.

-Los Hábeas Corpus presentados a favor de Ciro y Violeta Becerra, relacionados a la Causa Fonseca y a la Causa en trámite por la complicidad y participación en la represión de los jueces federales.

Además, Fernando Peñaloza aportó el informe de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el destacamento de Inteligencia nº 144, con el añadido de la nómina de civiles cómplices. Tal destacamento ha sido señalado por testigos y declaraciones de los mismos represores Yapur y Sánchez Camargo, como parte del aparato represivo.

Audiencia del 26 de julio

Causa Olivera/Rodriguez Jurado (VIII)

SOLEDAD PUENTE OLIVERA DESDE EL AMOR

María Soledad Puente Olivera, la segunda hija de la pareja Nora Rodríguez Jurado/Rafael Olivera ratificó los hechos que rodearon los secuestros de sus progenitores y estimó posible la intervención de  Alberto Olivera, ex Jefe de policía y primo de Rafael, en la desaparición de su padre. Rememoró actitudes y gestos vividos al interior de su familia que daban cuenta del vínculo amoroso de sus padres entre sí y para con sus hijas.  

Soledad tenía cuatro años cuando sucedieron los secuestros de Rafael y Nora. Sólo recuerda que, tras las rejas de la Guardería esperaba que vinieran a buscarla, el día en que su mamá fue secuestrada. También dijo tener recuerdos de la vida familiar en San Juan y Mendoza, un ambiente tranquilo donde no percibió que se encontraban en riesgo. Evocó imágenes de aquellos años cuando su papá la llevaba a dormir y la arropaba. Paralelamente, de su relato se infiere que la familia estaba perseguida y buscaba un lugar seguro para vivir. Reveló que Nora tuvo posibilidad de irse del país con las nenas pero como el ofrecimiento no era extensivo a Rafael, no quiso dejarlo solo.

“Viví mucho amor”, dijo Soledad refiriéndose a su familia.

Los hechos que rodearon al secuestro los reconstruyó en base a los dichos de su hermana mayor Jimena y por su propia indagación al recorrer, ya adulta, los lugares donde habían habitado o se contaban con datos de la pareja. Confirmó que su madre pertenecía a la Agrupación Evita y era alfabetizadora acompañando al padre Macuca Llorens, mientras que su papá pertenecía a Montoneros. En cuanto al operativo, ratificó que Nora fue secuestrada cerca de su domicilio, vendada y trasladada junto a su hermana Jimena a un lugar con oficinas. Dijo que su padre se desplazaba en bicicleta, al acercarse a su casa y verla  vigilada siguió de largo perseguido por el hombre que le dio alcance y lo derrumbó de un golpe. En anteriores declaraciones quedó flotando la posibilidad de que un primo de Rafael, el Cnel. Alberto Olivera –Jefe de Policía de Mendoza desde 1977- haya intervenido directamente en las desapariciones. Al respecto, Soledad dijo haberse enterado hace pocos años de la existencia de Alberto “Meneco  Olivera, con un  alto cargo en la Policía e intentó verlo pero su familia rehusó pasarle el contacto con el argumento de que estaba enfermo. Dado el reconocimiento fotográfico de la vecina Nélida Maranzana quién identificó a Alberto Olivera como el hombre que custodiaba la casa, a lo que se suma el silencio de la familia en torno a una figura clave para proveer información sobre el paradero del matrimonio, le permite suponer que el pariente y ex jefe de policía estuvo involucrado en el caso.

También como nota curiosa dio cuenta que tiempo después de los secuestros de sus padres, cuando las niñas ya vivían en Buenos Aires llegaron a la casa de su abuelo, el Gral. Jorge Olivera, dos bolsas de consorcios con los juguetes que tenían en Guaymallén, bastante deteriorados, pero no pudo explicarse cómo llegaron a sus manos ni quien los envió.

Para cerrar, en relación a su padre y madre  señaló: “me gustaría saber qué paso” y agregó que querría saber “¿dónde están…?

Al finalizar la jornada, el Tribunal y las partes resolvieron que a partir de la próxima semana se inicia la etapa de los alegatos.

Audiencia del 7 de julio

CAUSAS TORRES Y FONSECA: Al final, la justicia

Con las declaraciones de Acquaviva, por la Causa Torres, y Domínguez, por la Causa Fonseca, concluyó la etapa testimonial de los juicios. El Tribunal retomará la actividad el próximo 26 de julio con la incorporación instrumental de las Causas Olivera-Rodríguez Jurado, Urondo-Raboy y Torres; el inicio de los alegatos y las sentencias.

Raúl Acquaviva

Completó su testimonio en torno a la desaparición de Rosario Aníbal Torres.

Acerca de la “audiencia” en el Consejo de Guerra, en el que se decidió sobre su vida, Acquaviva relató: “Era un teatro armado para justificar la información que me extrajeron bajo tortura, como para darle una estructura legal a la forma en que se me maltrató, el trámite necesario para pasarme a la cárcel y entrar en la legalidad”. En una sala del D2 frente a los mismos calabozos, tuvo que elegir un abogado de una lista, el Teniente Coronel Melitón Toledo que le aseguro´ que “no entendía nada de lo que fuera una defensa en un juicio, qué era lo que podía argumentar si yo sólo comulgaba con las ideas de la izquierda revolucionaria”. En el Tribunal, situado en el palacio policial, había unos 10 miembros del Ejército que le aplicaron el mismo interrogatorio obtenido bajo tortura en el D2. La condena fue de 20 años de prisión por tenencia de explosivos (posesión de una bomba de estruendo de cartón de venta legal). La declaración se la hizo firmar el capitán Dib el 21 de junio de 1.976. Resumió la injusticia el testigo: “Con mis compañeros Leda, Tognetti, Paris, estábamos todos en un pozo y los defensores nos tiraban paladas de tierra”.

Acquaviva permaneció en el penal provincial desde el 4 de julio hasta el 27 de septiembre, cuando fue trasladado en el vuelo del Hércules. Allí, esposado con Bustelo, “me tocó un lugar tremendo, entre banquetas, encadenado al fuselaje del avión, un guardia (“Poxipol”) caminaba sobre las espaldas, no me llegaba sangre a las piernas”. En la U9 de La Plata, celda 636, pabellón 13, fue testigo del asesinato de Marcos Ibañez, detenido y trasladado desde Mendoza, por cuya Causa Raúl testimonió en La Plata. “He pasado por la virtud circunstancial de presenciar la muerte de varios compañeros” (dicho también en relación a Torres).

Siete años, siete meses y veinte días estuvo preso Acquaviva, desde el día que inocente se entregó: “Creí en la justicia, por eso hoy agradezco, saber que al final hay justicia me da tranquilidad para afrontar el último tramo de mi vida”.

Osiris Rodolfo Domínguez

Diseñador, hermano de Walter Domínguez, cuñado de Gladys Castro (ambos desaparecidos) y tío del bebé apropiado a la pareja, testimonió en relación a la Causa Fonseca, a quien conocía por su grupo de pertenencia política y vio en tres oportunidades. Osiris explicó que a fines de 1.077 sobre ese grupo hubo procedimientos en “cadena” de militantes que serían desaparecidos: Gladys Castro, Walter Domínguez, Elsa Becerra, María Cristina Damico, Jorge Fonseca y Carzolio (primero en huir de La Plata, “con Fonseca estaban marcados por los servicios, puede ser que hayan vivido juntos”).

La noche del 7 de diciembre de 1.977 fueron secuestrados de su casa de Villa Marini (“levantados de la cama”) Walter Hernán, hermano de Osiris, y su compañera embarazada de seis meses, Gladys Cristina, que habría dado a luz en cautiverio. Como Osiris tenía un trabajo nocturno en la empresa Pescarmona, no pudieron dar con él, pues la misma patota captora de la pareja pasó por la casa de los padres de los Domínguez preguntando por él y “les quedó la impresión de que Walter y María iban en el baúl del auto”. Osiris se refugió en una finca de Barrancas y desde allí salió hacia Buenos Aires, donde Carlos Vera (hermano de otro desaparecido, Rodolfo) lo ayudó frente a la persecución.

Por un primo de la familia, que actuaba como servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea, “estábamos convencidos de que a Walter lo iban a soltar y que todos (incluso Fonseca, “que se dedicaba a mover compañeros y se desvaneció”) habían sido secuestrados por un grupo de tareas de la Cuarta Brigada Aérea”. Luego sus padres recibieron indicios de que a la pareja la habrían tenido en Las Lajas.

Osiris concluyó que no fue desaparecido por una cuestión azarosa y señaló contradicciones de los represores: “vean qué peligroso era yo que ni siquiera sabían que trabajaba en Pescarmona”.

Audiencia del 5 de julio

INDICIOS SOBRE LOS DESAPARECIDOS TORRES Y FONSECA

Docente, licenciada en cine, perseguida y secuestrada durante la dictadura, testimonió Violeta Becerra; relató su relación con el Desaparecido Jorge del Carmen Fonseca. Asimismo, en una declaración inconclusa, Raúl Acquaviva, ex detenido en el D2 aportó elementos que hacen suponer que Rosario Aníbal Torres murió en ese CCD, producto de las torturas.

Violeta Becerra

“La vida en La Plata era un riesgo permanente, los estudiantes se trasladaban de un lugar a otro”, relató Violeta sobre el período 1.973/76, cuando estudiaba cine y militaba en el PRT junto a su hermano Jorge Ciro Becerra y su cuñada Susana de Miguel, ambos del –PCML- Partido Comunista Maoísta-Leninista. Susana (exilada en Suecia), Jorge (fallecido en 2.006) y otra hermana suya, Elsa del Carmen Becerra (“Elsi”, desaparecida) estaban acuciados por la represión. En mayo de 1.976 el grupo emprendió el retorno a Mendoza; aquí establecieron contacto político con Jorge del Carmen Fonseca.

Tras el secuestro de Jorge Becerra por una patota del D2 el 22 de diciembre, Fonseca protegió a sus compañeras Elsa y Susana (con Federico, su bebé de 4 meses) en Neuquén, en casas de familiares y allegados. En septiembre de 1977, la persecución obligó a Elsa Becerra, acompañada por Fonseca, a huir hacia Buenos Aires, previo paso por Mendoza. Los indicios señalan que, meses después, ella misma escribió una carta en la que avisó que a Fonseca “lo chuparon en Mendoza”; dicha carta, “desapareció” en manos de la Iglesia neuquina. Con posterioridad, el 26 de enero del 1.978, Elsa fue secuestrada en Buenos Aires; información brindada por Susana de Miguel, un mes y medio después del secuestro.

En opinión de Violeta, es probable que Fonseca, visto por última vez para septiembre de 1.977, haya desaparecido en Mendoza en diciembre, como parte de la “aniquilación” del grupo del PCML mendocino. En esa ocasión fueron secuestrados: Néstor Carzolio y Nélida Tissone; José Alcaráz y Antonia Campos; Rodolfo Vera; Gladys Castro (embarazada) y Walter Domínguez Assof, todos Desaparecidos.

Por otro lado, el 24 de enero de 1.977, la testigo Violeta Becerra fue secuestrada en Tupungato, donde estaba a resguardo en casa de unos amigos de los padres, permaneció prisionera durante 10 días en “un lugar donde pasaban aviones(…) pude ver una carpa militar” hasta que fue liberada.

Violeta enfatizó el rol de Fonseca como el que “hacía la función de seguridad, guarecía a los compañeros, estaba en continuo movimiento” y destacó que “la persona más ligada a la víctima era la que tenía que dar la información a los familiares”. De allí la comunicación de Elsa sobre el secuestro de Fonseca y la de Susana sobre el de Elsa. También confirmó un rasgo fisonómico destacado por los testigos Aldisone: a “Elsi” le faltaban dientes. Según Violeta, sus padres, en un breve encuentro secreto con su hermana, “la encontraron muy deteriorada, le faltaba un diente”.

Raúl Acquaviva

Citado en la causa que investiga la desaparición de Torres, Acquaviva fue detenido el 14 de mayo de 1976 junto al nutrido grupo de adherentes a la Juventud Guevarista entre los que se encontraba Eugenio Paris, su amigo de la infancia. Al igual que otros testigos de esa causa fue torturado salvajemente hasta que quedó blanqueado el 31 de mayo. Desde ese momento hasta el 4 de julio, en que fue trasladado a la penitenciaría, Acquaviva permaneció en el D2 pero recibió un trato más relajado y compartió la celda con Paris. En esas circunstancias, recuerda a un detenido con el que se ensañaban con más ferocidad que con los demás: “Se quejó como un día y medio” dijo, los lamentos eran permanentes hasta que advirtió que quedó en silencio; con posterioridad escuchó que entraban guardias y apoyaban algo de madera en el piso, luego se retiraron: “para mí había fallecido”, concluyó. El testigo recordó que en una ocasión pudo verlo cuando se cruzó con él, camino al baño. Lo describió como más bien bajo, robusto con pelo corto o medio pelado; estaba muy deteriorado. En medio de la saña con que lo golpeaban escuchó que los guardias le reprochaban: “Traidor, hijo de puta, hasta nuestros domicilios tenías”. Cabe recordar que Rosario Aníbal Torres se desempeñó como comisario en la localidad de San Martín de San Luis, durante la etapa camporista. Para más coincidencia, al pedírsele  precisiones sobre la fecha en que se registró este hecho, Acquaviva lo pudo ubicar días antes de comparecer ante el tribunal militar que lo juzgó, según el acta que obra en la fiscalía esto fue 21 de junio; Aníbal Torres fue secuestrado entre el 15 y 17 de junio y aún permanece en condición de Desaparecido.

El aspecto físico, la condición de policía, la fecha estimada y el testimonio de Eugenio Paris convergen en que Rosario Aníbal Torres habría muerto en el D2 a causa de las torturas. A pedido de la Defensa se pasó a cuarto intermedio hasta la próxima jornada, cuando Raúl Acquaviva completará su declaración.

Audiencia del 30 de junio

Causa Olivera/Rodríguez Jurado

EL DESPUÉS DE LAS HIJAS DE RAFAEL Y NORA

Se escuchó el testimonio de la Directora del Centro Cultural N°3, María Mirta Pericic de Alsina, cuyas maestras se hicieron cargo de tres de las hijas del matrimonio inmediatamente después del secuestro y desaparición de  sus padres. En tanto Ricardo Puente, tío político, dio cuenta de la crianza posterior y de la adopción de las cuatro niñas; de suerte tal que dejaron de ser Olivera para llevar por apellido paterno Puente.

María Mirta Pericic de Alsina

El lunes 12 de julio de 1976 se encontraba con licencia cuando, con motivo del secuestro de Nora Rodríguez Jurado, nadie fue a retirar de la guardería a las niñas María Soledad y María del Rosario; Pericic se apersonó en el establecimiento y dispuso que la maestra se las lleve consigo. Ratificó anteriores declaraciones que indicaban que al día siguiente aparecieron en la puerta, Jimena de 5 años con la bebé Guadalupe en brazos. Ante esta situación inusual recurrió a la seccional 4ta. de Policía pero, a pesar de su desesperación, no le tomaron la denuncia.

Además, se comunicó con las autoridades municipales quienes se presentaron con un abogado; entre los reunidos decidieron que las tres alumnitas quedaran a cargo de sus respectivas maestras: Jimena con la Sra. Sícoli y Soledad y Rosario con la Srta. Crayón; mientras que  a la pequeña Guadalupe se la llevó la esposa del  Intendente de Mendoza Tte. Cnel. Molina.

En esos momentos entre el personal del establecimiento corrían rumores que había habido un tiroteo; en ese sentido el Tribunal y la querella indagó, sin resultados, cuál era la fuente de la versión.

La testigo manifestó haber trabado una cordial relación con los abuelos de las cuatro niñas que vinieron en busca de ellas y finalmente, se las llevaron a Buenos Aires.

Ricardo Alfredo Puente

Esposo de una hermana de Rafael, llamada Rosa María; ambos se ocuparon de la crianza de las cuatro niñas junto a 10 hijos propios.

El testigo intervino en el traslado de las niñas de Mendoza a Buenos Aires y consiguió que la abuela materna, a cargo de las criaturas, accediera entregárselas para albergarlas en San Pedro, Pcia. de Buenos Aires, cuando todavía corría en año 1976. Además describió el vínculo especial que lo unía al Desaparecido: “Con Rafael compartíamos la fe en el Señor”, dijo y ofreció algunos detalles la religiosidad de la familia Olivera; resaltó que la madre de  Rafael le compraba ropa en la esperanza que en algún momento lo encontraría.

Interesados por el ex Jefe de Policía y oficial del Ejército, Alberto “Meneco” Olivera, primo de Rafael, sospechado de haberlo entregado, Puente dijo no saber nada de él porque lo vio unas pocas veces en reuniones familiares.

A pesar del carácter ceremonioso de la declaración Ricardo Puente, su relato no aportó datos significativos a la causa que investiga la Desaparición de Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado. Tal vez lo más valioso de su testimonio fue la lectura de una carta de Rafael Olivera, casi un legado político, que permite revivir su pensamiento sobre el sistema de relaciones socioeconómicas y da carnadura a la concepción de los católicos postconciliares, que sin renunciar a su fe y práctica religiosa, intentaron la transformación social desde la opción por los pobres. En la carta escrita en 1970, desde Alemania, el joven también pide a Ricardo y a su hermana Rosa María que apadrinen a su hija que está por nacer y se hagan cargo de ella si algo le sucediera.
El matrimonio cumplió a cabalidad con el encargo pero fue un poco más allá  de la crianza de las niñas, cuatro años después, en 1.980, sorteando los impedimentos legales las adoptó; actitud, por lo menos opinable desde el punto de vista de la construcción de la identidad de las hijas de los Desaparecidos. Las cuatro jóvenes hoy llevan el apellido Puente y sus papeles de filiación no coinciden con lo sucedido en el umbral de sus vidas.

Audiencia del 29 de junio

Precisiones sobre cómo operaba el D2

El testimonio de Alfredo Gómez, que trasladó el cuerpo de Urondo en el “morguero”, agregó información sobre el centro clandestino de detención. También declaró Luis Toledo, cercano al desaparecido Salvador Moyano.

Alfredo Gómez Centeno

Retirado de la policía provincial, con años de servicio en el Departamento de Inteligencia 2, reconoció entre los imputados a Oyarzábal, Smaha, Lucero y Rodríguez, jefe directo suyo en la sección Archivo y Antecedentes. A excepción de dos oportunidades, dijo no haber participado en “procedimientos antisubversivos”.

El 17 de junio de 1.976 a las 22:15 figura el nombre de Gómez en la constancia del traslado del cuerpo de Urondo a la morgue. “¿Sería corpulento, relleno, Paco Urondo?”, repreguntó Gómez al Tribunal, “entonces puede ser”. Y contó: “Un día llegué a Investigaciones, abajo había un cadáver tapado. Por orden de Oyarzábal o Rodríguez, entre tres tuvimos que llevarlo al forense y después en rastrojero hasta la morgue. Al otro día me entero del enfrentamiento por los diarios, lo relaciono aunque nadie me dijo que era él”.

Para Gómez, la disponibilidad sobre el cadáver sale del Comando de Montaña (“por estricto mando del Ejército”) y en el D2 se completa la ficha con su necropsia como NN con firma del doctor Corradi y los nombres de quienes llevaron el cuerpo a la morgue. “La ficha tiene que haberla elaborado en el D2 Sánchez Camargo”.

“A veces patrullábamos de noche con la brigada de investigaciones”, dijo Gómez en relación a la intervención del personal “de oficina” en los procedimientos. Recordó haber estado de consigna una noche con el cabo Pablo Gutiérrez, en una casa allanada en calle Uruguay cerca de Pellegrini, Guaymallén. Contaban con el apoyo de un peugeot 504 azul apostado cerca “en caso de que alguien llegara a hacer contacto, para detenerlo inmediatamente”. “Nos dieron la llave, estaba todo revuelto, había ropa de niños, era una noche fría”, precisó Gómez.

En otra oportunidad “trasladé a la piba Leda del D2 al Tribunal militar del Comando de Montaña”. También vio en el D2 “durante días a dos niñas preciosas, rubiecitas, de unos cinco años, hasta que nos dijeron que se las llevaban los abuelos”. “De la entrega de los niños se ocupaban los jefes”, agregó.

El policía Gómez (que había pertenecido a la JP de Luján, motivo de su ingreso al D2 para reunir información de la sección Políticas) hizo un reconocimiento de planos del D2 y detalló las dependencias y el área de calabozos. Si bien dijo “nunca haber recibido directivas por la lucha contra la subversión”, en la Dirección de Ficheros y Archivo, “se clasificaban notas e información política, cultural, gremial, gubernamental y sobre operativos antisubversivos de todo el país”. Un sistema al servicio de la represión, donde “había informantes y tapados o infiltrados que usaban apodos, sólo el jefe conocía los nombres”.

“Yo estaba muy informado, leía todos los diarios”, dijo Gómez sobre su función. Por eso supo que desaparecían personas, pero negó conocer que en Mendoza a los detenidos en el D2 se les aplicaran torturas.

Interrogado sobre si Inteligencia operaba con otras fuerzas, puntualizó: “al revés, ellos trabajaban con nosotros: agentes de la SIDE, Ejército, Policía Federal entraban como si nada, se llevaban legajos y prontuarios. Entre ellos, Cardello de la Federal y Jofré de Fuerza Aérea”.

Gómez dio nombres conocidos del personal del D2: Bustos, González, Siniscalchi y los médicos Bajuk y Prieto. Preguntado sobre quién era el que tenía acento porteño dijo que el ruso Usinger, pero que fue dado de baja por mala conducta.

Las particulares lecciones de impunidad y terrorismo de los máximos responsables del accionar policial en la represión fueron aportadas por Gómez. Según él:

Santuccione, Jefe de la Policía de Mendoza, afirmaba que los elementos secuestrados en los procedimientos eran botín de guerra que todos podían llevarse. Así, los vehículos secuestrados eran utilizados por personal del D2. Rodríguez por ejemplo, su jefe directo, manejaba un peugeot 504 rojo.

En cambio, Sánchez Camargo, Jefe del D2, enseñó a Gómez “que teníamos que luchar contra la subversión, no ser ladrones”. Al jefe lo describió como “un sádico que no podía estar sin torturar a alguien”. Algunos oficiales estaban descontentos por este proceder.

Luis Jorge Toledo

Fue citado como testigo de la causa Moyano. Sin embargo, por sus vivencias como militante y por su trágica experiencia como preso político, su testimonio resultó útil  para la reconfiguración del contexto en el cual se dio la aplicación del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar.

Toledo relató que al igual que Salvador Moyano tuvo una precoz inserción en la militancia política, ambos en sus años de secundaria formaron parte de la organización de agrupaciones estudiantiles. Estaban unidos por lazos familiares, Moyano era su tío aunque por la edad de ambos más bien mantenían una cercana amistad.

Los años y las inclinaciones políticas hicieron que tomaran caminos distintos. Toledo hizo su vuelco hacia la Juventud Peronista, Moyano movido por “sentimientos nacionalistas” optó por fracciones más “duras” del peronismo. Esos mismos sentires lo llevaron a formarse como policía, pero su paso por la fuerza fue muy fugaz.

A pesar de las diferencias ideológicas conservaron cierta cercanía, el día en que las fuerzas de seguridad se llevaron a su padre, contó Toledo, fue a parar a la casa de Moyano. Aquella fue la última vez que vio a su tío, transcurrían las primeras horas del asalto al poder en 1.976. También recordó que en los meses previos al golpe, Pancho (apodo de Moyano) le pidió que lo acercara a la Juventud Peronista y lo llevó con Daniel Rabanal. Asimismo sostiene que en el momento de la detención Moyano no formaba parte de la agrupación Montoneros.

Jorge Luis Toledo fue detenido el 29 de marzo de 1.976 tras un operativo en que se lo llevaron al Liceo Militar y luego trasladado a la Compañía de Comunicaciones de Montaña VIII. En esta dependencia, relató el testigo, el Teniente Dardo Miño los recibió rodeado de metralletas apostadas y les advirtió que sólo esperaba algún tipo de “excusa” para “matarlos a todos”.

“Las torturas en la Compañía eran frecuentes para los presos políticos”, recordó Toledo. El día que fue llevado a la sala de picana pudo ver en el lugar al propio Tte. Miño, a un agente de apellido Pagela y a otra persona que tenía acento porteño y estaba vestido de manera “estrafalaria” con un “afro-look”. Estas dos últimas personas fueron los encargados de aplicar los tormentos, aseveró. En septiembre fue trasladado a Buenos Aires donde estuvo hasta febrero de 1.980 en la Unidad Penitenciaria nº 9 de La Plata. Al momento de su detención Toledo tenía sólo 19 años.

Relató también que durante su estancia fue visitado por el juez Guzzo quien llegó acompañado por el fiscal en ese entonces, Otilio Roque Romano. Ninguno de los dos tomó datos sobre sus quejas de haber sido sometido a interrogatorio con los ojos vendados y obligado bajo esa condición a firmar un acta declaratoria. Jorge Toledo estaba al tanto de la connivencia de la justicia, Romano le había sugerido a su madre que lo conveniente era que él se declarara culpable de los cargos que se le imputaban. Recibió la libertad con la orden de abandonar el país. Volvió a la Argentina hace apenas un mes.

A primera hora del debate declaró Juan Domingo Brito Fernández, citado solamente para aclarar una confusión de homónimos.

Audiencia del 28 de junio

 FUE ESCLARECIDA LA CAUSA DE LA MUERTE DE URONDO

Con el testimonio del Dr. Roberto Bringer, médico forense, quedó aclarada la causa de la  muerte de Francisco Urondo. No fue debido a una herida de bala como afirmó el informe policial, ni a la ingesta de la pastilla de cianuro como se decía; Urondo fue asesinado por un fortísimo golpe en el cráneo. En la misma audiencia declaró la Sra. Aída Grandi de Barreto, entonces directora de la Casa Cuna que albergó a la niñita Ángela después del operativo que terminó con la vida de su padre y la Desaparición de su madre: Alicia Raboy.

El doctor Roberto Bringer se desempeñó en el cuerpo Médico Forense entre 1973 y 2007.  A él le tocó realizar la autopsia al cadáver de Urondo al llegar a la morgue, tres horas después del procedimiento del 17 de junio de 1976. El cuerpo inerte fue remitido por el D2, en condición NN, acompañando por el agente Alfredo Gómez de esa repartición.

El informe del médico policial indicaba que el deceso se había producido por el proyectil de arma de fuego. Esa versión seguramente fue dibujada para difundir la idea de que Urondo había muerto en un tiroteo cuando huía de sus perseguidores. Por su lado el Dr. Bringer comprobó, radiografías mediante, que no habían orificios ni esquirlas que confirmara lo expresado por la Policía; en su examen determinó que Paco presentaba una fractura por hundimiento de cráneo a la altura del occipital que definió como “contusión cráneo encefálica” producida por un golpe, e infirió, ante los requerimientos del fiscal y la querella, que existía la posibilidad que fuera un  garrotazo propinado con la culata de un arma.

El declarante fue profesor titular de la cátedra de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la UNCuyo y actualmente es Director de un Posgrado en la especialidad; con gran pericia aseguró que Urondo no había tomado la pastilla de cianuro porque los cadáveres con envenenamiento por esa sustancia tienen un olor particular y toman un color rosado, típico, muy diferente del lívido que presentaba la víctima y agregó contundente: “no había rasgos de cianuro”.

En forma muy didáctica explicó los distintos pasos que cumple el cuerpo médico cuando se encuentra ante una muerte violenta y el tratamiento que se les da a los NN: el cuerpo es preservado en frío a la espera de que alguien lo reclame. En este caso le fue entregado a Beatriz Urondo, 15 días después del fatal procedimiento y en los libros de registro ya decía “NN o Francisco Reynaldo Urondo”.

El testimonió del Dr. Bringer dejó en claro que el poeta fue asesinado y posteriormente remitido a la morgue judicial por el Departamento 2 de Investigaciones de la Policía de la Provincia. Esta misma repartición fue la encargada de entregar a la Casa Cuna a Ángela Urondo Raboy, hija de ese matrimonio.

Aída Grandi de Barreto

Es Asistente Social y se desempeñaba como Directora de la Casa Cuna cuando la niñita Ángela le fue entregada en calidad de “abandonada” como NN. En cumplimento de una práctica habitual se le adjudicó un nombre supuesto, en este caso “Marisol”.

En su breve declaración, la testigo dijo recordar que le llamó la atención que el ingreso fue de noche, no venía derivada de un juzgado de Menores y tenía una aspecto rozagante, bien vestida y muy lúcida, poco habitual en los niños que recibía la institución. Con ella le fue entregada una valija con ropita de delicada confección. También recordó que no recibió visitas hasta que llegó la abuela materna y gestionó judicialmente la entrega de la niña a la familia.
No fue el Juzgado Federal quien derivó a Ángela, como creyó recordar la Sra. Grandi; según las constancias escritas, la niñita fue entregada a las 4 de la mañana del día 18 de junio remitida desde el D2.