053-M: Desapariciones de Adriana Campos y Antonio Alcaráz; y privación de la libertad de Martín Alcaraz. Alegato I: Fiscalía

La maquinaria y las órdenes

21-02-13 | El fiscal Dante Vega alegó por las desapariciones de Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción ilegal del hijo de ambos, Martín. Los imputados son los militares Paulino Enrique Furió y Juan Antonio Garibotte; y los policías Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Miranda Genaro y Alsides París Francisca -jefe de Policía y enlace militar.

Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa

Estos casos tuvieron una elevación a juicio parcial y se trataron en el segundo proceso oral por delitos de lesa humanidad en Mendoza. En ese juicio de 2011 se trató junto a la desaparición de la hermana de Antonia, Silvia Campos -secuestrada en mayo de 1976-. Por cuestiones técnico-burocráticas, la Causa fue juzgada por partes y, a la vez, quedó marginada del grupo de casos de diciembre de 1977 -Causa 085- ocurridos en el marco del denominado Operativo Escoba que tuvo por objetivo el “desmembramiento” del Partido Comunista Marxista Leninista -PCML-.

Se trató de un operativo de alcance nacional y, al igual que lo comprobado en la Causa 077M -desapariciones en mayo de 1978-, se realizó con el accionar “conjunto” de fuerzas militares y policiales. “Su ejecución tuvo lugar entre fines de 1977 y principios de 1978”, describió el fiscal.

“Todo operativo fue conjunto tanto en su diagramación como en su ejecución”, explicó Vega. Existía “una Comunidad Informativa que combinaba la inteligencia policial con la militar” y “el modus operandi” que se repitió en todo el país implicó “zonas liberadas, santos y señas intercambiados con la policía; intervención directa de ésta en los secuestros ilegales, en conjunto con militares” y  “paralela o subordinadamente, casos de ‘aseguramiento del perímetro’”.

D2 en el ojo de la tormenta

“Se encuentra probada con certeza la intervención del D2 en la inteligencia previa, en el secuestro y la posterior desaparición de Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaraz y, por ende, en la sustracción ilegal de Martín Alcaraz”. Así comenzó el fiscal el apartado en su alegato referido a las responsabilidades.

En el Libro de Registro de Prontuarios Civiles devueltos al Archivo General D5, “habilitado el 20 de diciembre de 1977 con la firma de Aldo Patrocinio Bruno”, consta el pedido y la devolución de prontuarios del D2 al D5. Entre ellos, consta que el D2 pidió y devolvió juntos los legajos de Campos y Alcaráz. Aldo Patrocinio Bruno dijo en su única declaración indagatoria que él -como segundo jefe del D2 primero, y jefe después- solo hacía “trabajo administrativo”, que redactaban “informes” a pedido de “diversas dependencias”.

Jorge Aladino Rivero, policía que por entonces trabajaba en el D5, testimonió en este juicio: “Venían de las distintas oficinas de investigaciones y sacaban estos prontuarios y después los devolvían”. Lo que Bruno “burocratizó”, en palabras de Vega, Rivero lo ancló: “oficinas de investigaciones” eran las que pedían los legajos. “En otro tramo de su declaración Rivero dijo que escuchó gritos que provenían del D2, ‘muy fuertes’ y agregó que en esa época sabía que esos gritos podían ser de torturas o tormentos”, recordó el abogado.

“Existen tres testimonios” repasó el fiscal, “que mencionan al D2 en esta Causa”: José Alcaráz padre se presentó ante el Juez Federal Gabriel Guzzo -próximamente enjuiciado por complicidad con la dictadura- el 29 de diciembre de 1977. Allí dio cuenta del Habeas Corpus presentado por su hijo y su nuera, y agregó que tuvo “conocimiento” de que “se encontrarían detenidos” en “dependencias del D2”, lo cual supo por “personas a quienes se les ha permitido la visita a familiares detenidos en esa dependencia”. El padre de Adriana, Pedro Campos, “fue citado al D2, no a la Comisaría Tercera ni a Rentas. Al D2” remarcó Vega. Allí le dijeron que a su hija y su yerno los tenían “fuerzas de seguridad, pero nadie me dio ningún comprobante de nada”.

Calificar al represor

Al igual que en las causas anteriormente alegadas, Dante Vega refirió que la responsabilidad de los imputados corresponde a las funciones y cargos que cumplían: “La maquinaria terrorista funcionaba en base a las órdenes que se daban”. Pero son responsables no sólo por eso.

Paulino Enrique Furió era, a fines de 1977, Jefe de la División II de Inteligencia -G2- del Ejército. Funcionaba en la sede del VIII Comando de Brigada de Montaña, donde se reunía la Central Única de Inteligencia” -la Comunidad Informativa.

Vega remitió a argumentos expuestos anteriormente que explican el “rol fundamental que cumplió la inteligencia militar en el aparato organizado de poder”. El accionar conjunto de las fuerzas y el mando primigenio del Ejército corresponden a una “continuidad de la estructura militar antes y después del golpe de Estado”, plasmada en un cuerpo normativo “de superficie” -como el Reglamento sobre Organización y funcionamiento de los Estados Mayores: “el jefe de inteligencia será el principal miembro del Estado Mayor que tendrá responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados con el enemigo”- y también en manuales y reglamentos clandestinos.

Furió era entonces el “principal coordinador de los interrogatorios, seleccionador de los prisioneros y responsable de la reunión de información sobre el enemigo”. Furió “miente cuando dice que el General Maradona “tenía mando directo con los Jefes de Unidades sin pasar por el Estado Mayor en la Brigada”, agregó el fiscal.

Juan Antonio Garibotte fue enviado el 26 de noviembre de 1975 a Tucumán para participar en el “Operativo Independencia”, retornó a Mendoza luego de casi 35 días. El 9 de marzo de 1976 fue enviado nuevamente a Tucumán. Esa vez permaneció casi más de dos meses. En su informe de desempeño del 15 de octubre de 1976, fue calificado con promedio 100 y se consignó que es “uno de los pocos sobresalientes para su grado”, repasó Vega. El 15 de diciembre de 1976 asume en el Comando de la VIII Brigada como Auxiliar del G2.

“Garibotte evidentemente miente cuando afirma en su indagatoria prestada en la instrucción que no supo ni  participó en ninguna tarea relacionada con la ‘lucha contra la subversión’”, advirtió Vega. El represor dijo en ese testimonio: “mi tarea se limitaba a producir informes del área, es decir, explotación de prensa, cumplimentar informes que eran requeridos a Inteligencia, pero no referidos a la problemática que se me plantea de subversión”.

Vega recordó que el 7 de abril de 1977 este militar participó del operativo en la casa de los padres del desaparecido Rodolfo Vera, ocurrido dos días después de que el padre de Rodolfo presentara un escrito reclamando la camioneta que se robaron las patotas cuando secuestraron a Jorge Becerra. “El propósito del allanamiento era dar con el paradero de Vera” aclaró el fiscal.

Alsides Paris Francisca era Jefe de la Policía de Mendoza a fines de 1977, con “gran capacidad de adaptación, realizando una meritoria labor, animada por una elevada cuota de iniciativa y responsabilidad” según consta en su legajo. Nunca prestó declaración. Sí lo hizo Pedro Dante Sánchez Camargo en 1986 -quien fuera jefe del D2- y aclaró: “El Comando de Operaciones Táctico funcionaba a través del jefe de Policía que recibía órdenes y las trasmitía al D2”. “Francisca, como máxima autoridad policial, no pudo desconocer los operativos que llevaban a cabo sus subordinados, algunos en operaciones conjuntas con fuerzas militares”, señaló.

Ricardo Benjamín Miranda fue jefe del D2 entre agosto y diciembre de 1977. “En su carácter de máximo responsable del centro clandestino no pudo permanecer ajeno a la estructura que formó la inteligencia para proceder al secuestro del matrimonio Campos-Alcaráz ni tampoco a la permanencia en las dependencias de las víctimas en el D2” aseguró el abogado.

Aldo Patrocinio Bruno fue segundo jefe del D2 cuando lo comandaba Miranda, y luego lo sucedió en el cargo. En su descargo en la instrucción dijo que “para esa época no había detenidos en el lugar”, que ignoraba “si allí hubo gente detenida anteriormente” y agregó sobre las víctimas: “no los conozco ni he escuchado hablar de las mismas ni he participado del procedimiento que diera lugar a la presunta detención de las mismas”.

El fiscal señaló a los imputados como coautores mediatos por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. También por sustracción de un menor de diez años  -Martín Alcaraz-; robo agravado por haberse cometido con armas -el “hociqueo”, la “rapiña” en la casa del matrimonio-; todos delitos perpetrados en el marco del de asociación ilícita, constituyen delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del genocidio.

Dante Vega: Responsabilidades y mandos

“Un hecho vidrioso”. Antonia, José y Martín

Vega hizo una reconstrucción de los hechos: el secuestro de Campos y Alcaráz; la “rapiña” y “hociqueo” que la patota hizo en la casa del matrimonio; la sustracción ilegal de Martín y la entrega del niño que hicieron a escondidas y en una caja. Luego repasó las responsabilidades de los imputados y especificó las calificaciones que les cabe.

Reconstrucción fotográfica de la casa del matrimonio Campos-Alcaráz que consta en la Causa

Antonia Adriana Campos estudiaba medicina pero abandonó la facultad por falta de recursos. Con su hermana Silvia “compartían no sólo sus estudios de Medicina sino también los ideales de izquierda, en particular la atracción por la figura del Che Guevara”, recordó Dante Vega. Antonia militaba en el PCML y Silvia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-.

Dante Vega recordó que Martín Alcaráz declaró que días antes del operativo su madre le habría comentado a su abuela que “estaban investigando las circunstancias del secuestro” de Silvia y que “estaban muy cerca de dar con su paradero”. Antonia Catania, la mamá de Adriana, contó en testimonio anterior que su hija le dijo: “Mirá mamá, pronto vamos a saber algo de Silvia, porque algo me han informado, ya te lo voy a decir”.

José Antonio Alcaráz fue empleado farmacéutico, trabajó en una imprenta de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y fue delegado gremial. Tenía “fuertes ideas de izquierda”, según relató su hijo ante el Tribunal. Campos y Alcaráz se casaron en 1975, “cuando Antonia tenía 18 años y José 20”. En 1977, José trabajaba con su padre en un comercio y vivía con su esposa en Godoy Cruz. “A principios de 1977 nació  Martín”, repasó el fiscal ante la atenta mirada de la sala y de los imputados presentes -Bruno y Miranda.

Varios testimonios dieron cuenta de la militancia de Antonia y José en el PCML y de su asistencia a reuniones en la mimbrería de Rodolfo Vera y Néstor Carzolio; encuentros en un camping en Cipolletti y en Nonquén. Martín comentó que sus padres aportaban folletería al PCML hecha en el negocio del padre de José. Al respecto, el fiscal relevó un hecho que comprueba la inteligencia hecha previamente para planificar los secuestros: Ricardo D’Amico relató que junto a Campos, una de sus hermanas y Alcaráz fueron demorados por la policía en la Terminal de ómnibus cuando volvían del dique Cipolletti. “Durante un par de horas” los “interrogaron en una celda”; probablemente porque tenían “unos papeles de izquierda”. En ese momento eran menores de edad y los liberaron. Esto ocurrió entre fines de 1974 y comienzo de 1975. La policía ya sabía quiénes eran.

El 6 de diciembre de 1977, cerca de las dos de la mañana, “el matrimonio Campos-Alcaráz y su hijo Martín, de diez meses, dormían en su casa”, repasó el fiscal. Un grupo de personas ingresó violentamente a la vivienda, rompieron la puerta. “Como ya es costumbre verificar, los secuestradores no se privaron de hocicar en los bienes del matrimonio y de robar lo que pudieron”. Sobre “la rapiña” desde la década de 1980 los padres de Adriana, denunciaron que “los secuestradores robaron la heladera, el televisor, los sillones y hasta los cubiertos y utensilios de cocina”. Los vecinos dijeron que “escucharon fuertes ruidos provenientes de la vivienda y que pudieron ver cómo miembros de la policía estaban cargando las cosas de la vivienda en un camión”.

El 6 de diciembre al mediodía, los padres de José y Antonia hicieron la denuncia en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz -consta en Libro de Novedades-. Cuatro horas más tarde, “se tomaron su tiempo ante una denuncia grave” -acotó el fiscal-, agentes fueron a la vivienda del matrimonio y allí los denunciantes expusieron lo sucedidos a sus hijos y su nieto -según consta en el acta del procedimiento-.

Dante Vega no pudo más que transmitir la aún inagotable capacidad de asombro: en el Libro de Novedades citado se consignó que “se habría cometido un hecho vidrioso”. “Que es vidrioso el hecho no me caben dudas”, dijo Vega, “me gustaría saber qué quiso decir con ‘vidrioso’, pero lo calificó perfecto”.

“El detalle macabro... como todos los detalles en este caso”

Martín Alcaráz fue secuestrado junto a sus padres. “Pasó veinticuatro horas en poder de sus captores” relató Vega la historia que calificó de “macabra”.

Las familias de Campos y Alcaráz vivían a escasos metros entre sí. A fines de 1977,  Mario Armando Gómez estaba de novio con una de las hermanas de José y vivía frente a los Campos. Al día siguiente del secuestro, vio que cerca de las dos de la madrugada había dos autos Ford Falcon estacionados en las inmediaciones, un rato después llegó un tercer auto y “de él descendieron dos personas corpulentas que vestían camisas manga corta color celeste y llevaban consigo una caja, que dejaron en la puerta de la casa de la familia Campos”. En esa caja estaba Martín “envuelto en una frazada”.

085-M: Desapariciones de Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez. Alegatos I: Fiscalía y Alegatos II: Gobierno de Mendoza

“Lo sabremos, confíen que ya lo sabremos”

15-02-13 | El fiscal Dante Vega inició la ronda de los alegatos por las Causas 085M, que contempla seis desapariciones forzadas. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1977 en el contexto nacional del “Operativo Escoba”. El detalle de ese plan lo dio la doctora Romina Ronda, quien alegó en representación del Gobierno de Mendoza.

 

Nélida Tissone, Néstor Carzolio, Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez desaparecieron entre el 5 y el 9 de diciembre de 1978. Fueron parte de la razzia que el terrorismo de Estado hizo a través del Operativo Escoba, cuyo objetivo -ampliamente cumplido por autores intelectuales y materiales de la matanza- fue la aniquilación de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) de todo el país, de los cuales varios habían encontrado en Mendoza pasajeramente refugio contra la persecución diseñada por la Inteligencia de la Marina.

Con su habitual caudal de datos relacionados, en contacto con el resto de la realidad nacional y siempre con especial atención a las historias de vida de las víctimas, el fiscal Dante Vega reconstruyó parte de la historia de la militancia de izquierda en los ‘70. Ese repaso sirvió para la posterior exposición de Romina Ronda, especialista en la represión sobre el PCML y querellante por la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de Mendoza a partir de los casos de Walter Domínguez y Gladys Castro.

“Las fuerzas conjuntas llevaron a cabo un operativo previamente diseñado, con blancos seleccionados por su militancia en el PCML”; se trataba de personas con “vidas intensas y comprometidas con una sociedad más igualitaria, una vida más digna y un pueblo más libre”, señaló Ronda.

“Si al grupo de seis personas desaparecidas contempladas en la causa, se suman el secuestro y desaparición de Jorge del Carmen Fonseca y el matrimonio conformado por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz, más la sustracción del hijo de ambos, Martín, son nueve las personas desaparecidas y diez las víctimas en apenas cinco días”. Las desapariciones de Fonseca, Alcaráz y Campos, explicó Ronda, “debieron integrar este caso”, sin embargo el primero fue tratado en el juicio anterior; mientras que las otras dos personas corresponden a otro caso en este juicio pero en distinta causa: la 053M.

Según Vega “la causa 085M presenta notables similitudes con la de mayo de 1978. En diciembre de 1977 hubo un ‘megaoperativo’ cuyos principales blancos fueron miembros del PCML, muchos de ellos oriundos de La Plata”, bautizado Operativo Escoba. “No es una nomenclatura novedosa. A través del juicio histórico en el que participé por la masacre de Trelew, se logró comprobar que además de los presos políticos asesinados en el penal de la base militar Almirante Zar, el Ejército efectuó otra razzia en todo el valle patagónico a fin de intimidar a representantes y allegados de los entonces detenidos. Resultado: 16 víctimas más. El Operativo fue bautizado como ´Vigilante´”.

Dante Vega dijo: “vamos a comprobar la persistencia del Estado terrorista, cómo no cejaron nunca en la persecución a los militantes; pero también cómo funcionó la solidaridad, el compañerismo y hasta el heroísmo entre las personas acosadas”. En el mismo sentido, Romina Ronda aclaró: “el aparato terrorista tenía un plan: interrumpir los proyectos de las organizaciones revolucionarias. Y las consecuencias de ese plan, la desigualdad social, la vulneración de derechos, los bajos salarios, la falta de trabajo, la represión de las manifestaciones populares continuaron sometiendo durante años al pueblo argentino”.

Fiscal y representante del gobierno de Mendoza se refirieron al informe secreto y confidencial sobre el PCML elaborado en mayo de 1978 por el Grupo de Tareas 3 de la Marina. Vega además citó “Maoísmo y lucha armada: el PCML”, investigación de Adrián Celentano; y el libro “Hacerse cargo”, recopilación testimonial de las historias de vida de los desaparecidos en Mendoza.

Ambos alegatos sirvieron, entonces, para probar los hechos en cada caso, la existencia del Operativo Escoba a nivel nacional dirigido contra militantes del PCML y que fue diseñado previamente a partir de la reunión de información procurada por los servicios de inteligencia; y que, finalmente fue ejecutado entre los días 5 y 9 de diciembre de 1977, principalmente en Mendoza, La Plata, Córdoba, Capital Federal y Mar del Plata. Además, que toda la acción represiva se llevó adelante de manera conjunta por parte de fuerzas de seguridad y militares, pero con la dirección máxima del Ejército, donde pertenecía el único imputado: Paulino Enrique Furió.

Furió, el Ejército, el Operativo

La represión de las organizaciones revolucionarias la comandó en Mendoza el D2, hasta el 24 de marzo de 1976. Desde ese momento siguió actuando pero el mando primigenio de toda la actividad represiva durante el gobierno de facto lo tuvo el Ejército, lo cual no resta responsabilidad al resto de las fuerzas de seguridad y armadas que, entonces, tuvieron activa participación como apoyo. No caben dudas que se trató de operativos conjuntos, de un accionar conjunto “antisubversivo”. Se creó la Comunidad Informativa “para no desperdiciar los aportes de ninguna de las fuerzas”, dirigida por el Ejército y de la cual participaban la Fuerza Aérea, la Policía Federal, el D2 y toda fuerza que interviniera en la lucha contra la subversión”.

Después del Golpe, el Ejército tomó el mando completo de la inteligencia. El único imputado en las causas, Paulino Enrique Furió, en diciembre de 1977 prestaba servicio para Inteligencia del Ejército (GT3), era Jefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Montaña (G2); que dependía de la Marina, misma fuerza que controló el mayor centro clandestino de detención y torturas del país: la ESMA.

“No se le atribuyen estos hechos a Furió por el simple hecho del cargo que ocupaba”, explicó de manera contundente el fiscal. “Siempre hemos demostrado que una persona en un cargo responde por determinados hechos, por ejemplo un secuestro, a través de documentación; y cuando no hay mucha se puede deducir que responde porque forma parte de un aparato organizado de poder, como lo fueron el D2 o el GT3, durante la represión”.

En el legajo de Furió consta una queja que interpuso cuando pasó un tiempo sin ascensos: “volqué todo mi esfuerzo personal y profesional a coadyuvar como una pieza del engranaje montado para infligir al enemigo una derrota sin precedentes (...) podemos estar todos nosotros ampliamente satisfechos por la misión que cumplimos acabadamente”.
Romina Ronda: El plan y sus consecuencias. El Ejército y Furió


Calificar al represor

La Fiscalía pidió que se condene a Paulino Enrique Furió como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; también se lo acusa por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas; todo esto por seis hechos -Carzolio, Tissone, Vera, Jamilis, Domínguez y Castro-. También se lo acusa por robo simple por un hecho -el desvalijamiento de la casa de Vera-; por robo agravado por el uso de armas por dos hechos -por las camionetas de Vera y de Carzolio-. Todos los delitos fueron cometidos en concurso con el de asociación ilícita -ya tiene condena por eso pero el fallo de Casación al respecto no está firmado, por eso se pide en este juicio nuevamente-, constituyen delitos de lesa humanidad y fueron perpetrados en el contexto del genocidio.

La abogada del Gobierno de Mendoza pidió similar calificación, con la diferencia que señaló a Furió como “co-autor” e hizo una fundamentación respecto de esa diferencia.

El Operativo Escoba no se pudo hacer si el concurso activo de la inteligencia activa militar de Mendoza”, dijo Vega; a la vez, explicó Ronda, "el Ejército comandaba y en conjunto con las otras fuerzas recopilaban información y ejecutaban los planes". El Operativo Escoba tuvo etapas en su planificación: reunión de datos, inteligencia, detección de blancos, secuestros y muerte. En la estructura militar hay jerarquías que hacen que los “coautores” de los hechos tengan mayor o menor cercanía directa con los hechos, pero forman parte -con conocimiento y por voluntad- de una maquinaria que no funcionaría sin una de sus partes. Es decir, la función particular no exime de la responsabilidad en la globalidad.

La Escoba

Ronda ahondó -incluso con imágenes del escrito original que llegó a Mendoza - en el documento “Informe estrictamente secreto y confidencial del Partido Comunista Marxista Leninista Argentino”, elaborado por el Grupo de Tareas 3 de Inteligencia del Ejército (GT3) en mayo de 1978. “Debido a los distintos operativos realizados en todo el país, en especial con la realización del Operativo Escoba, han quedado completamente desarticuladas las regionales Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata” dice en el informe y agrega en un anexo diagramas de la orgánica del PCML antes y después del Operativo.

En diciembre de 1977 hubo 191 casos de desapariciones forzadas, 89 de ellas entre el 5 y el 9 de diciembre; 56 el día 6 de diciembre. La mayoría tenía “militancia comprobada en el PCML”. “En un mes desaparecieron todos (...) Hubo un plan científicamente organizado, levantaron a todo el mundo” dijo Osiris Domínguez ante el Tribunal.

Este informe y los testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas dan cuenta de las persecuciones sufridas por esa facción política en Mendoza y de la enorme tarea de inteligencia previa. De ese informe llegaron instrucciones a Mendoza a través del ejemplar que el GT3 envió para el área de inteligencia del III Cuerpo del Ejército -zona a la que correspondía Mendoza- y del que llegó al Destacamento de inteligencia  144 que funcionaba en la VIII Brigada de Montaña, lugar de trabajo del único imputado: Paulino Enrique Furió, Jefe de inteligencia de ese destacamento.

El informe tiene detalles sobre la estructura y funcionamiento del PCML, sobre la caída de sus “primeros elementos” y de detenciones en La Plata y en los párrafos finales sobre el “desmembramiento del PCML a raíz del operativo de Mar del Plata y del posterior ‘Escoba’”. El informe reconoce asiento del Partido en siete regionales y menciona que solo en tres pudieron armar una estructura; y que en las otras cuatro -entre ellas Mendoza- en total sumaban 60 “elementos”. También reconoce como lugar de origen y con mayor generación de militantes a La Plata. De allí y zonas cercanas son oriundas varias de las víctimas de la Causa que llegaron a Mendoza.

EL PCML en Mendoza 

Vega recordó que “el PCML surgió en 1969 como desprendimiento del Partido Comunista. Nunca fue de masas y en 1975 contaba con unos 400 militantes y adherentes”. Hizo “prevalecer la acción política por sobre la lucha armada” y sus “frentes de inserción” fueron “la acción fabril y estudiantil”.

En 1976, Mendoza pasó a ser lugar de refugio para los perseguidos, “muchos de ellos ya en la clandestinidad, pues tras el accionar primero de la Triple A y luego de los grupos de tareas, el Partido estaba ya aniquilado. En el documento del GT3, el ´PCML Regional Mendoza´ figura como el primer objetivo para la eliminación final que se extendió entre los últimos meses de 1977 y los primeros de 1978 en todo el territorio argentino”.

Tanto Vega como Ronda, destacaron la perversidad del Plan de exterminio, porque el PCML, en diciembre de 1977 ya “estaba desmembrado, en la ilegalidad, los sobrevivientes se juntaban para verse, hablar y apoyarse mutuamente”. Además, los encuentros eran públicos, sólo de reconocimiento, “la organización celular ya no existía”.

Efectivamente, ya en 1976 llegaron militantes provenientes de La Plata -Jamilis, Fonseca, Tissone y Carzolio- y se contactaron con los locales Vera, Domínguez, Castro, Alcaráz y Campos. María Cristina D´Amico, María Elena Farrando y Elsa Becerra -que estaban clandestinas en otros puntos del país- también fueron secuestradas, lo que indica un total de doce personas del PCML desaparecidas en Mendoza o relacionadas al grupo cuyano. Jorge Becerra también fue víctima, fue el primer golpe a la organización, ocurrido el 22 de diciembre de 1976. Fue detenido y salvajemente torturado en diversas prisiones durante años; otras compañeras y compañeros fueron empujados al exilio interno o externo. Mirta Hernández declaró que desde ese momento “todos los militantes del PCML de Mendoza estuvieron clandestinos”.

Dante Vega: El PCML, ilegal, perseguido, desarmado

 

Los hechos, los compañeros, las compañeras

Jorge del Carmen Fonseca nació en Neuquén, vivía en La Plata y llegó a Mendoza para huir de la represión. Conocido como ´Pelé´, militante del PCML pero proveniente del peronismo, tuvo aquí la delicada y heroica misión de sacar a los amenazados militantes de la provincia a otros puntos del sur argentino. Compartió con Tissone y Carzolio, y en la casa de ellos solía dormir.

Néstor ´Cuqui´ Carzolio nació en Berisso. Allí vivió con Nélida Tissone y tuvieron dos hijos: María Laura en 1971 y Martín en 1974. Néstor fue delegado del Sindicato de la carne -trabajaba en Swiff- hasta 1971, muy posiblemente ya como militante del PCML. Nélida era profesora de Ciencias Naturales en La Plata. Huyeron a Mendoza en el invierno de 1975. En julio de 1977, la pareja alquilaba un departamento en Godoy Cruz, allí paraba Fonseca, Martín Carzolio lo recordó presente el día del secuestro de sus padres. En ese operativo la patota se llevó a los tres, y se robó la camioneta de Carzolio y la moto de Fonseca. “No se olvidaron de nada”, señaló el fiscal.

Carzolio y Rodolfo Vera eran locatarios de la mimbrería que el grupo tenía en Dorrego como fuente de trabajo, lugar de refugio y de reunión política. El lunes 5 de diciembre de 1977 un grupo de civiles armados había entrado a la casa de Nélida cuando ella llegó -a las 20- con sus hijos, una hora después lo hicieron Néstor y Jorge. Los adultos fueron secuestrados (“Doña Lucía, ayúdenos” gritó Néstor a su vecina Lucía Batalleme, que registró cómo sacaron a los tres militantes); a los niños los dejaron maniatados y con las bocas encintadas. “No los escuché más, creí que estaban muertos” dijo Lucía, quien junto a Hilda Fany Abraham y Aldo Nardecchia -otro vecino, militar, que reconoció la cinta en sus bocas como utilería del Ejército- liberaron a los niños. Abraham cuidó de los niños hasta que ubicaron a los padres de Nélida y ellos los buscaron.

A Alberto Jamilis lo apodaban “El Gordo Manifestación”, recordaron ambos abogados. En los ‘50 se fue a vivir a La Plata y se recibió de sociólogo. Dio clases en la UNLP y trabajó en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, pero en ambos lugares lo dejaron cesante. Se casó con María Inés Barbetti. “Era una biblioteca andante” recordó Susana De Miguel.

En La Plata se incorporó al PCML y se relacionó con Jorge y Raúl Bonafini -hijos de la titular de Madres de Plaza de Mayo- y Cristina Tortti, militantes del PCML. Sus causas fueron recientemente tratadas en el juicio por el “Circuito Camps”.

Antes de radicarse en Mendoza, Jamilis y Babetti sufrieron persecuciones y atentados, fuerzas de seguridad fueron a buscar a Jamilis a la casa de su madre y a la casa de la pareja también. En noviembre de 1976 Jamilis llegó a Mendoza y se puso en contacto con Carzolio, Carlos y Rodolfo Vera, Domínguez y Castro. Trabajó unos meses en la mimbrería. En abril de 1977 llegó Barbetti, vivieron ambos en ese local, y tuvieron a su hijo Nicolás, quien por protección fue inscripto con el apellido de la madre.

El 6 de diciembre de 1977, la pareja ya vivía en Godoy Cruz, cerca de las 2 de la madrugada, civiles con armas y medias en la cabeza -menos el jefe de la patota- entraron a la casa. Gritaban “¡Gordo salí!”, lo cual denota el trabajo de inteligencia previo, también le requirieron la “llave” -de la mimbrería-. Ataron a la pareja, revolvieron durante dos horas la casa, y cuando se los llevaban, él pidió que dejen a su esposa con el bebé de dos meses: “ella no tiene nada que ver”. “Bueno piba, hacé de tu hijo un buen ciudadano” le dijo el jefe de la patota a Barbetti y se llevaron a Alberto. María Inés se instaló después en Bragado, “exilio interno y huir” de nuevo señaló Vega.

La misma noche del 6 de diciembre, Rodolfo Vera estaba en la mimbrería -donde en la tarde anterior estuvo con Jamilis y Carzolio- y de allí lo secuestró una patota. Fue el cuarto -y último- operativo dirigido a Rodolfo.

La puerta “estaba abierta sin violencia” -usaron ‘la llave’- y se produjo “la rapiña consiguiente”, dijo Vega. “Estaba pelada la mimbrería” contó Carlos Vera. Él y Domínguez trasladaron a la compañera de Rodolfo y su hija, Mirta Hernández y Cecilia, para su refugio.

Rodolfo Vera era el mayor de cuatro hermanos, siempre ligado a cuestiones sociales y la militancia política, “iba a los barrios” y “ayudaba a la gente” recordó su madre, Agustina Corvalán. Conoció a Mirta Hernández y estuvieron años en pareja. Militaba en el PCML y comenzó a estudiar arquitectura en la privada Universidad de Mendoza con Walter Domínguez, donde juntos formaron el Centro de Estudiantes. Allí comenzaron a ser perseguidos, y hasta mermaron sus estudios. Para 1977, Rodolfo alquiló con Carzolio la mimbrería y allí trabajaba.

Un año antes, el 22 de diciembre de 1976, el también militante del PCML Jorge Ciro Becerra fue secuestrado y en ese operativo se robaron la camioneta de Vera. “La impunidad con que se manejaban los efectivos del D2. Roban la camioneta y la empiezan a usar alegremente y a cielo abierto. La estacionan en la playa del D2, Carlos Vera la vio en un taller mecánico, también circulando”, reflexionó Dante Vega, recién “diez años después la policía se la devolvió a la familia en un estado de deterioro completo”, añadió. Luego de ese episodio, en el prontuario de Vera se observa el pedido de captura en el orden del día de él, de Susana De Miguel y de Mirta Hernández.

El mismo 22 de diciembre de 1976, un grupo de la policía fue a la casa de la casa de los padres de Rodolfo, detuvieron a Dionisio Vera y se lo llevaron al D2: “lo insultaron y le dijeron de todo”, relató Agustina. Dos días después, la policía fue a la casa de Vera y Hernández. No los encontraron pero aprovecharon “para la rapiña”, dijo Dante Vega. “Se robaron todo”, dijo Carlos Vera, “hasta media bolsa de azúcar”.

El 7 de abril de 1977, el Ejército -como consta en el parte de novedades del libro de guerra de la Unidad Regional IV- realizó un operativo a cargo del Mayor Garibotte. Agustina contó que muchas personas uniformadas rodearon toda su casa y hasta querían matar al perro. Dos días antes, el padre de Rodolfo había presentado un documento reclamando la camioneta. Vera y Hernández se refugiaron en Rivadavia, en la casa de un familiar. Mirta estaba embarazada, Cecilia nació en julio de 1977. Entre setiembre y diciembre de ese año, Mirta y su hija se refugiaron en la casa de Walter y Gladys.

Walter Domínguez y Gladys Castro, de 22 y 23 años, vivían en Godoy Cruz y esperaban un hijo o hija, Gladys tenía seis meses de gestación. Walter estudiaba arquitectura -con Vera- y era chofer de micro. Gladys debió abandonar sus estudios de bellas artes y trabajaba en una panadería.

“Cuando entró a la facultad comenzó a hablar de lo social” dijo María Assof de Domínguez, su madre, ante el Tribunal. Vega relevó ese dato, lo valoró como signo de la generación que desaparecieron, “¡qué diferencia con los actuales alumnos de arquitectura, de esa facultad y de cualquiera, no creo que se esté hablando mucho de lo social!”. “Era peligroso para el sistema, pero lo que estaba haciendo no era nada malo”, dijo en su testimonio la referente de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza.

Ambos eran militantes del PCML, refugiaban y ayudaban permanentemente a otros militantes -entre ellos la compañera de Jorge Becerra, Susana De Miguel-, desde el 6 de diciembre estaban enterados del secuestro y destino de sus compañeros y compañeras y decidieron quedarse.

El 9 de diciembre, una patota asaltó su casa y se los llevó. “Señora Clara, ayúdenos por favor” alcanzó a pedirle Walter a una vecina, la misma que declaró que cuando salió al patio a ver qué pasaba una voz de mando le dijo “Por favor señora, métase adentro de la casa”. “¿Por qué nos hacen esto, qué hemos hecho?” repitió Gladys mientras la arrastraban al auto del secuestro. “Aún no sabemos qué pasó con el nieto de María Assof”, dijo Dante Vega, “pero lo sabremos, confíen que lo sabremos”, aseguró conmovido y movilizó a toda la sala.

Poco más tarde, alrededor de las 03.30, un grupo de personas vestidas de civil y armadas fueron a la casa de los padres de Domínguez. Iban a buscar al hermano de Walter, Osiris. No lo encontraron porque estaba trabajando. Días antes, de manera inusual, le llevaron a Osiris padre un cuchillo para arreglar: tenía marcas de la Fuerza Aérea. La patota se lo llevó. Osiris salió a las 6 de la empresa Pescarmona, alertado al igual que su hermano de lo que venía sucediendo con los compañeros, pasó por la casa de Walter y Gladys, vio la puerta violentada y supo lo que pasó. Allí comenzó su periplo para salvar su vida.

El Fiscal Dante Vega resaltó un detalle excepcional: tras el secuestro de Walter, los padres -Osiris y María- fueron a la casa, hallaron todo revuelto y se percataron del robo de cosas de valor. Con la angustia de no saber dónde estaban sus hijos, su nuera y el estado del nieto o nieta en camino, Osiris padre se ocupó de arreglar la puerta del departamento de Walter y Gladys, que los captores de su familia habían destrozado, ya que era alquilado y deberían devolverlo en condiciones...

Osiris Domínguez, Carlos y Oscar Vera, Mirta Hernández, Mabel D’Amico, María Elena Farrando, Cristina D’Amico, Alfredo Irusta, Julio del Moral, entro otros, comenzaron a huir: el exilio. Primero a Buenos Aires, luego a la Costa -allí cayeron algunos en un operativo-, y destinos finales de otros en el sur del país y en otros países.

Dante Vega: Lo social, la solidaridad, Walter Domínguez

077-M. Desapariciones de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Alegato IV: MEDH y Alegato V: La Defensa

 “Se llevaron a los mejores”

14-02-2013 | El Doctor Pablo Salinas amplió el alegato del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que la semana pasada ofreció su colega Diego Lavado en relación a nueve personas desaparecidas en mayo de 1978. Acompañado de fotografías y textos en referencia a Juan José Galamba -militante montonero y perseguido político desde 1976, con quien más se ensañaron los grupos de tareas y que finalmente fue secuestrado y desaparecido el 28 de mayo de 1978- Salinas repasó en general la estructura organizativa del terrorismo de Estado y señaló los responsables de la impunidad en Mendoza. También destacó la lucha del MEDH y los Organismos de Derechos Humanos.

El representante del MEDH plasmó, además, investigaciones que dan cuenta de la responsabilidad de quienes actuaban en la Policía y el Ejército en aquellos meses (a partir de las pruebas contra el imputado Aldo Patrocinio Bruno, a la fecha jefe del D2) y movilizó al Tribunal y al público con sus apreciaciones respecto a “nuestros compañeros” y el delito que los genocidas continúan perpetrando al no revelar el destino de sus restos.

En cuanto a la existencia y consecuencias del plan sistemático de represión, Salinas afirmó: “Existió un orden clandestino tanto en sus aspectos genéricos como específicos. Este esquema normativo es la prueba de la represión ilegal. El terrorismo de Estado implantó la desaparición de personas, la tortura y la persecución política con conocimiento de su ilicitud, porque dentro de las funciones que se atribuyeron los mismos miembros, “el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas en la guerra librada constituyeron actos de servicio” (documento final de la junta militar), “no están contempladas” -según el Código de justicia militar- ni “la tortura, ni la desaparición forzada de personas, ni el saqueo”.

“Secuestraban a la gente, la encapuchaban -salvo a quienes iban a matar ese día-, se disfrazaban, vendaban a los detenidos, esto es la prueba de que sabían que lo que hacían era ilegal”, expuso el abogado. Y citó el testimonio de Alfredo Edgar Gómez, que en el juicio anterior reunió la comunión de fuerzas y la relación entre grupos de tareas: “Las demás fuerzas trabajaban con nosotros. Nos usaban a nosotros. Iba personal de Gendarmería, Ejército, Fuerza Aérea, la SIDE a buscar antecedentes al D2. Ellos trabajaban con nosotros. La Federal también iba, Willy Cardello iba. La mayoría que iba ahí, iba con nombre supuesto. Iba un señor de la SIDE que pedía los prontuarios y sacaba los antecedentes.”

Entre los mayores responsables: Ejército y G2 -Inteligencia militar- (Furió, Dopazo, Gómez Sáa, Migno, Puebla); Fuerza Aérea: Santamaría, Jofré, Carelli, Francisca (jefe policial), Santuccione (jefe policial); “Patota Federal” (Cardelllo, León, Mirota); D2 (Smaha, Fernández, Sánchez Camargo, Miranda, Patrocinio Bruno, Oyarzábal); GE 78 (Carlos Rico, Medina, Siniscalchi); “Justicia cómplice” (Guzzo, Miret, Romano, Carrizo, Petra); solo por mencionar algunos, aclaró el abogado al señalar estas participaciones.

Desde mediados de 1977 “ya no había operativos con ostentación de fuerza y afán de infundir terror”, recordó Salinas; sin embargo fue creado el Grupo Especial 78 (GE 78), que cumplía las mismas funciones de aniquilamiento con mayor sigilo. Y en esa agudización de  los sentidos represores es razonable concluir que les “cae” un dato: en junio de 1976 hubo un prófugo del megaoperativo contra militantes montoneros: Galamba. Desde ese día, ninguna acción les había dado resultado para encontrarlo, les fue escamoteado. Comenzaron, entonces, el operativo de mayo de 1978 por la punta del ovillo de junio de 1976. También parece obvio que las víctimas no sabían dónde estaba para entonces Juan José y se torna evidente que los desaparecidos fueron quienes lo ampararon en 1976 y contaban con algún grado de compromiso político”.

Específicamente en relación al grupo de Causas de mayo de 1978 -investigación propiciada por familiares y el MEDH aún desde la dictadura- Salinas explicó: “Son varias las categorías de actos que constituyen crímenes contra la humanidad y que fueron perpetrados por grupos de tareas de Mendoza: asesinato, exterminio, encarcelamiento, torturas, violaciones, persecuciones por motivos políticos, desaparición forzada. La particularidad de esta Causa es la solidaridad, las personas que se comprometieron. No todo fue colaborar con el terrorismo de Estado, existió otra sociedad solidaria. Por eso, esta no es una simple acusación legal, estamos también construyendo memoria colectiva y esto habla de lo mejor de los mendocinos. Se llevaron a los mejores, persiguieron a Juan José Galamba y en su camino atacaron la solidaridad, atacaron los lazos comunitarios, fueron el eje de la represión. El D2 conducido por Bruno Pérez fue pieza central del terrorismo de Estado. Para Aldo Patrocinio Bruno y el D2 el éxito del operativo fue completo, se ganaron los galones: encontraron un prófugo subversivo, se vengaron de quienes lo habían protegido y arrasaron con un grupo que tenía antecedentes políticos de izquierda. De paso, en el camino encontraron a una prófuga montonera oculta desde julio de 1976 -Isabel Membrive-”.

La reconstrucción de los hechos -los nueve secuestros y desapariciones forzadas en vísperas del mundial de fútbol- por la querella fue similar a la aportada por la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Salinas señaló el grado de persecución extremo al que fue sometido Juan José Galamba durante dos años y la “conexidad” con el resto de los secuestros perpetrados a su entorno: “Galamba se convirtió en un prófugo en el contexto del megaoperativo en contra de Montoneros en junio y julio de 1976, cuando se sucedieron los allanamientos, las detenciones, los secuestros seguidos de desaparición, en la vía pública fueron asesinados Francisco Urondo, Juan Carlos Charparín; se llenó el D2 y en ese centro clandestino los secuestrados asistieron a la tortura y posterior ausencia de muchos compañeros de cautiverio”.

Respecto al grupo detalló: “Resultan dignos de reconstrucción y de admiración los movimientos de este militante clandestino que logró jugar ajedrez frente a la dictadura durante casi dos años. Nunca fue a los lugares posibles donde los servicios de inteligencia lo buscarían. Recurrió a sus amigos, algunos de ellos, de los inicios en el Socialismo que no aparecían abiertamente comprometidos y que lo ayudarían sin dudas, como de hecho ocurrió: participaban de la misma comunidad de ideas, no se encontraban en riesgo aparente, habían trabado amistad en la UTN y en el ámbito político. Eran personas que estaban en sus domicilios habituales, en sus trabajos, en sus estudios: Margarita Dolz y su esposo Carlos Castorino; Raúl Gómez y su esposa Liliana Millet; Víctor Hugo Herrera, que trabajaba en la ferretería del dirigente socialista José ´Pepe´ Suárez; Mario y Gustavo Camín. Daniel Romero fue nexo entre ambos grupos, procedía del socialismo, estrechamente relacionado con el peronismo, había sido obrero y delegado.

El segundo grupo aparece con otras características. Pertenecen al peronismo, algunos decididamente a Montoneros. También está probado que aportaron en su medida a la supervivencia de Juan José: Gisela Tenenbaum y Ana María Moral, los esposos Tenenbaum, Juan Carlos Romero, Sebastián Molina, Ramón Sosa. Daniel Romero es el referente más constante de dicha supervivencia. Cuando Juan José regresa de la cantera de Camín en San Juan es alojado por Daniel en su casa. Es él quien lo ubica en el horno de ladrillos de su hermano Juan Carlos, militante peronista, un hombre muy humilde para quien la función pública fue un servicio a la comunidad”.

“No se ha probado en el juicio la participación de Aldo Enrique Patroni, quien trabajaba en Cimalco, estaba relacionado con Daniel Romero y pudo ser quien retiró a Juan José de manos de Raúl Gómez, en lugar de Ignacio Mamaní como siempre se creyó, ya que él manifiesta no haberlo hecho. El caso de Patroni deberá investigarse”, lanzó para profundizar Salinas.
Pablo Salinas: Juan José Galamba y la solidaridad

Carta para Juan José

Al final de su alegato, el doctor Pablo Salinas leyó una carta que Natalia Galamba, hija de Juan José, le escribió a ese padre que conoció a través de la reconstrucción de la memoria y del cariño de sus compañeros y compañeras:

“Resististe viejo… Casi dos años resististe persecución, miedo, desesperación… Y aún así no te diste por vencido. Estoy segura de que creías que las cosas se podían mejorar, que otra realidad era posible. Y tuviste amigos y compañeros, que creían lo mismo que vos, y que -como vos- no pensaban en ellos mismos, pensaban en forma colectiva. No era salvarse el propio pellejo, era resistir para salvar el pellejo de todos.

Y el plan sistemático que implementaron estas bestias resultó en cierta forma. ¿Y sabés por qué digo que resultó? Porque hoy a muchos les suena alocado, incomprensible, que alguien pueda jugarse entero por los demás. Esa solidaridad, que para ustedes era natural, espontánea, no necesitaba explicaciones. Y hoy… estamos tratando de explicarla.

No les bastó con encerrarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos. Tenían que asegurarse que el terror perdure; y apuntaron también al miedo a los valores. Pero con lo que no contaron fue con los que quedamos: los familiares, los compañeros que sobrevivieron y que nunca dejaron de pelearla, los que estuvieron acá en este Tribunal reviviendo los peores momentos de sus vidas, para que se haga justicia. Eso… eso también es solidaridad. Y en cada abrazo de ellos que recibo, te abrazo a vos, y siento que no pudieron con nosotros, que hoy estamos ante la posibilidad no sólo de que se haga justicia sino de reivindicar la militancia, el compromiso. Y sobre todo… el amor a la vida, que era lo que los movilizaba.

Muchos fueron quedando en el camino de esta lucha… y,  como ustedes, siguen viviendo en cada uno de los que los conocimos. Hoy no podría estar más orgullosa de vos viejo, y te digo viejo… aunque no te dejaron serlo”.
Pablo Salinas: Natalia Galamba a su padre Juan José

La defensa técnica o las técnicas de la defensa

La defensa oficial del exjefe del D2, Aldo Patrocinio Bruno, rechazó la calificación ampliada que la querella propuso y que sostuvo en los alegatos; reiteró que debe respetarse “la calificación legal primigenia”. Como lo hizo en procesos anteriores, la abogada explicó que “el rol de la defensa oficial es realizar una defensa técnica en estos juicios trascendentales para nuestra sociedad, y asegurar la posibilidad de realización de los mismos”.

Del alegato surge que hay una aceptación de los hechos, del plan sistemático; no se puso en duda el terrorismo de Estado ni la represión ilegal. Sin embargo, solicitó la absolución del único imputado en esta Causa porque no se considera probada -más allá de las pruebas indiciales- su participación directa ni la de sus subordinados en los operativos de secuestro, detención, interrogación, torturas, vigilancia; tampoco que alguna de las nueves víctimas de la Causa hubiesen pasado por el D2. 

Respecto de la Causa 077, la abogada expresó que “siguiendo las hipótesis sostenidas por la fiscalía, basadas en las investigaciones de la señora Elba Morales y el doctor Carlos Venier (h), presentada en 1986, “estas personas fueron detenidas por haber albergado o por haber prestado algún tipo de colaboración a Juan José Galamba” y también para “preservar el orden durante la realización del Mundial de Fútbol Argentina 1978, para lo cual se formó el denominado Grupo Especial 78 (GE 78)”. “Respecto de los hechos”, dijo Duranti, “las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron descriptos por los acusadores fueron corroborados por los testigos y los damos por hecho”.

“La importancia de un juicio como el presente radica en que se activa una situación compleja, porque además de determinar la responsabilidad de determinados actores en un contexto político especial se pretende actualizar la verdad y la justicia como valores pilares de una sociedad democrática”, reafirmó Duranti. Sin embargo, “todo contexto es una variable de análisis más (...) e incluso, una vez comprobada una trama no resulta atribución automática sobre el nivel de participación del sujeto”.

La defensora, en el camino de su argumento, diferenció “verdad histórica”, que es “por definición inverificable, el juez no puede examinar de manera directa el hecho que debe juzgar”; la “verdad procesal”, que es un tipo particular de la “verdad fáctica”, referente a hechos pasados y a la cual se accede mediante pruebas. Entonces, dijo, “se puede afirmar que la verdad procesal fáctica es resultado de una ilación de los hechos probados del pasado con los hechos probatorios del presente”. Y de estos conceptos surge el fundamento principal del pedido de absolución para Bruno: si a partir de esa ilación de tramas “el dilema no es resoluble, prevalece la hipótesis más favorable para el acusado”. La Defensa apeló, así, a la figura de “in dubio pro reo”.

Las pruebas le resultan insuficientes a la defensa, Duranti expresó  que los testigos dieron detalles de los hechos, pero no certezas de las fuerzas intervinientes en los operativos ni de los lugares de detención de las nueves víctimas. Recordemos que la ilegalidad de la represión radica, entre otras cosas, en su clandestinidad.

Excepciones de esos relatos a los que se refirió Duranti son: Ana María del Olio, novia de Mario Camín en 1978 y quien declaró que vio cuando lo ingresaban al D2 la noche del secuestro. A esto, la defensora contestó que ningún otro relato pudo corroborar ese dato. María Isabel Salatino, madre de Víctor Hugo Herrera, hizo un reconocimiento fotográfico en el cual señaló a Smaha, Pinto Vega, Bustos Vasconcelos y Stipech. Duranti rechazó que esos sujetos estuvieran bajo el mando de Bruno en el D2 al momento de los hechos. A esto, la abogada agregó que muchas de las referencias de vestuario de quienes realizaron los operativos de secuestro tienen que ver con fuerzas militares más que policiales, desestimando así la actuación conjunta de las Fuerzas así como la situación de clandestinidad del accionar y la capacidad de disfrazarse que tenían los agentes, justamente, para que no fuesen identificados por los familiares que estaban con el detenido ilegalmente.

Respecto de las declaraciones de ex-agentes policiales que implicaron a Bruno, simplemente la defensa alegó que se trata de testimonios sobre “causas propias” en la cuales asistió el derecho a la no autoincriminación y por eso se deben desestimar.

Sobre la prueba documental -libros de novedades, de intercambio de legajos, etc.- Duranti pretende que sólo da cuenta del cargo que ocupaba Bruno pero no de su participación directa ni de sus subordinados en los operativos. Sobre el pedido de la Fiscalía de incorporar el expediente “Fiscal contra Rusconi”, que consigna detalles del accionar del D2, la defensa se opuso porque alega que se presentó fuera de tiempo; sin embargo probablemente quede incorporado.