075-M: Desapariciones de Oscar Ramos, Oscar Iturgay y Roberto Blanco

Ella, su padre, su compañero, su hijo

22-11-2012 | El testimonio de Ana María Bakovic aportó claves sobre los secuestros de Oscar Daniel Iturgay y su marido, Oscar Ramos. La testigo y víctima -estuvo detenida entre 1975 y 1979- narró las crudas ausencias de su padre y de su hijo, a quien recuperó en 1984. El imputado Fernando Morellato amplió su declaración: “Todo cuerpo necesita descansar”, dijo el represor que pidió prestada una picana.

“Reclamá al Cunfi”

Ana María Bakovic y Oscar Julio Ramos se conocieron en 1973. Él se presentó a dar clases en la Universidad Popular de Mendoza. Ella tenía 20 años, el 33. Para Oscar, “el teatro tenía que manifestar lo que pasaba, expresar lo que hacía falta”. Por eso “vino de Buenos Aires a Mendoza a trabajar, a ver qué se podía hacer por el teatro”.

El triunfo de Cámpora en las elecciones presidenciales de aquel año decidió a la pareja a volcarse por la militancia en el peronismo, en Montoneros: “¡La ocho, la ocho!” recordó Ana en referencia al n° de boleta que en Mendoza llevó a la gobernación a Martínez Baca. “Hacíamos trabajo social en el territorio. Trabajábamos dando todo, era lindo. Y no estábamos clandestinos. Se empezó a poner feo cuando Perón nos dijo imberbes”, dijo.

Se casaron, nació Ernesto Sebastián, se fueron a vivir a calle Remedios Escalada de Dorrego junto con Domingo Bakovic, padre de Ana María, mayor de 80 años. Oscar dirigía, vendía libros. Ana trabajaba en la municipalidad de Guaymallén, formaron un grupo militante con otros compañeros, Daniel Iturgay, Tito Gómez, Aquilino Soria. Iturgay -de 18 años- a su vez era vecino de Bakovic y Ramos, vivía en una casa adelante con su familia, de la cual era el sostén. “Daniel estaba conscripto en el Ejército, empezó a tener problemas. Tenía miedo, decía que se iba a ir, lo apretaban, lo bailaban mucho, lo querían borrar. El hostigamiento fue político. Por eso se abrió, dejamos de verlo”, dijo Bakovic sobre Iturgay.

La tarde del 4 de abril de 1975 Ana fue secuestrada por patrullas de la policía de Mendoza, en inmediaciones de la rotonda del Avión en la costanera, donde panfleteaba con motivo del tercer aniversario del Mendozazo. El fiscal Dante Vega desprendió de la lectura del acta del procedimiento policial que el mismo se produjo en dos Ford falcon operados por el oficial principal Fernando Morellato, del subcomisario Céspedes y los agentes Rosales, Sepúlveda y Pereyra. Poco pudo recordar la testigo acerca de las instancias primeras de su detención: “Un uniformado de azul me tomó del brazo y me llevaron a una comisaría -tal vez la 25-, me tomaron declaración, recuerdo una máquina de escribir. Esa noche, o la siguiente, fui trasladada al Palacio policial. Entro al D2 en los calabozos. Fui interrogada dos veces, en otro piso, no recibí maltratos. A los diez días me llevaron a la Penitenciaría, en el interín estuve en presencia de un juez y a instancias de mi madre me dejaron ver a mi niño, a través de la mirilla de la celda. En el Penal permanecí hasta septiembre del 76, cuando fui parte de la primera tanda de mujeres trasladadas a Devoto”. Cuando salió en libertad en 1979, Ana María se avocó a las búsquedas de Domingo, su padre; Oscar, su compañero; y Sebastián, su hijo.

“Mi papá se llama Domingo Bakovic, es yugoslavo. Tenía ideas de izquierda, de su historia, de su país, hablaba de comunismo, de socialismo, de Rusia. Al Penal me visitó dos veces, me veía un ratito, estaba lúcido, bien parado. Él recibió el papel de mi cesantía en la municipalidad. Tengo el dígito pulgar de él marcado ahí. Después del golpe no volví a verlo, estaba muy viejito, nadie volvió a verlo. Cuando salí lo busqué: ningún registro suyo en ningún lado: ni partida de defunción, ni registro civil, ni pensión de invalidez, ni junta electoral, no sé si él votaba, tampoco se votaba mucho. Mi papá no sabía leer. Una vecina -Gladys Iturgay, hermana de Daniel- dijo haber oído una explosión, otros le acercaban comida, lo asistían. Al viejito nunca más lo vieron.”

Poco logró reconstruir Ana sobre Oscar: “nadie hablaba, nadie decía nada, no había nadie, no quedaba nadie. Alguien me dijo que lo agarraron, lo soltaron y lo mataron en la calle. Con Iturgay, estaban juntos”.

La mención que hizo el fiscal respecto a dos archivos permitió enmarcar las situaciones de Bakovic y Ramos: Por un lado, un pedido de capturas contra Alfredo Lerouc, Roque Moyano, Luis Santarone y Oscar Ramos, de parte del comisario Ruiz Soppe en base a “indagatorias en el D2”. Por el otro, la indagatoria de parte del fuero federal a la detenida, que incluye la mención al allanamiento de su domicilio. Los expedientes tienen fecha del 16 y 17 de abril de 1975, respectivamente. El primero lo firma Otilio Roque Romano, como juez subrogante. El segundo lo firma la misma persona, en calidad de juez federal.

Ernesto Sebastián Ramos tenía nueve meses cuando su mamá fue detenida. Nueve años tenía cuando ella lo reencontró en 1984. Ana abarcó la historia: “Mi mamá era muy pobre, tenía cinco hijos cuando me detuvieron. Mi hijo estuvo con Sara Morelli, la niñera, hasta que me trasladaron a la Penitenciaría y se quedó conmigo. Ahí conocí a Raquel Miranda que era visitada por el hermano y la cuñada. Sacaban a pasear a mi niño, se encariñaron con él. Cuando iba a cumplir dos años tenía que sacarlo del Penal. Le di la tenencia a ellos, a Ángel Felipe Miranda, regularmente por el juzgado y hasta tanto yo saliera y pudiera tenerlo. De Ramos sólo sabía que estaba bien. Que estaba, que estaba vivo. Ramos vio al chico, me mandó preguntar dónde encontrarlo. Miranda lo tenía en tenencia, para septiembre de 1976 se citaron en calle San Martín y Zanjón de los Ciruelos, fue a buscarlo. Miranda no los vio más, no aparece el padre, no aparece el niño”.

“En Devoto, me llega que Ramos había caído con el niño, que lo reclamara. Entre la censura, escribí cartas al Juzgado de Familia de la calle Chile en Mendoza. Reclamaba por mi hijo, explicaba que se llamaba Sebastián, que él sabía su nombre, que le decían Cunfi, que entendía. En la cárcel me avisaron que yo era la madre, que siguiera reclamando, llegaban señas a través del vidrio. Del juzgado me contestaban que no, que no tenían nada, no decían si era NN, si era desaparecido, si estaba perdido. Yo explicaba su edad, sus características. Cuando salgo voy derechito al juzgado, busco en la Casa Cuna, en libros, no estaba por ningún lado el niño, no estaba. En febrero de 1984 me cito con una señora que dice saber quiénes lo adoptaron. Con esos datos vuelvo al Juzgado de calle Chile, me dejan revolver los archivos, buscarlo entre los NN, busco, encuentro. ´Es mi hijo´, le dije a la secretaria de la Jueza Dávalos, Sebastián Ernesto en los NN. La jueza me conecta con quienes lo tenían. Se habían juntado las dos cosas. Fui a verlo, tenía nueve años, me abraza y me dice hola mami ¿y el papi?”

“Él no se acordaba de nada, la mujer me dijo que no quería saber más nada, yo no pregunté más nada. La mujer me dijo que no preguntara cómo había llegado Sebastián y la jueza restituyó su partida de nacimiento. Tenía sus nombres al revés y otros apellidos, Bustos Chiecher. La entrega fue el 6 de febrero de 1984, la mujer -Azucena- me dijo ´aquí termina mi rol´. Él -Faustino Samuel- se mantuvo parco”.

“No había contacto entre los tres juzgados, pedía por él en uno y en el otro piso la jueza entregaba a mi hijo; según la jueza, para ´sacar las cosas rápido y no revolver más´. Y yo tenía el indicio para reclamar al Cunfi”, dijo Ana María. La intervención de la doctora Viviana Beigel permitió entender que como “el niño se dio en adopción plena, por el derecho a la identidad, ninguno de esos documentos puede ser destruido y obliga oficiar la búsqueda a todos los Juzgados de Menores.
Su padre y su hijo






Búsqueda de Ernesto Sebastián Ramos

La verdad faltante

Fernando Morellato Donna continuó la declaración que había comenzado el 9 de noviembre. Mantuvo la estrategia de autovictimización y descargo de responsabilidades y odios en terceros, sobre todo sobre el Jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo. El fiscal Dante Vega le consultó si la División Cuerpos -Motorizada, Caballería e Infantería- tuvo relación con la denominada “lucha contra la subversión”, cuestión que Morellato descartó: “no sólo que no lo sé, sino que me parece que no”. “Cuando nos llamaba el Comando Radioeléctrico decía que debíamos trasladar a los detenidos al D2. Ya sabíamos que por algo era, porque nosotros pedíamos el antedecente, allí salía si tenían alguna militancia. Pero nunca tuvimos una relación estrecha, ni yo ni el Cuerpo”.

Vega leyó un expediente que da cuenta de un operativo en 1975 realizado por el Cuerpo de Motorizada y en el cual figura que Morellato detuvo a militantes de Montoneros, entre ellas Ana María Bakovic -compañera de Oscar Ramos- que prestó testimonio en el turno anterior. El imputado dijo que no lo “descarta”, que puede haber sido “algo de rutina”. Mencionó que el Jefe de la Policía había sacado una circular en la cual ordenaba que cualquier detención que hiciera Motorizada debía resolverse trasladando “de inmediato” a los aprehendidos hacia la Seccional que correspondiera según la zona, o al D2 si se trataba de militantes políticos. Sin embargo, Bakovic declaró haber estado largas horas en la Seccional 25 antes de ser trasladada al D2. Ramos e Iturgay también pasaron horas allí antes de ser buscados por Sánchez Camargo.

Morellato sí recordó a la perfección que Motorizada acudió a un llamado del Comando Radioeléctrico por dos personas que estaban tratando de robar un auto, lo cual “mi gente impidió”. Sin embargo refirió una y otra vez que no tuvo participación alguna en las detenciones, traslados, interrogatorios y entregas de Ramos e Iturgay al D2. El abogado querellante Pablo Salinas le leyó tramo por tramo la nota de su legajo del 6 de noviembre de 1976, que da cuenta de la sanción que se le aplicó por haber malogrado una pesquisa de militantes. Ahí consta que Morellato detuvo a dos personas y las llevó a la Seccional 25, donde las interrogó sin los conocimientos necesarios para “sacar” información sobre el núcleo político al que pertenecían, que se dirigió a la Policía Federal donde, además de publicitar que tenía detenidos “insurgentes”, pidió un “elemento eléctrico mecánico” -picana- y que se lo facilitaron. También se lo responsabiliza por haberse quedado con un revólver calibre 22 que le retiró a Ramos. En la nota se repasan horarios de detención por parte de Motorizada, entrada y estadía de Ramos e Iturgay en la Seccional 25; sobre los hechos en general Morellato refirió que se relatan allí cómo “más o menos” fueron, excepto lo que se refiere a su participación.

Tanto acerca del legajo, como de la nota de pedido de sanción y del libro de novedades de la Seccional 25, Morellato asegura que se asentaba todo como pasaba, salvo errores o “agregados” cometidos por diversas personas, todas en su contra:

El 4 de noviembre a las 20 horas toma guardia, a las 23 un agente lo deja en su casa. Desde el Comando Radioeléctrico salen tras dos personas señaladas como próximas a robar un auto. Los detuvieron bajo los nombres de Carlos Alberto Inchaurraga y Jesús Alberto Olivera. Se trataba de Ramos e Iturgay. Morellato dijo que en ese momento estaba durmiendo en su casa -en pleno turno, que era de 20 a 8 de la mañana. “Todo cuerpo necesita descansar” dijo y movilizó a toda la audiencia-. Agregó que volvió a su lugar de trabajo en la mañana, pero eso tampoco consta en el libro de novedades.

Al momento del traslado de los detenidos desde la Seccional 25 hacia el D2, el imputado dijo que se encontraba en la Comisaría 16 de Las Heras porque salieron a un procedimiento citados por el Comando Radioeléctrico que resultó “sin novedades”. Rato después dijo que como “no hubo novedades” no se comunicaron con la 16. También repitió que “ellos” -Motorizada- no sabían nada ni tenían nada que ver con la persecución de “subversivos”, eso era competencia de Sánchez Camargo, con “personal a cargo” -desconoció si se trataba efectivamente de Eduardo Smaha y Osvaldo Fernández, como sí le afirmó en entrevista al periodista Rodrigo Sepúlveda-.

“¿Qué explicación tiene la nota de sanción de Sánchez Camargo si usted dice que no hizo nada?” insistió fiscalía. “¿Por qué me pasa a mí de un delito común a uno de lesa humanidad?”, pretendió repeler la consulta. “A mí se me van un poco los libros porque soy bastante sanguíneo”, se excusó al hacer una mezcla de temas y tiempos en su descargo. Luego especuló: “Sánchez Camargo a las 10 y media de la mañana se llevó a los detenidos y a las 11 y pico ya me estaba citando a mí, porque dijo ‘acá lo voy a enganchar’”. Reiteró la historia de su sobrino que, cursando el servicio militar y tercer año de medicina, debió huir de la represión hacia Brasil. Por su búsqueda y filiación con el joven sería supuestamente asediado por el jefe del D2 y el de la Policía, Julio César Santuccione.

Morellato dejó en claro que para noviembre de 1976 era Oficial Principal, último grado de subalterno; que su Jefe era el Comisario Emilio Alfaro; y que el segundo al mando fue Oscar Lillo hasta que se suicidó y -en los hechos y sin nombramiento- Alfaro le delegó responsabilidades de subjefe. Pese a ello, intentó desligarse: “Cualquier civil de la calle sabía mejor que yo o nosotros lo que pasaba en el D2”. “Se corre la bola de lo que puede pasar, pero si yo le digo que si sé de algún caso de torturas o de un solo hecho de desaparición le estaría faltando a la verdad”.

Repitió que del D2 no sabía nada, sin embargo en la primera parte de la declaración mencionó que se reunió con Sánchez Camargo en ese lugar: “Tenía temor porque me sorprendió que me citara un sábado a las 20 horas, estaba todo apagado, el despacho suyo estaba frente al ascensor, entré, me senté y me tuvo cuatro horas”. “¿Cuándo ocurrió esa reunión, antes o después del golpe de Estado?” preguntó el fiscal. “¡Noo! Ya estábamos en pleno tiempo militar, después de que se fue el gobierno debidamente constituido”, respondió el acusado.

                    

Vega aclaró que son dos personas las que mencionan en declaraciones la relación de Morellato con la Policía Federal en el contexto de las acciones ilegales durante la represión. Se refirió a Sánchez Camargo y Carmelo Cirella Paredes, que incluso declaró que el ex-agente de la Motorizada lo torturó tras detenerlo por delitos comunes-. Paredes -entonces agente de la Federal- dio testimonio del accionar conjunto policial, hechos retratados en el documental “7746 Legajo CONADEP” del periodista de Radio Nacional Rodrigo Sepúlveda. El acusado refirió que todo lo que hayan dicho en su contra tiene que ver con que tenía mala relación con ellos, porque lo odiaban. Pobre víctima...

Inquietudes

La jornada se completó con la breve citación al testigo Héctor Tomás Salcedo, en relación a la desaparición de su amigo Roberto Blanco. Salcedo resolvió la inquietud del Tribunal respecto al origen de la víctima: Blanco era cordobés, sus ocho años en la Provincia no modificaron su acento.

Por otro lado, con gran presencia de público y de las Madres de Mendoza, se realizó en las inmediaciones de Tribunales Federales una conferencia de prensa por parte de representantes de los Organismos de Derechos Humanos acerca de los preocupantes hechos de amenazas que desde antes de que empezara el presente juicio han sufrido jueces, abogados, familiares, periodistas. El acto de repudio se efectuó en el mismo Memorial a los desaparecidos de Mendoza, atacado al inicio de esta semana.

075-M: Desapariciones de Blanca Santamaría, Oscar Ramos y Oscar Iturgay. 085-M: Desaparición de Rodolfo Vera

El más bonito

09-11-2012 | Dio su versión sobre los hechos que se le imputan en torno a los secuestros y desapariciones de Ramos e Iturgay, el ex agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, Fernando Morellato. En su declaración mostró fisuras, contradicciones y revelaciones incriminatorias respecto al aparato represivo del Estado en Mendoza. Testimonios cercanos y militantes en relación a Blanca Santamaría y a Rodolfo Vera.

Seguir eternamente

María Rosario Carrera -Mariú- testimonió en el anterior juicio en relación a las desapariciones de su compañero y de su hermano, ahora lo hizo en el marco de la investigación por el secuestro de Blanca Graciela Santamaría. De reconocida militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, Mariú explico que éste “estaba conformado por células. La célula que yo integraba estaba nucleada a través del grupo de teatro La Pulga, que realizaba actividades artístico-culturales, por lo tanto políticas”. La Pulga estaba integrada por Rubén Bravo -primer esposo de Carrera, desaparecido-, Osvaldo Zuin -desaparecido- y Raquel Herrera -“asesinada junto a Juan Bernal en La Puntilla, Luján”. “Blanca Graciela era nuestra responsable política al momento de su secuestro. Es una compañera muy querida, comprometida, rigurosa para cumplimentar con el estudio, la proyección y la reflexión. La recordamos con calma y respeto”, dijo Mariú -única sobreviviente del grupo- al explicar también sus funciones: “nos veíamos con frecuencia, siempre con trabajos a determinar alrededor de la Asociación de Actores de Mendoza”.

“Osvaldo Zuin y yo empezamos a militar desde el teatro en Villa Itatí, Buenos Aires. Con mi hermano Marcelo volvimos a Mendoza para continuar en el Partido acá, a través del contacto con Fátima Llorens. Fue Graciela quien reemplazó como responsable a Fátima cuando ésta fue detenida”. Los vínculos personales más estrechos que Graciela -estudiante de medicina- tenía en el PRT ya habían sido cortados: “su hermana Florencia -predecesora de Fátima como responsable-, detenida desde 1975; Víctor Hugo Vera -compañero de Florencia-, caído en Córdoba; su novio Claudio Sarrode, cayó antes que ella”, detalló Mariú.

Tras días sin noticias, en el grupo se enteraron del secuestro de Graciela por Zuin -entonces único contacto con el resto del Partido- que había logrado escapar del allanamiento a la casa de la familia Santamaría: “se escondió en un ropero y alguien lo ayudó a cruzar la medianera del vecino. El operativo fue de noche, entraron numerosos agentes de las fuerzas conjuntas, todos dormían, Graciela estaba convaleciente de bronquitis, se la llevaron enferma. Osvaldo se citó con la mamá de ella días después y oyó la versión de que la habrían visto en el Comando, con otras personas, descalza y con camisón como se la habían llevado. Para Osvaldo se profundizó una persecución ya muy dura, andaba sin lugar fijo. Hacia fines de 1976 fue detenido y trasladado a Córdoba, de donde se cree fue enviado de nuevo a Mendoza al Centro clandestino Las Lajas”.

“El ERP -Ejército Revolucionario del Pueblo- era el frente militar del PRT”, explicó la testigo ante la consulta del fiscal Dante Vega. Añadió: “había varias etapas hasta ser miembros del Partido, había tareas eminentemente sociales y otras de discusión, de propaganda, de difusión a través de criterios artísticos y políticos”. Dado el cerco represivo para mayo de 1976 -el día 15 fue el del secuestro de Graciela-, “tomábamos todas las precauciones, conocer sólo lo que había que conocer era parte de la seguridad de todos”.

“Nuestra militancia era quedarnos, trabajábamos desde el arte con gente muy humilde que jamás podría haber salido del país. Irnos hubiese sido un despropósito, un descompromiso con ellos y con nuestras ideas”, explicó Mariú. También consideró que no había hechos aislados, “hay todo un operativo dirigido, después me enteré de las caídas de los hermanos Talquenca, Granic, Beliveau, Virginia Suárez. Eran todos del PRT y no los conocía. El resto seguimos moviéndonos, trabajando y militando, participando en la Asociación, en obras, en el barrio”.

Mariú también recordó a Oscar Julio Ramos, como un “profesor de teatro, militaba en el peronismo junto a Ana Bakovic, su esposa”. De Graciela Santamaría y Osvaldo Zuin afirmó: “Dos recuerdos entrañables, de una dignidad humana muy grande, compañeros para aportar siempre a sus memorias vivas”. Y ofreció su lúcida interpretación: “Para esa época tener ideología de izquierda era delito, como aún lo es hoy para algunos tener ideología por la justicia. Nosotros hemos venido como familiares, como víctimas a este edificio; uno a uno hemos subido los escalones para llegar hasta acá, frente a este Tribunal. Aplicaron un plan de exterminio pero no pudieron con todo, no contra algo tan simple y extraordinario como es el amor tan profundo por los compañeros y la vida. No contaron con eso, no saben que existe el amor”.

Sin novedad: victimización y actos fallidos

En el marco de las investigaciones por las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay, el imputado Fernando Morellato Donna accedió a declarar. El ex-agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza intentó deslindarse él mismo y a su división de las responsabilidades en el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura cívico-militar.

Todas las menciones y relaciones que aparecen en el material probatorio de la causa fueron explicadas por Morellato como un involucramiento de su persona por parte de jefes policiales y de inteligencia con quienes tenía mala relación y hasta lo hostigaban. Juzgó que las investigaciones periodísticas sobre su actuación en el esquema de la desaparición sistemática de personas son falacias sustentadas en “dos papelitos”.

La estrategia: mostrar a superiores de otras divisiones como “demonios” y a él mismo como un eficiente y humano subalterno. “¿Saben quién era Sánchez Camargo?”, preguntó al Tribunal, “pareciera que ha sido una gran figura este hombre y no, ha sido un demonio” agregó. Acto seguido se resguardó diciendo que él se alejó de su entorno y del de Julio César Santuccione -jefe de la Policía de Mendoza-, por no compartir “la metodología de trabajo que tenían”. “Me quisieron llevar muchas veces” pero “no pisé nunca el D2 ni sé cómo estaba distribuido”. Sin embargo, en su declaración comentó que el Jefe de ese órgano lo citó y relató que mientras subía a su despacho pensó “es el fin de mi camino” y que creyó que “subía como subieron tantos y no bajaban nunca más”, dando a entender que sabía de qué se trataba y cómo actuaba ese centro de detenciones, torturas y desapariciones.

Morellato comentó su itinerario entre el 4 y el 5 de noviembre de 1976. La madrugada del 5, “a las 4.45 de la mañana fueron aprehendidos los hombres estos” -por Ramos e Iturgay- cuando intentaban “robarse un auto”; y a las 5.15 ingresaron a la Comisaría 25. Como no dieron sus nombres reales, cuando comunicaron al Comando la detención no surgieron rápido los datos de ellos y por eso quedaron demorados en la Comisaría, alegó Morellato. Sobre la presencia de los jefes del D2 en la 25 dijo que se enteraron de las detenciones porque la comunicación por radio tenía un canal abierto que escuchaban todas las divisiones. A diferencia de lo que le expresó al periodista Rodrigo Sepúlveda en el año 2004, Morellato sostuvo que no detuvo, ni vio, ni habló, ni supo los nombres de las “dos personas aprehendidas” en la Comisaría 25 -sede del cuerpo de Motorizada- el 5 de noviembre de 1976 cuando, pasadas las siete de la mañana, llegó a su turno laboral.

El imputado relató que el jefe del D2 -Pedro Dante Sánchez Camargo- llegó esa mañana temprano a la Comisaría junto al jefe de la Unidad Regional 1ra., Comisario General Suárez. Después de ‘no ver’ a los detenidos -que según Morellato estaban en “donde se cambia la gente, donde están los cofres” porque no había celdas-, dijo que salió a un procedimiento y que cuando volvió, pasadas las once de la mañana, se enteró de que se habían retirado Suárez primero y luego Sánchez Camargo con personal a sus órdenes. “Yo nunca le dije (a Sepúlveda) si fueron zutano o mengano”, se retractó de haber mencionado a Osvaldo Fernández Miranda y Eduardo Smaha Borzuk como quienes se llevaron a los detenidos. “¿Usted cree que me los iba a recibir -el jefe del D2- si estaban machucados o algo?”, dijo y se involucró en la entrega al D2 de los detenidos.

“El único que puede entregar detenidos a otra unidad” -se excusó- es el jefe de la dependencia. Y en la 25 no sabíamos si militaban en algún lado, ¡no!”. Pese a que recurre a las jerarquías para autoexculparse, relató que en la Comisaría decían que él “trabajaba bien” por lo cual el jefe le delegaba responsabilidades y decisiones. Agregó que allí funcionaba un Registro Civil y que eso echa por tierra las presunciones de que allí funcionaba un centro clandestino de detención, “son todas cosas infundadas, allí nunca se torturó a nadie, se lo digo por la memoria de mi madre”. “Santuccione había firmado una disposición interna” -explicó convenientemente-, a partir de la cual las “actuaciones” tras una detención no se realizarían más en la 25. Si habían “sospechas” de que quien era detenido “podía tener alguna militancia” se trasladaban “de forma inmediata al D2”.

Morellato dio a entender que Sánchez Camargo lo tenía perseguido, vigilado y hasta “sentenciado a muerte”. También dijo que “a los pocos días yo estaba de jefe en el D5” -Archivo Policial, en funciones en el mismo edificio que el D2. “Fui a reemplazar al comisario Carloni y me quedé 8 años”. Tanto la sanción como el “desprestigio” que dice haber sufrido, el imputado los explicó que obedecieron a su “brindarse tanto”. “Yo soy un tipo violento”, dijo en un acto fallido y corrigió: “¡no, no violento, sino rebelde!”. Pretendió echar por tierra, incluso, los fundamentos de Sánchez Camargo para aplicarle una sanción a mediados de noviembre de 1976 entre los cuales figura que pidió -en el marco de las detenciones de Ramos e Iturgay- una picana eléctrica a la Policía Federal para interrogarlos. También negó haberse quedado con un arma calibre 22 que tenían los detenidos y con 40 mil pesos.

Morellato: hechos, responsabilidades, señalamientos

Morellato: frases célebres

Denuncias cruzadas y pruebas

La declaración de Morellato fue interrumpida por el Tribunal para dar paso al testimonio de Raúl Vera, hermano del desaparecido Rodolfo Vera. El imputado se refería a los episodios que protagonizó con el agente de la Policía Federal, Carmelo Cirella Paredes -fallecido-, quien “perteneció y comandaba” según Morellato, “una bandita de asaltantes conformada por cinco Federales y un civil”. Cirella declaró ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas -CONADEP- en las causas de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Esa declaración llevó a la investigación del Legajo 7746 de la CONADEP  por parte de Rodrigo Sepúlveda, donde se documenta la participación de la Policía Federal en el plan sistemático de exterminio. La exposición del imputado continuará en la próxima audiencia, el 22 de noviembre, a las 9:30 horas.

Dada la importancia de las referencias que en distintas oportunidades Cirella Paredes hizo respecto a la responsabilidad del imputado, el fiscal Vega -con aval del doctor Fernando Peñaloza de la Secretaría de Derechos Humanos-, ofreció como prueba el testimonio de Paredes en relación a la Causa 073-Y “contra Tamer Yapur y otros”, así como la validación de veracidad de los pronunciamientos del mismo en las investigaciones citadas. Además de los antecedentes en este tipo de incorporación probatoria amplia -como los casos de la declaración de Sánchez Camargo y de la convalidación de que la prueba es de carácter oficial público, como en la Causa Fonseca- las partes acusatorias se remitieron a la reciente sentencia definitiva de Casación en relación al segundo Juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Finalmente, el Tribunal se expidió en oposición al rechazo de la prueba expresado por Ariel Civit, abogado de Morellato y dio lugar a las incorporaciones probatorias.
Doctores Vega y Peñaloza sobre amplitud probatoria y resolución de Casación

Algo digitado, bien armado

Raúl Oscar Vera viajó desde La Pampa para prestar testimonio en el marco de la Causa 085M que trata las desapariciones de Rodolfo Vera -su hermano- y de otros militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Estos secuestros y desapariciones se dieron a partir del denominado “Operativo Escoba” de orden nacional. De su testimonio se desprende la interacción permanente y organizada de las fuerzas militares y policiales para perpetrar el plan sistemático de exterminio: “esto era todo un sistema lo que estaba funcionando, daba igual cualquier fuerza” que interviniera en los operativos de detención y secuestro.

Raúl era allegado y colaborador del PCML, sin el nivel de participación de su hermano en la orgánica. Comentó que Rodolfo, antes de ser secuestrado de su casa el 6 de diciembre de 1977, sabía que estaba siendo buscado. La casa materna en la que vivía junto a sus padres, su hermano Carlos y su hermana fue allanada antes del secuestro. En esa ocasión un grupo de agentes -con uniformes y vestimenta evidentemente militar- entraron a la casa, revisaron todo, excavaron en el patio buscando algo particular. Se trató de un gran dispositivo, rodearon la manzana y hasta entraron por los techos y casas de los vecinos.

Sobre el secuestro de Rodolfo dio cuenta de que “se lo llevaron” de la mimbrería en la que trabajaba y estaba pasando la noche, propiedad de Néstor Carzolio. Supo de lo sucedido al día siguiente por comentarios que los vecinos hicieron a su hermano Carlos. Luego de eso, Raúl pasó varios días sin ir a su casa ni frecuentó los lugares de siempre porque estaban “esperando que vinieran a buscarnos también a nosotros”.

También contó que uno o dos días antes de que secuestraran a Walter Domínguez y a Gladys Castro, se juntó con él en un café para contarle lo sucedido con Rodolfo y advertirle que no debería volver a su casa, cuestión que Walter desestimó porque tenía que buscar a su esposa embarazada de 6 meses. Sobre lo sucedido con Alberto Jamilis comentó que en el marco de su detención violenta debió entregar la llave de la mimbrería, lo cual permitió que los efectivos entraran al local para detener a Rodolfo sin romper la puerta.

Siendo un “allegado”, Raúl asumió la responsabilidad de transformarse en contacto esencial para la supervivencia de militantes del PCML. Por ese motivo viajó a Buenos Aires y volvió para coordinar las salidas de Julio del Monte, Osiris Domínguez, Cristina D’Amico, Elena Farrando, Fredy Irusta, su hermano Carlos y Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Se trasladaron a Capital Federal y días después partieron a la Costa. En Mar del Plata, junto a militantes de otras provincias, se dividieron en dos casas. Una de ellas fue atacada por un operativo de las fuerzas represivas y “cayeron” cuatro de las cinco mujeres: D’Amico, Farrando y dos chicas de Buenos Aires. Mirta Hernández se salvó.

Raúl y su esposa se fueron a Córdoba y hacia octubre de 1979 estaban instalados en Bariloche. Allí fueron detenidos, ambos en sus respectivos trabajos. Raúl fue interceptado en el camión con el que hacía repartos, por un grupo de cuatro personas de civil y en autos sin patentes -Falcon viejos y verdes-, en apariencia y por su actitud serían agentes policiales.  A su esposa la fue a buscar un operativo militar a la Coca Cola. Los llevaron a un cuartel próximo y quince días después los trasladaron en avión a Mendoza y los dejaron en el D2. Allí volvieron los interrogatorios, violentos y con torturas en el caso de Raúl. A ambos les decían que sabían quién era Rodolfo Vera -detenido casi dos años antes- y qué hacía, como si no lo tuvieran ni lo hubiesen tenido en su poder.

En el D2, recordó Raúl, se le acercó un “muchacho” que lo reconoció “de toda la vida”, del barrio. El agente le dijo “te vine a ver, qué hacés acá” y se mostró amigable. Por la voz, lo reconoció como uno de los agentes presentes mientras le aplicaban torturas. Se trata de una persona al que decían “Chiva”, de apellido Gómez. Raúl recuerda y reconoce como figuras distintivas a cuatro agentes que frecuentaban a los detenidos, jugando los roles característicos como “el bueno” -que luego resultaba ser un salvaje en la tortura- y “el malo”; y otro que distinguían por un fuerte perfume.

Tras casi un mes fueron trasladados a la Penitenciaría. Seis meses después intentaron hacerles un juicio sumario militar en el Comando. Luego de tenerlos parados y contra la pared durante una hora y media, los militares decidieron declararse incompetentes y los remitieron a la Justicia Federal, donde se dictaminó su libertad.

Finalmente, Raúl Vera comentó que para la época del Operativo Escoba, se comentaba entre la militancia que un dirigente nacional del PCML, “El Tano” González, había caído herido por las fuerzas represivas, que lo detuvieron y que probablemente fuese él quien dio datos sobre compañeros que permitió llevar a cabo ese Operativo nacional.

075-M: Desapariciones de Blanca Santamaría, Miguel Poinsteau, Oscar Ramos y Oscar Iturgay

Los pases de Morellato

08-11-2012 | El periodista Rodrigo Sepúlveda fue nuevamente indagado en virtud de sus investigaciones relacionadas con los secuestros y desapariciones de Poinsteau, Ramos e Iturgay, la primera semana de noviembre de 1976, por parte de operativos en los que intervino personal del Cuerpo motorizado de la Policía de Mendoza. Disputas y pases de facturas al interior de la “fuerza”, a raíz de las “atribuciones” desmedidas -según la jerarquía del D2- del entonces oficial Fernando Morellato, hoy imputado. La “entrega” a Fernández Miranda y a Smaha. Evocaciones y hechos relevantes, en torno a los últimos años de las víctimas, a través de dos de sus compañeros.

Mural en el Archivo Histórico de la Provincia

Fotos de Oscar y Miguel

“A Miguel lo considero un hermano, lo admiré siempre, su experiencia, nuestras relaciones hermanas, sabía hacer amigos, tenía afinidad con los estudiantes. Éramos muy abiertos, se discutía mucho de política aunque no militáramos. Un chico muy generoso, solidario. Era un bohemio, fue paracaidista, escenógrafo, periodista. Cuando compró su cámara se dedicó a la fotografía, le sacaba a los niños, muchas familias de Mendoza deben tener retratos de sus hijos realizados por él. No era fácil en esa época ser fotógrafo, ni siquiera en la Universidad. Otra de sus habilidades personales que desarrolló fue la magia, llegó incluso a ser presidente del Círculo Mágico”. De esta manera se refirió Alberto Daniel Gago -investigador universitario en Ciencias Políticas- sobre su amigo Miguel Alfredo Poinsteau Newman, desaparecido desde el 4 de noviembre de 1976.

Aunque de manera más ocasional, Gago también estuvo vinculado a Oscar Julio Ramos Peralta, secuestrado por esas fechas, presumiblemente junto a Poinsteau y a Oscar Daniel Iturgay Guzmán -visto por última vez en julio de aquel año-, todos por personal de Motorizada de la Policía de Mendoza. Ramos e Iturgay vivían en situación de clandestinidad desde antes del golpe de Estado, acuciados por su pertenencia a la organización Montoneros. Ramos fue visto con vida por última vez cuando se encontró en calle San Martín y el zanjón de los Ciruelos con Ángel Felipe Miranda quien cuidaba de su hijo, Ernesto Sebastián.

Antes de la dictadura, más de doscientos estudiantes se relacionaban diariamente en el comedor de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre uno de los grupos que compartían intereses políticos y culturales estaba el conformado por Poinsteau, Ramos, Gago, y las artistas Nilda Luna y Ángela Rocatto. Completaba el grupo Pedro Blas Peralta, quien dio su testimonio: “Ramos había venido de Buenos Aires por motivos políticos. Era actor, hacía teatro revolucionario, liberador en su búsqueda. A través del trabajo en escena con Poinsteau, puso en obra “el Mendozazo”, después del 72. Prepararon una sala con elementos de fuego y artificio. Oscar me invitaba a peñas en los barrios, le gustaba eso, iba con el bombo en motoneta, lo vivía con alegría infantil. Miguelito era más ingenuo en lo político, más abocado a sus oficios”.

Alberto Gago dijo cuánto conoció sobre Miguel Poinsteau: “era de Buenos Aires, partido de Vicente López, su madre era norteamericana y su padre francés. Sufría mucho la humedad, tenía un asma muy fuerte que lo angustiaba, eso motivó su establecimiento en Mendoza. Convivimos siete años, desde 1968 hasta 1975. En los departamentos donde vivíamos armaba los laboratorios caseros de fotografía. Después Miguel se va a una casita en calle Vucetich de Godoy Cruz. Para el 76 lo frecuentábamos con Susana -mi compañera-. En abril nos dijo ´no vengan a visitarme, creo que me están siguiendo´. En septiembre lo encontré con Oscar Ramos, a quien habían allanado la casa y detenido a Ana María Bakovic, su esposa. Estaba la alarma, le dije que se cuidara, en su casa se quedaban muchos compañeros. Luego Ramos se escondió en casa de Pedro Peralta. Del secuestro de Miguel supe cuando fui con mis hermanos y Susana a su casa. La vecina de al lado nos contó que esa misma mañana se habían retirado de la casa agentes -Policía o Ejército- después de tres días”. Gago desparramó la información tras su búsqueda y ubicó a su madre, Colette Newman de Facio. Junto a ella, a Adela López -novia de Miguel- y a Luis Antonio Facio -su tío-, coordinaron las averiguaciones en el Palacio policial, “era ahí dónde había que ir”. En el D2 dijeron a Colette que su hijo “sí había estado detenido ahí, que lo habían liberado y que firmó en un libro su salida”. En el domicilio de Miguel, sin signos de violencia, hallaron un baulito con su equipo fotográfico.

Pedro Peralta alojó en el invierno de 1976, durante una semana, a Ramos, antes de que lo cobijara Miguel Poinsteau: “Che, ando preocupado por Oscar, andan personas cerca”, habría dicho al testigo el mismo Miguel. “Parece que no tuvieron más tiempo, actuaron más rápido los secuestradores, desaparecieron los dos al mismo tiempo, los levantaron a los dos de esa casa”, agregó Peralta, que además conectó a conocidos del grupo con los secuestros, como Leónidas Sarmiento -vecino suyo- y Miguel Palacios -hijo de un comisario-. Veinte años después de los hechos, Peralta vio la máquina ampliadora de fotos, propiedad de Miguel, en casa de Sarmiento, entre otros aparatos electrónicos, “rapiña de los servicios”. Las relaciones llevaron a Peralta a pensar que Palacios y Sarmiento eran quienes buscaron detectar a Ramos en su casa.

Alberto Gago aportó fotos “maravillosas” tomadas por Poinsteau y otras en las que él era el retratado; la última de julio del 76. Recordó: “viví mucho tiempo con él, se le hacía muy difícil el asma, el dolor físico. No le gustaba que lo tocaran, reaccionaba mal. La nuestra fue una generación golpeada y sin embargo, hermosa. A Miguel la vida no le pasaba, él estaba en la vida”.

Las internas que dejaron pistas

El periodista de Radio Nacional, Rodrigo Fernando Sepúlveda, prestó declaración por segunda vez en el juicio. Como estaba previsto, se refirió a informaciones surgidas de sus investigaciones alrededor de las desapariciones de Oscar Ramos y Oscar Iturgay.

Sepúlveda comentó al Tribunal que años atrás accedió a notas y documentos que tenía el abogado Alfredo Guevara y que había obtenido y utilizado en las décadas de 1980 y 1990 en el marco de sus investigaciones por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en Mendoza. Uno de los papeles que llegó a manos del periodista era una nota anónima que mencionaba al hoy imputado Fernando Morellato Donna como partícipe del “temible” grupo de la Policía Motorizada de Mendoza que realizaba operativos de detención y secuestros, antes y durante la dictadura.

A partir de esa información, Sepúlveda accedió al Legajo de Morellato. Allí, en el ítem “penas disciplinarias”, el jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo, firma una sanción -8 días de arresto- el 15 de noviembre de 1976 en su contra por haber actuado mal en un procedimiento que llevó a cabo la Motorizada, el mismo en el que detuvieron a Ramos e Iturgay.

“Era para mí casi inédito encontrar un documento en el que se consignara la detención de dos personas actualmente desaparecidas”. Allí se expone que el fundamento de la sanción deviene de que “el cuerpo de Motorizada detiene a dos personas” que resultan ser “delincuentes subversivos”. Sánchez Camargo le endilga a Morellato haber “lesionado el principio de autoridad que rige para los actos de la policía”.

Esto porque el cuerpo en el que participaba el acusado tenía funciones específicas y limitadas en los casos y operativos relacionados a la “guerra contra la subversión” según lo dispuesto por la estructura del terrorismo de Estado centralizada en el D2. La sanción recibida por Morellato se explicaría porque éste se “sobrepasó” en sus atribuciones yendo más allá de las detenciones. Al pedir lo que claramente se trata de una picana -“un elemento eléctrico mecánico” según consta en el Legajo- a la Policía Federal se presume que llevó adelante un interrogatorio y tortura que le “correspondía” ejecutar al personal “instruido” del D2. Sobre estas presunciones Morellato queda implicado no sólo en las detenciones sino también en apremios, torturas y desapariciones de los fotógrafos.

Cuando Sepúlveda se entrevista con Morellato, el acusado era presidente de la Cámara de Agencias de Seguridad de Mendoza y no había sido mencionado en ninguna causa por violaciones a los derechos humanos. En diálogo con el periodista, el represor reconoció haber detenido a Ramos e Iturgay. Ante la mención de que ambos están desaparecidos, el acusado apeló a la explicación de que lo implicaron en el Legajo policial simplemente a raíz de la interna policial y de la mala relación que tenía con el Jefe del D2. En ese contexto, Morellato afirmó que a los dos detenidos los entregó en la Comisaría 25 -sede de la Motorizada- a los subalternos de Sánchez Camargo, Osvaldo Fernández Miranda y Eduardo Smaha Borzuk. El acusado, de este modo, delega toda responsabilidad a la estructura del D2.

Respecto de la articulación del accionar represivo entre la Policía Federal y la Provincial, el periodista afirmó que la misma existía antes del golpe de Estado, y que luego de marzo de 1976 se “hizo más exacta”. Sobre la posibilidad de que agentes o sectores de las fuerzas no tuvieran conocimiento del accionar terrorista ilegal, Sepúlveda dijo: “entiendo que cuando una institución funciona en un accionar criminal se conoce lo que pasa”.

Ariel Civit -abogado defensor de Morellato- intentó generar un clima de incertidumbre respecto del relato y reconstrucción de los hechos que logró Rodrigo Sepúlveda. El objetivo es deslindar de responsabilidades a su defendido. En la audiencia de este viernes 9 de noviembre, se espera que el acusado preste declaración y trate de endilgar toda responsabilidad a los jefes y personal del D2.

Las investigaciones de Rodrigo Sepúlveda han sido difundidas en la Revista 23 -mayo de 2004- y en los documentales audiovisuales que dirigió: D2 y 7746 Legajo Conadep.

Negación

En la continuidad de las indagaciones por la desaparición de Blanca Graciela Santamaría, prestó declaración Rosa Hermenegilda Gervasoni. La mujer fue referenciada por Blanca Lidia Calderón, madre de Graciela. Calderón manifestó que una vecina de su barrio -UNIMEV- que tenía un comercio y cuyo marido pertenecía a las fuerzas militares, había comentado a otra vecina que estando Gervasoni en el “Comando” visitando a su esposo “le llamó la atención el hecho de haber visto a Graciela en el patio del Comando en camisón”.

La mujer negó que alguna vez haya dicho tal cosa, negó haber visto a Graciela en el Comando, negó saber cuál era la familia Santamaría, negó haberse enterado en algún momento que en alguna casa vecina se haya producido algún secuestro, negó que su marido militar alguna vez le contara algo al respecto... Negó. “Lo que pasa es que a veces hay gente que siente que una puede estar involucrada sólo porque es familiar de militar”, esgrimió respecto a las causas de su citación testimonial.

Términos injuriosos y antidemocráticos

El abogado querellante Pablo Salinas comentó al Tribunal la difusión de carteles intimidatorios que muestran fotos suyas, de Diego Lavado, de Alfredo Guevara Escayola y del fiscal en este juicio, Dante Vega. Se trata de un “cobarde hecho anónimo y de agravio hacia quienes somos querellantes en el juicio”, explicó. Solicitó que el hecho y la denuncia conste en actas “porque hay que darle la dimensión que tiene, y que también tienen relación con las amenazas sufridas por el juez Burad” horas antes de que comenzara este tercer juicio por delitos de lesa humanidad. El fiscal Dr. Fernando Alcaráz tiene a cargo la investigación tras la denuncia presentada el 7 de noviembre pasado.

075-M: Desapariciones de Miguel Poinsteau, Blanca Santamaría, Oscar Ramos y Oscar Iturgay

Obstinada verdad

02-11-2012 | Desde posiciones muy diversas respecto al terrorismo de Estado los hermanos Santamaría relataron el día después de la desaparición de Blanca Graciela: mientras María Florencia permanecía siete años detenida, Luis Beltrán hacía carrera como abogado sin pulsar resortes en la Justicia Federal por la vida de su hermana. Rosa Gómez y Víctor Cuello dieron cuenta de los días finales de Miguel Alfredo Poinsteau, secuestrado, torturado y desaparecido en el D2.

Por las celdas del D2

“Estuve nueve meses en el D2, escuché muchas cosas, vi a muchos compañeros pasar. Conocí el manejo de los espacios, las celdas. Conocí a los policías por sus olores, por el manejo de las llaves, cuando venían con una sola sabía que venían por mí”. Tal la experiencia que vivió Rosa del Carmen Gómez, testigo presencial del paso de Miguel Alfredo Poinsteau Newman, detenido y quizás asesinado en el centro clandestino situado en el Palacio policial.

Rosa Gómez estuvo secuestrada desde el primero de junio de 1976 hasta principios de febrero de 1977. En el vehículo que la trasladaron iban Manuel Bustos -“Mechón Blanco”- y Julio Lapaz, dos de sus torturadores en el D2. “No entendía qué pasaba, me hacían interrogatorios de los que ni remota idea tenía, estaba en un sótano que era todo un lamento, gente tirada en el piso. Tras la primera tortura vino la primera violación. Junio y julio fueron los meses más terribles, a (Rosario Aníbal) Torres y a mi compañero Ricardo Sánchez Coronel los mataban por defenderme después de lo que me hacían. La resistencia no tenía sentido, lo mismo me ataban de pies y manos. Me violaron en las celdas, en los baños, en la sala de torturas, mi alma ya no estaba en mí, era un cuerpo, era imposible”.

“Para noviembre del 76 no había presos en el D2, la única que estaba era yo”, explicó Rosa. Primero pasó “una chica rubia que era profesora o maestra y a la cual se la llevó un hombre rubio”. El posterior reconocimiento fotográfico permitió dilucidar que se trataba de Elsa Guadalupe Sedrán de Carullo. Luego cayó el grupo de Víctor Cuello, Miguel Poinsteau, Laura Marchevsky y Rubén Rizzi.

Miguel Poinsteau fue secuestrado el 4 de noviembre de 1976, ingresaron en su casa y después de varios destrozos se lo llevaron al Departamento de Investigaciones. El fiscal Dante Vega hizo constar por registros previos que Poinsteau y Cuello ya habían sido detenidos en otra oportunidad en el D2, el 10 de junio de 1975. Gómez -que reconoció a Poinsteau en su anterior testimonio- asegura que para los primeros días de noviembre del 76 estuvo en contacto con él y Cuello, en el área de celdas del D2. Más de treinta años después, conoció el nombre -a través de un encuentro con Facundo, hijo de Cuello, en motivo del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael en 2010- de quien desesperado, según ella, se ahorcó en el interior de su celda.

La testigo narró que llegaron a la madrugada y en el transcurso de medio día, Poinsteau fue torturado tres veces: “Estaba con mucho terror de que viniera una cuarta sesión de tortura, tenía mucho miedo, no había forma de sacárselo. Para tranquilizarlo le dije que si comía y tomaba agua todo iba a estar bien. Cuchicheaban con Cuello. En un momento escuché dos o tres golpes secos en la parte media de una de las puertas de las celdas y agua que caía al suelo”. Rosa entendió que Miguel se había ahorcado, entonces empezó a patalear y a gritar “¡el seis, el seis! Llegaron los guardias y “Caballo Loco” abrió la celda número seis. Luego escuchó al mismo guardia decir “¿qué hiciste hijo de puta?”. Corridas, órdenes, cierres relámpago de mirillas. Nunca pudo saber con certeza qué sucedió. Rosa asegura que Miguel se suicidó ese día: “Los milicos se movieron rápido, algo grave había ocurrido”.

Víctor Vicente Cuello supone que a Miguel Poinsteau se lo llevaron del D2 con vida. Estaban alojados en celdas contiguas cuando escuchó que lo sacaban los guardias. La secuencia comenzó cuando Víctor se percató de que su amigo no estaba bien y pidió “ayuda”, “de pronto no lo escuché más, entendí que estaba con un ataque de asma” describió. Días después le certificaron “del lugar en donde está es difícil que vuelva”.

Víctor fue detenido en su domicilio el 4 de noviembre de 1976 por tres policías entre los que distinguió al “Ruso”, Eduardo Smaha. En el D2, lo interrogaron, lo torturaron, le hicieron señalar bajo amenaza de muerte fotografías de compañeros. En todas esas sesiones estuvo presente “El porteño”, que según sus percepciones era el propio Pedro Sánchez Camargo, jefe del D2.

Su estadía en ese centro clandestino de detención se extendió por un mes, además de Miguel Poinsteau, estaban alojados por esos días, Rosa Gómez, Laura Marchevsky, Rubén Rizzi, y aunque no la vio, supo que por esos días también estuvo Elsa Guadalupe Sedrán de Carullo. Excepto Gómez, todos los demás estaban dentro de la órbita de Montoneros.

Detalló diferentes pasajes vividos en esos años para retratar el despliegue del aparato represivo y el trabajo de inteligencia que se extendía por fuera de las fuerzas de seguridad. “Tenían datos muy precisos de todos, conocían cada célula y a cada uno de sus integrantes” afirmó.

Víctor recorrió el tortuoso circuito que sufrió gran parte de los presos políticos de Mendoza: D2, Penitenciaría, La Plata, Mendoza -Consejo de guerra-, La Plata. Salió a fines del 77. Una suerte con la que no corrió Miguel, que a pocas horas de encontrarse en el D2 le dijo: “de esta no salgo”.

El poder absoluto

Al igual que su madre -Blanca Lidia Calderón- y el vecino Héctor Toledo, María Florencia Santamaría afirmó conocer entre los imputados a Juan Agustín Oyarzábal porque el policía vivía frente a la casa de sus padres, de donde fue secuestrada su hermana Blanca Graciela el 15 de mayo de 1976, sin que se conozcan precisiones sobre dónde se la llevaron ni qué hicieron con ella. Florencia se enteró mucho después de la desaparición de Blanca, ella misma estaba detenida e incomunicada en la Penitenciaría Provincial desde abril del año anterior. Recién lo supo una vez trasladada a Devoto, ante la primera visita de Blanca Lidia, “mi mamá me cuenta que la habían desaparecido, que la habían sacado de casa”.

Ya en libertad, “mi familia no sabía mucho más, mi padre hizo averiguaciones, nunca más hubo noticias, sólo el rumor de una vecina cuyo marido militar había visto en alguna noche a Blanca en el Comando, en camisón y descalza”. Respecto a Osvaldo Zuin, que logró escapar de la casa de los Santamaría la noche del secuestro, Florencia señaló: “figura como uno de los que después pasó por Campo Las Lajas”.

Florencia es un año mayor que su hermana. Es médica. Ambas estudiaban, militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, participaban en la actividad universitaria. Fue detenida en un operativo en Las Heras por el cual no logró ver ni a sus captores ni el despliegue, sólo algunos uniformes verdes. Fue llevada a la comisaría 16. Estuvo presa en distintos penales hasta julio de 1982, cuando quedó definitivamente en libertad.

De los compañeros y compañeras de militancia, afirmó recordar al matrimonio de Víctor Sabattini y Lucía Allegrini, Silvia Campos, Graciela Leda, Eugenio París, Daniel Moyano, los hermanos Bustamante. “¿Reuniones políticas en casa? difícil, mi papá era de derecha, él era del Partido Demócrata, nosotros vivíamos su militancia política, uno aprende también de esas cosas”, agregó.

Florencia Santamaría fue consultada para que dé su hipótesis respecto a la relación de los diferentes destinos con su hermana, dijo: “Tiene que ver con el momento del desarrollo represivo en Argentina. Yo fui detenida en abril de 1975, había algunas normas de legalidad, mínimas, pero había. Hacia diciembre de ese año se hace cargo el Ejército y ya no había marco de legalidad. Tenían poder absoluto, eran una banda de delincuentes que mataban, secuestraban, torturaban sin rendir cuentas a nadie, con la anuencia de los Tribunales Federales, como en el caso de mi hermana, por la que presentamos un habeas corpus con firma de mi hermano, y el (entonces) juez Luis Miret lo rechazó. Alguien tenía que tener a mi hermana”.

Para conocer en detalle cuáles fueron las averiguaciones que pudieron hacer los familiares directos de Blanca Graciela, fue citado a declarar Luis Beltrán Santamaría, su hermano mayor.

En el momento del secuestro ya se desempeñaba como abogado. Fue él quien redactó el habeas corpus que rechazó Luis Miret como miembro de la Cámara Federal, alegando que las fuerzas de seguridad no estaban vinculadas al hecho. Este no fue el único intento frustrado de la familia por averiguar el paradero; sin embargo el testigo reveló un llamativo desapego a la búsqueda.

Si bien perteneció a círculos en donde, se supone, circulaba información sobre los desaparecidos, Luis Santamaría se apartó del tema. Hizo su secundaria en el Liceo General Espejo. Desde 1972 pertenece al Partido Demócrata -brazo político administrativo de la dictadura militar, aún en democracia-, mantuvo contacto cercano con letrados identificados como cómplices de la dictadura, no obstante su desconocimiento se mantiene intacto hace 35 años. “No tuve esa preocupación” respondió reiteradas veces.

Consultado por su vínculo con los camaristas Miret y Romano -ambos destituidos por complicidad en delitos de lesa humanidad- dijo que con ellos tuvo relaciones profesionales pero con el ex juez prófugo de la justicia lo une una relación más personal.

Como cierre de su testimonio eligió remarcar que como conjuez le hizo lugar a la medida cautelar que presentó Miret luego de que fuera expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo, por cómplice de la represión, por razones que le competen como funcionario judicial.

Una más y van…

Ni el imputado Fernando Morellato -que pidió permiso para ausentarse- ni sus defensores presenciaron puntualmente el debate vinculado a los hechos que al ex policía se le atribuyen. El fiscal Vega pidió se asegure tanto la presencia de los abogados defensores del acusado como la del mismo imputado. A su vez, las querellas reforzaron el pedido respecto a que los imputados estén presentes en la sala, maximizar los controles médicos y sumar al cuerpo de médicos un profesional que represente a los organismos de Derechos Humanos.