077-M. Desapariciones de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Alegato IV: MEDH y Alegato V: La Defensa

 “Se llevaron a los mejores”

14-02-2013 | El Doctor Pablo Salinas amplió el alegato del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que la semana pasada ofreció su colega Diego Lavado en relación a nueve personas desaparecidas en mayo de 1978. Acompañado de fotografías y textos en referencia a Juan José Galamba -militante montonero y perseguido político desde 1976, con quien más se ensañaron los grupos de tareas y que finalmente fue secuestrado y desaparecido el 28 de mayo de 1978- Salinas repasó en general la estructura organizativa del terrorismo de Estado y señaló los responsables de la impunidad en Mendoza. También destacó la lucha del MEDH y los Organismos de Derechos Humanos.

El representante del MEDH plasmó, además, investigaciones que dan cuenta de la responsabilidad de quienes actuaban en la Policía y el Ejército en aquellos meses (a partir de las pruebas contra el imputado Aldo Patrocinio Bruno, a la fecha jefe del D2) y movilizó al Tribunal y al público con sus apreciaciones respecto a “nuestros compañeros” y el delito que los genocidas continúan perpetrando al no revelar el destino de sus restos.

En cuanto a la existencia y consecuencias del plan sistemático de represión, Salinas afirmó: “Existió un orden clandestino tanto en sus aspectos genéricos como específicos. Este esquema normativo es la prueba de la represión ilegal. El terrorismo de Estado implantó la desaparición de personas, la tortura y la persecución política con conocimiento de su ilicitud, porque dentro de las funciones que se atribuyeron los mismos miembros, “el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas en la guerra librada constituyeron actos de servicio” (documento final de la junta militar), “no están contempladas” -según el Código de justicia militar- ni “la tortura, ni la desaparición forzada de personas, ni el saqueo”.

“Secuestraban a la gente, la encapuchaban -salvo a quienes iban a matar ese día-, se disfrazaban, vendaban a los detenidos, esto es la prueba de que sabían que lo que hacían era ilegal”, expuso el abogado. Y citó el testimonio de Alfredo Edgar Gómez, que en el juicio anterior reunió la comunión de fuerzas y la relación entre grupos de tareas: “Las demás fuerzas trabajaban con nosotros. Nos usaban a nosotros. Iba personal de Gendarmería, Ejército, Fuerza Aérea, la SIDE a buscar antecedentes al D2. Ellos trabajaban con nosotros. La Federal también iba, Willy Cardello iba. La mayoría que iba ahí, iba con nombre supuesto. Iba un señor de la SIDE que pedía los prontuarios y sacaba los antecedentes.”

Entre los mayores responsables: Ejército y G2 -Inteligencia militar- (Furió, Dopazo, Gómez Sáa, Migno, Puebla); Fuerza Aérea: Santamaría, Jofré, Carelli, Francisca (jefe policial), Santuccione (jefe policial); “Patota Federal” (Cardelllo, León, Mirota); D2 (Smaha, Fernández, Sánchez Camargo, Miranda, Patrocinio Bruno, Oyarzábal); GE 78 (Carlos Rico, Medina, Siniscalchi); “Justicia cómplice” (Guzzo, Miret, Romano, Carrizo, Petra); solo por mencionar algunos, aclaró el abogado al señalar estas participaciones.

Desde mediados de 1977 “ya no había operativos con ostentación de fuerza y afán de infundir terror”, recordó Salinas; sin embargo fue creado el Grupo Especial 78 (GE 78), que cumplía las mismas funciones de aniquilamiento con mayor sigilo. Y en esa agudización de  los sentidos represores es razonable concluir que les “cae” un dato: en junio de 1976 hubo un prófugo del megaoperativo contra militantes montoneros: Galamba. Desde ese día, ninguna acción les había dado resultado para encontrarlo, les fue escamoteado. Comenzaron, entonces, el operativo de mayo de 1978 por la punta del ovillo de junio de 1976. También parece obvio que las víctimas no sabían dónde estaba para entonces Juan José y se torna evidente que los desaparecidos fueron quienes lo ampararon en 1976 y contaban con algún grado de compromiso político”.

Específicamente en relación al grupo de Causas de mayo de 1978 -investigación propiciada por familiares y el MEDH aún desde la dictadura- Salinas explicó: “Son varias las categorías de actos que constituyen crímenes contra la humanidad y que fueron perpetrados por grupos de tareas de Mendoza: asesinato, exterminio, encarcelamiento, torturas, violaciones, persecuciones por motivos políticos, desaparición forzada. La particularidad de esta Causa es la solidaridad, las personas que se comprometieron. No todo fue colaborar con el terrorismo de Estado, existió otra sociedad solidaria. Por eso, esta no es una simple acusación legal, estamos también construyendo memoria colectiva y esto habla de lo mejor de los mendocinos. Se llevaron a los mejores, persiguieron a Juan José Galamba y en su camino atacaron la solidaridad, atacaron los lazos comunitarios, fueron el eje de la represión. El D2 conducido por Bruno Pérez fue pieza central del terrorismo de Estado. Para Aldo Patrocinio Bruno y el D2 el éxito del operativo fue completo, se ganaron los galones: encontraron un prófugo subversivo, se vengaron de quienes lo habían protegido y arrasaron con un grupo que tenía antecedentes políticos de izquierda. De paso, en el camino encontraron a una prófuga montonera oculta desde julio de 1976 -Isabel Membrive-”.

La reconstrucción de los hechos -los nueve secuestros y desapariciones forzadas en vísperas del mundial de fútbol- por la querella fue similar a la aportada por la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Salinas señaló el grado de persecución extremo al que fue sometido Juan José Galamba durante dos años y la “conexidad” con el resto de los secuestros perpetrados a su entorno: “Galamba se convirtió en un prófugo en el contexto del megaoperativo en contra de Montoneros en junio y julio de 1976, cuando se sucedieron los allanamientos, las detenciones, los secuestros seguidos de desaparición, en la vía pública fueron asesinados Francisco Urondo, Juan Carlos Charparín; se llenó el D2 y en ese centro clandestino los secuestrados asistieron a la tortura y posterior ausencia de muchos compañeros de cautiverio”.

Respecto al grupo detalló: “Resultan dignos de reconstrucción y de admiración los movimientos de este militante clandestino que logró jugar ajedrez frente a la dictadura durante casi dos años. Nunca fue a los lugares posibles donde los servicios de inteligencia lo buscarían. Recurrió a sus amigos, algunos de ellos, de los inicios en el Socialismo que no aparecían abiertamente comprometidos y que lo ayudarían sin dudas, como de hecho ocurrió: participaban de la misma comunidad de ideas, no se encontraban en riesgo aparente, habían trabado amistad en la UTN y en el ámbito político. Eran personas que estaban en sus domicilios habituales, en sus trabajos, en sus estudios: Margarita Dolz y su esposo Carlos Castorino; Raúl Gómez y su esposa Liliana Millet; Víctor Hugo Herrera, que trabajaba en la ferretería del dirigente socialista José ´Pepe´ Suárez; Mario y Gustavo Camín. Daniel Romero fue nexo entre ambos grupos, procedía del socialismo, estrechamente relacionado con el peronismo, había sido obrero y delegado.

El segundo grupo aparece con otras características. Pertenecen al peronismo, algunos decididamente a Montoneros. También está probado que aportaron en su medida a la supervivencia de Juan José: Gisela Tenenbaum y Ana María Moral, los esposos Tenenbaum, Juan Carlos Romero, Sebastián Molina, Ramón Sosa. Daniel Romero es el referente más constante de dicha supervivencia. Cuando Juan José regresa de la cantera de Camín en San Juan es alojado por Daniel en su casa. Es él quien lo ubica en el horno de ladrillos de su hermano Juan Carlos, militante peronista, un hombre muy humilde para quien la función pública fue un servicio a la comunidad”.

“No se ha probado en el juicio la participación de Aldo Enrique Patroni, quien trabajaba en Cimalco, estaba relacionado con Daniel Romero y pudo ser quien retiró a Juan José de manos de Raúl Gómez, en lugar de Ignacio Mamaní como siempre se creyó, ya que él manifiesta no haberlo hecho. El caso de Patroni deberá investigarse”, lanzó para profundizar Salinas.
Pablo Salinas: Juan José Galamba y la solidaridad

Carta para Juan José

Al final de su alegato, el doctor Pablo Salinas leyó una carta que Natalia Galamba, hija de Juan José, le escribió a ese padre que conoció a través de la reconstrucción de la memoria y del cariño de sus compañeros y compañeras:

“Resististe viejo… Casi dos años resististe persecución, miedo, desesperación… Y aún así no te diste por vencido. Estoy segura de que creías que las cosas se podían mejorar, que otra realidad era posible. Y tuviste amigos y compañeros, que creían lo mismo que vos, y que -como vos- no pensaban en ellos mismos, pensaban en forma colectiva. No era salvarse el propio pellejo, era resistir para salvar el pellejo de todos.

Y el plan sistemático que implementaron estas bestias resultó en cierta forma. ¿Y sabés por qué digo que resultó? Porque hoy a muchos les suena alocado, incomprensible, que alguien pueda jugarse entero por los demás. Esa solidaridad, que para ustedes era natural, espontánea, no necesitaba explicaciones. Y hoy… estamos tratando de explicarla.

No les bastó con encerrarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos. Tenían que asegurarse que el terror perdure; y apuntaron también al miedo a los valores. Pero con lo que no contaron fue con los que quedamos: los familiares, los compañeros que sobrevivieron y que nunca dejaron de pelearla, los que estuvieron acá en este Tribunal reviviendo los peores momentos de sus vidas, para que se haga justicia. Eso… eso también es solidaridad. Y en cada abrazo de ellos que recibo, te abrazo a vos, y siento que no pudieron con nosotros, que hoy estamos ante la posibilidad no sólo de que se haga justicia sino de reivindicar la militancia, el compromiso. Y sobre todo… el amor a la vida, que era lo que los movilizaba.

Muchos fueron quedando en el camino de esta lucha… y,  como ustedes, siguen viviendo en cada uno de los que los conocimos. Hoy no podría estar más orgullosa de vos viejo, y te digo viejo… aunque no te dejaron serlo”.
Pablo Salinas: Natalia Galamba a su padre Juan José

La defensa técnica o las técnicas de la defensa

La defensa oficial del exjefe del D2, Aldo Patrocinio Bruno, rechazó la calificación ampliada que la querella propuso y que sostuvo en los alegatos; reiteró que debe respetarse “la calificación legal primigenia”. Como lo hizo en procesos anteriores, la abogada explicó que “el rol de la defensa oficial es realizar una defensa técnica en estos juicios trascendentales para nuestra sociedad, y asegurar la posibilidad de realización de los mismos”.

Del alegato surge que hay una aceptación de los hechos, del plan sistemático; no se puso en duda el terrorismo de Estado ni la represión ilegal. Sin embargo, solicitó la absolución del único imputado en esta Causa porque no se considera probada -más allá de las pruebas indiciales- su participación directa ni la de sus subordinados en los operativos de secuestro, detención, interrogación, torturas, vigilancia; tampoco que alguna de las nueves víctimas de la Causa hubiesen pasado por el D2. 

Respecto de la Causa 077, la abogada expresó que “siguiendo las hipótesis sostenidas por la fiscalía, basadas en las investigaciones de la señora Elba Morales y el doctor Carlos Venier (h), presentada en 1986, “estas personas fueron detenidas por haber albergado o por haber prestado algún tipo de colaboración a Juan José Galamba” y también para “preservar el orden durante la realización del Mundial de Fútbol Argentina 1978, para lo cual se formó el denominado Grupo Especial 78 (GE 78)”. “Respecto de los hechos”, dijo Duranti, “las circunstancias de tiempo, modo y lugar que fueron descriptos por los acusadores fueron corroborados por los testigos y los damos por hecho”.

“La importancia de un juicio como el presente radica en que se activa una situación compleja, porque además de determinar la responsabilidad de determinados actores en un contexto político especial se pretende actualizar la verdad y la justicia como valores pilares de una sociedad democrática”, reafirmó Duranti. Sin embargo, “todo contexto es una variable de análisis más (...) e incluso, una vez comprobada una trama no resulta atribución automática sobre el nivel de participación del sujeto”.

La defensora, en el camino de su argumento, diferenció “verdad histórica”, que es “por definición inverificable, el juez no puede examinar de manera directa el hecho que debe juzgar”; la “verdad procesal”, que es un tipo particular de la “verdad fáctica”, referente a hechos pasados y a la cual se accede mediante pruebas. Entonces, dijo, “se puede afirmar que la verdad procesal fáctica es resultado de una ilación de los hechos probados del pasado con los hechos probatorios del presente”. Y de estos conceptos surge el fundamento principal del pedido de absolución para Bruno: si a partir de esa ilación de tramas “el dilema no es resoluble, prevalece la hipótesis más favorable para el acusado”. La Defensa apeló, así, a la figura de “in dubio pro reo”.

Las pruebas le resultan insuficientes a la defensa, Duranti expresó  que los testigos dieron detalles de los hechos, pero no certezas de las fuerzas intervinientes en los operativos ni de los lugares de detención de las nueves víctimas. Recordemos que la ilegalidad de la represión radica, entre otras cosas, en su clandestinidad.

Excepciones de esos relatos a los que se refirió Duranti son: Ana María del Olio, novia de Mario Camín en 1978 y quien declaró que vio cuando lo ingresaban al D2 la noche del secuestro. A esto, la defensora contestó que ningún otro relato pudo corroborar ese dato. María Isabel Salatino, madre de Víctor Hugo Herrera, hizo un reconocimiento fotográfico en el cual señaló a Smaha, Pinto Vega, Bustos Vasconcelos y Stipech. Duranti rechazó que esos sujetos estuvieran bajo el mando de Bruno en el D2 al momento de los hechos. A esto, la abogada agregó que muchas de las referencias de vestuario de quienes realizaron los operativos de secuestro tienen que ver con fuerzas militares más que policiales, desestimando así la actuación conjunta de las Fuerzas así como la situación de clandestinidad del accionar y la capacidad de disfrazarse que tenían los agentes, justamente, para que no fuesen identificados por los familiares que estaban con el detenido ilegalmente.

Respecto de las declaraciones de ex-agentes policiales que implicaron a Bruno, simplemente la defensa alegó que se trata de testimonios sobre “causas propias” en la cuales asistió el derecho a la no autoincriminación y por eso se deben desestimar.

Sobre la prueba documental -libros de novedades, de intercambio de legajos, etc.- Duranti pretende que sólo da cuenta del cargo que ocupaba Bruno pero no de su participación directa ni de sus subordinados en los operativos. Sobre el pedido de la Fiscalía de incorporar el expediente “Fiscal contra Rusconi”, que consigna detalles del accionar del D2, la defensa se opuso porque alega que se presentó fuera de tiempo; sin embargo probablemente quede incorporado.

077-M. Desapariciones de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Alegato II: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Alegato III: MEDH

La transmisión de los valores, ayer y hoy

08-02-13 | La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en el presente proceso a través de la representación del doctor Pablo Garciarena, alegó puntual y documentadamente en relación a la Causa 077-M, que da cuenta de nueve personas desaparecidas en mayo de 1978. También lo hizo el abogado Diego Lavado en representación del MEDH.

El valor y los relatos hacia el futuro

En palabras del abogado Pablo Garciarena, “la magnitud que alcanzó el plan ejecutado por el último gobierno de facto comprometió el orden y el interés público, lo que justifica la presencia del Estado Nacional como parte querellante (...) su capacidad para actuar no está determinada por el hecho de representar técnicamente a las víctimas, sino al Estado; no ya en su rol de fiscal, sino en el de querellante. Es posible pensar en el valor que tiene el hecho de que una representación del Poder Ejecutivo participe de forma activa y voluntaria en estos procesos y con miras a la transmisión social de ciertos valores. Nadie podría negar el salto cualitativo que implica afirmar que antes el Estado era terrorista y que hoy está sentado junto a los organismos de derechos humanos y representantes de víctimas, instando la acción en contra de quienes se valieron del poder del Estado para delinquir. Son juicios que, por las consecuencias que implicaron para toda la sociedad, tienen trascendental importancia histórica. Lo que se decida en ellos fijará posiciones ante la historia y formará parte de lo que se enseñe a las generaciones futuras”.

Por su parte, Diego Lavado afirmó que estos procesos son “continuidad de un relato histórico que emprendió la sociedad argentina inmediatamente después de recuperada la democracia. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH- fue una de las organizaciones de derechos humanos que impulsó junto a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de detenidos-desaparecidos, H.I.J.O.S. el reclamo de justicia desde 1983. En los últimos años se sumó una voluntad política desde las instituciones del Estado Nacional y Provincial. Se hicieron parte para empujar un reclamo que recibe, desde hace unos años, una respuesta íntegra. La tarea del Tribunal no es en solitario (...) esta tarea difícil que están llevando adelante viene acompañada por la sociedad en su gran mayoría y por el Estado en todas sus expresiones. El valor de estos juicios no se reduce a la imposición de una pena, sino que tiene el valor de reconstruir una historia tantas veces opacada y desvirtuada desde las mismas instituciones del Estado que habían sido copadas por el régimen militar. Tienen la función de esclarecer hacia las generaciones futuras cuál fue la verdadera extensión y la realidad en que se dio este Plan Criminal”.

Lazos que el terror no pudo romper

Ambos abogados querellantes contextualizaron “la plataforma fáctica” en la conexión entre las nueve víctimas que desaparecieron en menos de dos semanas. “No fueron hechos aislados entre sí, ocurren en un lapso breve de tiempo y de manera simultánea. Las víctimas tenían entre sí vínculos de amistad y militancia política, social, estudiantil y gremial en común. El accionar represivo pretendía “dar con Juan José Galamba” y también, “en la faena criminal, llevarse consigo todo aquel que estuviera próximo”. El “actuar criminal eligió e identificó previamente a cada una de sus víctimas”, sostuvo Garciarena. A ello, el representante del MEDH agregó: “no fueron capturados en procedimientos relacionados con alguna actividad armada. Se trató mayormente de operativos conjuntos rápidos, clandestinos, en horarios nocturnos, en los lugares de trabajo de las víctimas o, sobre todo, en los domicilios particulares, mientras compartían con sus familias y estaban desarmadas”.

Lavado agregó a su turno: “En la causa 077 se observa que en los hechos contradicen el argumento de que las Fuerzas Armadas y las de Seguridad provinciales, tuvieran la tarea de reprimir y repeler una amenaza subversiva. Para 1976, las pocas organizaciones que habían optado por la vía armada para confrontar la implementación de políticas que tenían que ver con sectores privilegiados, estaban prácticamente desarmadas, habían sido reprimidos en la etapa previa al golpe mediante la desaparición o siendo fusilados en procedimientos sumarios, es decir, mediante la imposición de un castigo a muerte sin un juicio previo y al margen de todo orden legal. Se trató de buscar una excusa para abordar el poder y exterminar una parte de la población caracterizada por sus ideas políticas y el sentido de la solidaridad. Los valores comunes que tenían y expresaron, las convirtieron en ‘el enemigo’ de las fuerzas armadas y de seguridad. Fundamentalmente la solidaridad entre ellos, aún perteneciendo a distintas organizaciones”. Las víctimas de esta causa fueron identificadas con antelación como un “grupo residual” tras el cual se iría en el momento más conveniente.
Pablo Garciarena: Los vínculos en contexto 


Bruno en el banquillo

Otro eje del alegato de Garciarena se centró en la participación y responsabilidad penal del único imputado, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, jefe del D2 en mayo de 1978. Para ello cotejó declaraciones indagatorias del acusado con la que, en 1987, prestó Alsides París Francisca en la Cámara Federal. En 1978 era jefe de la Policía de Mendoza y en ese testimonio repasó el legajo y las calificaciones que en la época recibía el “sobresaliente” Bruno. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recogió del debate el testimonio de un policía retirado del archivo policial para evidenciar el terror constante que se desataba en el D2 y valoró exposiciones y denuncias de testigos directos. Sin embargo, las únicas “revelaciones” que incomodaron a Bruno -presente en la sala- fueron las de sus antiguos colegas, sobre todo la de Francisca.

En base a esos relatos, Garciarena repasó: Aldo Bruno adujo en la instrucción que él era jefe del D2, desempeñaba tareas netamente administrativas. Dijo que durante su gestión y la anterior -ejercida por Ricardo Miranda Genaro- no existieron detenidos subversivos en el D2, negó también que en el D2 realizara tareas de inteligencia “pero sí había personal destinado a hacer tareas de averiguación, por ejemplo, constatar domicilios”. Finalmente refirió que el D2 no trabajó en forma conjunta con la Policía Federal, ni con el Ejército o con Aeronáutica en la lucha contra la subversión.

Alsides Francisca, prosiguió el abogado querellante Garciarena, declaró que “el D2 dependía de la plana mayor, directamente el jefe de Policía y que estaba enterado de su actuación. Como jefe de Policía hablaba con el jefe del D2 en reuniones donde se informaba a la plana mayor de la actuación que a cada uno le cabía en este asunto. Las funciones del D2 durante su gestión eran la búsqueda de información para procesarla, participaba de la Comunidad Informativa y de reuniones semanales donde el declarante se informaba a través de Bruno”. Según el exjefe policial, por conversaciones con Bruno supo “que en más de una oportunidad existieron personas detenidas en su carácter de subversivos”, también le contó que los procedimientos eran normales y que él y su personal en todos los casos actuaron “como auxiliares” en el interrogatorio, “siempre en presencia de una autoridad”. Finalmente, Francisca declaró que “nunca fue a reunión alguna relacionada con hechos subversivos al Comando de la VIII Brigada, salvo la planificación del Mundial 78 donde en reuniones conjuntas con autoridades civiles, militares y policiales se expresó cómo iba ser tal evento”.

Diego Lavado también reafirmó la responsabilidad en elementos probatorios como el testimonio de María Isabel Salatino, madre de Víctor Hugo Herrera, quien hizo un reconocimiento fotográfico ante el tribunal y señaló a miembros del D2 como participantes en el operativo de secuestro de su hijo, el 25 de mayo de 1978 -entre ellos Eduardo Smaha, Carlos Octavio Bustos Vasconcelos, Mario Stipech y Raúl Horacio Pinto Vega-. “Son pruebas directas de la participación del D2 en los operativos de secuestro”.

El legajo de Bruno indica que fue subjefe del D2 desde agosto de 1977 hasta finales de ese año. Después de navidad lo premiaron con la jefatura y sucedió a Miranda Genaro -imputado en la causa grupal 085M que trata los secuestros y desapariciones de militantes en diciembre de aquel año-.

Para mayo de 1978 Bruno se encontraba en servicio. El 4 de julio de ese año, a diez días de concluido el Mundial, fue removido a “judiciales”. Garciarena reseñó en este camino la declaración testimonial de Jorge Aladino Rivero, policía retirado: “trabajó entre 1976 y 2012 en el Archivo Judicial, sección Prontuarios”, conocido como D5 y con sede en el mismo edificio del D2. Su firma figura al margen de los expedientes de Raúl Gómez Mazzola y Aldo Patroni, devueltos por el D2 al D5 el 17 de mayo, cuando los dos fueron desaparecidos. Según Rivero, “sabíamos de camiones llenos de detenidos por las noches, de operativos en los que teníamos que ayudar fuera de turno sacando los prontuarios de la gente que se llevaban, se escuchaban las órdenes y gritos de tormentos provenientes del primer piso”.
Diego Lavado: Responsabilidad de Aldo Bruno Pérez

Precisiones sobre el GE 78
En los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad “no se trata sólo de hacer justicia, reafirmar una memoria probada y una historia documentada”. El resultado de estos juicios también es “hacer visibles a personajes que han permanecido entre las sombras o entre los pliegues de las instituciones, que se pretendieron reciclar”, dijo el representante del MEDH. Un ejemplo de esto es Carlos Rico Teijeiro, quien está prófugo con pedido de captura y tiene una avanzada investigación en la Fiscalía.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recordó que en mayo de 1978 se estaba a días de comenzar en el país y en Mendoza “un evento deportivo de alcance internacional” que “en términos políticos resultaba crucial para los miembros de la junta militar”. Para asegurar la ‘tranquilidad durante el Mundial Argentina 1978, “las autoridades nacionales dieron instrucciones” del accionar “a los jefes de cada cuerpo”, principalmente “aquellas referidas a ´la cuestión subversiva´”. Y agregó también que Paris Francisca hizo mención a las reuniones realizadas para la organización del Mundial '78 en el comando de la VIII Brigada con personal militar, policial y civil. En setiembre de 1977 se creó el Grupo Especial 78 (GE 78) con objeto de “actuar como personal especializado en la prevención y represión de todos aquellos ilícitos que por sus especiales características de producción, relevancia de sus autores o protagonistas le sean ordenados”.

“Tenía como objetivo ir por este grupo ‘residual’ como un mensaje ‘ejemplificador’ o ‘preventivo’ antes del Mundial Argentina 1978”, explicó al respecto más tarde Diego Lavado. “Contó con el apoyo del D2, de las comisarías, de infantería y de otras fuerzas. Sus movimientos constan en el  Libro de novedades n° 269 del Cuerpo de Infantería, donde tenía asiento el Grupo. Hay tres asientos de salidas de miembros del grupo a operativos: uno del 17 de mayo de 1978 -donde aparece Carlos Rico Teijeiro- día en que secuestraron a Raúl Oscar Gómez y Margarita Dolz; otro el 22 de mayo de 1978, día en que desaparecen Gustavo Neloy Camín y su hijo Mario Guillermo; uno más del 26 de mayo de 1978, cuando fueron secuestrados y desaparecidos Juan José Galamba y Ramón Sosa”.
Diego Lavado: El Grupo Especial 78

Calificar al represor
El doctor Pablo Garciarena se refirió a la responsabilidad de Aldo Bruno: “puede afirmarse que el imputado, en su calidad de jefe del D2, tenía conocimiento y mando sobre las tareas de información e inteligencia del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza; también de los procedimientos, detenciones, interrogatorios y destino final de los detenidos”. Además, de todo eso “informaba semanalmente a la plana mayor de la Policía”.

Diego Lavado, a su turno, dijo que desde el MEDH se considera la responsabilidad de Bruno como jefe del D2, órgano que prestó servicios en los secuestros y como lugar de detención. Estos hechos los incluyó en un plan sistemático criminal, los calificó como delitos de lesa humanidad contra un grupo determinado, previamente identificado, efectuado en el contexto de genocidio.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos explicó que desde esa representación entienden “que la posición de Bruno es la de autor mediato en razón del rol que dentro de la estructura funcional desempeñó y que tomó parte e impartió las órdenes necesarias para que los secuestros de las víctimas y su posterior desaparición forzada se efectuase de acuerdo al cuadro de situación diseñado por el Ejército, pero siempre cumpliendo sus funciones en el engranaje de la maquinaria delictiva”.

Lavado amplió el fundamento de las calificaciones: “La desaparición forzada de personas, catalogada internacionalmente como una violación masiva y progresiva de derechos humanos, que comienza con una actividad de inteligencia, reunión de información; continúa con la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y torturas; hasta la eliminación física de la persona, es decir, la privación arbitraria de la vida: homicidio. En estos casos, el homicidio se califica agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por la alevosía que proviene del aprovechamiento de la indefensión de la víctima, y porque se llevó a cabo para sostener la situación de impunidad de los autores”.

El doctor Lavado señaló, en consonancia con Pablo Garciarena, que le precedió, y con el alegato del Fiscal Dante Vega -expresado el día anterior- que la responsabilidad del único imputado como autor mediato por el grado jerárquico que ocupaba, las funciones que sus superiores y las leyes vigentes le señalaban, la disposición de información que desde allí se armaba, la participación de sus subordinados en los operativos y la utilización de la dependencia del D2 como centro clandestino de detención. Los hechos, consideran, fueron perpetrados por un grupo con la función indeterminada de cometer delitos, es decir, que conformaron una asociación ilícita.

En síntesis, desde la querella del MEDH, explicaron que se entiende que Aldo Patrocinio Bruno es responsable como autor mediato del delito de privación abusiva de la libertad agravada por medio de violencia y amenazas en nueve hechos en concurso real, de homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar el concurso de dos o más personas y por ser cometidos para garantizar la impunidad de los autores; en concurso con el delito de asociación ilícita. Todo esto realizado en el marco de un genocidio, contexto sostenido por todas las querellas.

Pablo Garciarena: Calificaciones 

077-M. Desapariciones de Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Juan José Galamba y Ramón Sosa. Alegato I: La Fiscalía.

 “No sólo hacemos justicia, sino también verdad y memoria”

07-02-13 | La frase corresponde al Fiscal Dante Vega. Es de uno de los párrafos finales de su exposición en la primera ronda de alegatos del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Se harán rondas de alegatos de las querellas y la defensa por cada una de las seis causas del actual proceso oral y público.

El Fiscal Vega, en acuerdo con la querella, inauguró la segunda y última etapa del juicio, tras el receso. Se comenzó con la causa 077M, “la más voluminosa, con mayor cantidad de víctimas” y de importancia clave porque “da cuenta de la vigencia del terror estatal y la resistencia al mismo”. Irán causa por causa alegando cada una de las partes: Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Subsecretaría de Justicia de Mendoza; la Fiscalía; la Defensa. Según el orden propuesto, seguirán las causas 085M, 053M, 075M, 076M y 055M. Los alegatos serán expuestos en dos partes: hechos y argumentos; calificación y solicitud de penas.

Calificación: “Un crimen capital”

Dante Vega confirmó que, según entiende la fiscalía, Aldo Patrocinio Bruno, el único imputado, es “responsable como autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, con homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar el concurso de dos o más personas; todos en concurso con el delito de asociación ilícita” por los nueve hechos de la causa.

Foto: represoresmendoza.blogspot.com

Bruno fue segundo jefe del D2 cuando Ricardo Miranda Genaro estuvo al mando, entre agosto y diciembre de 1977. Luego asumió él la jefatura hasta el 4 de julio de 1978.

Vega repasó una breve declaración de Bruno en la etapa de instrucción: para esa época “me desempeñaba en tareas netamente administrativas, no existían detenidos, y el desempeño en sí era realizar informes que solicitaban otras dependencias”.

“No se responsabiliza a nadie sólo por el grado o por el uniforme” aclaró Vega, “no se basa sólo en la responsabilidad jerárquica. Hay elementos de prueba sobrados que señalan la responsabilidad de Aldo Patrocinio Bruno. Me hubiese gustado que estuviera presente”. Por los derechos que le otorga la justicia de la democracia, tuvo permiso para retirarse antes de la sala. Durante el desarrollo de los testimonios, el D2 fue el más señalado como lugar de detención, también se apuntó en las pruebas documentales. El Fiscal puntualizó las responsabilidades de Bruno y de la estructura misma en los secuestros: 

El D2 hacía inteligencia política, aún después del Golpe cuando el Ejército asumió ese monopolio. El D2 se integró para “aportar a la Comunidad Informativa” donde las distintas armas “confraternizan datos para seleccionar los futuros blancos”. “Sabían las existencias, las militancias previas al Golpe y la solidaridad desplegada por los militantes. Ser socialista era crimen de pensamiento, ser solidario delito de comportamiento y ser solidario con un militante perseguido un crimen capital para la dictadura”. Y así, explicó “seleccionaban los blancos. En mayo de 1978 estaba la tarea hecha, sabían todo”. Esto consta en registros que el D2 recolectó para la Comunidad Informativa asentadas en las devoluciones al Archivo policial -D5- de los prontuarios de las víctimas en junio, durante el desarrollo del Mundial. Incluso los prontuarios de Raúl Gómez y de Aldo Patroni son devueltos el mismo día de sus secuestros, el 17 de mayo.

A los constantes ingresos de Juan Agustín Oyarzábal y de Eduardo Smaha con personas detenidas, se añade una “salida” consignada para hacer vigilancia a una cuadra del hogar de Ramón Sosa. Su cuñada, Olinda Narváez, comentó la presencia de linyeras camuflados en las inmediaciones durante más de una semana que luego del secuestro no se vieron más. Fue Aldo Patrocinio Bruno quien, el 26 de mayo -dos días antes del secuestro de Sosa-, ordenó levantar el puesto de vigilancia. La participación de comisarías en articulación con el D2 también está acreditada: La 7° tras Gómez; la 27° tras Herrera, la dependencia de El Algarrobal y la Fuerza Aérea tras los hermanos Romero.
Fiscal Vega: Rol del D2

Hechos y argumentos: Las personas, los compañeros

Entre el 17 y el 28 mayo de 1978 se produjo la desaparición de once personas emparentadas por antiguas militancias y estrechísimos lazos de solidaridad que los vincularon en el compromiso social antes del golpe de Estado de 1976 y luego en el cuidado mutuo, en el intento por sobrevivir: Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Víctor Hugo Herrera, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Juan José Galamba, Ramón Alberto Sosa, Aldo Enrique Patroni e Isabel Membrive. Por cuestiones procesales las causas de Membrive y Patroni no están incorporadas.

Uno de ellos, Juan José Galamba, fue receptor de profundos actos emanados de esa solidaridad. Logró sobrevivir a diversos operativos entre 1976 y 1978. Lo acogieron en sus hogares y otros lugares quienes también figuran en la causa. En mayo de 1978, uno a uno fueron secuestrados y desaparecidos.

Hilos conductores: sucedieron en las semanas previas a la realización del Mundial de fútbol de 1978 y bajo un diseño preventivo de seguridad de las fuerzas represivas para acabar con “resabios” de la “subversión”. Desde allí, Vega historizó, resignificó y valoró las investigaciones: “Esta causa comenzó en la década del ´80 por el impulso dado por Elba Morales y Carlos Venier (h) -del MEDH- e Isabel Guinchul de Pérez. La presentación ante la justicia de un escrito en diciembre de 1986 consiste en un esfuerzo para esclarecer la suerte de las víctimas”.

“Ante el desafío del país de mostrar orden para el Mundial, la orientación política de la dictadura fue boicotear el boicot, intensificar el terror”, continuó el Fiscal. En mayo de 1978, en todo el país se multiplicó el número de desapariciones -de 60 a 113 en un mes- y en Mendoza también -11 en mayo, 3 hasta abril-. “Un mensaje directo a la población: el aparato criminal seguía activo y no iban a permitir ningún riesgo. Esto llevó a la búsqueda de nuevos blancos no alcanzados, ya fichados por los distintos servicios de Inteligencia, para asestarles el golpe final”.
Fiscal Vega: El Mundial 78 y los nuevos blancos

En 1978 Raúl Oscar Gómez estaba casado con Norma Liliana Millet y tenían un hijo de 2 años -Facundo-. Según lo que declaró Liliana Millet, Gómez militó hasta 1976 en la Organización Comunista Poder Obrero, muchos de sus antiguas compañeros apelaron al exilio interno para resguardarse tras el golpe. La familia Gómez se quedó en Mendoza. Compartían una amistad con el matrimonio Margarita Dolz-Carlos Castorino.

El 17 de mayo, entre la una y las dos de la mañana, ingresaron al domicilio de Gómez individuos vestidos de civil, con armas cortas y los rostros cubiertos. Le vendaron los ojos a Liliana y se llevaron a Raúl, mientras le preguntaban por su anterior trabajo y si formaba parte de una agrupación política. Registraron la casa, robaron elementos de valor y encontraron y maniataron en otra habitación a Silvia Millet y su novio, Roberto Jofré (h). Dijeron que se llevaban a Raúl para hacerle algunas preguntas. Nunca más se supo de él.

Liliana Millet hizo varias denuncias y presentaciones. Por su parte, Roberto Jofré (p) fue al D2 para averiguar pero le dijeron que no investigara más, sino “le sucedería lo mismo”. En 1979, la “burla” de quienes se sabían represores pero se creían impunes se hizo presente: citaron a Liliana desde un destacamento policial y cuando se presentó resueltamente le informaron que habían hecho un relevamiento en la zona y todos los vecinos coincidieron en que era “una buena persona”. Un “acto abyecto más”, agregó el Fiscal.

Margarita Dolz estaba casada con Carlos Castorino. Tenían dos hijas, presentes al momento del secuestro, en su domicilio en Godoy Cruz. Era profesora de arte decorativo. Su hermana Carmen y su primo hermano Alejandro resaltaron que Margarita era “sensible, capaz de desarrollar importantes vínculos afectivos, una artista comprometida con su medio pero totalmente alejada de la violencia armada”. La familia Dolz estaba muy ligada a la política.

“Fue militante socialista”, antes de 1976 compartió varias jornadas sociales con compañeros que forman parte de la lista de víctimas de esta causa en el “caserón de Godoy Cruz”, que era del matrimonio. Ese lugar “solidario, también fue refugio, aún luego de 1976, cuando se retiró de la militancia: allí albergaron a Juan José Galamba, “el golpe de Estado no logró terminar con esa solidaridad” relevó Vega. Margarita y Carlos rechazaron el exilio interno: “no hicimos nada malo, no nos va a pasar nada malo”, decían.

El 17 de mayo de 1978, alrededor de las 22 horas, un operativo entró a la casa de Margarita. Estaba con sus dos hijas y una amiga -Miriam Esteve-. Encerraron a las tres en el baño y se la llevaron a “la Policía Federal”, según dijeron. Nunca volvió. Cuando Carlos Castorino regresó del trabajo se encontró con todo revuelto y sin su esposa. La familia hizo innumerables presentaciones ante organismos locales, nacionales e internacionales, todas sin resultados.

Gustavo Neloy Camín era ingeniero químico, tenía un hijo -Mario- con Dora Gordon -de quien estaba separado-. Era dueño de una cantera de sal en San Juan llamada “El Refugio”. Allí recibió por un tiempo a Juan José Galamba. Eran una familia muy politizada. Militó muchos años en el Partido Comunista. Mario Camín estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mendoza. Militaba en la juventud peronista y trabajaba en la Compañía Argentina de Teléfonos. Quienes atestiguaron por ellos dijeron tener una altísima imagen de ambos, “inteligentes, sensibles, abiertos a militantes de otras fuerzas políticas... Brillante, humilde” adjetivos que resonaron en la sala.

La noche del 22 de mayo de 1978 Mario fue a la universidad a cursar. Allí lo vieron salir pasadas las 22 y  en el estacionamiento -adonde llegó en el auto de su madre-, aparecieron dos sujetos que lo subieron con ellos a ese coche mientras otros los siguieron en otro. El coche de Dora nunca apareció, tampoco Mario. Poco después, un operativo secuestró a Gustavo de su departamento en el centro de Mendoza. Tampoco se supo más de él. La novia de Mario -Ana María del Olio-, alarmada le pidió a su padre que la lleve al D2, ella ya tenía conocimiento de que eso era “un chupadero”. Cuando llegaron vio ingresar “claramente” al D2 a Mario.

Daniel Romero vivía en Las Heras y allí tenía un almacén con su esposa Dulce María Quintana. Tenían dos hijos. Trabajaba en la empresa Cimalco. Tuvo militancia gremial y perteneció a la Juventud Socialista. Intervino, “de forma determinante” según recordó Vega, para ayudar a Isabel Membrive y a Juan José Galamba, a quien remitió al horno de ladrillos que tenía Juan Carlos Romero, su hermano.

A comienzos de 1977, un grupo de tareas entró a su casa y lo indagó violentamente acerca de “El Rubio” -Galamba- a quien tenía refugiado en su casa. Detuvieron unas horas a Daniel y cuando regresó decidieron con Dulce que Juan José ya no podía seguir allí. José Ricardo Romero, hijo de Daniel, contó que casi un año después iba con su padre en la moto y los detuvieron. Los subieron a una camioneta y los llevaron a una comisaría. Allí torturaron a Daniel frente a su hijo y horas después los dejaron ir.

El 24 mayo de 1978, aproximadamente a las 22.45, un grupo de hombres irrumpió en el almacén y se llevaron violentamente a Daniel. Nunca regresó. Esa noche, Dulce con José Ricardo le pidieron a un vecino seguir a los autos que se llevaron a su esposo. Fueron por el Acceso Norte y en un momento creyeron que se desviarían hacia la casa de Juan Carlos, que vivía en el costado Oeste de ese Acceso, pero finalmente los captores se desviaron hacia el aeropuerto -asiento de la 4° Base Aérea-.

El 25 de mayo a las 3 de la mañana, un grupo de tares entró en la casa de Juan Carlos Romero, hermano de Daniel. Violentaron el hogar y le preguntaron por el “obrero del horno de ladrillos” a quien conocían como “Pepe” o “El Rubio” -Galamba-, revolvieron y robaron cosas de la casa -“la consabida rapiña”- y se fueron.

Juan Carlos, estaba casado con Sofía Irene Ceballos y tenían 5 hijos. Fue militante peronista, concejal por el PJ y Secretario de Obras Públicas en Las Heras. En la noche del 28 de mayo, entraron a su casa hombres de civil y armados, revisaron y volvieron a robar. Se llevaron a Juan Carlos. Cuando su esposa llegó a la casa, encontró la puerta abierta y su hijo de 11 años le dijo: “se llevaron al papi”. Juan Carlos nunca volvió.

Víctor Hugo Herrera, conocido como “Tonio”, vivía con sus padres. Frecuentaba “el caserón de Godoy Cruz” de los Castorino-Dolz. “Era un hombre humilde y con escaso acceso a la cultura”, recordó Vega, y los encuentros en el caserón le permitieron crecer”. El 25 de mayo, alrededor de las 5.30, un grupo entró con violencia a la casa de la familia, golpearon a Víctor Hugo y se lo llevaron desnudo. “¿Dónde está el arma?” gritaban para despistar. En los días previos, los vecinos habían percibido vigilancia en la zona.

Su madre, María Isabel Salatino, hizo varias gestiones por él. En una ocasión se acercó al VIII Comando de Brigada de Montaña y preguntó si acaso su hijo estaba allí. Le dijeron que sí, pero que no podría verlo sin autorización del juez. Cuando intentó conseguirla, el general de brigada Juan Pablo Saa negó rotundamente que Tonio estuviese allí. Otra burla más...

“¡Abyecciones!”, exclamó Dante Vega, “se divertían desorientando a los familiares”. En otra ocasión, el padre de Víctor Hugo se presentó en el D2 para averiguar algo de su hijo, pero lo único que logró fue que le sacaran -robaran- su documento de identidad. Un soldado le dijo que “no diga nada porque la iba a sacar peor”. Al hermano de Tonio, Jorge, la policía lo reconoció y -por eso mismo- lo detuvo al menos 9 veces en los meses siguientes. El 28 de mayo, además de Juan Carlos Romero, fue secuestrado Ramón Sosa y Juan José Galamba.

A Ramón Sosa le decían “Felipe”. Estaba casado con Elvira Cayetana Narváez, tenían una hija y vivían en Dorrego. Trabajaba en enristrar ajo. Era objeto de vigilancia. Tenía contacto y participaba con el grupo que se reunió en el horno de ladrillos el 1° de mayo de 1978. Se encontraba regularmente con Galamba en las inmediaciones de los Molina, que lo estaban cobijando. El 28 de mayo salió por la mañana de su casa y dijo que volvería al mediodía. En la parada del trolebus de San Juan de Dios y Adolfo Calle fue “levantado” cerca de las 10 horas. “Desde entonces se perdió todo contacto con él”.

El escrito  presentado en 1986 por Elba Morales, Carlos Venier (h) e Isabel Guinchul de Pérez, a la justicia dio “una base” del armado represivo y la conexión entre las causas de mayo de 1978. Allí se señaló “la vinculación de las personas secuestradas con Juan José Galamba”, desde 1976 buscado por las fuerzas de seguridad hasta que el cerco represivo se cernió sobre él. “No existía un refugio, un lugar preestablecido para los militantes perseguidos”.

“Hago mía la interpretación y la resignifico”, dijo Dante Vega: “la conexión existió pero no es la única explicación. Se trata de invertir los términos en cuanto a la responsabilidad de la suerte última de las víctimas: el aparato represivo estatal, no Juan José Galamba. No se les ´perdonó´ haber pertenecido a partidos políticos de izquierda ni la protección que le brindaron a Galamba. Alrededor suyo se puso en marcha el dispositivo de la solidaridad".

El ideario socialista había sido compartido por casi todos y después algunos migraron a Montoneros, como Alfredo Escamez y Gisela Tenenbaum, también desaparecidos. “En el 76 el grupo ya no existía como tal”, explicó en su alegato, “las organizaciones armadas habían sido devastadas, las comisiones gremiales y estudiantiles desarticuladas. Los nuevos blancos eran personas molestas al régimen”.

El 12 de junio de 1976 allanaron la casa de Galamba y secuestraron a su compañera, Alicia Morales, los dos hijos de la pareja y María Luisa Sánchez Sarmiento. Existen fuertes indicios de que José Vargas Álvarez, compañero de María Luisa, fue detenido en ese operativo mientras que Galamba logró escapar. “El aparato represivo no dejó de perseguirlo. Los militantes se escondían donde podían, en un país convertido en una trampa mortal. Galamba se encontró con su familia presa en el D2 y sus amigos muertos o detenidos”. Pero “a su alrededor se activó una verdadera red solidaria”.

Permaneció en la casa de Margarita Dolz; y en la de Raúl Gómez y Liliana Millet. Luego se fue a San Juan, en Jáchal estuvo en la cantera propiedad de Gustavo Camín, a través de su hijo Mario. A principios de 1977 regresó a Mendoza, posiblemente a pie, donde se resguardó primero en casa de la madre y el padre de una compañera, Gisela Tenenbaum. Luego en la de Daniel Romero. Junto con Gisela y Ana María Moral alquilaron un departamento en calle Italia de Godoy Cruz. En marzo de 1977 se encontró cerca de allí con Sonnia De Monte y le entregó un cuaderno que Juan José escribió para sus hijos.

El 8 de abril de ese año sobrevivió a otra cita envenenada en la Iglesia de Fátima. Asesinaron a Ana María y días después secuestraron a Gisela. En la casa de los Tenenbaum encontró de nuevo refugio. El itinerario es impreciso hasta su estadía en el horno de ladrillos de Juan Carlos Romero, donde también pudo trabajar. Allí, en una reunión por el día del Trabajador -el 1° de mayo de 1978- y ante un nuevo avistaje policial, se decidió que Galamba fuera escondido en otro lugar. Ramón Alberto Sosa lo resguardó en la casa de Sebastián Molina -con quien además trabajaba en la construcción-. Finalmente, allí fue secuestrado el 28 de mayo de 1978. Continúa desaparecido.
Fiscal Vega: Valoraciones