Tercer Juicio: Palabras de los imputados. Recusación a jueces del Tribunal

Ningún disparate

21-03-2013 La jornada previa a las sentencias fue ensuciada por los represores acusados, aunque con distintos matices en su provocación. De los diez imputados, nueve se negaron a ejercer su derecho a expresarse, a aportar algún dato relevante. El mayor gesto de desafío lo propinó Fernando Morellato, quien recusó a los jueces Juan González Macías y Antonio Burad, con la intención de postergar lo impostergable.

El acusado Fernando Morellato Donna y su abogado Ariel Civit avanzaron una vez más en su procura de impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad por los cuales está siendo juzgado y volvió a atentar contra la imprescindible justicia para las víctimas, familiares, organismos de Derechos Humanos y la sociedad mendocina. Cuando todo estaba preparado para que los imputados hagan uso de su derecho a expresarse antes de las condenas, el expolicía de Motorizada y su defensor sorprendieron al Tribunal, a las partes acusadoras y al público presente. Esta vez se trató de una recusación presentada contra los dos integrantes mendocinos del Tribunal: el Presidente Juan Antonio González Macías y el magistrado Antonio Burad. El motivo sería haber accedido al pedido preventivo que Fiscalía impulsó junto con las querellas en la audiencia del 15 de marzo pasado, para que los acusados sean puestos bajo vigilancia policial hasta el momento de la sentencia, dados los lamentables antecedentes que la Provincia tiene en materia de represores profugados, y las conductas amenazantes y escarmentadoras que Morellato, su abogado y su entorno han mostrado a lo largo del debate. Preopinar y vulnerar el principio de inocencia serían los fundamentos sobre los cuales se apoya la denuncia de mal funcionamiento.

De este modo, la actual conformación del Tribunal quedaría inhibida tanto para instrumentar la instancia previa al fallo -es decir, la posibilidad de que Morellato diga sus palabras finales- como para expedirse respecto a su sentencia hasta tanto no haya una resolución al respecto de la Cámara Federal de Casación Penal, sita en Buenos Aires. Dicha Cámara evaluará, para mañana mismo, el escenario planteado por la defensa particular, ya que además del sentido dilatorio de la recusación a los jueces, la estrategia -de ser aceptada- implicaría la nulidad de todo el proceso.

Forzado el escenario previsto, mañana se conocerá la resolución de Casación a partir de las 9.00 horas y en caso de ser considerado necesario, el nombramiento de un Tribunal ad hoc para que acoja la última declaración de Morellato, entre los jueces provenientes de Buenos Aires, Alejandro Nocetti Achaval y Jorge Picarenco, más otro designado a tales efectos por dicha Cámara. Aún con algún retraso, se estima que de todas maneras la sentencia será dictada este viernes 22 de marzo al mediodía. Se trata de hacer justicia por miles de víctimas, tras décadas de impunidad y de estrategias sucias que no borran las responsabilidades que a lo largo de las investigaciones y del presente proceso señalan inexorablemente los crímenes que a los genocidas se les atribuye.

La posibilidad de romper el pacto de silencio tampoco fue honrada por los colegas militares y policías de Morellato. Una vez más callaron. De los acusados presentes en la sala fue el exjefe del D2, Aldo Patrocinio Bruno, quien dio el puntal: “No tengo la necesidad”, dijo ante la consulta de González Macías. Similar negativa expresó su predecesor en el “cargo”, Ricardo Miranda Genaro. Conservaron el silencio vía teleconferencia los otros siete acusados: Dardo Migno y Alsides París Francisca desde Rosario; los militares Paulino Enrique Furió y Ramón Ángel Puebla desde Comodoro Py; y desde un piso superior al de la sala, en el espacio destinado por la Cámara Federal de Apelaciones a los represores con cuidados de salud, hicieron lo suyo Armando Fernández Miranda, Juan Agustín Oyarzábal y Juan Garibotte.

Justamente un memorial

Mientras el Memorial por las desaparecidas y desaparecidos de Mendoza -ubicado frente a Tribunales Federales y atacado durante el transcurso del debate en 2012- terminaba de ser reparado y alistado para el día de la sentencia, la nueva estrategia dilatoria de Morellato provocó la indignación de quienes luchan y han luchado años por justicia. No casualmente, referentes de los Organismos de Derechos Humanos tuvieron una entrevista el día anterior con el Juez Federal de Mendoza, Walter Bento.

Friso homenaje a detenidos desaparecidos frente a Tribunales Federales

Fueron dos los ejes de los reclamos, fundados en situaciones históricas de la instrumentación y elevación a juicio de las causas por delitos de lesa humanidad y en propias falencias detectadas a partir del presente proceso. El primero se sustenta contra la atomización de las causas con el objetivo de lograr mayor precisión, celeridad y articulación para el tratamiento de decenas de ellas aún pendientes respecto al genocidio en Mendoza. El otro reclamo se basó, justamente, en  la gran cantidad de responsables, partícipes y cómplices investigados y procesados por delitos de lesa humanidad que “libremente” se han dado a la fuga. Al emblemático caso del exjuez federal Otilio Roque Romano, se agregan desde San Rafael los de Luis Stuhldreher -intendente de facto de esa ciudad que contaba con un centro clandestino de detención en el mismo edificio municipal a su cargo- y del cura Franco Reverberi -protegido por el Vaticano-. Más recientemente, en diciembre de 2012 y con el debate actual en curso, hubo un nuevo golpe a la democrática espera de los sobrevivientes,a los familiares y a la memoria de las víctimas: se fugaron los procesados -nunca debidamente custodiados- Carlos Rico Tejeiro, “Instructor antisubversivo”; Ricardo Aleks y Marcelo León, ambos de la Policía Federal.

El memorial ha sido reparado; los testimonios significaron dolor, también verdad y esperanza; el funcionamiento del Tribunal, del Ministerio Público y de las partes querellantes ha sido concienzudo y profundo. La nueva burla perpetrada por un expolicía acusado de secuestrar y torturar personas es una ofensa y un disparate. Con probados antecedentes, el pedido de custodia vigilada para los acusados libres, motivo de la recusación pedida por Morellato, es de lo más acertado. Ahora, como en otros ejemplos y ámbitos de la justicia en todo el país, se depende de una instancia superior.