085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez. 053-M: Desapariciones de Antonia Campos y Antonio Alcaráz, secuestro de Martín Alcaráz

Búsquedas

11-10-2012 | Dos testimonios, Martín Alcaráz -hijo de Antonia Campos y José Antonio Alcaráz, desaparecidos- y Angelina Caterino -madre de Gladys Castro, embarazada, desaparecida- transmitieron la profundidad de las relaciones y las búsquedas. El relato de Alcaráz abrió la causa 053-M. Otros dos testimonios -de ex policías del D2- dejaron inferir rasgos del funcionamiento acerca de “Informaciones” en ese Centro clandestino.

Siempre la esperanza

Angelina Caterino de Castro y José Fermín Castro tenían seis hijos en 1977, los tres menores vivían en la casa familiar de calle 25 de mayo en Dorrego. Su hija Gladys se había casado dos años antes con Walter Domínguez y ambos vivían en calle Luzuriaga de Godoy Cruz, de donde fueron secuestrados el 9 de diciembre de aquel año. Gladys tenía un embarazo de seis meses. Angelina supo de los secuestros por sus consuegros que hallaron rota la puerta de acceso al jardín del domicilio -luego reparada por Osiris Domínguez (p)- tras hallar todo revuelto. Por una vecina y la hija aledañas al matrimonio -que fueron testigos de los hechos y con las que tuvo contacto durante unos meses- se enteró que más de cuatro hombres encapuchados y armados descendieron desde dos vehículos comunes a las tres de la mañana e ingresaron a la casa. Las vecinas oyeron los gritos de Gladys pidiendo auxilio, preguntando por qué los llevaban si no habían hecho nada. Alcanzaron a ver que se la llevaban en bata.

José Fermín radicó la denuncia infructuosa en la comisaría 25, presentó el rechazado habeas corpus y se ocupó de denunciar y buscar (“cada quince días se arrimaba por el Comando” -VIII de Brigada de montaña, en cuyo escritorio de ingreso al edificio, un uniformado le dijo: “se lo habrá llevado algún compañero suyo”). Angelina siguió averiguando con sus consuegros (se enteró del operativo paralelo al de su hija y su yerno en casa de los Domínguez) y cuidó de sus hijos más chicos enfermos.

“Ella era muy inteligente, fue cuadro de honor en la secundaria en el Martín Zapata. Con Walter se conocían del barrio, hubo noviazgo, llevaban casi dos años casados. Ella trabajó en una farmacia, en un negocio de ropa y en una panadería, estudiaba Bellas Artes. El estudiaba arquitectura y trabajaba en Pescarmona, nunca me comentó si estuvo en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML)”, reseñó Angelina acerca de su hija y de su compañero.

Sobre el cerco represivo cada vez más patente, Angelina recordó: “en la facultad secuestraron a un amigo de Walter, había rumores de desapariciones y persecuciones, para diciembre de 1977 ella tenía mucho miedo y más, embarazada de seis meses. Diez días antes había estado en Chile y me dijo, ´me gustaría irme con el papi´. Andaban con miedo por otros chicos que se habían llevado”.

“Tenía esperanzas que los largaran, hoy están desaparecidos”, dijo Angelina sobre Gladys y Walter. Respecto al alumbramiento de su hija -su nieta o nieto- explicó: “Lo esperaba todas las noches, siempre la esperanza, me lo van a traer, lo van a dejar en la puerta. Nunca pasó, no sé si lo habrán dado a otra persona, si habrá nacido bien”. 

Relevancias

“Siempre trato de seguir construyendo la historia, no sé si será relevante”, expresó Martín Antonio Alcaráz en mitad de su testimonio, mientras relataba las historias de Antonia Adriana Campos -su mamá, desaparecida-, José Antonio Alcaráz -su papá, desaparecido-, María Silvia Campos -su tía, desaparecida- y la suya -secuestrado a los diez meses de edad en el operativo que atentó contra sus padres-. “Claro que es relevante”, lo alentó el fiscal Dante Vega. Al comienzo Vega le había dado lugar: “Usted testimonió el año pasado en relación a la desaparición de su tía, ofreció todo un perfil de su vida, ahora le pedimos lo mismo respecto a sus padres y su familia":

“Nací el 7 de febrero de 1977. Ellos se conocieron en San José, eran vecinos, se casaron dos años antes de ser secuestrados, vivían en calle Juan Godoy de Godoy Cruz, él tenía 20 años, ella 22. Mi papá era muy buen compañero de mi mamá. La acompañaba mucho. Ella -estudiante de medicina- era más de ayudar, él -como conocía de imprentas- colaboraba con el material gráfico. Silvia y Antonia eran muy compinches, con convicciones de izquierda, compartían lecturas. En el 75 empezó el miedo. Antonia se ocupó demasiado tras la desaparición de Silvia”, relató Martín. Adriana -hermana menor de Antonio, cercana a sus actividades- le contó que “siempre andaban con folletería” y recordó un campamento en Bermejo donde el grupo habló de política. A su vez, Cecilia Vera -hija de Rodolfo Vera, desaparecido durante ese diciembre-, a través de su madre Mirta Hernández -que conoció al matrimonio- le comentó la probable relación entre las desapariciones de la pareja con las del grupo de militantes del PCML (causa 085-M), donde según  Hernández “militaban y se organizaban celularmente”.

Martín dejó en claro que los secuestros se produjeron el 6 de diciembre de 1977; que al otro día hacia la medianoche fue dejado en una caja en la casa de sus abuelos maternos; que los hechos fueron “procedimientos del gobierno militar”; y que -según su abuelo paterno- sus padres habrían sido desaparecidos en el D2. “Esa madrugada nos secuestraron. Mi papá trabajaba con mi abuelo materno en San José. Se preocupó por su atraso ese día -Silvia había sido secuestrada un año y medio atrás: la misma novela anterior-. Fue hasta la casa, la encontró saqueada, con la puerta rota. Según vecinos, la policía se llevó las cosas”.

Otro vecino, Mario Gómez -además amigo de Antonio-, presenció cuando dejaban a Martín en casa de sus abuelos maternos: “un par de Falcon sobre calle Pedernera bajaron un bulto y lo dejaron en la vereda. El vecino esperó a que se fueran, fue él quien golpeó la puerta de la casa”. Por secuencias de recuerdos, de comentarios, Martín contó que su abuela materna se quedó sin habla, que lo llevaron a la vuelta a casa de sus abuelos paternos, donde entre todos lo revisaron porque parecía dopado, sin reacción, no lloraba. “Vaya a saber el circuito turístico que he hecho en esas 24 horas”, se permitió sonreir.

“Todo esto desarmó la familia. Las tres desapariciones, la persecución, atravesaron a toda la familia.” Los Alcaráz en completo vieron alteradas sus vidas. Para 1979 se fueron dejando afectos las hermanas sobrevivientes. El temor, la vigilancia contrariaron el porvenir de los abuelos. “Hoy tengo mi familia, mis hijos, pero no mi mamá, ni mi papá, ni mi tía”, enseñó Martín a sus 35 años.

Otras máquinas del segundo piso

Las divisiones o departamentos D5 -“Archivos judiciales” de la Policía de Mendoza- y D2 -“Informaciones” de la Policía de Mendoza- compartieron espacio físico en el Palacio Policial y también la distribución de tareas en lo concerniente a la remisión y reasignación de información contenida en los prontuarios civiles destinados al servicio de la represión ilegal. En el subsuelo estaba el D5, con los legajos conformados y antecedentes de los habitantes de la Provincia. En el segundo piso, además de la “sala de reunión de detenidos” y del área de calabozos clandestinos del D2, funcionaban oficinas “administrativas” con archivo propio, secreto (contenido en varios armarios), en las cuales se procesaban los prontuarios indicados por los “jefes”. Una “mesa de entrada y los escritorios al fondo” constituían el ámbito de trabajo.

El reciente testimonio del ex policía Jorge Rivero -a cargo del archivo D5 durante la dictadura- según el cual eran cuatro las personas encargadas del movimiento de legajos entre secciones; y el Libro de constancias de las devoluciones que el D2 hacía al D5, motivaron la citación a declarar de otros dos ex policías que se desempeñaron allí, Carlos Faustino Álvarez y Miguel Angel Salinas.

El habitual silencio cómplice de los otrora uniformados, el decir sin decir, la desmemoria, el refugio en el argumento de “sólo realizar funciones administrativas”, la descarga de responsabilidades en jefes que no se nombran, o se nombran porque están fallecidos, dominó el hilo de ambas declaraciones. Sin embargo, la indagación del abogado Pablo Salinas, representante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH- , sobre todo respecto al testigo Salinas, menos reticente, permitió dar cuenta de que:

-En un papelito, o ficha mínima, expedido en “Informaciones” por los oficiales Félix Andrada y Ricardo Couto (y en algunas oportunidades por “jefes”) se solicitaban los prontuarios a investigar. Álvarez y Salinas (“estábamos para los mandados”) bajaban, recibían los legajos, firmaban en el Libro de salidas del D5, volvían al segundo piso, remitían los legajos a sus superiores que tenían plazos no mayores a 48 horas para devolver los expedientes (aunque había casos de prontuarios en poder del D2 durante semanas), estos eran reasignados por el plantel de escribientes en cuanto a información (se agregaba alguna clave que date destino de la persona, direcciones nuevas, relaciones), para finalmente ser entregados al subsuelo, tras la firma de Rivero en el Libro del D2.

-“Todos pedían información al D2, Ejército, Fuerza Aérea”. También “había prontuarios propios del D2". Era el jefe encargado -Andrada, Couto- el que ordenaba los legajos a referenciar. Se agregaban recortes de prensa, información “pública”; se actualizaban las fichas. Tanto el D2 y el D5 funcionaban de modo permanente, con turnos nocturnos ante las urgencias. El personal policial designado para las funciones de correo y manipulación de datos era “el más rápido en el manejo de ficheros y de las máquinas de escribir en el segundo piso”.

-De los imputados en el juicio y cercanos o partes del funcionamiento del centro clandestino, los testigos reconocieron a los jefes Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Miranda Genaro, Alsides París Francisca, Agustín Oyarzábal (“Titín, muy distinto de los demás"), Armando Fernández Miranda y Venturino. Otros indicados fueron Rondinini, Pablo “Negro” Gutiérrez, Ricardo Vásquez, Carmen Juri, Alfredo Edgar Gómez, el “Pájaro” Rodríguez Vásquez, el “Ruso” Smaha, Josefina Rita Gorro y el “Viejo” Manuel Bustos.

Un año después: Sofía D´andrea hace presentes a la justicia y a compañeras y compañeros

El sabor de la sentencia

06-10-2012 | Los imputados entraron en fila como en su historia pasada y estallaron los flashes, todo indicaba que se había subsanado el inconveniente que demoró la audiencia. Luego -“de pie”-, dijo una secretaria y entró el Presidente escoltado por sus dos colegas; tomó asiento, agradeció el clima de respeto mantenido a lo largo de once meses, se colocó los anteojos y leyó el fallo. Entonces se conoció la primera sentencia condenatoria por crímenes de Lesa Humanidad en la ciudad de Mendoza; sucedió a los seis días del mes de octubre del año dos mil once.

Cayó todo el rigor de la ley sobre cuatro miembros del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Mendoza: Luis Rodríguez, Juan Oyarzábal, Eduardo Smaha y Celustiano Lucero. Los dos primeros fueron jefes; el “ruso” Smaha era enlace de Inteligencia con el Ejército y el “mono” Lucero trascendió por haber asesinado a Paco Urondo de un golpe en la cabeza. Todos condenados a cadena perpetua en cárcel común.

Los otros dos acusados tuvieron mejor suerte, el entonces teniente con vocación de verdugo Dardo Migno fue condenado a 12 años por la privación de la libertad y tormentos infringidos contra don Angel Bustelo, ya sexagenario por esos días; mientras que su camarada del Ejército, Paulino Furió fue absuelto en la Causa por la desaparición de Jorge Fonseca.

Casi un año atrás, el 17 de noviembre de 2010 se había iniciado el tratamiento de más de treinta crímenes que incluían veinticuatro desapariciones pero a lo largo de los once meses fueron apartados del juicio varios acusados, como Luciano B. Menéndez  y otros jefes; por ende cayeron las causas que se les atribuían. A la hora de la verdad, la sentencia correspondió a siete desapariciones, la de Ricardo Sánchez Coronel; el matrimonio Rafael Olivera-Nora Rodríguez Jurado; Salvador Moyano; Jorge Fonseca; Rosario Aníbal Torres y Alicia Cora Raboy, compañera  Francisco”Paco” Urondo; además se juzgó el homicidio del poeta  quien fue muerto en el momento de su apresamiento. Finalmente, se trató el allanamiento ilegal a Arturo Rodríguez y la detención ilegal de Ángel Bustelo .

Dos de agosto de 2012: imputados, inicio Tercer Juicio por delitos de lesa humanidad, Mendoza

Escenas para el recuerdo

Acorde con la trascendental jornada, la sala de audiencias de Tribunales Federales lucía repleta de las y los directos involucrados, observadores y la  infaltable prensa. Un grueso blindex separaba el área destinada al público de la ocupada por abogados, fiscales, imputados, Jueces y secretarias; a través del vidrio se imponía la solemnidad del Tribunal ubicado tras un  macizo escritorio en roble oscuro con el escudo argentino tallado  en madera. El conjunto se elevaba en una plataforma dos peldaños por encima de todos los presentes, para que no haya dudas sobre el lugar de la autoridad; desde allí, el Presidente del Tribunal, Juan Antonio González Macías, leyó el fallo . 

Dentro de esa pecera, a ambos lados del estrado, convivían moros y cristianos. A la izquierda nuestros aguerridos abogados de la querella y la fiscalía, dispuestos juntos, en una misma línea de escritorios. En los extremos los escoltaban dos brillantes mujeres: una querellante y otra secretaria del Fiscal. Espacio de por medio, frente a ellos en una primera línea,  los abogados defensores, y detrás, tres de los acusados: Lucero, Smaha y Furió.

Y de este lado, en las primeras filas, había personalidades y algunos funcionarios siempre dispuestos a la foto de ocasión; a sus espaldas, a sala repleta, la presencia más intensa fueron los compañeros, compañeras y familiares, enarbolando a los suyos; los más, los que cultivamos durante décadas la certeza que este día debía llegar y sería inscripto en nuestra historia porque los genocidios no se pueden ocultar bajo la alfombra.

El día llegó, comenzó a despuntar ese 6 de octubre en que nos vestimos para la celebración, suerte de  corolario de largos meses en los que lo soterrado, lo sucedido en los años ’70, fue iluminado en la palabra de los personajes reales;  fue contado y sufrido por testigos y familiares.

En un clima de intensa ansiedad comenzó la audiencia y bajo un mismo impulso se agitaron las pancartas con los rostros de nuestros compañeros, rasgos en negro sobre fondo blanco con letras al pie que los y las  nombran. Hubo un silencio espeso durante la breve lectura del acta. Luego se escuchó la sentencia y un  grito nombró a nuestros 30.000 desaparecidos; después todo fue algarabía y regocijo: vitoreamos, reímos, besamos mejillas húmedas y nos apretamos. De reojo, observamos a los represores que se retiraban en fila, con la mirada al suelo como matones en caída, desnudos de su único atributo: llamar al miedo; reducidos a meros delincuentes camino a la condena .

Bajamos hacia la claridad de esa mañana soleada; ya en la calle nos reconocimos en abrazos, sonrisas y lloramos de felicidad. Así, las penas, penitas nuestras, tan adentro, tan fuerte pegadas al pecho, ese día se fueron en llanto, en agüita salada, rodaron por las escaleras de la explanada para llegar al sumidero que se tragó 35 años de humillaciones e indiferencia, dicha sólo posible con un retazo de justicia.

085-M: Desapariciones de Alberto Jamilis, Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez

El terror inimaginable

05-10-2012 | “Sistematizaron el terror como procedimiento” reflexionó uno de los testigos -Julio Del Monte, víctima del terrorismo de Estado- acerca de la implementación del plan represivo contra la militancia a escala nacional y específicamente en relación al grupo de personas desaparecidas en diciembre de 1977 en Mendoza. En el mismo sentido aportaron su conocimiento María Inés Barbetti y Nicolás, compañera e hijo del desaparecido Alberto Jamilis. El testimonio de Rolando Domínguez permeó las consecuencias del discurso “antisubversivo”.

"Hacé de tu hijo un buen ciudadano", consigna de represores

María Inés Barbetti era compañera de Alberto Gustavo Jamilis cuando fue secuestrado en su casa el 6 de diciembre de 1977 alrededor de las 5 de la mañana. María Inés y el pequeño hijo de ambos, Nicolás -de dos meses-, estaban allí, pero ella logró que no se los llevaran.

Prestó testimonio mediante videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura y relató que esa madrugada cuatro o cinco personas con armas largas y vestidas de civil ingresaron al departamento interno en el que vivían, en Godoy Cruz. Uno con cara descubierta de estatura mediana, robusto y de tez morena comandaba el operativo. El resto tenía medias de nylon en los rostros. Entraron al grito de “¡Gordo salí!”. Rompieron una sábana y con eso los maniataron. A ella le dijeron que preparara ropa del bebé. María Inés pidió “por dios” que la dejaran con el niño, lo hicieron, pero se llevaron a Alberto y le dijeron: “Bueno piba, hacé de tu hijo un buen ciudadano”. Los agentes robaron objetos y cuando María Inés preguntó qué harían con el marido, uno contestó que sólo le harían preguntas y en media hora volvería. Nunca más se supo de él.

Tras un llamado de los vecinos a la policía, llegaron tres efectivos. Le pidieron que fuera a declarar y ella les explicó que no estaba en condiciones de hacerlo en ese momento, con lo cual se retiraron sin más. Barbetti se fue a la casa de Paulina, hermana de Alberto, quien le advirtió el peligro de que se quede allí y la llevó a la casa de una amiga.

La pareja era oriunda de La Plata. Alberto era sociólogo y trabajaba en la Facultad de Humanidades hasta que lo dejaron cesante. Luego se desempeñó en el Registro de la Propiedad del Ministerio de Economía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde también lo cesantearon, “por su ideología”. En ese organismo también trabajaba María Inés. En noviembre de 1976 fuerzas represivas lo buscaron en casa de sus padres, motivo por el cual decicieron venir a Mendoza, donde Alberto vendía hierbas medicinales de manera ambulante, según relató su compañera.

Tiempo después, María Inés supo de la militancia de Alberto, en el Partido Comunista Marxista Leninista. A los compañeros de militancia los conocía por sobrenombres, después se enteró de que entre ellos estaban los hijos de Hebe de Bonafini, “Cuqui” -Néstor Carzolio- y Nélida Tissone, a quienes frecuentaban en Mendoza -en particular recordó un último encuentro con el matrimonio en un parque en Mendoza; luego supo que desaparecieron-. También recordó a un joven que trabajaba en una cestería -Rodolfo Vera- en la cual se quedaron un breve tiempo; y a una mujer que fue novia de Jamilis, “Cristina Torti” y a su “hermana, también secuestrada en Mar del Plata”. A Carzolio, Tissone y Vera los reconoció en el álbum que le exhibieron.

Nicolás Joel Jamilis, hijo de María Inés y de Gustavo, prestó testimonio por videoconferencia. Con dos meses de edad cuando su padre fue secuestrado, presentó una reconstrucción sobre él en base a conclusiones derivadas de testimonios de amigos, compañeros de militancia e investigaciones propias. Mencionó a Ángel Laurenzano y a alguien conocido como “El tano” como parte de la conducción del PCML que delató a los partidarios de Mendoza. Una vez en la ESMA, “El Ratón” Laurenzano habría pasado a trabajar directamente con las fuerzas militares. Después, vueltas de la vida y de los años, Nicolás lo reencontró trabajando para el aparato de seguridad del empresario Alfredo Yabrán.

Un compañero de militancia de Jamilis, Jorge Moulinger -que logró escapar de la represión- es considerado por Nicolás una fuente importante para conocer cómo fue la embestida final contra los integrantes del PCML. Indicó que habría otro sobreviviente del grupo de Jamilis -quizás sea Oscar Vera- residente en Neuquén. Nicolás agregó que los dos hijos de Hebe de Bonafini fueron desaparecidos antes que su padre, que había alojado a uno de ellos. Según sus indagaciones, los militantes eran enviados a Mendoza y a Mar del Plata por la conducción del PCML con el objeto de asegurar sus existencias, con documentos falsos y casas alquiladas por la organización. Sobre los hechos dijo: “en el Partido" Jamilis "era 'El Gordo', la patota lo tenía totalmente identificado, sabían quién era, si hasta le dijeron 'Gordo', te venimos a buscar", concluyó Nicolás.

Estar en algo

Retirado de la Policía de seguridad aeroportuaria, Rolando Omar Domínguez reconoció entre los imputados a Alsides París Francisca -“vicecomodoro oficial de la Fuerza Aérea”- y repasó sus años en la función pública: ingresó a fines de 1975 a la Policía de Mendoza tras revestir en la Escuela de suboficiales, “para el Golpe” se incorporó a la comisaría 27 hasta mediados de 1977 cuando pasó a la Fuerza Aérea. Allí -hasta 1986- actuó como personal civil de la Jefatura 2 de Inteligencia. El 24 de marzo de 1976 fue la primera vez que lo mandaron a hacer servicio y patrullaje en la calle.

En relación a la desaparición de Walter Domínguez -primo hermano de Rolando- y su compañera embarazada de seis meses, Gladys Castro, el testigo se vio en apuros a la hora de puntualizar comentarios y supuestas informaciones que habría recabado para sus tíos, Osiris Domínguez y María Assof, sobre sus destinos. También, en aquel momento, sobre Osiris (hijo), el otro primo, acosado por la represión. Recordó haber estado presente en la nochebuena de 1977 en la casa de sus parientes, pero no el “fundamento” de la reunión. Según otros testimonios él habría promovido ese encuentro para recibir a Walter que -según Rolando avisó a Assof- pondrían en  libertad para esa fecha e incluso habría efectuado una llamada telefónica a tal fin. Medroso en sus respuestas al Tribunal y las partes, Rolando sólo dijo que hizo averiguaciones con su superior en la Unidad Regional Inteligencia Oeste de la Fuerza Áerea -Horacio Navarro- que le aseguró que el detenido estaba bien. El testigo adujo que “con el tiempo entendí que era falsa la pista de Navarro”, sin embargo no evaluó su gravedad ante la desesperación de la familia Domínguez.

Rolando -que dijo haber intentado algunos sondeos en vano con excompañeros policías- reveló la endeblez de sus sustentos al afirmar que supo de la existencia de los desaparecidos a través de los medios de comunicación. “Nunca tuve idea de que Walter estuviera en algo, que alguna actitud suya lo involucrara en algo como ser miembro de algo en contra del gobierno del momento”, traslució en su discurrir el pensamiento “antisubversivo” del testigo.

Sobre las funciones de su competencia en la Regional Oeste, Domínguez enumeró: “verificar las medidas de seguridad de las unidades militares, el control de sabotajes y edificios estatales ya que el Gobierno (Provincial) había sido asumido por un Brigadier; la Inteligencia en el conflicto con Chile, es decir, la recolección y análisis de información remitida a las oficinas del edificio Cóndor en Buenos Aires, sobre objetivos estratégicos, militares, poblacionales".

“Amar a mi patria y amar a mi familia”, enfatizó Domínguez entre sus valores, antes de ser “refrescado” por el juez Antonio Burad sobre el escalafón correcto de su construcción aprehendida: “Dios, patria y hogar”. El testigo se conmovió.

Puñetazos al corazón

Julio César Del Monte es licenciado en Ciencias de la Educación y docente. Declaró ante el Tribunal en el marco de la causa 085-M. Conoció a muchos de estos militantes desaparecidos y fue amigo y compañero de huidas de la represión de Osiris Domínguez, hermano de Walter.

A mediados de la década de 1970, Julio terminaba la secundaria y militaba en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), orgánica juvenil-estudiantil que, aunque él no lo supiera a ciencia cierta entonces, estaba asociada al Partido Comunista Marxista Leninista. “Éramos chicos de 17 y 18 años con ideas de la época, de resistencia a lo que estaba ocurriendo en la patria que era la eliminación de todas las libertades, nuestro propósito era sostener y propagar con panfletos y dichos nuestra ideas. Así de simple, pero así de contundente”.

Entre las personas que supo secuestradas en diciembre de 1977, recordó a Walter Domínguez y su compañera Gladys Castro, y a Rodolfo Vera. Con ellos estuvo en un encuentro “de camaradería” en el camping de Luz y Fuerza a comienzos de 1977. “Para nosotros, que éramos chicos, ellos eran todos adultos”.

Entre los que debieron huir de la represión mencionó a Carlos y Oscar Vera -hermanos de Rodolfo-. “No sabíamos qué hacer, cómo protegernos, no teníamos más que a la familia”. También comentó de su amigo Osiris Domínguez, quien le contó lo sucedido con su hermano y su cuñada. Con Osiris huyeron a Buenos Aires (a Capital Federal y a la Costa), luego estuvieron unos días en El Chocón hasta que volvieron a Mendoza en donde decidieron no mantener contacto como modo de supervivencia. Aún corría 1978. También supo de las desapariciones de Cristina D’Amico y María Elena Ferrando y recordó a parte del grupo de militantes que estuvieron detenidos con él: Oscar y Carlos Vera, Mabel D’Amico, Verónica Roatta, Alfredo Irusta.

El 5 de octubre de 1979 a las 11 de la mañana, un agente policial interceptó a Julio Del Monte en calle Alem de la Ciudad de Mendoza -frente al Hospital Central-, le mostró una credencial de la Policía de Mendoza y le dijo que tenía que “acompañarlo”. Con otro agente lo metieron a un Fiat 1100 azul, rural, viejo y ruinoso. Ya adentro comenzaron a golpearlo y le taparon los ojos con un pulover. Cuando les preguntó adónde lo llevaban la respuesta fue “A tu muerte”. Cuando llegó a destino, en un forcejeo pudo destaparse los ojos por unos segundos, entonces vio que estaba en el patio del Palacio Policial, el D2. “Sabía, por lo menos, dónde iba a morir”.

Lo llevaron entre cuatro personas en “andas” mientras le iban pegando en el corazón. Lo “tiraron” en un sótano, lo golpearon. Luego llegó alguien que era jefe y le explicó que estaba allí “por estúpido, por insolente”. Le dijo que su padre “era ferroviario” al igual que el padre de Del Monte, con lo cual demostró tener conocimiento sobre el detenido. En la tarde lo subieron a un calabozo y allí se presentaron quienes lo detuvieron, apuntaron a su cabeza y le dijeron que se merecía morir porque a uno le rompió la campera en el forcejeo. “Fue un largo sufrimiento desde ahí”.

Sus padres fueron a averiguar si Julio estaba en el D2, cosa que les negaron. Varios días después les admitieron que efectivamente estaba allí, pero que “si se les ocurría decir algo, no iba a estar más”. La casa familiar fue allanada dos veces luego de que Julio fuera detenido.

Horas después se encontró con Carlos y Oscar Vera en el D2. Corrieron la misma suerte y compartieron la prisión, Mabel D’Amico, Verónica Roatta y Alfredo Irusta. Estuvo en el D2 hasta mediados de diciembre. Luego lo trasladaron al Penal provincial, en el pabellón 14, “derruido” en “condiciones infrahumanas” donde las torturas fueron otras: “Teníamos un régimen de castigo extremo, sólo podíamos comer algo, dormir cuando nos dejaban; no podíamos leer, salir al patio, trabajar ni jugar”. A veces iban militares -algunos ebrios- y los sacaban al patio desnudos y los denigraban. Había solo un baño sin puerta”. Incluso allí “seguimos siendo desaparecidos”. Compartió ese horror con Ciro Jorge Becerra, quien llegó “muy golpeado en la entrada” luego de haber estado detenido-desaparecido en La Plata.

El 26 de abril de 1980 Del Monte fue liberado luego de un Consejo de Guerra en el cual consideraron que “yo no era tan peligroso y me derivaron a la Justicia Federal”. Del Monte relató cómo se vivió en aquellos años del terror: “Había que ser muy prudentes en manifestarse, había restricción total de la libertad, mostrar simpatía por el Che Guevara era sinónimo de perder la vida. El terror es inimaginable, es mucho más que perder la vida. No eran personas malas, sistematizaron el terror como procedimiento”.

085-M: Desapariciones de Gustavo Jamilis, Rodolfo Vera, Gladys Castro y Walter Domínguez, Nélida Tissone y Néstor Carzolio

PCML: objetivo brutal

04-10-2012 | Por videoconferencia desde la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Mabel Jamilis y Violeta Becerra dieron cuenta del cerco represivo que signó el destino de estudiantes y militantes del Partido Marxista Comunista Leninista en esa ciudad y en Mendoza, con su agudización hacia fines de 1977. La violencia sobre toda la familia Becerra y la implicancia de la Fuerza Aérea en la operatividad de la represión. 

Como su familia, Mabel Ester Jamilis es originaria de La Plata. Su hermano Alberto Gustavo y su compañera María Inés Barbetti, embarazada, trabajaban en el Registro de la Propiedad del Ministerio de Economía en 1977 cuando “Alberto fue dejado sin actividad por el artículo 1 -abandono de sus funciones. Había recibido informaciones tales como que habían apresado a una compañera suya que él había estado adoctrinando”.

La pareja viajó a Mendoza. En el hospital Civit nació Nicolás Joel, en presencia de su tía. Aquí conoció a la pareja de Nélida Tissone y Néstor Carzolio, en cuya mimbrería Gustavo trabajaba con el “Negro” Vera, a quien Jamilis había dado resguardo en su casa. Mabel desconocía entonces la pertenencia militante de su hermano pero sí que “era de formar políticamente grupos de gente”, y cree que en Mendoza continuó su actividad. La militancia de su hermano en el Partido Comunista Marxista Leninista -PCML- la corroboró tras los hechos.

Quien enteró a Mabel del secuestro fue Paulina, la otra hermana Jamilis, que le narró lo vivido por Barbetti: “entraron -a la casa de la pareja-encapuchados, de civil y armados, se llevaron a Alberto la madrugada del 6 de diciembre de 1977, Mary pidió que no la llevasen, le dieron los pesos de la billetera de él y le dijeron ´esto es para vos, para que críes bien a tu hijo´; ella tomó al bebé y se lo llevó a casa de Paulina, si no estaríamos buscando otro chico”, dijo Mabel. “A mi hermano no sabíamos en qué lugar buscarlo, como no sabemos hasta el día de hoy adónde se lo llevaron”, remarcó.

Ningún lugar en el mundo

“La situación en La Plata era muy complicada” enfatizó varias veces Violeta Anahí Becerra Issa, que estudiaba en esa ciudad al momento del golpe de Estado y conocería a partir de entonces allanamientos, persecuciones y secuestros en carne propia y en torno a toda su familia. Su hermano Ciro Jorge -estudiante de geología- y su compañera Susana De Miguel -estudiante de biología-, ambos militantes del PCML, buscaron refugio en Mendoza, primero en casa de los padres de Becerra y después en un alquiler cerca de Luján.

El 22 de diciembre de 1976, Jorge Becerra -enyesado por una fractura en su pierna- fue rodeado en la camioneta de su amigo Rodolfo Vera por policías de la Provincia. Jorge -que estuvo detenido hasta fines de 1980 en diversos Centros clandestinos y prisiones- contó a Violeta en las visitas que ella le hizo, que la tremenda tortura a la que fue sometido durante los interrogatorios tenía relación con que en la camioneta encontraron panfletos de Montoneros, organización a la que no pertenecía.

El día siguiente al secuestro de Jorge, los padres de Violeta “sacaron a Susana y Federico -de cuatro meses- de la casa que ocupaban, a la noche el inmueble fue ametrallado, los muebles un colador”. Para el año nuevo de 1977 Susana y su hijo habían escapado a Neuquén, junto a “Elsi” -Elsa del Carmen Becerra, también hermana de Violeta, también desaparecida, también del PCML-. Después estuvieron a mediados de ese año por unos meses cobijados por Gladys Castro y Walter Domínguez y en septiembre retornaron a Buenos Aires, por la costa -Mar del Tuyú-. De Miguel consiguió salir del país en mayo de 1979.

Violeta, en conocimiento de la persecución que en La Plata y en Mendoza sufrieron los miembros del PCML, añadió los nombres de Néstor Carzolio, Nélida Tissone y de María Cristina D´amico, entre las víctimas de la cacería. Como ya había señalado en su testimonio del juicio anterior en relación a la Causa por la desaparición de Jorge del Carmen Fonseca, Becerra destacó que era él “quien acompañaba los movimientos de la gente”. En diciembre de 1977, Violeta -por intermedio de una compañera de su hermano Jorge- tenía estipulada una cita con su hermana Elsa y otro compañero, pero el encuentro se frustró, presumiblemente a raíz de las caídas en Mendoza. Violeta une esta serie de secuestros con la que se produjo un mes después -entre el 21 y el 26 de enero del 78- en el barrio de Colegiales en Buenos Aires, donde “chicos del PCML de La Plata fueron secuestrados en Capital, entre ellas Elsa, secuestrada por un operativo de fuerzas conjuntas, en un departamento en Colegiales, en medio de una crisis de nervios, con dos compañeros que lograron escapar”. La testigo aportó que Gabriel Miner -mendocino en relación con la militancia y secuestrado en alguno de ambos operativos grupales- supo que Elsa estaba en el Centro clandestino “El Banco”, de Capital Federal.

“Toda mi familia, mis otros hermanos también, tuvimos que movernos, incluso mis padres sin estar en ninguna organización”, dijo Violeta, que recordó su propio secuestro, cuando estuvo refugiada en Tupungato: “la finca fue allanada por un operativo en el que estuvo involucrado el Ejército, pero empezó por la policía departamental”.

Acerca de las secuelas de la violencia ejercida sobre su hermano Jorge, exiliado durante ocho años, fallecido en 2006, denunció: “el secuestro enyesado, la tortura, la picana, agravaron su salud, en Sierra Chica contrajo el mal de Chagas que agravó un problema por el cual estaba en tratamiento desde los doce años, le generó una lesión cerebral, convulsiones y descomposturas, su corazón no aguantó”.

María Ragusa también testimonió en relación a la desaparición de Rodolfo Vera. La mujer, en diciembre de 1977, vivía contigua a la mimbrería de donde fue secuestrado Vera, al 1164 de Dorrego. La casa natal de Ragusa hace esquina en calles Dorrego 1136 y Luzuriaga 911.El salón tenía entrada por Dorrego, Ragusa nunca ingresó. No recuerda quién vivía al lado cuando ingresaron los militares.

Precisó con detalles el vecindario y el clima de la época pero no recordó los hechos que se investigan. Del secuestro, dijo, se enteró por el almacenero del barrio, Oscar Cortez. El único procedimiento que recordaba por aquellos años fue el allanamiento nocturno del Ejército a su domicilio, “nos agarraron dormidos, revisaron la casa sin encontrar nada, tampoco nos dijeron qué buscaban. Estaban armados y tenían ropa de militar”, dijo Ragusa.

Por otro lado contó que su hijo trabajaba en el corralón de Canela, ubicado en  Remedios Escalada y Tucumán de Dorrego, y que supo del procedimiento en el que fue asesinado Francisco Urondo, secuestrada  Alicia Raboy y sustraída la hija de la pareja,  Ángela Urondo.

Fe de erratas: Violeta Anahí Becerra aclaró un  dato erróneo publicado en relación al testimonio brindado por Agustina Corvalán de Vera sobre el secuestro de su hermano, Ciro Jorge Becerra. Constatado el equívoco en la edición de la crónica, en efecto realizada por este Blog -y con las disculpas correspondientes-, aclaramos que ni la señora Corvalán ni la lectura de sus declaraciones anteriores ante la justicia dan cuenta de lo que se publicó. Que haya sido involuntario no quita la responsabilidad de rectificar y hacerlo público.

Rutinas de la Fuerza Aérea

Daniel Ulises Domínguez, primo hermano de Walter Domínguez -secuestrado con Gladys Castro, embarazada de seis meses, el 9 de diciembre de 1977- y de Osiris Domínguez, hizo el Servicio militar entre enero de 1977 y marzo de 1978 en la IV Brigada Aérea, donde estuvo asignado a la jefatura de Brigada de la sección “Órdenes”, bajo la Compañía “Servicios”.

Ulises supo de los secuestros por sus familiares: “Walter había desaparecido, mis tíos estaban buscándolo, hablábamos del tema sin saber qué le podía haber pasado”, comentó y aseveró reticente no haber realizado averiguaciones sobre sus destinos. Luego, ante las inquisitorias del Tribunal y de las querellas, dijo que quizás haya hecho alguna consulta ante un superior; y agregó que en una rutina otro soldado le comentó “vi a tu primo -por Osiris, en fuga tras constatar el operativo en la casa de Walter- con mi viejo allá en su finca, al Este de Barrancas, Maipú”. Ulises reconoció que en la época y en ese ámbito, oyó hablar de “la lucha antisubversiva” pero que no la relacionó con la desaparición de su primo hasta tiempo después.

Acerca de Rolando -su hermano- quien según María Assof -su tía-, la conminó a disponer los preparativos para recibir a Walter y Gladys para la Nochebuena del 77 porque “los iban a largar”, dijo “teníamos una formación cerrada, había cosas que no hablábamos”. Rolando ingresó a la Policía de Mendoza en noviembre de 1975, donde estuvo un tiempo en la comisaría 27 de Villa Hipódromo. Luego continuó su carrera en la Fuerza Aérea -mientras Ulises cumplía la conscripción- y revistió en la Regional Oeste.

Patricia Santoni por Fiscalía, Romina Ronda y Diego Lavado por las querellas, y González Macías por el Tribunal, condujeron el testimonio para que Domínguez aporte su conocimiento sobre el funcionamiento de la Fuerza Aérea. Estaban las Compañías de Servicios, que ocupaba el ala sur del predio; Policía Militar y COIN -"Compañia contra insurgencia"-, que se repartían el ala norte del predio. Sobre la última explicó: “eran las comisiones de soldados primeras en salir ante los conflictos, conscriptos que salían en camionetas Ford azules y cúpulas de tela -´guerrilleras´- donde entraba media docena de personas".

De la “Regional Oeste”, el testigo comentó: “era la sección vinculada a actividades de inteligencia con sede dentro de la Brigada, integrada por divisiones de Inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas.

Ulises afirmó la existencia de llegadas y salidas de aviones Hércules y aeronaves más pequeñas. Luego lo relacionaría con el traslado de prisioneros. Recordó la situación por la cual un piloto de un Hércules arribado a Mendoza hizo que se apresara por 24 horas a todos los conscriptos porque le habían robado su arma. Luego se enteraron de que eso lo hacía en todas las Bases.

Acerca de Campo Las Lajas como punto de enterramiento, Ulises aseguró que la IV Brigada tenía allí un puesto de guardia con personal militar, campo de tiro y combate. Las guardias, el relevo de turnos, en Las Lajas, eran función de la sección “Órdenes”.

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez; y de Rodolfo Vera. 053-M: Desapariciones de Adriana Campos y José Alcaráz; sustracción de Martín Alcaráz

El círculo militar

28-09-2012 | Se escucharon los testimonios de María Pérez, que aportó que las secuestradas embarazadas eran llevadas a un asilo de la Sociedad de Damas de la Caridad; y de Sigifredo Mitre -vecino de la mimbrería de donde fue secuestrado Rodolfo Vera. María Domínguez volvió a presentarse en el Tribunal por el destino de su nieta o nieto.

Vigilia en espera de los Juicios. Gentileza: Colectivo "Chacras para todos".

“Mujer de militar”
María del Carmen Pérez, ex esposa de Juan Antonio Fernández -militar que en el año 77 integraba el cuerpo del VIII Comando de Infantería de Montaña-, fue citada a raíz de una confesión que le hizo a María Assof de Domínguez. Había pasado poco tiempo de los secuestros de Walter Domínguez y de Gladys Castro, cuando Pérez le contó a María que su marido conocía que “a las delincuentes subversivas embarazadas se las llevaban al asilo Monseñor Orzali y que sus hijos eran dados en adopción”. También le contó que Gladys había dado a luz a un varón.

Ambos datos fueron soslayados por la testigo que habló de sí como “mujer de militar”, no obstante la lectura de las declaraciones que hizo en 1985 ante el juez de instrucción militar y en 2006 ante el juez federal. Luego de escuchar los expedientes, Pérez recordó también que su ex pareja le relató que a ese asilo “llegaban mujeres de todos lados”.

Debido al rumbo de la declaración, por pedido del MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos- y de la Fiscalía, la mujer fue enfrentada a un careo con María Assof de Domínguez. En esta instancia de esclarecimiento se conoció que aquella conversación entre ambas había sucedido en la vía pública y por iniciativa de Pérez -inicialmente la testigo dijo que María Assof la había interrogado en su domicilio. Acerca del hijo o la hija de Gladys y de Walter, Pérez negó los dichos y agregó que no tenía ningún conocimiento de los operativos que hacía el Ejército aunque contó que había una relación cercana y encuentros familiares con Mario Ramón Lépori -fallecido ex general, imputado en el anterior Juicio-, Ramón Ángel Puebla -imputado en el actual proceso- y "Pintos".

María del Carmen Pérez también fue consultada por la desaparición de Adriana Campos y José Alcaráz. Dijo que tuvo conocimiento por la abuela de Adriana, cuando ésta la consultó creyendo que podía aportarle alguna información. Ni por aquel entonces ni en la actualidad María del Carmen se supo en condiciones de brindar datos que quiebren el pacto de silencio. Las respuestas pueden encontrarse en esa compleja categoría de “mujer de militar”.

La fundamentación por las partes acerca del careo de Domínguez y Pérez se efectuará en la etapa de alegatos. La resolución sobre la incidencia del mismo queda a cargo del Tribunal.

María del Carmen Pérez

“Se llevaron al gordo”

Sigifredo Horacio Mitre tenía un café bar en la calle Dorrego, cerca de la mimbrería de la que fue secuestrado Rodolfo Vera. Lo conocía sólo de vista. “Se lo llevaron al gordo” fue el comentario que le llegó en la despensa del barrio, que estaba ubicada exactamente enfrente de la mimbrería, la mañana siguiente al secuestro. Dijo que la noticia no se extendía más allá de esas pocas palabras, “en esa época nadie arriesgaba una palabra, todos nos imaginamos que se lo llevaron y lo desaparecieron como era común en ese tiempo”. Relató que en su intento de conocer algún otro dato recurrió al destacamento policial que está sobre calle Dorrego a pocos metros de la mimbrería, pero todo terminó en las palabras del oficial de turno: “no se nada, no te metás”.

Mitre agregó que a Rodolfo se lo veía en el domicilio con una mujer y que delante de la mimbrería -en la casa que daba a la vereda- vivía una familia de apellido Getani. También dejó en claro a quiénes se referían los vecinos y él cuando hablaban de los secuestradores, “los mismos que desaparecían a los demás: Policía, Gendarmería, el Ejército”.

085-M: Desapariciones de Gladys Castro y Walter Domínguez

Búsqueda y relato

27-09-2012 | Los testimonios de María Assof de Domínguez -referente incansable de la lucha de las Madres- y de su hijo Osiris, dieron cuenta de las desapariciones forzadas de Walter Domínguez y de Gladys Castro -embarazada al momento del secuestro- en diciembre de 1977. Aportes sobre el operativo a escala nacional contra los partidarios del PCML, con Mendoza, Mar del Plata y el Sur del país como focos de la represión. Beatriz Ortiz, testigo clave para entender cómo investigaban y actuaban los grupos de tareas.

Elisa Moyano, hermana del desaparecido Salvador Moyano, en el acto del 27 de septiembre a 36 años de su secuestro. Colocación de una cerámica en su memoria en su domicilio de Guaymallén.

Las novelas del terror

“Cada expediente era una novela de terror y yo leía cinco expedientes por día. Es muy difícil trabajar en esto si no hay respuesta”: tal la carta de presentación de María Beatriz Ortiz de Guillén, testigo de contexto aportada por la querella del MEDH -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Oriunda de San Juan, Beatriz recaló en Mendoza en agosto de 1986 para desempeñarse hasta abril del año siguiente como subsecretaria administrativa de la Justicia Federal en la Sala B de la Cámara de Apelaciones presidida entonces por el hoy ex juez destituido Luis Francisco Miret. Como vocales fungían otros actores vinculados a la impunidad como Eduardo Mestre Brizuela (San Juan) y Antonio Endeiza (San Luis). “Íbamos al D2 -Departamento de Investigaciones de la Policía Provincial- con Mestre Brizuela y Endeiza para que nos abrieran los archivos”, contó Ortiz designada como relatora para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis y en Mendoza. El objetivo era “determinar dónde había terminado la cosa, hacer análisis sobre los destinos de los desaparecidos, hice un diagrama grande e iba pidiendo los libros de las comisarías y del D2. En el primer piso encontramos que había un archivo paralelo en otro armario, que provenía de los legajos apuntados con las iniciales O/P -orden político-, que indicaba dónde había estado la persona, cómo había sido el camino, con quiénes se relacionaba. Los expedientes instruidos por la justicia militar eran chiquitos, no se había investigado nada, llegaban sin los habeas corpus presentados. En los libros de novedades de las seccionales policiales advertí que los operativos (horarios de salida y regreso de personal y móviles sin consignar destinos) coincidían con las fechas de los secuestros, sobre todo entre 1976 y 1978”. La relatora hacía sus anotaciones en base al libro de sumarios del D2 o a los libros de las comisarías, “luz verde o luz roja, según intervinieran el Ejército o la Policía”.

Con prestancia y metodología, Beatriz recordó entre los archivos políticos del D2 a algunos de los desaparecidos por los que se busca justicia en el actual proceso: Ángeles Gutiérrez de Moyano, “la señora que tenía una florería en calle España, hacía obras de beneficencia, aparecía como que lo que había hecho mal fue estar en una reunión con una persona luego desaparecida y haber trabajado en la Casa Cuna”; Miguel Poinsteau, su nombre subrayado en el libro; Roberto Blanco Fernández, al que reconoció tras acceder al archivo fotográfico: “Blanco fue por un trámite al Palacio Policial, no salió más, alguien que lo había acompañado se quedó afuera esperando”.

Otros nombres de desaparecidos anotados por Ortiz en su planilla son los de Koncurat, Bonoso Pérez, Rafael Olivera, Sedrán de Carullo, Aníbal Torres y Jorge Vargas Álvarez. Sobre Vargas dijo: “era sanjuanino, llevaban a su hija mayor a ver las torturas que le infligían al padre. Su pareja era hija del defensor público de San Juan. A los dos años -del secuestro- leí que esa niña tomó el revólver de su abuelo y se disparó frente a un espejo”. Sobre las detenidas embarazadas recordó su mención en los archivos pero no se investigó respecto a los nacimientos en cautiverio. Entre las fotografías que vio hace más de veinte años se le grabó la de “una mujer -en situación de prostitución, detenida- en la escalera del D2 que conducía a las celdas”.

Ortiz agregó conocer otros expedientes impactantes entre el archivo. Uno de ellos referido a la ´justicia militar´: “Las causas 20840, eran una cosa increíble, traían a varios detenidos con los ojos vendados y ponían libros atrás, rodeados de gente apuntándoles, les sacaban la venda y les preguntaban ¿esto es suyo? y decían sí, entonces esto está probado y condenaban a todos”. Otro caratulaba el hallazgo de más de treinta cadáveres -nunca identificados- en el dique El Carrizal tras un drenaje hacia 1986 -presumiblemente arrojados desde aviones- con tachos de cemento en los pies”.

Antes que la investigación de la Cámara fuera suspendida en 1987 “por las presiones carapintadas”, se alcanzó a indagar a algunos responsables del D2, del Comando de Infantería y del Liceo militar, todos centros clandestinos de detención “dónde dirigían a las personas a las cuales no desaparecían inmediatamente”. En particular, Beatriz recordó la declaración del ex jefe policial Sánchez Camargo, “era terrible, como si estuviera muy enojado por estar ahí”; y la decisión de detener al capitán Plá. Aquellos escasos meses de investigación permitieron que la testigo pueda hoy afirmar la activa participación del D2 en la desaparición de personas y la coordinación represiva entre las fuerzas de seguridad y la complicidad de la Justicia federal.

“Nunca supe qué fue de la documentación que logré colegir antes de mi renuncia. Puedo decir que todas esas cosas quedaron en un armario en el primer piso de Tribunales Federales, en una oficina grande. Dos años después leí en Los Andes que se habían quemado muchos archivos, me quedó la sensación de que había sido parte de esa documentación. Pasaron algunos años cuando me di cuenta del valor de esas investigaciones, las busqué y no encontré nada”; dijo Beatriz, que añadió “mi psiquis, mi carga personal, no admitían más cosas”. La claridad y validez de su exposición ante un Tribunal de la democracia demuestran que nada de lo que puso en juego fue en vano.

Los pañuelos son la vida

A las tres de la mañana del 9 de diciembre de 1977, cuatro hombres encapuchados y armados -uno de ellos al frente del grupo, con barba y bigotes postizos- irrumpieron agazapados en el hogar del matrimonio conformado por María Assof y Osiris Domínguez. Encañonado en la sien interrogaron a Domínguez acerca de Osiris y Walter -hijos de la pareja. “Mi marido quedó petrificado hasta la madrugada, tras la inspección total que hicieron de la casa, incluso quitando la pastilla del teléfono para incomunicarnos”, dijo María en su testimonio. Al levantarse y salir tras sus paraderos, fue anoticiada por el dueño de la casa que Walter alquilaba en Luzuriaga 84 de Godoy Cruz con su compañera Gladys Castro -embarazada de seis meses- que el domicilio había sido violado, revuelto y saqueado. María  entendió que “habían secuestrado a mis dos hijos varones, no tengo nada más, dónde iba a buscarlos, qué iba a hacer, pensé que era la única a la que le había pasado algo así”. Por los vecinos supo de la participación de la policía en los secuestros de la pareja. La lectura de la constancia de denuncia radicada por su marido ante la comisaria 31 y los comentarios de vecinos de Walter dan la pauta de que el modus operandi y los grupos de tareas actuantes en ambos operativos hayan sido los mismos e incluso que su hijo secuestrado haya sido conducido esa noche hasta el domicilio de sus padres.

Osiris Rodolfo Domínguez -el hijo mayor de María-, trabajaba para esa época en la empresa Pescarmona -dirigida por agentes de la Marina- y era "simpatizante" del Partido Comunista Marxista Leninista, por lo cual no tenía tanto involucramiento como su hermano, según relató. Entre las personas que conoció esos años mencionó a Rodolfo Vera, Néstor Carzolio, María Elena Ferrando, los hermanos Elsa y Jorge Becerra; y a Jorge Fonseca. Casi todos permanecen desaparecidos. "En un mes, mes y medio, levantaron a todos los del partido", recordó, "los de acá, los de Buenos Aires, los de La Plata, fue una cosa bien diagramadita". Osiris ratificó y completó datos aportados por su madre. Así, comentó que Walter y Gladys albergaron en un domicilio anterior al del secuestro -en Dorrego- a Susana de Miguel, compañera de Jorge Becerra -que ya había sido secuestrado-; y a Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Ambas estaban con sus hijos pequeños.

El 8 de diciembre a la tarde, Osiris visitó a Walter. Él le comentó de varios compañeros que eran detenidos o que desaparecían y que no sabían más de ellos. Esto prendió una luz de alarma entre los hermanos y Osiris le sugirió mudarse. A las seis de la mañana, Osiris salió de su turno nocturno de trabajo y pasó a ver a Walter. Cuando llegaba al domicilio, por la vereda de enfrente, vio la puerta de la casa rota y abierta e imaginó lo que había sucedido. Siguió caminando hasta el centro. Allí se encontró con un compañero: Fredy Irusta, -que se presentó este año en el Juzgado y prestó testimonio sumado a la causa-. Irusta lo contactó con Oscar Vera -hermano del desaparecido Rodolfo- y comenzó el peregrinar para sobrevivir. Estuvo cerca de dos meses en una finca en Barrancas, luego se trasladó a Buenos Aires. Primero se radicó en San Clemente del Tuyú, junto a militantes que también huían de Mendoza -entre ellos Cristina y Mabel D'Amico, Mirta Hernández y su hijo; Carlos Vera y Julio Del Monte. Semanas después, esa casa se tornó peligrosa y se trasladaron a Mar del Plata. A fines de febrero "cayó" uno de los departamentos en manos del terrorismo de Estado. Se dispersó el grupo y Osiris tomó camino hacia Neuquén, con Del Monte. La fuerte presencia militar en esa provincia los llevó a cambiar de destino y regresaron a Mendoza. No volvieron a verse más. De vuelta en la provincia, Osiris pudo juntarse a hablar con sus padres. Luego partió hacia Córdoba y se radicó, finalmente, en Oncativo.

Osiris recordó lo sucedido con su primo Rolando Omar Domínguez, quien trabajaba para la IV Brigada Aérea y -según presume con certeza- para el departamento de Inteligencia que funcionaba en Alberdi y carril Godoy Cruz de Guaymallén. Para la navidad de 1977, el sobrino militar le dijo a María Assof que "prepare comida" porque iban a soltar a la pareja, cosa que no sucedió. Tiempo antes había referido solaz a María el operativo en el que “paseaban” a un chico detenido. Rolando no volvió a referirse a eso y se desligó de la situación. Por la pertenencia militar de Rolando, Osiris sospecha que el grupo de tareas que se llevó a su hermano y su cuñada debía pertenecer a la Fuerza Aérea.

“Desgraciadamente cada vez éramos más madres buscando a nuestros hijos”, recordó María e hizo presente la lucha incesante de Madres de Plaza de Mayo por la aparición con vida que impregna sus pañuelos blancos y sus voluntades. Antes había vivido la incertidumbre, la presentación de habeas corpus -sistemáticamente rechazados por el juez Gabriel Guzzo- junto a los padres de Castro por Gladys, Walter y Osiris; los anónimos con pistas falsas; las burlas de los funcionarios del Ministerio del Interior, de Videla para la navidad del 78 (“los van a poder ver”) y de monseñor Graselli, capellán de la Marina (“hay un fichero con todas las cartitas de las chicas embarazadas, están muy bien”). Sobre su nieta o nieto señaló, “tiene que haber nacido acá, en Mendoza”.

“No tuvo tiempo”, dijo María al evocar la vida que arrebataron a su hijo: “de chico le gustaba el bailecito, la ropa limpia, después cambió cuando entró a la facultad de arquitectura, se preocupó por lo social, se interesaba por el otro, lo que hacía no era nada peligroso pero sí para el sistema”. 22 años tenía Walter, 24 Gladys, su compañera.

María Assof

Osiris Domínguez: Operativo "Escoba"


Osiris Domínguez: Probable complicidad de su primo militar

085-M: Desapariciones de Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Nélida Tissone y Néstor Carzolio. Lectura Causa 053-M

Los desmadres, las madres

21-09-2012 | Los testimonios en relación a las desapariciones de seis personas -una embarazada- del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) entre el 6 y 9 de diciembre de 1977, que dan cuenta de las persecuciones inter-provincias, plantean que pueda tratarse de un feroz operativo a nivel nacional contra los militantes. La fuerza de las madres en contrapartida.

El secuestro de Alberto Jamilis

La familia Jamilis provenía de La Plata. A mediados de 1977, Alberto Gustavo Jamilis -sociólogo- dejó su ciudad junto a “Mary” -su compañera, embarazada- a raíz de la alerta que le dio un compañero de trabajo acerca de que “habían tomado su departamento”.

Alberto visitaba semanalmente a su hermana Paulina Delia Jamilis, que aportó su mirada. Ella desconocía su actividad política, aunque “por su manera de interpretar la historia y las cosas” considera que era “de pensamiento socialista”. Alberto sobrevivió como pintor y artesano del mimbre en la canastería de Néstor Carzolio, donde realizó el moisés para su hijo, nacido en septiembre de aquel año. Paulina supo que su hermano tuvo cierto tiempo a “un tal Vera como refugiado”.

A las cinco de la mañana del 6 de diciembre de 1977, Paulina fue sorprendida por Mary que desesperada le narró lo vivido horas antes: un grupo de ocho soldados encapuchados y munidos de linternas ingresó pasada la medianoche al domicilio de la pareja, en calle Bernardo Ortiz de Godoy Cruz. Sacaron a Alberto al patio, entre amenazas y gritos acerca de una llave. Mary quedó en la habitación con un conscripto que a cambio de que le indicara dónde había dinero, la ató sin demasiada fuerza a la cama para que pudiera irse con la criatura. Por los vecinos supo que la patota se movilizó en "un falcon y en un camión”.

Mary partió con su hijo a los pocos días. Paulina se ocupó de embalar y remitirles sus pertenencias a Bragado. María Ester, la otra hermana Jamilis, presentó el habeas corpus. Paulina conoció en 1978 a María Domínguez y otras madres de desaparecidos cercanos a su hermano. En 1978 fue citada por la Policía federal tras presentar un escrito al ministro del Interior, Albano Harguindeguy. La respuesta había sido: (Jamilis) “no tiene problemas, cumplió con el Servicio militar obligatorio”. “Antes les tenía terror, ahora los desprecio profundamente”, remarcó Paulina sobre los militares.

Viejo vecino de la calle Bernardo Ortiz, Hugo Dionisio Scaramella relató el episodio que presenció en su barrio en diciembre de 1977, presumiblemente relacionado con la desaparición de Alberto Jamilis. Una noche, cerca de la una, Scaramella oyó gritos de un hombre -“por qué me llevan, no he hecho nada”- y de una mujer. Se asomó y vio que a tres casas de la suya, dos personas arrastraban a un tercero. Los agresores vestían de civil, a cara descubierta y armados, metieron a la persona secuestrada en un vehículo color claro parado en medio de la calle. El testigo notó que había una voz de mando y que se manejaron con proceder castrense. En las esquinas permanecieron otros dos hombres apostados.

Retrato de grupo con señora

Rodolfo Osvaldo Vera, uno de los hijos de Agustina Elcira Corvalán de Vera, fue secuestrado a la una de la mañana del 6 de diciembre de 1977 en la mimbrería de calle Dorrego donde trabajaba y compartía con otros compañeros. La madre contextualizó cómo eran los días de Rodolfo: “El militaba, iba a los barrios, ayudaba a la gente, un tiempo cuidé al hijo de un compañero suyo”, hizo la facultad de arquitectura, trabajó en un estudio, pertenecía al Partido Comunista Marxista Leninista. “Sus hermanos no militaban pero eran todos muy compañeros”, dijo Agustina en relación a sus hijos.

Uno de ellos, Carlos Hugo Vera, y Mirta Irma Hernández -esposa de Rodolfo- también testimoniaron. Plasmaron entre los datos que dibujan al desaparecido y a su historia, vivencias personales ligadas a los hechos. Carlos y Mirta sufrieron la persecución en carne propia, ninguno tenía relación con el PCML. Por intermedio de Rodolfo conocieron a algunos de sus integrantes: Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Jorge Becerra y Susana de Miguel, Alberto Jamilis y Elsa Becerra -todos provenientes de La Plata-, y también Gladys Castro, Adriana Campos, Walter y Osiris Domínguez y “Pele” (Jorge Fonseca).

Para ambos el tormento se inició con la detención de Jorge Becerra, el 23 de diciembre de 1976. La fecha marca el “paso a la clandestinidad” del matrimonio, el comienzo de una persecución incesante para la familia que desembocó en el secuestro de Rodolfo y en la huida de Mirta y un grupo de jóvenes a Buenos Aires.

Dos días después de la detención de Becerra, Rodolfo y Mirta se guarecieron en Rivadavia, en casa de una hermana de Agustina, donde permanecieron hasta mediados del 77. Luego, por motivos de seguridad, Rodolfo se ubicó en una mimbrería que el Partido tenía en Dorrego, y Mirta -con un embarazo avanzado- paró en la casa de Walter Domínguez y Gladys Castro.

Fue la madre, Agustina Corvalán, la que precisó ante el Tribunal tres episodios represivos sobre su familia, previos a la desaparición de Rodolfo:

“Un día mi hijo salió con un amigo, el chico (Jorge Ciro) Becerra, en su camioneta. Rodolfo bajó un rato, al volver notó la camioneta rodeada y se escondió, mientras se llevaban a Jorge y el vehículo”. La Jeep amarilla fue hallada en junio de 1985 en un playón entre el Palacio policial y la antigua Aduana. Según el acta de la escribana actuante, el vehículo estaba deteriorado totalmente y durante cierto lapso estuvo en circulación.

Después fueron a buscar a Rodolfo a la casa familiar -en el Barrio Argumedo, Rodeo de la Cruz-, donde estaban Agustina y su hija de quince años. Más de diez personas en cuatro camiones del Ejército invadieron el vecindario por techos y frentes, “subían por las paredes, cortaron la cuadra. El operativo fue de mañana, revolvieron todo, hasta pocearon el patio, eran militares, de una revista Labores dijeron que era el plano de no se qué”. Después se fueron.

Días más tarde volvieron en dos autos, de noche, agazapados. Esperaron el regreso de Dionisio, esposo de Agustina. Se lo llevaron y maltrataron hasta las cinco de la mañana en el D2. Según Dionisio, el operativo fue efectuado por policías.

El día del secuestro, Rodolfo estaba en la mimbrería. Carlos llegó a las pocas horas, “entraron aparentemente con llave, se habían robado hasta la mercadería”. Semanas más tarde, Mirta, sus cuñados Hugo y Carlos, Osiris Domínguez, María Cristina Damico y otros jóvenes huyeron a Buenos Aires. Deambularon por hoteles alojamiento, lugares que les ofrecían militantes del PCML, hasta que se resguardaron en Bariloche, “la gente con quien nos contactábamos iba desapareciendo” relató Carlos. En el sur el grupo fue interceptado por las fuerzas de seguridad y Carlos trasladado a Mendoza. Pasó por el D2 y luego por la Penitenciaría provincial, corrían los últimos meses de 1979 cuando recuperó la libertad.

“Se llevaban a algunos chicos, por eso teníamos miedo”, dijo Agustina. La madre presentaba los habeas corpus acompañada de sus nietas y nietos, “temblaba por las preguntas que me hacían, a partir de una solicitada por muchos desaparecidos me encontré con toda la gente que buscaba a sus hijos”. Corvalán es integrante de Madres Mendoza casi desde que comenzó la búsqueda por su hijo. Estuvo presente con Madres y otros defensores de los Derechos Humanos en 1978, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “estábamos en la calle, la cola era inmensa, los hinchas del Mundial nos insultaban”. Tiempo antes, en pos de averiguaciones sobre su hijo, un representante de la Iglesia Católica le dijo: “se debe haber ido con alguna mujer, no gaste pólvora en chimangos”. Agustina sigue su lucha. A los diez minutos de haber brindado su testimonio y su voz alta por la sordera del mundo, se sentó con el público -entre abrazos y alegrías- a presenciar la declaración que sucedió a la suya.

Agustina Corvalán: Secuestro y búsqueda de su hijo, Rodolfo Vera  


En La Plata y en Mendoza también

Liliana Tissone vivía en Berisso cuando se enteró del secuestro de su hermana Nélida y de su cuñado Néstor Carzolio. El escueto relato de los vecinos del matrimonio, el silencio, aquello de sus sobrinos maniatados y compartimentados, el secuestro de la camioneta, lo supo por su padre que viajó a Mendoza en los últimos días de 1977 para buscar a los chicos. La mujer pudo dar precisiones sobre la vida que el joven matrimonio tuvo en la localidad platense. Dijo que Néstor trabajaba en Swift y que era delegado gremial, que su hermana se había recibido de maestra con excelentes calificaciones y que sabía que ambos estaban involucrados políticamente. También aportó que Néstor tenía vinculación directa con un dirigente gremial llamado Daniel Egea y que se enteró de que Hugo Carzolio, hermano de Néstor, había llegado muy malherido al hospital de La Plata. Todos estos datos salieron a cuentagotas en medio de un relato descarnado del sufrimiento que la familia Tissone vivió en todos estos años, entre la clausura del silencio y el compromiso con la crianza de los hijos de Nélida y Néstor.

Jorge Rodríguez efectuó la denuncia por la desaparición del matrimonio Carzolio-Tissone. Vivía con su esposa Hilda Abraham y Lucía Tomás -abuela de Hilda-, en la casa colindante a la de la pareja secuestrada. Se enteró del hecho por su esposa y fue ese relato el que expuso en la dependencia policial. Sobre el acto puntual aportó de relevante que en aquella casa sólo vivía el matrimonio con sus hijos y que era común ver a un muchacho que se movilizaba en una moto Zanella. Se supone que éste haya sido Jorge Fonseca.

Las querellas investigan, el Tribunal avanza, un imputado desafía

Una vez hecha pública por Secretaría la incorporación de prueba documental referida a la Causa 077-M, la audiencia había iniciado con la lectura de los autos de la Causa 053-M. Dicha causa indaga las privaciones ilegítimas de la libertad y desapariciones forzadas de la pareja integrada por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción de Martín Antonio, de diez meses de edad, hijo de ambos. Antonia y José fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1977 de su domicilio de calle Gualberto Godoy, en Godoy Cruz. La vivienda fue saqueada. A las 24 horas de producidos los hechos, el niño fue dejado en la puerta de la casa de sus abuelos maternos. Un año y medio antes, la familia había recibido la primera embestida: María Silvia -estudiante de 23 años, hermana de Antonia- fue desaparecida tras un operativo en el que miembros de seguridad irrumpieron en casa de sus padres.

Esta serie de secuestros se relaciona con la Causa 085-M que investiga las desapariciones en diciembre del 77 de otros partidarios del PCML. Está acreditado que en los casos de Alcaráz y Campos intervinieron miembros del D2 y que estuvieron detenidos en ese centro clandestino. Los imputados son Paulino Furió, Juan Garibotte, Alsides Paris, Ricardo Miranda y Aldo Bruno.

Las conexiones entre Causas y la responsabilidad de los “elencos estables” entre los represores se hace cada vez más evidente. En ese sentido, Viviana Beigel, Pablo Salinas y Diego Lavado, representantes por la querella del MEDH, suponen que la caída de los militantes del PCML está vinculada a un operativo nacional contra esa organización fechado entre el 6 y el 7 de diciembre de 1977 y que tuvo como saldo 70 desaparecidos.

En la misma dirección, la abogada Romina Ronda, representante por el Gobierno de la Provincia, pidió sumar como prueba el Legajo Conadep y las “Novedades de parte de guerra" de la Unidad Regional 4ta, donde se consigna como positivo el procedimiento a cargo del mayor Garibotte en el domicilio de Dionisio Vera, el 7 de abril de 1977 a las 22hs.

Finalmente, Antonio González Macías, presidente del Tribunal, solicitó al acusado Fernando Morellato “no tener contacto con el público”. En este sentido enfatizó: “Es la segunda advertencia, no queremos que haya hechos que provoquen decisiones más fuertes”. Incidentes en las escalinatas fueron los que originaron la amonestación.